Perspectivas

Mito y política; por Freddy Javier Guevara

No hay venezolano que en una mirada retrospectiva no quede atónito ante el vértigo mutante de la realidad que le circunda, ante el acertijo de cómo el país se desbarrancó. En una entrevista a Manuel Llorens publicada aquí en Prodavinci, surgió una señal. El sugerente encabezado de la conversación era el siguiente: “No hay símbolo que aglutine el descontento”.

Por Freddy Javier Guevara | 19 de julio, 2017
Leyenda Zeus arrojando un rayo a Tifón. Detalle de una vasija de agua. 530 A.C.

Leyenda Zeus arrojando un rayo a Tifón. Detalle de una vasija de agua. 530 a.C.

No hay venezolano que en una mirada retrospectiva no quede atónito ante el vértigo mutante de la realidad que le circunda, ante el acertijo de cómo el país se desbarrancó. En una entrevista a Manuel Llorens publicada aquí en Prodavinci, surgió una señal. El sugerente encabezado de la conversación era el siguiente: “No hay símbolo que aglutine el descontento”.

Se refería, por supuesto, al atolladero y la desesperación de una sociedad que no ve el final del túnel. La proposición del título aludía, de manera tangencial a la necesidad hallar un rastro perdido.

El símbolo

Cuando en lenguaje coloquial decimos que algo es un “símbolo”, o que es “simbólico”, implica que algo más allá de los límites racionales abarca nuestro entendimiento. Algo tácito rodea su figura como una nebulosa, fuera de lo concreto del contenido literal. Así se confiere una imagen latente, no explícita, a aquello que nuestra consciencia quiere expresar con palabras. Y es así como su influencia penetra el ámbito de lo inconsciente.

La cultura es simbólica: la religión, los rituales, el arte y la poesía son simbólicos. Los sueños también lo son. La forma como hacemos las cosas es simbólica y está respaldada por configuraciones inconscientes que son arquetipales, tienen un significado y han evolucionado con la cultura del hombre. Por esa razón, cada pueblo tiene sus tradiciones.

Pensar en forma simbólica solo se le es atribuido al ser humano, pues la proposición requiere de complejidad en el lenguaje y de una aproximación a la imaginación, posible solo en el homo sapiens.

Lo importante del símbolo es que es de utilidad para propiciar la imaginación y crear realidades paralelas como el mito. Todas las civilizaciones, sin excepción, crean sus propios mitos.

Alan Barnard2, profesor de Antropología de África meridional de la Universidad de Edimburgo, refiere:

“Una vez que el pensamiento simbólico ocurre, influencia el lenguaje, rituales, música, arte y creencias, y un desarrollo más completo del lenguaje. Y de estas formas culturales eventualmente brotará la complejidad lingüística que se requiere para el pensamiento mitológico”.

La observación de Barnard sugiere que la generación del mito comienza con el pensamiento simbólico, tiene un carácter evolutivo y hunde sus raíces en las profundidades psíquicas de nuestros ancestros. Está atado a lo más hondo de nuestros orígenes y forma parte del inconsciente colectivo*.

Jung3 decía:

“Como hay innumerables cosas más allá del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes”.

Se puede agregar que todas las ideologías se benefician del lenguaje simbólico. También las organizaciones sociales. Así configuran argumentos particulares que se apoyan, generalmente, de forma no explícita en un mito de creación. Las analogías y metáforas que colman el lenguaje, propician lo simbólico. Aportan profundidad a la expresión verbal, más allá del espacio de lo inteligible que se le atribuye a la realidad concreta.

Borges4 afirma que las metáforas “son la unión de dos cosas distintas”. Si digo que el azul del mar habita tus ojos, es una metáfora de la inmensidad, de la profundidad alrededor de tus pupilas. Si digo que su voz tiene la fuerza del trueno, le confiero un aspecto sobrenatural a la persona a quien atribuyo una alocución o un discurso.

Lo que alude J.L. Borges, no es cosa menuda, pues si los mitos están compuestos de metáforas simbólicas, lo opuesto entre dos cosas, por ejemplo, fuego y agua, combinados dentro de las imágenes de las metáforas, prefiguran lo mítico; es decir, lo contradictorio entre ficción y realidad deja de ser un problema a resolver por la razón.

De esta manera se crean en la arenga de la gente, de boca en boca, donde el contrasentido de las asombrosas analogías o metáforas que hacemos sobre personas, o sobre la realidad son, en parte, lo que las transforma en ficciones con vida propia, asumiendo así un rango sobrenatural.

El mito

El mito en toda sociedad moderna siempre está allí presente, en los estratos más o menos educados de un colectivo de individuos, o más allá, en todos los ciudadanos que componen una nación. El propio García-Pelayo6 argumenta que “la formación de una teoría política destinada a su entendimiento y, en general, una racionalización de la ‘cultura política’…, sólo aparecieron por primera vez en la Grecia del iv siglo a.C. Hasta entonces, la realidad política, al igual que toda realidad, fue interpretada en términos míticos”.

Con respecto al título de la entrevista hecha a Llorens, cuando se observa una sociedad que abriga con desespero el anhelo de organizarse en torno a una figura que represente o simbolice sus valores como un líder, se tiene certeza de que aspectos regresivos han anidado en el inconsciente de la estructura de esa psique colectiva. Se ha devuelto al mito cosmológico. Esa sociedad retrocede a lugares primigenios en los cuales las organizaciones tribales lidiaron para constituirse en una comunidad amalgamada. Las tribus necesitaban reprimir ciertos aspectos sociales, individuales y psíquicos para obtener un fin común y “conveniente” para el grupo.

Los jefes tribales estaban investidos con aspectos simbólicos y atributos sobrenaturales para guiar a su gente. Existe identificación en una especie participación mística** del pueblo con el jefe tribal. A veces, ostentaban un nombre de ficción compuesto por el carácter de ciertos animales, quizá un tótem de la tribu: Toro sentado, arañero, etc. Algunos gobernantes o reyes que han dirigido en tiempos difíciles se les acuñan apodos similares. A Winston Churchill se lo elogió con el apodo del león británico, a lo que él respondió: “El león británico fue el pueblo, yo solo di el rugido”.

El adversario o enemigo externo, real o imaginario, es una condición psíquica para las tribus, pues de esta forma se cohesionan mejor. A partir de la perversión de esta característica tribal, existe la posibilidad de que yazca aquí el origen de los populismos, pues no es casual que estas formas políticas se apoyen en mitos folclóricos en los que el enemigo es fundamental.

En el populismo que ha existido en Venezuela, el Gobierno siempre tiene un enemigo interno a vencer: la derecha apátrida, los escuálidos, la oligarquía, los terroristas; o externo: el imperio. Y la forma como el Gobierno es atacado, siempre es una ficción compuesta de realidad y fantasía delirante: La CIA nos espía desde los aparatos de televisión de nuestras casas. Este tipo de gobierno cuasi tribal, que necesita a muerte la identificación con un jefe, favorece la psicosis de masa, inconsciente y destructiva, pues todo un pueblo está en manos del líder y sus apetitos.

Siguiendo con el mito, Manuel García-Pelayo7 acota:

“Hay una diferencia fundamental con épocas anteriores, consistente en que a partir de ahora existe la consciencia de una tensión entre el mito y la razón… Pero en todos los momentos críticos de la vida social del hombre, las fuerzas racionales que resisten al resurgimiento de las viejas concepciones míticas pierden la confianza en sí mismas. En esos momentos se presenta de nuevo la ocasión del mito”.

El mito vive entre nosotros como una sustancia proteica y vigorizadora: tiene existencia propia. Razón y mito conviven en complacencia en las sociedades contemporáneas, y no son excluyentes. Así también cohabita lo racional y lo irracional en nosotros; sin embargo, como se ha observado en los estudios modernos de psicología, lo irracional es desconocido, inmenso, profundo e imponderable: la razón está atada a los límites de la consciencia. Al contrario de lo que se piensa, el hombre es un ser irracional domesticado por la cultura.

El balance entre estos opuestos se pierde cuando la realidad, tal cual es, pierde su “sentido y significado” y se intercambia por espejismos: “hagamos la revolución”, “pa’ lante, comandante”, “make America great again”, etc. Slogans vacíos de contenido que atizan la fantasía del mito.

Así los complejos autónomos de un colectivo, de los que no se tenía una consciencia real, adquieren una energía inusual. Por ejemplo, en el caso de Venezuela: “la deuda social”, la pobreza, la emoción de envidia tan vigente en la sociedad venezolana, la ficción de la riqueza petrolera, y al final, el mito originario de los héroes de la nación. Habría que agregar que la energía de estos complejos autónomos se alzó en Venezuela sobre la histérica puerilidad de la psique de su colectivo.

Los espejismos que inducen el desbalance entre realidad y mito suceden cuando existen fallas tectónicas psíquicas en las estructuras de una comunidad, a las cuales les podemos dar el nombre de heridas en el alma de una sociedad. Ya en el ámbito del mito no se necesitan los conceptos que nos aproximen a la razón. Mentiras y verdades tienen el mismo valor. Las contradicciones más bien aúpan la imaginación que favorece la mitología original.

Se ha observado cómo en algunas campañas electorales, en el pasado y en la actualidad mundial, en las que se combinan populismo, fanatismo, psique colectiva tribal y mito, lo falso y lo verídico van de la mano y adquieren a misma estima para el público que no discierne.

La elección de Trump en los Estados Unidos, por ejemplo, no es una sorpresa. Se hizo realidad gracias a que su campaña se fundamentó en el mito singular de esa nación, que entre otras cosas incluye: el sueño americano, la supremacía del hombre blanco, el racismo acérrimo que nunca ha sido sanado en realidad, la tenencia de armas por cualquier individuo, independientemente de su condición mental, la consideración del género femenino como inferior. Y la estupidez de lo “políticamente correcto”.

Lo impresionante es que haya sucedido luego de que ese país tuvo el primer presidente negro de su historia, y que con frecuencia existan matanzas de personas inocentes por individuos armados y desequilibrados, creando dolor y duelo en las familias de los ciudadanos estadounidenses. Además, lo peor, la ley encarnada en la policía decide si mata a alguien o no, por el color de piel. Este hecho delata que en ese país todavía no hay una compensación de opuestos, ni equilibrio en la balanza. Y posiblemente estos elementos sean los que desaten su decadencia.

Si las tradiciones fracasan en asimilar las nuevas ideas y los proyectos, al final los logros y alcances conquistados por las propuestas novedosas se desvalorizan. Surge así el vacío. La colectividad se hunde en la ansiedad y el miedo por lo incierto del destino. Se desequilibran los opuestos: razón y mito, y al tener preponderancia lo irracional en el hombre, el colectivo opta por la seguridad que emana de la energía del mito. Como consecuencia, hay una regresión y lo mítico adquiere el brío de la realidad.

Al desembocar las nuevas proposiciones, ideas, reflexiones y emociones en el delta del mito, por no haber sido asimiladas por las viejas creencias, pierden lo humano que en éstas existía y son devoradas por lo sagrado de lo mítico. Ya no serán las reflexiones novedosas que pudieran guiar un colectivo. Se asimilarán al dogma del momento que puede ser político, religioso, teórico o ideológico, y se harán parte de la estructura del mecanismo que las ha pervertido: fascismo, comunismo, nazismo, castrismo, chavismo, estado islámico, o trumpismo.

El problema se suscita debido a que el símbolo, y las redes del mito que lo rodean, al ser una polaridad se lo tragan todo e incrementan en sí lo destructivo y sombrío del polo opuesto: lo racional. Habría que pensar en este instante en la Alemania nazi y, por qué no decirlo, el mal que en la actualidad se ha ido sembrando en la sonrisa de los gobernantes de Venezuela, quienes gota a gota, y por detalles, han ido regando de inseguridad, muerte, inflación invivible, enfermedad, desastre en los servicios públicos, convirtiendo el país en un gran campo de concentración y a sus inquilinos poco a poco en desalmados.

Ya dentro del mito, es así como aparecen estos cuentos que lucen absurdos, pero no lo son: cuando alguien que representa un cargo preponderante en una nación dice que en una capilla de una iglesia oyó un pajarito que cantaba, y por el canto, supo que era el recién muerto presidente. Persona muy importante en el imaginario colectivo popular nacional. Y el funcionario inmediatamente le responde con un silbido y ambos establecen comunicación. Está apelando (no se sabe si de forma consciente) al mito cosmológico y, por qué no, incluso, al mito de la Trinidad y el Espíritu Santo.

El pájaro que habla representa lo de arriba, lo sobrenatural. El lugar escogido es perfecto, la iglesia, un espacio sagrado, y quien lo escucha, asume que es su elegido sobre La Tierra, supuestamente investido por la divinidad.

Los signos, símbolos y los mitos sirven para conservar unida a una nación, o la ideología de un Estado en contra de su destrucción. Eso es claro, pero la cultura suaviza su significado y la influencia que tienen en el colectivo de sus ciudadanos.

Las regresiones

La evolución de la humanidad se ha hecho, entre otras cosas, a punta de regresiones, y en el estudio de la historia se observa que los humanos tenemos cierta afición por éstas.

Al presentarse circunstancias adversas en la realidad, a veces se precisa de las fuerzas primordiales para adaptarse, sin embargo es un azar el pretender que las regresiones sean una garantía para retomar el camino extraviado. Encontrar el hilo de Ariadna no es fácil, pues entre las características de lo regresivo está el perderse, o quedar anegado en las arenas movedizas de lo ancestral.

Al adentrarnos en el ámbito de las fuerzas primarias de la evolución, las leyes se desvanecen. Es el mismo terreno que pisan los titanes. Allí todo es permitido, hasta devorar a los hijos. La violencia de la barbarie es la única norma.

Se pueden detectar algunos aspectos regresivos en la psique colectiva de una nación, cuando por un lado, a un individuo se le atribuyen rasgos mesiánicos y religiosos, y por el otro, esa misma persona ostenta los poderes terrenales de un gobierno. Es decir, que simbolice la providencia de un país como si estuviese iluminado por fuerzas “divinas”, y a la vez detente en sus manos todas las fuerzas institucionales y coercitivas que componen un Estado.

Con la aparición del cristianismo en las tierras del imperio romano con su: “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, se produce la escisión primigenia entre lo terreno y lo divino. Que será ampliada a través de la historia, teniendo como expresión extraordinaria la Revolución Francesa. Con ello el laicismo, adquiere anuencia de ciudadanía. La huella de esta escisión tiene una referencia en el colectivo de las repúblicas del mundo occidental. Cada quien es responsable de su creencia y la ejerce de manera que no coarte la libertad de los otros o, por lo menos, debería ser así.

En el Occidente, católico o protestante, el Dios todopoderoso, con su sapiencia espiritual y terrenal, sólo lo ha sido encarnado por un hombre: Jesucristo. Para observar las manipulaciones del mito cristiano por los políticos, por ejemplo, hay una reciente. Cuando Lula Da Silva fue sometido al escarnio público con su juicio, dijo: “En popularidad, solo me gana Jesucristo”, también hizo alusiones a la vida de Cristo comparándola con la suya. Allí demostró, de forma clara, un encubrimiento tras el mito y, por qué no decirlo, su hybris***.

A nuestro pesar, la historia siempre es paradójica. Y cada cierto tiempo, aparecen esas figuras que pueden ser presidentes, líderes carismáticos, dictadores, héroes nacionales, vengadores con ideologías sociales, salvadores de la patria, millonarios con fórmulas mágicas para mejorar la economía de un país y paremos de contar.

La figura sólo debe tener un atributo: representar algo simbólico, un “mesías”, un “rey”, o alguien visionario, dotado de una “sabiduría” fuera de lo común, al cual se le atribuyen casi los rasgos de un semidiós y, como consecuencia, debe detentar el poder “per saecula saeculorum”. Luego de su muerte, sus ideas deben ser compartidas, reverenciadas, seguidas por el colectivo, sin desviación y así formar parte del mito de una tribu, una nación, incluso un continente.

En América Latina hay un ejemplar: Fidel Castro. A pesar del exceso de los aspectos oscuros de su figura, sus seguidores van y vienen y se cambian de vestimenta, pero él sigue allí. Ahora más, luego de que ha muerto y su mito se extiende como una onda tóxica y fantasmal.

En realidad las ficciones de los líderes mesiánicos y megalómanos del mundo son siempre las mismas: perdurar en el imaginario colectivo de quienes representan. Aunque, al final, se transformen en un espectro como la momia de Lenin, en Moscú. En Rusia, por ejemplo, siempre habrá el fantasma de la búsqueda de líderes carismáticos que representen el poder hegemónico, e “indestructible”, como el que una vez ostentaron los zares y luego imitó el imperio soviético. Un símbolo entre tantos es la momia de Lenin, so pena de padecer lo que le sucedió a Mijaíl Gorbachov.

El que orienta los caminos de una sociedad en el mundo democrático occidental, es habitualmente un presidente, o un primer ministro. Él representa el lugar de arriba, pero no interpreta un símbolo sino un espacio desde donde dirige de forma transitoria los pasos de una nación. Está investido del máximo poder y autoridad, ceñido a las leyes que rigen la estructura social de un Estado, sin embargo, es un poder terrenal, con límite de tiempo y con funciones ajustadas por las asambleas o congresos, elegidos por sufragio. Esas instituciones son las que deberían ostentar lo simbólico en una nación moderna.

Hay una dinámica en el inconsciente colectivo que trasforma las sociedades. Lo podríamos llamar espíritu de los tiempos y es independiente de la voluntad de sus líderes; claro está, a menos que se petrifiquen, como es el caso de Cuba o Corea del Norte, por ejemplo.

Lo perverso está en que se obligue con la ortopedia del poder a imponer un sistema político como el comunismo a una sociedad que lo rechaza por no tener tradición de esa forma desprestigiada de vivir.

C.G. Jung8 señala que “el significado de los símbolos depende enteramente del estado de consciencia del individuo”.

En Venezuela, en 1999, hubo alguien que aglutinó el descontento. Representó un símbolo y las propuestas que requería el país para darle una respuesta al reto de modernizarse fueron sustituidas por autoritarismo. Luego de su muerte, el símbolo se perdió y se quebró. Sus seguidores tratan de sostener el símbolo. Se le llama galáctico, eterno, buscando lo divino. Y rinden culto a un mito que ya no existe.

Al perderse el símbolo aparece el caos porque dicha pérdida induce desintegración de todo orden construido sobre falsas estructuras. Desaparecido el mito, sucede la degeneración y surge el mal. Hoy la ciudadanía venezolana sufre y lucha por liberarse de tal escogencia.

***

Referencias

* Inconsciente colectivo: término acuñado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, quien postuló la existencia de un sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón.

** Participación mística: término acuñado por el antropólogo francés Lévy-Bruhl, indicando ausencia de límites, una sensación de fusión entre el organismo humano y su medio ambiente.

*** Hybris: es un concepto griego que puede traducirse como “desmesura”. Un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres mortales terrenales.

[1] Hugo Prieto. Abril 2016. “No hay símbolo que aglutine el descontento”. Entrevista a Manuel Llorens. Prodavinci.

[2] Aland Barnard. 2012. Genesis of Symbolic Thought. Cambridge University Press, P 147.

[3] C. Jung. El Hombre y sus símbolos, 1995. Paidos. P 21.

[4] Jorge Luis Borges. 2001. Arte poética, Seis conferencias. La Metáfora. Crítica Letras de la Humanidad. P 37.

[5] Manuel García-Pelayo. 1981. Los Mitos políticos. Alianza Editorial. P16-17.

[6] Manuel García-Pelayo. 1981. Los Mitos políticos. Alianza Editorial. P 12.

[7] Manuel García-Pelayo. 1981. Los Mitos políticos. Alianza Editorial. P 19.

[8] G. Jung. 1932. La psicología del yoga Kundalini. Editorial Trotta. P141.

La consulta del 16J desde la mirada de Gallegos; por Ramón Escovar León

Las imágenes de los venezolanos votando civilizadamente en la consulta popular del pasado domingo, evidencia que la dictadura militarista-populista que tiene atenazada a Venezuela ha recibido una clara señal de repudio. Esta expresión de la voluntad popular debe llevar al gobierno a retirar su constituyente fraudulenta. Difícilmente Venezuela haya visto un gobierno con tanto rechazo

Por Ramón Escovar León | 18 de julio, 2017
Fotografía de Maura Morandi

Fotografía tomada por Maura Morandi durante la Consulta Popular organizada por la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio

Las imágenes de los venezolanos votando civilizadamente en la consulta popular del pasado domingo, evidencia que la dictadura militarista-populista que tiene atenazada a Venezuela ha recibido una clara señal de repudio. Esta expresión de la voluntad popular debe llevar al gobierno a retirar su constituyente fraudulenta. Difícilmente Venezuela haya visto un gobierno con tanto rechazo interno y desprestigio internacional. ¿Cómo ha sido esto posible? Hay varias razones pero la más evidente es el intento de implantar a troche y moche un modelo —el comunista— al estilo cubano que solo puede garantizar su propio fracaso. El pueblo mayoritario asocia al régimen y su modelo con miseria, represión, corrupción, hampa y hambre en un ambiente de intolerancia en el que los jerarcas hablan, se mofan, amenazan y ofrecen, sin parar y sin conocer sus límites, lo que no pueden cumplir.

Para explicar lo antes señalado, tomaré como referencia un bastión de nuestra cultura literaria y política: Doña Bárbara del gran Rómulo Gallegos. Entre las muchas reflexiones que esta obra ofrece hay dos que merecen especial comentario. En primer lugar, el capítulo 10, que tiene un pasaje que nos enseña que a veces el éxito está garantizado para quienes hablan sin parar de lo que no saben. Se trata de lo que Lorenzo Barquero le dice a Santos Luzardo: “Sabía que todo aquello que los demás admiraban en mí era mentira. Lo descubrí a raíz de uno de los triunfos más celebrados de mi vida de estudiante: un examen para el cual no me había preparado bien. Me tocó desarrollar un tema que ignoraba por completo, pero empecé a hablar, y las palabras, puras palabras, lo hicieron todo. No solamente fui bien calificado, sino hasta aplaudido por los mismos profesores que me examinaban. ¡Bribones! Desde entonces comencé a observar que mi inteligencia, lo que todos llamaban mi gran talento, no funcionaba sino mientras estuviera hablando; en cuanto me callaba se desvanecía el espejismo y no entendía nada de nada. Sentí la mentira de mi inteligencia y de mi sinceridad”. Este es sin duda uno de los momentos de mayor esplendor de esta obra, cuya capacidad de leer y recrear nuestros arquetipos vernáculos es, en mi opinión, su mayor logro.

El pasaje citado describe a quien habla sin parar de lo que no sabe y con eso pretende deslumbrar a sus oyentes, que serían más ignorantes que el propio parlanchín. Es lo que ha sucedido en los últimos dieciocho años, con una dirigencia que habla sin acompañar con hechos sus dichos y que, en consecuencia, cada día cuenta con menos seguidores. Primero fue Chávez, quien podía lanzar jerigonzas interminables sin decir nada concreto, salvo ofrecer planes cuya ejecución echaron las vigas maestras del régimen que ha convertido a Venezuela en una auténtica pesadilla. Y luego Maduro, que, tratando de imitar a su mentor, construye un discurso que termina siendo pobre y torpe. Esa habladera sin sustancia —salvo amenazas e insultos— corresponde con lo que le narra Barquero a Luzardo, pues su “inteligencia” solo funcionaba “mientras estuviera hablando”. En otras palabras, algunos únicamente funcionan mientras asocian palabras vacías de contenido, como lo haría Cantinflas. Esta es una de las enseñanzas que nos deja el capítulo de Doña Bárbara antes señalado.

En segundo lugar, hay que destacar la situación que se genera debido a la indefinición de los linderos entre los fundos Altamira y La Barquereña. Esta falta de definición es el porqué de pleitos y desavenencias: “la causa de la discordia que destruyó a los Luzardos”. Esto surge porque en la obra, en el documento de partición con el cual había que definir los linderos se plasmó una expresión ambigua: “hasta el palmar de La Chusmita”. La imprecisión produjo unos efectos determinantes entre ambas familias. En efecto, debido a ello comienza la lucha entre los herederos, con pleitos y diferencias permanentes, pues hay una falta de claridad en los límites de cada uno. Es lo que algunos pretenden encontrar en la Constitución nacional, al subrayar en ella cláusulas ambiguas que les darían el derecho a usurpar funciones y destruir límites que permiten guardar distancia en una sociedad civilizada, tal como lo “entendió” la Sala Constitucional (en adelante SC) al interpretar las reglas de una fraudulenta asamblea constituyente.

Aquí cabe preguntarse entonces: ¿por qué Gallegos, que planifica toda su novela, dejó sin definir el asunto de los linderos? Probablemente porque quiso potenciar la imagen de la falta de límites que caracterizaba la Venezuela de la época; y que sigue caracterizándola como se evidencia en lo que estamos padeciendo los venezolanos en los años recientes. Por el contrario, una cláusula abierta en una Constitución es para que el intérprete, amparado en las más sanas reglas de interpretación, le dé sentido y alcance, siempre expandiendo derechos, en un contexto adecuado. Lo otro, es decir, el atropello a la armonía del sentido común, genera situaciones de conflicto, tal como ocurrió entre los Barquero y los Luzardos.

En cuanto al abuso de los funcionarios que ejercen el poder sin límites tenemos el ejemplo del amanuense del jefe civil que está hecho de la misma tela de su jefe y que, convertido en un rábula, diseña emboscadas legales para obtener sus ilegales ventajas. Siempre están presentes los excesos de poder como el caso del chafarote encargado de resguardar la seguridad de la Asamblea Nacional cuando empuja al presidente de la institución: estamos ante el conflicto de civilización y barbarie, que se niega a sucumbir.

La limitación a los poderes es esencial en el Estado constitucional. Para eso existe el balance institucional para evitar el abuso de unos sobre otros. Es lo que sucede en Venezuela con lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así ha ocurrido, entre otros casos, contra la Asamblea Nacional al pretender despojarla de sus facultades y atribuciones. Desde las sentencias 155 y 156 de la SC se ha proferido una cadena de decisiones que representan la barbarie judicial. Pero como todo es “perfectamente empeorable”, como decía Juan de Mairena a sus alumnos, esta ráfaga de decisiones no tiene límites: cada semana el TSJ nos sorprende con una decisión que hace olvidar la anterior.

Ahora le llegó el turno a la Fiscal General de la República con el juicio que se le ha montado. En ese marco, la SC ha designado una “vicefiscal” que pretende usurpar las funciones del designado para ese cargo por la Fiscal y que fue ratificado por la Asamblea Nacional. Aunque en principio la designación hecha por la SC podría ser motivo de risa, no es así porque constituye una amenaza adicional a la paz de Venezuela e impide dejar de lado la pesadumbre en la que nos ha sumido el régimen. A esto se añade que se le han atribuido al Defensor del Pueblo, arbitraria e inconstitucionalmente, las facultades que la Constitución confiere al Ministerio Público (artículo 285), a sabiendas de que es un funcionario al servicio del Psuv y que, por tanto, no es imparcial. Esto para despojar al Ministerio Público de sus facultades, como han hecho con la Asamblea Nacional. Las dictaduras al estilo cubano, no creen en la ética del poder.

El Consejo Nacional Electoral no escapa a este irrespeto a las fronteras del poder. Muchos son los ejemplos que pueden mencionarse. Pero hay uno que no puede pasar inadvertido: el llamado de la presidenta del Consejo Nacional Electoral para hacer el mismo día de la consulta popular convocada por los demócratas un “simulacro” electoral para la “asamblea nacional constituyente”, el cual resultó en un estruendoso fracaso. Se trata de una muestra adicional de una funcionaria que desprecia el protocolo democrático -inviolable en este caso en que ella se atreve a pisotearlo con una conducta pasiva agresiva- y carece de la necesaria prudencia que debe orientar a los conductores del Estado. En este caso se aprecia claramente el desbordamiento de sus facultades, así como el deseo de perturbar la libre manifestación de voluntad de los venezolanos que participaron en la entusiasta y ejemplar consulta popular del 16J. Pero el pueblo puso las cosas en su sitio: total indiferencia con el simulacro y masiva participación en el plebiscito.

Por si fuera poco, se impone, además, una censura a la libertad de expresión: se prohibió a los medios de comunicación de radio y televisión informar sobre la consulta popular, tal como lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Esta orden habría sido dada en forma oral, bajo la modalidad de amenaza. (En un canal privado se comenzó a transmitir la rueda de prensa de los expresidentes y de repente la transmisión no continuó).

La votación del pasado domingo 16J, con participación de 7.535.259 de venezolanos (con 99.01% de votos escrutados), es otra etapa de este movimiento opositor basado en el artículo 350 de la Constitución que consagra el derecho a la desobediencia civil pacífica, y que lleva más de 100 días exigiendo libertad. Y no hay conducta más civilizada y democrática que la del voto.

La exitosa jornada del pasado domingo 16 de julio demostró que el modelo cubano que se ha aferrado al poder, carece de apoyo popular. Solo se sostiene a punta de represión militar y “decisiones” judiciales. Esto demuestra que el gran Rómulo Gallegos sigue presente, no solo por la calidad de su literatura, sino por la energía simbólica con la que expone el lado inocultable de la barbarie venezolana de la época —lamentablemente no superada— y de qué manera se enfrenta a la civilización. La consulta del 16J es el ejemplo del lado civilizado de la sociedad venezolana que literariamente destacó nuestro gran escritor.

En horas cruciales; por Carmen Beatriz Fernández

El domingo la oposición venezolana logró una consulta popular de gran visibilidad nacional e internacional. Fue un proceso admirable que demostró capacidad logística, compromiso democrático, y una valentía ciudadana que raya en el heroísmo. Se convocó y organizó en menos de un mes y participaron 7,5 millones de venezolanos, incluyendo unos 700 mil ubicados en

Por Carmen Beatriz Fernández | 18 de julio, 2017
Fotografía de Verónica Aponte

Manifestantes opositores durante la consulta popular del 16 de julio de 2017. Fotografía de Verónica Aponte

El domingo la oposición venezolana logró una consulta popular de gran visibilidad nacional e internacional. Fue un proceso admirable que demostró capacidad logística, compromiso democrático, y una valentía ciudadana que raya en el heroísmo. Se convocó y organizó en menos de un mes y participaron 7,5 millones de venezolanos, incluyendo unos 700 mil ubicados en el exterior. Sin tiempo, sin recursos, sin apenas medios de comunicación. No contó con el arbitraje y capacidad organizativa de la institución electoral ni tampoco con la custodia de la Fuerzas Armadas Nacionales, aspecto éste que demuestra que ambas son prescindibles en la organización de un evento electoral nacional. Tampoco fue una elección propiamente dicha, y hacía visible para quienes participaron, que el ser opositor al régimen, en Venezuela entraña riesgos.

Es claro que el gobierno trató de obstaculizar e invisibilizar la convocatoria, y que una vez ocurrida viene tratando de desprestigiarla e invalidarla. Sin embargo, la consulta tuvo un enorme valor simbólico y los símbolos en política son los elementos más poderosos, los grandes articuladores de la narrativa política.

Y en esa competencia entre narrativas el gobierno ha perdido: millones de venezolanos salieron a expresar su protesta pacífica y democráticamente. El domingo hubo un acto de desobediencia ciudadana que clamó y visibilizó las demandas por el retorno a la democracia. El relato que se ha tratado de articular desde el gobierno desde que iniciaron las protestas hace más de 100 días, es el de definirlas como violentas y focalizadas, minoritarias y alejadas del sentir mayoritario de la población. Esa narrativa cuenta con el apoyo de toda la batería comunicacional al servicio del gobierno, incluyendo en los planos internacionales la de TeleSur y Rusia Today. Ese relato busca categorizar a quienes protestan como terroristas y allanar caminos para un desenlace a lo Siria.

El relato alternativo de la oposición es que la protesta es pacífica, constitucional y clama por un desenlace electoral. Esa ha sido la clara línea de la Unidad, y ha contado a su favor con la visibilización de las muchas demostraciones de protestas pacíficas, así como las más amplias y variadas manifestaciones musicales y culturales en general. En Venezuela están dadas todas las condiciones para la rebelión social y si ella hasta la fecha no ha sido más violenta es sólo por el carácter profundamente democrático de un pueblo que ha vivido bajo democracia durante más de dos generaciones.

Siempre se ha pensado que quien tiene necesidades de existencia no puede darse el lujo de tener necesidades existenciales. Sin embargo en los más de 100 días de protesta que van en Venezuela coinciden ambas cosas. La rebelión popular que se vive en el país tiene que ver con la lucha por la propia existencia, pero también con la lucha por los valores democráticos y el régimen de libertades que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido confiscando día a día. La lucha por la existencia es literal: en el país hubo 70 homicidios por cada cien mil habitantes el año pasado (el promedio del mundo es de 7 y el de las Américas, como un todo, de 15). Pero además una hiperinflación que es récord mundial, y que ya va por su quinto año consecutivo siéndolo, alcanza el 700% anual, y el desabastecimiento en fármacos básicos alcanza el 85% del mercado. Son sólo tres de los indicadores que hablan de la dura lucha por la existencia que libran a diario los venezolanos.

Erica Chenoweth, académica de la Universidad de Denver, lleva un registro histórico de la resistencia civil en el siglo XX y es activista de la lucha no violenta en el siglo XXI. Identifica como un patrón la “regla del 3,5%”, la noción según la cual ningún gobierno ha podido soportar un desafío de más del 3,5% de su población movilizada sin acometer cambios profundos o desintegrarse. Pues bien, se calcula que en las protestas venezolanas más de 4 millones de venezolanos han salido a las calles a protestar en estos 100 días, representando casi un 20% de la población (Datanálisis, junio 2017). Y en el acto de este pasado domingo la protesta casi se duplicó, cuantitativamente hablando.

¿Qué pasará a partir de aquí? Está por verse. En gran medida el desenlace dependerá de lo que ocurra en el plano internacional. La comunidad internacional parece haber entendido la oportunidad del momento. La tiranización de Venezuela, por un régimen forajido sentado sobre las reservas de crudo más grandes del planeta, implica un riesgo geopolítico global real.

Venezuela está sentada sobre una bomba de tiempo, unas condiciones de vida infrahumanas afectan a más del 80% de su población, y está un default económico en puertas. La situación humanitaria puede aún empeorar. El vecino colombiano Juan Manuel Santos así lo ha entendido, y teme al impacto que ello tendrá sobre su propio país, pues una frontera viva de 2.200 kilómetros hace imparable una migración muy masiva si no aparecen soluciones urgentes. Ayer hizo un llamado a detener la convocatoria de Maduro a la Constituyente. Lo hizo, además, apenas regresando de un viaje a Cuba donde se habría encontrado con Raúl Castro. Por su parte, también ayer, Donald Trump amenazó con sanciones de proseguir el camino de la constituyente. Y la Unión Europea hizo lo propio.

Enrique Krauze ha propuesto una “salida sin precedentes” con la intervención de la comunidad internacional, inspirada en la llamada doctrina Betancourt formulada en 1959:

“Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

Plantea una alianza entre Europa, América Latina y El Vaticano que permita una intervención en la situación venezolana. “Un cordón sanitario –diplomático, financiero, comercial, político– al régimen forajido de Maduro, persuadir al papa Francisco de ser más agresivo en este esfuerzo y presionar juntos a Raúl Castro para aceptar la salida democrática: cese a la represión, elecciones inmediatas, respeto a las instituciones, libertad a los presos políticos”.

Por su parte el presidente peruano Pedro Pablo Kuczysnki ha planteado una solución más americanista, con la mediación del presidente canadiente Justin Trudeau como fiel de la balanza y un trío de países escogido por cada una de las partes, que apunte a una negociación que arroje un desenlace electoral.

Contra todo pronóstico Nicolás Maduro y su gobierno vienen aguantando y podrían seguir empecinados en la convocatoria “constituyente”, aún a sangre y fuego. Se aferran a la represión como instrumento de sobrevivencia. Lo que hay detrás de este apego al poder es la convicción de no tener salidas alternativas. Varios altos cargos gubernamentales tienen serias cuentas pendientes en materia de narcotráfico y derechos humanos. La tiranización de la sociedad es en parte consecuencia de la construcción de un Estado forajido. Si bien es cierto que la represión aún no alcanza niveles masivos ni tan desmedidos como los de otras dictaduras de la historia, el régimen va claramente encaminado a ello. Con más de 90 muertos en las protestas, más de 400 presos políticos y más de 3000 procesos legales abiertos contra opositores, podríamos decir que se aplica aún la “represión al por menor”; sin embargo, el gobierno avanza hacia la hechura de una Constitución a la medida, prevista a través de un fraudulento “proceso constituyente” que secuestra el derecho a voto universal y directo, y que planea avanzar en la confiscación de libertades fundamentales. El proceso plebiscitario del domingo ha dejado al desnudo el carácter conflictivo e impopular de esa “Constituyente”, que merece ir entre comillas porque cualquier constitución implica un arreglo mínimo de convivencia y consenso social, del que ésta carece.

En el zigzagueante camino hacia la dictadura constitucional, Leopoldo López, el preso político más emblemático, ha sido beneficiado con una medida de “casa por cárcel”. La medida apunta a aligerar presiones nacionales e internacionales, y también a agrietar la unidad opositora. No debe confundirse con una señal de renovado afecto humanitario por parte del gobierno, pues se contabilizan 15 nuevos presos políticos, que han entrado a prisión desde que López fuera liberado la semana pasada, en lo que activistas de derechos humanos han denominado “la puerta giratoria de la represión”.

En Venezuela se juegan los valores democráticos del continente americano y son las próximas horas muy relevantes para escribir el futuro.

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Del 19 de abril de 1811 al 16 de julio de 2017: el plebiscito en Venezuela; por Carlos García Soto

La jornada que ha vivido el país este 16 de julio seguramente entrará como un capítulo importante de nuestra historia política contemporánea. A pesar de las distinciones conceptuales que puedan hacerse sobre la naturaleza de la jornada cívica, para facilitar el análisis podemos considerarlo como un tipo de plebiscito. Al final del día, lo que

Por Carlos García S. | 18 de julio, 2017
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Fotografía de Verónica Aponte

La jornada que ha vivido el país este 16 de julio seguramente entrará como un capítulo importante de nuestra historia política contemporánea. A pesar de las distinciones conceptuales que puedan hacerse sobre la naturaleza de la jornada cívica, para facilitar el análisis podemos considerarlo como un tipo de plebiscito. Al final del día, lo que los venezolanos hemos hecho es expresar nuestra opinión política sobre la crisis del país y sobre el papel del Gobierno en esa crisis, sobre todo a partir de la convocatoria que se ha hecho a una Asamblea Nacional Constituyente.

Legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio

Ante determinadas circunstancias, se plantea el problema —conceptual y vital— de hasta qué punto un determinado Gobierno mantiene su legitimidad para ejercerlo.

La legitimidad política, en ese sentido, puede ser considerada como el conjunto de condiciones que debe cumplir un Gobierno para lograr el consenso mínimo entre los gobernados. Habitualmente se hace la distinción entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Un Gobierno podrá ser legítimo en su origen, por haber vencido unas elecciones realizadas conforme a reglas democráticas. Pero, además, todo Gobierno debe alcanzar y mantener la legitimidad de ejercicio, según respete los principios y normas previstos en la Constitución, entendida ésta como un acuerdo político, en sus relaciones con los Poderes del Estado y con los ciudadanos.

El plebiscito como instrumento de participación
ciudadana en crisis de legitimidad política

El plebiscito viene a ser, precisamente, un instrumento de participación ciudadana para atender a la opinión de la sociedad en un momento de crisis política, en la que se cuestiona la legitimidad de un Gobierno. De hecho, bajo el término “consulta popular”, es reconocido por el artículo 70 de la Constitución como uno de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”. Conforme al numeral 4 del artículo 187 de la Constitución, es competencia de la Asamblea Nacional “organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”.

El plebiscito en los inicios de la Independencia de Venezuela

El primer plebiscito de la historia de Venezuela sería de alguna manera pintoresco, pero fundamental como evento político, como pocos en nuestra historia: cuando el 19 de abril de 1810 el Cabildo de Caracas cuestiona la autoridad de Vicente Emparan y, en medio de la confusión, y luego de recibir diversas recriminaciones, éste pregunta, desde la ventana del Ayuntamiento, a las personas congregadas en la Plaza Mayor (hoy Plaza Bolívar de Caracas) si querían que él siguiera mandando, las personas allí congregadas, alentadas por el sacerdote José Cortés de Madariaga, contestaron que no. Entonces vendrá la célebre frase de Emparan: “Pues yo tampoco quiero mando”. Emparan renuncia y viaja a España.

El plebiscito promovido por el General Marcos Pérez Jiménez

Pero pasarán muchos años hasta que en Venezuela se plantee un escenario plebiscitario.

Cuando faltaban algunos meses para la finalización del período de gobierno para el cual había sido electo en 1953 el General Marcos Pérez Jiménez se plantea la conveniencia de convocar un plebiscito. El objeto de esa iniciativa era convocar al electorado para que se pronunciara sobre su permanencia o no en el poder, como una forma de evitar el término de su presidencia, fijado para el 19 de abril de 1958, y sobre el cual no le estaba permitida una reelección.

El plebiscito celebrado el 15 de diciembre de 1957 arrojaría una votación supuestamente favorable a la permanencia en el poder del General, si bien en el ambiente se entendía que tal resultado era fraudulento. Lo cual no hizo sino colaborar en el colapso de su régimen en enero de 1958.

El referendo consultivo frustrado en 2003

Un supuesto similar de plebiscito, frustrado, se planteó en el país en 2003, si bien bajo la figura del referendo consultivo. Antes de que se formulara ante la opinión pública la posibilidad de realizar un referendo revocatorio en 2004, las fuerzas que se oponían al gobierno del presidente Chávez habían promovido la iniciativa de un “referéndum consultivo”, previsto en el artículo 71 de la Constitución, cuyo objeto era consultar a los ciudadanos si estaban o no “de acuerdo con solicitar al Presidente de la República Ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías la renuncia voluntaria a su cargo”, para el 2 de febrero de 2003.

Sin embargo, en la sentencia Nro 3 de 22 de enero de 2003, caso Darío Vivas y otros, la Sala Electoral decidió, entre otros aspectos, suspender los efectos de la Resolución Nro 021203-457 del CNE del 3 de diciembre de 2002, que había aprobado la solicitud del referendo consultivo, con lo cual el referendo consultivo quedó suspendido.

La consulta popular del 16 de julio de 2017

Hoy, en medio de una crisis política con pocos precedentes en la historia del país, la figura del plebiscito vuelve a ser fundamental en la dinámica nacional, bajo la figura de una iniciativa impulsada por Acuerdo de la Asamblea Nacional, y que se ha convertido en una iniciativa conocida como “consulta popular”, que buena parte del país ha hecho suya.

La celebración de esta consulta popular se realiza justo a dos semanas de la fecha de elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria debió ser realizada por el pueblo, y no por el presidente de la República, en violación de los artículos 5 y 347 de la Constitución.

Por ello, la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional ha sido una respuesta política a la convocatoria fraudulenta de la ANC, cuya convocatoria correspondía al pueblo y cuya elección ha sido fijada para el 30 de julio.

En la medida en que la consulta popular del 16 de julio fue convocada por la propia Asamblea Nacional, corresponderá a esta, junto con la dirigencia política, señalar cuáles serán las consecuencias institucionales y políticas que se derivarán de la expresión popular que se ha mostrado el 16 de julio, para lo cual ya se ha señalado una hoja de ruta en esta misma semana.

Salvemos la república; por Marcelino Bisbal

I A estas alturas del tiempo ya no nos cabe ninguna duda que estamos en presencia de un régimen militar-militarista. El término responde a la preocupación que ha venido sentando el historiador Germán Carrera Damas cuando en el año 2012 nos advertía, con tono grave y por lo que él avizoraba para el país, que

Por Marcelino Bisbal | 12 de julio, 2017
Guardia Nacional Bolivariana. 10 de julio de 2017. Fotografía de Leo Álvarez

Guardia Nacional Bolivariana lanza bombas lacrimógenas a manifestantes opositores en una protesta el 10 de julio de 2017. Fotografía de Leo Álvarez. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

I

A estas alturas del tiempo ya no nos cabe ninguna duda que estamos en presencia de un régimen militar-militarista. El término responde a la preocupación que ha venido sentando el historiador Germán Carrera Damas cuando en el año 2012 nos advertía, con tono grave y por lo que él avizoraba para el país, que la República tal como la veníamos conociendo estaba en serio peligro y que se avecinaban signos que se dirigían hacia su demolición. Nos decía Carrera Damas:

“Hace ya algún tiempo que vengo dando, por esta vía, la voz de alarma ante la que he denominado la demolición de la República, concebida como la manera de abolir el ejercicio de la Soberanía Popular como fuente necesaria de la legalidad y la legitimidad del Poder Público (…) Hemos desembocado, de esta manera, en una situación en la cual toda comparecencia ante la Soberanía Popular se ha vuelto temible para el régimen. Hasta el punto de que sus usufructuarios sienten la necesidad no ya de falsear los términos de esa comparecencia, sino de hacerla innecesaria”.

Estupendo retrato de la situación que estamos viviendo hoy. Pero no solo está peligrando la República Liberal Democrática que se había instaurado en 1945-1948, sino que el contenido y sentido de la democracia hace ya un buen rato que se dejó de lado. Un Gobierno que niega la consulta popular, primero con el proceso del referéndum revocatorio y luego con las elecciones regionales, no puede considerarse democrático, sino todo lo contrario. Es decir, su tinte autoritario se transparentó de manera descarnada. El país todo sentía los signos del autoritarismo en muchas políticas públicas que se formulaban y luego se aplicaban. Pero después de esos hechos y de los últimos acontecimientos expresados en las sentencias últimas del TSJ y de la feroz represión emprendida ante las protestas ya no nos cabe ninguna duda sobre su definición como sistema político y forma de gobierno: esto es un autoritarismo que desde hace tiempo traspasó la línea, es decir estamos ante una dictadura. Qué bien nos lo expresaba la pensadora Hannah Arendt en su ensayo Comprensión y política cuando nos dice que “La decadencia de las naciones empieza con el cuestionamiento de la legalidad, cuando el gobierno viola las leyes o cuando se cuestiona la autoridad de su origen y se duda de ella”.

Qué duda cabe, pues allí están sus acciones políticas, que hace ya un rato que el Gobierno se desvió del camino de las leyes que él mismo se dio y se desvió de la letra constitucional porque sabe que hoy, aquí y ahora, está en evidente minoría. Frente a la situación política actual de crisis, en todos los órdenes de la vida pública, el Gobierno ha asumido, de manera consciente, una política pública que lo lleva a cometer los desafueros que hemos venido viendo en estos años, pero mucho más grave lo que ha venido ocurriendo después del 6 de diciembre del 2015 cuando perdió la mayoría en la Asamblea Nacional.

De lo dicho hasta ahora concluimos, visto todo lo que ha acontecido, que la manera como el Gobierno ha venido actuando es despótica (del griego despótes, dueño, señor). Esto significa que abusa de su autoridad y que trata de imponerse por la fuerza y con dureza y que gobierna sin más normas que su voluntad de mantenerse y perpetuarse en el poder.

II

Lo que está en peligro hoy es la República, a pesar de todos sus defectos, unos congénitos y otros adquiridos. En efecto, está en grave riesgo de perderse la idea de República en Venezuela, al menos como la concibió el abogado, periodista y político Juan Germán Roscio quien fuera el  fundador de esa idea para Venezuela y además quien apoyara a Simón Bolívar en la reconstitución de la República de Venezuela. En la idea de república subyace el concepto de democracia que solo es posible de concretarse en una verdadera república que haga posible lo que nos decía Luis Castro Leiva:

“Queremos ser libres y ser ciudadanos, por tanto, queremos ser los ciudadanos libres de una república popular que hoy significa una aspiración más compleja, a saber, la de ser ciudadanos libres e iguales de una democracia, de la democracia que hoy la encarna”.

Lo que se nos está planteando en el presente inmediato, con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es lo contrario a la idea que concibieron pensadores como Roscio y de lo que nos expresa en la actualidad Castro Leiva.

Cuando vemos por estos días los avisos publicitarios que promocionan la necesidad de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando leemos las ideas de quienes defienden esa necesidad de reformular los principios de la actual Constitución diciéndonos que “la Asamblea Nacional Constituyente es la apuesta al futuro (…) y que el 30 de julio se abrirá la puerta al futuro”, o cuando escuchamos los discursos-proclamas de Nicolás Maduro y las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente diciéndonos que el fin último es “refundar la Patria…” no me cabe la menor duda que en el fondo se trata de desviar la idea de democracia y de república hacia el cauce autoritario y peor aún hacia la dictadura-tiranía totalitaria. La mejor comprensión de esas formulaciones del por qué de una Asamblea Nacional Constituyente, está expresado en las siguientes palabras de Carrera Damas en el cierre de su imprescindible libro en la hora actual: En defensa de la República. Allí se nos dice:

 “… sacudidas las frases hechas, y desmontadas las carambolas seudo conceptuales queda muy claro: deshuesar la República para rellenarla de despotismo, mediante la instauración de una Monarquía absoluta, de hecho, que vuelva prescindible a la Soberanía Popular”.

 III

La república es una forma de gobierno, mejor una forma de vida que nos hace conscientes de que somos ciudadanos que aspiramos a vivir en libertad. Lo que nos propone la cúpula militar-militarista que nos gobierna es ni más ni menos que la desviación despótica como forma de conducir la República. Los venezolanos de este tiempo, y los que nos precedieron también, hemos escogido la soberanía popular “como fuente necesaria de la legalidad y legitimidad del Poder Público”; hemos escogido la democracia como una manera de vivir en libertad y como sistema de gobierno; hemos privilegiado la democracia porque ella es, ante todo, una manera de existir y vivir cotidianamente; hemos escogido el ser ciudadanos y no súbditos de ningún poder…

Sentimos, no son meros deseos, que el des-orden está llegando a su fin. Con razón el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática nos dice enfáticamente que “si la dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude, ello significaría sencillamente la disolución de Venezuela como república. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro, cabe sólo él y su proyecto de perpetuarse en el poder”. Para que eso no ocurra, el 16 de julio con la Consulta Popular tendremos la mesa servida para iniciar la reconstrucción de la República de Venezuela y la posibilidad de vivir en democracia. Solo participando TODOS podemos hacer realidad esa afirmación.

***

P.S Este artículo sigue las ideas de dos textos fundamentales para el tema como son En defensa de la República (Los Libros de El Nacional) de Germán Carrera Damas y el de Luis Castro Leiva: Sed buenos ciudadanos (Alfa Ediciones). Lo que usted ha leído, en lo esencial, son de esos autores y quien escribe solo le ha añadido alguna frase de unión para darle coherencia al texto.

Sobre la convocatoria a la constituyente y la consulta del 16 de julio; por Carlos García Soto

Venezuela se ha convertido en el país de las paradojas, algunas especialmente dramáticas. Sobre el ejercicio de la soberanía popular reposa hoy una de esas dramáticas paradojas. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sin el pueblo Como una respuesta a las protestas ciudadanas que comenzaron a finales de marzo, el presidente Nicolás Maduro decidió

Por Carlos García S. | 12 de julio, 2017
Manifestantes opositores en la avenida Francisco de Miranda. 9 de julio de 2017. Fotografía de Leo Álvarez. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores en la avenida Francisco de Miranda. 9 de julio de 2017. Fotografía de Leo Álvarez. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Venezuela se ha convertido en el país de las paradojas, algunas especialmente dramáticas.

Sobre el ejercicio de la soberanía popular reposa hoy una de esas dramáticas paradojas.

La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sin el pueblo

Como una respuesta a las protestas ciudadanas que comenzaron a finales de marzo, el presidente Nicolás Maduro decidió “convocar” a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a principios de mayo.

Conforme al juego de los artículos 347 y 348 de la Constitución, el titular de la convocatoria constituyente es el pueblo. Como he explicado en un artículo publicado aquí en Prodavinci, no cabe llegar a otra conclusión a partir del artículo 347 de la Constitución:

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Que el pueblo es quien convoca al poder constituyente, además, es la conclusión que se deriva si se recuerda cómo fue el proceso constituyente de 1999 y cuál fue la discusión sobre la figura de la constituyente en la ANC de 1999.

Otra ha sido la interpretación del presidente Maduro, a partir de una lectura fraudulenta del artículo 348 de la Constitución que ciertamente la faculta para tener la iniciativa constituyente. Pero esa iniciativa sólo se restringía a la competencia para solicitar al Consejo Nacional Electoral que celebrara un referendo para que el pueblo se pronunciara sobre si quería o no convocar un proceso constituyente, nunca para “convocar” directamente una ANC.

Esa interpretación ha sido luego sustentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que al interpretar el contenido del artículo 347 concluyó en la sentencia Nro. 378 de 31 de mayo de 2017 que si bien la convocatoria de la ANC corresponde al pueblo, y al Presidente la iniciativa, como la Constitución no exige expresamente un referendo para la convocatoria, entonces no será necesario realizar un referendo consultivo.

Tal es el origen del carácter fraudulento del proceso constituyente que se quiere imponer al pueblo venezolano: siendo el pueblo, conforme a la Constitución, el titular de la convocatoria al proceso constituyente, no se celebró referendo alguno para que el pueblo se expresara a favor o en contra de ir a un proceso de este tipo, en franco desconocimiento de la soberanía popular que se reconoce para este específico tipo de procesos en el artículo 347 de la Constitución.

La consulta popular al pueblo del 16 de julio

La Asamblea Nacional ha convocado una consulta popular para este 16 de julio, con el fin hacer que el pueblo decida sobre:

1. La propuesta constituyente

2. La necesidad de que la Fuerza Armada obedezca y defienda la Constitución de 1999 y respalde las decisiones de la Asamblea Nacional y

3. Sobre la renovación de los Poderes y la celebración de elecciones.

La consulta popular es uno de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” previstos expresamente en el artículo 70 de la Constitución. Por su parte, conforme al numeral 4 del artículo 187 de la Constitución, es competencia de la Asamblea Nacional “organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”.

La Asamblea Nacional, por tanto, en su carácter de legítimo representante de los ciudadanos, puede convocar y organizar una consulta popular a los venezolanos, para que estos se pronuncien sobre asuntos de interés nacional, como los descritos en el Acuerdo aprobado.

La soberanía popular como núcleo de la democracia

La gravedad de la crisis venezolana ha alcanzado, qué duda cabe, al mismo orden de los conceptos. La perversión de estos ha permitido justificar buena parte de los atropellos a los derechos.

Un concepto diáfano sobre la soberanía popular podría ser éste: la facultad que se reconoce al pueblo de tomar las decisiones fundamentales sobre la vida social. Al pueblo le corresponderá por ello decidir sobre su conformación y gobierno.

Y aquí, paradójicamente, el concepto de pueblo bien pudiera ser el que la propia Sala Constitucional en sentencia del 27 de junio de 2002, caso Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández:

“Debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”.

Desde esa perspectiva es que resulta absolutamente necesario que sea el propio pueblo, mediante referendo, el que decida si ir o no a un proceso constituyente. Y, también, desde esos conceptos, será natural que el órgano de representación popular, la Asamblea Nacional, en un gesto de reciprocidad, le consulte al mismo pueblo que le eligió sobre asuntos de interés nacional.

Esa idea de la soberanía popular, como derecho de los pueblos a determinar su propio devenir, estaría en la base del Acta de Independencia, cuya celebración hace unos días sería precisamente manchada por la violencia contra la representación popular:

“Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes”.

La soberanía popular, reconocida expresamente en el artículo 5 de nuestra Constitución, será el fundamento sobre el cual debe reposar todo Gobierno en esta República.

Ante la convocatoria fraudulenta a un proceso constituyente sobre el que al pueblo no se le permitió pronunciarse, el órgano de la representación popular ha convocado una consulta al pueblo para que éste se exprese.

Esa es una de las paradojas dramáticas que hoy nos muestra Venezuela.

El juez libre y la balanza en equilibrio; por Ramón Escovar León

Uno de los autores de mayor influencia en la formación de los abogados de mi generación es el gran maestro florentino Piero Calamandrei. Leer su obra en estos momentos de oscuridad de la vida judicial venezolana genera en el lector un proceso de reflexión sobre lo que significa, para la libertad y la justicia, el

Por Ramón Escovar León | 11 de julio, 2017
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De izquierda a derecha Piero Calamandrei y Benito Mussolini

Uno de los autores de mayor influencia en la formación de los abogados de mi generación es el gran maestro florentino Piero Calamandrei. Leer su obra en estos momentos de oscuridad de la vida judicial venezolana genera en el lector un proceso de reflexión sobre lo que significa, para la libertad y la justicia, el comportamiento de los jueces de la “revolución bolivariana”. El maestro florentino fue uno de los redactores del Código de Procedimiento Civil italiano de 1940, trabajo técnico que realizó junto a otros dos grandes juristas: Francesco Carnelutti y Enrico Redenti. Calamandrei escribió una obra de gran calado que incluye, entre otros, La Casación Civil, Derecho Procesal Civil, Estudios sobre el proceso civil, Proceso y democracia, Demasiados abogados, Elogio de los jueces escrito por un abogado e Il fascismo come regime della menzogna. No solo se destacó como procesalista, sino que se ocupó con acierto de problemas constitucionales, como quedó evidenciado por su participación en la elaboración de la Constitución italiana de 1948. Voy analizar la situación judicial de Venezuela a partir de dos libros de su vasta obra: Elogio de los jueces Proceso y democracia. El primero presenta una mirada hacia los jueces; y el segundo reflexiona, entre otros temas, sobre el necesario requisito de la independencia y probidad de la magistratura judicial.

Elogio de los jueces fue escrito antes de la llegada al poder del fascismo en Italia. Luego de la experiencia vivida con Benito Mussolini, Calamandrei añade otros ensayos, lo que explica la diferencia de estilo y de tono en la obra: en una parte hay una postura optimista y, al contrario, en la otra el autor muestra el lado oscuro de la magistratura. Esto llevó a Eduardo Couture, prologuista de la edición en español, a decir: “El autor que escribió el segundo libro parece persona distinta del que escribió el primero”. Lo que explica que la mirada del florentino hacia los jueces de la democracia genera en el lector una reacción distinta a la que producen los jueces de la dictadura fascista, al desarticular sin aspavientos el sentido y alcance de las normas jurídicas. En nuestro caso, la llegada del chavismo-madurismo al control del Poder Judicial marca un cambio en la relación del justiciable con la magistratura, debido a la cada vez mayor politización del sistema judicial.

En nuestra historia reciente, el punto de inflexión final ocurre el 28 de marzo de 2017 con la sentencia 155 de la Sala Constitucional que otorgó inconstitucionalmente poderes dictatoriales al presidente. A esta decisión hay que añadir un segunda: la N°156 del día siguiente, 29.03.17, que despoja a la Asamblea Nacional de sus facultades parlamentarias para autoatribuírselas o asignárselas al “órgano que ella disponga”. Quizá, no es posible encontrar un ejemplo como este en ninguna de las dictaduras venezolanas o latinoamericanas de cualquier época. Estas dos decisiones son suficientes para el registro indeleble en la memoria histórica de estos años de oscuridad de la actuación del máximo órgano del Poder Judicial. Lo que ha ocurrido con posterioridad es la manipulación de la pretendida justicia constitucional para acabar con las libertades de los venezolanos, para atropellar instituciones, para usurpar funciones al “designar” funcionarios incondicionales al intolerante “socialismo del siglo XXI”.

Así, no dejo de advertir cómo hoy los venezolanos estamos en capacidad y, tal vez, ante la responsabilidad de escribir nuestras experiencias acumuladas a partir de lo que vemos y vivimos en los tribunales, en las audiencias y con las sentencias recibidas. Reconocera algunos jueces de los primeros gobiernos de la democracia es tarea placentera. En efecto, en los primeros quince años de la era de los gobiernos civiles había confianza en los jueces. El asunto comienza a cambiar cuando aparecen las llamadas tribus -debidas a abogados con influencia política que litigaban en los tribunales- con lo cual se inicia un período de cuestionamiento sobre el sistema de administración de justicia, y una paulatina pérdida de credibilidad que generó un daño inocultable a la democracia venezolana. Pese a ello, destacaron tanto en los tribunales de instancia como en la Corte Suprema de Justicia, jueces y magistrados probos e idóneos. De lo que se trata es de recoger lo que se hizo bien y apartar lo que se hizo mal.

En su obra Proceso y democracia el maestro florentino señala que la figura del juez se apoya en su independencia de cualquier órgano político o administrativo. Lo importante, en todo caso, es que el tribunal garantice la imparcialidad al momento de impartir justicia y evitar la presencia de influencias ajenas a lo jurídico. Asimismo, el juez debe ser independiente de “estímulos egoístas”, como dictar sentencias arbitrarias para obtener prebendas o para beneficiar a la parte con apoyo político, pero que no tiene la razón (“cuando los partidos, el amiguismo o el dinero hablan, la justicia calla”, como dice el refrán). Se trata de una cierta autonomía individual que es la esencia del juez independiente, y que forma parte de su integridad.

Lo señalado es aplicable al caso venezolano, pues lamentablemente no contamos más con una magistratura independiente. En este sentido, uno de los aspectos más asombrosos son los jueces que condenan a inocentes por delitos no cometidos para escalar posiciones dentro del régimen. Al hacer un recuento de los casos judiciales con más proyección política, se verá cómo jueces que han dictado esas decisiones, después son promovidos en el escalafón judicial -o premiados con cargos burocráticos. A esto se añaden los que cumplen órdenes sencillamente por sumisión total con el partido al que le deben el cargo; herencia del pasado que aún nos pesa.

Este tema es delicado porque se han dictado -y se siguen dictando- decisiones que afectan los valores de la democracia. Así ha ocurrido con las sentencias que han impedido actuar el derecho constitucional a la participación ciudadana al referéndum, como pasó en el 2016. Y lo que sucede ahora en el 2017 al permitir ir a una “constituyente” sin consultar al pueblo; o a dejar sin efecto los resultados obtenidos con el ejercicio del voto, como está sucediendo con la Asamblea Nacional. Descuidar al Poder Judicial se traduce en un daño irreparable a la democracia. No en vano su emblema es la balanza en son de equilibrio.

Una lista de presos políticos que han sido “sentenciados” sin cometer delito confirma la tesis de Calamandrei: no es juez quien no posee independencia individual. Esto funciona al derecho y al revés: para afectar inocentes opositores; o para beneficiar a los amigos del régimen. No en balde, esto llevó a Calamandrei a decir:

“A menudo, durante el fascismo, cuando un abogado de conciencia había estudiado a fondo una causa y preparado la defensa con tanta seriedad, a última hora se encontraba con que el cliente le proponía que asociara al patrocinio, como ‘refuerzo’, algún eminente fascista”.

Al regresar la democracia a Venezuela habrá que hacer un inventario de los casos en que se ha perjudicado a una de las partes para beneficiar a un amigo político o para afectar los derechos de quien no es “amigo” del régimen, siempre violando la ley. Si ha habido violación a los derechos constitucionales de las partes, se podrá pedir la inexistencia del proceso por dichos vicios,así como sanciones a los responsables. El reto que tenemos por delante es reconstruir el Poder Judicial, deberá ser despolitizado, los salarios de los magistrados, jueces, secretarios, alguaciles, amanuenses y demás auxiliares de justicia tendrán que ser actualizados.

Es necesario promover que a los cargos judiciales opten ciudadanos honestos, capaces, competentes y con títulos universitarios otorgados por universidades reconocidas. Habrá que estimular el trabajo de quienes han ejercido la magistratura con probidad e idoneidad -que los hay- y reemplazar a quienes no califiquen. Que la elección se base en méritos y no en solidaridades partidistas o ideológicas. Un Poder Judicial que garantice los valores de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la igualdad de las partes ante la Ley es fundamental para la paz y futuro de Venezuela. No hay república ni libertad en una sociedad sin jueces libres que mantengan la balanza de la justicia en equilibrio.

En torno a la salida negociada; por Miguel Ángel Martínez Meucci

Durante las últimas semanas se han renovado los esfuerzos diplomáticos, especialmente por parte de algunos países latinoamericanos y europeos, para que la crisis venezolana pueda alcanzar una solución negociada. Se ha popularizado también la expresión de que “el tiempo del diálogo pasó” y que ya es tiempo de una “negociación”. No cabe duda de que

Por Miguel Ángel Martínez Meucci | 10 de julio, 2017
Un manifestante opositor agita la bandera de Venezuela en la marcha del  8 de mayo de 2017. Fotografía de Leo Álvarez. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Un manifestante opositor agita la bandera de Venezuela en la marcha del 8 de mayo de 2017. Fotografía de Leo Álvarez. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

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Durante las últimas semanas se han renovado los esfuerzos diplomáticos, especialmente por parte de algunos países latinoamericanos y europeos, para que la crisis venezolana pueda alcanzar una solución negociada. Se ha popularizado también la expresión de que “el tiempo del diálogo pasó” y que ya es tiempo de una “negociación”. No cabe duda de que esto es lo deseable, pues entre otras cosas implicaría el pronto cese de los asesinatos que, a razón de uno por día, han venido marcando estos tres meses de protestas ciudadanas, abriendo además la posibilidad de que se recuperara una relativa paz en Venezuela.

No obstante, es claro también que dicha negociación se presenta como algo muy complejo. No se trata de un caso excepcional. Todas las negociaciones destinadas a manejar conflictos políticos que han rebasado el umbral de la violencia son difíciles y ameritan importantes dosis de reflexión, paciencia, comunicación, creatividad y habilidad diplomática. Es habitual que las personas que se sumergen en estos procesos (especialmente los negociadores mismos) requieran modificar sus puntos de vista iniciales, incluso una parte de sus creencias más profundas, para lograr comprender en alguna medida el punto de vista del otro y aceptar ceder parcialmente en sus propias demandas. Una negociación pasa así por una mutua concesión: nadie queda plenamente satisfecho, pero los términos del acuerdo permiten una mejoría en las condiciones de las partes en conflicto.

He ahí, entonces, dos de las claves necesarias para que todo proceso de negociación en medio de un conflicto violento funcione: se requiere que ambas partes puedan ceder en algún aspecto y estar en capacidad de sacrificar algunos de sus objetivos. Igualmente, se requiere la percepción más o menos generalizada en ambos bandos de que a través del conflicto no se pueden alcanzar los objetivos deseados. Algunos expertos en el ámbito hablan incluso de la necesidad de que un conflicto esté “maduro” para que una posible mediación pueda funcionar; lamentablemente, esa “madurez” se refiere al hecho de que el conflicto haya alcanzado ya cotas sumamente dolorosas, al punto de que mantener la refriega se haya hecho particularmente costoso y estéril.

En el caso concreto que nos ocupa, nos preguntamos si las condiciones actuales favorecen algún tipo de negociación. Por un lado, no está claro que ambas partes consideren que no serán capaces de alcanzar sus objetivos a través del conflicto; más bien al contrario. Por un lado, el régimen no sólo no refrena sino que además intensifica su represión. Tal como señalamos en un artículo anterior, su comportamiento demuestra la voluntad de suprimir las elecciones tal como se las ha conocido en Venezuela en los últimos tiempos, y a pesar del obvio carácter dictatorial de este propósito, el régimen ya está asumiendo los costos políticos inherentes. Ceder implicaría, en un mediano plazo, la salida del poder por parte de numerosos personajes que tienen graves cuentas pendientes con la justicia.

Por otro lado, la ciudadanía que ha decidido enfrentar al régimen parece convencida de que sólo mediante su permanente protesta y movilización podrá obtener lo que mediante canales legales e institucionales se le ha impedido. Los precedentes fortalecen esta convicción, ya que en los intentos anteriores para lograr soluciones negociadas el régimen chavista no cumplió prácticamente ninguno de los compromisos asumidos. Por otro lado, cabe preguntarse en qué puede ceder la sociedad democrática, cuando no emplea armas en sus protestas, se le impide articularse institucionalmente y además es objeto de políticas que la están sumiendo en una miseria estructural. La sociedad democrática ha llegado a conocer suficientemente bien la naturaleza del proyecto oficialista como para saber que su permanencia en el poder terminará de convertir a Venezuela en una sociedad cerrada y extremadamente empobrecida y violenta.

Ante tales condiciones, la negociación no se plantea entre grupos equivalentes, ni puede exigir sacrificios o concesiones equivalentes. En el caso de la sociedad democrática, la desmovilización en estos momentos significaría la derrota absoluta, pues se quedaría sin su única herramienta útil para presionar por algún tipo de salida o acuerdo, y a merced de un régimen que unilateralmente modificará la actual organización del Estado a través de una supuesta asamblea constituyente con el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación. Es perfectamente lógico suponer que dicha modificación y sus resultados impedirán totalmente la realización de elecciones en condiciones propias de una democracia digna de tal nombre.

Las soluciones negociadas a los conflictos políticos buscan, ante todo, alcanzar la paz. Pero por paz podemos entender muchas cosas. La condición inherente a una paz estable y duradera es la justicia. Un acuerdo negociado que no se fundamente en la instauración de unas mínimas condiciones de justicia puede ser una tregua, o bien la condena de uno de los bandos a la dominación del otro, pero no constituirá la base de una paz duradera, digna de tal nombre. En el caso venezolano actual, los acuerdos que el régimen estaría dispuesto a aceptar son aquellos que le permitirían permanecer en el poder. En ese sentido, lo único que pudieran alcanzar los demócratas por esa vía serían algunas “garantías” de que no serán encarcelados o procesados judicialmente por la dictadura, la liberación de algunos de los presos políticos y, en el mejor de los casos, algunas modificaciones en el actual modelo económico que permitan una leve mejoría de las condiciones de vida de la población. Esto último, sin embargo, parece difícil de creer cuando el régimen, lejos de flexibilizar su política económica ante la quiebra absoluta de la nación, no ha hecho más que ratificarse en su línea de control total.

El único acuerdo negociado que podría mejorar estructuralmente la situación actual, estableciendo las bases de una paz duradera y estable, pasa necesariamente por la posibilidad de que se produzca un cambio de régimen político hacia una situación más democrática, en la que quienes abandonan el poder obtengan ciertas garantías mínimas (cuyos términos será muy difícil definir), donde los militares faciliten el cambio de régimen y en donde el chavismo más democrático pueda renovarse y convertirse en una fuerza política que acepte competir en el marco de un mínimo pluralismo político. Lo ideal sería, además, que ese cambio político sucediera a través de la realización de elecciones limpias, justas y competitivas. No obstante, en las condiciones actuales eso parece mucho pedir.

La realidad actual es sumamente cruda y se plantea como el dramático choque entre un régimen que ya asume su condición autocrática sin tapujos y una sociedad democrática que hace sus últimos esfuerzos para defender sus libertades. Si hasta principios del 2017 la comunidad internacional se limitó a respaldar e intentar facilitar tímidamente algunos intentos de diálogo totalmente manipulados por el régimen, durante los últimos meses ha intentado ir un poco más allá, ejerciendo alguna presión sobre éste para que desista de su “constituyente” y cese su brutal represión. Lo anterior aún es insuficiente. El loable deseo de proceder multilateralmente ha postergado acciones más directas y demorado medidas más drásticas, mientras Venezuela sigue cayendo en el abismo. A estas alturas, si el deseo manifestado desde el exterior de que en el país se desarrolle algún tipo de negociación no es más que una cómoda y poco comprometida salida diplomática, entonces habrá que asumir que es necesario desarrollar una presión mucho mayor, capaz de equilibrar las fuerzas en conflicto y de forzar negociaciones expresamente orientadas hacia el único tipo de acuerdo que en verdad pueda conducir a Venezuela hacia una situación de verdadera justicia y paz: un acuerdo que expresamente facilite la transición hacia la democracia. El tiempo para ello se va agotando.

***

Este texto fue publicado originalmente en el portal Polítika Ucab y cedido a Prodavinci. Haga click acá para ir a la publicación.

La política para derrotar la guerra; por Andrés Stambouli

Vivimos tiempos de asedio, de resistencia, de protesta y de actuación heroica; tiempos que enfrentan violentamente a conciudadanos, ideologías, culturas y civilizaciones. Enfrentamos la transgresión a los fundamentos de la vida civilizada, de la democracia misma, consagrada en las dos constituciones vigentes en el último medio siglo venezolano. Centenares de miles de ciudadanos salen a

Por Andrés Stambouli | 10 de julio, 2017
Fotografía de Giovanna Mascetti. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

Fotografía de Giovanna Mascetti. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

Vivimos tiempos de asedio, de resistencia, de protesta y de actuación heroica; tiempos que enfrentan violentamente a conciudadanos, ideologías, culturas y civilizaciones.

Enfrentamos la transgresión a los fundamentos de la vida civilizada, de la democracia misma, consagrada en las dos constituciones vigentes en el último medio siglo venezolano.

Centenares de miles de ciudadanos salen a expresar su profundo malestar, a sabiendas y conscientes de que van a ser contenidos, reprimidos, agredidos, perseguidos y maltratados, no solo para protestar por el deterioro de las condiciones materiales de vida sino, más relevante aún, para defender los violentados fundamentos de la vida civilizada, pacífica, convivente, tolerante, seriamente amenazados con ser aún mas violentados; demasiados han dejado ya la vida en esta protesta y por esta causa. La democracia está seriamente quebrantada.

Padecemos de serias carencias de seguridad, alimentos, salud, educación, producción; pero hay una carencia igualmente grave, sin la cual las enumeradas persistirán: un severo déficit de comunidad política, de gobierno eficaz, representativo y legítimo.

La activación y participación ciudadana es el signo del tiempo actual para reclamar, protestar y proponer contra los dogmas, el fundamentalismo, los autócratas y el autoritarismo; para reclamar el derecho fundamental a vivir sin miedo ni sobresaltos sistemáticamente provocados por los gobernantes.

Para lograr sus fines, para perdurar, el poder establecido cultiva y recurre de modo perverso al fomento de la desmoralización, del descreimiento, del desinterés y de la apatía. La buena noticia es que la ciudadanía desafiante le está diciendo al poder que no lo está logrando.

¿Cómo llegamos a esta calamitosa situación?

Muy pocos años atrás era entera­mente imprevisible, a nadie se le pasaba por la cabeza que en Venezuela se libraría esta guerra interior y se le destrozaría de modo implacable.

¿Cuándo comenzó a instalarse en la mente de los venezolanos la idea de la radical discordia que condujo a esta confrontación entre buena parte de los ciudadanos y el poder? Y no me refiero a la discrepancia sino a la discordia disolvente, a la voluntad y disposición a no convivir, a considerar al «otro» como inaceptable, into­lerable, insoportable, y buscar deliberadamente su hostigamiento y anulación.

Pues bien, comenzó cuando grupos de poder y sus personajes, inspirados en cierta mezcolanza ideológica y doctrinaria anti liberal, a quienes la Constitución Nacional les resulta incómoda, despreciando los valores y principios que la sustentan —la alternancia, las elecciones y la separación de poderes— y proclamando un rotundo “no volverán” o “la revolución llegó para quedarse”, decidieron dedicarse a irritar, a hostigar, a descalificar, a una considerable porción del país, a producirle inco­modidad, angustia y temor, a enajenarla y excluirla de la empresa colectiva de construcción del país, todo en nombre de una utopía irrealizable.

En algún lugar leí que habíamos llegado a aborrecer al gris y a cultivar el blanco o negro; mala cosa cuando lo único, o primero y más importante, que interesa saber de alguien, de un libro, de un autor, de una propuesta, es a cual bando pertenece, cuando todo lo reducimos a rótu­los y etiquetas, que desencadenan reflejos automáticos, elementales, toscos.

Dividir al país en dos bandos, identificar al «otro» con el mal, procurar quitarlo de en medio políticamente, física­mente si es necesario, fracturó deliberadamente el vínculo entre gobernantes y ciudadanos, instalando en la sociedad un peligroso e indeseable espíritu de guerra; algunos dirán que el que esté libre de culpas que tire la primera piedra; pero es que uno de los bandos es bastante más responsable que el otro por la instalación de ese espíritu de guerra: fue el que lo quiso, lo decidió, lo desencadenó y lo cultivó como modo privilegiado y dominante del ejercicio del poder.

Ahora debemos aspirar a librarnos de ese nefasto espíritu de guerra; darnos cuenta de que necesitamos vencer a la guerra misma; ella es el primer ene­migo.

Pero ¿como derrotar al espíritu de guerra y a la guerra misma? Definitivamente no con más guerra sino con la política; me explico.

Comienzo mis cursos preguntando a mis estudiantes por las palabras que asocian con la política, y las respuestas son probablemente las mismas que se les están ocurriendo a ustedes en este momento: engaño, corrupción, ineficiencia, demagogia, mentira, traición, todos ellos, atributos perversos, presentes sin duda en la política, pero ni son exclusivos de la política ni son los definitorios de su esencia. ¿Acaso no encontramos estos atributos perversos en el mundo de las finanzas, de los negocios, de la cultura y hasta de las relaciones personales? Sólo que juzgamos a la política y a los políticos con mas severidad porque son un bien público, visible y siempre expuesto, del que esperamos que trabajen para el bien común.

Vista en perspectiva, nuestra historia del siglo XX y XXI está hecha de democracia, dictadura, golpes, autoritarismos, encuentros y desencuentros entre gobiernos y oposiciones, de política y antipolítica, de manipulaciones y transgresiones constitucionales y electorales; hemos transitado un camino muy accidentado durante el siglo XX hacia la conformación de una comunidad nacional, política y democrática, plural, heterogénea, tolerante, convivente y lo habíamos logrado.

Gracias a la buena práctica de la política, nos habíamos constituido en comunidad nacional, habíamos aprendido a comunicarnos los unos con los otros, a entendernos y respetarnos, a cultivar la tolerancia y el diálogo para resolver nuestros desencuentros y discrepancias, sin perseguir, reprimir o destruir al discrepante.

Hoy este logro civilizatorio está bastante maltrecho; cuando nos consideramos sólo como enemigos irreconciliables, no podemos constituir una comunidad.

La política se nos ha extraviado y es imprescindible recuperarla; sé que al abogar por la recuperación de la política, inmediatamente se fruncen los ceños y entonces dificil mision la que nos toca: defender la política y convencer a nuestros auditorios de que asuman que la política no solo no es un mal necesario sino que es un bien muy preciado, de que su mala práctica no nos debe llevar a renegarla. Una vez la echamos por la borda, y aquí estamos, con el país sumido en un estado de conmoción, originado en la antipolítica como práctica de gobierno.

Aprendida la lección, ahora debemos no sólo exigir sino actuar para que la historia no se repita y hagamos de la política el instrumento de la convivencia imprescindible para el logro del bienestar colectivo; y fíjense que no hablo de coexistencia, que es existir al lado de, sino de convivencia, que es vivir junto con.

“Renunciar a la política o destruirla deliberadamente es destruir justo lo que pone orden en el pluralismo y la variedad…sin padecer la anarquía, la violencia ni la tiranía de las verdades absolutas…” (Bernard Crick)

El instrumento de la reconstrucción de nuestra maltrecha comunidad nacional, no será la guerra sino la política. Otto Von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, sostuvo alguna vez que la política no debía tratar de vengar el mal realizado, sino de cuidar que no se reprodujera.

El borrón y cuenta nueva no existe, la caída y mesa limpia de la historia no es posible ni deseable; nuestra historia democrática ha dejado su huella en cultura refractaria a cualquier intento autoritario de rediseñar la sociedad; pero también va a dejar su huella el tiempo presente, y de lo que se trata, en palabras de Julián Marías, es de

“…tomar posesión de lo que se tiene, de lo que se ha acumulado durante siglos de grandeza, de error, de dolor, de esfuerzo, hasta llegar a lo que se es…” y añado, para ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora.

Siendo éstas nuestras circunstancias, en las que coexisten los motivos para la pesadumbre pero también para la esperanza, lo que vendrá será resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer.

Siempre que tratamos de proyectarnos hacia el “porvenir” lo hacemos a partir de lo que conocemos en el presente, de lo que conocemos insuficientemente del presente. El futuro no es una profesión y nadie tiene diploma o título de profeta. El “porvenir” siempre es inesperado y su gran virtud es que es incansablemente sorprendente.

Una vida mejor y mas amable para todos y entre todos es necesaria y posible.

La revolución contra los pobres: La desigualdad en la era del chavismo; por Omar Zambrano

Desde la mitad de 2017, Venezuela experimenta lo que probablemente sea la contracción económica más severa y prolongada de su historia económica moderna. Un país que se aproxima a perder más de 25% de su Producto Interno Bruto, no es un país; es una tragedia económica habitada. Esta afirmación no tiene solo que ver con

Por Omar Zambrano | 7 de julio, 2017
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Fotografía de Reuters

Desde la mitad de 2017, Venezuela experimenta lo que probablemente sea la contracción económica más severa y prolongada de su historia económica moderna. Un país que se aproxima a perder más de 25% de su Producto Interno Bruto, no es un país; es una tragedia económica habitada.

Esta afirmación no tiene solo que ver con frías cifras de producción y empleo, pues lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 4 años es nada menos que una debacle para las condiciones materiales de vida de los Venezolanos. Una tragedia humana con mayúsculas.

Desde la oscuridad de la ausencia de cifras, la irresponsabilidad, el cinismo y la politiquería que caracteriza la respuesta oficial, es poco lo que se puede saber con certeza sobre los efectos que esta contracción económica tiene en la evolución de los indicadores socio-económicos del país. Lo poco que se sabe o que se infiere, da cuenta de una explosión en el hambre, la desnutrición, la mortalidad materno-infantil y la muerte por enfermedades crónicas.

Con respecto a la pobreza, el vacío informativo ha sido parcialmente llenado por fuentes no oficiales, que indican que la pobreza es hoy en día un fenómeno generalizado que ya alcanzaría a 4 de cada 5 venezolanos. Nuestras propias estimaciones del Mapa de Pobreza Parroquial de Venezuela, basadas en los últimos datos oficiales disponibles, indican que la pobreza es, además, un fenómeno territorialmente profundo y extendido, con la parroquia típica venezolana presentando 76% pobreza; con cerca de 30 parroquias con tasas de pobreza cercana al 100%, y con aproximadamente 250 parroquias densamente pobladas concentrando el 70% del total de pobres.

Pero hay un aspecto que no está siendo lo suficientemente discutido ni por los analistas, ni por el discurso político: Existen razones fundadas para pensar que lo que está sucediendo en Venezuela es también una tragedia distributiva. Que cuando esto termine, que terminará, Venezuela habrá experimentado una debacle en sus indicadores de distribución del ingreso, algo muy grave para nuestras aspiraciones de desarrollo futuro.

Existen dos argumentos principales que soportan esta tesis. En primer lugar, el choque negativo más brutal sobre ingresos familiares del que se ha tenido noticias en Venezuela, lo han experimentado los más pobres, en ausencia absoluta de una red de protección social pública para mitigar sus efectos perversos.

El colapso funcional del estado chavista, la parálisis de sus programas sociales y la articulación de respuestas insuficientes y politizadas como los CLAP, han dejado a la población sin protección alguna, en el momento en que era más necesario. Los estados modernos y sus políticas sociales se estructuran y preparan precisamente para mitigar estos choques. En Venezuela, el estado chavista dejó a la gente, sobre todo a aquella que constituye el centro de su discurso político, en total estado de indefensión.

El segundo elemento tiene que ver con algo que está bastante demostrado por la literatura económica: en general, en todas partes, los segmentos más ricos de la distribución del ingreso están dotados de mejores capacidades y estrategias de mitigación de choques negativos. Las razones para ello son varias: sea porque tienen un mejor acceso al sistema financiero y de aseguramiento, sea porque poseen un mayor acervo de riqueza que es posible des-ahorrar para compensar insuficiencias en el ingreso, sea porque sus activos se encuentran diversificados en términos de monedas, lo cual los protege de la devaluación. Sea cualquiera la razón, los que están más arriba en la escala de ingresos, están mejor protegidos.

Pero la motivación de estas líneas es dar evidencias preliminares de que la sospecha arriba expresada, concuerda con la realidad. Aún con las limitaciones de los datos, es posible abordar empíricamente la pregunta de cuál ha sido el impacto de esta recesión económica sobre la desigualdad. La literatura del desarrollo económico abunda en el tema, por ejemplo, en Ravallion y Chen (2003) [1] y Kraay (2004)[2] se encuentran referencias conceptuales del llamado sesgo pro-pobre del crecimiento.

En general, sin entrar en honduras técnicas, el análisis del sesgo pro-pobre del crecimiento se ciñe a inspeccionar los cambios en el ingreso real de los hogares en un período determinado, teniendo en cuenta la posición inicial de los hogares en la distribución ingreso. Es decir, se trata de dilucidar si el choque negativo de ingresos ha sido desproporcionadamente más dañino para los más pobres o si, por el contrario, los más pobres han tenido acceso a algún tipo de mecanismo de protección que les ha permitido mantenerse en la misma posición en la distribución del ingreso.

Ilustremos el caso venezolano reciente con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), entre los años 2013 y 2016 [3]. El primer resultado que salta a la vista es que, en promedio, la tasa de crecimiento del ingreso real promedio de los venezolanos es de -57,8%. Es decir, el poder adquisitivo de los ingresos de la familia venezolana se redujo a menos de la mitad en tres años: una caída de proporciones gigantes. Pero la pregunta relevante para este texto es: ¿Ha sido la contracción económica de los últimos años desproporcionadamente más negativa para los más pobres? De acuerdo con el análisis del sesgo pro-pobre del (de)crecimiento venezolano, la respuesta es sí, y en mucho.

Si bien la contracción de ingresos ha sido generalizada para todos los niveles de ingreso entre 2013 y 2016, los resultados indican que mientras más pobre es el hogar, peor fue la caída del ingreso sufrida. Véase por ejemplo el gráfico anexo.

En la gráfica se muestra el (de) crecimiento del ingreso real sobre los deciles del ingreso, es decir, dividiendo en 10 partes iguales la muestra, con el decil 1 como el más pobre y el decil 10 como el más rico. Al comparar cada decil con la caída promedio de la economía entre 2013 y 2016, se concluye que la crisis reciente ha tenido efectos distributivos profundamente regresivos. Los deciles más ricos de la distribución mejoraron relativamente frente al promedio del ingreso. De hecho, el ingreso del decil más rico resultó 26% mejor con respecto al promedio que el ingreso del decil más pobre. Todos hemos caído, pero unos han caído más que otros.

De la Venezuela de Maduro quedará no solo un país en ruinas económicas, con las condiciones de vida de sus ciudadanos en niveles paupérrimos, sino que también heredaremos un deterioro masivo en los indicadores de equidad de la sociedad, con todas las implicaciones que ello tiene para el funcionamiento de la economía y la gobernabilidad democrática.

Desde que Simón Kuznets en los años cincuenta postuló su conjetura sobre la relación entre el estadio de desarrollo económico y la desigualdad, al argumentar que son más equitativos los países más pobres y los más ricos, mientras que los países de ingreso medio son más desiguales, la llamada curva de Kuznets [4], mucho se ha escrito sobre los efectos de la equidad sobre el desarrollo.

El tema es objeto de intenso debate global. Branko Milanovic, uno de los líderes de la discusión académica actual sobre el tema, nos recuerda que la desigualdad importa mucho y por más de una razón[5]. De las razones de Milanovic, la que me parece más relevante para Venezuela en este momento es que la desigualdad importa para la gobernabilidad política de los países. Si bien se puede argumentar que algunos tipos de desigualdad pueden ser positivas para el desempeño económico (por ejemplo, la desigualdad debido al esfuerzo diferencial de las personas), también se puede afirmar que la desigualdad nunca es buena para la democracia.

Las desigualdades económicas tienden a tener expresiones políticas que defienden la perpetuación de esas diferencias. Piense un momento el lector de dónde provienen las desigualdades económicas que estamos observando. Piense si esas diferencias son producto del esfuerzo diferencial de las personas o de otros factores. Entonces piense en el tipo de expresión política que será apoyada por esta nueva “élite económica” en el futuro. Es fácil creer que existe una relación directa entre la desigualdad de hoy y las condiciones de la gobernabilidad democrática de mañana.

De la anterior premisa se desprende el punto central de estas líneas: La evidencia indica que la debacle económica venezolana tiene connotaciones profundamente regresivas y que el legado de este período será, entre otras muchas cosas, una sociedad mucho más desigual. El tema es importante, no solo porque esta desigualdad tiene connotaciones muy injustas (si tomamos la definición Rawlsiana del término), sino que esta desigualdad podría estar creando la base política de los enemigos de la democracia en el futuro.

Urge forjar un nuevo consenso social para lograr la redefinición de políticas de Estado, para retomar cuanto antes el crecimiento económico y estabilizar la economía, y por esa vía, habilitar la recuperación sostenida de los ingresos de los más pobres y las clases medias depauperadas. Esa será la única vía para mitigar el cuadro de profunda desigualdad que heredaremos de este período. Ese es el reto que tenemos por delante. Es un reto económico, pero también un reto político y de gobernabilidad.

***

[1]Ravallion, M. and Chen, S. (2003). Measuring pro-poorgrowth. EconomicsLetters 78 (2003) 93–99.
[2]Kraay, A. (2004). WhenIsGrowth Pro-Poor? Cross-Country Evidence. International MonetaryFundWorkingPaper. WP/04/47.
[3]La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) es una encuesta de hogares, con un módulo de ingresos familiares similar a la oficial Encuesta de Hogares por Muestreo del INE, un diseño muestral aleatorio y estratificado, representativa a nivel nacional, realizada por un consorcio conformado por las universidades Central de Venezuela (UCV), Católica Andrés Bello (UCAB) y Simón Bolívar (USB).
[4]KuznetsSimon, (1955). “EconomicsGrowth and IncomeInequality”, American EconomicReview, vol. 45, no. 1, mar., pp. 1-28.
[5]Ver por ejemplo: https://www.theguardian.com/inequality/2017/may/02/higher-inequality-move-away-from-democracy-branko-milanovic-big-data.

El 5 de julio de 1811 y su significado para los venezolanos de hoy; por Carlos García Soto

El 5 de julio de 1811, con razón, es recordada como una de las fechas principales de nuestra historia republicana. Nada más y nada menos que se conmemora la declaración de independencia frente a la Monarquía de España, y es el acto central del proceso político-jurídico de independencia que comienza el 19 de abril de

Por Carlos García S. | 5 de julio, 2017
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Firma del acta de independencia de Venezuela. Pintura de Arturo Michelena

El 5 de julio de 1811, con razón, es recordada como una de las fechas principales de nuestra historia republicana. Nada más y nada menos que se conmemora la declaración de independencia frente a la Monarquía de España, y es el acto central del proceso político-jurídico de independencia que comienza el 19 de abril de 1810 y cuya primera etapa culmina con la promulgación de la prima Constitución de Venezuela, el 21 de diciembre de 1811.

¿Qué sucedió ese día?

El 2 de marzo de 1811 se había instalado el Congreso General de Venezuela, que sería el primer Parlamento que se convoca en nuestra historia republicana.

Ese Congreso General, reunido en la entonces capilla del Seminario Santa Rosa de Lima, tendría como misión fundamental la redacción de la Constitución de 1811. Sin embargo, a dos meses de haber comenzado sus funciones, en el ambiente de la República naciente se sentía la necesidad de producir una declaración formal de independencia de la Corona de España, y de alguna forma aclarar así la desvinculación política de los últimos trescientos años. Una vez que en el Congreso se había decidido que había que ir hacia un gobierno republicano, era incompatible con esa decisión no realizar una declaración irrestricta de independencia frente a la Corona.

En las sesiones del 3, 4 y 5 de julio se va a plantear abiertamente el problema que, ciertamente, no era menor, entre otras razones, porque había que convencer a quienes no estaban totalmente convencidos de la legitimidad u oportunidad del proceso. En última instancia, la declaración de independencia exigía sustentar de modo suficiente las razones por las cuales había que declararse independientes.

Por ello, el Acta de Independencia va a ser un muy bien fundamentado alegato de las razones por las cuales se declara la independencia. El primer párrafo va a ubicar el contexto en el cual se va a justificar la declaratoria de independencia:

“En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía”.

El 5 de julio, como culminación de los debates que habían comenzado el 3 de julio, se va a declarar la independencia en el seno del Congreso. Luego, en otra sesión, se decidiría la redacción de un Acta para registrar lo decidido. Por ello, si bien la independencia fue declarada por el Congreso el 5 de julio, el Acta por la cual se justifica política y jurídicamente sólo será leída, aprobada y suscrita el 7 de julio, habiendo sido redactada por Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi.

El 5 de julio en el contexto del proceso de la Independencia

La declaración de independencia constituye un elemento central en nuestro proceso de independencia, debido a que allí se reflejó la motivación por la cual se decidió la desvinculación política con la Monarquía bajo la cual estos dominios vivieron por tres siglos.

En efecto, la declaración de independencia, desde el punto de vista del proceso político y jurídico que significó la independencia, se encuentra en el núcleo, incluso temporal, de la primera parte de ese proceso, que al menos en esta primera y fundamental etapa fue esencialmente civil. Esa etapa comienza con los sucesos del 19 de abril de 1810, a los cuales nos hemos referido aquí en Prodavinci, para continuar, entre otros sucesos, con la instalación del Congreso General de Venezuela, también relatada aquí, y que luego continúa, también entre otros sucesos, con la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811 y con la Constitución de 1811, de 21 de diciembre.

El 5 de julio en el contexto del proceso constituyente de 1811

También desde esa perspectiva, cabe acotar que la declaración de independencia ocurre en el contexto del primer proceso constituyente de nuestra historia republicana. De hecho, puede señalarse que ese proceso constituyente que comienza el 19 de abril de 1810 y cuya primera etapa culmina el 21 de diciembre de 1811, es no sólo nuestro primer proceso constituyente, sino el genuino único proceso constituyente que ha habido en Venezuela: en la historia institucional de Venezuela puede señalarse un solo proceso constituyente verdaderamente tal, el proceso constituyente de 1811. Con ocasión de ese proceso, se da la transformación política más importante de nuestra historia: de la Monarquía a la República.

En este párrafo del Acta de Independencia se resumirá la decisión verdaderamente constituyente:

“En atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables razones de política, que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural, que el orden de los sucesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España, y que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las potencies de la tierra, el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad”.

La declaración de independencia será entonces particularmente diáfana en el último párrafo del Acta:

“Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes”.

El 5 de julio como fecha de nuestra historia civil

De tal manera, el 5 de julio, en realidad, es una fecha para conmemorar un evento esencialmente civil, como pocos ha habido luego en nuestra historia republicana: ante la situación política derivada de la invasión napoleónica a España, los venezolanos se plantean hasta qué punto es legítimo el sometimiento a esa Corona. El proceso de independencia fue así, en su origen, un planteamiento fundamentado en ideas, y en la preocupación por cuál era el camino legítimo y correcto a seguir como Nación.

Es por ello que una celebración militar del 5 de julio, como se ha hecho lamentable tradición en el país, en realidad es un anacronismo histórico. La celebración principal del 5 de julio debe ser en la Asamblea Nacional, heredera del Congreso General de Venezuela, en el cual se declararía la independencia y se suscribiría el Acta de Independencia.

El 5 de julio en el contexto de nuestra crisis actual

Venezuela atraviesa una de las más graves crisis de su historia republicana. El panorama que hoy se nos plantea a los venezolanos es el de la entrega del país a una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta desde su misma convocatoria, que quiere arrogarse unos poderes soberanos, al margen de la Constitución y de los valores republicanos que, condensados en el Acta de Independencia, deberían ser hoy el ámbito de nuestra vida política.

Hoy, desde el Poder, se nos quiere imponer la regresión en todas las conquistas a la libertad que los venezolanos hemos decidido lograr, con avances y retrocesos, desde el 19 de abril de 1810, y muy especialmente desde el 5 de julio de 1811. El artículo 350 de la Constitución, que se ha invocado recientemente, tiene su origen en estos planteamientos, como hemos señalado en otra nota.

Por ello, si la celebración del 5 de julio como un acto civil de rebeldía ante el poder ilegítimo es importante cada año, este año es mucho más importante que todos los años anteriores.

La República de Venezuela ha estado en riesgos similares pocas veces desde el 5 de julio de 1811.

Memorias venezolanas de la decadencia; por Ramón Escovar León

El horror de la dictadura militar de Juan Vicente Gómez quedó registrado en una obra de la literatura venezolana que constituye un texto deslumbrante de denuncia política: Memorias de un venezolano de la decadencia, de José Rafael Pocaterra. Sobre su carácter literario no ha habido acuerdo. Para algunos como Jesús Sanoja Hernández esta obra es

Por Ramón Escovar León | 4 de julio, 2017

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El horror de la dictadura militar de Juan Vicente Gómez quedó registrado en una obra de la literatura venezolana que constituye un texto deslumbrante de denuncia política: Memorias de un venezolano de la decadencia, de José Rafael Pocaterra. Sobre su carácter literario no ha habido acuerdo. Para algunos como Jesús Sanoja Hernández esta obra es un ensayo y para otros como Orlando Araujo es una novela. Más allá de esta discusión, lo cierto es que hay opiniones que ven en estas Memorias el género novelístico, pese a que lo dominante es el manejo de elementos del mundo real sin que haya un mundo ficcional que pueda independizarse de aquel, lo que apunta en dirección del ensayo. En fin, para Sanoja Hernández las Memorias significaron un documento sin parangón en todo el continente. No hubo en esa década en la América Latina otras Memorias como esa, según comenta este gran especialista de la historia de la literatura carcelaria desde La Rotunda hasta la Seguridad Nacional.

En todo caso, se trata de la literatura de combate en la cual Pocaterra mezcla varios estilos como la ficción, el ensayo y el periodismo, siempre en estilo incisivo, sin dejar por fuera el humor crudo. A veces deforma la realidad para potenciar lo grotesco y mostrar la crueldad del momento. El autor demuestra así sus dotes literarios y su sentido de pertenencia con Venezuela.

La obra se divide en dos tomos. El primero, que se escribe en la cárcel de La Rotunda, es incendiario, vigoroso y panfletario. El segundo, escrito en el exilio, es más reposado, sereno y está marcado por la reflexión y el pesimismo. Eduardo Santos, prologuista de la primera edición de editorial Élite, afirma: “es un libro violento, sangriento, implacable”; y no podía ser de otro modo por el temperamento del autor y por la situación sobre la cual escribía. Gracias a esta obra quedó registrado en la memoria histórica, de manera inequívoca, lo que significaba para la libertad y la dignidad humana la dictadura militar del momento.

En esta obra Pocaterra destaca la importancia del género memorialístico para inscribir los acontecimientos vividos. Además de describir su prisión en La Rotunda y las diferencias entre Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro, para señalar que la conducta de este último: “valía, en cuanto militar, más que todos sus contemporáneos”. Coloca a Gómez como un mediocre desde el punto de vista castrense y del arrojo personal: “Donde él [Castro] no comandó directamente, la tribu fue derrotada” […] “Gómez huyó por las playas de Carúpano con un tiro en las nalgas” […]. “Gómez como militar es una de las más graciosas farsas que han inventado los cortesanillos traviesos y reilones de Caracas”. Aquí no hay fabulación literaria sino pensamiento y lengua vernácula analizando y saboreando, aunque sea la amargura, situaciones grotescas que chisporrotean con su estilo peyorativo para generar repugnancia en el lector.

En la Venezuela de este aciago momento luce recomendable que cada cual lleve un diario de lo que observa y de lo que padece. Esto ya está sucediendo con los mensajes e imágenes que se escriben y envían, mediante esta nueva forma de expresión de inmediatismo cotidiano que es el mundo de las redes. De esa manera se puede escribir una versión de los horrores del militarismo actual. De ser así, los escritos de Pocaterra pasarían a ser un cuento infantil al lado de lo que se relata y lo que se puede escribir en una obra más acabada, tanto por parte de las víctimas como de los observadores. Entre los miles de sucesos de represión continua y escalonada que lamentablemente se pueden narrar, voy a referirme a algunos recientes que por crueles y sanguinarios han arrancado gritos de dolor a la audiencia nacional e internacional.

En primer lugar, la represión brutal contra los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar ocurrida el pasado jueves 29 de junio en El Rosal. Los jóvenes son sometidos: se les arrodilla, les llevan dentro de un camión cava, y una vez adentro, se les lanza gas lacrimógeno. Esto llevó a Laureano Márquez decir: “Ayer conocimos algo que ni siquiera se les ocurrió a los nazis: una cámara de gas portátil” (@laureanomar). Este hecho inhumano, cometido bajo el manto de la impunidad, autoriza a sostener que, a pesar de que aun no se ha instalado la asamblea constituyente, ha comenzado una dictadura todavía más feroz que la narrada en las Memorias de Pocaterra. Por fortuna, y en vista de la carencia de pruebas, los jóvenes fueron dejados en libertad el pasado 2 de julio.

En segundo lugar, acerca de los actos vandálicos ocurridos en Barquisimeto el pasado viernes 30 de junio la prensa larense informó sobre las embestidas a diestra y siniestra de bandas paramilitares, cínicamente llamados “colectivos de la paz”, que actúan bajo el manto de la impunidad, sin que su acción llame la atención a la “Guardia del Pueblo”. A esto se suma las denuncias de robos y atropellos a la mujer que se han difundido por las redes. Lo siniestro de esta situación, que delatan las imágenes, no podría haber sido pensada por Pocaterra en una cárcel como La Rotunda que se construyó para el delito de opinión y, aunque albergaba a buena parte de la intelectualidad venezolana, no conocía las proporciones poblacionales actuales.

En tercer lugar, y también en Barquisimeto, se transmiten imágenes y textos de denuncias del ataque de los “colectivos de la paz” contra la clínica Acosta Ortíz de la capital larense. Y todo ello pese al deterioro del sector de la salud, debido a la ineficiencia de este comunismo militarista que recuerda el lado oscuro de la historia militar del país, ahora aderezado por la influencia cubana, pero paradójicamente en el siglo XXI. El presidente de la clínica afirmó: “Destrozaron el área de admisión y amenazaron con volver” .

Por último, es necesario referir la agresión al presidente de la Asamblea Nacional, perpetrada por un militar que tiene como responsabilidad -al menos en teoría- resguardar el recinto parlamentario. La imagen, por grotesca, evidencia el drama de Venezuela: el sometimiento de poder civil al poder militar. Esta tragedia militarista ha sido la constante en la historia de Venezuela desde la guerra de independencia.

Escapan a las dimensiones de este artículo referirme a este importante tema del origen del militarismo; para ello vale la pena mencionar las obras de Laureano Vallenilla Lanz (Disgregación e integración y Cesarismo democrático), Arturo Sosa, S.J. (La filosofía política del gomecismo. Estudio del pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz) y de Angel Bernardo Viso (Venezuela identidad y ruptura). Autores que se adentran a explicar este importante tema para los venezolanos. Lo relevante es destacar que la guerra de independencia dejó al país en manos de los militares que habían apoyado a Bolívar y que luego se quedaron en el poder. Así nace el predominio del poder militar sobre el civil y los rasgos propios del militarismo vernáculo.

La larga lista de herederos de Boves, que tiene como referente la figura del militar déspota e irrespetuoso con el poder civil, sería interminable. Es la imagen que evoca el chafarote, que empuja a Julio Borges, representante del pueblo que lo llevó a su alto cargo con el respaldo abrumador del voto. Esta militarada seguramente merece el repudio del sector institucionalista de la Fuerza Armada. Por el contrario, la respuesta inmediata del gobierno fue celebrar tan nefando hecho como si el agresor hubiese realizado un acto heroico en una batalla militar. Por eso el presidente le impone una condecoración al agresor del poder civil, para dejar bien claro cuáles son los valores impulsados por este modelo. A lo anterior se le suma el aplauso en un canal del Estado de parte del sector fascista del régimen. Pero no son héroes de batallas libradas contra un ejército enemigo, sino contra una población civil desasistida que pide libertad.

Estos representantes del militarismo-populista-revolucionario cometieron un error, pues estos hechos quedan registrados con tinta indeleble en la conciencia nacional. Lo sabía bien Julio Borges al mantener la compostura cívica y dejar al agresor en el esplendor de su ridiculez, transmitida una y otra vez en las redes comunicacionales. Permiten, además, una toma de conciencia colectiva para llevar adelante una política que ayude al rescate definitivo de los valores del poder civil ante el poder militar. Seguramente el sector institucionalista y decente de la Fuerza Armada (que es mayoría, a no dudar) reflexionará sobre la conducta del coronel que atropelló la dignidad y los valores de la democracia, que Borges ha sabido mantener como corresponde a su alto cargo. Fue un momento de confrontación entre la civilización y la barbarie, como lo noveló el gran Rómulo Gallegos.

Y así también decía Sanoja en unos papeles inéditos que tuve el privilegio de conocer gracias a la profesora y amiga Camila Pulgar Machado (albacea del archivo literario de Sanoja) en la Escuela de Letras-UCV: “Una historia de Caracas sin La Rotunda, es historia escamoteada. Casi un siglo de tensa vida caraqueña se concentra en esa cárcel panóptica erigida bajo los Monagas […] No hubo literatura que no se hiciera en La Rotunda, sobre La Rotunda, a propósito de La Rotunda”.

Una pluma o varias plumas serán necesarias para que se escriba esta versión de otro episodio de la misma naturaleza de la obra de Pocaterra, que delató en su momento un drama nacional. Para decirlo con palabras de Jesús Sanoja Hernández en el prólogo a la edición de la Biblioteca Ayacucho: “Para que no se pierda la memoria de tan larga noche, ¡Cuántas Memorias como las de Pocaterra hacen falta!

Comunicar el periodismo: precariedad y nuevos desafíos; por Marcelino Bisbal

Ayer, 27 de junio fue el Día del Periodista. Hubo actos en todo el país y en Caracas el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la organización Alianza por la Libertad de Expresión hicieron una marcha, en conjunción con la MUD, hasta la sede de la Comisión Nacional de

Por Marcelino Bisbal | 28 de junio, 2017

Ayer, 27 de junio fue el Día del Periodista. Hubo actos en todo el país y en Caracas el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la organización Alianza por la Libertad de Expresión hicieron una marcha, en conjunción con la MUD, hasta la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Por su parte, la Asamblea Nacional iba a realizar una sesión especial para celebrar al periodista y su labor. El profesor Marcelino Bisbal sería el Orador de Orden, pero al ingresar cajas con sello y precinto del Consejo Nacional Electoral de manera irregular en el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana del Palacio Federal Legislativo y ante la negativa de explicar que contenían dichas cajas, se produjo un intercambio de agresiones en el que dos periodistas y dos diputados resultaron lesionados. Al poco rato los colectivos se hicieron presentes y se suspendió la sesión.

Compartimos a los lectores de Prodavinci las palabras que debía haber dicho el profesor Marcelino Bisbal.

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Sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. 23 de octubre de 2016. Fotografía de Andrés Kerese

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“Quisiera comenzar citando tres epígrafes que nos van a ayudar a entender lo que de seguidas voy a desarrollar:

El primero es del profesor e investigador venezolano Antonio Pasquali:

‘El chavista es el primer gobierno del país que comprende la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades, y es una lástima que haya aplicado esa comprensión a la causa equivocada’

El segundo epígrafe corresponde al escritor y cronista venezolano Alberto Barrera Tyszka que nos expresa:

‘Este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones. Llevamos catorce años viendo cómo se reproduce mil veces un guión’

El tercer y último epígrafe es del investigador en comunicaciones Germán Rey (colombiano) que nos dice:

‘La comunicación es central para un rediseño de la vida democrática. Pensar la democracia hoy es hablar de democracias de alta calidad y de baja calidad, de democracias fortalecidas frente a democracias frágiles; y su fortaleza o debilidad tiene mucho que ver con las posibilidades comunicativas de la sociedad, de los ciudadanos, con los procedimientos reales de expresión de la sociedad’.

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Estos tres epígrafes nos hablan de cómo el Gobierno conformó, desde el año 2001, un nuevo régimen comunicativo. La comunicación social –léase mejor información– y los medios por donde ella circula han ganado en estos ya casi diecinueve años un papel estratégico para el poder instaurado desde 1999. La idea casi exclusiva de la comunicación dentro de una economía abierta y competitiva empezó a cambiar desde los inicios del régimen chavista. Pero en el tiempo también empezarían a cambiar las comunicaciones libres, abiertas y plurales. En la denominada era bolivariana la subordinación de los medios y sus comunicaciones con respecto a la política, ha venido siendo una constante impuesta desde la cúspide del poder. Hoy, el debate político para el mundo oficialista se juega en y desde los medios, de ahí que el Gobierno haya querido imponer lo que denominamos un nuevo régimen comunicativo.

Este nuevo modelo de estructura comunicacional ha intentado, con éxito, la ruptura, reorientación y reorganización del régimen comunicativo anterior, especialmente de los llamados medios públicos –nunca tan gubernamentalizados y partidizados como en el presente– con la única función de asegurar un orden fundado en controles oficiales para inducir en la sociedad la idea de que el hombre nuevo está naciendo y, al mismo tiempo, llevándose por el medio la memoria del pasado político, la historia del país, su cultura, su identidad y las actitudes de tolerancia y pluralismo.

El tiempo ha transcurrido y en estos años, hasta el presente, las comunicaciones y las políticas públicas impuestas para ellas han sido de mayor control y regulación; de creación de mecanismos jurídicos que han significado intimidación y autocensura; de diseño de una amplísima plataforma mediática de carácter hegemónico y el establecimiento de una narrativa y arquitectura simbólica que en algún momento logró convencer a la mitad del país. En definitiva, la operación que se puso en marcha desde los sucesos de 2002 se conecta con la idea expuesta en el Brasil de 1934, plena dictadura de Getulio Vargas, cuando un grupo de intelectuales cobijados en el gobierno le dijeron a este que ‘los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado’.

Lo que ha venido ocurriendo en el tiempo es la pérdida de un periodismo crítico, plural e independiente; las restricciones a la libertad de expresión y de información; el escandaloso secuestro de la radio-televisión pública; el asalto a Conatel para convertirlo en una entidad más política que técnica; la creación de leyes que controlan contenidos incómodos para el Gobierno; la discriminación publicitaria hacia los medios que son críticos; el caso de RCTV; la concepción de las telecomunicaciones para la construcción de una sociedad socialista; el intento sostenido de querer imponer un modelo cultural distinto de corte personalista, autoritario y militarista…

3

Si esta es la realidad del presente en el campo de las comunicaciones ya nos podemos imaginar cómo es hoy el ejercicio del periodismo aquí y ahora. Apuntemos, de manera muy esquemática, algunos indicadores de ese ejercicio. El campo periodístico en la Venezuela del presente se ha transformado profundamente. Los cambios que ha sufrido no son solo del orden estructural, sino también del orden de lo político y cultural. A estos últimos me quiero referir. El ejercicio periodístico-hoy se ve envuelto en una serie de contratiempos y amenazas que han puesto de manifiesto la necesidad de apuntar que es necesario repensar la información periodística como un bien público dentro del marco de las miserias, los riesgos y las inquietudes que envuelven a la sociedad venezolana del presente.

Es que el ejercicio periodístico no puede apartarse del contexto donde se ejerce, y mucho menos puede desligarse del funcionamiento de la democracia. Ya nos lo decía muy claramente el sociólogo chileno José Joaquín Brunner: ‘Existe una conexión profunda entre el sistema político prevaleciente en una sociedad determinada y el régimen comunicativo que aquél en parte condiciona y al cual necesita para subsistir’. Lo expresa también muy bien Antonio Pasquali cuando nos dice que hay que entender que la comunicación es la piedra fundacional de todo lo que estamos pensando y haciendo. ‘No es la polis la que crea un modelo de comunicación, es la comunicación la que crea sociedad. Entes incomunicados no pueden formar estructura social’.

Así, Venezuela vive terribles amenazas desde la racionalidad política, económica, social y cultural-comunicacional que caracteriza al actual Gobierno dictatorial en funciones de Estado. Entonces, el periodismo tiene que elevarse desde sus propias dificultades y carencias para convertirse en vocero crítico de las patologías políticas y sociales que rodean al ejercicio del poder, que cada vez con más fuerza y decisión se empeña en poner trabas y hasta en detener cualquier proceso de desarrollo democrático que implica desde este orilla –la del periodista– hacer que el ejercicio periodístico y comunicacional ponga de manifiesto al mayor número de personas los hechos sociales, políticos, económicos, culturales que marcan la vida social.

Esto implica la existencia y presencia de un periodismo independiente tanto del Gobierno como de los empresarios de medios, que sea capaz de contribuir a la elaboración de marcos y pautas de referencia y que logre que la ciudadanía adquiera las representaciones necesarias para reconocerse como integrante de un país y, en definitiva, de un conglomerado social y para reconocer que el poder político o cualquiera otra forma de poder tiene que estar subordinado a los intereses de vida del ciudadano y no el ciudadano y su vida subordinados a los intereses del poder.

Difícil tarea esta que se le otorga al campo periodístico y mucho más difícil cuando estamos en presencia de un poder político que intenta, por diferentes vías y mecanismos nada juiciosas y mucho menos éticas y morales, conculcar nuestras expresiones y opiniones, y hasta nuestro propio ejercicio de ciudadanía, e incluso de ciudadanía mediática.

Bajo esa perspectiva es que afirmamos que los periodistas tienen una tarea bien importante, pero difícil y compleja a la vez. Cuando este Gobierno dictatorial se ha venido convirtiendo poco a poco en una maquinaria coactiva; muy poco preocupado por el desarrollo de las mayorías más allá de que ellas le otorguen la ‘buena pro’ para perpetuarse en el poder; interesado en la formulación de planes que lo legitimen en cuanto poder político por encima del resto de la sociedad; cuando no reconoce a las fuerzas políticas de la oposición como legítimas y presentes; cuando ve a los comunicadores-periodistas y los pocos medios que todavía no están bajo su control como un opositor peligroso… es cuando sigue teniendo validez aquello que el español Ortega y Gasset afirmara en relación a los periodistas y la prensa en la España de 1930:

No existe en la vida pública más ‘poder espiritual’ que la prensa. La vida pública, que es verdaderamente histórica, necesita siempre ser regida, quiérase o no. Ella, por sí misma es anónima y ciega, sin dirección autónoma. Ahora bien, a estas fechas han desaparecido los antiguos ‘poderes espirituales’ (…) En tal situación, la vida pública se ha entregado a la única fuerza espiritual que por oficio se ocupa de la actualidad: la prensa.

4

No quisiera desaprovechar este momento para hacer una solicitud a ustedes, señores diputados, a esta Asamblea Nacional (AN) conducida desde la mayoría democrática. Desde este lado estamos conscientes que lo que se formule en materia de políticas públicas en comunicaciones va a ser desatendido desde el Ejecutivo. Esto a pesar de que el país democrático es hoy mayoría no solo en este espacio de la AN, sino en todo el país. Somos conscientes de esto, pero creo que es nuestro deber, es su deber, fijar las bases, el rumbo, de unas políticas públicas para hacer de las comunicaciones un verdadero servicio público que es una condición necesaria y connatural de la democracia.

En tal sentido, me permio apuntar muy esquemáticamente lo que un grupo de investigadores-académicos y periodistas esbozaron en un momento, no tan lejano, como las tareas que están pendientes en este campo y que debemos preparar para el ‘Cambio’. Así:

1. Lograr una verdadera y genuina democratización de las comunicaciones.

2. Definir una auténtica política pública comunicacional de transparencia informativa y garantías comunicativas para todos los venezolanos.

3. Edificar un genuino Sistema Nacional de Medios Públicos, encabezado por la oferta de una Radiotelevisión de Servicio Público, estructurado sobre la base de una autonomía de dirección y con la más amplia participación social en su dirección y acción, lo que implica la total des-gubernamentalización de dichos servicios.

4. Revisar y corregir los excesos regulatorios de las normas diseñadas para las comunicaciones dentro del marco de los derechos a la información y a la comunicación.

5. Promover mediante normas jurídicas el acceso a la información pública.

6. Llevar a cabo la revisión de la legislación y la normativa reglamentaria de las telecomunicaciones para ofrecer garantías de transparencia y apertura, justos procesos administrativos y reglas claras en lo concerniente a la asignación de frecuencias y su correspondiente regulación.

7. Retornar a Conatel las características de organismo autónomo y técnico, lo que significa despolitizarlo y devolverlo a su misión principal de regulación y ordenamiento del sector de las telecomunicaciones en el país

… y algunas más que nos deben de garantizar los principios declaratorios de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aquello que dijera la Unesco, cuando hizo explícito el Derecho a la Información, al expresar que: ‘La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos’.

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Para terminar, unas últimas líneas para mis colegas y amigos periodistas. Quiero reproducir ‘en extenso’ una homilía de mi buen amigo Jesús María Aguirre. Decía:

Un día de estos el profesor Marcelino Bisbal, compañero de fatigas, me regaló un libro con un título bastante procaz, al menos para ser leído por un cura decente: El pianista en el burdel.

Ante mi cara de extrañeza, me añadió: ‘Léelo te interesará. Ve la cita de la entrada’.

‘No le digáis a mi madre que soy periodista, prefiero que siga creyendo que toco el piano en un burdel’ (Del repertorio popular).

Sabía que pertenecía a un gremio con fama de bohemios, pero no conocía este dicho popular, que sacudió de nuevo mi autoestima profesional. A veces uno esconde esa pertenencia y se presenta –más eufemísticamente– como comunicador, profesor, jesuita, investigador…

Después de un reposo reflexivo me dije: no deja de tener algo de razón. Recogidas las experiencias de largos años, uno puede decir que hay especímenes y hasta tribus de colegas que puedan considerarse así de avergonzados.

El mundo de las comunicaciones nos induce ciertamente a ser bastante ‘escépticos’, pero no ‘cínicos’, como señala Kapuscinsky. Cierto escepticismo profesional nos induce a desconfiar de cualquier hecho propalado, valorar la sinceridad, discernir pseudoacontecimientos o simulacros, pero nuestra condición de profesionales que buscamos la verdad en el horizonte de nuestro trabajo no nos permite caer en el cinismo de quien afirma ‘todo da lo mismo’ o ‘todo vale’ con tal de vender o consolidar el poder. El comunicador responsable no es un Pilatos que se lava las manos por transacciones con el poder, sacrificando a la ciudadanía inocente, ni un Judas que vende su alma al mejor postor.

Las perturbaciones de estos últimos años, la descalificación sistemática de los profesionales, el enconamiento del Gobierno con los medios, las amenazas abiertas o disimuladas, el cierre de varias voces significativas, pueden ir minando nuestra asertividad y nuestro compromiso con la verdad, esa ‘verdad que nos hace libres’, según la Buena Nueva del cristiano (…).

Pero creo que la presencia de ustedes aquí es un mentís del dicho popular y una afirmación de que no claudicamos ante los chantajes actuales:

1. No nos avergonzamos de llamarnos periodistas y/o comunicadores,

2. Consideramos que nuestra profesión, aun sin la euforia de Gabriel García Márquez, ‘es el mejor oficio del mundo’, o al menos, de los que más merecen la pena vivirse,

3. Sabemos lo que significa nuestra profesión para sostener el tejido social de nuestro país, particularmente en este tiempo de fracturas,

4. Estamos empeñados en ser los primeros en defender las libertades públicas, necesarias para el diálogo social y sin claudicar del principio de buscar la verdad.

Muchas gracias”.

Caracas, 27 de junio de 2017.

El juez Hércules y las condiciones constitucionales para el artículo 350; por Ramón Escovar León

“He insistido en que en los casos difíciles la razón y la imaginación deben buscar respuestas correctas”, afirma Ronald Dworkin, filósofo del Derecho de marcada influencia en el mundo jurídico de las últimas décadas. Esta propuesta de que los jueces pueden dar con la respuesta correcta a través del análisis razonado en la resolución de

Por Ramón Escovar León | 27 de junio, 2017

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“He insistido en que en los casos difíciles la razón y la imaginación deben buscar respuestas correctas”, afirma Ronald Dworkin, filósofo del Derecho de marcada influencia en el mundo jurídico de las últimas décadas. Esta propuesta de que los jueces pueden dar con la respuesta correcta a través del análisis razonado en la resolución de sus casos ha merecido críticas. Lo cierto es que esta tesis no encuentra apoyo unánime en la doctrina jurídica. Pese a ello, y a la resistencia que ha recibido su posición iusnaturalista, Dworkin se hizo sentir en los inicios de la jurisprudencia chavista; especialmente en el área laboral, ya que las primeras decisiones en materia de simulación del contrato de trabajo encontraron apoyo en algunas de las propuestas de este pensador. Ahora, con los cambios revolucionarios, la situación cambió.

El autor norteamericano sostiene que el razonamiento jurídico utiliza reglas y principios que la jurisprudencia va desarrollando a través de la resolución de casos concretos. La tesis de Dworkin expone que la tarea del juez se parece a la de un escritor encargado de redactar el capítulo de una novela que ha sido comenzada por otro; labor que, por sus características, exige la realización de una actividad intelectual en serie y prácticamente sin fin, por lo cual ha sido denominada “la novela encadena”. El ejemplo sirve para mostrar que la contribución del juez, tal y como ocurre con las buenas novelas, debe ser armoniosa y coherente. En esta faena se deben tomar en cuenta los principios jurídicos y políticos propios del ordenamiento constitucional con los que debe producirse la decisión. Esos valores son importantes porque crean en el operador el sentido de pertenencia a una comunidad cultural; y de esa manera se imprime legitimidad a la interpretación del Derecho.

Además de la novela en cadena, Dworkin se apoya en la figura de un juez ideal que llama Hércules, “de un poder intelectual y una paciencia sobrehumanos, que acepta el derecho como integridad”. Pues bien, este juez conoce a la perfección las normas, los principios, las fuentes del Derecho, la jurisprudencia y la doctrina; y armado de esos conocimientos es capaz de construir su argumentación coherente y llegar a la respuesta correcta. Lo importante para este Hércules es la coherencia y transparencia en el manejo de los fundamentos que invoca.

Lo que no pudo imaginar Ronald Dworkin es que podría existir un modelo inverso al que proponía, no con un juez Hércules, sino con un exterminador de derechos fundamentales y valores democráticos ¡Es ese el escenario de la Venezuela del presente!Es tal la agresividad de la “justicia constitucional” que varios chavistas ortodoxos se han separado del madurismo: la fiscal general, los militares Miguel Rodríguez Torres, Clíver Alcalá y Alexis Ramírez López, todos de rango mayor general, y una lista de civiles que aumenta sin detenerse. En esta novela de capítulos perversos destaca la sentencia 378/2017 que, como es sabido, eliminó la indispensable consulta popular en el proceso constituyente fraudulento que amenaza a los venezolanos.

Ante este cuadro surge la pregunta: ¿están dadas las condiciones constitucionales para activar la desobediencia civil prevista en el artículo 350 de la Constitución? ¿Se justifica acatar la disposición del artículo 333 del texto fundamental? La respuesta se encuentra en la sentencia Nro 24/22.01.2003 que dictó la Sala Constitucional con el pretendido deseo de restringir el derecho humano a la desobediencia civil. El texto de la decisión se mueve en el plano de la ambigüedad, de la vaguedad y la contradicción. Para interpretar el derecho a la desobediencia y a la resistencia se adentra a delimitar el sentido de los artículos 333 y 350 de la Carta Magna. La correcta interpretación de estas normas fue hecha con claridad por José Ignacio Hernández en Prodavinci, cuando explica que “son dos caras de una misma moneda”.

La falta de claridad de la sentencia que se comenta se explica si la ubicamos en el contexto histórico. En efecto, dicha decisión se profiere luego de los sucesos de abril del 2002, cuando la Sala Constitucional decidió limitar, sin aspavientos, el derecho a la desobediencia consagrado en el artículo 350 de la Constitución para proteger al gobierno de posibles amenazas. Bajo tal propósito produce la alambicada decisión Nro 24 que, por una parte, define bien el concepto de pueblo y, por la otra, restringe el derecho a la desobediencia civil. El principio de la coherencia en esta “novela en cadena” se ha hecho añicos, debido al deseo de conservar el poder “como sea”.

Según la referida decisión Nro 24/2003 los derechos consagrados en los artículos 333 y 350 de la Constitución no pueden leerse sino en inseparable relación. Para la Sala Constitucional, contradictoriamente, la desobediencia no es posible contra el poder constituido, pero sí contra el poder constituyente, salvo que se apele al mecanismo previsto en el artículo 70 del Texto Fundamental, esto es: “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas”. Esto constituye una manera de limitar el derecho previsto en el artículo 350 a los procesos electorales a que se refiere el mencionado artículo 70. Pero una lectura detenida de la decisión autoriza a sostener que también cabe la desobediencia contra actos del poder constituido que violen “los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

A lo anterior se añade que la Sala Constitucional, sin motivación, decidió que la desobediencia civil constituye una amenaza que puede propiciar la anarquía, tal como lo examinó René Molina en un ensayo sobre el tema (La Sala Constitucional y la desobediencia civil). De esta manera, dicha Sala, en lugar de interpretar el derecho a la desobediencia de manera expansiva, lo hace de manera restrictiva para desestimular cualquier expresión democrática contra el gobierno de la época. Por eso, según la decisión, se acepta la desobediencia civil contra actos del poder constituyente originario que violen derechos humanos y la separación de poderes, pero no contra el poder constituido. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, sí es posible activar la desobediencia civil-también- contra el poder constituido que impulse una asamblea fraudulenta al violar los valores democráticos, porque según un principio general del derecho quien puede lo más, puede lo menos (quipotest plus, potestminus). En todo caso, como sí se admite la resistencia en relación con el poder constituyente originario, los actos del poder constituido —derivado del primero— no escapan del ámbito de los artículos 333 y 350 de la Constitución. Entenderlo de otra manera es limitar uno de los valores de la democracia, como es el acatamiento absoluto de los derechos fundamentales.

Para activar el derecho a la desobediencia civil, según la Sala Constitucional, deben agotarse todos los recursos disponibles en la Constitución, lo que se señala a los efectos de darle una interpretación restrictiva a este derecho. Eso es lo que han hecho instituciones y organizaciones de la sociedad civil como la Fiscalía General de la República y el Colegio de Abogados de Caracas, por ejemplo, que han propuesto demandas de nulidad contra la convocatoria. De esta manera, se han agotado todos los recursos a que se refiere dicha decisión.

A lo antes mencionado hay que añadir que los ciudadanos, como seres humanos, tienen el derecho a exigir un gobierno mejor, que garantice la posibilidad de desarrollar el “libre desenvolvimiento de la personalidad” de cada cual, como lo establece el artículo 20 de la Constitución. Es este uno de los fundamentos de Henry David Thoreau cuando, en su ensayo sobre la desobediencia civil, escribió: “Para hablar como simple ciudadano y no como esos que niegan todo gobierno, no pediré que se anule en seguida toda forma de gobierno, sino que se nos dé en seguida un gobierno mejor”. Un “gobierno mejor” que garantice el proyecto de vida a que aspiran los jóvenes que protestan, con la perseverancia y energía de las olas, para pedir un país que garantice un futuro digno.

Por último, la sentencia 24/2002, que pretendió restringir el derecho a la resistencia civil plasmado en el artículo 350 de la Carta Magna, lo que ha hecho en este nuevo contexto histórico es justificarlo constitucionalmente. Al juez exterminador se le escapó esta posibilidad, porque solo se ocupa de resolver los casos según las necesidades políticas del momento. El juez Hércules, en cambio, llegaría a su respuesta correcta al interpretar que están dadas las condiciones para la desobediencia civil.

De 1811 a 2017: Asambleas constituyentes y constituciones en la historia de Venezuela; por Carlos García Soto

La historia institucional de Venezuela ha presenciado varios “procesos constituyentes” y reformas constitucionales así como otras tantas constituciones producto de esos procesos: hemos tenido cierta debilidad para convocar procesos de este tipo o al menos para reformar la Constitución. Algunas veces, como en 1811 o en 1947, la nueva Constitución implicó una ampliación de los

Por Carlos García S. | 26 de junio, 2017
Manifestantes opositores realiza concentración nocturna para rendir homenaje a los caídos durante las protestas. 17 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores realizan una concentración nocturna para rendir homenaje a los caídos en contexto de protesta. 17 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

La historia institucional de Venezuela ha presenciado varios “procesos constituyentes” y reformas constitucionales así como otras tantas constituciones producto de esos procesos: hemos tenido cierta debilidad para convocar procesos de este tipo o al menos para reformar la Constitución. Algunas veces, como en 1811 o en 1947, la nueva Constitución implicó una ampliación de los derechos de los ciudadanos. Otras veces, como entre 1908 y 1935, las reformas a la Constitución sirvieron para aumentar los poderes del presidente. Como ocurrió, precisamente, también en el proceso constituyente de 1999.

Como ha advertido el profesor Allan R. Brewer-Carías, hasta 1999 los “procesos constituyentes” que dieron lugar a constituciones siempre fueron el resultado de una ruptura del hilo constitucional, generalmente a partir de las distintas revoluciones que han marcado nuestro calendario político. El proceso constituyente de 1999 no fue la excepción debido al carácter fraudulento de su convocatoria.

Pero, en realidad, a los únicos procesos constituyentes a los que genuinamente puede dárseles ese calificativo son al de 1811 cuando comienza el tránsito de la monarquía a la república, y al proceso constituyente en 1830 cuando se produce la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Propiamente, el Estado venezolano se constituyó en 1811, con lo que no hace ni ha hecho falta en realidad ni “reconstituirlo” ni “refundarlo” de nuevo.

Por esto, los términos “Asamblea Nacional Constituyente” o “proceso constituyente” han sido utilizados en varias oportunidades como una excusa para la obtención del poder, o para la ampliación de las competencias presidenciales. En otras ocasiones, como en el período entre 1908 y 1935 no se convocaron “procesos constituyentes”, sino que se procedió a realizar enmiendas puntuales a la Constitución para ajustar así las constituciones a las necesidades políticas que se querían atender en el momento.

Por supuesto, en el contexto de las distintas crisis políticas que conforman la historia de Venezuela, alrededor de estas constituciones se dictaron muchos actos que intentaron regular alguna situación de hecho. Y así, junto a las constituciones, se dictaron actos de contenido político: desde el que confirió al Libertador poderes extraordinarios en 1813 y 1814 hasta el Acta Constitutiva de la Junta Revolucionaria de 1945, pasando por el Decreto del General Castro mediante el cual asume la jefatura del Poder Ejecutivo en su carácter de Jefe de la Revolución Liberal Restauradora el 23 de octubre de 1899.

El primer Congreso constituyente:
el Supremo Congreso de Venezuela y la Constitución de 1811

Como hemos explicado aquí en Prodavinci, el 2 de marzo de 1811 se instaló el primer Parlamento en el país: el Supremo Congreso de Venezuela, también conocido como el Congreso Constituyente de 1811. Aquel Parlamento se convocó según lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones redactado por Juan Germán Roscio, el cual dictó el 11 de junio de 1810 la Junta Suprema de Venezuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII.

Ese Supremo Congreso de Venezuela daría lugar al Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 y, también, a la tercera Constitución del mundo moderno: luego de la Constitución estadounidense (1787) y la francesa (1791) se firmó el 21 de diciembre de 1811 la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, justo antes de terminar las sesiones por ese año y será aprobada por 37 diputados, representantes de las 7 provincias confederadas para el momento: Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo. Francisco de Miranda la firmaría realizando observaciones al texto aprobado, advirtiendo que en su opinión carecía de “un justo equilibrio” y que la Constitución no sería conforme “con la población, usos y costumbres de estos países”.

La vigencia de la Constitución de 1811 fue efímera. Diversas razones dieron lugar a la llamada “caída de la Primera República”. De hecho, al sistema institucional creado por la Constitución de 1811, según el cual el Poder Ejecutivo no era fuerte, se atribuye, entre otras razones, la caída de la Primera República. El mismo Bolívar criticaría amargamente el esquema de la Constitución de 1811 en su Manifiesto de Cartagena de 1812 y luego en el Discurso de Angostura de 1819.

Las Constituciones del siglo XIX

A la Constitución de 1811 le seguiría las Constituciones de 1819, llamada como “Constitución de Angostura”, e influenciada por algunas de las ideas de Simón Bolívar. La Constitución de 1819 sería sustituida por la Constitución de 1821, la cual promulgada por Bolívar luego de la Batalla de Carabobo. Poco antes de morir Bolívar, el Congreso de Valencia dictaría la Constitución de 1830, promulgada por José Antonio Páez, que sellaría nuestra separación de la Gran Colombia.

Esta Constitución de 1830 sería una de las constituciones con mayor tiempo de vigencia: sólo será sustituida por la Constitución de 1857. Sin embargo, esta Constitución de 1857, que fue impulsada por Monagas para asegurar su reelección, sería a su vez sustituida por la Constitución de 1858, producto de la Gran Convención Nacional convocada por Julián Castro quien lideraba la Revolución de Marzo.

Luego de las Guerras Federales, la Constitución de 1858 sería objeto de reforma por la Constitución de 1864 y va a recoger la repartición del poder de los caudillos regionales. La Constitución de 1864 tendría una vigencia de 10 años, siendo objeto de reforma constitucional para dar lugar a la Constitución de 1874 luego de la Revolución Azul y de la Revolución de 1870. La Constitución de 1874, a su vez, sería objeto de reforma constitucional, para dar lugar a la Constitución de 1881, luego de la Revolución Reivindicadora de 1879.

La Constitución de 1881, muy influenciada por Antonio Guzmán Blanco, y conocida en nuestra historia constitucional como la “Constitución Suiza”, también tendría una vigencia de 10 años, siendo sustituida por la Constitución de 1891.

Luego de la Revolución Legalista, la Constitución de 1893 será la última del siglo XIX.

Las constituciones del siglo XX

El siglo XX vería su primera Constitución en 1901, con la llegada de los andinos al Poder, a partir de la Revolución Liberal Restauradora. A partir de esta Constitución se irá desmontando progresivamente la estructura federal que se había instaurado a través de las constituciones del siglo XIX.

La Constitución de 1901 será reformada por la Constitución de 1904.

Luego de asumir el poder, el General Gómez promoverá hasta siete reformas puntuales a la Constitución, siempre para apalancarse en el poder. Y así, se dictarán las constituciones de 1909, 1914 —previo Estatuto Constitucional Provisorio de los Estados Unidos de Venezuela de 1914—, 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931.

Con la muerte del General Gómez y los sucesos que comienzan a darse a partir de la asunción de la presidencia del General López Contreras, se dictará la Constitución de 1936. Tras la muerte de Gómez, esta Constitución empieza a recoger las exigencias de libertades políticas, sociales y económicas que el país planteaba con mayor énfasis. La Constitución de 1936 será sustituida por la Constitución de 1945; sin embargo sólo tuvo una vigencia de meses debido a la Revolución de Octubre.

La Asamblea Constituyente de 1947, presidida por Andrés Eloy Blanco, dará lugar a la Constitución de 1947 que incluyó importantes avances en el reconocimiento de los derechos de los venezolanos y en la regulación orgánica del Estado venezolano. La vigencia de la Constitución de 1947 sería breve debido al golpe que derrocó al gobierno de Rómulo Gallegos. La Junta Militar de Gobierno, en una acción que constituía un retroceso en los derechos conquistados, declaró que se aplicaría la Constitución de 1945 si bien reconocía que podía aplicar las disposiciones más progresivas previstas en la Constitución de 1947.

En 1953 una Asamblea Constituyente, bajo la dictadura militar, dictaría una nueva Constitución que implicaba la disminución de los derechos y garantías previstas en las constituciones de 1945 y 1947.

Con el inicio del período democrático, tendrá lugar la Constitución de 1961 —la de más larga vigencia en la historia de Venezuela— que será sustituida por la vigente de 1999. La Constitución de 1961 fue producto de la Revolución de 1958 y es un reflejo del Pacto de Punto Fijo (también de 1958). Con la Constitución de 1961 se estableció el cauce institucional para que por primera vez en nuestra historia republicana, partidos políticos de distintas ideologías pudieran sucederse de modo pacífico en el ejercicio del poder.

El proceso constituyente de 1999: el último “proceso constituyente”

En 1999 fue la última experiencia de tipo “constituyente” en el país. En 1998, la principal oferta electoral del entonces candidato Hugo Chávez fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ese proceso dio lugar a la Constitución de 1999, hoy vigente.

A pesar de lo atropellado, arbitrario y fraudulento que resultó el proceso constituyente de 1999, o quizá precisamente por ello, el entonces Presidente Chávez alabó en diversas oportunidades el texto de la Constitución de 1999. Para el oficialismo, esa Constitución se convirtió en un verdadero “documento fundacional”. Desde el año 2000, la justificación de la actuación estatal se encontró siempre en la Constitución de 1999, aun cuando en muchas ocasiones esa actuación suponía, irónicamente, una violación de la propia Constitución.

De la Constitución de 1999
a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017

Luego de la victoria electoral que dio inicio a un segundo período presidencial, el entonces presidente Chávez planteó la necesidad de ir a un proceso de reforma constitucional. La propuesta formulada, se recordará, suponía una ampliación de los poderes presidenciales, la reducción del ámbito de libertades políticas y económicas y la instauración de lo que en el momento se denominó como el “Estado comunal”, sobre la base del llamado “Poder Popular”.

El 2 de diciembre de 2007, el pueblo rechazó la propuesta de reforma constitucional en un referendo. Prevaleció la idea en el electorado que se trataba de una propuesta fraudulenta que en el fondo pretendía aumentar los poderes del Estado y restringir las libertades de los ciudadanos. Uno de los argumentos que utilizaron quienes se oponían a la reforma constitucional, era que los cambios que se pretendían realizar a la Constitución de 1999 eran de tal magnitud que en realidad para proponer tales cambios era preciso convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es sabido cómo a pesar de que el electorado rechazó la propuesta de reforma constitucional de 2007, luego se intentó implementar varios de los aspectos de su contenido como ocurrió con las “Leyes del Poder Popular” en diciembre de 2010.

Otro de los aspectos que se incluían en la propuesta de reforma constitucional era establecer la reelección indefinida del Presidente de la República. A pesar de que esa propuesta particular había sido rechazada por el pueblo al votar en contra de todo el proyecto de Constitución, al año siguiente el presidente Chávez propondría una enmienda constitucional que permitiera la reelección indefinida del presidente, de gobernadores, de diputados a las Asambleas Legislativas, de alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional. A diferencia de lo ocurrido en el año 2007, en esta ocasión el pueblo votaría mayoritariamente a favor de la propuesta de enmienda, de manera que la reelección indefinida comenzó a formar parte de la Constitución. Uno de los argumentos de quienes se oponían a la enmienda, era que resultaba fraudulenta puesto que la propuesta, en concreto, ya había sido rechazada por el pueblo en la reforma de 2007.

Luego de la aprobación de la enmienda no se había cuestionado la pertinencia y vigencia de la Constitución de 1999 hasta que el 1 de mayo el presidente Maduro anunció que se llevaría a cabo un proceso constituyente. Convocar una Asamblea Constituyente viola la Constitución de 1999, ya que es el pueblo el que debe convocar y no el presidente tal y como señalan los artículos 347 y 348 de la Constitución. A saber, el artículo 348 señala que el presidente, en consejo de ministros, puede tomar la iniciativa de convocar un proceso constituyente, pero el artículo 347 especifica que es el pueblo el verdadero convocante de este proceso. Los riesgos que supone un proceso constituyente para Venezuela han sido ampliamente discutidos en las últimas semanas.

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Nota bibliográfica: Afortunadamente, la bibliografía sobre las asambleas constituyentes y las constituciones en la historia de Venezuela es amplia. Una visión general puede encontrarse, por supuesto, en la Historia Constitucional de Venezuela de José Gil Fortoul, pero más recientemente, por ejemplo, en la muy cuidada recopilación con estudio introductorio de Allan R. Brewer-Carías Las Constituciones de Venezuela, tomo I y II, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008. También en la muy completa obra colectiva coordinada por Elena Plaza y Ricardo Combellas Procesos constituyentes y reformas constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811-1999, Tomos I y II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2005.