Una manera más justa de ayudar a las economías en desarrollo a descarbonizarse

CAMBRIDGE – La futura administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, promete una estrategia nueva y racional frente al cambio climático, de manera que es el momento ideal para plantear el caso de un Banco Mundial de Carbono que transfiera y coordine la ayuda y la asistencia técnica para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse. El Nuevo Trato Verde propuesto en Estados Unidos y el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea tienen objetivos ambientales loables pero son demasiado introspectivos. Cuando un edificio entero se está quemando, concentrar los recursos contra incendios en un piso no haría más que demorar, no impedir, su destrucción.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), casi todo el crecimiento neto en emisiones de dióxido de carbono en los próximos veinte años se originará en los mercados emergentes. Si bien China recientemente prometió alcanzar cero emisiones netas en 2060, es sensato considerar que esto representa la mitad de la producción de carbón del mundo y la mitad de su consumo de carbón.

India también es sumamente dependiente de sus copiosas reservas de carbón, y probablemente siga siéndolo a pesar de los marcados progresos en el campo de la energía solar. Más allá de toda la fanfarria que acompañó al acuerdo climático de París de 2015, el porcentaje de energía limpia en la inversión global en energía sigue siendo de apenas un 34%, casi exactamente el nivel de hace cinco años. La energía eólica y solar representan sólo el 8% de la energía global. La AIE estima que, si se permite que las centrales eléctricas operen en su forma actual por el resto de lo que se calcula será su vida útil, las temperaturas globales aumentarían 1,7 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales.

Ahora mismo, la estrategia más discutida para alentar a las economías en desarrollo a recortar sus emisiones de CO₂ es un impuesto al carbono en frontera sobre las importaciones de países sin sistemas adecuados de fijación de precios del carbono. La Unión Europea actualmente está considerando una medida de esa naturaleza y el Consejo de Liderazgo Climático (entre cuyos miembros se encuentra la futura secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen) también la ha promovido.

Prácticamente todos los economistas están a favor de impuestos al carbono (el sistema de fijación de precios del carbono de Europa es una versión más burda) para que productores y consumidores tengan en cuenta cómo sus acciones afectan el patrimonio mundial. Un ajuste del impuesto en frontera está destinado a impulsar a las economías en desarrollo a que introduzcan sus propios impuestos al carbono. La política es sólida desde lo conceptual, pero demasiado estática y difícil de implementar.

Por empezar, las economías en desarrollo no tienen ni los recursos ni la tecnología para transformarse de la noche a la mañana. Parte de la razón por la que las economías avanzadas han podido mitigar sus emisiones de CO₂ es que la producción global ha migrado a los mercados emergentes que han invertido fuertemente en energía.

La edad promedio de las plantas de carbón en Asia es 12 años, comparado con 43 años en las economías avanzadas. Dado que la vida útil de una planta de carbón es de aproximadamente 50 años, y que el carbón es uno de los pocos recursos naturales que China e India poseen en abundancia, el costo para las economías en desarrollo de Asia de decomisar sus plantas de carbón es inmenso. Y después está África, donde la cantidad de personas que carecen de electricidad ha aumentado durante la pandemia del COVID-19, a casi 600 millones.

La brecha entre la capacidad del mundo en desarrollo de lidiar con el cambio climático y los planes ambiciosos que se discuten en las economías avanzadas es sólo un ejemplo más de la enorme disparidad de riqueza y recursos entre el Norte Global y el Sur Global. En respuesta a la crisis del COVID-19, por ejemplo, las economías avanzadas reunieron un respaldo fiscal y crediticio en 2020 por un promedio superior al 16% del PIB, comparado con 6% en los mercados emergentes y 2% en las economías en desarrollo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y esta enorme brecha no tiene en cuenta la posibilidad de que los incrementos de la deuda relacionada con la pandemia se transformen en una crisis de deuda hecha y derecha en los países en desarrollo en los próximos años, lo que haría que la descarbonización se torne aún más difícil.

La fijación de precios globales del carbono es una parte esencial de cualquier solución de largo plazo a la crisis climática, pero las economías avanzadas tienen que brindarle al mundo en desarrollo una zanahoria, no sólo un palo. Esto debería cobrar la forma de un financiamiento altamente concesional, combinado con experiencia técnica y un intercambio de mejores prácticas –todo guiado por un Banco Mundial de Carbono.

El FMI, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales tienen un papel importante que desempeñar, pero sus mandatos son demasiado difusos como para que puedan lidiar por sí solos y de manera efectiva con el desafío climático. Mientras tanto, quienes piensan que la asistencia de gobierno a gobierno no debería ser parte de las soluciones climáticas tienen que tener en mente que las empresas estatales, que normalmente no responden a los incentivos económicos, dominan cada vez más la industria global del carbón.

¿Resulta demasiado optimista pensar que las economías avanzadas centradas en sí mismas alguna vez estén dispuestas a destinar grandes cantidades de ayuda –al menos 100.000-200.000 millones de dólares anuales- para ayudar al mundo en desarrollo a cumplir con los objetivos climáticos? La respuesta a la crisis del COVID-19 hasta ahora es poco alentadora; la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 ha ofrecido unos pocos miles de millones de dólares de ayuda a 40 países muy pobres, pero eso no es nada en comparación con los billones de dólares que los países ricos han invertido en sus propios ciudadanos. Un mejor impuesto al carbono o un mejor régimen de fijación de precios podría ser una fuente de financiamiento sostenible en el más largo plazo, pero el problema es demasiado urgente como para esperar a que esto encaje en su lugar.

El objetivo de alcanzar cero emisiones netas de CO₂ en 2050, que la UE ha adoptado y que Estados Unidos probablemente adopte pronto, es digno de elogio. Pero el ambientalismo NIMBY (no en el patio de mi casa) no es la manera de resolver un problema global.

Kenneth Rogoff, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

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