Perspectivas

¿Cuál es el origen del Defensor del Pueblo en la Constitución de 1999?; por Carlos García Soto

En el contexto de la actual crisis política, los ciudadanos y la dirigencia de la MUD han reiterado la exigencia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que se pronuncie sobre la crisis. Específicamente, la Asamblea Nacional ha solicitado al Consejo Moral Republicano, presidido por Saab, que se pronuncie sobre la calificación de falta

Por Carlos García S. | 27 de abril, 2017
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Fotografía de EFE

En el contexto de la actual crisis política, los ciudadanos y la dirigencia de la MUD han reiterado la exigencia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que se pronuncie sobre la crisis. Específicamente, la Asamblea Nacional ha solicitado al Consejo Moral Republicano, presidido por Saab, que se pronuncie sobre la calificación de falta grave de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El 6 de abril el Defensor del Pueblo señaló que “el Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la solicitud, debido a que considera inoficioso un pronunciamiento sobre las presuntas faltas de magistrados del TSJ, puesto que las sentencias 155 y 156 ya fueron de oficio aclaradas, ante decisiones de las mismas fechas”.

El 25 de abril la Asamblea Nacional dictó un Acuerdo por el cual aprobó la conformación de una Comisión especial para realizar una investigación sobre la ausencia de decisión formal del Consejo Moral Republicano, presidido por el Defensor del Pueblo, ante la solicitud de calificación de falta grave de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Además, conforme al Acuerdo, se daría un plazo de tres días para que la Asamblea Nacional reciba un pronunciamiento del Consejo Moral Republicano sobre la solicitud de calificación de falta grave de los Magistrados.

Igualmente, los ciudadanos y la dirigencia de la MUD han intentado marchar en varias ocasiones en los últimos días hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, sin éxito. Peor aún, con el saldo de represiones y de fallecimientos, como el del estudiante Juan Pablo Pernalete.

La función del Defensor del Pueblo en la Constitución de 1999

¿Cuál es, conforme a la Constitución, la función del Defensor del Pueblo?

El Artículo 280 de la Constitución señala la misión de la Defensoría del Pueblo:

“La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”

Por su parte, el Artículo 281 de la Constitución señala las atribuciones del Defensor del Pueblo. Entre las distintas atribuciones que se le asignan, destacan las siguientes, por ejemplo:

—Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento (numeral 1).

—Instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos (numeral 4).

—Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto a los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos (numeral 5).

El Defensor del Pueblo, junto con el Fiscal General y el Contralor General, conforma el Poder Ciudadano, que se ejerce por el Consejo Moral Republicano (artículo 273 de la Constitución).

En la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999 se señala sobre la figura del Defensor del Pueblo:

“Recogiendo una institución que nace en los países escandinavos y que ha tenido auge en Europa y en gran parte en América Latina, se crea la Defensoría del Pueblo como órgano del Consejo Moral Republicano que tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo representa la institución del Poder Público más vinculada y cercana a los ciudadanos, cuyas funciones son esenciales para controlar los excesos del poder y garantizar que el sistema democrático no sólo sea una proyección constitucional, sino una forma de vida en sociedad con eficacia y realidad concreta, donde los derechos e intereses de los ciudadanos sean respetados”

¿Cuál es el origen del Defensor del Pueblo en la Constitución de 1999?

Ahora bien, ¿cuál es el origen de la figura del Defensor del Pueblo en el proceso de redacción de la Constitución de 1999?

La idea del Defensor del Pueblo en la Constitución de 1999 será aportada por el propio Presidente Chávez en su Proyecto de Constitución en 1999, si bien se trata de una figura que ya había sido instituida en otros países, en otros contextos históricos. Al presentar ese proyecto a la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 1999 va a señalar lo siguiente en su discurso:

“Ciento ochenta años después aquí está recogido algo que es un clamor del país: el poder moral, un cuarto poder, un nuevo ente estatal, no burocrático ni como un fin en sí mismo; un poder moral que sea de verdad autónomo, que no esté subordinado a los otros o a los tres poderes clásicos del Estado; un poder moral, propongo, modestamente, que pudiera ser la fusión o pudiera alimentarse de tres fuentes que hoy existen dispersas, maniatadas, sin vida propia: una Fiscalía, un Ministerio Público autónomo de las cúpula políticas que esté libre de manipulaciones y de presiones de sectores nacionales. Un Ministerio Público, una Fiscalía de la República con un nuevo concepto para garantizar no sólo el estado de derecho sino el estado de justicia. Una Contraloría, un poder contralor también incorporado al concepto del poder moral y además de eso, esta figura de la que se ha venido hablando un poco en Venezuela, pero que nunca se ha podido sembrar que es la Defensoría del Pueblo”

La discusión sobre la figura del Defensor del Pueblo se daría en la sesión del 6 de noviembre de 1999 de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por ejemplo, el constituyente Roberto Jiménez haría la siguiente reflexión, comenzando el debate:

“El Defensor del Pueblo (…) sencillamente será la voz que va a tener el pueblo, precisamente para llevar a las instancias superiores las mayores protestas o las más simples reclamaciones. Eso es oficiar y podrá el Defensor del Pueblo aplicar tanto sanciones morales como sanciones de acuerdo a las leyes a través de la Fiscalía General de la República. Esta es la explicación de por qué llamamos Consejo Moral Republicano a un organismo que responde al Poder Moral”

El constituyente Manuel Quijada, por su parte, se mostró escéptico sobre la pertinencia de la figura. Señalaría en su intervención:

“Pero un país caótico como éste, con todos los problemas del mundo, ¿qué puede hacer un defensor del pueblo, cundo comience el ciudadano a protestar y a denunciar todos los males que está sufriendo por la actitud del Gobierno o de las autoridades? La cola llegaría a Maracaibo si los pusieran en fila”

Por su parte, partiendo de la previa intervención del constituyente Quijada, el constituyente Allan R. Brewer-Carías va a fijar la importancia de la figura del Defensor del Pueblo, en estos términos:

“Sí creo que esta es una de las innovaciones más importantes de este proyecto de Constitución”.

Este no es el ombudsman, el ombudsman, es como él señalaba, una institución de origen nórdico. Ya el Defensor del Pueblo, el defensor de los derechos, puede decirse que es una institución latinoamericana, porque en casi todos los países de América Latina ha sido establecida en los últimos ocho años.

Insisto, es una de las innovaciones más importantes y creo que debe conservarse como parte del Poder Ciudadano tal como está establecido en el proyecto. No creo que debamos anticiparnos ni ser futurólogos para ver cómo es que va a actuar esto en el futuro, y si va a funcionar o no. Creo que si tenemos un compromiso con los derechos humanos y su progresividad, esta institución debe quedar”.

El constituyente Vladimir Villegas también reaccionaría a la posición del constituyente Quijada, para advertir:

“Al contrario de lo que piensa Manuel Quijada, creo que el caos, que a veces vemos que es característica del funcionamiento de muchas instituciones, es lo que más justifica la existencia de un funcionario que tenga este tipo de competencia para tratar de que las quejas, los sentimientos, los problemas del ciudadano sean atendidos”

***

Tal es, en resumen, el origen en la Constitución de 1999 de la figura del Defensor del Pueblo, hoy en el centro de la crisis política, por la exigencia que realizan los ciudadanos y la dirigencia política a que ejerza las funciones que le fueron atribuidas precisamente en esa Constitución.

Las elecciones y su lugar en la crisis política: algunas precisiones; por Carlos García Soto

En el centro de la crisis política que se ha intensificado en las últimas semanas en el país, se encuentra un tema fundamental: las elecciones regionales, municipales y presidenciales. Y, a riesgo de parecer ingenuo, precisamente por la gravedad de la crisis política, parece conveniente intentar precisar algunos aspectos del tema electoral. Las elecciones en

Por Carlos García S. | 22 de abril, 2017

Elecciones regionales la crisis economica no es excusa; por Jose Ignacio Hernandez-1

En el centro de la crisis política que se ha intensificado en las últimas semanas en el país, se encuentra un tema fundamental: las elecciones regionales, municipales y presidenciales. Y, a riesgo de parecer ingenuo, precisamente por la gravedad de la crisis política, parece conveniente intentar precisar algunos aspectos del tema electoral.

Las elecciones en el contexto de la crisis política

Como se sabe, conforme a la Constitución, el año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) debió convocar las elecciones regionales. Para este año deben ser convocadas las elecciones municipales. Y para el año que viene corresponde realizar las elecciones presidenciales. Paradójicamente, las elecciones regionales no fueron celebradas el año pasado, entre otras razones, porque el CNE habría estado sustanciando el procedimiento para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial que, irónicamente, no se celebró.

Por esto, una de las exigencias fundamentales de la dirigencia agrupada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es, precisamente, la convocatoria a elecciones, si bien se ha dicho que no basta la convocatoria a elecciones para que cesen las protestas que se han organizado en los últimos días. Y aunque el propio presidente Maduro ha señalado su intención de que se convoquen elecciones, el CNE no ha dado ningún paso en ese sentido. El propio rector del CNE Luis Emilio Rondón ha advertido que “el CNE está obligado a convocar elecciones a cargos de elección popular vencidos y por vencer […]. Llamo a la sensatez y al respeto de la Constitución”. La rectora del CNE Tania D’ Amelio, por su parte, ha señalado que mientras se realice el proceso de validación de los partidos políticos, queda “interrumpido el proceso de elecciones regionales”.

Si bien el Secretario General de la OEA Luis Almagro ha dicho que las elecciones generales serían una solución a la crisis política de Venezuela, es preciso recordar que una convocatoria a elecciones generales implica primero la solución de algunos obstáculos institucionales, como, por ejemplo, la necesidad de una enmienda a la Constitución que permita el adelanto de la elección presidencial, como ha explicado José Ignacio Hernández. La prensa internacional también ha hecho referencia a esta opción para la situación de crisis política en Venezuela.

Las elecciones en la historia reciente

Al menos desde 2003, en Venezuela las elecciones han estado en el centro de la polémica, entre otras razones, tanto por la conformación del Directorio del CNE, como por el modo como el CNE ha organizado las campañas, como por las condiciones de ventajismo en las que se han celebrado las elecciones. Entre otras publicaciones sobre la materia, es importante el conjunto de trabajos, coordinados por Benigno Alarcón Deza y Jesús María Casal, y publicados en el libro Proyecto Integridad Electoral Venezuela: las reformas impostergables, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2014 o el libro coordinado por el Diputado Juan Miguel Matheus sobre la Ley Orgánica de Procesos Electorales, Editorial Jurídica Venezolana-Universidad Monteávila, Caracas, 2010.

Desde del referendo revocatorio presidencial al entonces Presidente Chávez, que hace unos meses analizamos aquí en Prodavinci, en la opinión pública se ha planteado el problema político de las condiciones del sistema electoral venezolano, y de las condiciones políticas en las cuales se acude a elecciones en el país. El tema ha sido, ciertamente, polémico.

En ese sentido, ha habido momentos de gran tensión, por diversas razones, entre otras: la propia sensación de frustración generada por el resultado del referendo revocatorio presidencial de 2004; la decisión de partidos opositores de no acudir a la elección parlamentaria de 2005;  la tensión generada en torno a la derrota de la propuesta de reforma constitucional en 2007; el cuestionamiento del proceso electoral presidencial de abril de 2013, o últimamente la elección de Diputados a la Asamblea Nacional en 2015.

Sin embargo, como se señaló, en este momento el CNE se encuentra en injustificable retraso con respecto a la celebración de las elecciones regionales. Paradójicamente, la exigencia hoy de los dirigentes de la MUD y de la opinión pública no es tanto por unas condiciones electorales justas, sino porque haya efectivamente elecciones.

Las elecciones y su lugar en la democracia

Ciertamente, las elecciones son un elemento fundamental de la democracia. De hecho, la elección es precisamente el instrumento que permite que el Poder recaiga sobre alguien electo por el pueblo, y que no sea designado con ocasión de una dinastía o por imposición del más fuerte. Sin elecciones justas, es un fraude al lenguaje hablar de democracia, porque las elecciones justas permiten precisamente que sea el pueblo quien decida quién ejerce el Gobierno. Sin embargo, como se señalará de inmediato, las elecciones justas no son suficientes para hablar de democracia.

Las elecciones son una condición necesaria,
pero insuficiente para la democracia

Con ocasión de los nuevos tipos de regímenes autoritarios que ha estudiado la literatura especializada, cada vez con mayor frecuencia se insiste en que las elecciones son una condición necesaria, pero insuficiente para la democracia, como han analizado aquí en Prodavinci Anabella Abadi M. y Bárbara Lira.

Se dice, con razón, que no es suficiente que se celebren elecciones continuamente para que un régimen pueda considerarse como democrático. En primer lugar, porque no puede considerarse como democrática cualquier tipo de elección: sólo podrá considerarse como tal aquella elección en la cual hay libertad de acceso a la elección tanto a los electores como a los elegibles, y en la cual las condiciones de quienes compiten en la elección son justas. En ese sentido es el que se dice habitualmente que hay elecciones en las cuales se vota, pero no se elige. Pero además, un régimen democrático debe cumplir con otras características: sometimiento a la Constitución, respeto a la separación de poderes, respeto a los derechos de los ciudadanos, entre otros elementos, junto con la celebración de elecciones justas.

En ese sentido, si bien en Venezuela se han celebrado 20 elecciones desde 1998, ello no significa necesariamente que el Gobierno pueda ser calificado como uno que cumpla con estándares democráticos. De hecho, en ocasiones, las elecciones pueden servir, paradójicamente, para que un régimen autoritario se legitime en términos políticos a lo interno y a lo externo. Lamentablemente para el país, sin embargo, buena parte de la Comunidad Internacional lo ha entendido así durante años, si bien es una tendencia que comienza a cambiar, como ha resaltado recientemente Miguel Ángel Martínez Meucci.

Las elecciones y su lugar en la crisis política

En crisis políticas de magnitud como la nuestra, las elecciones tienen un papel aún más relevante, si es que es posible. Parece simplemente un recurso retórico, pero en el fondo encierra una verdad fundamental para la sociedad: ante una crisis política de grandes magnitudes, lo razonable y justo es permitir que el pueblo se exprese. Tal era el sentido, precisamente, de la convocatoria a referendo revocatorio que la MUD intentó impulsar el año pasado. En el caso actual, no se trata sólo de que la mayoría de los venezolanos tiene derecho a que se celebre una elección, sino que tiene derecho a que se celebre elecciones para la renovación de cargos cuyo período ya se ha vencido, como ocurre con el caso de las elecciones regionales.

En este sentido, en nuestra opinión, la exigencia de condiciones justas para las elecciones no tiene por qué ser incompatible con otros mecanismos de lucha democrática. De hecho, no se olvide que la exigencia de elecciones es un excelente instrumento de presión política. La exigencia de un derecho perfectamente es compatible con otras estrategias de presión para lograr los cambios políticos democráticos.

 Las elecciones son, ante todo, un derecho de los venezolanos

Porque, precisamente, las elecciones son, ante todo, un derecho de los venezolanos, reconocido claramente por el Artículo 63 de la Constitución: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de personalización del sufragio y la representación proporcional”.

Además, es un derecho particularmente sensible para los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que aplican en Venezuela. El derecho al sufragio será además una expresión del derecho a la participación política, también reconocido en el Artículo 62 de la Constitución.

Ese derecho, sin embargo, ha sido violentado de diversas maneras: desde la imposición de condiciones injustas en procesos electorales, hasta la suspensión del referendo revocatorio el año pasado, pasado por la misma violación al derecho al sufragio que ha supuesto el bloqueo de toda la actuación de la AN por el TSJ. Pero aun así, celebración de elecciones ha dado importantes victorias para la causa democrática, como ocurrió con ocasión del referendo sobre la reforma constitucional o con la elección de Diputados a la AN en 2015.

***

Al principio se dijo que, a riesgo de parecer ingenuo, parecía necesario insistir en algunos conceptos en torno al tema electoral. En efecto, insistir en los conceptos fundamentales alrededor de las elecciones como parte fundamental de la lucha democrática puede parecer ingenuo, y quizá hasta innecesario. Sin embargo, lamentablemente, tanto se ha desvirtuado el lenguaje, que hasta lo más esencial debe ser recodado una y otra vez, para que no lo olvidemos.

La violencia y la represión vistas desde Walter Benjamin; por Ramón Escovar León

Las imágenes de la represión ejercida contra la población civil desarmada, que manifiesta pacíficamente en Venezuela, guardan relación con el tema de la violencia ejercida por el Estado. En este sentido resulta útil leer el ensayo de Walter Benjamin titulado Para la crítica de la violencia” publicado en Ensayos escogidos (Madrid, Editorial El cuenco de

Por Ramón Escovar León | 20 de abril, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Manifestantes opositores son reprimidos por los funcionarios de orden público en la marcha del 19 de abril de 2017. Fotografía de Leo Álvarez

Las imágenes de la represión ejercida contra la población civil desarmada, que manifiesta pacíficamente en Venezuela, guardan relación con el tema de la violencia ejercida por el Estado. En este sentido resulta útil leer el ensayo de Walter Benjamin titulado Para la crítica de la violenciapublicado en Ensayos escogidos (Madrid, Editorial El cuenco de plata, tr. H.A. Murena, 2010, pp. 153-180). En él, el autor presenta una tesis según la cual la violencia puede constituirse como fuente del derecho, lo cual es un aporte original y poco referido por la doctrina jurídica. Según Benjamin, la violencia debe ser buscada en el campo de los medios y no de los fines. Luego, como medio, solamente puede ser usada para fines legítimos (la legítima defensa, por ejemplo); y no puede ser ejercida para fines injustos (la violación de derechos humanos). En consecuencia, la utilización sistemática de la violencia como medio con fines políticos, como ocurre en Venezuela, persigue perturbar e impedir el derecho a manifestar pacíficamente de la población civil.

El ensayo de Benjamin reviste gran interés en virtud de que reflexiona de manera original sobre un tema de filosofía del derecho. Se trata de un ensayo que trata sobre el dilema de si la violencia es creadora o conservadora de Derecho. El autor nos sitúa ante un tema novedoso, pues las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los tratados internacionales y la doctrina jurídica, según lo plantea François Geny en Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo (Madrid, Editorial Reus, 2ª edición, 1925, p. 228).

Al analizar la violencia como fuente de Derecho, Benjamin distingue entre la violencia legal e ilegal. La primera, siempre sujeta a normas, es admisible, pero la segunda, no. El Estado está autorizado para ejercer la violencia, pero el particular no puede hacerlo, salvo que sea en legítima defensa. Por eso queda proscrita la violencia que ejercen los paramilitares (llamados “colectivos”). Desde luego, hay que subrayar que el uso de la violencia por parte del Estado está limitado por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. En ningún caso queda justificado “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” desarmada, tal como lo prohíbe el Estatuto de Roma en su Artículo 7.

El ensayo de Benjamin es seminal porque introduce novedosos aspectos sobre el tema y predica que la violencia puede ser creadora o conservadora de Derecho. Por ejemplo, en las guerras, el vencedor le impone el Derecho al vencido. Esto es así pues en algunos casos la violencia persigue un fin noble. Piénsese que en la Segunda Guerra Mundial los ganadores afirman que la violencia se justificó ya que estaba dirigida a lograr un fin justo: evitar el dominio nazi. Con este argumento pretenden justificar, igualmente, el lanzamiento de dos bombas nucleares, porque impera la idea de que la violencia es buena para quien la usa, pero mala si la ejercen los demás.

A continuación, el autor distingue entre el Derecho natural y el Derecho positivo. Al primero le corresponden fines naturales y al segundo, fines jurídicos. En esta sección del ensayo, el fundamento de su razonamiento se basa en la idea de que los particulares no pueden ejercer violencia, porque ésta queda reservada a la que está autorizada jurídicamente; por ejemplo, como ocurre cuando un juez ordena el desalojo de un inmueble. Asimismo, los particulares no pueden ejercer violencia, salvo la legítima defensa, como ya he señalado antes. Por eso, entre otras cosas, nadie puede desalojar a otro sin una orden judicial. Seguidamente, Benjamin señala una máxima reguladora de la violencia, de la cual “se deduce que el derecho considera la violencia en manos de la persona aislada como un riesgo o una amenaza de perturbación para el ordenamiento jurídico” (p. 157). Esta máxima parece un lugar común, pero construida de la manera en que lo hace Benjamin, resulta interesante. Y si se ve al revés, indica que la violencia en manos del Estado no es peligrosa, ni ilegal y está justificada y puede ser necesaria; por ejemplo, cuando se ejerce contra los delincuentes, porque no hacerlo sería negativo para la sociedad. Aquí cabe una pregunta que no se planteó Benjamin: ¿está justificada la represión, el asesinato y el uso excesivo de gas lacrimógeno contra civiles desarmados que manifiestan pacíficamente? Quien defiende al gobierno dirá que sí, porque se trata de defender el ideal “revolucionario”. En cambio, quienes piensan que el derecho a manifestar pacíficamente es un derecho humano, dirán que no. En realidad, la represión por parte del Estado en manifestaciones pacíficas es una modalidad de violencia no justificada, porque siempre debe preservarse el derecho a disentir por medio de la manifestación pacífica, como lo autoriza claramente nuestra Constitución en su Artículo 68. Mucho menos puede justificarse que esta represión se ejerza de manera sistemática y mediante el uso de armas letales.

La idea que se plantea es que la única violencia que admite el Derecho positivo es la que ese mismo Derecho autoriza. Es decir, el uso de la violencia está codificado en una serie de normas que la autorizan. Es una forma de estatizar la violencia porque es válida cuando está prevista en una norma jurídica producida por el Poder Legislativo, y cuando la ejerce un poder legítimo. Fuera de ello no hay posibilidad de admitirla válidamente. Luego, si el ejercicio de la violencia del Estado no tiene una norma que la respalde, la misma es inaceptable. En estos casos, hay un espacio para la discusión de la ética de la violencia. Ejemplo de la represión que repugna al derecho y a la ética son las represiones con gas lacrimógeno, así como la tortura. Esto es contrario a la Constitución que señala, en el Artículo 68, lo siguiente: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Y en el primer aparte, la norma “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. La lectura de esta norma con el Artículo 7 del Estatuto de Roma permite concluir que hay una clara prohibición de ataques sistemáticos contra la población civil que manifiesta pacíficamente, al tiempo que no está permitido el uso de sustancias tóxicas.

Todo lo anterior nos enfrenta a otra interrogante: ¿es válida la violencia para defender un proyecto político sin respaldo popular? La violencia es repudiada cuando se usa para un fin que implica la violación de los derechos humanos. Entonces, se trata de rechazar la violencia que se ejerce sin la aprobación de las normas jurídicas, o en exceso de lo previsto en la ley; en caso contrario, esta violencia pone en peligro la existencia del propio Derecho. Es lo que ocurre cuando el Estado no respeta el contenido del Artículo 68 de la Constitución y no solo reprime una manifestación pacífica, sino que lo hace con sustancias toxicas. Esta situación puede justificar que se acuda a los tribunales internacionales, porque en el orden interno no habría, en la práctica, un tribunal que pudiera juzgar con independencia y libertad la violación de los derechos humanos de los manifestantes.

El ensayo de Benjamin es útil para examinar el caso venezolano, en el cual el gobierno ejerce una violencia sistemática en detrimento de la Constitución (artículos 68 y 337, entre otros), así como del Estatuto de Roma. Hay que respetar el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el debido proceso; igualmente, se deben preservar el derecho a la información y los “derechos humanos intangibles”. El caso de Venezuela habría dejado perplejo a Walter Benjamin y deja corto los planteamientos de su agudo ensayo.

 

¿Qué hará la oposición si el CNE fija la fecha de las elecciones?; por Álex Vásquez S.

Consultados dirigentes opositores de la MUD así como algunos analistas, no parece existir un dilema entre una eventual convocatoria a elecciones regionales y municipales y mantener la protesta contra el gobierno.

Por Álex Vásquez S. | 15 de abril, 2017

alex

Líderes de los principales partidos consideran que las manifestaciones deben seguir hasta que se cumplan sus cuatro exigencias: respeto a la autonomía del Parlamento, apertura del canal de ayuda humanitaria, liberación de presos políticos y cronograma electoral que incluya los comicios presidenciales.

Sin embargo, todos coinciden en que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) fija la fecha de las regionales y municipales, hay que trabajar para ganarlas.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, opina que el anuncio de la fecha de las elecciones regionales sería un logro importante de la protesta opositora, pero aclara que de ninguna manera sería el fin de su lucha.

“Si estamos defendiendo la Constitución, las elecciones regionales forman parte de lo que tenemos que lograr. Pero eso no significa que renunciemos a que la Asamblea pueda ejercer las competencias que tiene; eso no significa que dejemos de luchar por la liberación de los presos políticos, porque no haya persecuciones ni inhabilitaciones, por el canal humanitario. No planteemos un falso dilema: si esto se da (las regionales), venga para acá, pero será un avance más en la lucha. De batalla en batalla se gana la guerra, hay que ir sumando hasta que logremos el cambio nacional”, expresó.

Las diferencias entre dirigentes que no eran un secreto en otros tiempos, parecen dirimirse luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cruzara la raya y se adjudicara brevemente las facultades del Legislativo, lo que detonó una fuerte condena internacional, el sorpresivo rechazo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y las protestas que han dejado cientos de heridos, 325 arrestos –153 personas siguen detenidas, según el Foro Penal–  y al menos dos muertes confirmadas por la Fiscalía.

Tanto se borraron las diferencias, que el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, coincide casi literalmente con Capriles –algo poco común antes– en que las protestas deben continuar hasta que la oposición logre todos sus objetivos.

“Es un falso dilema poner la cosa entre regionales y protesta. No podemos decir no a las regionales o no a la protesta. La protesta debe continuar hasta lograr los cuatro objetivos (elecciones, canal humanitario, respeto a la autonomía legislativa y liberación de presos políticos). Si dan la fecha, no es razón para frenar. Es una conquista pero no es la restitución del orden constitucional”, advirtió.

Guevara considera que devolviendo sus facultades a la Asamblea Nacional “se resuelve todo”, por lo que opina que ésa debe ser la principal exigencia. “Con una Asamblea operativa podemos cambiar a los magistrados, hacer una ley de amnistía, resolver la crisis económica, sacar al vicepresidente, cambiar ministros y hasta una enmienda para recortar el periodo de Maduro”, argumentó.

A diferencia de sus compañeros en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el diputado Henry Ramos Allup, expresidente del Parlamento, considera que si se fija “al menos” la fecha de las regionales, la presión nacional e internacional podría bajar.

“Pero sucede que en el seno del gobierno no quieren contarse ahora en nada porque saben cómo quedarían de enclenques después de otra derrota similar o peor a la de las parlamentarias. Del lado opositor hay algunos que no quieren elección alguna –han llegado a decir que quienes concurran son traidores como dijeron cuando fuimos a la validación– porque las elecciones matarían el foquismo al que insensatamente apuestan quienes no tienen cómo ganar una votación”, indicó.

Ante la debilidad electoral del gobierno, la parlamentaria Delsa Solórzano coincide con Capriles y Guevara en que las protestas deben mantenerse.

“Desde que dejaron de ganar elecciones, hay que pelear cada una de ellas. Hay tres tipos de elecciones, las vencidas (gobernadores), las que toca este año (municipales) y las que van a resolver la crisis (las presidenciales). Seguimos en las calles hasta que se logren todas y todo lo que la gente reclama: el canal humanitario, la liberación de los presos y el respeto a la Asamblea”, indicó.

La dirigente María Corina Machado considera que el gobierno ofrecerá las regionales para aliviar la tensión, “algo similar a lo que pasó con el diálogo”.

“Pero el umbral se cruzó, los venezolanos saben que no hay cambio si no cambia el régimen, la sociedad exige mantener la presión. Hay que dejarle claro a Maduro que regionales a cambio de su permanencia no es aceptable. Hay que hacer las regionales, pero no es suficiente. La dirigencia opositora debe mantener las protestas, debe estar a la altura y no aceptar soluciones cosméticas”, dijo.

“El salto al precipicio que suponen las sentencias, la radicalización del gobierno, cohesionaron a la oposición, la unieron en lo sustantivo para impedir el avance del enemigo”, destacó Colette Capriles, psicólogo social.

El debate –que según la analista es lo que estimula el gobierno– surge a propósito de las palabras de Maduro el domingo pasado, cuando en su programa de televisión sostuvo: “Yo estoy ansioso porque se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darle una pela a esa gente (la oposición)”.

Pero a juicio de Colette, lo que más preocupa al gobierno es la presión internacional; no tanto las protestas en casa, pues “los costos de la represión para una dictadura son mínimos.

“No sé si un cronograma electoral pueda ser suficiente para bajar la presión externa –afirmó–, pero esa podría ser la próxima carta del gobierno. Por eso, aunque las elecciones son imprescindibles, el objetivo fundamental de la oposición debe ser resolver la crisis constitucional que hace que cualquier elección sea injusta. Hay que resolver las condiciones en que se harán esos comicios, la situación de opositores inhabilitados, los presos políticos y hay que luchar por una Asamblea operativa”.

Finalmente, advirtió que Maduro, al plantear su “angustia” por los comicios, busca confundir y dividir a la oposición, pues “algunos creen que las elecciones no son suficiente”.

Por su parte, el politólogo Edgard Gutiérrez estima que el escenario electoral no está cerca. “Para que suelten una fecha de elecciones aún falta mucha más presión. No es sencillo sacrificar a todos los gobernadores del chavismo, así que la oposición solo debe centrarse en incrementar al máximo la presión, de calle e internacional. Es lo único a lo que el gobierno le teme”, señaló.

John Magdaleno, también politólogo, coincide en que no será sencillo que el gobierno acepte medirse: “Siendo conservadores, si se hacen las regionales, el gobierno perdería 15 gobernaciones”.

Nadar el Orinoco; por Ysabel Viloria

Sobre el río más caudaloso del país han compuesto canciones, han pintado cuadros, han escrito poemas. En el Orinoco, además, celebran año a año la competencia de aguas abiertas con mayor tradición nacional, que este mes de abril llegará a su vigésima séptima edición

Por Prodavinci | 14 de abril, 2017
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Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Hay mitos, temores, leyendas. Hay adrenalina, expectativas. Este año hay 1000 atletas inscritos en la XXVII edición del Paso a Nado Internacional de los ríos Orinoco y Caroní que se realizará el 23 de abril, en el estado Bolívar. No todos se montarán en la gabarra que atraviesa las aguas en el sentido contrario del recorrido que deben hacer los nadadores para llevarlos al punto de partida. De los que aborden la embarcación, no todos cruzarán la meta, algunos serán rescatados, otros ni siquiera iniciarán la prueba. Pero todos podrán contar algo de esta travesía que año tras año convoca a cientos de nadadores nacionales e internacionales en los ríos más caudalosos del país.

Desde que los primeros rayos de sol del domingo comiencen a alumbrar las calles de San Félix, los alrededores de la Alcaldía de Caroní se llenarán de personas semidesnudas buscando un lugar para acomodarse: protector solar, agua, alguien que cuide las pertenencias mientras cruzan los ríos. Poco a poco el bulto de nadadores crecerá: todos se marcarán los brazos, espalda y manos con su número. Comenzarán a formarse grupos para las respectivas fotos, se verán caras de pánico, de confianza, de concentración, de incertidumbre. De pronto ya las calles no tendrán espacio para los carros, será el momento de los atletas para dirigirse a las gradas detrás de la Alcaldía, para esperar que vengan por ellos.

Cuando se aviste la gabarra, colorida, los nadadores sabrán que cada vez está más cerca el momento de subir a la embarcación para ser llevados hasta los Barrancos de Fajardo, estado Monagas, donde iniciará la competencia. Aquí, en este momento, ya nada es certero. Los nervios aumentan, los entrenadores dan las últimas instrucciones, los movimientos de brazos y piernas se aceleran. Los latidos del corazón aumentan. Y tres kilómetros de caudal de agua dulce esperan por ser nadados.

Listo, no hay vuelta atrás. Es hora de subir. Los nadadores se acomodan para embarcar, generalmente, por equipos. En las gradas, cerca de la concha acústica, se quedan las mamás, los entrenadores, los esposos, los amigos. Nadie sabe quiénes están más nerviosos si los que nadan o los que ven alejarse el barco lleno de gente en trajes de baños. En el recorrido hacia el punto de partida de la prueba cada quien en lo suyo: unos estiran, otros se ríen, hay quienes lloran, algunos comparten instrucciones: “no dejes de buscar el techo de la concha”, “siempre nada hacia el Cachamay”, “vete hacia isla Fajardo”, “no te acerques a la boya verde”.

Llegado al sitio, toca el descenso. Algunos se quedarán paralizados, otros bajarán y nadarán. Una pistola de aire dará la largada. Al cruzar la meta el último nadador comenzarán los preparativos para el Paso a Nado Internacional de los ríos Orinoco Caroní 2018. Siguen los mitos, los triunfos, los fracasos, los miedos y las celebraciones.

La variación es la norma

Hay quienes cruzan los ríos una vez, otros hacen un intento fallido y se pelean sin reconciliación con las aguas. Muchos lo toman como un evento constante. Jorge Mijares, nadador máster del estado Nueva Esparta, ha participado 12 años, y en los últimos 6 ha obtenido el primer lugar de su categoría. “Es una vaina demasiado excitante. Es un reto muy individual. Hay que trazar estrategia, hay que planear. Nunca es lo mismo. El río siempre sorprende. Todos los años es un reto distinto”. Y tiene razón.

No solo las aguas sorprenden, sino también las condiciones. En abril de 2002, mientras Diosdado Cabello asumía la Vicepresidencia tras los sucesos del 11 de abril que desencadenaron en la salida del poder de Hugo Chávez por unos días, los nadadores convocados a los Barrancos de Fajardo esperaban el sonido que anunciaría la largada en medio de una crisis de gobernabilidad nacional, que de a ratos ponía en duda la realización de la competencia.

Carla Gómez, nadadora máster por el estado Miranda, ha participado cinco veces en la competencia pero no logró completar el recorrido en 2010 porque la corriente pudo más que ella y tuvo que ser rescatada por una embarcación. “El año siguiente entrené durísimo, crucé y cobré”, cuenta satisfecha, porque quienes ocupan los primeros cinco lugares de cada categoría reciben un premio metálico.

En 2012 llovió mucho y la velocidad del agua fue tan rápida que de los 900 inscritos, alrededor de 120 atletas lograron cruzar. Uno de ellos fue Roberto Hernández, nadador máster de Distrito Capital, era su cuarta vez en los ríos: “Tardé una hora y cincuenta y pico de minutos. Normalmente lo hago entre 45-50 minutos. Cuando estaba a punto de abandonar, la corriente me arrastró hacia donde estaba un amigo y juntos llegamos a la meta”, recuerda con entusiasmo y mueve los brazos como si de nuevo estuviese atrapado entre los torrentes.

Luego de pautado el evento en 2015 e inscritos los participantes, comprados los pasajes y reservados los hospedajes, la organización decidió a escasas semanas de la realización posponer la fecha para darle prioridad a un evento político. Ese año el cruce coincidió con un famoso maratón en Caracas; aun así los nadadores reprogramaron el viaje, empacaron trajes de baños, gorros y lentes y se enfrentaron a los ríos.

Durante 12 años consecutivos Cristina Zappi, nadadora máster de Distrito Capital, ha participado en el evento. El año pasado tuvo una lesión que le impidió recorrer los ríos. Este año está entrenando para reencontrarse con las aguas dulces de Guayana. “El paso a nado es ya una tradición en la natación para los amantes de las aguas abiertas, es difícil dejar de hacerlo, uno de los más antiguo y de mayor participación de atletas, incluso, internacionales. Generalmente su corriente es una sorpresa, puede que un año lo hagas en 52 minutos y al otro año en 2 horas”, dice.

Este año no sólo las corrientes sorprenderán a los participantes. Desde finales de 2016 la operatividad de las piscinas a nivel nacional ha descendido notablemente por distintas razones: elevados costos de los químicos necesarios para mantener el agua limpia, deterioro de las máquinas que las mantienen en funcionamiento e imposibilidad de reponer sus partes (bien por precio o por ausencia de las piezas). Esto trae una consecuencia común: algunos atletas han perdido la rigurosidad de sus entrenamientos y no mantienen una preparación física constante. A eso, se le suman complicaciones logísticas propias de la crisis que atraviesa el país: poca frecuencia de vuelos, inflación que desborda los presupuestos de traslado, alimentación y hospedaje, y, últimamente, protestas y decisiones políticas que elevan la incertidumbre.

Sin embargo, desde mediados de marzo, con más de un mes de antelación, los cupos para cruzar los ríos están agotados.

Ganarles a los ríos

Desde 2014 y por tres años consecutivos Johndry Segovia, nadador del estado Lara, ha conquistado el primer lugar de todas las categorías que se lanzan a los ríos. El año pasado logró el récord de menor tiempo en el recorrido con 30 minutos y 4 segundos. Este año busca su cuarta victoria consecutiva para igualar el récord actual que sostiene Rolando Salas, como atleta que ha conquistado más veces la prueba. Johndry ha cruzado los ríos ocho veces (de 2003 a 2006, en 2011 y desde 2014). “Se ha convertido en tradición para mí e incluso en un reto personal. Me propuse que hasta que ganara ese cruce no me retiraría de la natación, pues ya lo había intentado y se me había hecho esquivo. Es una competencia que me gusta por lo impredecible que son los ríos, todo puede pasar, puedes ir ganando y de repente tomas una mala corriente y pierdes la línea de carrera o avanzas con menos velocidad”.

Más allá de lo competitivo hay razones que lo mantienen vinculado con el evento: “Compartes la experiencia de atravesar los ríos más representativos de Venezuela con nadadores de todo tipo: novatos, de alto rendimiento, con alguna discapacidad motora o condición especial, personas de la tercera edad, en fin, todos unidos por la misma pasión. Eso es lo que hace diferente esta competencia. Cada año que puedo voy porque de verdad me la disfruto, te reencuentras con amigos que fueron selección nacional y ya nadan por diversión. Siempre que pueda iré y nadaré”.

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

En 26 ediciones del paso a nado solo una atleta ha logrado salir del agua antes que todas las mujeres durante cinco años consecutivos. La pentacampeona absoluta del Orinoco, entre 2002 y 2007, vive en Canadá desde hace casi siete años y dejó de nadar hace casi una década. Oriana Galindo todavía conserva el recuerdo vívido de sus 6 cruces: “En 2001 llegué creo que de octava en general y estaba molesta. El río tienes que conocerlo. Por eso me determiné a hacer un mejor papel al año siguiente”. Según Oriana, el paso a nado de los ríos es la prueba que más representa a Venezuela: “Por la gente y la locación. No hay algo más venezolano que el Orinoco y el Caroní”, establece. Con relación a su récord, es determinante: “Me hace sentir feliz haber quedado en la memoria de esta gran competencia. Y aunque esté fuera del país me hace sentir más venezolana que nunca. Cada vez que nombro y recuerdo el cruce me siento más venezolana que cualquiera”, dice quien participó como miembro de la selección nacional en eventos de aguas abiertas en México (primer lugar en 8 km, Manzanillo 2004), Panamá (primer lugar en 5 km, El Farallón 2004), Brasil (primer lugar en 5 km, Joao Pessoa 2003), Argentina, Puerto Rico (primer lugar en 3 km, Bahía de Ponce 2003) y España.

Rolando es el tetracampeón absoluto. Ha nadado los ríos 12 veces, de las cuales logró el primer lugar entre todos los hombres en los años 2000, 2003, 2004 y 2007. “Este cruce fue el primer evento de aguas abiertas al que asistí y por el que decidí dedicarme a esta modalidad de la natación. Ganar fue un sueño hecho realidad. Tener el récord fue producto de la constancia en mi entrenamiento”. Para Rolando, como para muchos nadadores, este es un evento único y participará este año. “Lo mejor es la energía, el evento tiene un ambiente mágico. Por eso es que regresaré las veces que pueda”, dice sin titubear. “Además tengo la oportunidad de acompañar a personas muy importantes para mí. Esta es la segunda edición en la que participa mi esposa y me da mucha alegría estar con ella”.

María “la Cuco” Rivera se ha hecho de récords nacionales e internacionales en piscinas, pero confiesa que atravesar esas aguas es otra cosa. “Poder vivir la maravillosa experiencia de cruzar a nado los ríos es tan gratificante como ser campeona mundial. Recuerdo que el año pasado mi ansiedad y nervios el día del evento eran mayores a los que he sentido en los eventos internacionales, sin embargo, es algo que todos los nadadores debemos vivir y más aún cuando se realizan en nuestra Venezuela”. La Cuco ha sido nadadora de alto rendimiento desde 1983, su primer récord nacional lo estableció en 1985, su récord mundial más relevante lo marcó en 2013 en Sarasota, Estados Unidos, y el récord más reciente fue un suramericano que batió en Uruguay el año pasado; sin embargo solo ha cruzado los ríos tres veces: en 2000, 2001 y 2016. Este año se recupera de una lesión y está enfocada en el Mundial de Natación Máster que será en Hungría. “Mi objetivo es volver al Orinoco el próximo año”.

No hay que improvisar: la preparación

Detrás de cada participante que va a los ríos, por lo general, hay un equipo y un entrenador. El club Centro de Natación Caracas fue fundado en 1984. Diez años después Rosalbo Verastegui, “Chavo”, preparó a su primer atleta de 19 años para el cruce. En su haber, Chavo cuenta a seis nadadores que se han coronado como campeones absolutos de la prueba: Eleazar Gamboa (una vez), Oriana Galindo (cinco veces), Rolando Salas (cuatro veces, una como atleta bajo su responsabilidad), Michelle Santiago (dos veces), Álvaro Lozano (una vez) y Miguel Pérez (una vez). La participación de su equipo en el evento había sido continua desde 1994; su mayor presencia fue en 2007 con 18 atletas. Luego fue disminuyendo. El año pasado solo asistieron dos de sus nadadores. “Este año no podemos participar por falta de recursos”, lamenta.

Para entrenar a un campeón absoluto del paso a nado “hay que hacer énfasis en el trabajo de resistencia, fuerza y resistencia a la velocidad, además hay que plantearse una buena estrategia de acuerdo con las corrientes y un entrenamiento psicológico ya que cada año los ríos Orinoco y Caroní se muestran imponentes y variados”, explica Chavo.

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Pero no todos van por obtener el primer lugar. Julio Medina es nadador amateur por el estado Miranda y el año pasado, a sus 45, fue por primera vez: “Mis dos hijos nadan desde chamos y siempre que asistía a sus entrenamientos soñaba con cruzar el río con ambos, pero fue hasta el año pasado que decidí hacerlo con mi hija mayor, ya que el menor está fuera del país”. Pero no logró completar el recorrido. “Había entrenado muy fuerte y quería hacerlo, sin embargo no me preparé mentalmente para enfrentarme a la soledad que se siente ante la majestuosa inmensidad del Orinoco”. Julio es testarudo: “Ese río y yo tenemos cuentas pendientes, no lo haré este año debido a la inestabilidad económica, pero el próximo año que se prepare a recibirnos mejor entrenados, con un mayor conocimiento y menos incertidumbre”.

Antonio Saint es un cumanés de 42 años conocido en la disciplina de aguas abiertas por sus hazañas en distintas pruebas. De las 26 ediciones del paso a nado de los ríos, él ha participado y completado el recorrido en 24. “Sólo he faltado a la primera del 91 y a la del 93”, asegura. “Fui campeón absoluto en el 92 y 94. Y varias veces he ganado en mi categoría, es muy chévere pasar por administración para cobrar”, bromea. No duda en admitir que esta es la competencia más atractiva en el país: “Siempre tiene características distintas. Lo mejor de los ríos es la emoción que brinda todo lo que representan: el entrenamiento previo, el encuentro con los amigos de todo el país, el deseo de mejorar las marcas y vencer las corrientes y a los oponentes. Nada se compara con los golpes de la salida, la emoción de pisar la orilla de San Félix (después de culminar el recorrido). Es una prueba única. Esto es lo máximo”. Toño, como es conocido entre nadadores, está inscrito para este año y dice sin tapujos: “Voy a participar hasta la edición del año 2078”.

Una tradición que se acerca a tres décadas

De acuerdo con la cronología del Paso a Nado Internacional Orinoco Caroní que publicó la Alcaldía de Caroní y el Instituto Municipal del Deporte de esa localidad en 2007, el antecedente de la competencia se remonta al 8 de abril de 1988 cuando un grupo de nadadores se juntaron por la iniciativa. Con autogestión, ayuda del Concejo Municipal y apoyo de pocas empresas organizaron el primer cruce que reunió a 152 personas, pero apenas 26 se lanzaron al agua y lograron completar el recorrido solo 6 atletas. Al año siguiente organizan mejor la actividad y le dan proyección regional: “Se inscribieron 92 nadadores participando en el evento 42, culminando la travesía 10 atletas”, especifica el documento.

En 1990 no hubo capacidad organizativa. Ese año los ríos no recibieron competidores. Fue hasta 1991 cuando la Alcaldía de Caroní asumió la logística del Paso a Nado y desde entonces, con altos y con bajos, han realizado de manera consecuente el cruce a brazos y piernas de las majestuosas aguas. El evento alcanzó niveles logísticos y operativos de primera, con chip electrónico para nadadores y sobrevuelo de helicóptero, pero también ha pasado por baches.

El año pasado no hubo control con chip en cada participante, los resultados demoraron meses en ser publicados, la organización tuvo serias debilidades con relación a la logística, incluso el material de competencia perdió calidad en comparación con ediciones previas.

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

“Este año celebramos el bicentenario de la Batalla San Félix y botaremos la casa por la ventana. Ya tenemos garantizados los chips para cada atleta en la entrega de materiales, habrá franelas de mejor calidad. Este año retomaremos la venta de gorros, ropa y videos”, asegura Pedro Plaza, administrador del Instituto Municipal de Deporte de la Alcaldía de Caroní y miembro del Comité Organizador, Inscripción y Control de Resultados del evento. Lo cierto es que pese a las corrientes, los eventos políticos, la crisis económica, la escasez de pasajes y todas las circunstancias, año tras año se agotan los cupos para el paso a nado de los ríos más importantes del país. El Orinoco es considerado entre los que tienen mayor volumen de agua dulce en el mundo.

El presupuesto para realizar el evento ronda los 60 millones de bolívares, según Plaza. La Alcaldía de Caroní cubre 100% de los costos: “La adquisición de los chips solamente representa alrededor de 3 millones de bolívares. También adquirimos 1000 gorros, 1000 controles de salida y otros 1000 de llegada, 1000 franelas, 1500 jugos porque contamos 500 para el personal técnico y de apoyo además de los nadadores, 2000 aguas, 500 kilos de patilla, 400 kilos de cambures, la premiación en metálico para las 14 categorías y las 28 modalidades, entre otros gastos”, detalla el administrador del Instituto Municipal de Deporte. Otras organizaciones apoyan y avalan el desarrollo de la competencia como la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (Feveda), la Guardia Costera, personal de seguridad y demás entes colaboradores.

A las 7:30 de la mañana del domingo 23 de abril se espera la señal de la largada para los hombres, cuatro minutos después el mismo sonido avisará a las mujeres que deben comenzar a bracear y patear. Dos minutos más tarde será el turno de nadadores con discapacidad. Todos al agua. Los nuevos, los viejos, los campeones, los novatos, los discapacitados, los juveniles, los máster. Todos en igualdad de condiciones en medio de dos ríos, de dos corrientes y con una meta a tres kilómetros de distancia.

Para todos: Chico Buarque; por Aquiles Báez

Hay quienes marcan el paso de un tiempo gracias a su obra y por ella se convierten en referentes obligados de nuestra cotidianidad. Chico Buarque, a través de su poesía y de su música, ha marcado una huella inmensa, ha gestado una  travesía de melodías y de palabras que se han hecho presentes en la

Por Aquiles Báez | 13 de abril, 2017

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Hay quienes marcan el paso de un tiempo gracias a su obra y por ella se convierten en referentes obligados de nuestra cotidianidad. Chico Buarque, a través de su poesía y de su música, ha marcado una huella inmensa, ha gestado una  travesía de melodías y de palabras que se han hecho presentes en la vida de un país que respira música: Brasil.

Francisco Buarque de Holanda, Chico, como le dicen los brasileros, es un “Carioca da Gema”. Nacido en Rio de Janeiro, en su música resuena su corazón carioca, corazón que lo hace ser uno de los iconos contemporáneos de lo que han denominado MPB (Música Popular Brasilera). Elegante, de ojos claros, lleno de metáforas y de frases elocuentes, hablar de Chico es hablar de la identidad tropical y a su vez hablar de temas universales. Él es, sin duda alguna, uno de los grandes de la música y la palabra en Latinoamérica al nivel de Serrat, Juan Luis Guerra o Rubén Blades. Personalmente siento una gran admiración por él. Si tuviera la posibilidad de postular a alguien para el premio Nobel de literatura, sin duda alguna él sería mi candidato. Chico es un creador de una obra inmensa, casi infinita, como alguna vez me comentó mi amigo y percusionista de música brasilera, Pedro Isea.

Nacido en una casa de intelectuales, la madre de Chico, María Amelia, era  pianista de gran sensibilidad artística. Su padre, Sergio Buarque de Holanda fue un intelectual de gran prestigio, escritor de uno de los libros más importantes de la antropología brasilera: Raíces de Brasil. Chico se crió hablando fluidamente varios idiomas y leyendo a los clásicos en la biblioteca de su padre, además  cantando a voces con sus seis hermanos en reuniones familiares, donde eventualmente aparecían personajes como el poeta Vinicius de Moraes u Oscar Niemayer, el arquitecto de Brasilia.

Tres de sus hermanas son conocidas cantantes. Miucha es una cantora referencial de los sesenta y setenta, llegó a grabar con Tom Jobim, Stan Getz, Vinicius de Moraes y Toquinho, además de haber estado casada con Joao Gilberto y ser la madre de Bebel Gilberto. Cristina es una reconocida intérprete de sambas, con alto contenido popular. Su otra hermana, Ana de Holanda, es también una destacada compositora y cantante, además de gestora cultural, y entre otras cosas fue ministro de cultura del Brasil. Su ex-esposa  es la reconocida actriz Marieta Severo, con quien tuvo tres hijas: Luisa, Silvia y Helena. Silvia siguió los pasos de su madre y es una talentosa actriz de cine, teatro y televisión a quien más de uno de seguramente vio en las novelas brasileñas como: Xica, Doña Beija o América. Luisa es doctora en filosofía, graduada en la Sorbona de Paris. Luego está Helena, quien estuvo casada con Carlinhos Brown, uno de los más importantes artistas baianos contemporáneos. Varios de sus nietos han seguido el camino artístico, lo mismo que algunos de sus sobrinos.

Chico hubiera podido dedicarse al “futebol” como lo llaman los brasileros, debido a que es un gran jugador y amante de ese deporte. Como dato curioso, a pesar de tener más de setenta años, entre sus requerimientos técnicos exige que le consigan un equipo de fútbol para que juegue en contra de un equipo conformado por  sus músicos y técnicos. Además es un gran promotor del ejercicio físico, de hecho es bastante frecuente verlo trotando en las arenas de las playas de Leblon en Rio de Janeiro.

Cuando habla de sus influencias, él mismo se considera una consecuencia de la música popular Brasilera. Siempre menciona que lo marcaron tres de sus ídolos: Tom Jobim, Vinicius de Moraes y Joao Gilberto, con quienes después trabajaría y serían sus compañeros. En una entrevista a Tom Jobim le preguntaron qué le parecía la obra de Chico, a lo que respondió: sencillamente genial. Chico viene de un espacio diferente al de los creadores marcados por el rock y el pop. Él es un paso en la historia de un país musical que tiene como referentes a Cartola, Nelson Cavaquinho, Dorival Caymi, Jacob do bandolín, Jackson du pandeiro, Luiz Gonzaga, entre tantos otros, además de la influencia armónica y melódica que dejó el bossanova.

Chico pertenece a una generación musical que marcó un cambio en la era post bossanova y que ha dejado huella en la historia musical brasilera. Cantantes y autores como Gal Costa, María Bethania, Edú Lobo, Mpb4, Gilberto Gil, Toquinho, Joao Bosco, Iván Lins y músicos como Egberto Gismonti, Hermeto Pascual, Paulinho da Viola, entre tantos otros, han marcado un espacio junto con Chico, creando una nueva música hecha con identidad, contemporaneidad y riesgo artístico. Es increíble además como todos ellos se mantienen activos.

Esta fue una generación artística que se opuso al régimen dictatorial de su país. Chico estuvo exiliado en Roma durante la dictadura militar y sus canciones fueron prohibidas en Brasil. Sin embargo, con una muestra de un humor muy sofisticado,  burló la censura creando un seudónimo llamado Julinho da Adelaide. Chico creó este personaje ficticio y popular al que incluso le hicieron entrevistas. A través de Julinho aprovechó para criticar la forma como eran tratados los artistas brasileros por parte de los sellos disqueros, hablando constantemente de su supuesto abogado llamado Leonel porque los contratos que proponía eran  “leoninos”.

Chico ha compuesto desde diferentes ángulos, desde la sensualidad tropical a la convulsión cotidiana, desde la construcción a lo femenino, desde la identidad al presente. Entre otras cosas maneja muy bien el alma femenina. Él ha comentado que al componer temas para obras de teatro y películas donde los personajes son femeninos, ha tenido que hurgar en esa feminidad, y desde ese espacio crear temas tan delicados como  Teresinha,  Atrás da porta, Gota D’Agua u O Meu Amor.

Es muy interesante escucharlo hablar de sus “parcerías”. Esta es una fórmula impulsada por otro grande de la música del Brasil: Vinicius de Moraes. Consiste en componer en conjunto con otro músico u otro poeta. Las parcerías se hicieron muy populares en Brasil a partir de Vinicius.  Chico ha tenido como “parceiros” a varios de los grandes del Brasil como lo son el mismo Vinicius, Tom Jobim, Djavan, Edú Lobo, Francis Hime, Iván Lins, Zé Miguel Wisnik, Cristovao Bastos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre muchos otros. De estas “parcerías” han quedado para la historia temas tan maravillosos como Retrato em Branco e Preto, Beatriz, Eu te Amo, Anhos Dourados, Choro Bandido, Todo O Sentimento, etc.

Chico ha compuesto temas que de seguro le han cambiado la vida a más de uno. Una de sus piezas icónicas es Construção, ejemplo de la injusticia social y de la cotidianidad urbana, en donde hábilmente utiliza el recurso de rimar versos con palabras esdrújulas.

Atrás da Porta es un tema que compuso para la sensacional Elis Regina y es la una historia de un desgarro amoroso. Comparto este tema interpretado por la misma Elis.

También en plena dictadura compuso A pesar de voce, donde una parte del coro dice:

“A pesar de usted, el mañana ha de ser otro día
daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería…”

Chico fue muy audaz haciendo una crítica a la iglesia católica y su posición en la dictadura componiendo la canción Cálice en conjunto con Gilberto Gil. Este tema, que fue censurado, tiene un juego fonético. Cáliz en portugués es Cálice y se pronuncia igual que Cállese:

“Padre, aparta de mí este cáliz
Aparta de mí este cáliz
De vino tinto de sangre…”

Es interesante como Chico trata los diferentes tipos de amor con nombres de mujer a través de composiciones como Carolina, Bárbara, Beatriz, Cecilia, o como recrea la venganza femenina en Olhos nos Olhos, que comparto en este video interpretado por María Bethania:

 “Cuántos hombres me amarán
bien, más y mejor que tú…’

Chico demuestra su gran sentido del humor en Deixa Menina (deja a esa negra bailar en paz), tema que hiciera famoso en español la gran Soledad Bravo. También demuestra una gran habilidad literaria con las increíbles críticas entre líneas de Oh que Será, que fue el tema musical de la película Doña Flor y sus dos maridos, que hiciera popular en Latinoamérica Willie Colon. De un humor irreverente, Chico compuso Jorge Maravilha a través de su alter ego Julinho, y esta pieza se convirtió en una leyenda urbana. Supuestamente, la hija del dictador Geisel se había declarado abiertamente fan de Chico, y a través de su canto le dice al dictador brasilero:

“Tú no gustas de mi,
pero a tu hija le gusto…”

Cuando comenzó a sonar la canción, quizás evitando una mayor represión, o burlando aún más la censura, Chico dijo que esta composición se la dedicó a uno de los policías que después de descalificarlo, maltratarlo y arrestarlo, mientras estaba en la patrulla camino a la comisaria, le pedía un autógrafo para su hija.

A sus 73 años se mantiene polémico, crítico y fiel a la cultura brasilera. Se auto define sin otra etiqueta que la de ser un artista brasilero. A pesar de su edad,  se sigue considerando “chico” porque entre otras cosas hace todo lo que le gusta, todo es como un juego; por eso, un creador según él, tiene que tener la capacidad de reinventarse. Por otra parte, es muy crítico con los artistas que buscan solamente la fama efímera y vacía cuando afirma que el artista no puede conformarse con ser solamente una valla publicitaria, tiene que ser un protagonista de su tiempo.

Como creador ha realizado más de cuarenta discos con varios cientos de canciones, y es impresionante como todas ellas tienen alma propia. Además ha escrito guiones de películas, obras de teatro, y tiene en su haber nueve novelas. Chico es un constructor de esperanza, un gran pensador, melodista y poeta. Como dijeran en un artículo en El País de España: “Solo hay algo más difícil que encontrar a un hombre que hable mal en Brasil de Chico Buarque y es encontrar a una mujer que no esté enamorada de él”. Es difícil conseguir en esta época un ejemplo a seguir con la fuerza que su obra representa. Es uno de los grandes de la canción en Latinoamérica, él es para todos: Chico Buarque.

Comparto con ustedes algunos links de su música que sencillamente es trascendente y que estará en la historia de nuestro tiempo.

Para Todos

Vai Pasar

Homenagen ao Malandro

Fado Tropical

O Meu Amor

Roda Viva

Si el régimen convoca a elecciones regionales; por Roberto Casanova

1 Si el régimen convoca a elecciones regionales habremos obtenido nuestra primera victoria en este resurgimiento de nuestra incansable voluntad democrática. Es una razón inequívoca para mantener la presencia en las calles, con el fin de generar el ansiado cambio. El asunto es cómo lograrlo y al respecto nuestras diferencias no son menores. A las

Por Roberto Casanova | 11 de abril, 2017

¿Es posible agregar votos falsos en Venezuela; por Eugenio Martínez

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Si el régimen convoca a elecciones regionales habremos obtenido nuestra primera victoria en este resurgimiento de nuestra incansable voluntad democrática. Es una razón inequívoca para mantener la presencia en las calles, con el fin de generar el ansiado cambio. El asunto es cómo lograrlo y al respecto nuestras diferencias no son menores. A las pocas horas de Maduro mencionar la idea de elecciones regionales, han surgido fuertes reacciones encontradas entre quienes hemos protestado unidos durante estos días, y es importante que nuestras interpretaciones sobre las implicaciones de esas eventuales elecciones no nos encierren en un falso dilema.

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¿Persigue Maduro, al asomar la idea de las elecciones regionales, que los partidos descuiden la movilización en las calles, defraudando así a los ciudadanos que protestan? ¡Por supuesto! Pero convocarlas significaría una derrota para el oficialismo, pues todo indica que esas elecciones le supondrán la pérdida de importantes cuotas de poder, escenario que han tratado de evadir. Y el costo de seguir reprimiendo un movimiento de protestas que crece y que cuenta con la simpatía de muchos países democráticos puede llegar a ser enorme. El gobierno evalúa, pues, ir a elecciones regionales con, al menos, dos objetivos inmediatos: aparecer ante el mundo como un país democrático y dividir a la oposición. Ello le permitiría minimizar el costo de reprimir e ir a esas elecciones en mejores condiciones. Si aun así perdiese numerosas gobernaciones, podemos prever lo que haría: tratar de convertir esa derrota en una oportunidad, como siempre lo ha hecho. Seguiría arrebatando competencias y recursos a los gobiernos regionales en provecho del llamado Estado comunal y sus espurias autoridades regionales.

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Es posible que varios partidos se planteen la conveniencia de participar en las elecciones regionales y recuperar para la democracia a la mayoría de los Estados. Eso sería algo valioso en sí mismo y la mencionada pretensión del gobierno nacional de anular a los gobiernos regionales se encontraría ante el muro de contención conformado por las tres cuartas partes de los gobernadores del país. Esta posición puede ser discutible, pero tiene un punto fuerte a su favor: es cierto que la oposición no debe dejar de ir a elecciones. De no participar luciría como un sector contradictorio que lucha por elecciones pero que no participa en ellas cuando se abre la oportunidad. Pero ¿no sería también contradictorio participar en elecciones convocadas en el marco de una dictadura? Lo sería solo desde una perspectiva principista pues la experiencia ha mostrado que unas elecciones, por amañadas que estén, pueden ser magníficas “emboscadas” democráticas para enfrentar a una dictadura. ¿No fue acaso eso lo que se logró hace poco más de un año? Por otra parte, aunque no se participase, tales elecciones se realizarían y se entregarían espacios institucionales al gobierno, el cual se daría el lujo de ocuparlos a través de elecciones sin trampas.

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¿Y qué pasaría entonces con Maduro, responsable máximo de la tragedia nacional? Su salida constitucional debe ocurrir mediante su renuncia o mediante una elección presidencial adelantada (que supone una reforma puntual de la Constitución). Su salida puede ser también el resultado del legítimo desconocimiento de su presidencia ante, por ejemplo, graves violaciones a la Constitución. Se sabe que muchos piensan que Maduro ya hizo esto hace rato. El asunto es que el golpe de Estado que ha sido reconocido como tal por innumerables países es el que recién dieron los magistrados de TSJ. Las sentencias que éstos aprobaron son una monstruosidad antidemocrática. Es por eso que hoy podemos exigir, con la comprensión internacional, la destitución y enjuiciamiento de los magistrados. Y no sólo de ellos sino también de quienes, como el Contralor y el Defensor del Pueblo, los han apoyado. Ese no es el caso de Maduro quien, ante la inmediata reacción nacional e internacional generada por la sentencias golpistas, supo ponerse al margen de lo que calificó como un desencuentro entre poderes. Todo lo anterior no significa que sea imposible que Maduro abandone el poder sin elecciones. El camino del desconocimiento a Maduro resulta menos claro, por ahora.

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De cualquier modo, no se puede dejar de protestar. Intercambiar protestas por elecciones regionales sería una nefasta equivocación. Conduciría, de nuevo, a la división de la oposición en varios pedazos: entre “radicales” y “moderados” pero también entre “ciudadanos” y “políticos”. Por eso es fundamental no plantear un dilema entre las elecciones regionales y protestas. Eso es lo que el gobierno pretende. ¿Qué hacer entonces? Pues prepararse para cosechar la primera victoria en este nuevo ciclo de movilización democrática y, al mismo tiempo, continuar movilizados en contra del golpe de Estado y de la crisis nacional y por elecciones. Voto y calle, se ha dicho incontables veces, y hay que repetirlo. Este reto político supone algunas complicadas cuestiones estratégicas y organizativas. En cuanto a lo estratégico, menciono solo que la protesta no debe ser percibida por la gente, equivocadamente, como un tema exclusivamente político. Aquella debe conectarse entonces con las necesidades y expectativas de la mayoría de los venezolanos, víctima del socialismo del siglo XXI.

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En cuanto a lo organizativo, la oposición tiene que reinventarse. En su sentido más amplio, tiene que trascender a la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa tiene que convertirse en parte de algo mayor, de un Movimiento de Unidad Democrática. Debemos pasar de la MUD a el MUD. Este Movimiento debería estar integrado, al menos, por tres instancias, coordinadas entre sí: 1) La Mesa, instancia político-electoral; 2) Un frente de protesta social y, 3) Un sistema de diálogo para crear y promover una estrategia de desarrollo. Si se llegasen a convocar unas elecciones regionales, la división del trabajo que este esquema organizativo supone cobraría importancia. La Mesa debería dedicarse a organizar elecciones primarias y a diseñar la estrategia para participar en esa contienda electoral. Por otra parte, quienes han comenzado a liderar el nuevo ciclo de protestas, con coraje y creatividad, deberán continuar su heroica tarea de organizar y movilizar a miles y miles de ciudadanos.

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No podemos descartar que dentro del régimen se imponga su ala más radical y que las elecciones regionales no sean convocadas. Estaríamos ante un escenario de represión abierta y de cierre democrático total. En ese caso la lucha sería aún más dura pero, sin duda alguna, finalmente victoriosa. La inmensa mayoría que constituye hoy la oposición ha cobrado nueva e inesperada fuerza y, de actuar con inteligencia, derrotará a un régimen cuya vigencia histórica ha terminado.

No hay Derecho: La Sala Constitucional y los límites de lo jurídico; por Oscar Ghersi Rassi

¿Puede la Sala Constitucional hacer lo que está haciendo con el sistema jurídico venezolano y concretamente con la emisión de las “sentencias” 155 y 156 y sus respectivas “aclaratorias”[1] y las más de 40 sentencias a través de las cuales se han horadado paulatinamente las competencias de la Asamblea Nacional? Pues en un sentido trivial,

Por Prodavinci | 3 de abril, 2017
Fotografía de Marco Bello para Reuters

Fotografía de Marco Bello para Reuters

¿Puede la Sala Constitucional hacer lo que está haciendo con el sistema jurídico venezolano y concretamente con la emisión de las “sentencias” 155 y 156 y sus respectivas “aclaratorias”[1] y las más de 40 sentencias a través de las cuales se han horadado paulatinamente las competencias de la Asamblea Nacional? Pues en un sentido trivial, claro que puede. Es decir, dentro del mundo de lo posible lamentablemente hay un espacio para que siete personas escriban cualquier cosa en un pedazo de papel y lo llamen sentencia. También es posible, si a ver vamos, que un personaje instale una mesa en la esquina de Pajaritos, le cuelgue un cartel donde se lea la palabra “juez” y comience a emitir partidas de matrimonio a parejas aventureras. No por ello debemos asumir que se trata de un juez verdadero.

Las sentencias 155 y 156, particularmente, tienen un valor simbólico que no se había atribuido hasta ahora a ninguna otra decisión de la Sala Constitucional. En Prodavinci el profesor José Ignacio Hernández ha dado cuenta de la inconstitucionalidad de las mismas y no hay nada que objetar ni añadir a sus análisis. Una de las conclusiones que se pueden extraer de ellos es que las sentencias comentadas pretenden modificar de forma sustancial la arquitectura del sistema jurídico venezolano, en lo tocante al reparto de competencias relativas a la producción legislativa. Muy en concreto, las sentencias tendrían, como mínimo, dos efectos particularmente relevantes: (i) modificar la manera en que nace la fuente del derecho venezolano por excelencia: la ley; y (ii) modificar los mecanismos de control parlamentario constitucionalmente previstos.

Ahora bien, las sentencias emanan del más alto órgano judicial del país, y dentro de él, de la Sala con mayor poder de todas las que lo componen, la Sala Constitucional. Sus decisiones son finales. Por esa razón, existe la inclinación natural de todo espectador a suponer que, por ser finales, sus decisiones se identifican con el “Derecho”. Dicho de otro modo, se supone con facilidad que por tener la Sala Constitucional competencia como máximo y último intérprete de la Constitución, sus decisiones son la Constitución. Sobre todo porque la Sala hace un esfuerzo mayúsculo para sostener que sus decisiones se adecúan a ella y la interpretan correctamente.

Así como se suele decir que eventos extraordinarios exigen pruebas extraordinarias, la modificación extraordinaria de la estructura jurídica de un país a través de sentencias requiere también de justificaciones extraordinarias. Una justificación deficiente o insuficiente debe arrojar la misma conclusión a la que arribamos cuando no encontramos pruebas que respalden eventos extraordinarios. Si escuchamos a alguien sostener que existen personas susceptibles de combustión espontánea, lo que toda persona razonable diría es que para poder creer tal cosa necesita tener presente pruebas de suficiente peso. Algo así como un video, un reporte forense, el testimonio de un científico. El que alguien simplemente nos diga que creamos en un evento X no parece suficiente razón para creer en su ocurrencia, cuando ese evento desafía las nociones básicas sobre cómo funciona la realidad.

De una forma similar, si alguien sostiene que las competencias legislativas y contraloras de la Asamblea Nacional pueden ser ejercidas por la Sala Constitucional y por cualquier órgano que éste designe —la Sala no sólo decidió que podía ella legislar y controlar sino que podría distribuir o delegar esa competencia a quien ella designare—, y sostiene además que esa decisión entra dentro de las cuatro esquinas de la Constitución de 1999, cualquier ciudadano exigiría una justificación especial y extraordinaria. Así como llegamos a la conclusión que un evento extraordinario no probado no debe ser cierto, de la misma manera debemos llegar a la conclusión de que una decisión judicial que pretende una modificación tan extraordinaria de las estructuras legales, carente de una justificación suficientemente convincente, no merece ser considerada como parte del Derecho venezolano.

A darle apoyo a esa opinión pretendo dedicar las siguientes líneas.

La Regla de Reconocimiento y Las Fuentes del Derecho

H.L.A. Hart es probablemente el filósofo del derecho más relevante del siglo XX y uno de los más grandes de la historia. Su obra El Concepto de Derecho de 1961 es el canon de filosofía jurídica y en ella introdujo la noción de la “regla de reconocimiento” como requisito para todo sistema jurídico avanzado. La función de la regla de reconocimiento es brindar criterios autoritativos para la identificación de las normas jurídicas válidas de un sistema. Es decir, la regla de reconocimiento es el parámetro que nos permite discriminar aquello que es “derecho” en un sistema jurídico de aquello que no lo es. Así, es la regla de reconocimiento lo que nos permite concluir que los decretos emanados del Presidente de Turquía no son vinculantes en territorio venezolano. También es esta regla la que nos permite distinguir entre un acto jurídico “verdadero” de uno “falso”. Es decir, es la regla de reconocimiento la que nos permite saber si, por ejemplo, una cédula es válida o es fraudulenta. Es una suerte de regla maestra que nos indica las pautas que debe poseer un acto jurídico para poder ser considerado como parte del sistema, o, lo que es lo mismo, como acto válido jurídicamente.

La regla puede ser, según Hart, tanto muy simple como muy compleja. En su versión más simple, puede simplemente establecer algo así como “lo que dicte X, es derecho”. La nación que cuente con una regla como esa gozará de la virtud de la sencillez en su sistema jurídico. Sin embargo, la mayoría de los sistemas avanzados cuentan con reglas de reconocimiento más complejas, especialmente si se trata de países que, como el nuestro, distribuyen las competencias para generar normas jurídicas válidas entre varios órganos. Además, admite Hart, la regla de reconocimiento puede incluir criterios “sustantivos” o “morales” además de criterios puramente formales para la identificación del derecho.

Así, la versión elegante de una regla de reconocimiento simple y precisa, debe ser sustituida por una regla mucho más compleja que apunta a identificar una serie de procesos, órganos y valores que, en conjunto, permiten identificar lo que es derecho válido dentro de un sistema. Hay una complicación adicional: la regla de reconocimiento puede identificarse con el texto de la constitución de un país, pero puede ser incluso una regla separada y previa a la constitución misma. En cualquier caso, la regla de reconocimiento se supone que es el criterio maestro para identificar al derecho válido de un país.

Pues bien, si seguimos a Hart, las sentencias comentadas pretenden modificar de forma dramática la anatomía de la regla de reconocimiento venezolana. Es decir, de acuerdo con ellas, las formas y mecanismos para la creación de derecho válido en Venezuela, previstas en la Constitución de 1999, han sido sustituidas por unas nuevas.

Finalidad Judicial y Patología

Como comenté algunos párrafos atrás, la finalidad de las decisiones de la Sala Constitucional contribuye con la creencia según la cual las decisiones de ésta se identifican con la Constitución. En otras palabras, que la Constitución es aquello que la Sala Constitucional diga que es.

Pero un examen razonado del asunto muy pronto nos revela que esa conclusión es injustificada. No es cierto que la norma interpretada se identifique con el acto que la interpreta. Si así fuera, por qué se esmeran tanto los jueces en justificar sus decisiones como fieles al documento que interpretan (los nuestros no se esmeran tanto, o no lo hacen tan bien como en otras latitudes, pero gratia arguendi, asumamos que en efecto se esmeran). Es decir, al dictar su decisión, el juez entiende, consciente o inconscientemente, que el valor que tenga su sentencia depende en alguna medida de que la misma sea vista como una interpretación genuina y de buena fe de la norma que se pretende aplicar.

Sin embargo es cierto que sus decisiones son finales. De modo tal que incluso si entendemos que las decisiones de la Sala Constitucional no son la Constitución, en términos prácticos la distinción puede ser puramente académica, toda vez que al final del día se termina haciendo lo que la Sala Constitucional dice. Cuando los jueces se equivocan, sus equivocaciones pueden modificar la anatomía del sistema jurídico y esa nueva anatomía puede ser aceptada tanto por funcionarios como por los ciudadanos que dan apoyo a esa modificación, cumpliéndola.

Un ejemplo de “modificación” judicial de la regla de reconocimiento puede verse en la decisión Marbury v. Madison emitida por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU en el año 1803. De forma muy resumida, esa sentencia creó el control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Ahora bien, desde la entrada en vigencia de la Constitución americana en el año 1787, ese poder no había sido empleado nunca por la Corte, por una razón evidente: la competencia para anular actos del Congreso por violar la Constitución no estaba (y no está) consagrada explícitamente en ella. En otras palabras, la institución del control judicial de a constitucionalidad de las leyes es el producto de una interpretación judicial (algunos dirían, de una creación judicial).

Sin embargo el control judicial de la constitucionalidad es desde entonces una práctica acendrada en ese sistema. Hoy día nadie discute que sea una competencia de los tribunales de ese país someter a control a las leyes emanadas del Congreso. Lo que algunos consideraron como un error judicial en 1803, es hoy parte de la regla de reconocimiento de ese país. El error, puede convertirse en una porción de la regla de reconocimiento pacíficamente aceptada por funcionarios y ciudadanos.

Esto, sin embargo, es sólo cierto en tiempos de normalidad institucional. Hart nos habla también de las vicisitudes producto de errores judiciales que generan un escenario de funcionamiento patológico del sistema. Ese es el escenario en el que nos encontramos. No es correcto asumir la tensión entre el TSJ y la AN como una tensión análoga a la que puede existir entre el Tribunal Constitucional Español y las Cortes Generales de ese país. En realidad, la tensión que nosotros presenciamos es una batalla por la definición de la forma y emplazamiento de la regla de reconocimiento en Venezuela. El TSJ ha venido, durante todo el 2016 y lo que va del 2017, moviendo paulatinamente los límites de esa regla de reconocimiento y modificándola poco a poco, en tanto que la AN ha estado tratando de defender la ubicación original de la regla. Hasta hace muy poco, la batalla por la modificación de la regla parecía estarla ganando claramente el TSJ y, por ser el beneficiario de esa modificación, el Gobierno. Sin embargo, a raíz de las sentencias 155 y 156, la tensión parece haber favorecido a la AN.

No me refiero exclusivamente a la reacción internacional que han generado esas sentencias. Esa reacción internacional es de la mayor relevancia, porque apunta al reconocimiento internacional de la anatomía de la regla de reconocimiento venezolana. En otras palabras, la reacción internacional parece sugerir que, al menos los países de la región, no están dispuestos a reconocer un gobierno en funciones que sea el producto de una modificación de esa regla.

Me refiero también a la reacción interna y a los efectos que las sentencias han generado. Desde que el TSJ comenzó a dictar sentencias limitando las competencias de la AN se abrió un período de funcionamiento patológico del sistema. Nada menos que el poder legislativo de Venezuela ha estado sometido a lo que en la práctica equivale a su clausura. Absolutamente todos sus actos han sido anulados por la Sala Constitucional. Ese panorama es el paradigma del funcionamiento patológico.

La Suplantación Infructuosa de la Regla y la Justificación de las Sentencias

La aceptación de la regla de reconocimiento es crucial para su existencia. Paro la aceptación, ¿por quién? ¿Es suficiente que una camarilla de funcionarios la acepte? ¿Es necesaria la unanimidad? ¿Hace falta la aceptación ciudadana?

No hay una respuesta única pero Hart sostiene que la regla debe ser aceptada por funcionarios y ciudadanos a la vez. Y es este elemento de la aceptación el que juega en contra del TSJ y, por añadidura, del Gobierno, pues no basta con que la modificación sea aceptada por un grupo de funcionarios. Si la alteración enfrenta la oposición de ciudadanos y, fundamentalmente, de funcionarios, la suplantación está lejos de ser definitiva. Es más, cabe incluso argumentar que la suplantación no ha tenido lugar.

En el caso venezolano cabe notar que al menos las dos terceras partes de la AN, más un número no desdeñable de gobernadores y de alcaldes no aceptan la suplantación. Todos ellos, como funcionarios, tienen la obligación constitucional de aplicar y defender su vigencia. Además, especialmente relevante es el rechazo tajante expuesto por la Fiscal general de la República pues se trata de la cabeza de un órgano de consagración constitucional encargado de la defensa de la constitución. Si esto fuere poco, existe un consenso unánime en la comunidad jurídica, expresada en los comunicados del Consejo Facultad de Derecho de la UCAB, UCV, el Colegio de Abogados de Caracas, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, más de 40 ONG y otros órganos que agrupan a la comunidad jurídica venezolana. No existe un constitucionalista de estatura que considere a estas decisiones como interpretaciones correctas de la Constitución.

Es decir, no hay una suficiente masa crítica de funcionarios y ciudadanos como para hacer de la suplantación de la regla de reconocimiento un asunto pacífico. Muy al contrario, se trata de lo que probablemente sea el asunto más contencioso del derecho público venezolano desde la emisión de la sentencia del 19 de enero de 1999 (ella misma una modificación lamentable de la regla de reconocimiento de entonces, pero esa es una historia que no pretendo tratar acá).

Esta reflexión de Hart nos obliga a tocar de nuevo el punto de la justificación de las sentencias. El rechazo generalizado a las sentencias comentadas se debe, me atrevo a adelantar, a que la justificación jurídica ofrecida por la Sala en las sentencias es tan extremadamente pobre que no cabe bajo ningún criterio como interpretación de buena fe del documento que las sentencias pretenden interpretar. Como dije más arriba, una modificación extraordinaria de nuestras estructuras jurídicas básicas por la vía judicial requieren de una justificación también extraordinaria. Pero todo el que lea estas sentencias pronto se topa con un ejercicio de dibujo libre. Un dar rienda suelta a la imaginación, arribando a conclusiones deportivamente ancladas en lecturas y autoridades que albergan poca o ninguna relevancia con lo que se discute. Así como son de excesivas en lo que pretenden (arrebatar a la AN sus competencias constitucionales), son de pobres y deficientes en su respaldo argumental. A esto agréguese que los efectos jurídicos de estas sentencias son existenciales para la AN y tendrá usted un cóctel para el desconocimiento generalizado.

Esto nos devuelve al debate sobre la finalidad de las decisiones judiciales. En efecto, lo son, pero, luego de esta discusión, espero haber dibujado suficientemente la idea de que esa finalidad no es suficiente para considerar a estas decisiones judiciales como parte del derecho venezolano válido. Así como consideraremos como fuera del derecho venezolano y por lo tanto como extraña al sistema una decisión de la Sala Constitucional que concluya que la esclavitud no es contraria a la Constitución, o que Venezuela y Cuba forman una Confederación o que la forma de gobierno previsto en la Constitución es el régimen cívico-militar, de la misma manera debemos considerar que las sentencias comentadas son extravagantes, inadmisibles y extrañas a nuestro sistema. Su pretensión de modificar la regla de reconocimiento venezolana ha sido infructuosa, razón por la cual no cabe admitirlas como parte nuestro sistema jurídico. Ellas mismas caen fuera de los márgenes que nuestra regla fija para distinguir entre los actos jurídicos válidos de los que no lo son. Estas sentencias no lo son, bajo ninguna perspectiva, y por lo tanto, no solo exigen el repudio de la comunidad nacional y de la internacional, sino que no son capaces de generar obligación jurídica alguna ni efectos legales válidos. No son Derecho. No hay en ellas, Derecho alguno.

***

[1] Al momento de la redacción de este trabajo las referidas aclaratorias no han sido publicadas en el portal del TSJ. Sin embargo, de acuerdo con la descripción de las mismas, no parece haber una modificación de fondo que exija cambiar las conclusiones que acá adelanto sobre las sentencias 155 y 156.

A propósito de las declaraciones de la Fiscal General; por Juan Manuel Raffalli

La Fiscal General de la República se ha pronunciado señalando que las sentencias 155 y 156, emitidas por el Tribunal Supremo esta semana, representan una alteración del orden constitucional. Mucho se ha dicho ya sobre las mismas, pero debemos evaluar el efecto de esta grave declaración. El desconocimiento reiterado del Poder Legislativo En Venezuela no

Por Juan Manuel Raffalli | 31 de marzo, 2017
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Fotografía del Ministerio Público

La Fiscal General de la República se ha pronunciado señalando que las sentencias 155 y 156, emitidas por el Tribunal Supremo esta semana, representan una alteración del orden constitucional. Mucho se ha dicho ya sobre las mismas, pero debemos evaluar el efecto de esta grave declaración.

El desconocimiento reiterado del Poder Legislativo

En Venezuela no hay un conflicto de poderes. Simplemente está desarrollándose el desconocimiento absoluto de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, sobre la base de una concertación inconstitucional y antidemocrática.

El verdadero objetivo ha sido dejar sin efecto las actuaciones del Parlamento,de mayoría opositora,y anular sus competencias constitucionales de control político sobre el Poder Ejecutivo y su potestad legislativa, ambas previstas en los artículos 187 y 222 de la Constitución.

El propio TSJ ha creado un supuesto “desacato” ante una medida cautelar —ni siquiera a una sentencia definitiva— de la Sala Electoral, en el proceso de nulidad de las elecciones parlamentarias del estado Amazonas, el cual, desde hace más de un año espera decisión.

La situación resulta más vergonzante aún si consideramos que los diputados de Amazonas se encuentran formalmente desincorporados desde hace varios meses.Queda entonces de bulto que el supuesto “desacato” es una excusa para construir una corriente jurisprudencial que tiene por finalidaddesconocer a la Asambleae impedirle ejercer sus competencias constitucionales.

Las sentencias derivan en la usurpación de funciones

Pero el clímax de esta actitud abiertamente inconstitucional del Tribunal Supremo y en específico de su Sala Constitucional contra la AN, han sido sus sentencias 155 y 156 publicadas en fechas 28 y 29 de marzo de 2017, respectivamente, las cuales fueron emitidas en tres días hábiles o menos, desde que se interpusieron las peticiones que dieron lugar a ellas.

En la primera de dichas sentencias (155) se insta al Presidente de la República a que por vía de estados de excepción revise leyes penales que le permitan accionar contra los Diputados electos, tildados de “traidores a la patria”. Este fallo anula el Acuerdo de la Asamblea que da el apoyo parlamentario a la reactivación de la evaluación conjunta de los estándares democráticos en el país, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Igualmente, esta sentencia insta al Presidente a tomar medidas internacionales que conllevarían a la posibilidad de salir de la OEA y aislar al país del concierto regional y el Sistema Interamericano. Pero más grave aún, en esta decisión 155, de manera expresa se señala que los diputados electos, por hallarse en un supuesto “desacato”, no gozan de la “inmunidad” que les confiere el artículo 200 de la Constitución, lo cual los deja a merced de cualquier autoridad judicial que decida privarlos de libertad.

En la segunda sentencia (156), la Sala Constitucional permite al Presidente obviar el contenido del artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos que obliga a obtener autorización de la AN para constituir empresas mixtas por tratarse de contratos de interés nacional. Pero al final de la misma y sin ninguna conexión con esta atrocidad, la Sala Constitucional determina expresamente: “… se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Vale decir, que se transfiere las competencias de la Asamblea Nacional previstas en la Constitución, a sí misma.

Nótese que en estas sentencias, la Sala vuelve, de manera inconstitucional, a invocar el artículo 336 ordinal 7 de la Constitución, según el cual, en caso de Omisión Legislativa sobre medidas o actos indispensables para asegurar el cumplimiento de la Constitución, ésta podrá declarar la Omisión e imponer los correctivos. Es decir, si al AN deja de cumplir su función, la Sala podría exigir correctivos. Pero el punto está en que dicha norma únicamente permite a la Sala Constitucional “establecer plazos, y de ser necesario, lineamientos” para corregir la Omisión. Ello implica que en ningún caso la Sala Constitucional puede constituirse en Poder Legislativo y tomar su lugar como pretende en la sentencia 156.

Es importante recordar que el uso inconstitucional de la Omisión Legislativa es lo que ha permitido que los rectores del Consejo Nacional Electoral hayan sido designados por la Sala Constitucional y no por la AN como lo ordena el artículo 296 de la Constitución.

Además, debe señalarse que estas sentencias se han dictado sin respetar el derecho a la defensa delos diputados ni el debido proceso, que son garantías constitucionales. Bajo la excusa de tratarse de puntos de “mero derecho”, se han dictado estas decisiones cuyo efecto indiscutible es la alteración del orden constitucional en relación a la composición y funcionamiento del Poder Público, dando al traste con el artículo 136 de la Constitución.

Las declaraciones de la Fiscal y sus efectos

La gravedad de estas sentencias y sus efectos, ha encendido las alarmas de todo el mundo y motiva la convocatoria de reuniones urgentes en organismos multilaterales como la OEA y Mercosur. Pero en lo interno, no solo ha generado protestas fundadas sino que mediante declaración pública y oficial, la Fiscal General de la República ha manifestado las sentencias representan una “alteración del orden constitucional”.

Para entender bien la gravedad de esta declaración y sus posibles consecuencias, debemos considerar antes que la Fiscal, quien hizo la declaración en nombre propio y en ejercicio de su cargo, no solo es parte del Consejo Moral Republicano y por lo  tanto del Poder Ciudadano, sino que de conformidad con lo previsto en los artículo 285 numeral primero de la Constitución, es “garante” de los derechos constitucionales en los procesos judiciales.

Además, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, corresponde a la Fiscalía “…actuar en representación del interés general y ser responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado, democrático y social de derecho y de justicia” y según el artículo 5 de la misma Ley, los Poderes Públicos deberán “colaborar con el Ministerio Público, cuando sean requeridos para ello”. Es decir, quien ha calificado las referidas sentencias 155 y 156, como una ruptura del orden constitucional, es el funcionario demás rango encargado de velar por el respeto de la Constitución en el ámbito de la actividad judicial.

Las consecuencias políticas de esta declaración pública de la Fiscal están por verse. Sin embargo, desde ya podemos visualizar que en los próximas días serán parte del debate en los organismos internacionales, y con seguridad llevarán agua al molino de quienes han afirmado que en Venezuela no hay respeto al principio fundamental de separación de poderes y que se ha atentado contra la democracia al pretender ilegalizar la actividad de la AN pasando sus competencias al Poder Judicial.

Pero además, la declaración de la Fiscal deja claro que estos Magistrados han incurrido en errores graves e inexcusables. En este sentido, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, atribuye a la Fiscal General de la República (así como a cualquier otro miembro del Consejo Moral Republicano) competencia para solicitar que se celebre una sesión extraordinaria de esa instancia,en la cual se podría producir un pronunciamiento formal sobre las sentencias. Ello derivaría en la posibilidad de que la AN, o cualquier ciudadano pueda, según el artículo 32 de la misma Ley que regula al Poder ciudadano,“…solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta en que presuntamente se encuentre incurso [los Magistrados] del Tribunal Supremo de Justicia”.

Una vez calificada la falta, la AN podría iniciar el proceso de destitución con la aprobación de 2/3 delos Diputados. Allí vendría seguramente una autodefensa sobre la base del propio criterio de la Sala Constitucional en relación al número de diputados habilitados para decidir, lo cual revelaría la intención propia de permanecer inconstitucionalmente en el cargo. En este sentido, sería posible que los diputados afectados, o incluso de oficio, el Ministerio Público inicie acciones para exigir la responsabilidad de los magistrados implicados.

Finamente, no podemos dejar de señalar que la Fiscal en su declaración hizo un llamado a la rectificación y a asumir salidas pacíficas y democráticas. Ello sin dudas alude a procesos electorales; por tanto, se trata de una posición dirigida específicamente al CNE, quien a raíz de lo ocurrido podría proceder a fijar las elecciones pendientes.Incluso, si la crisis de agudiza, el Referéndum Revocatorio indebidamente suspendido.

Una editorial con ambición cultural; por Marcelino Bisbal

1. Historia breve  Corría el año de 1988, hace ya 30 años de esto. La Universidad Católica Andrés Bello le daba vida a sus publicaciones, a sus libros como objetos de transmisión de ideas, de razón, de intercambio de experiencias y como traducción de crecimiento y progreso humano. No se puede entender una universidad, un

Por Marcelino Bisbal | 30 de marzo, 2017

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1. Historia breve

 Corría el año de 1988, hace ya 30 años de esto. La Universidad Católica Andrés Bello le daba vida a sus publicaciones, a sus libros como objetos de transmisión de ideas, de razón, de intercambio de experiencias y como traducción de crecimiento y progreso humano. No se puede entender una universidad, un centro para el conocimiento y la investigación, sin la presencia real de una unidad de publicaciones que lleve hacia delante una política editorial, que la defina como espacio del y para el saber y para la cultura. En definitiva, es lo mismo, siguiendo el orden de significados, de aquella definición que nos da Clifford Geertz en su célebre ensayo sobre la Interpretación de las culturas (1988 en la edición en castellano) cuando nos dice antropológicamente que “el concepto de cultura que sostengo (…) denota un patrón históricamente transmitido de significados expresados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la vida y sus actividades hacia esta”.

Pudiéramos entonces considerar la presencia de una dirección de publicaciones dentro de un recinto universitario, en el caso que nos ocupa en la Universidad Católica Andrés Bello, como la prolongación de la reflexión y de los saberes que, dentro de ella se imparten. El decreto rectoral, que le da vida pública a los libros y a las publicaciones periódicas dentro de la UCAB, establecía en aquel momento que la misión de la Dirección de Publicaciones es: “Difundir el saber y la investigación generados en la UCAB, así como la identidad ucabista por medio de la edición de textos universitarios, publicaciones periódicas de carácter divulgativo y otros documentos ucabistas importantes”. Así, se le daba existencia a la producción y edición de libros dentro de la UCAB.

A lo largo de todo el tiempo que configura la historia de las publicaciones en la UCAB, nos encontramos con textos diversos en contenido y forma. Sin embargo, buena parte de los libros que se publicaron se fueron especializando en áreas y géneros literarios que contribuyeron a divulgar lo que se estaba haciendo en la UCAB. Los volúmenes publicados a lo largo de toda esta historia rescatan, fundamentalmente, los trabajos de cátedra que se traduce en obras de enseñanza universitaria, pero también los asuntos planteados en la diversidad de seminarios y jornadas que se fueron dando a lo largo de todo ese tiempo.

2. El tiempo y su lectura

 Debemos de entender la paradoja de las mutaciones que trae consigo, o que impone, la historia, es decir, el tiempo transcurrido. Han sido 29 años y un poco más para la actividad editorial ucabista. A lo largo de esa historia, ha habido, como dice Roger Chartier refiriéndose a la lectura del tiempo, ruptura, invención e inercia a la vez. Sin embargo, esas tres variantes tienen que ser vistas con sentido de evolución y transformación necesarias. Pues nada permanece estático e inmutable.

Desde las primeras ediciones ucabistas hasta las actuales, se han producido cambios que no solo tienen que ver con la tecnología, que en cada momento impone la edición y producción del libro, sino también con el hecho de que la inserción de la UCAB en Venezuela se ha ido delineando con mayor especificidad, fuerza y confianza en lo que ella ofrece e inspira para el país y sus ciudadanos.

Reconozcamos que la Universidad Católica Andrés Bello se ha venido convirtiendo en un espacio para pensar la Venezuela del presente que requiere de profundas transformaciones, que comprenden lo económico, lo social, lo político, lo educativo y lo cultural. La UCAB se ha querido convertir en referencia obligada a la hora de pensar nuestra comarca y esta vocación debe ser traducida y expuesta en sus publicaciones.

3. La nueva realidad

 El país cambió y el panorama que hoy nos ofrece es desolador. Quizás el término resulte muy grave, pero no hay más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de cuál es la realidad hoy. Volvamos a repetirla: hay excesos del Gobierno hacia los ciudadanos; las libertades democráticas más elementales han sido limitadas o simplemente censuradas; la seguridad de la sociedad está en constante peligro y el Estado poco ofrece para mejorarla; el derecho a decidir a través del voto ha sido secuestrado; la economía y el sistema productivo están paralizados o arruinados por un modelo más que fracasado; se han puesto en práctica decisiones indebidas… Este es el retrato que hoy nos ofrece Venezuela.

Ante ese panorama, la universidad venezolana debe dar respuestas, aunque el Estado no quiera escuchar o reaccionar. Pero es deber del intelectual, de la universidad como asiento privilegiado de la inteligencia, hablarle claro al poder. Lo expresaba estupendamente Edward W. Said cuando nos dice que “…a mi me gustaría insistir en la idea de que el intelectual es un individuo con un papel público específico en la sociedad que no puede limitarse a ser un simple profesional sin rostro, un miembro competente de una clase que únicamente se preocupa de su negocio. Para mí, el hecho decisivo es que el intelectual es un individuo dotado de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una actitud, una filosofía o una opinión para y a favor de un público (…)Su misión es la de plantear públicamente cuestiones embarazosas, contrastar ortodoxia y dogma (más bien que producirlos), actuar como alguien a quien ni los gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente…”

¡El pensamiento ante la barbarie! Ese podría ser el lema de la universidad venezolana. Pero surge una interrogante: ¿De dónde partimos para orientar la reflexión actual? Los libros, como se ha dicho tantas veces, se hacen pensamiento, pero para ello requerimos de las imprentas, del papel y de quienes los escriban, aun a pesar del desafío que entraña la digitalización de los escritos. Irrumpen los editores y las  editoriales para darle forma a los libros.

4. abediciones

 Editar libros aquí y ahora en la situación que vive el país es toda una aventura, un riesgo, por el cúmulo de dificultades materiales-económicas que están presentes. Si no tenemos alimentos, ni medicinas, mucho menos contamos con papel, tintas, planchas…y demás insumos para el arte de la impresión. Hacer libros no es prioridad gubernamental. El director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Artes Gráficas de Venezuela (AIAG) declaraba recientemente que los inventarios de materias primas e insumos para el sector de la industria gráfica estaban entre 10% y 15%. En 2013 ya se empezaban a escuchar los primeros gritos de auxilio pues se indicaba, en crónica de la revista ElLibrero, que “En la Venezuela del presente, asfixiada por el control de cambio y con una economía perversamente distorsionada, hacer libros es una hazaña. Y no es un tema del que los más afectados, los impresores, estén dispuestos a hablar…tal vez porque algunos de ellos han dejado de serlo para convertirse en mercaderes de bienes escasos”.

Sin embargo, hay gente, emprendedores de pequeñas y medianas editoriales independientes, también algunas de las grandes, que siguen apostando para que el libro continúe existiendo en nuestro territorio y que llegue a las manos de los lectores. Este es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello que está empeñada en seguir haciendo libros. Es el deseo de no claudicar, de resistir y de querer darle respuesta y propuestas al momento actual.

Desde mediados del año 2016 las publicaciones ucabistas han refrescado sus ediciones y la forma de hacerlas, pero dentro de su propio sello editorial: abediciones. En tal sentido, lo primero que hicieron fue crear una marca, dotarla de identidad y darle vida propia. Desde abediciones nos dicen que

“El lanzamiento de una nueva marca y el rediseño de las colecciones Libros UCAB es una gran oportunidad para reposicionar a los libros que se producen en la UCAB, permitiendo ganar nuevas audiencias y lograr una difusión y promoción más eficiente del producto. Este debe ser el punto de partida del proyecto: establecer los objetivos estratégicos de la nueva editorial (…) La metodología de la Idea de Marca implica desarrollar una narrativa para la marca y la colección que se apoye en la filosofía o credo de la editorial, que se conecte con los deseos y aspiraciones de las audiencias y que se diferencie radicalmente de los mensajes de la competencia”

El futuro de abediciones está por construirse como editorial dentro del panorama del libro en Venezuela. Esta nueva editorial que hoy se hace presente, ha delineado su perfil editorial:

abediciones es la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene la misión de apoyar, propiciar y divulgar el desarrollo del conocimiento en las áreas de ciencias sociales y humanidades, así como en el campo técnico-científico. Respalda y estimula la creatividad a través de la selección, producción y divulgación de obras en campos diversos que van desde la investigación, la divulgación, narración, la fotografía, el arte…

abediciones se debe de posicionar como una editorial universitaria importante en nuestro país. Que se distinga, a partir de cada una de sus colecciones, en la divulgación del conocimiento en ciencias sociales y humanidades, en el saber técnico- científico, y que sea una referencia nacional e internacional.

—El fondo de abediciones está conformado por distintas colecciones que son el puente para la divulgación del quehacer académico y creativo. Al respecto, dispone ya de siete colecciones: Papeles del Rectorado, Ediciones Especiales, Visión Venezuela, Registro, Cátedra, Baciyelmo y LetraViva.

—Las obras a ser editadas por abediciones serán el resultado de trabajos universitarios que podrán provenir de las esferas docentes, de investigación, legales, administrativas o culturales. De la misma manera podrán ser resultado de acuerdos; o mecanismos de colaboración; o convenios con instituciones, investigadores o creadores ajenos a la Universidad.

—En el ámbito de las coediciones, abediciones promueve esquemas de colaboración intelectual e institucional con el objeto de enriquecer el trabajo editorial universitario.

—Comercialmente, las publicaciones de abediciones son impresas y/o digitales y se canalizarán a través de distribuidoras convencionales de libro impreso y plataformas de distribución de contenidos digitales

Dentro del des-orden que reina en el país, la presencia de un nuevo sello editorial que desea rebasar los espacios privilegiados del reciento universitario es siempre una buena nueva. Es el esfuerzo por hacerse presentes y además querer ser la vitrina no solo del quehacer universitario, sino también del hacer del hecho cultural y creativo. De ahí el título de esta crónica: Una editorial con ambición cultural. Esto está todavía por ocurrir, pero el camino se ha iniciado. Como dice el poema de Antonio Machado y que abediciones hace suyo: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino…

Tres experiencias de la gestión cultural en Latinoamérica; por Diajanida Hernández

Miguel Arroyo en Venezuela, Lina Bo Bardi en Brasil y Jorge Romero Brest en Argentina representan experiencias “fuera de la caja” en el ámbito de la gestión cultural en Latinoamérica. Cada uno con su estilo pero con una búsqueda común: ver y ejercer el oficio como un campo de acción política y social que rompa

Por Diajanida Hernández | 30 de marzo, 2017
Fotografía de Artishock

Fotografía de Artishock

Miguel Arroyo en Venezuela, Lina Bo Bardi en Brasil y Jorge Romero Brest en Argentina representan experiencias “fuera de la caja” en el ámbito de la gestión cultural en Latinoamérica. Cada uno con su estilo pero con una búsqueda común: ver y ejercer el oficio como un campo de acción política y social que rompa paradigmas.

Estos tres personajes, figuras centrales de la cultura de sus países (y Latinoamérica), fueron protagonistas y gestores de transformaciones que se dieron durante la década del sesenta. Con sus trabajos, Arroyo, Bo Bardi y Romero Brest impulsaron y sentaron las bases para la conceptualización, ejecución y comprensión de formas (nuevas) de acercarse al hecho cultural, a las obras, al arte y a la gerencia de las instituciones culturales.

La acción de estos tres gestores durante aquellos años sesenta fue abordada durante el seminario Muestra cuenta, organizado por la Colección Patricia Phelps de Cisneros, que se llevó a cabo en el Teatro de Chacao el pasado 17 de marzo. Patricia Velasco, directora de la Fundación Sala Mendoza (Caracas); Tomás Toledo, curador del Museo de Arte de São Paulo (São Paulo); e Inés Katzenstein, directora del programa de arte de la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires), fueron los investigadores comisionados para hablar de la huella de esos personajes.

Aunque no fue el objeto de los ponentes, con sus intervenciones no sólo describieron la acción de los gestores, sus propuestas y sus centrales aportes al ámbito cultural, educativo y social; el cuadro completo de las tres conferencias dejaron ver, mostraron las cercanías de las búsquedas y las formulaciones de Arroyo, Bo Bardi y Romero Brest. Entre los tres gestores no hubo un diálogo en esa época y desarrollaron estilos y metodologías diferentes, sin embargo, transitaron un mismo camino, guiados por un mismo espíritu.

Miguel Arroyo, tal como señaló Velasco, se puede ver como un hombre del Renacimiento; un espíritu abierto, curioso: fue ceramista, profesor, curador, museógrafo, escritor, historiador, promotor de las artes, diseñador de interiores. Recordado por su gestión al frente del Museo de Bellas Artes de Caracas, es considerado el padre de la museografía moderna en Venezuela, gracias a él la estructura de la gestión museística fue organizada, profesionalizada y estructurada, y amplió el horizonte de las artes visuales venezolanas al darle cabida y estatus propio a manifestaciones no tradicionales (cerámica, artes decorativas, diseño gráfico, arte prehispánico), presentadas en montajes audaces, sensibles con dispositivos pensados de acuerdo a la naturaleza de las piezas y la relación con el espectador.

Lina Bo Bardi es llamada arquitecto total, fue curadora de arte, profesora, diseñadora, ilustradora editorial, y creó escenografía para teatro y cine, e instalaciones culturales. Modernista pero interesada en lo propio de Brasil, su mirada antropológica le permitió establecer un diálogo entre lo popular y la vanguardia, pensando los espacios, las edificaciones y la relación con el arte como un proceso cotidiano, inacabado, que sería completado por las propias personas: así pensó en sus diseños arquitectónicos, así conceptualizó el MASP y las exhibiciones que tuvo a cargo. Bo Bardi creía en el arte-artesanía, distante del espectáculo y la alta cultura, cercano a la gente, su objeto fue ofrecer un museo fuera de los límites tradicionales, un museo para todos, abierto a la calle.

Jorge Romero Brest fue el guía de la vanguardia argentina de los sesenta, operador central de un momento del arte de su país. Crítico de arte y docente dirigió el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. Brest, abrió espacios a nuevas formas del arte y pregonó la obsolescencia de la idea tradicional de las exposiciones.

Ese espíritu compartido por Arroyo, Bo Bardi y Romero Brest partió de la mirada, una aguda, sensible, crítica y audaz que les permitió descubrir y abrirse al mundo. La genuina curiosidad e interés por el hecho cultural en su amplia dimensión los llevó a cuestionar nociones tradicionales y anticipar el gesto que era necesario. Vieron que había que proponer otra forma de plantear la gestión cultural y la relación con las obras y las instituciones. El gesto apuntó a desacralizar la obra del arte y el modo en que el espectador se relaciona con la misma; pensar otras formas de presentar y fomentar el diálogo con el arte; defender que arte, artefacto y artesanía están en una misma línea; incidir en una nueva narrativa de la historia del arte; sintonizar con los nuevos lenguajes y darles un espacio propio; apostar por la promoción y difusión del arte local y dialogar con el afuera.

Cada uno fue la puesta en escena de la propuesta de un gestor que pensara en estructuras institucionales, que tuviera una vocación pedagógica y estuviera dispuesto a experimentar y arriesgar. Pensaron el arte en su relación social y política con los ciudadanos; trabajaron a contrapelo y el museo fue una escuela abierta, de interacción, de encuentro y movimiento social, que comprendía la naturaleza de los objetos que se exponían y estimulaba el despertar, precisamente, de la mirada sensible, esa que les permitió incluso, anticipar nuestra época de consumo e industrialización.

A pesar de que el gestor cultural hoy es un interlocutor válido yde la profesionalización del oficio, estas tres experiencias nos dicen que aún son caminos singulares y vigentes. Se podría pensar, por ejemplo, en que desde hace un par de años el MASP trabaja para retomar el proyecto que Bo Bardi ideó para esa institución y reabrir el museo a la calle.

Los desafíos de la gestión cultural se complejizan, el reto está en consolidar vías para no sólo mediar culturalmente, sino también producir proyectos que estimulen el diálogo y la participación ciudadana, organicen y generen conocimientos, impulsen iniciativas, procurar su sostenibilidad, defender la diversidad, la inclusión y la libre expresión, y lograrel lugar justo en las políticas de Estado. Ante ese panorama, quizás es necesario salir de la caja y afinar la mirada para continuar la ruta que abrieron y anticiparon Arroyo, Bo Bardi y Romero Brest, su legado es posibilidad.

Presión 2×2; por Carmen Beatriz Fernández

El gobierno venezolano recibe mayor presión internacional cada día que pasa. El nuevo y amplio informe de Luis Almagro tiene 75 páginas detalladas que se suman a las 132 entregadas hace casi un año a la Asamblea de la OEA, y que dan cuenta de la tragedia venezolana, apurando por una solución. Este informe, tal como ocurrió

Por Carmen Beatriz Fernández | 28 de marzo, 2017

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El gobierno venezolano recibe mayor presión internacional cada día que pasa. El nuevo y amplio informe de Luis Almagro tiene 75 páginas detalladas que se suman a las 132 entregadas hace casi un año a la Asamblea de la OEA, y que dan cuenta de la tragedia venezolana, apurando por una solución. Este informe, tal como ocurrió con el que le precedió, deberá ser discutido próximamente en la asamblea de la OEA con el voto a favor de 18 países socios. De allí, y tras una nueva votación afirmativa de 24 países, podría decidirse la aplicación de la Carta Democrática, un compromiso hemisférico suscrito entre todos los países americanos para abrazar la democracia y sus formas.

El proceso tiene un sabor a “déjà vu” que hace que pueda perder interés noticioso, pero la situación hoy es bastante distinta a la del primer informe de hace sólo diez meses. La coyuntura es más grave porque el proceso de deterioro ha sido muy acelerado, son peores todos los indicadores, y el informe Almagro da buena cuenta de ellos: con una hiperinflación que ya va por su tercer año se ha generado un empobrecimiento atroz de la sociedad: la pobreza alcanza al 80% de la población, existe gran desabastecimiento de alimentos y medicinas, y 3 de cada 4 venezolanos han perdido en promedio 9 kilos de peso en el ultimo año. Pero además en estos diez meses el gobierno de Maduro ha cruzado la línea amarilla de la democracia y expropiado el voto popular, secuestrando arbitrariamente la conducción del referéndum revocatorio, primero, y desconvocando luego las elecciones de gobernadores que por constitución debieron haberse realizado el pasado diciembre.

Como si esto fuera poco, en los 10 meses transcurridos entre ambos informes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dictó sanciones contra el vicepresidente de la República Tareck El Aissami por sus vínculos con el narcotráfico, arrojando así una sombría mancha de estado forajido sobre el país con las mayores reservas de crudo del planeta.

Nunca antes las presiones internacionales sobre Venezuela habían sido de tal magnitud. Sin embargo no basta con ello. Para que se produzca un cambio democrático la presión debe ser continua, y no intermitente como ha sido hasta la fecha. Además a las presiones internacionales hay que añadir la presión nacional. Y algo más: a la presión ejercida por quienes han sido tradicionales adversarios hay que añadir la presión ejercida por quienes han sido tradicionales aliados. La presión debería darse en cuatro planos, una matriz de presión 2×2, tanto en el eje nacional-internacional y como en el de aliados-adversarios.

1. La presión externa de los adversarios viene dada por las acciones del gobierno de Trump, por la OEA y por el grupo de los 14. La Asamblea de la OEA podría no llegar a los 24 países votantes a favor de la aplicación de la Carta Democrática, pero ya quienes quizás son los 14 países más importantes del continente, suscribieron una carta en la que le exigían a Venezuela la celebración de elecciones. La iniciativa es muy relevante porque pese a que en el concierto de las naciones de la OEA todos los votos valen lo mismo, en las relaciones internacionales y comerciales es claro que no todos los países importan igual. Aquí son los países grandes, con real incidencia en las relaciones multilaterales, quienes demandan elecciones en Venezuela para considerarla un país que pueda ser tratado como igual.

Doblemente importante resulta que la vocería de los 14 haya sido asumida por México, porque desde hace casi un siglo la cancillería mexicana asumió la “doctrina Estrada”, que implica no sojuzgar a países latinoamericanos cuyo gobierno haya emergido de una revolución. Es decir, México reconoce como legítimos a países latinoamericanos cuyo origen de gobierno sea el revolucionario. Es ésta la razón de la histórica amistad internacional entre México y Cuba, entre otras cosas. De manera que no sólo los 14 exigen elecciones, sino que entre líneas se lee lo que ya es un secreto a voces: ¿cual revolución?

2. La presión externa de quienes hasta hace muy poco fueron aliados, y aquí hay que considerar a los gobiernos de Santos en Colombia y Bachelet en Chile, quienes se han sumado al grupo de los 14. Pero también las presiones de China y otros deudores, en relación a que la posibilidad de cualquier nuevo endeudamiento o refinanciamiento esté supeditada al aval de la Asamblea Nacional, tal como lo contempla la Constitución. Eventualmente también podrá haber presión externa de aliados como el grupo de los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández, e incluso de Raúl Castro, cuando se tiendan puentes a una negociación real, que no diálogo.

3. La presión interna de los tradicionales adversarios: Ninguna presión internacional será efectiva si no se produce una presión interna simultáneamente. En los últimos meses, tras el diálogo, la presión local fue aflojándose. Antes del diálogo facilitado por El Vaticano y los tres expresidentes, la Unidad había venido trasladando el conflicto político a la calle y al Parlamento, espacio donde juega con claras ventajas, mientras que el oficialismo intentó llevarlo al seno del resto de las instituciones públicas, donde posee desproporcionado control. Pero el llamado “diálogo” resultó ser fundamentalmente una puesta en escena, tras la cual se generó una desmovilización de calle que redujo enormemente la presión interna.

4. El cuarto y ultimo elemento es la presión interna de los amigos, ejercida por quienes han sido tradicionales aliados dentro de las fronteras nacionales. Sin ellos, y sin la posibilidad de que el resto de la sociedad les tienda puentes, difícilmente se llegará a la necesaria redemocratización. Una parte del chavismo, la más sensata, debe ayudar a diseñar una solución institucional y electoral. Hay señales tenues de que esto puede darse. Una de ellas, quizás la más significativa, relatada en un informe de El Vaticano, nos habla de una proporción de voto entre militares en la última elección de 70% a favor del cambio, aún mayor que la proporción en la sociedad como un todo. Recientemente una dirigente oficialista importante, que fue una de las personas más cercanas a Chávez, exigió el calendario electoral de las elecciones de gobernadores que por constitución están obligadas a hacerse y demandó el fin del aberrado control cambiario (que llega a una diferencia de paridades hasta de 300 a 1) y que beneficia a unos pocos creando inimaginables distorsiones en toda la sociedad.

Estos cuatro puntos de presión son por igual importantes para que el retorno de la democracia en Venezuela y la mejora de la crítica situación que vive su pueblo. No solo deben ejercerse en simultáneo, sino de forma continuada y no espasmódica. Aún cuando se llegara a aplicar la Carta Democrática ésta por sí sola no generaría los cambios necesarios. El oficialismo es ya una clara minoría en la sociedad, pero posee casi todo el control institucional y sin la adecuada presión no se generará el desenlace electoral. Los países con gobiernos no legítimos pueden sostenerse por un tiempo, aunque en la dinámica internacional “ser mal vistos” suele venir acompañado por condiciones más desventajosas para el intercambio comercial y las negociaciones financieras. Y, con ello, aún mayores dificultades en lo que ya es una crisis humanitaria.

Hasta ahora la estrategia de Maduro ha sido muy sencilla: sobrevivir. Un día a la vez. No hay porque suponer que cambie lo que le ha funcionado hasta la fecha. Sería posible, y deseable, la definición de un calendario electoral regional, antes de cumplirse el ultimátum de los 30 días que establece el informe de Almagro. Ello le aligeraría al gobierno la presión internacional. La suma de las presiones debe llevar a un desenlace positivo y a la conducción de una real negociación. Esa negociación debe incluir unas garantías mínimas para los actores y la procura de una justicia transicional. El Vaticano, que fue parte del fallido diálogo podría fungir ahora de garante. El diálogo es instrumento de cualquier negociación, pero no cualquier diálogo conduce a una negociación. Y hoy la negociación es imperativa.

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Venezuela: Validación y reencuentro; por Fernando Mires

Retomemos el hilo. Si estamos siguiendo el proceso democrático venezolano y leyendo sus capítulos en la medida en que van siendo escritos, vale decir, no desde muy atrás, pero tampoco adelantándonos a los acontecimientos, podríamos afirmar que en estos momentos está siendo redactado un capitulo nuevo: el de la validación de los partidos ante el

Por Fernando Mires | 21 de marzo, 2017
Fotografía de Federico Parra para Getty Images

Fotografía de Federico Parra para Getty Images

Retomemos el hilo. Si estamos siguiendo el proceso democrático venezolano y leyendo sus capítulos en la medida en que van siendo escritos, vale decir, no desde muy atrás, pero tampoco adelantándonos a los acontecimientos, podríamos afirmar que en estos momentos está siendo redactado un capitulo nuevo: el de la validación de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicho procedimiento fue impuesto por el propio CNE con el objetivo de nicaraguanizar la estructura electoral, seleccionar candidaturas de acuerdo a los gustos e intereses del gobierno y dividir a la oposición. La validación voluntaria de los partidos democráticos impidió, sin embargo, la siniestra maniobra. Como dijo Julio Borges: “El tiro les salió por la culata”.

Con la validación de sus partidos, la oposición ha recuperado la unidad perdida.

No sabemos todavía si la validación es un capítulo en sí o si será un subcapítulo de un capítulo largo que se llama “elecciones, ya”.

Elecciones; sí. Porque la validación, por si no lo han entendido algunos, es un paso encaminado a la realización de elecciones. O si se prefiere, es un procedimiento preelectoral. Nadie salió a validar para hacer vida social, sino a manifestar la más abierta, la más decidida y la más subversiva disposición a favor de unas elecciones que el régimen persiste en no convocar. El pueblo político venezolano ha reafirmado así su vocación electoral.

En los instantes en que escribo estas líneas han revalidado tres partidos importantes de la MUD: Voluntad Popular y Primero Justicia, después que lo hiciera Avanzada Progresista. Tanto los unos como los otros, unidos o compitiendo entre sí (es legítimo) desactivaron la trampa tendida por el gobierno. Gracias a la validación de sus partidos, la MUD ha decidido caminar unida a través de la ruta electoral. Ruta que no fue escogida como quien lo hace con una sigla o con un color. Se trata de la ruta que se ha dado la ciudadanía (incluyendo a la chavista) y ella está inscrita en las páginas de la constitución nacional.

Vanos han sido los intentos cupulares (del régimen y de la oposición a la oposición) por apartar a la ciudadanía de esa, su ruta. Y seguirán siendo vanos. Pues vías no electorales existen solo allí donde no hay partidos, ni ciudadanía, pura masa y pueblo disgregado. A través de la validación de sus partidos los ciudadanos venezolanos han dicho en cambio: queremos elecciones, queremos votar, queremos elegir. Y queremos partidos para expresar públicamente nuestras diferencias y posiciones, ya sea frente al gobierno, ya sea frente a nosotros mismos.

El régimen se encuentra acorralado por su propia historia. El chavismo, no hay que olvidar, nació como fuerza electoral y electoralista. El madurismo en cambio, al volverse antielectoralista, traicionó el legado de Chávez.

No interesa mucho aquí saber si Chávez habría hecho lo mismo que hoy hace Maduro: impedir a las elecciones. Probablemente habría intentado adoptar el discurso de la dictadura de Cuba: declarar a las elecciones como un arma de la burguesía y decretar sin vacilaciones, “la dictadura del pueblo”. Pero aún en ese punto hay una gran diferencia entre Castro y Maduro.

Fidel Castro jamás llamó –habiendo podido hacerlo– a elecciones. Por el contrario: desde el comienzo, siguiendo el ejemplo de Lenin, las suprimió, declarándose enemigo de ellas. Nunca intentó exhibir ínfulas democráticas como hizo Chávez. En cambio Maduro no solo ha negado las elecciones. Es peor todavía: se las ha robado a un pueblo que las tenía. En ese sentido Maduro ha cometido un crimen político de enorme magnitud.

No hay delito constitucional más grande que robar elecciones a un pueblo cuando éste ha probado ser mayoría en contra de un gobierno. Pues sin elecciones el pueblo pierde su condición ciudadana y deja, por lo mismo, de ser un pueblo político.

Votar es elegir. Y elegir es pensar. Quien no elige no piensa. Las elecciones adquieren un significado existencial en la mantención de la condición ciudadana. Sin elecciones, mueren los ciudadanos. Nacen los súbditos.

No se trata en este caso de elegir una vía para deshacerse de un mal gobierno. Se trata de mucho más. Se trata de recuperar la más elemental de las dignidades del ser político, sea este individual o colectivo: el derecho soberano a elegir a sus representantes. Eso es lo que jamás podrán entender los antielectoralistas de la oposición. Para ellos, al igual que para Maduro, las elecciones no son una razón de ser: son un simple medio instrumental del que se puede hacer uso o no, de acuerdo a las circunstancias.

Cuando el régimen de Maduro bloqueó la vía del revocatorio –tan electoral y constitucional como son las elecciones regionales y generales– mostró al mundo su vocación radicalmente dictatorial.

El capítulo del revocatorio fue interrumpido, como es sabido, por un diálogo al que fue sometida –no hay otra palabra– la MUD. La lucha por las elecciones retoman por lo tanto el hilo que intentó cortar el régimen valiéndose del nefasto diálogo. En ese sentido las jornadas por la validación significan un encuentro de la oposición consigo misma.

Podríamos, en retrospectiva, afirmar que las luchas por el revocatorio fueron objetivamente un ensayo general para las actuales luchas por las elecciones que han comenzado gracias a la validación de los partidos de la unidad. El clamor internacional y nacional, exigiendo la convocatoria a elecciones, es cada día mayor.

La misma Carta Democrática de la OEA, si no fuera por el ultimátum que exige prontas elecciones, solo sería un montón de hojas sin ningún valor práctico. Pero de acuerdo a la redacción y forma que dio Luis Almagro al texto, es un documento paraelectoral. Lo que ha dado sentido y lógica a sus líneas es la exigencia o ultimátum a convocar prontas elecciones. De tal modo, esa minoría absoluta de la oposición que niega a las elecciones se sitúa, objetivamente, en contra de la Carta Democrática de la OEA y por lo mismo a favor de Maduro. Hay que decirlo de una vez.

Naturalmente, como ha señalado Maduro, el régimen puede vivir sin la OEA. También puede vivir sin elecciones, con cárceles repletas, con represión cubana y hambre africana, sin pan, sin justicia, y sin nada. Pero, ¿hasta cuándo? Hasta que la presión nacional y la internacional lo obliguen a tomar un camino contrario. Porque sin lucha por las elecciones, eso está claro, no habrá elecciones. Como ocurrió con el revocatorio, las elecciones no solo son un fin, son un medio de lucha.

Los escépticos preguntarán: Y supongamos que al fin hay elecciones. ¿Después qué? A esa pregunta solo cabe responder: no nos contemos más el cuento de la lechera. La política será siempre una actividad de corto plazo. La política vive de sus circunstancias y de las reacciones frente a acontecimientos casi siempre inesperados. La política es, en fin, contingente. Para el largo plazo están los filósofos de la historia, los ideólogos y los horóscopos. De ahí que por el momento solo podemos señalar, citando a Luis Almagro: “De una dictadura se sale con elecciones libres”.

PS. Durante las validaciones aparecieron algunas candidaturas a primarias prepresidenciales. Aunque es demasiado prematuro proclamarlas, no está del todo mal que así sea. La MUD no es un partido sino una confederación de partidos. Con candidatos propios, con perfiles personales claramente definidos, los partidos se comprometen a llevar la lucha electoral hasta el final. Ya no hay vuelta atrás. Elecciones ya.

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La nieta de la panadera; por Claudia Furiati Páez

Soy la nieta de la panadera. He “amasado” ese título, junto a mi hermano y otros 27 primos, por más de cuatro décadas. Honrosa distinción que como la levadura fue expandiéndose en nuestros corazones, al abrigo de la Nonna Irene. En su hogar, el aroma a recién horneado siempre nos daba la bienvenida y sin

Por Material cedido a Prodavinci | 20 de marzo, 2017
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Fotografía de Furiati Páez

Soy la nieta de la panadera. He “amasado” ese título, junto a mi hermano y otros 27 primos, por más de cuatro décadas. Honrosa distinción que como la levadura fue expandiéndose en nuestros corazones, al abrigo de la Nonna Irene. En su hogar, el aroma a recién horneado siempre nos daba la bienvenida y sin mediar cruzábamos el umbral siguiendo aquella deliciosa estela que finalmente se posaba sobre una olla ovalada con tapa de peltre negro.

Ante dicho “altar” nos deteníamos. Y allí divisábamos su diestra mano, gruesa, blanca y fuerte, tomando el asa, anteponiéndose junto a su pauta: “Primero a lavarse las manos pues vienen de la calle”. Y dócilmente transábamos para al final acceder a ese “boccato di cardinale”: el mostachón.

Nada más sabroso para aquella tropa de infantes que partir con las manos, en exactas medialunas, el panecillo redondo, suave a la vez que seco, espolvoreado de azúcar en su lomo. ¡Para luego sumergirlo en el tazón de café con leche humeante! ¡Y santa gloria de comunión!

Entonces, balanceando los pies, acompañábamos el zig-zag del péndulo del Big Beng colgado a la pared y del vaivén de la Abuela Irene sobre su mecedora. Ella nos observaba complacida para luego tornar sus almendrados ojos hacia el retrato del Nonno José, quien en la foto, ladeado, de suéter y corbata, asomaba su porvenir a la baranda de un vapor que lo traía de vuelta a estas prósperas orillas, desde su natal Aldea de Vibonati (la misma de la noche gerbasiana).

Una pregunta súbita e inquisidora le sacaba de su ensoñación: “Abuelita: ¿Y es verdad que en tu panadería había boxeadores?” A lo cual con acento itálico respondía: “Qué boxeadores, esas son zoquetadas de su papá, que me ayudaba en el negocio como sus tíos, y disfrutaba ver cómo los empleados, a puño cerrado, golpeaban fuerte la masa para sacarle el aire y compactarla.

Joseíto “tremendeaba” diciendo que Justo, uno de los cuatro panaderos, moreno de casi un metro noventa, era igualito a Lotario el luchado… “¿Tenían que boxear mucho esos señores?”, a lo que ella asentía.

Diariamente se hacían panes de a locha –hoy lo llaman francés–, pan siciliano, cachitos duros, bizcochos, pan dulce, pañocas…

Muchos clientes venían a la panadería, pues eran pocas entonces en Barquisimeto.

¿Y por qué le llamaron La Flor de Italia[1] y no … Flor de Venezuela, nonna?

“Porque a tu abuelo le gustaba sentirse de alguna manera cerca del terruño, al igual que muchos paisanos que venían a saborear los dulces tradicionales, como los struffoli”.

Y de inmediato se nos hacía la boca agua pensando en aquel racimo de bolitas de trigo y miel, típico de la navidad en toda la Campannia. La nonna entonces invocaba la sabiduría culinaria de Francisco Miraglia, a quien debía mucho de lo aprendido en los fogones y del gran horno de leña construido con ladrillos rojos y cuyo ahumado daba un bouquet especial a los panes junto a la cinta de hoja de plátano que los decoraba. Y siempre culminaba: “esos mostachones que se meriendan se los debemos a mi padrino”.

Doña Irene Manganelli de Furiati fue una gran panadera y mejor repostera. Un oficio que con humildad practicó durante toda su larga vida. Incluso luego de vender la panadería, porque el horneado le estaba afectando sus pulmones y su visión, siguió en la faena en su casa Marta de Nueva Segovia. Hasta allá muchos amigos y admiradores de su arte iban a comprarle sus hogazas.

Ella, orgullosa y agradecida, recordaba: “el pan nos ayudó a levantar a nueve hijos y ¡ahora los tengo a ustedes!” De esas furtivas ventas, ahorraba para, domingo a domingo, recibirnos con un “fuerte” (5 bolos nada devaluados) de mesada y un vasito de fresas de su huerto, bañadas de azúcar. Así era espléndida y laboriosa, a las que todo se le daba, germinaba, esponjaba, brotaba. Sobre todo el afán por moldear en cada uno de sus descendientes el amor por esta bendita tierra.

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Agradecemos a José Antonio Furiati, “Joseito”, por sumar a sus registros de cronista familiar esta historia. Marzo, 2017

[1] La Flor de Italia funcionó por quince años en la Calle del Comercio entre calles 30 y 31 de la capital del Edo. Lara (1935 – 1950), convirtiéndose en ícono de la Barquisimeto emprendedora y de progreso. Una de las especialidades el pan de a locha se vendía en 8 unidades por 1 bolívar (hoy está regulado a Bs 150 c/u y disminuido notablemente en tamaño). Como los de su naturaleza, este comercio dio empleo a muchos jóvenes venezolanos e inmigrantes que más que amasar fortuna, buscaban encaminar su destino. En la Venezuela de hoy, el sector panadero se ha visto injustamente “desvalijado” desde el poder, bajo la consigna de “guerra del pan”, para justificar la ineptitud y fracaso del plan de abastecimiento de alimentos básicos del gobierno. El hambre callejera y casera en ascenso es evidencia de ello. La Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (Fevipan) intenta establecer “puentes” de diálogo, mientras alerta que el 80% de las panaderías a nivel nacional (unas nueve mil) están con inventario en “0”. A todos estos empresarios y comerciantes que se han ocupado de continuar la tradición de sus ancestros ibero-itálicos, a los hijos, nietos y bisnietos de los panaderos, van dedicadas estas palabras de “alimento” para su resistencia.

¿Estamos ante una tendencia de regresión nacional?; por Arnoldo José Gabaldón

Venezuela se encuentra en uno de sus peores momentos en los últimos 100 años. Si esa situación fuese el resultado de circunstancias puntuales o coyunturales, podríamos tener la certeza de que ella sería superable tarde o temprano. Pero si lo que estamos padeciendo constituye una tendencia regresiva de su sociedad, con dimensiones culturales, antropológicas, políticas

Por Material cedido a Prodavinci | 18 de marzo, 2017
Parte de la serie La Torre de David. Haga click en la imagen para ver la galería completa aquí en Prodavinci / Fotografía de Jorge Silva para Reuters

Parte de la serie La Torre de David. Haga click en la imagen para ver la galería completa aquí en Prodavinci / Fotografía de Jorge Silva para Reuters

Venezuela se encuentra en uno de sus peores momentos en los últimos 100 años. Si esa situación fuese el resultado de circunstancias puntuales o coyunturales, podríamos tener la certeza de que ella sería superable tarde o temprano. Pero si lo que estamos padeciendo constituye una tendencia regresiva de su sociedad, con dimensiones culturales, antropológicas, políticas y económicas, entre otras, rebasarla exigirá esfuerzos colectivos  muy complejos y de más largo aliento.

¿A qué denomino una tendencia  regresiva de  atraso nacional? A un proceso que discurre por tiempo prolongado y dentro del cual  un conjunto de parámetros representativos del  bienestar y evolución: espiritual, intelectual y material,  de una nación, se ven  desmejorar constantemente, conformando así una  tendencia. Me refiero por ejemplo, cuando se estanca  o disminuye su producción de bienes y servicios. Al registrar una disminución constante de la productividad nacional. Al  apreciar  como aumenta la pobreza, siendo esta la manifestación más ostensible del atraso de una nación. Vemos mermar la producción de artículos científicos y el registro de nuevas patentes. Se  destartala la infraestructura física, sin que surjan fuerzas sociales capaces de impedir tal situación. Las instituciones se degradan y especialmente hemos tenido un tremendo retroceso en la aplicación de la justicia. La seguridad ciudadana se hace cada vez más aleatoria. Los servicios públicos se desmejoran.  Los índices de salud  se retrotraen a valores alcanzados anteriormente, como es el caso de la mortalidad y morbilidad por algunas enfermedades. La desnutrición infantil aumenta y marca para siempre a un porcentaje alarmante de población.  El deterioro de la calidad  de la educación  a todos los niveles, se hace visible  y la degradación ambiental, es también rampante.

Por ejemplo, ¿qué le viene ocurriendo paulatinamente a nuestra principal Casa de Estudios, la Universidad Central de Venezuela? cuando percibimos una erosión continua de sus cuadros profesorales, por el éxodo de talentos que está ocurriendo en el país, pero además se deterioran por escaso o nulo mantenimiento sus edificaciones y urbanismo que son patrimonio de la Humanidad.

Deseo llamar la atención sobre la tendencia al atraso nacional que estamos observando en las últimas tres o cuatro décadas, después de haber logrado anteriormente niveles de progreso superiores en América Latina, como puede fácilmente documentarse. Cuando una tendencia de esa naturaleza  persiste durante largos años es que puede calificarse de verdadero periodo de retrogradación histórica nacional. ¿Y puede alguien negar que eso no sea lo que hemos presenciado las últimas décadas en Venezuela? Uno de los síntomas más graves de ese proceso, es cuando el alma colectiva desfallece víctima de la desesperanza, como acusamos en la actualidad. ¿La grave fuga de cerebros que estamos sufriendo, no es una reacción social condicionada a ese fenómeno?

Lo que más perturba es que ese tipo de procesos no tienen duración anticipable. Axel Capriles (2017), cita al historiador  E.R. Dodds, quien expone en su libro: Paganos y Cristianos en una Era de Ansiedad, “cuando Marco Aurelio subió al poder, ninguna campana sonó para alertar al mundo que la pax Romana estaba a punto de terminar y ser sucedida por una era de invasiones bárbaras, guerras civiles sangrientas, epidemias recurrentes, inflación galopante e inseguridad personal extrema.” ¿Quién puede negar que el Imperio Romano había entrado a partir de ese tiempo en una tendencia profunda de regresión?

¿Por qué estamos detenidos o en pleno retroceso? Debe ser preocupación de nuestros científicos sociales, historiadores, sociólogos y economistas, entre otros, indagar a fondo sobre las posibles causas del fenómeno que estamos constatando, para que  se facilite encontrar los factores que puedan reversarlas. ¿Cuáles pueden ser algunas hipótesis a examinar? ¿Son acaso causas entroncadas con nuestro desarrollo sociohistorico más remoto? ¿Fueron factores geopolíticos o geoeconómicos, los que han contribuido a este desfalco de monstruosa magnitud a nuestra sociedad? ¿Fue la cultura rentista que se anidó en nuestro cuerpo social a lo largo de décadas después de 1920, la responsable de esta situación? ¿Hay un proceso de involución cultural que a su vez fue inducido por los hábitos rentistas? ¿Ha sido la mala calidad política-administrativa de los últimos gobiernos la responsable de la regresión nacional que se observa? A lo mejor es una conjunción de tales causas. Son por lo tanto diversas las  líneas de investigación que hay que adelantar.

Alberto Adriani, uno de nuestros más preclaros intelectuales estudiosos del desarrollo, apuntando en esa dirección, había dicho antes de la muerte del Dictador Juan Vicente Gómez, que los estilos de vida de una sociedad podían ser adversos o propiciatorios del progreso; y que la austeridad y la vida sobria eran hábitos favorables en ese sentido. En tal contexto, se declaraba contrario a los patrones de consumo suntuarios y exagerados, que ya empezaban a manifestarse en Venezuela, apenas iniciado el modelo económico rentista en los años treinta del siglo pasado. En 1931 Adriani alertaba: “Muchos de los beneficiados por los años de prosperidad y otros por seguir su ejemplo, fueron los constructores de lujosas mansiones, los pródigos viajeros de los viajes de placer, los consumidores de automóviles, victrolas, licores, sedas, perfumes y otros artículos de lujo” (Adriani, 1998)

Esos estilos de vida y otros mucho más nocivos que se fueron engendrando con el tiempo, como la baja propensión al ahorro, el incumplimiento laboral que incide tan seriamente sobre la productividad, el despilfarro de los dineros públicos, la improvisación, la corrupción administrativa a todos los niveles  en los  sectores público y privado, el irrespeto a las instituciones y a las leyes, características entre otras, de nuestra población, fueron constituyendo la matriz dentro de la cual se ha gestado la sociedad venezolana que ha tenido actuación durante el último medio siglo.

No hay que confundir el estancamiento económico, por el cual han pasado muchos países en algún momento de su historia, especialmente los que están atados a la volatilidad de un mono producto de exportación, con los síntomas de un  retroceso societal. Sabemos que los primeros obedecen a ciclos económicos que son superables a través de  políticas públicas acertadas. Sin embargo, más se asemeja nuestra crisis por sus secuelas a las de  una guerra de grandes proporciones que hubiese azotado al país y que tuvo diversas manifestaciones negativas, espirituales y materiales.

Ahora bien, ese proceso no se inició con el presente régimen. Éste es un síndrome de él, como han expuesto diversos analistas. Las horrendas verrugas de ineficiencia, irresponsabilidad, corrupción, despotismo, insensibilidad social, que han aflorado como sus características más conspicuas hoy, se venían gestando desde antes. Pero han llegado ahora a su clímax y por eso nos resultan intolerables, siendo urgente por lo tanto conducir un profundo cambio político. Pero hay que alertar: ese cambio aspirado por las grandes mayorías, no arrojará resultados positivos, si al mismo tiempo no se actúa sobre las causales del fenómeno esbozado.

Estas son las tristes realidades y dilemas que a la sociedad venezolana  le toca confrontar en el presente. Y en tal contexto nos cabe plantearnos ¿si acaso existen bases para sustentar algunas esperanzas de cambio positivo? Diría que sí,  pero ello debemos abordarlo con prudencia razonable, para no crear falsas expectativas o inducir a pensar que la hazaña es fácil. Veamos.

No se ha perdido todavía la propensión social a vivir en democracia y ese es un antídoto muy importante para luchar contra el despotismo imperante.

¿Cómo puede esperar un destino lamentable a un país con tan exuberantes recursos naturales de todo tipo: agua, energía, aceptables extensiones de buenas tierras para la agricultura y clima tropical, entro otros? Lo que nos hará falta dentro de un proceso de reconstrucción nacional, es aprovecharlos con políticas públicas más inteligentes, creativas y bien instrumentadas.

Aun contamos con un sector  privado productivo, que aunque muy averiado,  puede reaccionar favorablemente ante una mejor conducción política y ser protagonista de un proceso de recuperación económica.

Tenemos una iglesia unida que puede coadyuvar mucho al desarrollo espiritual y material de la población.

Existe una buena disposición ciudadana a la participación social, indispensable para mejorar el desarrollo humano.

Y lo que es más importante, no todo el talento nacional se nos ha fugado y hay razonable posibilidades de que algunos de los que se han ido regresen a su patria, si son atraídos con estímulos apropiados.

Poseemos una infraestructura física que podemos recuperar, e igual hacer con las instalaciones de la industria petrolera, que han sido tan mal manejadas y mantenidas en los últimos tiempos. La industria petrolera nacional, puede volver a ser una importante palanca del desarrollo, si la abrimos al capital privado nacional y foráneo.

Lo que nos hace falta ahora es recuperar el espíritu nacional. Sacar provecho de las experiencias adversas que hemos sufrido. De esta crisis tenemos que sacar lecciones útiles. Replantearnos nuestras propias conductas individuales y colectivas. Apartar los malos hábitos creados por la cultura rentista. Y añorar un liderazgo luminoso que ponga por delante los intereses de Venezuela, ante los propios.

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BIBLIOGRAFIA

Adriani, A. (1998). Textos Escogidos. Biblioteca Ayacucho. Caracas. p. 230

Capriles, A. La Gran Regresión. El Estímulo, 4 de febrero del 2017.