El sistema tributario mina la economía y afecta a los que menos tienen

Los impuestos y los gravámenes tienen su razón de ser en la necesidad de dotar al Estado moderno de recursos económicos necesarios para poder ofrecer bienes y servicios esenciales para la sociedad; aquellos que a menudo son difíciles de emplazar o de ser ofrecidos por el sector privado. La presión o la carga que se impone sobre sobre los contribuyentes (jurídicamente llamados sujetos pasivos) puede afectar críticamente el ritmo de la actividad económica, el empleo, las decisiones de mantener una empresa en la formalidad (o en la informalidad), y la distribución del ingreso. 

Así que un buen sistema tributario no canta victoria cuando la recaudación aumenta, pues es un aspecto parcial y minúsculo que deja a un lado otros importantes aspectos sobre los cuales la tributación impacta la vida económica y social. Un sistema tributario puede tener un sofocante “sesgo fiscalista”, incrementando sensiblemente la recaudación, al tiempo que puede producir daños muy significativos en la actividad económica y en la distribución del ingreso. 

Normalmente los sistemas tributarios se degeneran cuando sobre un entramado inicial se van sobreponiendo nuevos tributos, nuevos derechos, y un sinnúmero de tasas y aranceles dirigidos a atender crisis fiscales periódicas o persistentes, sin prestar mayor cuidado sobre su incidencia en el bienestar colectivo. Estos son los signos que identifican hoy al sistema tributario en Venezuela: un sistema con muchos impuestos y contribuciones especiales, cuya presión sobre personas y empresas va en aumento, pero con un diseño que impone una carga muy desigual sobre los contribuyentes y muy nociva sobre la actividad económica. 

Hace apenas semanas voceros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunciaban que la recaudación de impuestos y gravámenes medida en dólares en Venezuela experimentó un incremento de 22,8% en 2023, en comparación con 2022. De acuerdo con los datos divulgados, la recaudación habría pasado de 4.779 millones de dólares en 2022 a cerca de 5.876 millones de dólares en 2023. Si la economía creció cerca de un 4% en 2023 (como señala, por ejemplo, el FMI), Venezuela estaría presentando una de las elasticidades de los ingresos tributarios a cambios en el crecimiento más altas del mundo. No es el caso. Lo que estamos observando en realidad es la suma de un efecto post pandemia y de la cruda muestra de “voracidad tributaria” que se presenta de cara a una competencia electoral.

La voracidad tributaria está afectando la actividad empresarial

Las unidades empresariales en Venezuela encaran hoy un camino intrincado. Un mercado constreñido por una profunda y prolongada crisis que las obliga a trabajar con exceso de capacidad y altísimos costos fijos por unidad de producto. Una tasa de cambio abiertamente sobrevaluada que le suprime competitividad espuriamente a sus productos. Tarifas por servicios públicos en ascenso y en algunos casos irracionales. Falta de crédito, servicios públicos deficientes, y carencia de recursos humanos calificados, también amenazan la supervivencia de aquellas unidades vulnerables. Pero por encima de todo eso está la implacable asfixia tributaria.

De entrada, una empresa constituida formalmente e inscrita en Registro de Información Fiscal (RIF), independientemente de su tamaño, debe pagar una serie de cargos sobre sus utilidades. Paga sobre las utilidades el impuesto sobre la renta (ISLR), cuya alícuota más alta es 34%. Si son contribuyentes especiales deben pagarlo incluso mensualmente y de acuerdo a un calendario obligatorio expedido por la administración tributaria. ¿Y quiénes son contribuyentes especiales? Hoy día, prácticamente todas las unidades empresariales, pues por mal diseño si los ingresos brutos superan el equivalente a 600 dólares mensuales, ya la empresa es contribuyente especial. 

Sobre las mismas utilidades de las empresas, la Ley Orgánica de Drogas establece una alícuota de 1% (y 2% en algunos casos), y sobre la utilidad neta contable la Ley del Deporte establece otra alícuota adicional de 1%.

Pero lo anterior no es más que un primer tramo de pagos. Sobre las ventas o ingresos brutos las empresas deben reportar el Impuesto al Valor Agregado (que origina costos administrativos) y deben pagar un impuesto mensual (entre 0,5 y 2 por ciento) para el fomento de la Ciencia y la Tecnología. A eso se suma otro impuesto municipal sobre los ingresos brutos que es el Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios, que depende del tipo de actividad y municipio. Justo en el ámbito de este impuesto municipal, la pretensión de gravar ingresos que no forman parte de la base imponible, la fijación de tarifas exorbitantes y mínimos tributables excesivos y el rechazo en la atribución de pago en la sede de la empresa, dio pie a la no menos amenazante Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM).

Una mujer sostiene una bolsa de compras frente a una tienda en Quinta Crespo que publica sus precios en dólares. La fotografía (y los precios) son del 15 de diciembre de 2022. Fotografía de Federico Parra | AFP

La pesadilla continúa con otros impuestos. El patrimonio empresarial es gravado más allá de cierto umbral de ingresos y el impuesto a las grandes transacciones financieras (de 3%) va gravando todos los insumos que provienen a lo largo de la cadena, si las transacciones se van haciendo en moneda extranjera. A nivel municipal las cargas se amplían con los pagos de patente de industria y comercio, y de publicidad y propaganda comercial.

Por si fuera poco, si se genera empleo formal las empresas están en la obligación de pagar Seguro Social (9% al 11% del pago al trabajador), el Régimen Prestacional de Empleo (2%), el pago al INCES (2%), Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2%) y de acuerdo a la LOPCYMAT las tasas de registro ante el INPSASEL del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente, si hay importaciones de bienes finales o insumos en la cadena de producción la mercancía estará sujeta a un arancel de aduana (según el tipo de mercancía) + 16% de IVA + 1% de servicio aduanal.

Las empresas lidian con todo este entramado, en parte protegiendo sus márgenes y trasladando la carga a los consumidores (cuando los efectos son sobre la estructura de costos); a veces ampliando sus márgenes (cuando los efectos son sobre las ventas y los ingresos brutos), o reduciéndolos (cuando existe el temor de perder su mercado). Al final terminamos con productos cuyos precios están inflados, con mercados más pequeños y con empresas cuya rentabilidad se ve seriamente afectada, sea por la caída de la demanda o por el ajuste en la rentabilidad. Sin mercado y sin fondos no hay posibilidades de inversión ni de aumentar el empleo formal y, en muchos casos, las empresas, y sobre todo los pequeños emprendimientos, sencillamente no sobreviven.

El sistema no genera incentivos para crecer ni para formalizarse

Ahora imaginemos un pequeño emprendedor que, con mucho oficio, pero pocos recursos, ha logrado posicionar en el mercado un producto o una gama de productos y que evalúa formalizarse. Debe hacer los registros (mercantil y en el IVSS), debe obtener la licencia de funcionamiento en la alcaldía del municipio donde se localiza la empresa, y debe para entonces diligenciar y pagar la obtención de permisos de habitabilidad, si quiere ubicarse en un local. 

Pero la pesadilla realmente comienza cuando sin haber consolidado aún el proyecto o haber marcado un verdadero rumbo rentable, la vorágine tributaria comienza a asfixiar implacablemente el negocio.  

Michio Kaku, conocido divulgador en el campo de la ciencia, dice insistentemente en sus charlas que el hombre inteligente no es el que sabe muchas cosas, sino el que constantemente simula o imagina el futuro. No hay futuro en la economía formal que un inteligente emprendedor u hombre de negocios pueda encontrar en ese contexto. Con este sistema de impuestos y contribuciones parafiscales que existe en Venezuela es mejor quedarse en la informalidad, no crecer y mantenerse no visible.

Esta solución es mala para todos. La informalidad condena al emprendedor a un modelo de negocios de baja productividad y a mercados enanos. La informalidad es a menudo sinónimo de un mercado de trabajo precario y sin protección social. Pero además la informalidad escapa del angurriento Estado recaudador.

Fotografía de Yuri Cortez | AFP

Estamos destruyendo el principio de equidad vertical 

Entre los atributos que debe tener un buen sistema tributario está que sea “justo”. Aunque los economistas y los filósofos no han resuelto cuestiones básicas como los criterios apropiados para juzgar qué acción es justa o no, un principio de equidad vertical suele ser dominante en los buenos sistemas tributarios modernos. El principio de equidad vertical establece que hay personas que se encuentran en mejores condiciones que otras para pagar impuestos. Ese principio se viene perdiendo grotescamente en Venezuela.

Cuando un ciudadano de bajos recursos entra en una notaría o un registro mercantil y se ve obligado a pagar 170 dólares por un cambio de domicilio, o 57 dólares por la inscripción de un poder (lo mismo que pagaría un ciudadano acaudalado) se está perdiendo el principio de la equidad vertical. Cuando una persona de bajos recursos va al mercado y la compra es gravada con un impuesto de tasa fija de 3% por cancelar con un billete verde (el mismo gravamen sobre la compra que hace un acaudalado) se está perdiendo la equidad vertical.

De hecho, muchas personas no lo saben, pero ese impuesto a las mal llamadas Grandes Transacciones Financieras, que exige un gravamen al comprador de 3%, realmente contiene una carga mayor si en todos los eslabones de la cadena el impuesto ha sido cancelado. Es un impuesto acumulativo y regresivo que, sumado al IVA, puede hacer a Venezuela el país con la mayor alícuota de impuestos a las ventas en América Latina y el Caribe.

Así que seguir inclinando la balanza a favor de tasas, aranceles e impuestos indirectos, renunciando a la tributación progresiva y directa, está generando un grave daño social. 

A esta carga que amplía la desigualdad se ha entronizado otra muy mala idea en la administración tributaria. Que la tributación directa debe centrarse en las empresas grandes y en la renta personal de los trabajadores asalariados. Sin embargo, estudios para la región (ver Gómez y Rossignolo, 2015) indican que el gran desafío es captar y gravar rentas y patrimonio de los ricos y “súper” ricos. No es sobre las empresas ni sobre los asalariados, sino sobre los individuos que están en los percentiles de altos ingresos donde hay que hacer el esfuerzo.  Así que la gran tarea del mañana para la administración tributaria es ir a gravar el patrimonio y las rentas subterráneas de esa nueva, extensa y diversificada red de súper ricos que todos vemos y sabemos que existe en Venezuela. 

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Referencia: Gómez, J.C. y D. Rossignolo (2015) La tributación sobre las altas rentas en América Latina, en Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina, (ed.) Juan Pablo Jiménez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile.