Construcción de la infraestructura de servicios y producción: puntal urbano y territorial

En contrapunto con las demandas de la urbanización, este capítulo del libro Ciudad, urbanización y urbanismo en el siglo XX venezolano, recorre la expansión de la infraestructura y servicios fundamentales: electricidad y energía; agua potable, servida y de regadío; y salud y educación, componentes fundamentales de la urbanización territorial.

Introducción

Las ciudades, en general, se reconocen por la imagen de lo que pasa en ellas y está a ojos vista: el paisaje de edificios, vías de circulación, vehículos, parques, un gran movimiento humano y la iluminación eléctrica que define a la modernidad urbana. Pero suele ignorarse y, por lo mismo, no valorarse las partes de las urbes que están ocultas en el subsuelo, o las que sostienen a la distancia la vida cotidiana, plantas o embalses, e incluso, la funcionalidad de las edificaciones que integran los servicios urbanos.

Eso que no está a la vista en el paisaje citadino es lo que asegura la vida en las ciudades, el agua de beber, la luz que alumbra, la higiene; pero a los ojos están la infraestructura, las instalaciones no soterradas para la salud, el funcionamiento de la producción, las fábricas del hacer y las fábricas del saber, donde todo lo anterior y mucho más tiene su origen, donde se crea y se sigue creando.

La infraestructura de servicios, la que directamente sostiene la vida urbana y apuntala la producción, e indirectamente a la ciudad y sus habitantes, es el tema de este capítulo1. Es una historia que va de la mano del crecimiento urbano, de las demandas que genera la población, de los recursos técnicos y financieros para desarrollar los proyectos, y es, a su vez, inseparable del proceso histórico en su conjunto.

El tema que presentamos comienza con una recapitulación de las lentas y afanosas obras y proyectos de infraestructura, del primer plan modernizador del último tercio del siglo XIX y las décadas iniciales del siglo XX, ya en la era de la electricidad y el automotor. En las siguientes secciones, consideraremos la expansión de la infraestructura urbana y territorial en el segundo proyecto modernizador, correspondiente a la época de la apertura política posterior a la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y el principio de la fiscalidad petrolera. A diferencia del primero, es un proyecto orgánico, planificado, con amplios recursos técnicos y financieros y un alcance integral para el ámbito nacional, en el que pueden distinguirse dos fases a lo largo de siete décadas hasta fines del siglo XX.

La primera fase corresponde a la coyuntura que va desde la década de 1930 hasta mediados del siglo, cuando despunta una fuerte actividad de planificación y obras para poner al día la rezagada infraestructura que requería una sociedad en crecimiento, aunque todavía dentro de unos parámetros mesurados. La siguiente se desarrolla en un tiempo de grandes desafíos, cuando toca construir una infraestructura más amplia y complicada para atender demandas de servicios de una población de grandes dimensiones, más heterogénea, más exigente y con mayores complejidades en su ubicación y disposición. Todo ello mientras la infraestructura destinada a la producción se resiente por la inseguridad de los recursos.

 

Destellos de entre siglos y largas pausas

La fuerte representación del progreso material como meta de la gestión de gobierno de Antonio Guzmán Blanco es ampliamente reconocida por la historiografía, aunque no siempre valorada a cabalidad. Destacan el ferrocarril La Guaira-Caracas, los grandes edificios públicos, paseos y reformas urbanas que dieron a la capital un aspecto muy distinto del que conservaba desde el fin de la colonia. La mayor visibilidad de esas construcciones y la concentración del presupuesto de construcción en Caracas, así como el afán de Guzmán por las edificaciones de porte voluminoso, dominan el enfoque del período.

Aunque el «progreso material» se asocia con la era guzmancista, en realidad es anterior. Se trata de uno de los más persistentes proyectos de la República de Venezuela desde sus inicios, pero siempre detenido o enlentecido por la escasez de recursos financieros y los conflictos internos. Vías de comunicación, puentes, escuelas, infraestructura sanitaria, eran infaltables a la hora de presentar proyectos que las más de las veces quedaban a medio hacer o simplemente en el papel. En las décadas finales del siglo XIX, sin dejar de estar siempre más del lado de la morosidad que de la velocidad propia del progreso material, la construcción de obras de infraestructura tuvo algunos destellos aislados en ese contexto de lentas demandas con una demografía estable.

 

Aprestos burocráticos y cambio de luces

Los proyectos, contratos y procesos de ejecución, o no ejecución, de la construcción pública alcanzaron en el siglo XIX suficiente importancia como para desprender esa responsabilidad de los asuntos del Ministerio de Fomento, creado en 1863. Así fue como de esta cartera, llamada «matriz de ministerios», nació en 1874 el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que tendría a su cargo en adelante todos los proyectos y ejecución de las obras públicas. Otras responsabilidades se transfirieron a dependencias separadas como la Dirección de Estadísticas e Inmigración, posteriormente dos direcciones independientes, y la Dirección de Instrucción Pública, que a su vez se dividió en otras áreas directivas para las distintas ramas de la educación.

La renovación de la estructura administrativa del Estado ratificaba la vigencia del programa de estímulo material y la intención de dotarlo de una infraestructura de apoyo institucional, pese a que el Ministerio de Fomento se fundó en el peor tiempo de la república en el orden político, social y económico2. En ese complicado contexto, expandió su propia estructura burocrática con la creación en 1866 de los cargos de ingeniero de Obras Públicas y director de Obras Públicas de la Unión de Estados Unidos de Venezuela. Las memorias de Fomento, y luego las del MOP, empezaron a dar cuenta de los proyectos y trabajos en curso o terminados, en algunos casos sin certidumbre de que fuera así.

La gestión y vigilancia de las obras destinadas al servicio público, como acueductos, vías de tránsito, parques, hospitales y escuelas, estaban a cargo de las Juntas de Fomento, integradas por «respetables ciudadanos» de la comunidad. Designadas por el gobierno, las Juntas hacían seguimiento a las obras, presentaban informes, atendían distintas responsabilidades relacionadas con los proyectos, la marcha de los trabajos, las finanzas, el personal, los materiales y los problemas.

En 1872 estaban en funciones 20 juntas para distintas obras en el país. En principio, servían de enlace entre el gobierno, la comunidad y los contratistas, pero no como eslabones de la burocracia sino como formas de participación privada en asuntos públicos, reconocidas por los vecinos y por el sector oficial que valoraban su compromiso con el «fomento material» y con el «espíritu público». De todos modos, las Juntas de Fomento no tomaban la iniciativa y no podían hacer más que los gobiernos, usualmente más dispuestos a decretar las obras que a garantizar su ejecución.

Tal fue el caso del alumbrado público a gas que llegó a Venezuela seis décadas después de haberse inaugurado en Londres en 1807. La puesta al día de la iluminación urbana, pese a las dudas por el costo, se intentó en el gobierno de José Antonio Páez mediante un contrato con una empresa privada que ofreció establecer la luz de gas en «todas las ciudades de la República», en reemplazo del sistema de aceite y mecha. En 1863 se anunció la inauguración en Caracas del nuevo sistema, el más avanzado de la época; sin embargo, el proyecto fracasó y la capital quedó sin las luminarias prometidas3. Después de varios intentos, en 1879 otro contrato para el «alumbrado de gas en Caracas, Valencia, Puerto Cabello y La Guaira» aparentemente tuvo mejor resultado, como quiera que Caracas tenía en los ochenta ese sistema4.

Poco después comenzarían a operar empresas privadas venezolanas que instalaron el servicio del alumbrado eléctrico en Maracaibo, en Valencia y luego en Caracas. De modo que, en menos de tres décadas, el alumbrado público pasó por todas las etapas de la tecnología del siglo. Se apagaron las luminarias de aceite, se ensayó brevemente la luz de gas y en pocos años se pasó a la electricidad, la definitiva iluminación moderna que llegó para quedarse. Al comenzar el siglo XX, el sistema eléctrico, símbolo de la ciudad contemporánea, ya era parte del equipamiento urbano en varias ciudades.

 

La infraestructura de aguas: entre moras y obras con futuro

El suministro de agua potable y la disposición de aguas residuales, acueductos y cloacas, más urgentes en la medida en que las ciudades crecían y se complicaba cada vez más el acceso a esos servicios, avanzaron lentamente hasta la cuarta década del siglo XX. La población se abastecía tradicionalmente del agua tomada de una fuente natural, que corría por acequias abiertas y cañerías de barro hacia las pilas o fuentes construidas en sitios estratégicos de las ciudades. En la década de 1860, el acceso al agua vertida por las fauces de un león o la boca de un pez de la fuente, era el símbolo del progreso.

Obras de infraestructura como el servicio de agua potable que se construía en Maiquetía en 1866 no eran frecuentes, pero tampoco lo contrario. El sistema en construcción comprendía la toma de agua, la represa, la tubería de hierro, las alcantarillas y la gran fuente de agua de mármol, en el centro de la plaza del Tamarindo en Maiquetía. Antes de estas obras, dos ciudades tuvieron sistemas de acueductos: Puerto Cabello y Valencia, en esta última proyectado por Alberto Lutowski, el ingeniero polaco de actuación destacada en las obras públicas de los sesenta.

El gran proyecto de estos años fue el moderno acueducto de Coro, alimentado por el dique de Caujarao. La obra, a cargo del ingeniero Luciano Urdaneta, comenzó a prestar servicio en 1866 a los habitantes de la ciudad de Coro5. En el mismo estado de Coro, en Paraguaná, tierra natal del presidente general Juan Crisóstomo Falcón, el pueblo de Buena Vista tuvo el privilegio de contar con el agua potable que llegaba por la tubería hasta la pila de la plaza.

En Caracas, el agua del río Catuche, la tradicional fuente natural, mermaba a comienzos de los setenta en cantidad y calidad y el precario servicio de acequias abiertas y conductos de mampostería, obsoleto y en mal estado, requería reparaciones y la adición de otras fuentes. Se puso en marcha entonces el proyecto del nuevo acueducto, a cargo de los hermanos Urdaneta, Luciano y Eleazar, autores de un detallado informe-proyecto del sistema que llevaría a la ciudad el agua del río Macarao. Por decreto del 19 de febrero de 1873, se aprobó construir el acueducto y el paseo de El Calvario, donde se instalaron los sistemas de almacenamiento y de filtración en dos enormes estanques construidos para esos fines6. Las dos obras llevaron el nombre de Guzmán Blanco, según el ritual de adulación de esos años. El acueducto, en servicio desde 1874, transportaba el agua por tuberías de hierro en un recorrido de 46 kilómetros, con varios puentes de gran magnitud en su trayecto. Vale destacar el significado social de esta primera obra monumental de Caracas, que estuvo en servicio hasta la década de 1940, aunque ya entonces el agua del acueducto tenía serios problemas de contaminación por el mal estado de las cloacas7.

Los acueductos de Caracas y de Coro, realizados por ingenieros especialistas, con cálculos técnicos, mediciones, aforo de las corrientes, normas sanitarias y nuevos materiales de construcción, iniciaron la era de los modernos sistemas. En la década de 1890, la empresa belga Compagnie Générale des Eaux de Caracas, administraba y cobraba el consumo de agua, medido en cada domicilio, pero su contrato de 45 años de duración, que contemplaba la construcción de una red de cloacas, fue anulado por el presidente Joaquín Crespo. Sin embargo, en 1895, la Superintendencia de Aguas continuó aplicando las tarifas a los 4.000 abonados en las 10.000 casas de la ciudad8. En esos años comenzaron a proyectarse o construirse acueductos en Valencia, Barquisimeto, La Victoria, Guanare, San Felipe, Carúpano, Cumaná, Macuto, Santa Lucía, Villa de Cura, Maracay, y varios proyectos más que por diversas razones no avanzaron. Una ciudad como Maracaibo no tuvo un acueducto moderno en servicio hasta 1940, y en La Guaira se realizó uno recién en 1921.

Otras obras de infraestructura hidráulica fueron las de canalización para facilitar las comunicaciones fluviales o para llevar agua a tierras de cultivo en los ríos Apure y Uribante, en el Carinicuaro, en el río Chama, en el Guárico, en el Aragua, en los raudales Atures y Maipures en el curso del Orinoco, y el proyecto de irrigación de las vegas del río Manzanares, en Cumaná9.

Entre los servicios urbanos, las cloacas tuvieron un desarrollo más lento y una cobertura irregular, con todo y ser un aspecto clave del saneamiento. El servicio que había se apoyaba en sistemas independientes que cubrían pequeños sectores. En 1880, Caracas contaba con ocho nuevas alcantarillas y se reparaban y ensanchaban otras, de las 37 existentes10. En ese año un ingeniero italiano, Juan de Angeli, presentó el primer proyecto de una red general que desaguaría en el río Guaire; su novedad radicaba en que emplearía hormigón como material de construcción11. Otro proyecto sin ejecución, como el anterior, fue el presentado en 1887 por Felipe Tejera y José Antonio Salas, anulado por el presidente Juan Pablo Rojas Paúl. A fines del siglo, solo Valencia tenía un sistema de alcantarillado, construido en 1893.

El decreto del presidente Cipriano Castro (1899-1908) sobre «la red general de cloacas de Caracas» disponía construir un colector para «impedir la inmediata infección del río Guaire a su paso por Caracas», indicaba el informe técnico del sistema del ingeniero Germán Jiménez, en mayo de 190712. El proyecto no se ejecutó. Avanzado el siglo XX, nuestras ciudades carecían de una red general de cloacas.

Un hito fundamental en la política de obras públicas del régimen de Juan Vicente Gómez fue la decisión anunciada por el nuevo ministro, Román Cárdenas, de concentrar los proyectos en tres tipos de obras: carreteras, acueductos y saneamiento de las poblaciones. Sin embargo, durante la pandemia de la gripe en 1918, las ciudades no contaban con un sistema moderno de suministro y disposición de aguas. Se aprobaron entonces normativas sanitarias para afrontar la emergencia y en 1919 un nuevo decreto ordenó la construcción de la red de cloacas para Caracas.

En 1925, la Oficina Técnica de las Cloacas de Caracas del MOP puso en marcha la reparación y construcción de esas obras en varios sectores: La Pastora, La Candelaria, El Paraíso, Los Dos Caminos. El movimiento de tierra reveló que las antiguas cloacas, construidas encima de la tubería matriz del acueducto, producían filtraciones hacia las aguas blancas13. Las enfermedades infecciosas recurrentes, alertaban los expertos, proliferaban en esas condiciones14. El sistema general de cloacas comenzaría a planificarse en la década siguiente para todo el país.

Durante el decenio de 1920, el servicio de agua potable era evaluado a la luz del proceso de urbanización y de una población que llegaba a los 3.152.362 habitantes en 192615. Desde 1904 la tasa de crecimiento demográfico mostraba una tendencia ascendente, pero todavía moderada. En 1926, un informe del MOP aseguraba que en Caracas el acueducto de Macarao «sería suficiente por tiempo indefinido». No obstante, en 1930 una nueva evaluación concluía que las instalaciones ya no daban un servicio adecuado y se requería otro sistema. Mientras los planes se concretaban se hicieron reparaciones y en 1930 se compraron 87 propiedades en la hoya del Macarao, para demolerlas a fin de detener la contaminación de las aguas16. La infraestructura del pasado sobrevivió unos cuantos años más, pero comenzaba a ceder ante las presiones del presente.

Hospitales modernos, escuelas en espera

Los pocos hospitales existentes hasta finales del siglo XIX recibían a los menesterosos, indigentes, leprosos, hombres y mujeres rechazados por la sociedad, afectados por enfermedades contagiosas. Eran sitios de reclusión y aislamiento más que de atención médica terapéutica.

La infraestructura de hospitales entró en la modernidad con el Hospital Vargas; decretado por el presidente Joaquín Crespo, fue construido entre 1888 y 1891, según el modelo del hospital Lariboisiére, de París. Significó una ruptura con el pasado y la incorporación del concepto de centro de salud a la atención hospitalaria. El «hospital a pabellones», el modelo de construcción seguido en esta obra, según las ideas de entonces, aseguraba las condiciones físicas de aire puro y renovado, e iluminación natural que contribuirían con la sanación. La valoración de la atención médica en este espacio se evidenció en las sucesivas remodelaciones para adaptar la infraestructura a los cambios científicos y técnicos de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y de asepsia desde fines del siglo XIX.

Otro paso hacia la nueva era fue el hospital de niños o Linares —hoy Hospital Carlos J. Bello, de la Cruz Roja— inaugurado en 1893, para pacientes sin recursos de todo el país. Fue construido por iniciativa del empresario Juan Esteban Linares, con base en el diseño del Hospital Necker de París. Dotado de la primera sala de cirugía del país que seguía los criterios de asepsia más recientes y de comodidades para el alojamiento de las madres sin residencia en Caracas, fue el primer centro hospitalario de calidad moderna para la atención de los pequeños17.

En las primeras décadas del siglo XX, el servicio de atención médica pública fue ampliado con modernizaciones y ampliaciones del Hospital Vargas, pero la construcción de nuevos centros fue escasa: el lazareto de Cabo Blanco, en Caracas; las instalaciones para enfermos de lepra y para enajenados mentales en Maracaibo, y el Hospital Militar (1919) en Maracay, con instalaciones y equipos modernos. Las emergencias sanitarias, la peste de 1911, la gripe de 1918 y las enfermedades endémicas no promovieron cambios significativos en el ámbito de la salud, a pesar de la extendida conciencia de las necesidades.

La cuarta década marcó el inicio de la expansión y modernización de la infraestructura hospitalaria. De 1930 son varios proyectos: el Hospital de Niños, de Maracaibo; el Hospital de Niños, anexo del Hospital Vargas, proyecto y obra de Ricardo Razetti; el Hospital de Mérida, erigido por iniciativa particular. También, las reformas modernizadoras y la ampliación de las instalaciones del Vargas, que lo convirtieron en un «nuevo hospital»: con luz eléctrica, agua corriente, baños con ducha, equipos de esterilización, centrífuga, departamentos de radiografía, radioscopia y electromedicina18.

En 1933 se decretó la construcción del Sanatorio Popular Antituberculoso Simón Bolívar. Proyectado por el arquitecto Carlos Guinand Sandoz, se erigió en un terreno en Antímano, al oeste de Caracas, en El Algodonal, donde fueron necesarios trabajos que incluyeron dos puentes, una carretera de acceso, un sistema de cloacas, un acueducto, un colector de aguas de lluvia y la desviación de una quebrada cuyo lecho se aprovechó para jardinería. Una obra difícil que estuvo en servicio en 1940 y luego se amplió como un complejo hospitalario con maternidad y pediatría. El Algodonal, hoy Hospital General Doctor José Ignacio Baldó, pasó a ser uno de los centros de salud pública de referencia.

Las deudas acumuladas por la infraestructura escolar eran mayores, aunque ciertamente no tantas como en 1840, cuando el informe de Instrucción Pública al Congreso señalaba que 416 parroquias, de las 537 del país, no tenían ningún establecimiento de instrucción primaria19. La educación, una de las prioridades de la república y una obligación ciudadana desde que se aprobara, en 1870, el Decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria, contaba con una infraestructura muy poco atendida.

En 1873, la información oficial registró la existencia de 100 escuelas federales y 117 municipales en todo el territorio, y al finalizar la gestión de Guzmán Blanco el país contaba con 1.948 establecimientos. La mayoría de estos centros operaba en locales refaccionados, o más o menos improvisados, ya que en estos años no había una política de construcción de infraestructura escolar, más allá de lo expresado en los discursos. El mismo Guzmán Blanco afirmaba en 1871 que era suficiente un profesor para que las escuelas funcionaran, incluso en casas humildes, en ranchos, con los niños a medio vestir… «sucitos y hasta descalzos»20.

La edificación de instituciones de enseñanza no fue prioritaria hasta mucho después. Otras instalaciones de estudio y de investigación, como el Observatorio Astronómico y Meteorológico Juan Manuel Cagigal y el Instituto Pasteur, de microbiología, proyectadas en el siglo XIX, se construyeron en el XX. Al comienzo del régimen de Juan Vicente Gómez, la infraestructura de estudios sumó dos importantes obras: en 1911, el Archivo Nacional, diseñado por Alejandro Chataing, el arquitecto más destacado de la época. Fue la primera construcción del país en cemento armado, con características de resistencia a movimientos sísmicos. Y la Biblioteca Nacional que se instaló al lado de la Universidad Central, en el antiguo Convento de San Francisco, un espacio rediseñado especialmente para sus funciones, también por Chataing.

En materia de edificaciones educativas, fuera de remodelaciones, como la fachada neogótica de la Universidad Central, de tiempos de Guzmán Blanco, y las que regularmente se hicieron en años posteriores, no se avanzó significativamente hasta la década de 1930. Solo entonces, los colegios federales, colegios nacionales después, tras varias décadas de tradición, tuvieron sede propia.

El diagnóstico de la infraestructura escolar en el Primer Congreso de Municipalidades, celebrado en Caracas, en 1911, puso de relieve la insuficiencia de escuelas; asimismo recomendó elaborar un plan de edificaciones escolares con especificaciones higiénicas y funcionales. La deuda de la infraestructura sanitaria y educativa empezaría a saldarse en la década de 1930, cuando una singular coyuntura histórica sumó factores favorables de importancia determinante.

 

Tareas de la nueva era: saldar deudas y planificar el futuro

Un cruce venturoso de factores, poco frecuente en historia: el fin de la dictadura, el desbloqueo político, el inicio del cambio demográfico, y la disponibilidad de recursos financieros, técnicos y profesionales, potenciaron desde 1936 el proyecto de la demorada modernidad21. La demanda social en ascenso, los proyectos y las finanzas de origen petrolero, permitieron materializar la era moderna del siglo XX, en su expresión más ostensible: la construcción que renovó la imagen del país. Ese proceso tomó poco más de dos décadas. El discurso oficial y los proyectos dieron cabida a la infraestructura sanitaria, asistencial y educativa, la deuda pendiente de más urgente atención. La población, predominantemente rural, tenía todavía una dimensión contenida de poco más de 3.500.000 de habitantes, pero la migración a las ciudades y la tasa de crecimiento en ascenso exigían mirar hacia la mayoría pobre, analfabeta y de salud precaria. Así, las ciudades requerían soluciones impostergables para la deficiente infraestructura, igualmente necesaria en las áreas rurales. En correspondencia, la meta anunciada en el Plan Trienal de 1938 era: «Sanear, Educar, Poblar [con «sangre nueva» de inmigrantes]»22.

De acuerdo con el nuevo enfoque, las obras se planificaron según criterios orgánicos y modernos, tanto para dejar atrás la insuficiente y muy básica infraestructura existente, como para un futuro de demandas, que en unos años más sobrepasarían las previsiones. Se proyectaba también desarrollar obras para impulsar la economía venezolana, es decir, «la agricultura, la cría, las explotaciones forestales y mineras»23, como lo resumía el presidente Eleazar López Contreras en 1936. El proyecto era fortalecer y modernizar la producción, entendida como la tecnificación, capacitación y construcción de instalaciones de riego y facilidades de movilidad, logísticas y de crédito de esos procesos tradicionales. La operación petrolera, pese a su aporte financiero fundamental para los nuevos planes, era considerada por algunos sectores de los ámbitos privado y público, incluido el mismo presidente de la República, como una actividad de futuro incierto, una esfera particular de inversión de las compañías extranjeras. Recién a partir de 1940, se reconoció oficialmente y en forma plena el ingreso por este recurso como el que mantenía los planes de gobierno e impulsaba los cambios sociales y económicos en el país.

El MOP fue la punta de lanza institucional de la planificación y construcción de infraestructura que, por primera vez en la historia venezolana, sería continuada por diferentes gobiernos hasta fines del siglo XX, sin grandes cambios excepto un mayor o menor dinamismo determinado por distintas coyunturas. Hasta su desaparición en 1975, esta institución fue una escuela de gran valor para los profesionales que participaron en los proyectos de esos años. Tuvo, además, un extraordinario desarrollo con las nuevas dependencias: la División de Obras Hidráulicas, la División de Obras Sanitarias y la División de Laboratorio y Tratamiento de Aguas, que trabajaba en coordinación con la División de Acueductos.

 

La compleja infraestructura del agua

Tal vez pocas tareas, si es el caso, sean tan complejas, esenciales e inherentes a la vida en las ciudades como la gestión del agua, que exige distintas obras y enfoques según el propósito. Bien sea almacenarla y darle cauce por acueductos para el consumo humano o dirigirla a los hospitales, escuelas, industrias, parques; eliminar las aguas residuales; contener su arrolladora energía con obras de defensa; acomodar o desviar el cauce natural de las corrientes a fin de evitar inundaciones o facilitar obras de construcción; sanearla y purificarla y, fuera de las ciudades, emplearla en obras de riego o canalizar su curso con miras a posibilitar la navegación. Esto explica que entre los años treinta y finales del siglo XX, la ingeniería hidráulica fuera una de las competencias de mayor demanda en la construcción de la nueva infraestructura24.

Caracas, cruzada en todas las direcciones por cientos de quebradas de distinto caudal y por ríos que en algún tiempo fueron navegables, inició su acelerada expansión urbana ocultando con puentes y bóvedas muchas de esas corrientes de agua. Gran parte de la ciudad se extiende sobre una superficie construida por la ingeniería de infraestructura, no sobre el suelo natural. Las nuevas urbanizaciones o reurbanizaciones contienen numerosas historias poco conocidas, unas admirables y otras poco afortunadas, relacionadas con las quebradas y los trabajos para dominarlas y ocultarlas.

La reurbanización de El Silencio, un proyecto del Banco Obrero de los años cuarenta, registra una de las historias memorables de la infraestructura de la capital: el embovedado de la quebrada Caroata que baja del Ávila y atraviesa la capital con un poderoso caudal para desembocar en el río Guaire25. En su curso se construyeron, desde la colonia, 14 puentes y una baranda de mampostería, obra del MOP en 1912, que protegía a los transeúntes del profundo y peligroso barranco formado por el cauce. La quebrada fluye entre la esquina Las Escalinatas y la plaza Miranda, pasando por el terreno seleccionado para la construcción de los bloques dos, tres y cuatro, tres del total de siete edificios del proyecto; en ese punto se une con la quebrada Los Padrones y recibía las aguas residuales del sector, lo que obligó a construir colectores marginales, otro elemento subterráneo de la obra26.

Entre 1943 y 1944, los ingenieros, Oscar Zuloaga, de la empresa contratista Oscar Zuloaga Cía., y Eduardo Arnal, diseñaron y construyeron la bóveda en cemento armado, de 9.60 metros de luz, por donde corre la quebrada, que pasa así por debajo de las fundaciones de los tres edificios. Las bases de estos bloques y del número cuatro se construyeron directamente sobre la bóveda que acomoda en ese punto su forma para acoplarse con el edificio; en el caso del tres, las fundaciones fueron construidas sobre una viga de concreto armado, anclada a ambos lados de la bóveda, a modo de pórtico, las columnas del edificio se apoyan sobre el pórtico. El proceso completo fue realizado por la empresa de Zuloaga27.

Al margen de historias puntuales como esta, los planes de obras públicas hidráulicas tenían objetivos de vasto alcance nacional dirigidos a resolver problemas de salud, de vida cotidiana y producción. La planificación de acueductos, alcantarillas, obras de defensa contra inundaciones y de irrigación, descrita en el Plan Trienal, tenía una asignación cercana al 10 % del presupuesto de obras públicas. Necesariamente, esa cifra tuvo que ser aumentada. La naturaleza de la infraestructura de aguas, es costosa y compleja, y su condición de componente ineludible de todo tipo de construcción, le dieron un peso importante en el presupuesto.

El Plan de Obras Públicas del gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945) destinó el 41 % del presupuesto a la construcción de acueductos, cloacas y sistemas de drenaje y desecación. La cobertura alcanzaba a todo el país: no solo las grandes ciudades, también poblaciones con 4.000 o 6.000 habitantes, como El Callao o Tumeremo, contaban con estos servicios. En 1936 no eran más de 10 las poblaciones con acueductos, pero en 1940 el servicio llegaba a 49 localidades28. El proceso de planificar y construir estas obras fue complicado y prolongado, dada la ausencia o escasez de estudios previos y la contingente disponibilidad de recursos técnicos. Una vez aprobados el proyecto y el financiamiento, había que levantar un censo de la población; hacer estudios geográficos, geológicos, hidrológicos; elaborar los planos; determinar el tipo y dimensiones de las tuberías y comprarlas en el exterior, generalmente en Estados Unidos, cuya infraestructura sanitaria servía de modelo.

La colaboración en esta época de Nelson Rockefeller con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), a través de la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud Pública, en el suministro de materiales, maquinarias y mano de obra para los sistemas sanitarios en comunidades rurales, fue determinante en la influencia de la tecnología procedente del Norte. Venezuela y Estados Unidos firmaron en 1943 un convenio para erradicar el paludismo, que formalizaba y daba continuidad a los programas sanitarios promovidos desde la década anterior.

Desde su creación en 1943, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) concentró el proceso de las obras hidráulicas y desarrolló una de las historias representativas de un alto nivel de gestión institucional de las obras públicas en el siglo XX. En colaboración con la Comisión Nacional de Urbanismo, por casi medio siglo fue el organismo planificador, creador, gestor y operador del servicio de aguas, en tiempos de grandes desafíos por la demanda en expansión, los cambios tecnológicos y la complejidad de los sistemas.

Las obras emprendidas en todo el territorio incluían la captación de fuentes de abastecimiento de agua, los acueductos, las tuberías matrices y las redes de distribución, los diques o estanques, las estaciones de bombeo, las plantas de tratamientos, la perforación de pozos profundos, el alcantarillado urbano, los colectores principales y las redes secundarias para las aguas servidas. Para financiar el alto costo de los trabajos, el INOS lanzó al mercado dos emisiones de bonos hipotecarios, en 1944 y 1945, por 20.000.000 de bolívares, destinados a financiar los proyectos a su cargo, lo que, sin embargo, fue insuficiente para cubrir las inversiones.

La planificación de grandes represas para almacenar la reserva y regular el suministro de agua potable, para riego y como fuente de energía, comenzó a fines de la década de 1930. El dique de Petaquire fue el primero del siglo XX; entró en servicio en 1929, después de 10 años en obras. Se trató de una iniciativa privada de la Electricidad de Caracas para dar energía a sus plantas generadoras en el litoral central. La era de los embalses públicos se inició en los cuarenta con la construcción de las represas de Suata, en Aragua, Macarao, El Corozo, Guataparo, La Asunción, Agua Fría, La Mariposa y San Juan Bautista. A mediados de los sesenta había más de 20 presas en servicio.

En Caracas y en el estado Miranda, el abastecimiento de agua contaba en 1950 con una moderna infraestructura que surtía el agua de los embalses Agua Fría y La Mariposa (1946-1949). Sin embargo, el incremento del consumo, por la extraordinaria expansión demográfica capitalina, pronto fue superior al suministro. Caracas pasó de tener 354.138 habitantes en 1941, a 693.896 en 1950 y al finalizar la década ya llegaba a 1.000.000. De modo que, dos años después de haberse inaugurado el nuevo sistema, ya estaba en marcha el proyecto Tuy I, que constituiría la primera de las complejas y muy costosas redes de suministro que comprendían la fuente de alimentación, el embalse o fuente natural, la planta de tratamiento, tanques, tuberías y estaciones de bombeo para subir el agua a la cota superior de Caracas.

Maracaibo, la segunda ciudad en crecimiento demográfico después de Caracas, volvía a tener en los cincuenta un servicio de agua potable rezagado; el acueducto de la ciudad, conectado con un sistema de pozos desde 1940, cuando tenía 119.117 habitantes, era ya insuficiente en 1950, con el doble de población. En 1951 el INOS emprendió la perforación de nuevos pozos y la ampliación de la red existente para 300.000 personas, pero en 1960 la población llegaba a 448.000. Finalmente, entre 1964 y 1975, se construyeron los embalses Tulé y Manuelote, que integran el sistema «Luciano Urdaneta», para servir la costa occidental del lago de Maracaibo. Los embalses Burro Negro (1958-1960) y Machango (1985-1988), y el embalse artificial El Tablazo (1970-1973), prestan servicio a la costa oriental.

El esfuerzo por extender la infraestructura del servicio de agua potable llegó incluso a la isla de Margarita, que presentaba una de las deficiencias de agua más severas del país, un factor que pesó más que las dificultades de acceso y la escasa población. En 1960 alcanzó la presa de Guatamare (1952-1958) el primer acueducto submarino, de acero con un tratamiento especial anticorrosivo de larga vida, en un recorrido de 82 kilómetros desde el río Carinicuao (estado Sucre), de los cuales 28 correspondían al tramo submarino. En 1965, terminados los estanques y las redes de distribución, 180.000 habitantes de la isla comenzaron a recibir agua potable, un aumento considerable sobre los 25.000 que tenían el servicio en 1958.

En 1948 el INOS administraba 25 acueductos, en 1953 eran 43, y en 1963 llegaban a 113. Las plantas purificadoras en operación eran siete en 1952 y 10 años después eran 11. Ya entonces se había tomado la decisión de excluir de las obras de acueductos y cloacas, programadas por el INOS, a las poblaciones de menos de 2.500 habitantes, por los altos costos. Esos servicios quedaban a cargo de los gobiernos regionales, con la colaboración del MSAS.

El plan sanitario de aguas residuales avanzaba lentamente, aunque tendía a rezagarse por las limitaciones presupuestarias y por la prioridad que se daba a los proyectos de acueductos. Sin embargo, para 1966 se habían construido las primeras tres plantas de tratamiento de aguas negras, y en Caracas estaba en obras la infraestructura sanitaria más importante hasta entonces: el gran colector de aguas residuales en la margen izquierda del río Guaire.

Para 1964, el 70 % de la población urbana recibía agua de los acueductos y el 30 % accedía al sistema de cloacas, en tanto que el 53 % de la población rural tenía acceso al agua potable a través del Programa Nacional de Acueductos Rurales, establecido por el MSAS, a cargo del doctor Arnoldo Gabaldón, entre 1959 y 1964. La cobertura era superior a los indicadores de la región latinoamericana29.

Las obras de riego, necesarias por el régimen pluviométrico concentrado en la mitad del año, tuvieron un crecimiento importante desde 1948, cuando se presentó el primer plan de irrigación para 1950-1970. El objetivo era desarrollar la agroganadería para aumentar la capacidad de producción de alimentos con miras a una población calculada en 7.500.000 personas para 1970, una previsión superada ampliamente. La inversión en los grandes sistemas de regadío del Guárico, Las Majaguas en Portuguesa, y El Cenizo en Trujillo y el Zulia, conjuntamente con otros sistemas pequeños, creó una infraestructura de producción agrícola impresionante. Más del 68 % del total invertido desde 1938 se hizo entre 1958 y 196530. El equipamiento hidráulico también benefició el desarrollo de las zonas industriales en Aragua, Carabobo, Miranda y oriente, donde se concentró más del 75 % de la infraestructura industrial. El sector petrolero desarrolló sus más importantes obras de producción en el occidente del territorio, y en oriente, a las primeras refinerías, Caripito de 1938 y Puerto La Cruz de 1950, se sumó en 1990 el Complejo Criogénico José Antonio Anzoátegui.

Los grandes sistemas hidroeléctricos del Plan de Electrificación de 1949, de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), fueron obras cimeras de la política de desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XX. Los planes de expansión industrial y la urbanización incrementaron la demanda del servicio eléctrico desde finales de los cuarenta. En el área de Caracas y el litoral, la compañía privada La Electricidad de Caracas, principal proveedora, desarrolló un gran plan de ampliación de su infraestructura de generación en su planta de Arrecifes para atender el crecimiento. Un esquema que se repitió en los setenta, en una magnitud mayor, con el incremento de la capacidad generadora de su central Tacoa. La creciente demanda de energía también impulsó el ensanchamiento de la infraestructura soterrada de la distribución de electricidad y gas, tanto para la industria como para el uso residencial.

El plan de la CVF comprendía la construcción de dos grandes complejos hidroeléctricos: en el área andina, el sistema Uribante-Caparo de aprovechamiento de la fuerza hidráulica de esos ríos, abarcaba un conjunto en tres etapas de las que solo se terminó la primera. El complejo hidroeléctrico de Guayana fue el proyecto de infraestructura productiva más importante del siglo XX, la locomotora del desarrollo industrial en gran escala, una propuesta al margen de la industria petrolera, en el tiempo de los ambiciosos planes desarrollistas30. El proyecto incluía la construcción de cuatro grandes sistemas sobre el río Caroní: Macagua, Guri, Caruachi y Tocoma.

Las obras de Macagua I comenzaron en 1955 con la operación ciclópea de cuatro meses con el objetivo de desviar la poderosa corriente del río Caroní, a fin de crear en el lecho un espacio «en seco» para colocar las ataguías, que permitirían construir las bases de la represa. Terminada la obra y la voladura de las ataguías con 78 toneladas de explosivos, la central Macagua I, con sus seis unidades de generación instaladas, comenzó a prestar servicio en 1961. Las otras centrales, Macagua II y III se construyeron entre 1988 y 1997. La capacidad de generación eléctrica se colocó a la vanguardia en América Latina y se puso en marcha la transformación de Guayana en el gran centro industrial del país31. Entre 1963 y 1978 se construyó la primera etapa del sistema Guri, la mayor de las centrales. Su emplazamiento, a unos 100 kilómetros de la confluencia con el río Orinoco, aguas arriba de Macagua y de las otras centrales proyectadas, permitía que su caudal de 18.000.000 de metros cúbicos alimentara a las otras plantas, reduciendo así el impacto ambiental en la parte baja del río. En 1968 se activó la primera de las 10 unidades generadoras de Guri I y comenzó el sistema interconectado con las centrales públicas y privadas existentes.

El proceso de construcción de las monumentales presas reubicó a Guayana en la jerarquía territorial, por sus efectos multiplicadores, económicos, sociales y políticos. Se crearon dependencias burocráticas para centralizar, controlar y gestionar la infraestructura que difundieron una imagen de eficiencia del sector público, vigente por algún tiempo. La Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), desde 1958, coordinó todas las empresas estatales de generación eléctrica del país. En 1960 se creó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un poderoso organismo que controlaba las Empresas Básicas de Guayana, las centrales hidroeléctricas, la explotación forestal, la gran planta siderúrgica en Matanzas, incorporada a Sidor cuando se creó la compañía en 1964, y todas las industrias de recursos minerales que cambiaron la infraestructura productiva del territorio32. La Electrificación del Caroní, C. A. (Edelca, 1963) fue encargada de operar y administrar las centrales hidroeléctricas. Y la fundación de Ciudad Guayana en 1961 sumó a la complejidad y magnitud del proceso, la construcción y ampliación de la nueva infraestructura urbana.

La construcción de las obras hidráulicas en Guayana fue, además de un hecho fundamental del desarrollo de la infraestructura urbana y productiva, un proceso más complejo por la irrupción de la cultura urbana en la selva y su impacto ecológico. Era significativa en ese sentido la operación rescate de la fauna, en peligro por el lago formado al llegar a su cota máxima el embalse del Guri, que movilizó al lugar equipos, organizaciones sociales y científicas, medios periodísticos y de comunicación para rescatar a los animales33.

 

Hospitales y centros educativos: planes y obras

Contrariamente al escaso interés de Guzmán Blanco en construir plantas importantes para centros de salud y escuelas, pese a su gusto por los edificios de gran porte, la infraestructura pública del siglo XX destacó por su importancia arquitectónica. El Plan Nacional para el Desarrollo Hospitalario de 1938 contemplaba la construcción de una Red de Hospitales de la República acorde con criterios de eficiencia, economía y actualización de la técnica asistencial. La planificación proyectó la construcción de 112 hospitales clasificados en cuatro categorías: centros de alto nivel de especialización y equipamiento, establecimientos de atención general y espacios para emergencia y la cuarta categoría correspondía a puestos de socorro34.

Aunque el plan no llegó a ejecutarse por problemas de financiamiento y dificultades para importar materiales durante la Segunda Guerra Mundial, se construyeron grandes centros hospitalarios, con diseños y equipamientos modernos, que cambiaron la infraestructura de la salud. En 1938 fue inaugurado el edificio del arquitecto Willy Ossott para la Maternidad Concepción Palacios, que en 1958 pasó a la moderna edificación. La Dirección de Edificaciones Médico Asistenciales del MOP, creada en 1949, y la Sección de Arquitectura Hospitalaria (1950), a cargo del arquitecto Luis Eduardo Chataing, con asistencia del MSAS, dio impulso a la construcción de centros de salud que marcaron nuevos criterios de espacio y diseño, según el Plan Médico-Hospitalario Nacional. En las principales ciudades se construyeron grandes edificios verticales para hospitales de atención general, con capacidad para miles de pacientes.

El Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria inaugurado en 1954, obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, con asesoramiento de expertos norteamericanos, era el centro del ramo más moderno del país, tanto por sus instalaciones como por su diseño, y también el de mayor capacidad, con 1.250 camas. Seis años después se inauguró otro espacio capitalino de alto nivel, de líneas modernas y grandes dimensiones: el Hospital Militar Carlos Arvelo, diseño de Luis Malaussena. En el mismo año, 1960, se inauguró el Hospital Universitario de Maracaibo; diseñado en Suiza y con capacidad para 600 camas, siguió la tradición pionera del Zulia de la docencia médica universitaria35. A fines de la década de 1950, los 130 hospitales generales, 16 antituberculosos y siete centros para enfermos mentales, sumaban un número de camas superior a 20.000. Un contraste con la realidad de 1935, cuando había 50 hospitales y 4.000 camas. En 1958 el cambio de régimen no interrumpió el compromiso con las políticas asistenciales: el cumplimiento y la expansión de los planes de construcción hospitalaria en los principales centros urbanos dio sus frutos. En los sesenta el número de camas se incrementó en 30 % con respecto a la cifra de 1959.

La inversión privada se sumó a la infraestructura de la salud, con iniciativas de objetivos y características distintas. Las empresas petroleras establecieron varios hospitales en el Zulia: el Joint Hospital en Lagunillas; en Maracaibo, el Hospital Médico-Quirúrgico y la Maternidad y el Nuestra Señora de la Coromoto, especializado en pacientes quemados, construido en convenio con el gobierno nacional, obviamente por los riesgos de la industria. En 1945 se inauguró el Hospital Antipoliomielítico de Caracas, luego, el Ortopédico Infantil, una de las obras del empresario Eugenio Mendoza en los inicios de su cruzada social. Los servicios privados de la época, la Policlínica Caracas, la Clínica Razetti, el Centro Médico, a diferencia de las anteriores instituciones sin fines de lucro, se crearon con criterio empresarial, dirigidas a pacientes con poder adquisitivo superior al promedio. Otra contribución a la infraestructura fue el Hospital San Juan de Dios, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una antigua institución primero establecida en Mérida, en el siglo XVII, y en el siglo XIX en La Guaira. En 1943 inauguró su primera sede en Caracas, y en 1970 se instaló en un amplio y moderno edificio construido para su funcionamiento.

La construcción con fines educativos abarca las instituciones de enseñanza y una serie de otros edificios de importante presencia, que marcan el futuro urbano. Dos de esas obras, proyectos de Carlos Raúl Villanueva, extendieron el espacio del área urbanizada: el Museo de Bellas Artes, inaugurado en 1938, y el Museo de Ciencias Naturales, de 1939. Otra edificación de Caracas, cuyo diseño sigue siendo notable por su calidad arquitectónica, es la sede del Ministerio de Educación (1936), hoy Biblioteca Simón Rodríguez, del arquitecto Guillermo Salas.

En las áreas rurales la construcción y refacción de escuelas recibió especial atención, visto el descuido de tiempos anteriores. Entre 1936 y 1940 se construyeron 97 escuelas rurales; pero en los años siguientes, el número se planificó con más rigor en función del descenso de la población rural y de los altos costos36. Fue principalmente en las ciudades donde la arquitectura escolar se destacó por su porte moderno y por el equipamiento novedoso para fines educativos, con las facilidades de una tecnología movida por la electricidad y con mecanismos automáticos: aires acondicionados, relojes eléctricos, teléfonos, sistemas parlantes, bebederos de agua, laboratorios, instalaciones sanitarias con sistemas autolimpiantes. Los proyectos fueron desarrollados por un pequeño grupo de talentosos y jóvenes arquitectos, algunos formados en la escuela francesa como Carlos Raúl Villanueva, Cipriano Domínguez, Guillermo Salas, Luis Malaussena, y los demás en otras escuelas europeas, como Herman Blaser y Carlos Guinand. Y hubo quienes, como el ingeniero Luis Eduardo Chataing, se formó en Caracas, en una práctica privilegiada del oficio junto a su padre, el arquitecto Alejandro Chataing, responsable de los edificios más destacados de comienzos del siglo XX.

Entre 1936 y 1937 se construyó el Liceo Caracas, con diseño de Cipriano Domínguez, que marcó el tipo de infraestructura incorporado desde entonces a la nueva era escolar37. Incluía en sus dos plantas y en los 4.850 metros cuadrados de pisos en granito importado de Italia, instalaciones modernas para las necesidades de la comunidad educativa, aulas con amplia ventilación, bibliotecas, laboratorios, un acuario, auditorio, instalaciones sanitarias, jardines, redes telefónicas y de comunicación interna, relojes eléctricos, sistema de altavoces. Domínguez, arquitecto de numerosas obras públicas de este período, también diseñó el Liceo Fermín Toro, construido entre 1943 y 1946, en espacios creados por el embovedado de la quebrada Caroata, lo que supuso vencer dificultades con recursos de diseño. Otra edificación educativa modelo, de 1945, fue el Liceo Andrés Bello, diseñado por Luis Eduardo Chataing.

A fines de la década de 1930 en San Cristóbal se erigió el Grupo Escolar Simón Bolívar, del arquitecto alemán Herman Blaser, un gran complejo de tres edificios para preescolar, primaria y secundaria, que además de sus salas para impartir clases, contaba con piscina y áreas para deportes. En Maracaibo, llegaba a su etapa final la construcción del Liceo de la Universidad del Zulia, el espacio escolar más importante hasta ese año 193938. En dos capitales de estado se levantaron grandes centros para liceos, proyectos de Cipriano Domínguez: el Liceo Lisandro Alvarado, en Barquisimeto, y el Liceo Libertador, en Mérida. Otro diseño de este arquitecto fue el conjunto de grandes edificios para el Liceo Jáuregui, fundado en 1937 en La Grita, estado Táchira; en 1952 pasó a ser el Liceo Militar Monseñor Jáuregui, por decisión de la Junta de Gobierno. Otra instalación militar educativa fue la Escuela de Aviación Militar, en Maracay, diseñada por Carlos Guinand Sandoz, en 1936.

La Escuela Experimental Venezuela, de Herman Blaser, inaugurada en 1938, fue equipada con aire acondicionado, instalación telefónica conectada con las aulas, cocina moderna para la alimentación de los alumnos, comedor, jardines. La Escuela Gran Colombia, de Carlos Raúl Villanueva, de 1939, considerada entonces pionera del prototipo de la infraestructura escolar, incluía los ciclos de preescolar y primaria y la Escuela Normal de Maestras, la primera institución de formación docente creada por el presidente Joaquín Crespo, sin sede propia hasta entonces. La Gran Colombia disponía de las instalaciones que serían usuales en adelante: biblioteca, gimnasio con duchas, cocina, comedor, terrazas, jardines.

Entre 1941 y 1946 se planificaron 14 grupos escolares con capacidad hasta para 1.000 estudiantes. Tres de ellos, para 1.000 alumnos, se construyeron en Caracas, y otro de igual capacidad en Maracaibo; en San Juan de Los Morros se edificó una escuela para 300 cursantes, y nueve para 600 en Barcelona, Cumaná, Barquisimeto, San Antonio del Táchira, Mérida, Puerto Cabello, Coro, Maracay y Maiquetía.

Sin duda, el espacio más relevante de la infraestructura educativa de esta época fue la Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Central de Venezuela, que incorporó a la moderna arquitectura del área el concepto del campus universitario, con un fuerte impacto urbanístico. Se trató además de un proyecto monumental que recibió apoyo de todos los sucesivos gobiernos, desde los inicios del mandato de Medina Angarita hasta el de Rómulo Betancourt (1959-1964), cuando concluyó. En la década de 1950 se crearon nuevas instituciones universitarias públicas, como la Universidad de Oriente en 1958, y las primeras privadas como las universidades Católica Andrés Bello y la Santa María.

Entre 1959 y 1963, el MOP dio cuenta de 292 nuevas edificaciones escolares para 160.680 alumnos39. Desde los sesenta, cuando desaparecía la deuda educativa pendiente, surgieron los nuevos desafíos del aumento de la matrícula y de la expansión urbana. El incremento de la población estudiantil, de las expectativas de acceso a la educación y las necesidades de preparación para distintas y cambiantes demandas, pusieron cada vez más presión sobre la infraestructura educativa. Esos nuevos retos enfrentaron en adelante un contexto de crecientes dificultades.

 

Tiempos desafiantes y recursos menguantes

Los años finales del siglo XX llegaron cargados de una creciente complejidad que se gestaba desde años anteriores, pero fue poco evidente hasta los ochenta, cuando las necesidades de una demografía de grandes proporciones y de composición heterogénea enfrentaron una capacidad de respuesta poco fluida. El desafío de ampliar la infraestructura de distintos servicios se complicó en la medida en que se volvió más difícil el panorama de los recursos y de los consensos políticos y sociales. Los objetivos, por otra parte, tampoco eran los mismos que en décadas anteriores, cuando la prioridad era atender el déficit acumulado en materia de infraestructura para una población en crecimiento, pero todavía con una dimensión moderada y unas demandas previsibles. Entonces, construir la infraestructura adecuada y planificar un futuro que se pensaba menos complicado representaba un reto estimulante.

Desde fines de los cincuenta hay señales de una conciencia más alerta sobre el uso de los recursos, tanto naturales como financieros. Entre 1959 y 1960, las obras públicas estuvieron en pausa por algo más de un año, y antes de terminar los sesenta los planes comenzaban a revisarse nuevamente. También la estructura burocrática se reorganizaba para enfrentar las dificultades, en particular las que complicaban decisiones que pasaban por la política, aunque los cambios institucionales en la década de 1970, dirigidos a fragmentar las responsabilidades, invocaron la necesidad de una mayor eficiencia administrativa. En adelante, los proyectos se espaciaron y la superación de los desafíos y dificultades se volvió cuesta arriba.

 

Las aguas: lo complejo se vuelve complicado

Los problemas que enfrentaban los programas de infraestructura hidrológica eran ostensibles y conocidos: el crecimiento de una demografía urbana compleja, la extensión del perímetro urbano y, en varios casos, la topografía, los costos crecientes, los recursos financieros insuficientes. Otro factor, menos mencionado, fue expuesto en el informe del INOS de 1952: «el empobrecimiento de las fuentes naturales de agua (…) motivado a la alteración del régimen hidrológico en el país, que se viene produciendo (…) debido principalmente a la deforestación». Esto, concluía el documento, hará «necesaria la enérgica intervención del Gobierno para la preservación de los bosques y reforestación de las zonas afectadas»40.

Con una población urbana que crecía a una tasa más alta que la nacional, las fuentes de agua mermaban inevitablemente41. En Valencia, el embalse del Guataparo, de fines de los cuarenta, era insuficiente en 1965, aunque se había proyectado para satisfacer el consumo de 1987; pero entre 1950 y 1961 la población aumentó 150 %, y en 1990 superaba el millón de habitantes. En Caracas, el sistema Tuy I aportó desde 1957 unos 3.000 litros por segundo a los 2.000 que ya recibía, un suministro que no tardó en rezagarse. Un nuevo embalse compensatorio, Lagartijo, entró en servicio en 1962. En 1963, como parte del programa de obras 1963-1970, se amplió el sistema Tuy I y se proyectó el sistema Tuy II, que se terminó en 1967. A comienzos de la década de 1980 entró en servicio la primera etapa del sistema Tuy III, integrado al embalse de Camatagua, inaugurado en 1969, que represa las aguas del río Guárico, a 150 kilómetros de Caracas.

El programa de 1963-1970 contemplaba un nuevo acueducto para abastecer a los 2.840.000 habitantes del Área Metropolitana de Caracas (AMC), según el cálculo para 198042. Una previsión que entonces parecía adecuada para el Acueducto Metropolitano, inaugurado en 1968, con capacidad para 3.000.000 de usuarios. En 1970, el 89 % de la población tenía acceso al servicio de acueductos, la mayor cobertura del servicio en toda su historia. Pero, aunque la nueva infraestructura tenía una capacidad muy cercana a la demanda, en 1981 la población del AMC se acercaba a 3.500.00043.

El mayor costo de las obras por la creciente distancia de las fuentes y la difícil construcción de las redes, obligó a recurrir al financiamiento externo. En 1972, la deuda de los sistemas operados por el INOS llegaba a 30.000.000 de bolívares (7.000.000 de dólares)44. El Instituto administraba 129 sistemas de suministro en 1964, y 152 en 1971; de estos, 137 tenían ingresos deficitarios. Se consideró entonces una política de autofinanciamiento de los servicios de acueducto y cloacas mediante un esquema de tarifas. Aunque resultaba una ambición difícil de alcanzar sin provocar malestar social.

La infraestructura sanitaria forzosamente seguía creciendo en esta época de gran expansión urbana. Entre 1959 y 1999, la política de vivienda popular incorporó en promedio 67.700 unidades por año, conectadas con el sistema de agua y cloacas. Incluso el plan de vivienda aplicado entre 1969 y 1973 para ahorrar costos, entregaba alojamientos solo con instalación de un baño con acceso al sistema de cloacas y acueducto y lo demás debía terminarlo el interesado. El crecimiento de la ocupación en los barrios, en áreas de difícil entrada, era un factor adicional del costo de la infraestructura sanitaria, de por sí oneroso44.

En el último tercio del siglo XX la magnitud de la infraestructura creaba dificultades de gestión. Solo en Caracas el servicio de agua potable se apoyaba en nueve embalses (tres principales y seis compensatorios): La Mariposa (1949), Quebrada Seca (1961), Lagartijo (1962), Camatagua (1969), La Pereza (1969), Ocumarito (1969), Taguacita (1984), Taguaza de 1997, Macarao (segunda etapa, 1999); 14 plantas de tratamiento y 147 estaciones de bombeo. Una infraestructura compleja y de gestión complicada.

Desde la disolución del MOP, en 1975, la Dirección General de Recursos Hidráulicos quedó a cargo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables (Marnr). En 1990 el INOS también desapareció y sus competencias fueron divididas, en el marco de la descentralización y de una mayor eficiencia administrativa. Estas decisiones, en un contexto de debilidad política y recursos financieros menos holgados que en otros tiempos, se cuestionaron por no favorecer la solución de los problemas de una infraestructura que requería una gestión diligente e inversiones importantes. Los problemas dieron relevancia al dilema sobre el papel de las obras hidráulicas que ya estaban sobre la mesa a fines de la década de 1960. Algunos planificadores se inclinaban por limitar el presupuesto de las obras para el consumo de agua potable, como estrategia para frenar el crecimiento de la demografía urbana. Otras opiniones, sobre todo del sector político, favorecían la inversión en obras para la población.

La Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, creada en 1967, presentó en 1970 el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, que alertaba sobre la proximidad de conflictos graves por el menguante recurso del agua. Las propuestas, hasta el año 2000, recomendaban inversiones en el sector agrícola con preferencia a las del servicio para las áreas urbanas.

Pero la presión del consumo urbano contrariaba esos planes, como parecía confirmarlo el caso del embalse de Camatagua (1963-1969), planificado para el sistema de riego en Guárico y Aragua, pero puesto al servicio de la demanda de Caracas, que hoy depende de ese suministro. El proyecto Tuy IV, iniciado en 1982, paralizado y retomado en 2012, fue anunciado como el sistema cuya capacidad excedente permitiría prescindir del suministro de Camatagua, pero tampoco avanzó, pese a los reiterados anuncios.

Según cifras de 1996, el sector agropecuario utilizaba 46 % del suministro de agua, mientras que el 43 % iba al consumo y solo 11 % a las industrias45. El aumento de la superficie irrigada lo confirma: en 1958 se beneficiaban 13.700 hectáreas, a fines de los ochenta eran 180.000 hectáreas y se calculaba en más de 1.500.000 al comenzar el nuevo siglo46. También se construyeron represas como la de Turimiquire (1976), para el servicio industrial y urbano. En las décadas de 1980 y 1990 descendió la construcción de embalses para el servicio urbano, así como la inversión en acueductos y la cobertura: en 1990 el agua potable llegaba al 79 % de la población.

La infraestructura hídrica del país contaba, al comenzar el siglo XXI, con 95 represas en servicio, 52 de ellas del período de mayor actividad de construcción, entre 1960 y 1980. El Guri dominaba el escenario de estas obras. En 1974, el aumento del ingreso fiscal por el incremento de los precios petroleros permitió modificar el plan original de Guri II. Las etapas II y III se fundieron y se trabajó sin interrupción hasta terminar la obra. En esta última fase se incrementó la capacidad del embalse y la capacidad generadora con la construcción de la sala de máquinas II para instalar siete turbinas adicionales, que completarían un total de 10. Esta ampliación, a cargo de constructoras venezolanas con consorcios extranjeros, fue una operación de una magnitud y una complejidad considerables; comenzó en 1975 con la instalación de ataguías para interrumpir la corriente y trabajar en seco, junto a la construcción de un puente provisional para el pase de vehículos y materiales en la peligrosa zona de descarga de las tres turbinas en funcionamiento.

Al terminar los trabajos de ampliación de la sala de máquinas en 1977, se activaron las 10 unidades que producían más de un tercio de la capacidad total de generación prevista para todo el proyecto. Pese a la crisis de finales de los años setenta y la merma de los recursos fiscales, los trabajos continuaron hasta concluir la última etapa del proyecto. La Central Guri fue inaugurada en 1986. Se completaron entonces los 9.589 megavatios del proyecto, casi el 57 % de la capacidad de las cuatro centrales sobre el río Caroní. Esa enorme capacidad de producción sumó a las exportaciones venezolanas la venta de energía eléctrica a Brasil y Colombia, países con los que se acordó un convenio en 1994. En esa década se completó el complejo de Macagua con las centrales II y III, finalizadas en 1997. La central hidroeléctrica Caruachi, en el bajo Caroní, se realizaba desde fines de los ochenta, avanzó lentamente en los noventa, y se culminó en 2006, después de unos años de paralización. El cuarto proyecto, la central Tocoma, debía ser terminada en 2012, pero sigue en obras. En el nuevo siglo, la infraestructura hídrica entró en una crisis prolongada y aguda, tanto en la prestación de servicios como en el desarrollo de otros proyectos.

 

Nuevos enfoques de la infraestructura de salud y educación

La urgencia constructiva y la intención probable de compensar las deficiencias históricas de la infraestructura con una arquitectura de valor excepcional, observadas en las décadas anteriores, cedieron paso en el último tramo del siglo XX a un ciclo de construcción menos activo y un tanto más austero, también pendiente del uso restrictivo de los recursos y de las exigencias por los cambios de la tecnología.

Entre los años setenta y ochenta se inauguraron los últimos grandes hospitales generales construidos en el siglo XX, en áreas de gran concentración demográfica. En 1970 abrió sus puertas el Hospital Miguel Pérez Carreño, un centro de atención general, con profesionales e instalaciones preparados para realizar cirugías de avanzada: allí se efectuaron los primeros trasplantes de corazón y de córnea. En Maracay, que contaba desde 1930 con un solo centro de atención general —el Hospital Civil, diseñado por Carlos Guinand Sandoz— en 1973 se inauguró el Hospital Central de Maracay con 552 camas. De esta época son otros tres grandes espacios de atención médica general: el Hospital General del Oeste Doctor José Gregorio Hernández, conocido como Hospital de Los Magallanes de Catia; el Periférico de Coche (1954) ampliado y modernizado en 1978; en Los Teques, el Hospital General Victorino Santaella (1980), con 11 pisos y 300 camas; y el último de estos centros y el único ubicado al este de Caracas, el Hospital de El Llanito Domingo Luciani (1987).

La infraestructura de salud se ajustaba en esta época a nuevos criterios dirigidos a reorientar los servicios médicos. Se promovía la atención primaria integral, prevenir antes que curar, lo que amplió el número de proyectos de nuevos ambulatorios: desde 1986 se construyeron 270 de estos centros preventivos urbanos y rurales. La planificación de grandes y costosos hospitales quedó atrás: los nuevos espacios, de dimensiones más modestas, tenían 200-300 camas47. El MSAS lanzó una campaña en 1991, el Proyecto Salud, para mejorar la atención en los hospitales y, con financiamiento y asesoría técnica del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, modernizar las instalaciones.

Aunque el argumento de la necesidad de recuperar y hacer un uso racional de las instalaciones existentes tenía aceptación, probablemente la razón de mayor peso era la disminución de los recursos financieros, que se manifestó cuando los centros médicos requirieron más inversión para incorporar tecnologías más modernas y elementos de infraestructura de más reciente data. El mundo de la salud también se complicaba. La oferta de hospitales públicos y camas presentaba una mayor demora, a pesar del incremento demográfico, no así la red privada que aumentó su capacidad48. En 1998 el número de hospitales llegaba a 703, de estos 457 eran privados. Otro signo de los cambios en el tránsito al nuevo siglo.

Tampoco la infraestructura educativa se desarrolló con el mismo impulso de antes. Alfabetizar y atender las necesidades de miles de niños y jóvenes que se incorporaban cada año a los distintos ciclos de la educación, ya no tenían la misma urgencia; por otra parte, la tasa de natalidad descendía desde la década de 1960, de modo que la tendencia de la demanda ya no sería la misma. La construcción escolar tuvo sus años de esplendor, pero desde los setenta los contextos y los criterios fueron otros.

Los programas de otras sedes para la educación pública exploraban métodos para disminuir los costos con un uso eficiente de materiales de construcción convencionales, soluciones prefabricadas y diseños prototipo. El tiempo de la creación arquitectónica para edificaciones escolares quedaba atrás. En 1976 se decretó la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), encargada de estudiar y planificar los proyectos de planta física, en colaboración con los ministerios de Desarrollo Urbano, el de Educación y las comunidades educativas. En la década de 1980 se construyeron 1.150 centros con el sistema de la FEDE.

Esa experiencia motivó la publicación, en 1985, de las «Normas y especificaciones para edificaciones educativas», que fijó y difundió criterios para el prototipo de edificio escolar. Dos años después, la FEDE firmó un convenio con INCE construcción (Instituto de Capacitación Educativa para el Sector Construcción) con el fin de instruir y ocupar a jóvenes de las comunidades en la edificación de sedes escolares. Un proyecto de interés para la Unesco, que financió el Programa Piloto de la Escuela Básica Brisas del Sur, en San Félix, estado Bolívar; la CVG donó el terreno para la escuela, construyó la infraestructura de servicios, la vía de acceso, la cerca y la cancha deportiva49.

En 1991 la FEDE organizó en Caracas el X Seminario Internacional de Gerencia y Mantenimiento de Edificios Educativos en Áreas Rurales y Periurbanas, con apoyo de la Sección de Arquitectura para la Educación de la Unesco. Asimismo, fue importante la colaboración de la Unesco para la exposición «Venezuela: la educación del hombre a través de su arquitectura» (París, 1993).

La conservación y compromiso de las autoridades y de la comunidad con la infraestructura también tuvo otro enfoque, como se señaló en el Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de las instalaciones, aprobado en la década de 1990. A esos criterios recientes se sumaron las disposiciones legales que sancionaban el incumplimiento de las responsabilidades de funcionarios y de la comunidad educativa.

El cambio en la matrícula también incidió en la infraestructura. La presión de jóvenes que salían del tercer ciclo de educación y buscaban opciones de formación para el mercado de trabajo, en carreras de corta duración con orientación técnica o de formación en una especialidad laboral, promovió la diversificación del cuarto ciclo con institutos tecnológicos, politécnicos y colegios universitarios. De forma que se amplió la oferta de estudios, pública y privada: en 1977 había 12 colegios universitarios, un año después 18 y en 1995 funcionaban 115 en varias ciudades, la mayoría en Caracas.

Así, tanto en salud como en educación, los desafíos enfrentados en las últimas décadas, en contraste con los de mediados de siglo, se presentaron en clave de dificultades por el contexto de circunstancias económicas, políticas y sociales. Pero hubo interesantes respuestas que requieren buena investigación.

 

Balance final

La expresión «historia oculta» suele asociarse con publicaciones que ofrecen descubrir algún episodio inconfesable del pasado, ocultado e ignorado de modo deliberado. Pero hay historias ocultas por motivos no maliciosos, simplemente por no estar a la vista, como en los casos de las infraestructuras soterradas que sostienen los servicios urbanos y territoriales. No ocurre igual con la infraestructura que se ve, la que generalmente se estudia y se valora.

En esta presentación sobre la infraestructura de servicios en distintas etapas a lo largo de más de un siglo, intentamos exponer parte de esa historia poco o mal conocida, y valorar su significación en la cultura urbana y en la historia de la construcción del país. El análisis de la información evidencia que, si las respuestas no siempre representaron la esperada solución a las constantes demandas sociales, económicas y tecnológicas, nunca faltaron ni la conciencia de esas necesidades, ni los proyectos de las obras requeridas. En las décadas de intensa actividad posteriores a los años treinta y hasta fines del siglo XX, se desplegaron con rapidez en el área general de la construcción y, en particular, en el desarrollo de la infraestructura urbana y territorial, los recursos apropiados que dieron a Venezuela una posición de vanguardia en la región.

Conocer y comprender el papel de la infraestructura es uno de los aspectos poco valorados del análisis histórico, a pesar de que la historiografía de los siglos XIX y XX evidencia, entre una y otra centuria, el contraste entre su ausencia o precariedad y su extenso desarrollo. De esa historia se desprenden dos observaciones. La primera es que los recursos económicos, profesionales y técnicos, así como las demandas promovidas por la presión demográfica, actuaron como principales factores que impulsaron esa expansión, la cual fue favorecida por el contexto de decisiones políticas e institucionales vigente desde 1936. La segunda considera la amplia proyección del desarrollo de distintos tipos de infraestructura durante el siglo XX, un indicador de su importancia como el motor de arranque de la vida social y económica contemporánea.

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María Elena González Deluca es historiadora. Profesora Titular jubilada, Universidad Central de Venezuela. Miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. gonzalezdeluca@gmail.com

1 No incluye las vías de transporte, ni las redes de comunicación, temas, en el presente volumen, de José Alberto Olivar, en su ensayo «La infraestructura del transporte y las comunicaciones».

2 La década de 1860 comenzó en medio de la Guerra Federal, siguió con el deslucido régimen de la Federación, hasta la «Revolución azul» que terminó en otra guerra y otra «revolución», la de abril de 1870, de la cual, en medio del caos, emergió el liderazgo de Guzmán Blanco, controvertido pero firme.

3 Memoria del Ministerio de Fomento, 1866: 122.

4 «Exposición del ministro Francisco González Guinán». Memoria del Ministerio de Fomento, 1880: XXXII.

5 Memoria del Ministerio de Fomento, 1867: VIII-IX.

6 Eduardo Arcila Farías, Historia de la Ingeniería en Venezuela, Tomo II, 2 tomos, Caracas, Colegio de Ingenieros, 1961: 360-363.

7 María Elena González Deluca, Venezuela, la construcción de un país… Una historia que continúa, Caracas, Cámara Venezolana de la Construcción, 2013: 173.

8 Memoria del Ministerio de Obras Públicas, Caracas, Imprenta de la «Gaceta Oficial», 1897: CLXIII.

9 Eduardo Arcila Farías, op. cit., Tomo II, 397-432.

10 Memoria del Ministerio de Obras Públicas, 1880: LXXXV y 43.

11 Eduardo Arcila Farías, op. cit., Tomo II, 436.

12 Memoria del Ministerio de Obras Públicas, 1909: 166-174. Corresponde al primer año del régimen de Juan Vicente Gómez. En 1908 no se presentó la Memoria.

13 Memoria del Ministerio de Obras Públicas 1928: 297.

14 Ibidem.

15 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de los Andes, Población de Venezuela, 1900-1995. Disponible en http://iies.faces.ula.ve/censo/pobla_vene.htm (Consulta: 12 de diciembre de 2020).

16 María Elena González Deluca, op. cit., 175.

17 El Cojo Ilustrado, Año II, Nº 39, Caracas, J. M. Herrera Irigoyen y Ca., 1 de agosto de 1893: 281-283.

18 María Elena González Deluca, op. cit., 193.

19 Luis Bravo Jáuregui y Ramón Uzcátegui, Cronología histórica de la educación venezolana, Caracas, Ediciones de la Memoria Educativa Venezolana, 2021: 85.

20 Francisco González Guinán, op. cit., tomo X, 36.

21 Ver la introducción al presente volumen de Arturo Almandoz Marte.

22 Eleazar López Contreras, «Mensajes y memorias, 1935-1941», Pensamiento político venezolano del siglo XX, Vol. 17, Caracas, Congreso de la República, Ediciones Conmemorativas del Bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, 1985: 243-286.

23 En el mejor conocido como «Programa de Febrero», ibid., 81-82.

24 El «Informe de la Dirección de Obras Hidráulicas sobre las actividades de 1959», destaca la escasez de ingenieros hidráulicos «repartidos en los diferentes organismos que ejecutan trabajos de aprovechamiento hidráulico y en empresas privadas». Memoria del Ministerio de Obras Públicas, 1960: 407.

25 «El Tiempo. Caracas, 4 de enero de 1943», Actividades del Banco Obrero. Reurbanización de «El Silencio», Caracas, Editorial Élite, 1943: s.p.

26 Ricardo De Sola, La reurbanización de «El Silencio». Crónica, Caracas, Banco del Caribe, Ernesto Armitano Editor, 1985: 84. En ese sector, donde más de 3.000 personas, «gente de mal vivir», habitaban en condiciones insalubres y peligrosas, la quebrada se convertía en la «cloaca madre».

27 Ibidem.

28 María Elena González Deluca, op. cit., 179.

29 En la Conferencia de Punta del Este (1961), donde se lanzó el programa de la Alianza para el Progreso, se acordó la meta del 70 % del servicio de agua potable y alcantarillado para áreas urbanas y del 50 % para el área rural en 1970. Ver María Elena González Deluca, op. cit., 184-185.

30 Memorias del Ministerio de Obras Públicas, 1966: I-19.

30 Ver en el presente volumen la introducción de Arturo Almandoz Marte, «Entre urbanización de campamento y modernización a trompicones».

31 María Elena González Deluca, op. cit., 313.

32 Ver en el presente volumen el ensayo de Arturo Almandoz Marte, «Del urbanismo a la gobernanza: modelos e institucionalidad».

33 El rescate, muy publicitado en la época, se realizó entre 1968 y 1969; se lograron salvar a miles de animales de distintas especies, aunque otros miles desaparecieron.

34 Memoria del Ministerio de Obras Públicas, 1939: 84-86.

35 Sonia Cedres de Bello, «Desarrollo tecnológico y construcción de los hospitales venezolanos en el siglo XX», Tecnología y Construcción, Vol. 23, Nº 1, Caracas, 2007. Disponible en: www.researchgate.net/publication/344179769_Desarrollo_Tecnologico_y_Construccion_de_los_Hospitales_Venezolanos_en_el_Siglo_XX. (Consulta: 18 de diciembre de 2020).

36 Las escuelas construidas en pequeñas comunidades rurales, alejadas de centros urbanos, requerían anexos como viviendas destinadas a los maestros, espacios para atención médica primaria y comedores.

37 El edificio se asignó finalmente al recién creado por entonces Instituto Pedagógico Nacional.

38 En la Memoria del Ministerio de Obras Públicas (1940: 233) se describe el edificio del liceo: dos plantas en cemento armado, aulas con luz y aire natural, laboratorios, biblioteca, salones para profesores, instalaciones sanitarias y atención médica, además de detalles como puertas en madera de cedro, herrajes de bronce y ventanas basculantes de acero.

39 Memoria del Ministerio de Obras Públicas. Resumen de Obras, realizadas y programadas, 1963-1966, Caracas, 1963: 19.

40 Memoria del Ministerio de Obras Públicas, 1952: 323.

41 Ver en el presente volumen el capítulo de Marco Negrón, «Petro-Estado, ciudad y territorio».

42 María Elena González Deluca, op. cit., 185.

43 Formalmente el ÁMC se estableció por decreto de 1969. Incluye los municipios Libertador y Chacao, y Baruta, El Hatillo y Sucre, jurisdicciones del estado Miranda.

44 María Elena González Deluca, op. cit., 185.

44 Ver en este volumen los ensayos de Alfredo Cilento Sarli, «Antecedentes, políticas y financiamiento de la vivienda», y Teolinda Bolívar, «De las rancherías a los barrios consolidados».

45 María Elena González Deluca, op. cit., 310.

46 Aixa Núñez, Francisco Lahoud y Ricardo Trezza, «La historia del riego en Venezuela», Academia, Vol. 8, Nº 15, Mérida, Universidad de los Andes, enero-junio 2009: 76-77.

47 Sonia Cedres de Bello, op. cit.

48 José Félix Oletta López, «Los hospitales públicos en Venezuela. Visión general», Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, Caracas, Nota Técnica Nº 47, 5 de mayo de 2012. Disponible en: www.rscmv.org.ve, (Consulta: 21 de noviembre de 2012).

49 María Elena González Deluca, op. cit., 261.