Ilustración de Lucas García

Ilustración de Lucas García

Por Ricardo Barbar

Un hombre caminó de prisa y se detuvo frente a mí: cuando lo miré me apuntaba con un cuchillo. Las escaleras de la estación Miranda del Metro de Caracas estaban vacías. Un aire caliente me subió desde la barriga hasta el pecho. 

Era 20 de enero de 2020, un día antes de mi cumpleaños. Canoso, camisa salmón y jeans, el ladrón tenía un rostro atemorizante. Me apuntó en la cara con un enorme cuchillo con empuñadura de madera. 

“Dame el teléfono”.

Tenía dos meses con él. Había cambiado mi iPhone 4s, que ya era viejo cuando me lo regalaron seis años atrás. Llevaba años tratando de reunir el dinero.

“¡Dame el teléfono!”, insistió.

Era zurdo y había quedado en una posición ventajosa: estaba unos pasos sobre mí en unas escaleras a la entrada de la estación Miranda.

“¡Dame el teléfono!”.

La inclinación del cuchillo era perfecta: desde abajo podía ver su brilloso filo. Retrocedí y comprobé que había un segundo sujeto impidiendo mi paso. Imaginé lo peor. 

Ilustración de Lucas García

Ilustración de Lucas García

“Tranquilo”, le dije casi sin voz, y no sé por qué levanté las manos. Sentí como si dos corazones latieran en mi cuello. La bolsa con el trigo y la crema de ajonjolí que llevaba quedaron en el aire. El miedo me impidió sacar el teléfono. El segundo ladrón lo tomó de mi bolsillo y salieron corriendo. 

No supe qué hacer por segundos. 

Traté de perseguirlos, pero me paralicé. Los vi perderse por Parque Cristal. 

En el trayecto a mi casa me atormentaba lo que no hice. Me sentí cobarde. Fantaseaba: qué hubiese pasado si supiera defensa personal, si hubiese gritado me robaron, si una turba se hubiera sumado y detenido a los ladrones. 

Llegué a mi casa sudando. Esa noche no dormí bien. Pensé que en Venezuela te puedes morir de regreso de comprar cualquier nimiedad. 

Al día siguiente era mi cumpleaños y no quería celebrarlo. Tomé la caja del teléfono robado y el viejo iPhone y me fui a recuperar mi línea. Fui a la policía a denunciar. Varias personas me dijeron que no perdiera mi tiempo. 

En la sede del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) de Chacao me dijeron que las probabilidades de recuperar un teléfono eran 50%. Tenían una sola impresora, pocas computadoras. El funcionario pidió un bolígrafo a sus compañeros. 

Me tomó las declaraciones: “Camisa salmón..., cuchillo..., hombre canoso..., 5:45 p.m..., estación Miranda”, dije.  

—¿Se llamaron por algún sobrenombre?

—No.

—¿Cómo vestía el hombre del cuchillo?

—Con una camisa salmón y jeans le dije.

Sentí que preguntaba varias veces lo mismo. 

—No vayas a reportar el teléfono como robado. Dile a la agencia que perdiste el chip porque si lo bloqueas no lo vamos a poder rastrear.

Salí con una hoja del expediente, sin esperanzas de recuperar mi teléfono. De regreso a casa, pasé por la estación en la que me habían robado. Le pregunté a una vendedora si había visto algo.

—A ese señor lo agarró Polichacao ayer.

Corrí a esa otra comisaría. Llegué sudando y le conté a los policías lo que me había sucedido.

—Sí, lo agarramos ayer. 

Sentí que era posible recuperar mi teléfono. Era mi cumpleaños y todo se iba a arreglar. 

—Pero lo soltamos por falta de evidencia —repuso.

—¿Recuperaron algún teléfono? —respondí.

—No.

Me enviaron una foto del ladrón por WhatsApp: canoso, camisa salmón... Se la mostré a mis compañeros de trabajo y lo reconocieron. Lo habían visto rondando la torre en varias ocasiones.

Reporté la línea perdida y compré el chip. “Debes esperar 24 o 72 horas para que la línea se active”, me dijeron en la agencia. 

Ese día por la tarde, cuando nos reunimos a celebrar mi cumpleaños, se fue la luz. No tardó demasiado en llegar, pero ya todo me incomodaba. 

2

Durante meses tuve pesadillas. Soñaba que me robaban, me apuñalaban. El confinamiento por covid-19 alivió mi estrés: evitaba la cercanía con la gente. Todo siguió más o menos igual hasta una tarde de junio, cuando recibí una llamada. La persona detrás del teléfono me dijo que era un CICPC. Puse a grabar la conversación porque estaba escribiendo una crónica donde a una de las entrevistadas la estaba siguiendo ese mismo organismo.

—Dimos con tu teléfono. Hay todo un cuento porque y que se lo dieron a un presunto fiscal. Él nos manifiesta que ese teléfono se te entregó. ¿Eso es cierto?

—No —contesté, y reconocí su voz: era el detective que me había tomado la denuncia en enero. 

—Mira la locura. Te voy a explicar. Yo ubiqué tu teléfono. El presunto fiscal llamó a la persona que tenía tu teléfono y le dijo que fuera directamente a entregarlo en la Fiscalía. Parece que hasta le quitó dinero. La Fiscalía conoce el número de expediente que llevamos por acá. Cuando me comunico con ese presunto fiscal, me dice que el teléfono fue entregado a la víctima, o sea a ti. Por eso te estoy llamando. 

Sentí alegría y desconfianza. Es difícil pensar que alguien esté haciendo su trabajo. 

El detective me contó que estaban investigando a un funcionario de la Fiscalía por mi teléfono. Había entrevistado a la persona que tenía el aparato. En el interrogatorio, la persona dijo que había comprado el teléfono, no sabía que era robado; luego recibió la llamada del presunto fiscal y entregó el equipo. El funcionario apagó mi teléfono por unos meses y luego lo encendió. El CICPC recibió una primera alerta el 11 de febrero, 21 días después del robo. Luego recibió una segunda alerta.

—Yo te llamo para que vayas a buscar tu teléfono —me dijo el detective antes de colgar. 

3

Días después, recibí otra llamada: 

—Te habla (...) de la Fiscalía (equis) del Área Metropolitana de Caracas. Un placer saludarte. Estuve tratando de contactarte por una denuncia de meses atrás. El robo de un teléfono. El CICPC me llamó y me mencionó que te iban a citar por el despacho. ¿Vas a venir?

Había puesto el teléfono a grabar.

—No, no me han avisado.

—¿El CICPC no te ha dicho absolutamente nada? —tanteó.

—No.

—La recuperación se hizo por el despacho. En el expediente está la constancia de las veces que se hicieron las llamadas telefónicas a tu número. Su número telefónico salía ocupado o fuera de servicio. Precisamente vine al despacho para registrar esa documentación. ¿Crees que puedas venir para acá?

—Dame la dirección. 

Pedí un taxi.

Cuando colgué, sentí que algo no encajaba. Había activado mi línea pocos días después del robo. Habían pasado cinco meses y nunca recibí ninguna llamada de la Fiscalía. Además, el funcionario del CICPC había dicho que él avisaba. 

Me movía de un lado a otro. Pensaba que todos me estaban engañando. ¿En quién debía confiar? ¿En los policías o en los funcionarios de la Fiscalía? 

Llamé al detective.

—Me dijeron de la Fiscalía que fuera a retirar mi teléfono. Estoy yendo a eso.

—No vayas. Espera la orden de nosotros para que lo vayas a buscar. Ese no es ningún fiscal, es un auxiliar que se quiso quedar con tu teléfono. Quiere dártelo para decir que te lo entregó y librarse del problema. Si vas es por tu cuenta. 

De nuevo la sensación de no saber a quién creer. Pensé varios minutos. “No voy a poder ir hoy”, le escribí al hombre de la Fiscalía. Respondió con varios mensajes:

“‘¿Puedes la próxima semana?”.

“Jueves igual”. 

“Porque es el día que se atiende al público”.

“Confírmame para que pueda agendarte”.

No respondí. 

Cinco días después volvió a escribir: 

“Para que asista el día viernes al despacho del fiscal, para tomar una entrevista ante el despacho y realizar la entrega del material del objeto. Para que se dé por citado para el viernes 10 de julio a las 10 am”.

Había cuarentena estricta. La mayoría de los entes públicos permanecían cerrados. La Fiscalía solo atendía lunes, miércoles y viernes. Él insistía:

“Mañana también puedo, pero de 11 am a 12 del mediodía”.

En Venezuela la mayoría de los funcionarios públicos no insiste en ser diligente. Este me escribía de noche y me ofrecía opciones.

—¿Qué piso es y por cuál fiscal pregunto? —respondí.

—Piso 4 —y no respondió la otra pregunta. 

—¿Cuál es el nombre del fiscal? —insistí.

—El viernes te anuncio en la lista para que te dejen pasar. Solo tienes que decir que vas a la fiscalía tal, piso 4 .

—Ok, pero tú me dijiste que iría al despacho del fiscal. ¿Cuál es el nombre del fiscal?

—Sí, eso fue lo que dije. El viernes te lo doy en persona. No entiendo cuál es la intriga por el nombre del fiscal.

—Bueno, nada —fingí—. Es que como dijiste que iba al despacho del fiscal quería saber su nombre.

—Tranquilo que si está en el despacho lo vas a conocer en persona.

4

Tenía problemas para conciliar el sueño. Soñaba con imágenes relacionadas con el robo. Tuve episodios de irritabilidad; fui intolerante y hostil. 

Leí que, ante un evento traumático, guardamos la impresión del momento: las imágenes quedan grabadas en la amígdala del cerebro, así como el significado emocional del evento. No recordamos lo que pasó como una historia, sino con imágenes visuales y otros fragmentos sensoriales: olores, sonidos, sabores o tacto que percibíamos mientras se creaba el trauma. Nuestra amígdala conserva esta impronta para que no volvamos a exponernos ante una situación similar. 

El detective había dicho que esperara, pero pasaron varias semanas y no llamaba. El procedimiento normal era que la Fiscalía recibiera mi teléfono y lo remitiera al CICPC, donde hice la denuncia y estaba toda la información del caso. ¿Pero cómo se procedía cuando alguien del ente que debía remitir el teléfono se quería quedar con él?

En esos días, una amiga me dio el número de un fiscal. Llamé y expliqué mi situación. Respondió: 

—La Fiscalía maneja información de los teléfonos extraviados. ¿Qué hacen algunos funcionarios? Ubican a la persona que compró el teléfono robado, le quitan dinero para no involucrarlo en el problema y se quedan con el teléfono. No informan a la víctima. La persona de la Fiscalía quiere entregarte el teléfono clandestinamente para que no aparezca que él lo recuperó de forma ordinaria. Ahora, ¿tú quieres recuperar tu teléfono o quieres que el CICPC siga con la investigación?

—Que el CICPC continúe con la investigación —respondí ingenuamente—. ¿Cuál sería el procedimiento normal?

—Denuncias ante el CICPC, ellos abren un expediente con los elementos que tengan y luego eso pasa a la Fiscalía, donde asignan a un fiscal del Área Metropolitana con competencia en robo y hurto de teléfonos. Ese fiscal escribe el código IMEI del teléfono y lo clasifica como “solicitado” en un sistema que envía un alerta que se enciende el teléfono. Se ubica a la persona que lo tiene y debe rendir declaraciones ante la Fiscalía. Esa persona tiene que ser imputada por comprar objetos provenientes de delitos. 

—¿Y en ese caso cómo sería si alguien de la Fiscalía se quería quedar con mi teléfono? 

—El fiscal titular o auxiliar que lleva el caso te hace una orden de entrega para que busques el teléfono, pero por despacho fiscal. Ahí es donde se hacen las entregas. El problema de este caso es que el que está implicado es un trabajador de ahí. Si tú no vas, él va a dejar mediante acta que se han hecho varias llamadas y tú no te has presentado. Por eso te digo: ¿tú qué quieres? Yo siendo tú recupero mi teléfono... 

Hablé con una abogada. Ella se encargaría de mediar entre la situación y, de cierta manera, de protegerme. Se comunicó con el detective del CICPC y me explicó: “Ellos quieren atrapar en delito de flagrancia al tipo de la Fiscalía”. Me tranquilizó entender lo que estaba sucediendo.

Jesús Loreto, abogado penal, explicó que la devolución de bienes se convierte en realidad en un juicio para probar que la persona implicada es la propietaria. “Piden unos requisitos, normalmente absurdos, para probar que eres el propietario. ¿Cuánta gente guarda la factura de compra?”.

Yo tenía caja y factura de mi teléfono, pero los problemas de mi caso eran otros. Loreto me explicó que usualmente hay retrasos y las devoluciones —si ocurren— pueden tardar entre dos y tres años. “Se generan alcabalas en las que te pueden pedir dinero para abreviar todos esos requisitos para entregarte tu equipo o inmueble. Agilizan y eluden los requisitos”. 

Ante este tipo de situaciones, dijo Loreto, “Los bienes permanecen en un limbo mientras nadie logra acreditar la propiedad. Durante ese periodo son bienes sin doliente que están en un listado, pero nadie les presta atención”. 

Mi abogada me explicó que mi caso se iba a tardar más porque hubo corrupción dentro de un ente público. Durante varias semanas fue a las oficinas de la Fiscalía. Supo que habían despedido a la persona que se quiso quedar con mi teléfono. Nunca volvió a escribirme.

En esas idas y venidas, a mi abogada le informaron que el celular estaba en custodia. Luego le dijeron que lo habían llevado a una fiscalía superior, donde le harían una serie de experticias. Una vez hicieran las pruebas, debían enviarlo de vuelta a la Fiscalía. 

Pasaron alrededor de cuatro semanas. 

El celular seguía en el mismo sitio. La cuarentena retrasaba aún más las demoras usuales. Las semanas se convirtieron en meses. Cada ida de la abogada era frustrante:

“Hoy me dijeron que hay un nuevo fiscal. Están esperando que se incorpore”.

“El fiscal no estaba en el despacho. Les dejé mi número y tú número para que te llamen”.

Semanas después:

“¿No te han llamado? No puede ser”. 

“Vengo de la Fiscalía. Que el personal tiene covid y no está trabajando”.

Llegó enero de 2021, había pasado un año. Lo último que me dijo el detective del CICPC era que su superior había decidido cerrar el caso. El abogado Jesús Loreto me explicó cómo debió resolverse la situación: 

“El proceso penal tiene unos fines específicos: el primero es establecer qué pasó, que se sepa lo que ocurrió. Lo segundo es que la víctima recupere lo que se le quitó y el tercero es que si se le causó un daño, se le repare. El cuarto fin del proceso es que, a luz de todo lo anterior que acabo de decir, la gente pague las consecuencias que establece la ley. Tú tienes una serie de garantías destinadas a asegurar esos derechos. Puedes decirle a un fiscal ‘Vaya y pida la orden de captura’, ‘Devuélvame mi teléfono y si usted lo quiere porque hay evidencia, unas huellas dactilares, pues yo se lo traigo y extrae las huellas dactilares’. Lo que ocurre es que la desinformación común de la gente, y por el otro lado el fastidio y el costo que genera ejercer esos derechos, se convierte en un sistema torpe que no sirve al ciudadano. Por un lado tú no recuperaste tu celular y por el otro el malandro sigue robando celulares”. 

La única vez que fui a la Fiscalía, en julio de 2021, el funcionario de la oficina se sorprendió: “¿Todavía no la han llamado, doctora, después de todo este tiempo?”, le dijo a mi abogada. Nos mostró el expediente del robo. 

Al salir le dije a mi abogada que dejáramos de insistir. Estaba perdiendo tiempo y dinero. Preferí aceptar la pérdida en lugar de seguir la dinámica del sistema judicial de Venezuela.

El tema quedó sepultado hasta una mañana de 2021, cuando iba de camino al trabajo en moto, año y medio desde que me robaron. No volví al Metro.

Ilustración de Lucas García

Ilustración de Lucas García

Vi a un hombre vendiendo chucherías. Hablaba con guardias y policías. Bromeaban en la entrada del Unicentro El Marqués, delante de la estación de La California. Su cara me llamó la atención. Entonces, cada vez que pasaba trataba de detallar. Luego de cinco días lo comprobé: era el sujeto que me había robado. 

Mi teléfono todavía sigue en custodia. 

Créditos

Edición: Ángel Alayón, Oscar Marcano y Luisa Salomón.

Texto: Ricardo Barbar

Ilustraciones: Lucas García.

Caracas, 26 de junio de 2022