Crisis en Francia por la reforma de pensiones

La administración de Emmanuel Macron invocó el poder constitucional contemplado en el párrafo 3 del artículo 49 de la constitución francesa para aprobar la reforma pensional que retrasa la edad de retiro por dos años, hasta los 64 años, sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.

Por designación del presidente Macron, Elisabeth Borne, Primera Ministra francesa, se presentó el jueves 16 de marzo en la Asamblea Nacional y aprobó la reforma pensional en Francia, ante el recibimiento hostil de un grupo de asambleístas, que incluyó abucheos y el canto de La Marsellesa, cuando se dirigió al hemiciclo.

“No podemos correr el riesgo de ver cómo se derrumban 175 horas de debate parlamentario. No podemos correr el riesgo de ver cómo se desestima el compromiso construido por las dos asambleas. No podemos apostar el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria”, afirmó la primera ministra.

Fotografía de Thomas SAMSON | AFP

(In)sostenibilidad del sistema pensional francés y la amenaza de un voto de censura

La propuesta de cambiar la edad de jubilación de 62 a 64 años, así como una ampliación de las cotizaciones a la pensión, se debe a la preocupación por la estabilidad financiera del sistema público de pensiones francés, considerado uno de los más generosos del mundo. Sin embargo, las previsiones del Consejo de Planificación de Pensiones indican que a largo plazo, el sistema será deficitario.

El proyecto de ley para aumentar la edad de jubilación en Francia fue aprobado por el Senado, la Cámara Alta de la Asamblea Nacional, pero enfrentó dificultades en la Cámara Baja, debido a que el partido de Macron no contaba con la mayoría parlamentaria. Los republicanos de centroderecha, que en su día estuvieron a favor de aumentar la edad de jubilación a 65 años, se mantuvieron indecisos a la hora de apoyar el proyecto a medida que crecían las protestas en su contra en todo el país.

A pesar de las recientes concesiones por parte del gobierno en distintos aspectos de la legislación, la reforma propuesta es considerablemente impopular. Según los sondeos, al menos dos tercios de la población francesa se oponen.

El presidente francés invocó la cláusula constitucional después de contar con la aprobación de la cámara, pero antes de que dicha reforma pudiera someterse a votación en la cámara baja de la Asamblea Nacional.

Francia contempla una edad de jubilación relativamente temprana en comparación con otros países europeos. Mientras que para los ciudadanos franceses la ley establece la edad de jubilación en los 62 años, en Gran Bretaña es de 66 años y en Alemania de 67 años.

La elevada esperanza de vida en Francia ha dado lugar a que los hombres tengan el segundo periodo de jubilación más largo entre los países miembros de la OCDE, después de Luxemburgo, mientras que las mujeres tienen el tercero más largo. Esto supone una carga para el sistema de pensiones francés, que se financia con las cotizaciones obligatorias de los trabajadores para soportar a los jubilados. La proporción actual de trabajadores por pensionista en Francia ha disminuido de 2,1 en el año 2000, a 1,7 en la actualidad, y se calcula que seguirá bajando hasta llegar a 1,3 en 2070.

En el pasado, elevar la edad de jubilación en Francia ha sido una tarea hercúlea para los expresidentes.

Jacques Chirac lo intentó sin éxito, y en 2010, Nicolas Sarkozy tuvo que hacer frente a enormes protestas antes de conseguir elevar la edad de jubilación de 60 a 62 años. La propuesta del presidente Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación a 64 años puede parecer un cambio moderado, pero no deja de ser un importante gesto simbólico que conlleva importantes riesgos políticos.

Invocar el apartado 3 del artículo 49 de la Constitución francesa fue una movida política peligrosa para el gobierno, ya que permite a los diputados presentar una moción de censura en un plazo de 24 horas.

La moción de censura fue presentada por el partido de derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que cuenta con 88 asambleístas, y se necesitaría reunir la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, es decir, 287 votos para obtener la aprobación. De tener éxito, la primera ministra junto al resto del gabinete ministerial de Macron serían destituidos y la reforma pensional derogada.

Desde su creación en 1958, la constitución francesa incluye el artículo 49, una disposición que Charles de Gaulle, líder de Francia en aquel momento, consideraba crucial para hacer frente a la inestabilidad parlamentaria de la Cuarta República y otorgar mayor autoridad al poder ejecutivo.

Aunque la Constitución francesa permite a los gobiernos eludir los procedimientos parlamentarios en determinadas situaciones, esta acción es percibida como antidemocrática, y aún si el gabinete logra sobrevivir a una moción de censura, Macron y Borne seguirán en la mira de críticas y cuestionamientos en referencia a los procedimientos democráticos.

Fotografía de LOIC VENANCE | AFP

Empleados esenciales en huelga

Un sector de la ciudadanía y distintos sindicatos han organizado huelgas y manifestaciones en las calles de París en respuesta a la reforma pensional. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha programado otra jornada de protestas para el 23 de marzo, y las huelgas de algunos sectores que garantizan el funcionamiento de la ciudad han puesto a la capital francesa en apuros.

La huelga de trabajadores del aseo de París, que se inició el 6 de marzo, ha provocado que las calles de la ciudad se llenen de basura. Debido a la dureza particular de este trabajo, la ley francesa permite a los empleados del aseo jubilarse a los 57 años de edad, con prestaciones reducidas, pero esta excepción no ha evitado un fuerte descontento por parte de los trabajadores frente al prospecto de que se les aumente en 2 años la edad mínima de jubilación, bajo el nuevo proyecto de ley aprobado.

La situación es especialmente grave en el distrito 10 de París, el cual depende de los basureros municipales, pero incluso en las zonas donde la recogida de basura está privatizada, ha habido afectación. La basura se acumula debido a las interrupciones en las incineradoras locales. Según AFP, no se han recogido unas 7.000 toneladas de basura desde que comenzaron las protestas.

La alcaldía de París aún no ha aportado una solución al problema, y la huelga no da señales de detenerse. Mientras la basura sigue acumulándose, crece la preocupación por los riesgos potenciales para la salud que suponen los residuos no recogidos.

La hostilidad de las protestas también ha aumentado. La participación en la manifestación del 7 de marzo fue ligeramente superior al récord anterior del 31 de enero. Y con la aprobación de la reforma pensional sin el apoyo legislativo, Francia podría experimentar una intensificación aún mayor de las protestas. Así mismo, existe la posibilidad de que surjan nuevos tipos de acciones sindicales, como sucedió durante las vacaciones de navidad pasadas, cuando se organizaron huelgas ferroviarias en la SNCF de manera espontánea, a través de las redes sociales y sin apoyo ni organización sindical.

Fotografía de LOIC VENANCE | AFP

Durante los dos últimos meses Francia ha estado dividida sobre la cuestión del aumento de la edad de jubilación. El jueves 16 de marzo, los ministros iban y venían entre la Asamblea Nacional y el palacio presidencial, pasando junto a montones de basura acumulada. Todo un símbolo del caos. La huelga de basureros continuará al menos hasta el lunes 23 de marzo.

Para Macron, el sistema actual de jubilación financiada por el Estado a partir de los 62 años es insostenible en el largo plazo, en la medida en que las personas viven más y gozan de mejor salud. Con menos trabajadores activos para mantener a un número de jubilados que sigue en aumento y con una creciente expectativa de vida, el sistema francés actual no es viable. Es el punto del presidente. Y sin soluciones sistémicas estará en peligro de colapsar.

Francia parece encaminarse hacia un periodo de agitación. El índice de aprobación de Macron, cuyo periodo concluye en 2027, es del 36%. Lo que refleja un crecimiento en impopularidad y el riesgo de que cualquier acción política o declaración puede agravar la situación actual.