Grupo de Trabajo de la ONU alerta sobre desapariciones forzadas en Venezuela

“Un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público” en Venezuela, advirtieron este martes 30 de abril de 2024 las expertas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Las expertas señalaron que este aumento se ha registrado desde diciembre de 2023 y destacaron que los más afectados han sido integrantes de la oposición y funcionarios militares. “Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada”, declararon. 

Señalaron que la desaparición forzada implica la violación de varios derechos humanos de los detenidos, y también de sus familiares, a quienes “no sólo se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o paradero, sino también se les expone al riesgo de represalias”.

En este sentido, las expertas instaron a las autoridades venezolanas a “prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada”, y también a que informe sobre el paradero de las personas detenidas e incomunicadas, a las cuales también deberían ofrecer garantías legales. 

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente”, advirtieron las expertas. De acuerdo con la comunicación de la ONU, el grupo de trabajo “está en contacto con las autoridades” y ha expresado su disposición para colaborar con la investigación de estos casos y el respeto a los derechos humanos de los detenidos y sus familiares. 

La alerta del Grupo de Trabajo ocurre después de diversas –y seguidas– detenciones de dirigentes, militantes y activistas en el país. El pasado 9 de febrero se reportó la detención arbitraria y se denunció la desaparición forzada de Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano; el pasado 20 de marzo fueron detenidos Henry Alviárez y Dignora Hernández, coordinador nacional de organización y coordinadora de la central de operación política Vente Venezuela, el partido de la dirigente opositora María Corina Machado, ambos siguen incomunicados a casi dos meses de su detención. Entre enero y marzo detuvieron a otros cinco dirigentes regionales del mismo partido: Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (Vargas), Guillermo López (Trujillo), Emil Brandt (Barinas) y Joel Villamizar (Aragua); y se anunció orden de captura contra otros siete integrantes del equipo de Machado, quienes se refugiaron en la embajada de Argentina: Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mottola y Magalli Meda, esta última jefe de campaña de la candidatura presidencial de Machado.

El pasado 28 de abril, se denunció la detención de tres ciudadanos del estado Portuguesa después de dos mítines políticos dirigidos por Machado, como parte de la campaña política de la Plataforma Unitaria para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los detenidos fueron: Ámbar Márquez, vicepresidente del partido Primero Justicia del municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador del comando electoral opositor en el mismo municipio; y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela en el estado. 

En un comunicado público, 31 organizaciones sociales y no gubernamentales denunciaron estas tres detenciones y señalaron que incumplen el Acuerdo de Barbados, alcanzado en negociaciones entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria.