La cifra de muertos crece y el apoyo a Ortega disminuye

MANAGUA — Han transcurrido dos semanas desde que los enfrentamientos mortales entre manifestantes y fuerzas a favor del gobierno estallaron en Nicaragua y la cifra de muertos todavía no es precisa. Sin embargo, algo queda claro: continúa en ascenso.

Hasta el 4 de mayo, el número de estudiantes, contramanifestantes, transeúntes y policías que han muerto durante los cinco días de las protestas encabezadas por estudiantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado a 45 y se estima que seguirá creciendo. En este país centroamericano en el que habitan seis millones de personas, esa cantidad lo convierte por mucho en el conflicto más mortífero desde 1990, cuando concluyeron casi tres décadas de guerra.

Las agencias del gobierno estrictamente controladas por Ortega y su esposa, Rosario Murillo —quien además de ser la primera dama es la vicepresidenta—, han prometido formar comisiones de la verdad e iniciar investigaciones. La pregunta de si alguien ordenó los asesinatos tiene todos los elementos para convertirse en un tema principal en las futuras conversaciones de paz entre el gobierno, la Iglesia católica, el sector empresarial y los estudiantes universitarios. El reto es la amenaza más crítica a la presidencia de Ortega desde que fue reelecto en 2007.

“Tiene dos opciones: o muerto o vivo”, dijo Rosa Díaz sobre Ortega después de que el cadáver de su hijo de 29 años fue hallado en un hospital después de una noche particularmente brutal de protestas en la capital, Managua. “Pero él tiene que salir del poder”.

Díaz afirma que la policía la presionó para renunciar al derecho de una necropsia para su hijo, José Adán Bones, y ella accedió porque atravesaba el duelo y pensó que no podría costear la examinación forense.

El 3 de mayo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que el gobierno nicaragüense había rechazado su solicitud para investigar los asesinatos en el lugar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dijo que continuará indagando sobre las muertes, así como las acusaciones de que a manifestantes heridos les fue negada la atención médica y que los familiares de aquellos que perdieron la vida tuvieron que estar de acuerdo en no presentar denuncias a cambio de recibir el cuerpo de su ser querido.

Fotografía de Rodrigo Arangua para AFP

Las protestas comenzaron el 18 de abril, encabezadas por estudiantes universitarios en Managua que protestaban contra una reforma a la seguridad social que hubiera forzado a los trabajadores a pagar más y a los jubilados a recibir menos. Los estudiantes ya estaban molestos debido al incendio en una reserva natural que el gobierno no había controlado.

La respuesta fue intensa y las protestas rápidamente se ampliaron para incluir otros agravios cometidos por el gobierno de la pareja presidencial y la constante concentración de poder en sus manos. Incluso las concesiones del gobierno, entre ellas la revocación de la reforma a la seguridad social, no calmaron el descontento popular.

Los manifestantes salieron a protestar a lo largo y ancho del país, para mostrar su oposición al control que ejerce Ortega sobre la Corte Suprema, la Asamblea Nacional y el consejo electoral. La violencia escaló cuando las protestas estudiantiles debieron enfrentarse a la policía antimotines y a multitudes de jóvenes que portaban camisetas de colores blanco y rosa que declararon ser miembros de la Juventud Sandinista —una organización a favor del gobierno que ha acosado a los manifestantes y en ocasiones les ha lanzado rocas—. Hay videos que muestran a los policías cuando les dan las piedras a los jóvenes.

La vicepresidencia, que controla el acceso a lo medios noticiosos, no respondió a mensajes enviados en repetidas ocasiones para que emitieran un comentario para este artículo. No obstante, Bayardo Arce, uno de los comandantes sandinistas originales y uno de los principales asesores de Ortega, reconoció en una entrevista con Univisión que la policía “perdió el control” durante las protestas.

Las manifestaciones incluso se extendieron a lugares que desde hace mucho tiempo son bastiones del movimiento sandinista de Ortega; algunos han exigido la renuncia del presidente y han incendiado edificios gubernamentales. Dos simpatizantes del gobierno murieron cuando hicieron estallar una estación de radio de oposición en León, según el propietario de la radiodifusora y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Un reportero recibió un disparó y murió mientras participaba en un reportaje realizado a través de Facebook Live en la costa norte de Nicaragua, según mostró un video.

Vilma Núñez, quien antes fuera una devota sandinista, fundó el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, el cual ha registrado los abusos del gobierno de Ortega. De acuerdo con su cálculo, 45 personas han muerto hasta el momento debido a las protestas —veinticuatro estudiantes, dos policías, un reportero y dieciocho personas más—.

Fotografía de Rodrigo Arangua para AFP

“Aquí no solo usaron la policía”, dijo Núñez. “Usaron fuerzas de choque”.

“Definitivamente, la orden era para matar”, agregó. “No para detener la protesta”.

La vicepresidenta Murillo culpó a los estudiantes por el derramamiento de sangre. Dijo que algunas personas murieron debido a los disparos de armas de fuego realizados desde el interior de la Universidad Politécnica, una sede importante para los inconformes, y acusó a la oposición de diseminar noticias falsas al exagerar la cifra de muertos.

“Esos seres pequeñitos, mezquinos, mediocres, esos seres llenos de odio, todavía tienen la desfachatez de inventarse muertos”, dijo Murillo en una declaración poco después del inicio de los disturbios. “Por esos crímenes nosotros demandamos castigo”, dijo.

Ortega fue presidente durante la década de los ochenta, cuando Estados Unidos financió una guerra con el objetivo de quitarlo del poder. Él estuvo de acuerdo con realizar elecciones en 1990 y perdió, pero regresó al cargo en 2007 después de efectuar cambios a una ley electoral que le permitieron asumir el puesto con menos del 50 por ciento de los votos.

Desde entonces, ha enfrentado la condena internacional por socavar la democracia. En 2008, fue acusado de orquestar un fraude sistemático en las elecciones municipales, con lo que obtuvo el dominio de ciudades alrededor del país. También se hizo del control de la Corte Suprema y usó esa mayoría para deshacerse de la prohibición constitucional de los límites a los periodos presidenciales. Usó estrategias legales para eliminar a los partidos de oposición y tomó el control de la mayoría de las estaciones de televisión. Todo esto alimentó el resentimiento que evolucionó en las protestas actuales.

El partido socialista de Ortega, el Frente Sandinista, dijo que varios miembros de la Juventud Sandinista han muerto en los disturbios. El partido defendió a la policía, al alegar que actuaron de manera prudente porque “no se podía permitir la destrucción del país”.

Fotografía de AFP

Miembros de la oposición temen que los asesinatos se conviertan en otro ejemplo de impunidad en Centroamérica, donde algunos gobiernos nunca han rendido cuentas por los crímenes cometidos durante varias de las décadas pasadas.

Ahora las familias de los fallecidos deben depender de la policía, los fiscales y el poder judicial —todos firmemente bajo el control de Ortega— para investigar.

En un reporte anual, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos mostró fotos de autoridades prominentes de las fuerzas de seguridad —incluido el magistrado que la preside— en las que ondeaban la bandera sandinista negra y roja. Eso no inspira confianza, dijo el líder del grupo, Marco Carmona.

“No podemos confiar en que hay un proceso de investigación objetiva, un proceso de investigación profesional y tampoco podemos confiar en que las autoridades judiciales van a ser fieles en la aplicación de la ley”, dijo Denis Darce, quien opera proyectos de entrenamiento en el grupo de Carmona. “Prácticamente, los ciudadanos estarían indefensos”.

Bones, el joven que fue asesinado, vivía en las afueras de Managua y visitaba familiares en la capital cuando desapareció durante varios días. Su cuerpo lleno de balas repentinamente apareció en la morgue de un hospital cerca de uno de los lugares de las protestas, en donde él aparentemente quedó atrapado en el fuego cruzado.

“No nos hicieron preguntas sobre él porque ya saben cómo murió. Ellos saben que esos tiros salieron de ellos”, dijo Migdalia Bones, hermana de José Adán, a la policía. “Entonces un hombre en el hospital se acercó a mí y susurró: ‘Ve con derechos humanos’”.

Debido a que su cadáver no apareció hasta varios días después y sus familiares no han hecho el viaje a Managua para presentar una denuncia formal con los organismos de derechos humanos, el nombre de Bones no aparece en el listado oficial de los muertos que los grupos defensores de los derechos han compilado.

El Ministerio Público ofreció una conferencia de prensa para solicitar a los familiares que presenten denuncias por escrito y exhiban cualquier evidencia que tengan, incluso para los cuerpos que fueron sepultados sin autopsia.

“Esto ha sido manejado de una manera cruel y perversa”, dijo Núñez, la fundadora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. A continuación, dijo ella, el gobierno comenzará a detener a gente inocente para que las autoridades puedan aparentar que están trabajando en los casos.

“Ahora inicia la cacería de brujas”, dijo.

La Asamblea Nacional, que es controlada por el partido Frente Sandinista, dijo que ha formado una comisión de la verdad. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ha creado un “comité de víctimas” para registrar las denuncias.

El 30 de abril, el gobierno sostuvo un mitin de “paz y diálogo” para probar que también cuenta con simpatizantes, para lo que usó el lema del Partido Sandinista para promover las conversaciones de paz encabezadas por la Iglesia católica.

“¿Dónde están esos 63 muertos? He visto como doce o quince. Digamos que eran veinte; no los he visto”, dijo Leonardo Loáisiga, de 50 años, un asistente, al referirse a una cifra de muertos ampliamente citada. “Muéstrame a esos 63 muertos”.

Sin embargo, las muertes también han cambiado el punto de vista de sandinistas leales como Díaz y los familiares de Jesner Josué Rivas, quien murió en las protestas.

“Nicaragua se está quedando sin estudiantes universitarios porque el gobierno los está matando”, dijo Norlan Rodríguez, tío de Rivas, quien murió a unas cuadras de una tienda que era saqueada. “Yo soy sandinista y lo he sido desde que era pequeño. Pero mataron a mi niño y nunca les daré mi voto de nuevo a esas personas”.

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Este texto fue publicado originalmente en The New York Times en español.