El sector privado en América Latina: nuevos desafíos

Un estudio de la revista “The Economist” sobre la calidad de la democracia en el mundo registró retrocesos democráticos en los cinco continentes. Al observar los resultados y poner la lupa sobre América Latina, encontramos que “el cambio en el puntaje fue la mayor caída interanual experimentada en cualquier territorio desde el inicio del Índice de Democracia en 2006”¹. Es decir, nuestra región destaca por su tendencia sostenida hacia la desconsolidación democrática.

Hay varias condiciones estructurales que conspiran contra la fortaleza democrática de la región, y ninguna es más importante que la desigualdad económica y social. Si bien cada país de la región tiene su propia historia, su realidad geográfica y su tradición, la desigualdad es una condición transversal que afecta gravemente el desarrollo democrático de la región². La desigualdad estructural es un caldo de cultivo para la conflictividad política y social y para la llegada al poder de políticos populistas.

En América Latina, el covid-19 profundizó las brechas y las hizo aún más visibles. La pandemia reveló -entre otras cosas- la debilidad de las capacidades asistenciales de los Estados democráticos al mismo tiempo que mostró las capacidades coercitivas de los países autoritarios³. En América Latina y en otras latitudes, este escenario cristalizó descontentos y cuestionamientos profundos a la democracia como sistema político que puede ofrecer respuestas oportunas a las demandas económicas y sociales de la ciudadanía.

La región ha vivido en los últimos años el ascenso al poder de opciones políticas de dudoso compromiso con la democracia y de marcado tinte populista, así como también la consolidación de sistemas políticos cerrados o autocracias. En el primer grupo podemos ubicar a Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú y ahora Gustavo Petro en Colombia. Y en el segundo a Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua.

Aunque ambos grupos están claramente diferenciados en los índices internacionales sobre calidad de la democracia y sería aventurado igualarlos, se debe indicar que tanto en los llamados regímenes híbridos como en las autocracias consolidadas se viven entornos marcados por la polarización, la inestabilidad, la incertidumbre, la volatilidad y la conflictividad social. Además, estas condiciones se ven exacerbadas por cambios recientes en la cultura política asociados al uso masivo de nuevas tecnologías y al surgimiento de un nuevo ecosistema global de información.

Los estudios actuales sobre consumos de medios revelan que en la actualidad esta actividad, que antes era comunitaria, ahora es profundamente individual. La mayoría de la información se consume a través de los teléfonos inteligentes y en plataformas de contenidos que el usuario configura según sus intereses y preferencias. De esta manera, comienza a predominar un contexto que profundiza la invertebración del espacio público y puede obstaculizar la construcción de consensos⁴.

La desconsolidación democrática, el populismo y las consecuencias económicas de las pandemias presentan retos importantes a las sociedades civiles de nuestros países, y el empresariado privado no escapa de esto. Tres tendencias marcarán a nuestros países durante los próximos años: 1) Aumento de presiones fiscales y recaudatorias para disminuir déficits fiscales y expandir el gasto públicos, 2) Tensiones y conflictividad social como consecuencia de la desigualdad y un crecimiento económico ausente o insuficiente, y 3) La asignación política de las culpas de los problemas sociales al sector privado y el auge de políticas regulatorias restrictivas.

El sector privado debe reconocer el momento político y prepararse para este tipo de entorno. Actuar en modo “Business as usual” ha perdido vigencia en el contexto actual. Es necesario profundizar en el entendimiento de los riesgos políticos, regulatorios y reputacionales a los que se enfrentan. El momento exige que la empresa privada aporte, como parte de la sociedad civil, su visión sobre cómo solucionar algunos de los problemas más urgentes de nuestros países que se relacionan con la actividad económica y que esta visión se comunique y discuta abiertamente con todas las audiencias.

Sería un error muy costoso dejar vacíos narrativos en el que se caracterice a la empresa privada como parte del problema y no de la solución. No se trata de empresarios jugando a la política. Eso ha sido y sería nuevamente un grave error. Se  trata de empresarios que comprendan las graves dificultades del entorno donde operan, las consecuencias políticas de ese entorno y la importancia que tiene el sector privado para el desarrollo económico de un país. Un empresariado guiado por convicciones democráticas y dispuesto a promover la idea de que la libre iniciativa y la inversión es clave para el futuro de nuestros países y de la posibilidad de que en nuestro continente se viva en democracia.

***

Notas:

[1] Democracy Index 2021-The China Challenge. The Economist Intelligence Unit Limited, 2022. : 47

[2] UNPD. “Trapped: High Inequality and Low Growth in Latin America and the Caribbean | United Nations Development Programme”. UNDP, 22 de junio de 2021.

[3] Bautista de Alemán, Paola. «Autoritarismo y pandemia: el predominio de las capacidades coercitivas». En ¿Democracia infectada? Cómo la pandemia transformó la política latinoamericana y qué podemos hacer para sobrevivir, editado por Carlos Andrés Pérez y Sebastián Grundberger, 43–57. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2020..

[4] Osío Cabrices, Rafael. «Lleva tu pedacito de ágora«. Democratización 3, n.º 18 (2022): 39–52..