¿Qué pasó el #23F, el día del ingreso de la ayuda humanitaria?

El sábado 23 de febrero de 2019, dos de las ocho gandolas que transportaban cargamentos de ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela fueron incendiadas alrededor de las 3:00 de la tarde en territorio venezolano después de cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta la ciudad tachirense de Ureña con Cúcuta. Según declaró Guillermo Botero, ministro de Defensa de Colombia, el cargamento de una tercera gandola fue rescatado ante la amenaza de que también fuera incendiado. La cuarta se quedó en territorio colombiano. En una rueda de prensa, el diputado Andrés Mejía responsabilizó a “grupos irregulares” del incendio de las gandolas.

Fotografía de Schneyder Mendoza | AFP

Sobre las otras cuatro gandolas, Botero declaró que han regresado tres que estaban en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica con la población de San Antonio del Táchira. “El último (camión) no ha regresado aún por el volúmen de población que hay allí y al retroceder podría causar un eventual accidente, lo cual ha hecho que, de momento, hasta tanto no disminuya significativamente la población, el mismo no podrá retirarse hasta aquí”. Se tenía previsto que 14 gandolas salieran con 280 toneladas de ayuda humanitaria desde el centro de acopio de Tienditas, población fronteriza con Colombia. 

La representante diplomática designada por Juan Guaidó ante Brasil, María Teresa Belandria, informó que parte de la carga logró ingresar a Venezuela.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró que los hechos causados desde y en el territorio venezolano del 23 de febrero violan los derechos humanos. Contabilizó, hasta las 7:00 de la noche, 285 lesionados (255 son de nacionalidad venezolana y 30  colombianos) “principalmente por efectos de gases lacrimógenos y uso de armas no convencionales, de los cuales 37 han requerido hospitalización y han sido trasladados a los hospitales de la zona”. Christian Krüger, director de Migración Colombia, anunció el cierre de todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela en Norte de Santander, los días 24 y 25 de febrero, debido a los desórdenes que suscitaron el 23 de febrero.

Desde tempranas horas de la mañana, se registraron hechos violentos en Ureña, varias ciudades de Carabobo, en Barquisimeto, estado Lara, y en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, donde Correo del Caroní reportó dos manifestantes muertos, uno de ellos por impacto de bala identificado José Hernández, de 26 años.

Migración Colombia reportó que 60 funcionarios policiales y militares venezolanos cruzaron a territorio colombiano. “Han llegado desarmados a territorio colombiano más de 60 militares, varios de ellos oficiales, quienes han solicitado refugio a Colombia”, dijo el canciller. El director de Migración Colombia añadió:

“Especialmente en el puente Simón Bolívar es donde se ha presentado el mayor número, algunos también en Francisco de Paula (Santander) y tenemos específicamente 8 que hasta ahora se han entregado en Arauca. Nosotros les entregamos un salvoconducto. Ellos solicitan el refugio. Esta solicitud tiene unos análisis previos: ver quién es la persona, cuál es el argumento que están dando para la concesión del refugio. Con base a eso se estudia y se le concede o no la posibilidad de tener el refugio en nuestro país”.

Medios de comunicación y videos confirman que 15 funcionarios militares y policiales cruzaron hacia Colombia: diez de la GNB, un mayor del Ejército, un teniente de fragata de la Armada, dos funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana y un efectivo de las FAES.

Fotografía de Luis Robayo | AFP

En una declaración conjunta con los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Chile, Sebastián Piñera, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció que Nicolás Maduro “ha bloqueado parcialmente la entrada de la ayuda humanitaria. Se utilizaron como medios represivos paramilitares, se disparó a personas desarmadas. Se usó la violencia para detener medicamentos y comida”.

La secretaría de prensa de la Casa Blanca publicó un comunicado en el que condenó “enérgicamente el uso de la fuerza por militares venezolanos contra civiles no armados y voluntarios inocentes en la frontera de Venezuela con Brasil”. Además, instó “categóricamente a las fuerzas militares venezolanas a cumplir su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela. Los militares venezolanos deben permitir que la asistencia humanitaria ingrese de forma pacífica al país. El mundo está observando”.

Ricardo Rosello, gobernador de Puerto Rico, denunció en su cuenta de Twitter que el barco de ayuda humanitaria que partió desde su país el miércoles 20 de febrero “recibió amenaza directa de fuego por parte de naves venezolanas”. Informó que ordenaron al buque abandonar el área para resguardar la seguridad de la tripulación y los periodistas a bordo. Notificó “el grave incidente” al gobierno federal de Estados Unidos. Extraoficialmente se supo que la embarcación permanecería en Bonaire a la espera de nuevas instrucciones.

Maduro y Colombia

Durante una concentración en la avenida Urdaneta en Caracas, Nicolás Maduro informó que rompía relaciones diplomáticas con Colombia. “He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Colombia. Les doy 24 horas a sus representantes diplomáticos para salir del país”.

La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, respondió vía  Twitter que “Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él (…) pues su mandato terminó el 9 de enero”. Posteriormente, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que su gobierno no reconoce la legitimidad de Maduro, pero informó que su gobierno retirará “a la brevedad posible” a sus funcionarios en territorio venezolano “con el fin de preservar la vida e integridad”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un mensaje en Twitter en el que condenó los hechos de violencia reportados en Santa Elena de Uairén y en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan el estado Táchira con Colombia. La CIDH urgió a los cuerpos de seguridad venezolanos a “abstenerse de hacer uso de la fuerza; respetar y garantizar la vida e integridad personal de las personas bajo su jurisdicción; y permitir la libre circulación”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado “atacaron el hotel en el que se hospedan los equipos de prensa nacional e internacional en Ureña”. Lanzaron gas lacrimógeno y partieron los vidrios del edificio.

Al fin de la jornada, el presidente encargado, Juan Guaidó, en compañía del presidente de Colombia, Ivan Duque, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro —luego de referirse a las acciones del gobierno al impedir el ingreso de la ayuda humanitaria y reiterar que no descansaría hasta lograr la libertad de Venezuela—, anunció que el día lunes sostendría una reunión con el Grupo de Lima y con Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, a fin de discutir posibles acciones.