Perspectivas

Las elecciones regionales en el contexto de la crisis institucional; por Carlos García Soto

A tres semanas de la fecha de elección de Gobernadores, quizá convenga repasar los principales aspectos del difícil contexto institucional en el que se van a celebrar. Las elecciones regionales no son una dádiva estatal En primer lugar, y aunque pareciera innecesario tener que repetirlo, es preciso recordar que las elecciones regionales no son una

Por Carlos García S. | 24 de septiembre, 2017
Fotografía de Verónica Aponte

Fotografía de Verónica Aponte

A tres semanas de la fecha de elección de Gobernadores, quizá convenga repasar los principales aspectos del difícil contexto institucional en el que se van a celebrar.

Las elecciones regionales no son una dádiva estatal

En primer lugar, y aunque pareciera innecesario tener que repetirlo, es preciso recordar que las elecciones regionales no son una dádiva del Estado venezolano para los ciudadanos. Mucho menos, son un elemento de “negociación” que ofrecer, dilatar o suspender temporalmente para proponer acuerdos políticos a la ciudadanía y sus líderes.

Las elecciones regionales son una exigencia constitucional

Por el contrario, las elecciones regionales son una exigencia constitucional, que se deriva del lapso preestablecido que se fija a las autoridades regionales en la Constitución. Conforme a los artículos 160 y 162 de la Constitución, tanto Gobernadores como Diputados al Consejo Legislativo Estadal, deben ser electos cada cuatro años.

Las elecciones regionales son una conquista histórica de los venezolanos

Además, las elecciones regionales son una verdadera conquista histórica de los venezolanos. No se olvide que, como relatamos en otra oportunidad aquí en Prodavinci, hasta 1989 los Gobernadores eran electos por el Presidente de la República, lo que cual terminó siendo una de las manifestaciones de la crisis del sistema político venezolano.

Las elecciones regionales son expresión de un derecho político fundamental

Pero, más allá de ello, las elecciones regionales son expresión de un derecho político fundamental de los ciudadanos venezolanos: nada más, pero tampoco nada menos, que el derecho que tenemos a decidir, en elecciones libres, universales, directas y secretas (artículo 63 de la Constitución) a las autoridades regionales (artículos 160 y 162 de la Constitución).

Las elecciones a Gobernadores han sido convocadas con evidente retraso

Conviene recordar que las elecciones a Gobernadores han sido convocadas con evidente retraso. Estas elecciones han debido ser convocadas, a más tardar, en diciembre del año pasado. Desde el oficialismo se argumentó, falazmente, que tales elecciones no podían convocarse el año pasado debido al procedimiento de convocatoria a un referendo revocatorio que la MUD había impulsado contra el Presidente Maduro. Paradójicamente, como se sabe, ese referendo fue suspendido por tribunales penales, y tampoco se celebraron las elecciones regionales que correspondía celebrar el año pasado.

Las elecciones regionales se han convocado de forma incompleta

Sin embargo, es necesario no olvidarlo, las elecciones regionales han sido convocadas de forma incompleta: el CNE ha debido convocar no sólo las elecciones a Gobernadores, sino también las elecciones a los Consejos Legislativos de los Estados, cuyos períodos también han vencido.

La discusión sobre la conveniencia de ir a las elecciones regionales

El momento en el cual el CNE convocó estas elecciones retrasadas e incompletas no pudo ser más peculiar: justo luego de haberse realizado la “elección” a la Asamblea Nacional Constituyente, que fue denunciada como fraudulenta, ya no sólo en su convocatoria, sino también en su elección, tanto por la opinión pública nacional como internacional. Además, se realizó en un momento en el cual habían mermado significativamente las protestas ciudadanas que comenzaron a principios de abril.

Ese contexto, junto con cierto manejo desordenado del discurso político de la MUD sobre la conveniencia de participar en las elecciones a Gobernadores, provocó la discusión en la opinión pública sobre si debía acudirse o no a la elección. Al final del día, la mayoría de la dirigencia opositora decidió acudir a la elección. Y, como ha ocurrido en otras ocasiones, aún a pesar de la premura, logró resolver de modo bastante pacífico el panorama de las candidaturas.

Ciertamente, quizá el planteamiento sobre las elecciones regionales ha debido promoverse en un contexto más amplio de lucha ciudadana. Quizá ha debido plantearse de modo más claro que la participación en la elección regional es una parte más de la lucha por un cambio democrático, y que su atención no tenía por qué opacar otras formas de lucha democrática.

Las elecciones regionales suponen una oportunidad más de cambio de la correlación política en el país

En todo caso, y más allá de esa discusión, las elecciones a Gobernadores suponen una oportunidad más de cambio en la correlación de fuerzas políticas del país. Es un proceso que inició en diciembre de 2015, con la victoria de la MUD en las elecciones parlamentarias. Según algunas encuestas, pareciera claro que, si no se verifica un fenómeno de amplia abstención, la MUD puede obtener una cómoda mayoría de gobernaciones a lo largo de todo el país.

Los Gobernadores y la ANC

Un aspecto al que convendrá prestar debida atención y anticipación, será las distintas amenazas que sobre los nuevos Gobernadores democráticos pueda suponer la ANC. Esas amenazas pueden ir desde el sometimiento a los Gobernadores a la “aceptación” o “reconocimiento” de la inconstitucional ANC, hasta el vaciamiento de sus competencias a través de normas que pretenda dicta la misma ANC, pasando por la posibilidad de que la ANC pretenda designar autoridades regionales para superponerlas a los nuevos Gobernadores.

Las elecciones pendientes: el resto de elecciones regionales, elecciones municipales y presidenciales

Una vez celebradas las elecciones a Gobernadores, la MUD debería fijarse como meta en su discurso y su acción, la exigencia par que se celebren las elecciones de los Consejos Legislativos de los Estados que, como se señaló, también han debido celebrarse el año pasado, junto con las elecciones municipales, que deberían celebrarse el año que viene, y las elecciones presidenciales, que, conforme a la Constitución de 1999, deben celebrarse en 2018.

***

Tal es, en resumen, el contexto institucional en el cual se celebrarán las elecciones a Gobernadores. Un contexto adverso para la causa democrática, para variar, en el que se nos plantea el reto de elegir a nuestros Gobernadores, como un derecho que conquistamos en 1998, y que no debemos dejar nos sea arrebatado.

Niños con experiencia de calle y la política en Venezuela; por Manuel Llorens

1. El Eterno Retorno de los “niños de la calle” La ola de protestas de este año trajo, entre otras cosas, una explosión de muestras de cultura juvenil. Jóvenes de muy distintas edades participaron de muy diversas maneras generando cruces inesperados de creatividad y destrucción, nobleza y horror, euforia y decepción. La cultura juvenil es

Por Manuel Llorens | 22 de septiembre, 2017
Fotografía de Maura Morandi

Fotografía de Maura Morandi

1. El Eterno Retorno de los “niños de la calle”

La ola de protestas de este año trajo, entre otras cosas, una explosión de muestras de cultura juvenil. Jóvenes de muy distintas edades participaron de muy diversas maneras generando cruces inesperados de creatividad y destrucción, nobleza y horror, euforia y decepción. La cultura juvenil es la expresión del alma contemporánea de una sociedad. El teórico del desarrollo Erik Erikson consideraba que la crisis adolescente entrecruza los conflictos del crecer con los de la sociedad en que se crece. Densa en significación, sin embargo, no es fácil de descifrar.

Uno de los actores curiosos que emergieron y han generado controversia son los niños y las niñas que deambulan, y que en ocasiones viven, en las calles de Caracas. Los llamados “niños de la calle” son un fenómeno que ha ido y venido a lo largo de décadas. El Panchito Mandefuá de José Rafael Pocaterra es una representación literaria del fenómeno a comienzos del Siglo XX. Se olvida a menudo un guión cinematográfico que escribió Rómulo Gallegos, titulado Juan de la calle, estrenado el año 1941 sobre el fenómeno.

Pero los niños y las niñas con experiencia de vida en la calle no comienzan a aparecer de manera recurrente en nuestro imaginario sino a finales de la década de los ochenta. Como consecuencia de la crisis económica que venía padeciendo el país con la caída de los precios petroleros, comienzan a ocupar los espacios públicos distintas expresiones de mendicidad y supervivencia. Son producto de grupos que, en franca crisis, pierden la capacidad de proteger y acompañar a los más vulnerables. Las familias, las comunidades y las instituciones comienzan a perder la fuerza necesaria para sostener dentro de sus espacios a los niños y las niñas; la calle surge como un lugar auspicioso para acceder a los bienes mínimos. A tal punto que, Leonardo Rodríguez, coordinador de la Red de Casas Don Bosco, propone de manera provocadora que la cantidad de niños deambulando en las calles es un indicador comparable con el PIB para evaluar, no solo la salud económica de un país, sino su impacto en lo social.

De manera análoga los sociólogos Pedrazzini y Sánchez, en su libro Malandros, bandas y niños de la calle de comienzos de los noventa, los consideraron como uno de los ejemplos de la “cultura de la urgencia” que se forja en la precariedad económica de la época. La imagen de jóvenes vulnerables pidiendo, deambulando y durmiendo en las calles aparece en reportajes periodísticos, investigaciones universitarias, expresiones de cultura popular como la película Huelepega y la canción de tecno-merengue del mismo nombre, así como en los discursos políticos. En la década de los noventa los “niños de la calle” ocuparon un lugar central en el imaginario venezolano.

Lo cual coincide con mucho de lo que sucedió en otras latitudes. En 1989 la UNICEF propuso el término “niños de la calle” como un grupo a abordar dentro de la categoría de niños en circunstancias especialmente difíciles. En Colombia los llamaban “gamines”, en Brasil se habló de los “meninos da rua”, en Perú de “pirañas”. Al punto que un investigador paraguayo escribió un artículo crítico sobre el manejo que se le estaba dando al fenómeno titulado Los niños de la calle están de moda.[1]

También a finales de los ochenta y comienzos de los noventa comenzaron a surgir las primeras iniciativas para abordar el tema. Algunos individuos, de manera espontánea, comenzaron a hacer labores benéficas, luego algunas organizaciones civiles comenzaron a hacer un trabajo más organizado. A finales de los ochenta nació por ejemplo, la Asociación Muchachos de la Calle, que fue la primera ONG dedicada a estas poblaciones.

En la Universidad Católica Andrés Bello, junto a un equipo de psicólogos, pasamos diez años investigando sobre las vidas y las circunstancias de estos niños y niñas[2]. Presentíamos que muchas de las iniciativas para abordar el tema carecían de una comprensión cabal del fenómeno.

A mitad de los noventa la imagen de los “niños de la calle” fue apropiada por los políticos de distintos signos que utilizaron su “rescate” como bandera al punto de llegar a la oferta de Hugo Chávez de convertir a Miraflores en un hogar para ellos y empeñar toda su vida en el tema. En medio de ese “boom” de atención, sentimos preocupación de que el uso de su imagen para reportajes, películas y promesas políticas, no era sino una nueva versión de explotación a la que estos jóvenes a menudo estaban sometidos. Las promesas grandilocuentes no reflejaban las peticiones concretas de los niños, sino las fantasías sobre sus vidas que se hacían los adultos.

No solo el chavismo se apropió de la bandera de los niños de la calle, también iniciativas privadas exaltaron su supuesta compasión. Recordarán quizás unos notorios “Telecorazones” que se realizaron de 2003 al 2008 y que recaudaron la cifra de 29 millones de bolívares para un faraónico proyecto llamado “La Colmena de la Vida” que construyó una gran casa para estos niños en el Hatillo. La fastuosa iniciativa que se vendió con bombos y platillos, manejó enormes cantidades de dinero y propuso intervenciones que ya la literatura especializada consideraban desacertadas. Al comienzo se nos pidió prestar apoyo desde la universidad y sugerimos acotar la intervención en términos más razonables, siguiendo las recomendaciones de las investigaciones. No fuimos invitados más.

En 2013 la Colmena fue clausurada por en Consejo de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes por abandono y reportes de maltrato a los que habían sometido a los 14 niños que quedaban en el proyecto, además de sospechas de malversación de fondos. Los benefactores han sido denunciados como estafadores.

Ahora los dilemas y las fantasías sobre los niños que viven en situación de calle han vuelto a aparecer. El tema reapareció en el imaginario nacional con el caso llamado de “Los Cachorros” en Sabana Grande. Dos Guardias Nacionales fueron acuchillados a muerte presuntamente por una banda de niños y niñas que no pasaban de los quince años de edad. Algunos reportajes representaron a los jóvenes como unos pequeños monstruos sedientos de sangre que vitoreaban y celebraron el asesinato. Sin tener mayores datos, no faltaron psicólogos que ofrecieran el diagnóstico de “psicopatía” para intentar darle un rostro científico a la estigmatización.

Pero luego de verlos como monstruos, mutaron y volvieron a aparecer involucrados en las protestas callejeras contra el gobierno. Sorprendieron los reportajes y las fotos de niños y jóvenes que afirmaban vivir en la calle que compartieron el llamado a marchar para clamar por un país mejor. Claro, la calle era ya su espacio, más que “salir a las calles”, ellos se encontraron allí una nueva serie de actores con quienes interactuar en el mismo escenario, transformado de pronto en lugar de batalla. Se volvió viral un reportaje de los niños que “viven en alcantarillas” en medio de las protestas.

Mutaron entonces de monstruos a héroes y a víctimas en cuestión de semanas. Y una lucha por el significado de su participación en las marchas comenzó. El gobierno acusó a la oposición de estar “usando” niños para atacarlos, el SEBIN apareció de madrugada en la Plaza Altamira, para ponerlos a declarar en televisión nacional sobre cómo era que supuestamente fueron comprados para generar caos. Maduro declaró que los niños estaban siendo usados por la oposición y que le iba a escribir una carta al Papa para que detuviera la situación. Varios medios afines al gobierno afirmaron que la oposición usaba a los niños como “escudos humanos”. Un reportaje de TeleSur afirmó que los jóvenes cobraban entre 50 y 300 mil bolívares diarios para protestar. Dos psicólogos, Maria Antonieta Izaguirre y Fernando Giuliani aparecieron en el reportaje afirmando que la imagen de los jóvenes estaba siendo explotada a pesar de no tener, por sus edades, “una consciencia moral desarrollada”. Nada mencionaron sobre los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes de participación política según lo consagra la concepción de Derechos inscrita en la ley venezolana. Nada dijeron de las responsabilidad del Estado de facilitar la expresión de sus derechos políticos, mucho menos de la violencia estructural a la que están sometidos.

A su vez, una buena porción de los ciudadanos opositores no dudaron en exaltarlos como héroes. En las marchas recibían donaciones de ropa, dinero y comida. No faltaron quienes los auparon en el enfrentamiento. Un reportaje un poco más completo de los jóvenes en las protestas, del portal ArmandoInfo, revela un panorama más complejo de las múltiples motivaciones que subyacen. El reclamo auténtico por las condiciones de sus familias, el acceso a comida y dinero por las donaciones de los adultos asistentes a las marchas y la intensa camaradería entre los que comparten la lucha, son algunas de ellas.

En Plaza Altamira pude observar cómo, con el pasar de los días, algunos de estos niños fueron pasando de pedir dinero diciendo que necesitaban comer, a pedir dinero en nombre de “La Resistencia”. Su vestimenta pasó paulatinamente de ropa andrajosa a cada vez más nueva. Se dieron cuenta que el gancho para recibir ayuda ya no era la lástima sino la admiración por la heroicidad. En algunos casos la mendicidad mutó al cobro de peaje. Se apoderaron de algunas esquinas y con el lema de estar luchando por la libertad, ya no pedían, sino exigían una “colaboración”.

Leonardo Rodríguez nos comentó, que el programa de patio abierto que mantiene la Red de Casas Don Bosco en Sarría, quedó en esos meses abandonado. Los niños dejaron de asistir. Cuando en las calles se los volvía a encontrar, con el Bosco Bus, que hace rondas por la ciudad, le comentaron que no podían desperdiciar la oportunidad que les estaba ofreciendo las marchas. Nunca antes habían logrado sacar tanto dinero de la calle.

La investigación mundial ha descrito cómo el público en general oscila en estas representaciones de los niños como víctimas a la de temibles delincuentes. Ninguna de las dos le hace justicia a los hallazgos. La visión de victimización a menudo les asigna una posición pasiva, reactiva. Cuando en la práctica encontramos que son activos negociando su camino a pesar de las enormes adversidades que enfrentan. En la literatura especializada se ha hablado de “agencia táctica” o “agencia delgada” para describir las estrategias de sobrevivencia, a menudo sorprendentes, que llegan a desarrollar, sin perder de vista que su rango de acción está circunscrito a condiciones terriblemente limitadas. Pero al verlos sacando ventaja o aprovechándose de la mirada caritativa, a menudo se pasa a la visión de ellos como pequeños monstruos, o “psicópatas” aprovechados, perdiendo así de vista las enormes injusticias que contribuyen a moldear sus estilos de vida.[3]

Sin duda, los niños y niñas que deambulan por la calle en busca de comida o dinero son un síntoma del deterioro grave de las condiciones de vida de la población, son una muestra de nuestro fracaso como país. Pero las lecturas mitificadas, cargadas de sentimentalismo o drama policíaco revelan más nuestras fantasías que nuestra comprensión.

Volver a encontrarme, casi veinte años después con una nueva ola de atención a los “niños de la calle”[4], llena de los mismos lugares comunes e incomprensión subraya la sensación de estar en un país caminando en círculos, empeñado en el fracaso. Su presencia augura una nueva ola de escándalo ante las situaciones dramáticas que serán develadas en prensa. Muy probablemente pasaremos primero por la negación oficial, se acusará luego a la crianza defectuosas de las familias soslayando la responsabilidad del Estado, para llegar finalmente a la apropiación sentimental que los convertirá en bandera de “programas de recuperación”, que se alimentarán más de la lástima que de la justicia y la eficiencia.

Fotografía de Maura Morandi

Fotografía de Maura Morandi

2. Reacciones y Programas de Atención

Cuando comenzó el boom de los programas de atención de los niños que fueron rebautizados “de la patria”, hubo algo de acercamiento a los investigadores y profesionales que tenían experiencia en el área. Deanna Albano, psicóloga, que fundó junto a su pareja, Gustavo Misle, la Asociación Muchachos de la Calle, me contó de la invitación que le hizo el gobierno en 1999, para conocer la enorme intervención que supuso transformar el Helicoide en un gran albergue para todos los niños abandonados de la ciudad. Ese programa desmesurado, que costó más de 4 millardos de bolívares para la época, provenientes sobre todo del BID, chocaba con todos los hallazgos que las investigaciones nacionales e internacionales habían logrado recoger sobre la atención a esta población.

En Venezuela, ya el Doctor José Luis Vethencourt había diseñado cómo podían ser los programas de albergues para niños, niñas y jóvenes en situaciones de abandono o reñidos con la ley. Eran siempre casas lo suficientemente pequeñas para que los adultos que fungían de custodios/acompañantes pudiesen establecer vínculos afectivos cercanos con ellos. La idea de que los niños y niñas que deambulaban por las calles se podían “rescatar” simplemente ofreciéndoles techo, comida y las necesidades básicas era una ingenuidad. Las casas grandes habían fracasado una y otra vez. La cantidad de problemas, sin la posibilidad de una supervisión cercana, un vínculo afectivo y la identificación de las necesidades individuales de cada joven convertían inevitablemente esos “centros de recuperación” en cárceles. Los custodiados se agrupaban en bandas que resistían a los adultos y los profesionales, inicialmente dispuestos a atender sus necesidades, iban degenerando hasta convertirse en carceleros. Además, la concentración de la atención en los niños carece de una visión sistémica que, entre otras, descuida las necesidades de las familias y las comunidades que deben ser apoyadas e integradas a la solución. Estos fracasos han ocurrido una y otra vez en distintas iniciativas gubernamentales a lo largo de las décadas.

En el recorrido al que invitaron a Deanna, ella notó la fastuosidad con que habían sido diseñados los espacios. Los operarios razonaban que el lujo serviría para “redignificar” las vidas sometidas a la violencia. En el paseo, los directivos mostraron orgullosos cómo habían construida una sala de cine. En cambio, no apareció por ningún lado un salón de clases, ni una biblioteca.

Ni a Deanna, ni a los demás investigadores nos invitaron una segunda vez cuando comenzamos a hacer observaciones críticas a muchas de las premisas simplonas con que los programas fueron concebidos. La casa del Helicoide duró apenas seis meses antes de cerrar de manera intempestiva.

Episodios como el que relata Deanna se repitieron. Pudo más la mirada caritativa, la simpleza de pensar que la mera buena voluntad y montañas de recursos podían bastar para revertir las graves situaciones sociales que el país padecía. Se despreció el conocimiento acumulado y las recomendaciones menos espectaculares de las organizaciones que tenían ya experiencia.

El gobierno comenzó a dar tumbos con el tema de los “niños de la patria”. Del fracaso rotundo del Helicoide se pasó a la Casa Vacacional Los Caracas que ni siquiera llegó a abrir. Al punto que el tema de estos niños comenzó a desaparecer del discurso oficial. Para el 2004, el Presidente de la Fundación del Niño evitaba dar entrevistas sobre el tema[5].

Paulatinamente el tema fue absorbido por las Misiones, inicialmente, la Misión Negra Hipólita, que buscó atender a personas en situación de calle de todas las edades. La Misión es sumamente amplia en sus objetivos y variada en sus aplicaciones. A lo largo de los años pude supervisar a varios psicólogos que trabajaron en distintos centros de la Misión obteniendo una mirada limitada sin duda, pero de primera mano. A su vez la investigadora Karen Cronick hizo una evaluación más sistemática encontrando fallas por esa misma amplitud y por estar continuamente atravesada por objetivos políticos ajenos al trabajo directo con personas en riesgo. Ella reportó “poca coherencia entre los planteamientos formales en la calle y la actuación”. Lo que en un comienzo estuvo muy marcado por una filosofía que intentó incorporar principios socialistas para guiar las intervención, pronto giró hacia una atención con una visión más médica en la medida en que los programas demostraron ser etéreos y los centros comenzaron a incorporar a los profesionales que habían trabajado en programas anteriores, como los de la Fundación José Felix Ribas que atendía a farmacodependientes.

Un blog sobre las misiones afirma que para el año 2009 se contabilizaban alrededor de 900 niños en situación de calle en el país. Es decir, que en la cresta de la bonanza petrolera, se reportó un número significativo de niños en situaciones extremas de vulnerabilidad La información actual pero igualmente parcial que manejo, dice que los centros de Negra Hipólita están seriamente diezmados por la crisis económica. En uno en particular, el director, de inclinación evangélica, impone la oración religiosa como intervención principal.

La Misión Niños y Niñas del Barrio tomó la batuta en el 2008 y se enlazó con el IDENNA (Instituto Autónomo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes). Si bien varios especialistas opinan que el IDENNA en los momentos actuales es una caja negra, muy difícil de evaluar, basta con seguir su twitter @Idennaoficial, para constatar cómo su agenda está copada por los mensajes a favor del gobierno, no tanto a favor de la infancia.

Las intervenciones espontáneas con personas en situación de calle han comenzado a reaparecer. En un centro de la Alcaldía de Chacao observamos recientemente a un grupo ciudadano haciendo una actividad caritativa. Ofrecen sesiones de meditación a personas que viven en la calle. Primero dan una pequeña charla “motivacional”. Vimos con un poco de espanto las “recomendaciones” que personas bien intencionadas, pero con vidas mucho más privilegiadas le daba a las personas que viven en calle para “motivarlos”. Después explicaron los beneficios de la meditación inspirada en una práctica espiritual de la India. Durante la sesión dos de los indigentes mayores se pusieron a llorar. Era evidente que los que llevaban la actividad no saben de las contraindicaciones de la meditación en personas con historias traumáticas.

Leonardo Rodríguez comenta que para el 2008 existían otras iniciativas, como un programa de la Alcaldía Metropolitana, la Colmena, y otros que han ido desapareciendo. Además había personas formadas para el trabajo, llamadas “educadores de calle”, que se han perdido.

La investigación mundial ha ido haciendo un registro de fracasos y éxitos que permiten pensar en una política pública coherente en el área. Se ha hecho una revisión de los conceptos estáticos y estigmatizantes como niños de la calle, para pensar en términos dinámicos como las variadas “conexiones con la calle” en contraste con las “conexiones con la casa y las comunidades” que tienen los jóvenes que comienzan a gravitar hacia la calle. Se sabe que se debe trabajar en red y de manera sistémica, de forma tal que el abordaje no se limite al joven, sino que se acompañe a las familias multiproblemáticas y las comunidades.

En esta línea, nos señala Leonardo Rodríguez que una intervención potente y sencilla para mantener a los niños fuera de las calles por ejemplo, son los comedores escolares, que lamentablemente se han ido cerrando. Intervenciones como esa, promueven una “conexión con la escuela” que puede competir con la conexión con la calle. Asimismo, las intervenciones recomendadas apuntan a medidas de apoyo familiar, que ofrezcan beneficios de salud, escolares y materiales para comunidades en riesgo. Finalmente, es clave que la red de atención se desarrolle sobre las fortalezas de los propios actores. Identificar las organizaciones que han demostrado tener capacidad para trabajar con los niños, potenciar y entrelazarlas. Por el otro, se debe buscar que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, que se aprovechen sus habilidades y se busque potenciar sus intereses. La vocería propia de los principales interesados ha demostrado ser una estrategia efectiva que permite trascender las miradas lastimeras o carcelarias[6]. Finalmente, se debe dar prioridad al sistema educativo, hacen falta más escuelas y más recursos en las que ya hay para fortalecer la conexión de los niños con ellas.

Es de suma importancia registrar y desentrañar las percepciones que la sociedad tiene de los niños en condiciones de precariedad, los discursos que pautan las lógicas que luego nutren las intervenciones. Carlos Trapani, de CECODAP, advierte que se está repitiendo “una mirada de caridad, no un enfoque de derechos.” Eso se vio reflejado en el tratamiento que hizo el gobierno con respecto a las protestas, dice: “nosotros reivindicamos el derecho a la protesta. ¿Cuál es la responsabilidad de un Estado serio? Individualizar los casos, hacer investigaciones y sancionar a quien haya que sancionar, no pedirle auxilio al Papa.

Eduardo Burger, quien tiene años haciendo teatro comunitario y quien por años trabajó con niños en la calle, comenta que durante uno de los flashmob de las protestas organizado por el Laboratorio Ciudadano de No-Violencia Activa, unos niños que parecían pasar todos los días en la Plaza de Los Palos Grandes, se acercaron fascinados por lo que vieron. Algo de estos adultos que ahora pasaban largas horas en las calles como ellos, que escenificaban la vida y la muerte a través del canto les entusiasmó. En una parte de la representación los presentes se dejaban caer como muertos. Uno de los niños gritó entusiasmado: “yo sé hacer eso, yo sé cómo caer como muerto”. Por instantes hubo un feliz encuentro de solidaridad por los horrores compartidos: los adultos reprimidos por el Estado (muchos de ellos estudiantes o adultos de las clases profesionales) y estos jóvenes excluidos. Eduardo lo explica desde la metáfora teatral: “las protestas le ofrecieron a estos niños un escenario. Todo el país se volcó a las calles y por supuesto, nos encontramos con estos niños que habitan en ellas, pero no como antes, como si fueran parte del paisaje, sino como compañeros. Las protestas le permitieron a los niños escenificar una épica”, en contraste quizás, con el papel melodramático más típico de la mendicidad. Las protestas, en ese sentido, les permitieron construir una versión protagónica más digna. Sin embargo, en una conversación posterior con uno de sus colaboradores, un joven de la calle le expresó la preocupación de que “una vez que termine esto, ¿qué va a pasar con nosotros?”

Los dilemas que provocan las vidas de estos jóvenes han sido, desde hace años, desconcertantes, muchas veces asombrosos. De alguna manera su capacidad de reinventarse, de adaptarse a las condiciones buscando resquicios para sobrevivir a lo extremo de muchas de sus vivencias, desafía continuamente nuestros parámetros de lo que entendemos por infancia, justicia, educación y acción social.

Los niños y las niñas que sobreviven en las calles no son receptores pasivos de las acciones de los adultos. Al contrario, son activos negociando con las circunstancias, son intérpretes autónomos, a pesar de ser, sin lugar a duda, también víctimas de situaciones de injusticia extrema.

Eduardo Burger recuerda que no debemos perder de vista que estos niños fungen de espejo. Lo que nos mueven personalmente, a menudo, son reflejo, no de sus vidas y sus necesidades, sino de las nuestras. Los dilemas y emociones que nos suscitan tienen que ver con nuestros temores y deseos, no necesariamente los de ellos. En el dolor y la vulnerabilidad que vemos, puede que haya una buena cuota de la fragilidad que todos padecemos. Al tratar de “salvarlos” de sus circunstancias podríamos estar inconscientemente intentando acallar nuestra propia desesperanza y nuestro propio miedo.

3. Respuestas Comunitarias

Una desilusión organizada vale más
que mil esperanzas regadas por ahí
Eleazar León

Amadeo se consiguió con Edwin, un joven de 14 años, durmiendo en las escaleras de la entrada de su edificio en Chacao. Tenía un yeso en la mano derecha y la ropa andrajosa de varios días en la calle. Se lo comenzó a conseguir todos los días pidiendo dinero. Lo saludó varias veces hasta que un día le preguntó qué le había pasado en el brazo. Le contó que se cayó saltando de una platabanda a otra. Escapaba de su mamá. Paulatinamente fue compartiendo que fue criado por su tía, quien enfermó y no lo pudo tener más; tuvo que regresar con la mamá que nunca lo quiso. Es pobre y es alcohólica y lo maltrata cuando bebe. Edwin le pidió dinero a Amadeo, quien había trabajado con niños en situaciones similares veinte años atrás. Le contestó: “yo no tengo dinero que darte, pero sí te puedo ayudar a que vayas mejorando tus condiciones”. Le dijo que el primer secreto era bañarse. Que las personas a las que se acercaba probablemente lo miraban con cierto recelo por andar tan andrajoso. Que el primer paso era buscar un lugar donde asearse.

En paralelo observé los grupos crecientes de niños, niñas y jóvenes que comenzaron a reunirse todos los días al lado del Obelisco en la Plaza Altamira para participar de una manera u otra en las protestas. En ocasiones los vi vistiéndose con el uniforme de la lucha callejera, con escudos y trapos para taparse las caras. En otros momentos los vi más bien relajados alrededor de algún banco, conversando o dejando pasar el tiempo. En ocasiones los vi ponerse en fila para recibir comida o ropa. Pronto comenzaron a tomar la Avenida San Juan Bosco para “martillar” a todos los autos que pasaban. Algunos transeúntes aplaudían y los animaban a continuar. Los jóvenes se multiplicaron. En los grupos de atención que atendemos en el Parque Social de la UCAB, del otro lado de la ciudad, los jóvenes reportaron que sabían que en Altamira se podía ir a protestar y conseguir dinero.

Comenzaron a dormir en la plaza, sobre el techo de las entradas de algunos edificios. Comenzaron las quejas. Ya no era posible salir sin ser acosados por ellos. En ocasiones, si no se les daba dinero, podían subir el tono hasta volverse desafiantes. Una mañana amanecimos con una pelea a cuchillos entre dos de los jóvenes, un pleito por las miradas de una de las niñas del grupo.

Edwin no pertenece a ninguno de los grupos que se juntan en las plazas. Se queda por las calles de Chacao donde se siente más seguro. Como las calles se llenaron de protestas, él fue uno más en las marchas. Siguió el consejo de Amadeo y se comenzó a bañar en un chorro que quedaba en un estacionamiento privado. Le contó que lo que más le gusta es entrar a un cyber para jugar en una de las computadoras. Amadeo accedió a pagarle unas horas de cyber a cambio de que lo ayudara a sacar la basura del edificio. La tarea no era fácil con el yeso que cargaba. A Amadeo le preocupó que ya tenía demasiados días con el brazo enyesado. En la siguiente marcha le invitó a que se acercaran a los jóvenes de la Cruz Verde que proveían apoyo médico a los marchantes. Le revisaron el brazo y le ayudaron a quitarse el yeso.

Los vecinos del edificio comenzaron a ver al joven un poco más limpio y les sorprendió verlo colaborar con la limpieza del espacio. Empezaron a preguntarle sobre su vida, a sentir simpatía y a bajarle comida. Una de las vecinas es fisioterapeuta. Amadeo le propuso pagarle por sesiones de rehabilitación para el brazo de Edwin, ella aceptó colaborar, sin cobrarles nada.

En cambio, la situación en Altamira se puso cada vez más tensa. Una tarde, un camión fue detenido por los jóvenes para pedirle dinero. Mientras frenaba, otro joven le robó algo por detrás. Un mototaxista lo vio y lo intentó detener. El joven apuñaló al mototaxista, los transeúntes intervinieron. Por suerte, llegó la policía a tiempo para evitar males mayores. Pero los vecinos reportan estar hartos de los niños, “qué resistencia ni que nada, eso lo que son es malandros!”, se escuchó. Los vecinos de un edificio cercano decidieron erigir unas rejas para alejar a los jóvenes unos metros de su entrada. No importa que el edificio sea Premio Nacional de Arquitectura, las rejas parecen ser la solución comunitaria más frecuente para todos nuestros males.

Bajé con Amadeo por su calle y nos encontramos con Edwin quien nos saludó con una sonrisa tímida. Nos dijo que estaba bien, lo único que le hacía falta eran un par de zapatos. Dijo que había buscado pero no los había encontrado. La situación de Edwin no se ha resuelto, no está estudiando y sigue en la calle. Pero los vecinos y Edwin han construido un vínculo, han encontrado la manera de convivir. Amadeo me dice que lo siguiente es comenzar a explorar con él los intereses vocacionales para tratar de conectarlo con algún tipo de formación. Le recomiendo que lo acerquen a la Casa Hogar Don Bosco.

Las diferencias entre el edificio de Amadeo y el de Altamira son sutiles, pero significativas. Los mendigos y los niños que pueblan las calles tratando de sobrevivir no van a desaparecer pronto. No mientras sigamos en esta descomunal crisis económica y social. No mientras sigamos en un país guiado por promesas de salvación en vez de conocimiento, programas que prometen amor en vez de hechos.

Hay que seguirle demandando al Estado que cumpla con sus deberes. Hay que seguir haciendo el registro de este horror. Pero ante el miedo y la desesperanza que quiere sembrar el gobierno, la solidaridad es una herramienta clave para la resistencia. La solidaridad no entendida como caridad. Necesitamos comenzar a organizarnos. La gente de Dale Letra compartió un verso de Eleazar León que me ha parecido de lo más lúcido en los tiempos que corren: “Una desilusión organizada, vale más que mil esperanzas regadas por ahí”.

Hemos padecido ya demasiados años de esperanzas inmediatistas y soluciones mágicas. Necesitamos aprovechar tanta energía que despilfarramos comenzando todo siempre de nuevo. Podemos aprovechar el impulso del que desea ayudar a los que están en situaciones extremas, colaborando con las organizaciones con experiencia que sistematizan la ayuda.

En el área de los niños y jóvenes está la Red de Casas Don Bosco, Aldeas Infantiles SOS, Fundana, la Casa Virgen de los Dolores, por mencionar algunos. Mejor aún podemos organizarnos como vecinos para canalizar esa ayuda de manera masiva y dar respuestas más organizadas en nuestras propios vecindarios. Se pueden organizar comedores solidarios en las iglesias, allí se puede sistematizar la información de las personas que habitan esas calles. Todavía mejor, podemos procurar establecer un vínculo con estos niños en nuestros espacios para intentar comprender sus necesidades específicas e intentar conectarlos con las organizaciones que pueden ayudar a resolverlas.

Está visto que no saldremos de la tragedia en que nos convirtió el gobierno de manera fácil, ni rápida. Las soluciones rápidas prometen acciones simplistas, héroes individuales y campañas épicas. La niñez vulnerable requiere acciones sencillas, no simplistas. Pero eso sí, constantes, organizadas, sistemáticas. Requiere no del heroísmo, ni las promesas grandiosas de los programas faraónicos, sino la humildad de las pequeñas cosas que se construyen escalón por escalón; no las promesas de amor del que nos quiere sin condiciones, sino los pequeños gestos de amabilidad del maestro que ofrece apoyo a cambio de esfuerzo. La confianza en el otro no se teje de la noche a la mañana, es sutil y necesita constancia en el tiempo. No necesitamos promesas de querernos con locura, sino el intento riguroso, siempre frágil, siempre exigente, siempre polémico, de construir la posibilidad de vivir juntos.

***

¿Hay jóvenes en tu calle y quieres ayudar?

  1. Organízate con tu vecino, averigua quién cerca de ti ya está haciendo algo. Junten esfuerzos.
  2. Acércate a algunas de las organizaciones que trabajan con el tema.
  3. Procura establecer un vínculo con las personas en mendicidad en tu zona. Con el paso del tiempo intenta establecer algún tipo de conversación. Los vínculos requieren paciencia, constancia e interés genuino en el otro.
  4. Procura conocer algo de la situación y las necesidades reales de la persona. Conversa y conoce algo de la situación real en que se encuentran.
  5. Si vas a regalar comida, bienes o dinero, piensa en las siguientes opciones:
    1. Juntar varias donaciones y colaborar con una organización que atiende al tema.
    2. Dar la comida a cambio de algún gesto razonable, como mantener limpia esa calle. Procurando construir relaciones de reciprocidad.
  6. Intenta servir de puente para que la persona pueda enlazarse con las organizaciones legales, médicas, sociales que pueden atender sus necesidades particulares.
  7. No los lleves a tu casa. No adoptes el lugar de salvador.

***

[1] Glauser, B. (1999). Definitivamente los niños de la calle están de moda. Revista Venezolana de Psicología Clínica Comunitaria. 1, 19-27.

[2] Llorens, M.; Hernández, N.; Jaramillo, U.; Romero, M. y Souto, J. (2005). Niños con Experiencia de Vida en la Calle: una aproximación psicológica. Buenos Aires: Paidós.

[3] Thomas de Benítez, S. (2011). State of the World’s Street Children: research. London: Consortium for Street Children.

[4] Recientemente se viene hablando de “familias en la calle”.

[5] Garnica, H. (agost 8, 2004). Hay que parar la fábrica de niños de la calle. El Nacional, B-20.

[6]Thomas de Benítez, S. (2011). State of the World’s Street Children: research. London: Consortium for Street Children.

La poeta venezolana Yolanda Pantin gana el XVII Premio Casa de América de Poesía Americana; por Karina Sainz Borgo

La escritora fue premiada por el poemario "Lo que hace el tiempo". El premio está dotado con 5.000 euros e incluye la publicación de la obra por la Editorial Visor Libros

Por Karina Sainz Borgo | 20 de septiembre, 2017
Yolanda Pantin retratada por Roberto Mata

Yolanda Pantin retratada por Roberto Mata

A los países les tocan, a veces, treguas. En el caso venezolano, su literatura hace un alto en la tempestad política para celebrar la noticia de que Yolanda Pantin, una de las voces más sólidas de la literatura de ese país, ha recibido el XVII Premio Casa de América de Poesía Americana por su obra Lo que hace el tiempo. El premio, convocado por Casa de América con la aspiración de estimular la escritura poética en el ámbito americano, está dotado con 5.000 euros e incluye la publicación de la obra por la Editorial Visor Libros.

El jurado, reunido en Casa de América y compuesto por Luis García Montero, Jesús García Sánchez, Juan Malpartida, Jorge Galán, Santiago Miralles y Anna María Rodríguez Arias como secretaria, decidió por unanimidad otorgar el galardón a Yolanda Pantin. Según el acta, Lo que hace el tiempo es un poemario íntimo que activa al mismo tiempo “las regiones de la meditación y el pensamiento. Con gran fuerza narrativa y simbólica, el libro avanza desde un sujeto ficticio cargado de expresividad e imaginación. El tono es contenido. Y elegante en su brevedad formal y su pureza estilística. El paso del tiempo y la memoria son un tenue hilo conductor en el que se van engarzando los poemas, con un brillo a la vez común y distintivo”.

Yolanda Pantin es un nombre indispensable en la poesía venezolana. Sin ella es imposible entender la lírica contemporánea de ese país. Nació en Caracas, en 1954. Pero sus raíces, lo que verdaderamente sujeta y da sentido a su voz, está en Turmero: un pequeño pueblo de los valles de Aragua. Allí transcurrió su infancia, ésa que ella ha buscado desde su primer poemario Casa o lobo (1981), un espíritu que más de una decena de libros después volvió nítida, destilada, en el poemario Bellas Ficciones (Eclepsidra).

Desde la publicación en 2002 de La épica del padre la obra poética de  Yolanda Pantin ha logrado hacer suyo –y del lector– el dolor y la extrañeza individual y la de un país que se cae a pedazos en el desencuentro, la persecución política, la humillación y la carestía. Sin embargo, eso no limita la amplitud de su registro personal: hondo y profundo, propicio para la belleza del lenguaje y el calado de la poesía.

Es autora de los poemarios Correo del corazón (1985), La canción fría (1989), Poemas del escritor (1989), El cielo de París (1989), Los bajos sentimientos (1993), La quietud (1998), El hueso pélvico (2002), Poemas huérfanos (2002), La épica del padre (2002), País (2007), 21 caballos (2011). En 2014 la editorial Pre-textos publicó País, poesía reunida 1981-2011. Ha sido invitada a participar en festivales, simposios, lecturas de poesía en España, Francia, Italia, Argentina, Perú, Uruguay, USA, México, Colombia, Portugal, El Salvador, Guatemala, Holanda, Portugal, entre otros países. Ha sido traducida parcialmente al inglés, francés, alemán, holandés, portugués.

En 1989 recibió en Caracas el Premio Fundarte de Poesía. Fue becaria de la Fundación Rockefeller en Bellagio Study Center. En 2004 recibió la Beca Guggenheim. Fundó y fue miembro del consejo del Fondo Editorial Pequeña Venecia, fundó y codirigió la revista El puente, pensar en Venezuela junto con Igor Barreto y Michelle Ascensio, en Caracas; fue directora adjunta de la Fundación Casa de la Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde, en Caracas. Fue directora de museología del museo de arte contemporáneo Alejandro Otero (MAO), también en Caracas.

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Este texto fue publicado en el portal web Vozpópuli. Haga click aquí para ver el artículo original

“Un mísero detalle técnico”: La disolución de la Constituyente; por Ramón Escovar León

Para que una Asamblea Constituyente sea reconocida como tal debe ser producto de una consulta popular. Sobre este aspecto hay una opinión dominante en la doctrina venezolana y extranjera, de hoy y de siempre. Siguiendo las recomendaciones de Vladimir Ilich Lenin, la Constituyente “elegida” el pasado 30 de julio no “es expresión exacta de la

Por Ramón Escovar León | 19 de septiembre, 2017
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Fotografía de @ANC_ve

Para que una Asamblea Constituyente sea reconocida como tal debe ser producto de una consulta popular. Sobre este aspecto hay una opinión dominante en la doctrina venezolana y extranjera, de hoy y de siempre. Siguiendo las recomendaciones de Vladimir Ilich Lenin, la Constituyente “elegida” el pasado 30 de julio no “es expresión exacta de la voluntad del pueblo”, como expliqué en Prodavinci en mi artículo del 1 de agosto pasado.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el talón de Aquiles de la revolución populista. No fue producto de la consulta al pueblo y se pretende imponer bajo la amenaza de las bayonetas. Nace, así, herida y su origen está afectado de nulidad absoluta y, por tanto, no puede ser convalidada por nadie. Padece de legitimidad de origen. Por esta razón las democracias occidentales de mayor peso no la reconocen.

La prensa nacional e internacional señala que los voceros del gobierno en la mesa de diálogo exigen que la oposición reconozca la constituyente. Esto no debe sorprender porque a través de ella se ha pretendido consolidar la dictadura del PSUV y fulminar el único poder asambleísta que existe: la Asamblea Nacional. Pero esto no es posible ya que nadie puede convalidar un acto que nació nulo. Así, por vía de consecuencia, no se pueden ratificar los actos dictados por la ANC. Atrapado como está, el gobierno pretende que la oposición reconozca lo que no puede reconocer jurídicamente. Se trata de una exigencia mediante la cual se manipularían las posibilidades de negociar una salida política a la enorme crisis causada por el fracasado “socialismo del siglo XXI”.

En el supuesto de que la ANC hubiese sido aprobada por el pueblo, la misma estaría limitada solo a“transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, tal como lo señala el artículo 347 del Texto Fundamental. No puede ir más allá de estos tres objetivos. Por esta razón, es nula tanto la destitución de la Fiscal General como el nombramiento de uno nuevo. De hecho, lo que está sucediendo en el escenario internacional es que cada país ha venido desconociendo la ANC mientras reconocen como Fiscal a Luisa Ortega Díaz y la reciben en esa condición. Al Fiscal designado por la ANC no lo reconocen, lo que crea un serio problema con la validez internacional de sus actos, dada su ilegitimidad de origen.

Tampoco puede tener la Constituyente una duración de dos años, y mucho menos cuando durante ese período están previstas unas elecciones porque se corre el riesgo de que usurpe las facultades del CNE. Los actos de la ANC no tienen, entonces, ningún valor jurídico ni político. Y esto pone al gobierno en una situación difícil, la cual busca solventar con el diálogo que se anuncia. El respaldo del gobierno a esta nueva versión del guion del diálogo tiene la intención de lograr que la comunidad internacional reconozca su ANC, y con ello legitimar sus actos autoritarios.

Tal vez el cuadro anterior es lo que ha llevado al expresidente español Felipe González a decir que el diálogo: “Desgraciadamente no irá a ninguna parte, porque no tiene ni agenda ni objetivos”. Pese a la opinión del destacado político sevillano, sabemos que el diálogo es un instrumento que bien utilizado puede permitir a la oposición lograr claros objetivos: la liberación de los presos políticos; la revocación de las inhabilitaciones; fijación de un calendario electoral con elecciones presidenciales para el año 2018; el reconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional y la aceptación de la ayuda humanitaria internacional. Lo que sí queda claro es que debe establecerse un plazo para evitar el eterno juego de la dictadura: ganar tiempo.

Asimismo, el hecho de que el gobierno participe en esta jornada exploratoria es una señal que indica cuán presionado está. El madurismo puede seguir siendo una opción política en el futuro, pero para ello debe ajustarse a las reglas de la democracia y respetar tanto los plazos constitucionales para efectuar elecciones como sus resultados. La experiencia enseña que todas las partes de un conflicto tarde o temprano negocian. En el caso venezolano esa negociación debe realizarse de inmediato.

En el proceso de diálogo que se anuncia deben incluirse, además de los objetivos señalados, las reformas del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros temas. Todo esto debe cumplirse en un lapso perentorio.

En relación con el Poder Electoral, José Ortega y Gasset afirmó en La rebelión de las masas: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”. Roma sigue Ortega- era una potencia al inicio del siglo I antes de Cristo, pero “está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”.La reflexión del pensador español tiene vigencia en el caso venezolano, porque el CNEno ofrece confianza a nadie, pues en lugar de facilitar la libre manifestación popular, burló la posibilidad de realizar el constitucional referendo revocatorio en 2016 y permitió la “elección” de una constituyente sin consulta previa al pueblo, lo que muestra abiertamente el talante autoritario del gobierno. Y ello porque el revocatorio auguraba una estocada al modelodel “socialismo del siglo XXI”, fracasado sin equívocos.

También la modificación del TSJ debe formar parte de la agenda del diálogo, pues este se ha convertido en un obstáculo para los valores de la democracia. No es una institución independiente para administrar justicia y controlar el poder sino para apuntalarlo. Esto se evidencia a través del elenco de decisiones dictadas a partir de las sentencias números 155 y 156 de marzo de este año. A través de las cuales, y ante el asombro de la comunidad internacional, se le arrebató las facultades a la AN.

No puede entonces un tribunal con este origen atribuirse todo tipo de potestades, hasta las dictatoriales, bajo una pretendida tutela constitucional, e invalidar los actos dictados por un cuerpo que ha sido elegido por el pueblo en un proceso electoral. El trabajo iniciado por el TSJ con estas decisiones, pretende ser completado por la ANC y despojar definitivamente a la AN de todas sus atribuciones y dejarla como una cascaron vacío.

Un Tribunal Supremo puede convertirse en un instrumento para el cambio social o en un obstáculo para la paz y la democracia. En el primer caso, puede impulsar el cambio interpretando rectamente la Constitución. Ejemplo de ello son los Tribunales Constitucionales de Colombia y España que se han convertido en referencias confiables para resolver disputas de interpretación constitucional. En otros casos, un Tribunal Supremo puede comportarse como instrumento para convalidar situaciones autoritarias y antidemocráticas, como ocurreen Venezuela.

La Sala Constitucional se inmiscuye constantemente en asuntos políticos de naturaleza no justiciable (political questions). Por ejemplo, la elección de magistrados ocurrida en julio de este año, lo cual por ser una cuestión política, no es justiciable y, por tanto, no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo de Justicia. Mucho menos puede abrir juicios penales a los magistrados designados por la instancia facultada constitucionalmente para ello, que no es otra que la Asamblea Nacional.

Lo vivido por los venezolanos demuestra que Lenin tenía razón cuando afirmó que una constituyente no podía ser “expresión exacta de la voluntad del pueblo”. Por eso, los demócratas deben incluir en la agenda del diálogo la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Así se dará el primer paso en el proceso de recuperar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Sobre los actos que dicta la Asamblea Nacional Constituyente; por Carlos García Soto

A un mes y medio de su instalación la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha “dictado” diversos “actos”, que han ido desde la remoción de la Fiscal General de la República hasta una Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En el camino, además, reprogramó el

Por Carlos García S. | 17 de septiembre, 2017

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A un mes y medio de su instalación la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha “dictado” diversos “actos”, que han ido desde la remoción de la Fiscal General de la República hasta una Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En el camino, además, reprogramó el calendario para la elección a Gobernadores y “ratificó” a los Poderes Públicos.

¿Qué son estos “actos” que “dicta” la ANC? ¿Son válidos a la luz del origen inconstitucional de la convocatoria a la ANC? ¿Se mantiene vigente la Constitución de 1999? ¿Los Poderes Públicos siguen siendo tales?

Aquellos polvos trajeron estos lodos

Para tratar de entender en qué consisten estos actos, hay que volver la mirada al proceso constituyente de 1999.

Cuando en la campaña presidencial de 1998 el entonces candidato Hugo Chávez centraba su mensaje en la promesa de la convocatoria a una ANC, el gran problema constitucional que se planteaba era que la Constitución de 1961 no preveía como uno de los mecanismos para su propia sustitución a una ANC. Por ello, se decía, para que la Constituyente pudiera ser convocada en 1999, era necesario que se reformara previamente la Constitución de 1961 para incluir esa figura como un instrumento constitucional para la sustitución de la Constitución.

En la medida en la que en la Constitución de 1961 no se establecía la posibilidad de una convocatoria a un proceso constituyente para modificar la Constitución, se planteó la discusión jurídica sobre si era posible celebrar un referendo consultivo para que el pueblo se expresara acerca de la Constituyente.

A partir de ello se plantearían ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dos recursos de interpretación. Tales recursos fueron decididos a través de dos sentencias del 19 de enero de 1999, denominadas entonces como los casos Referendo Consultivo I y Referendo Consultivo II.

Sin embargo, la Corte no dio una interpretación definitiva al problema que se le estaba planteando. Es decir, no señaló con la claridad que se requería si podía o no convocarse una ANC, a partir de un referendo consultivo, a pesar que esa figura no estuviera prevista en la Constitución. En definitiva, si era posible o no convocar a un proceso constituyente sin modificar antes la Constitución de 1961.

Con lo cual, el verdadero problema constitucional que estaba planteado, es decir, si podía o no convocarse una Constituyente a pesar de no estar prevista en la Constitución, no fue resuelto expresamente por las decisiones de la Corte.

Pero a pesar de la ambigüedad de los criterios de la Corte Suprema de Justicia, parte de la prensa daría su interpretación a lo interpretado por la propia Corte. Así, por ejemplo, en El Nacional se daría una lectura a las sentencias que favorecía la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la celebración del referéndum consultivo. En su edición del 21 de enero, uno de los titulares de ese periódico diría: “No es necesario reformar la Constitución para convocar el referéndum”.

Por supuesto, el gran riesgo político y constitucional de convocar una ANC que no estuviera prevista y regulada en la Constitución, era que esa ausencia de regulación fuera una ocasión para que la ANC se autoproclamara como soberana y como exenta de cualquier regulación que limitara su actuación. Es decir, como una Constituyente que pudiera dictar actos que no se sujetaran a la Constitución y que, incluso, dictara actos para intervenir a los otros Poderes Públicos.

Ese riesgo se verificaría luego en los hechos, cuando, efectivamente, la ANC de 1999 actuó sin sujetarse a los Poderes Públicos ni a la Constitución. Para ello, incluso, la ANC encontró respaldo en la sentencia 14 de octubre de la Corte Suprema de Justicia, que avaló que la ANC no se sujetara a la Constitución de 1961. En el camino, la Constituyente de 1999 no sólo se dedicó a redactar atropelladamente una nueva Constitución, sino que procedió a dictar un conjunto de actos que intervinieron la organización y funcionamiento de los otros órganos del Poder Público, entre ellos el entonces Congreso de la República. Además, el 26 de agosto de 1999 por un Decreto de la ANC de 1999 se suspendieron las elecciones municipales previstas para ese año.

Aquellos polvos trajeron estos lodos.

La convocatoria a la ANC de 2017

En efecto, de la confusión y abuso que rodeó el proceso constituyente de 1999, llegamos a la convocatoria a ANC en 2017.

La convocatoria a la ANC ha sido realizada al margen de la Constitución de 1999, puesto que si bien el artículo 347 de la Constitución de 1999 expresamente señala que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que, en consecuencia, “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, la convocatoria fue realizada directamente por el Presidente Maduro a través del Decreto N° 2.830.

Es por ello que profesores e instituciones académicas han advertido sobre el carácter fraudulento de la convocatoria al proceso constituyente: siendo el pueblo, conforme a la Constitución, el titular de la convocatoria al proceso constituyente, no se celebró referendo alguno para que el pueblo se expresara a favor o en contra de ir a un proceso de este tipo, en franco desconocimiento de la soberanía popular que se reconoce para este específico tipo de procesos en el artículo 347 de la Constitución.

Las bases comiciales de la ANC de 2017

Por otra parte, en las bases comiciales que fueron dictadas a través del Decreto N° 2.878, el Presidente Maduro estableció las normas por las cuales se rige la elección de los miembros de la ANC. Sin embargo, así como la convocatoria a la ANC debe ser objeto de un referendo, las bases comiciales también deberían ser objeto de un referendo para que el pueblo decida si las aprueba o no.

El Estatuto de Funcionamiento de la ANC

Esas bases comiciales prevén la aplicación provisional del Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999 mientras la ANC de 2017 no dicte su propio Estatuto, el cual hasta la fecha no ha aparecido publicado en la Gaceta Oficial. En 1999, en aplicación de ese Estatuto de Funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente procedió a dictar un conjunto de actos que intervinieron la organización y funcionamiento de los otros órganos del Poder Público, entre ellos el entonces Congreso de la República. Además, el 26 de agosto de 1999 por un Decreto de la ANC de 1999 se suspendieron las elecciones municipales previstas para ese año.

Ese Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999, que se ha venido aplicando a la ANC de 2017, parte de una premisa fundamental: la ANC está por encima de la Constitución y por encima de los Poderes Públicos. Conforme al artículo 1 de ese inconstitucional Estatuto de Funcionamiento, la ANC:

—Es depositaria del poder originario para reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento,

—la ANC puede limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público;

—todos los órganos del Poder Público quedan subordinados a la ANC y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos y demás decisiones de ésta, y

—la Constitución de 1999 y el resto del Derecho venezolano mantendrán su vigencia siempre y cuando la ANC no tome una decisión distinta a lo dispuesto en esa Constitución u otra norma inferior a la Constitución.

Los actos que ha dictado la ANC bajo la premisa de su supuesto carácter “originario” y “supraconstitucional”

Es sobre la base de lo anteriormente expuesto, que la ANC se considera facultada para “dictar” los “actos” que ha dictado desde hace mes y medio de su instalación.

De hecho, sobre la base de ese supuesto carácter originario y supraconstitucional de la ANC, ésta ha dictado decisiones como:

—La creación de una Comisión de la Verdad;

—la subordinación de los Poderes Públicos;

—el nombramiento de altos funcionarios del Estado, como el Fiscal General de la República;

—la usurpación de la función legislativa de la Asamblea Nacional al dictar una “Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, y

—la usurpación de la función electoral del CNE, al “reprogramar” las elecciones a Gobernadores.

Recientemente, el Presidente Maduro acudió a la ANC para presentar ocho proyectos de Ley en materia económica, lo cual supondría una nueva usurpación de la función legislativa de la Asamblea Nacional.

La concreción de esa fraudulenta concepción acerca del alcance de la ANC se ejecutó a través del Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos.

En el artículo 5 de ese “Decreto Constituyente” se señala:

“QUINTO. Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero, y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano”.

Los actos de la ANC y la vigencia de la Constitución de 1999

Sin embargo, todo acto que dicte la ANC debe ser juzgado a la luz de ese criterio: la convocatoria a la ANC y la elección de sus miembros se realizaron al margen de la Constitución vigente en Venezuela, que es la Constitución de 1999. El contexto institucional de Venezuela es tan arbitrario e impredecible, que se hace necesario reiterar una afirmación que parecería obvia: la Constitución vigente en Venezuela es la Constitución de 1999.

Es preciso recordar una y otra vez que si bien la ANC fue convocada y electa al margen de la Constitución, aún si hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, su única misión podría ser la de redactar una nueva Constitución. Por ello, toda “decisión” que dicte la ANC debe ser considerada como actos dictados por un órgano que ha sido convocado y electo en contra de lo dispuesto en la Constitución venezolana vigente, que sigue siendo la de 1999. Toda decisión que dicte la ANC tendrá un problema de legitimidad fundamental: la ANC fue convocada y elegida de forma contraria a la Constitución de 1999.

De tal manera, los “actos” que dicta la ANC deben ser considerados a partir de varios supuestos:

La ANC fue convocada al margen de la Constitución de 1999;

—las “bases comiciales” que rigen el funcionamiento de la ANC, son contrarias a la Constitución de 1999;

—aun si la ANC hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, su misión sólo pudiera ser la de redactar una nueva Constitución;

—aun si la ANC hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, no pudiera dictar decisiones que intervengan sobre la organización y funcionamiento de los Poderes Públicos y, menos aún para restringir los derechos y garantías de los venezolanos;

—aun si la ANC hubiera sido convocada conforme a la Constitución de 1999, su actuación debiera sujetarse a la Constitución vigente, y

—por las razones anteriormente expuestas, los actos que dicte la ANC deben ser considerados como contrarios a la Constitución vigente, que es la Constitución de 1999.

Cuando en 1998 la mayoría electoral aceptó la propuesta constituyente de Hugo Chávez, era difícil predecir que veinte años después el país se encontraría ante la coyuntura de defender la Constitución de 1999 ante una nueva ANC.

Pero como ya se dijo: aquellos polvos trajeron estos lodos.

Catástrofe y autonomía: algunas reflexiones sobre literatura venezolana actual; por Miguel Gomes

Extracto del libro de próxima aparición El desengaño de la modernidad: cultura y literatura venezolana en los albores del siglo XXI. Caracas: abediciones UCAB.

Por Miguel Gomes | 16 de septiembre, 2017

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El comienzo del siglo XXI será recordado por la historia literaria venezolana, seguramente, como época de cambios profundos y drásticos de la fisonomía del campo cultural. Desde 2001, cuando Hugo Chávez anuncia una “revolución cultural” sentida por muchos como declaración de guerra, y en particular desde 2002, a raíz de los acontecimientos de abril, cuando las pugnas en el terreno político se exasperan, los círculos literarios se han visto alterados. Entre los factores que han de subrayarse están el abandono voluntario o la exclusión de numerosos escritores de las instituciones culturales; la constitución de un discurso oficial en que se descalifica públicamente a los autores que expresan su desacuerdo; la reorganización de la sociedad letrada en grupos adeptos o adversos al Gobierno; el establecimiento de satélites de dicha sociedad en el extranjero, debido a la emigración; la mayor presencia de autores venezolanos (casi siempre “opositores”) en las editoriales trasnacionales activas en el país (entre otras, Alfaguara, Random House Mondadori, Seix-Barral) y la alentadora expansión de sus ediciones con intermitentes contracciones o sorpresivos cierres.

Pedro Luis Vargas Álvarez ha retratado la situación en un artículo donde argumenta que el campo perdió autonomía por el éxodo de novelistas hacia redes comerciales, por constituir estas “un poder […] tan fuerte como el político” (p.46). En sus conclusiones, resalta cómo varios autores asociados a las grandes editoriales transforman la política en una herramienta de éxito, ya que “se convierte al mercado en [su] agencia” haciendo “recircular la opinión pública en las novelas” con una inevitable “espectacularización” (p.50). Además de “postautonomía”, Vargas Álvarez habla de una “postpolítica” y la condena como incapaz de rivalizar con la ideología estatal.

Los temores antes expuestos, fundados en el caso analizado por Vargas Álvarez de novelas históricas publicadas entre 2005 y 2008, no me parecen, con todo, extensibles a la generalidad de la producción literaria, porque ha habido también una politización que escapa a las grandes editoriales y a sus medios de conversión de toda postura en “espectáculo”: cuentistas, poetas y ensayistas de los pequeños sellos han suscrito tendencias semejantes. Por eso, ni más ni menos, Paulette Silva ha señalado el regreso del “viejo fantasma” de la “heteronomía” (s.p.). Y, si comparamos la literatura con otras artes, la opinión se refuerza. Sandra Pinardi afirma que la producción visual evidencia una dimensión política inscrita en las “ideas” y en la “praxis”, arraigada en las formas y los medios, no reducida a los “compromisos” ingenuos (pp.107-108).

Lo cierto es que la pérdida de autonomía del campo cultural con la producción de obras que se prestan a lecturas políticas quizá no sea tal si se repara en que las leyes autonómicas no han imperado siempre en Latinoamérica. Ello ha ocurrido en Venezuela donde, por la génesis de su campo cultural en circunstancias poscoloniales, con el consecuente ideal de construcción nacional, uno de los criterios persistentes para acumular capitales simbólicos ha sido el carácter ancilar manifiesto de la obra con respecto al campo del poder. Dicho carácter, en autores familiarizados con tradiciones europeas ―no poscoloniales―, genera la intuición de que la autonomía artística es frágil, lo cual se ha tematizado estoica o celebratoriamente: he allí la irónica aceptación de Pedro Emilio Coll de un escritor comerciante o cónsul que hace literatura en los ratos libres (p. 642), la proclama galleguiana de que “algo además de un simple literato ha habido siempre en mí” (p.6) o el aserto de Ana Teresa Torres de que “Tenemos la obligación de ser pensadores de nuestro propio país porque pertenecemos a naciones irresueltas” (p. 88).

Escasísimos han sido los escritores venezolanos que no han dependido de trabajos situados en campos como el educativo-académico, el político-diplomático o el de los medios de comunicación. Ni siquiera el oscilante interés de las editoras transnacionales ha ofrecido una plataforma estable afiliada a una “industria literaria” como la que Suman Gupta describe al estudiar la lógica mundializada de las letras, con “autores manufacturados”, proceso de “manufactura de lectores” y generación de “premios como obvias inversiones corporativas” (p.167).

De interés paralelo resulta el interrogante de si puede una literatura ser “postautónoma” como lo propuso Josefina Ludmer. Personalmente lo dudo y acudiría al razonamiento dirigido por Octavio Paz a quienes en su momento pregonaron una superación de la modernidad: una ruptura dentro de una “tradición de rupturas” no hace más que ratificar la tradición (p.14). Sospecho, además, que una vez identificada como ideal por una comunidad de artistas la autonomía no desaparece del todo de los horizontes de expectativas y, sea como presencia o nostalgia, moviliza las prácticas. Sugerir el fin de la autonomía en un campo es un intento inconsciente de renovación de sus mecanismos autonómicos puesto que, como lo señaló Pierre Bourdieu, el surgimiento de las polémicas artísticas (sin excluir las críticas) fortalece lo visto como amenazado o en decadencia, la institución del arte: las rencillas entre agentes culturales mediante su existencia misma contribuyen a producir tanto el lenguaje legítimo, definido por su distancia del lenguaje común, como la creencia en su legitimidad. Que Ludmer escoja la consigna de lo post para verbalizar sus propuestas nos debe indicar enseguida que su discurso es inseparable de una moda letrada que arranca del siglo pasado ―recuérdese: posmodernoposhumanoposnacional, etc.―, de tics expresivos y de una lógica del mercado simbólico que no es otra que la del campo cultural, en la zona donde creadores y críticos convergen para reforzar sus poderes intangibles. En el caso venezolano, la hipotética posautonomía se vuelve más problemática ya que el escritor siempre ha dependido de poderes “externos” a lo literario: cargos en instituciones estatales politizadas o cargos en empresas privadas fieles a sus objetivos de competencia en el mercado económico. Lo que tenemos en los primeros años del milenio, creo, es más bien un nuevo capítulo de una autonomía perpetuamente amenazada, a punto de constelarse, a punto de disolverse. El acierto de Luis Moreno Villamediana al hablar de renovados ensayos autonómicos en medio de una “Venezuela en pedazos” (s.p.), resulta incontrovertible, en particular si no nos apartamos del sentido que dio Bourdieu a la palabra “autonomía” cuando se refiere a lo cultural o intelectual: una “libertad que permite criticar al poder establecido” fundada en la independencia relativa respecto del campo político y el económico (pp.462-463). Si en Venezuela esos dos campos padecen desde hace años inestabilidad, pujando por redefinirse, no ha de extrañarnos que el campo cultural esté asediado por crisis. La “postautonomía” solo sería posible en un sistema estable, donde los intereses organizadores de la burocracia estatal o el mercado hayan conseguido absorber sin intermisiones los intereses de los agentes culturales. Es evidente que estos últimos se encuentran desde las postrimerías del siglo XX enfrentándose con fuerzas internas de la cultura y externas a ella: en una efervescencia tan abrupta a duras penas podría darse con las coordenadas espaciotemporales a las cuales debería remitir el post.

La descripción catastrófica, casi milenarista al pie de la letra, de un fin del campo cultural venezolano tal como hasta ahora lo conocíamos ha de entenderse vinculada a la sensación de desintegración que se repite en muchas versiones de los acontecimientos del país. La impresión de caos que una y otra vez se esboza en el panorama literario no ha de atribuirse sin más a una voluntad testimonial. Pocos autores se han ceñido a un objetivo tan preciso, como podrían habérselo propuesto si hubiesen decidido escribir informes, tesis, reportajes o cualquier otro texto no regido en primer lugar por la ficción, es decir, la suspensión de la capacidad referencial del lenguaje. En su caso, el desmoronamiento, la confusión surgen en sus obras debido a lo que Jacques Rancière señalaba acerca de lo poético, que es “idéntico a la esencia del lenguaje en la medida en que la esencia del lenguaje es idéntica a la ley interna de las sociedades” (pp.60-64). La aparición de un entorno en vías de desintegración en las letras venezolanas resulta, a mi ver, indisociable de una “estructura de sentimiento”, expresión con la que Raymond Williams designaba conjuntos aún inarticulados de valores compartidos por una comunidad pero tenidos por individuales debido a su carácter informal. A diferencia de las cosmovisiones, declaradas en escritos de corte teórico, las estructuras del afecto están compuestas de ideas tal como se sienten y sentimientos tal como los concibe el intelecto, logrando a duras penas manifestarse doctrinalmente por tratarse de experiencias en proceso (pp.138-145). La percepción de lo real a la que aludo ha venido gestándose en Venezuela quizá desde fines de la década de los ochenta; consiste en un acentuado desengaño de la modernidad enfatizada por los discursos oficiales de los setenta en medio del optimismo progresista de un país “mágico” ―como lo denominó Fernando Coronil― que confiaba y entrenaba al pueblo para confiar hasta un más allá de la razón en la capacidad financiera ilimitada de la explotación de hidrocarburos. Considero tal desengaño como estructura del afecto porque los escritores que han coincidido en retratarlo en sus obras hasta hoy no obedecen a un plan de grupo: la reincidencia de imágenes, motivos, temas, aunque no casual si aceptamos que hay un “inconsciente político”, tampoco ha sido calculada. Los idearios cabales solo dan indicios de perfilarse en los últimos dos o tres años, cuando aparecen escritos conscientes de la tradición en que se sitúan, que en algunos artículos he caracterizado como plena de “fábulas del deterioro” ―y podríamos comparar, por ejemplo, la ambigüedad referencial de Ana Teresa Torres en Nocturama (2006) con la relativa precisión de Rodrigo Blanco Calderón en The Night (2016)―.

Que la relación del desencanto de lo moderno y la visión cada vez más acentuada de una “Venezuela en pedazos” se haya convertido en lenguaje común se desprende del citado trabajo de Pinardi. En él sugiere, al estudiar obras plásticas contemporáneas, que “reinterpretan la difícil modernidad que ha marcado, como deseo, la cultura venezolana” y que, con demasiada frecuencia, la reinterpretación “se hace cargo de los diversos modos como se ejerce la violencia” hasta llegar a construir “en y con sus obras un fragmentario archivo testimonial” (p.119-123). No me parece desacertado atribuir buena parte de tal violencia al despertar de la “ilusión” que describe Coronil. Si antes “el Estado se transformó en un poderoso escenario tanto para la ejecución de ilusiones como para la ilusión de ejecuciones, un lugar de magia” (p. 299), lo que sobrevendrá cuando la prestidigitación sea entorpecida por las circunstancias constituye un derrumbe percibido como “traición” simbólica por las masas, acostumbradas a la idea de que pueblo y riqueza natural se consustanciaban gracias a la acción unificadora del Estado. Ese resquebrajamiento de la imagen propia se produce desde la eliminación de subsidios de la gasolina en la segunda administración de Carlos Andrés Pérez, que acabaría causando el “Caracazo” (p.376). Trasladando las tesis de Coronil a las letras, María Fernanda Lander ha postulado que las revueltas de febrero de 1989 y los estallidos de violencia subsiguientes equivalen al “despertar traumático de un sueño modernizador que se transformó en pesadilla” (p.157).

Para concluir solo añadiré que lo anterior no agota lo que pudiera decirse sobre el campo cultural venezolano de los últimos años: la materia es demasiado cercana para pretender ser exhaustivos. Quiero recalcar simplemente que una experiencia central de una cantidad no desdeñable de escritores que interactúan en dicho campo ha sido el abrir los ojos a una dolorosa realidad antes negada o invisible. Hablar de la bancarrota de un relato matriz, el del progreso, se justifica; o, quizá, convendría la visión de una “ruina” en la que se gesta una crítica tanto a la taumaturgia populista como a los procesos políticos que aseguran romper con ella y, sin embargo, la ahondan. Sea como sea, tal crítica solo puede fundarse en un sincero anhelo de reconstrucción.

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OBRAS CITADAS

Bourdieu, Pierre (1992). Les Règles de l’art: Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Éditions du Seuil.

Coronil, Fernando. (1997). The Magical State: Nature, Money and Modernity in Venezuela. Chicago: The University of Chicago Press.

Gupta, Suman. (2009). Globalization and Literature. Cambridge: Polity Press.

Lander, María Fernanda. (2013). “La mirada de la exclusión en Cerrícolas de Ángel Gustavo Infante”. En Valladares-Ruiz, Patricia y Leonora Simonovis, eds. El tránsito vacilante: miradas sobre la cultura venezolana contemporánea. Amsterdam/New York: Rodopi, 153-172.

Ludmer, Josefina. (2007). “Literaturas postautónomas”. Ciberletras (17), s.p. En línea (consultado el 1/3/2008): lehman.cuny.edu/ciberletras/v17/ludmer.htm

Moreno Villamediana, Luis. (2013). “Venezuela en pedazos”. Todavía (30, noviembre), s.p. Consultado en línea 2/4/2014, revistatodavia.com.ar/todavia30/30.literaturanota.html

Paz, Octavio. (1991). Convergencias. Barcelona: Seix Barral.

Pinardi, Sandra. (2013). “Disposiciones políticas de las artes visuales venezolanas contemporáneas: archivos de la violencia”. En Valladares-Ruiz, Patricia y Leonora Simonovis, eds. El tránsito, 107-129.

Rancière, Jacques. (2005). La Parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature. Paris: Hachette.

Silva Beauregard, Paulette. (2011). “Novela e imaginación pública en la Venezuela actual: el regreso de viejos fantasmas”. Espéculo. Revista de Estudios Literarios. (48), s.p. Consultado en línea 20/12/2012, ucm.es/info/especulo/numero48/novimagve.html.

Torres, Ana Teresa. (2006-2007). “Discurso de incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua”. Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua (LXXIII-LXXIV/197-200), 87-100.

Vargas Álvarez, Pedro Luis. (2013). “Postpolítica y postautonomía: desplazamientos hacia el mercado durante el llamado auge editorial venezolano”. Voz y Escritura. Revista de Estudios Literarios (21), 35-54.

Williams, Raymond. (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Cómo asegurar que los venezolanos no paguen el costo de las sanciones; por Francisco Rodríguez

Este artículo fue publicado originalmente el 12 de septiembre de 2017 en el Financial Times bajo el título "How to save Venezuelans from cost of sanctions".

Por Francisco Rodríguez | 12 de septiembre, 2017
Fotografía de Spencer Platt / Getty Images

Fotografía de Spencer Platt / Getty Images

Al dejar a Venezuela excluida de los mercados financieros internacionales, las más recientes sanciones del gobierno norteamericano corren el riesgo de empeorar la ya profunda crisis económica del país. En los últimos cinco años, la nación ha visto caer las importaciones en cuatro quintas partes y los ingresos per cápita reducirse más de un tercio, llevando a la contracción económica más profunda en la historia económica de América Latina. Un deterioro adicional de esta economía podría hacer que la actual crisis humanitaria se convierta en una verdadera catástrofe humanitaria.

Esto está íntimamente ligado a la decisión del gobierno venezolano sobre si continúa o no pagando su deuda. De aquí a final del año, el país debe decidir si cancela 4 millardos de dólares en intereses y amortizaciones de bonos en moneda extranjera. Si el gobierno decide honrar estos compromisos, tendrá que recortar las importaciones aún más, lo que empeoraría la recesión. Si, en cambio, decide dejar de pagar sus compromisos externos, pudiera entrar en una cesación de pagos desordenada en la cual los tenedores de bonos tratarían de embargar los activos y flujos de ingreso de la estatal petrolera en el extranjero, llevando posiblemente a una mayor caída en los ingresos de divisas y en la capacidad de importación del país.

Normalmente, un país en esta situación intentaría realizar algún tipo de operación de manejo de pasivos para reestructurar o refinanciar sus próximos pagos de deuda, de manera de abrir un espacio que impidiese recortar las importaciones aún más. Sin embargo, las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela prohíben a inversionistas de EEUU aceptar deuda nueva emitida por el gobierno o PDVSA, lo cual hace que un refinanciamiento planificado de los compromisos del país sea virtualmente imposible y obliga al gobierno a escoger entre un default desordenado o continuar reduciendo sus compras externas[1].

Para ser justos, Venezuela ya había perdido acceso a los mercados financieros internacionales antes de que se dieran las sanciones. Las políticas macroeconómicas insostenibles, la corrupción rampante y la supresión cada vez mayor de las instituciones democráticas habían vuelto tóxico el crédito para muchos inversionistas antes de que el gobierno de EEUU decidiera prohibir las transacciones de nueva deuda. Las sanciones simplemente son la culminación de un proceso creciente de aislamiento político y financiero mundial del gobierno venezolano.

Sin embargo, a pesar de que la finalidad de las sanciones sea presionar para lograr un cambio político, el resultado podría ser más bien un empeoramiento de la frágil situación social del país. Por ello, es importante que las acciones multilaterales estén dirigidas no sólo a promover una solución a la crisis política, sino también a evitar una profundización de la crisis económica y humanitaria.

La Orden Ejecutiva del presidente Trump que declara sanciones contra Venezuela deja, sin embargo, una importante válvula de escape: una exención en el caso de la deuda emitida con el propósito de financiar importaciones de comida, medicinas, equipos e insumos médicos y para la agricultura. Esto abre la posibilidad de que los inversionistas puedan proveer los fondos para que Venezuela evite mayores recortes en importaciones, siempre y cuando dichos recursos estén apropiadamente destinados para el pago de bienes esenciales.

Para que un esquema como éste pueda funcionar, se necesita un mecanismo que asegure que el dinero aportado como resultado de esta transacción efectivamente sea usado para la importación de productos básicos y no desviado hacia otros fines, ni que se diluya en corrupción. Con tal motivo, los acreedores podrían exigir que la erogación de estos recursos sea monitoreada por organizaciones internacionales creíbles, tales como la Organización de Naciones Unidas o la Iglesia Católica. Los contratos de emisión del nuevo instrumento pudieran incluir una cláusula que haga que cualquier intento posterior por parte del gobierno venezolano de bloquear o dificultar la operación de estos supervisores internacionales sea considerado como un evento de default, desencadenando así las cláusulas de incumplimiento cruzado (cross-default) sobre toda la deuda de Venezuela y PDVSA.

Los acreedores podrían solicitar además que los nuevos instrumentos de deuda sean aprobados por la Asamblea Nacional, hoy controlada por la oposición, además de cualquier otra autorización que el gobierno considere legalmente necesaria. Esta aprobación serviría como una garantía para asegurar que esa nueva obligación sea reconocida por un futuro gobierno si la oposición llegase al poder. Al reducir el riesgo de futuro repudio de esa deuda, la aprobación de la Asamblea Nacional haría que los acreedores exigiesen menores rendimientos por invertir en los instrumentos, reduciendo así el costo de la misma para la nación. Para otorgar la aprobación de ese endeudamiento, la Asamblea Nacional podría imponer condiciones adicionales, como por ejemplo el involucramiento directo de su Comisión de Contraloría en el monitoreo del programa.

Algunos dirán que asumir cualquier deuda nueva es demasiado costoso para Venezuela, y que el país no tiene opción alguna que no sea reestructurar su deuda de manera forzosa. Sin embargo, incluso si ese es el camino que se decide seguir, el gobierno deberá emitir nuevos títulos para intercambiar con sus acreedores los bonos previos. Para que cualquier inversionista de EEUU pueda participar en dicho proceso, se requiere un mecanismo que asegure que el dinero obtenido por la emisión será destinado a importaciones de comida y medicinas y que cumpla por tanto con la ley de Estados Unidos.

Ciertamente, cualquier operación de refinanciamiento no es un sustituto adecuado para la necesidad que tiene el país por reformas macroeconómicas integrales. Venezuela necesita de manera urgente poner su política macroeconómica en orden, con medidas como la unificación de su sistema cambiario y reemplazo de su costoso sistema de subsidios indirectos con transferencias focalizadas, entre otras. Claro está, parece poco probable que dichas medidas se lleven a cabo en ausencia de un cambio político

Es probable que ello no ocurra en el futuro cercano. En ausencia de tal cambio, es urgente buscar mecanismos que protejan a los venezolanos en contra de las principales consecuencias del deterioro en la crisis política. Los acreedores del país, quienes a lo largo de los últimos años han obtenido grandes ganancias por sus inversiones en deuda venezolana, han contraído al mismo tiempo una deuda moral con los venezolanos. Condicionar el acceso a nuevos recursos a la adopción de mecanismos que aseguren que estos vayan a satisfacer las necesidades de la mayoría de los venezolanos es una manera de comenzar a honrar esa obligación.

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[1] En una publicación en un blog ayer, Mitu Gulati y Mark Weidemaier argumentan que la deuda venezolana puede ser reestructurada usando Cláusulas de Acción Colectiva sin emitir nuevos instrumentos. Esta solución sería posible solo para algunos bonos soberanos, que representan 47% de los bonos emitidos por el gobierno, PDVSA y la Electricidad de Caracas. También consideran que esta excepción no fue intencional y, por lo tanto, podría ser cerrada pronto por las autoridades estadounidenses.

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Haga click acá para leer el artículo en inglés publicado originalmente en el Financial Times.

La Ley del Trabajo: Antes y después del ideario zamorano; por Ramón Escovar León

La Ley del Trabajo tiene por objeto la protección del trabajo como hecho social y la garantía de los derechos de los trabajadores. Esta es la regla rectora del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Dlottt), llamado así por el “socialismo del siglo XXI”. Este título es excluyente porque no

Por Ramón Escovar León | 12 de septiembre, 2017
Obreros taladran uno de los lugares escogidos para la búsqueda de petróleo. Una vez ubicado un lugar propicio para la búsqueda del petróleo, se prosigue con el uso de la sísmica para intentar localizar los lugares exactos en los cuales se debería perforar. El petróleo es el principal producto de exportación de Venezuela, es por esto que, las industria petrolera y petroquímica son la base de la economía venezolana. Workers drilling a place, as part of the exploratory search. The oil is the main product of exportation of Venezuela, in this respect, oil and petrochemical industry are the base of the Venezuelan economy. (Ramón Lepage/ Orinoquiaphoto) -- Ciertas restricciones aplican--

Obreros taladran uno de los lugares escogidos para la búsqueda de petróleo. Una vez ubicado un lugar propicio para la búsqueda del petróleo, se prosigue con el uso de la sísmica para intentar localizar los lugares exactos en los cuales se debería perforar. Fotografía de Ramón Lepage. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa.

La Ley del Trabajo tiene por objeto la protección del trabajo como hecho social y la garantía de los derechos de los trabajadores. Esta es la regla rectora del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Dlottt), llamado así por el “socialismo del siglo XXI”. Este título es excluyente porque no considera a uno de los sujetos de la relación laboral que es el empleador. Se trata, además, de una la ley autoritaria porque no es producto de un diálogo tripartito (Estado, trabajadores y empleadores) sino una imposición del Presidente de la República.

El trabajo visto como hecho social es de inspiración socialcristiana y el concepto fue expuesto por Rafael Caldera en su obra Derecho del trabajo (1939), su tesis doctoral. Fue el propio Caldera quien lo incorpora en la ley de 1990. Pero el proceso social del trabajo es un concepto acuñado por Carlos Marx, quien lo desarrolla en el capítulo II del libro I de su obra El capital (1867). La noción “trabajo” es el eje central de la obra del filósofo alemán, creador del comunismo. Entonces, a partir de aquí se ve la mezcolanza ideológica en el manejo de los conceptos. La Dlottt —que es una ley de transición hacia el Estado socialista— menciona el proceso social del trabajo en 63 oportunidades para dejar bien clara su inspiración marxista.

No obstante, la legislación laboral no puede tener como propósito quebrar ni sancionar empresas productivas. La interpretación de la ley del trabajo debe hacerse teniendo en cuenta el efecto que produce en la economía y en las posibilidades de expansión de la riqueza. La protección de los derechos laborales no es incompatible con ese propósito.

El Derecho Laboral venezolano cuenta con juristas notables que han producido una obra de referencia en el Derecho Comparado. Se puede afirmar sin vacilar que esta es un área del Derecho venezolano con contribuciones originales a la ciencia jurídica en general. Este recorrido se inicia con la publicación de la mencionada tesis doctoral de Rafael Caldera y no ha detenido su expansión con la publicación de estudios monográficos, la realización de congresos y el prestigio del que disfruta la cátedra en varias universidades venezolanas.

La jurisprudencia, por su parte, hizo aportes en el pasado en distintas materias, como, por ejemplo, la simulación del contrato de trabajo, el resarcimiento del daño moral y el trabajador internacional. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo introdujo la casación de instancia y significó un avance en el Derecho Procesal venezolano. Todo marchaba bien porque se mantuvo un equilibrio jurisprudencial, salvo en aquellos casos donde el Estado tenía intereses. Así sucedió con los jubilados de PDVSA, a quienes se les negaron sus derechos por razones políticas.

Pese a estos importantes antecedentes, la “revolución bolivariana” tiene una visión del Derecho Laboral que merece reflexiones. Un medidor de calidad de la jurisprudencia laboral lo constituye la aceptación o no por parte de la comunidad jurídica especializada de las decisiones jurisprudenciales. Uno de los aportes reconocidos fue lo que ocurrió con los casos de simulación del contrato de trabajo. Esto puede verse de dos maneras: la utilización de la vía mercantil para encubrir una relación laboral; y al contrario, la utilización de los juicios laborales para reclamar prestaciones sociales de parte de quien no es trabajador. En ambos casos, el asunto es sencillo pues la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un método para determinar cuándo hay o no una relación laboral (recomendación 198). En puridad el método se desarrolló jurisprudencialmente en diversos países y la OIT la sistematizó. Así ocurrió con el haz de indicios en Francia. Se trata de la utilización de elementos probatorios para identificar la condición de trabajador. Es un método preciso que aplicado con imparcialidad permite administrar justicia. Hasta el año 2014 la jurisprudencia en esta materia era predecible.

Todo el cuadro anterior sufrió un cambio al ser derogada la ley del trabajo del año 1990 (reformada en 1997 y 2011) y al entrar en vigencia el Dlottt que introduce, entre otros, dos elementos que merecen comentario. En primer lugar, la interpretación de las normas laborales de acuerdo con “el ideario Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano”. Esta modalidad de interpretación jurídica es desconocida por el Derecho Comparado y sería risible si no fuese porque fue incorporada en tan importante cuerpo normativo. Esta norma tal vez fue incluida por un burócrata con una confusión intelectual debida a una lectura mal digerida de la biografía titulada Tiempo de Ezequiel Zamora (1996), del historiador marxista Federico Brito Figueroa. En segundo lugar, se introdujo el elemento de la regulación de la denominada “tercerización” en el artículo 47 del Dlottt, y el listado de modalidades de esta en el artículo 48. La ley laboral vigente parte de la prejuiciada idea de que las modalidades de subcontratación laboral constituyen simulación o fraude en un grupo de casos que la propia ley menciona. Sin embargo, no puede haber ni simulación ni fraude si hay un responsable que haga frente a los derechos de los trabajadores. La situación se presenta cuando una empresa hace el denominado outsourcing y subcontrata con terceros distintas etapas del proceso de producción. El objeto de esta estrategia es optimizar la productividad y aumentar las ventajas competitivas.

En el mundo moderno esta modalidad está en expansión y a nadie se le ocurre pensar en limitarla o fulminarla. Si China, país comunista, hubiese aplicado esta norma de la legislación laboral del “socialismo del siglo XXI”, no habría convertido su economía en unas de las de mayor crecimiento en los tiempos recientes. Tampoco lo hacen los rusos, ni los nicaragüenses, ni ecuatorianos, ni bolivianos. En Bolivia se permite la tercerización, salvo para realizar tareas “propias y permanentes al giro” de la empresa. Pero en Venezuela, se reprime en las distintas modalidades que señala el artículo 48 del Dlottt.

En la interpretación de las leyes laborales hay que usar las reglas del análisis económico del Derecho, buscando siempre el sentido de eficiencia. En materia laboral hay que ponderar los derechos de los trabajadores sin sacrificar la expansión y desarrollo de la empresa, para hacerla tan competitiva como las empresas de otros países. Así, por ejemplo, cuando se decretan aumentos salariales no se considera el impacto que estos producen: contribuciones o cotizaciones, recargos por jornadas nocturnas o extraordinarias, beneficios de carácter no remunerativo como como el ticket de alimentación; además del impacto en las prestaciones sociales y otros conceptos. No es solo el aumento del salario sino todo un paquete de aparentes beneficios que pueden desajustar los planes de crecimiento de las empresas. La improvisación en estos ajustes salariales constituye un carburante adicional para la inflación.

Resulta curioso que la Dlottt pretende proscribir la subcontratación o tercerización cuando las empresas del sector público son las que más la practican como modalidad en su ejercicio empresarial. Si se revisan las operaciones de PDVSA, se comprobará la veracidad de esta afirmación: en el sector petrolero es la tercerización la regla cotidiana. Igual sucede con las empresas de Guayana. Entonces, ¿por qué prohibirla a la empresa privada?

En todos los temas laborales debe ponderarse el sentido de eficiencia económica sin sacrificar los derechos de los trabajadores. El derecho a un trabajo digno se protege estimulando la expansión empresarial y la libertad económica. Cada vez que se aplica una norma o política laboral hay que considerar los efectos negativos que pueda producir en la economía. Las restricciones y sanciones diseñadas por el fanatismo ideológico solo traen miseria y atraso. El caso venezolano ha sido un buen ejemplo de ello.

Sanciones: Más allá de la retórica, ¿de dónde obtenemos las divisas?; por Alejandro Grisanti, Gorka Lalaguna y Asdrúbal Oliveros

Días atrás, siguiendo la advertencia realizada previo a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) decidió dar un paso al frente y escalar en el conjunto de sanciones impuestas al gobierno venezolano e imponer así restricciones de carácter financiero a las operaciones en divisas del sector público.

Por Alejandro Grisanti, Gorka Lalaguna y Asdrúbal Oliveros | 5 de septiembre, 2017

sanciones

Días atrás, siguiendo la advertencia realizada previo a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) decidió dar un paso al frente y escalar en el conjunto de sanciones impuestas al gobierno venezolano e imponer así restricciones de carácter financiero a las operaciones en divisas del sector público.

La narrativa del gobierno estadounidense es sencilla: en su intento por aferrarse al poder, el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una serie de abusos a los derechos humanos (DDHH) y libertades fundamentales de los venezolanos, llevando al país al caos propio de un Estado fallido con una crisis humanitaria sin precedentes.

Esta serie de elementos ha hecho necesario un incremento significativo en la presión internacional, dado el establecimiento de una ANC ilegítima, capaz de cambiar todas las normas existentes y suspender indefinidamente cualquier proceso electoral, altos niveles de corrupción en las diferentes ramas del gobierno y una escalada en la violencia y persecución política.

¿Quién se encuentra sancionado y por qué?

En primer lugar, es fundamental entender a quién va dirigida la sanción y cuál es el alcance de la misma. A ojos de lo expuesto en la Orden Ejecutiva (OE) promulgada por la Casa Blanca, el “gobierno venezolano”, parte sancionada y principal protagonista en los diferentes documentos, es un término amplio que incluye al Gobierno Central (GC), cualquier subdivisión política o persona vinculada con el mismo, el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Desarrollo (Bandes) y Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Según expone la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC), el gobierno de Venezuela está liquidando activos a un descuento significativo a costa del pueblo venezolano. En este sentido, las sanciones apuntan a prevenir que personas estadounidenses[1] contribuyan a financiar esta dinámica, procurando no afectar en gran medida al mercado y los diferentes inversionistas.

A pesar de ser asimétricas en su ejecución (dependiendo de la rama del gobierno) el objetivo es el mismo: limitar las posibilidades de nuevo endeudamiento y las diferentes operaciones a crédito por parte del gobierno, así como reducir su margen de maniobra en los mercados internacionales.

¿Qué contemplan las sanciones?

Como mencionamos anteriormente, el objetivo primordial de las sanciones es servir de freno a nuevas operaciones de endeudamiento y/o liquidación de activos por parte del gobierno venezolano. No obstante, el alcance de las sanciones varía dependiendo de la rama del sector público de donde nos posicionemos. Así, la OE separa a Pdvsa del resto del gobierno venezolano dividiendo en dos el alcance de las sanciones.

Para el caso de Pdvsa, la OE emitida por la Casa Blanca prohíbe a cualquier persona entrar en algún tipo de transacción, proveer financiamiento o transar deuda relacionada a la estatal petrolera si la misma fue emitida luego de la entrada en vigor de la OE (25/08)[2] y si contempla un vencimiento superior a los 90 días.

En lo que a transacciones con las demás ramas del Gobierno venezolano se refiere, la prohibición es similar con la única excepción de que el lapso de vencimiento permitido para la emisión de nueva deuda[3] es de 30 días. Es importante destacar que esta diferenciación en los tiempos clarifica que el sistema financiero americano puede emitir cartas de crédito a Pdvsa por un lapso hasta de 90 días sin mayores inconvenientes. Dicho de otra manera, la OE permite la comercialización del petróleo venezolano ante la inhibición del sistema financiero internacional.

Adicionalmente, vale la pena destacar que las restricciones se extienden operaciones con cualquier tipo de acción, capital o Equity[4] relacionada con el “gobierno venezolano” colocada en el mercado luego de la entrada en vigor de la OE.

Por otra parte, la OE prohíbe explícitamente la realización de transacciones que involucren bonos emitidos por el gobierno venezolano (incluyendo Pdvsa) antes del 25 de agosto, así como cualquier tipo de transacción que involucre el pago de dividendos u otro esquema de distribución de ganancias al “gobierno venezolano” por parte de cualquier entidad controlada, directa o indirectamente, por el mismo.

Para cerrar, prohíbe la compra de instrumentos financieros y demás papeles emitidos o relacionados al “gobierno venezolano” distintos a aquellos catalogados como nueva deuda con un vencimiento menor a 90 días (para el caso Pdvsa) o 30 días (demás ramas del gobierno)[5]. Como veremos más adelante, en la misma OE se establecen una serie de licencias que exoneran a casi todos los papeles que se estaban previo al 25 de agosto de 2017.

El rol de la OFAC y las diferentes licencias

A pesar de que el alcance de la orden ejecutiva es relativamente amplio, la OFAC emitió cuatro licencias con el objetivo de limitarla y ofrecer una ventana para la realización de ciertas operaciones con el gobierno venezolano[6].

Por ahora, las cuatro licencias son de carácter general, es decir, todas las personas tienen acceso a las mismas. En este sentido, aquellas operaciones previamente prohibidas por la OE, pero avaladas en el marco de las licencias emitidas por la OFAC, están permitidas. Las licencias son las siguientes:

Licencia General I:

Aplica para todos los contratos y acuerdos que estaban en vigencia previo al 25 de agosto. Les otorga a las diferentes entidades (“personas”) un período de 30 días para el desarrollo de cualquier actividad prohibida bajo la OE (y sin el garante de al menos una de las cuatro licencias) y que por lo general son necesarias para la cesación de los diferentes contratos/arreglos que aún sigan vigentes.

Licencia General II:

Permite el desarrollo de todas las transacciones previamente prohibidas en la OE en aquellos casos en los que la única entidad del gobierno involucrada sea Citgo Holding o cualquiera de sus subsidiarias. No obstante, el pago de dividendos permanece prohibido bajo lo expuesto en la OE. Es decir, Citgo mantiene a plenitud sus facultados operativas mientras se evita que continúe financiando a su único accionista: Pdvsa.

Licencia General III:

Sirve como apéndice a la prohibición vinculada a la compra/venta de Bonos desarrollada en la OE. La misma permite, en líneas generales, el desarrollo de transacciones con aquellos bonos detallados en la lista anexa a la Licencia que contempla todos los papeles emitidos por Venezuela, Pdvsa, las asociaciones estratégicas y Electricidad de Caracas (Elecar) (se incluye el Pdvsa22 con cupón de 6,0% recientemente comprado por Goldman Sachs y Nomura) exceptuando el Ve36 que el Estado venezolano no había logrado vender, dado que no está desmaterializado y que sigue en posesión del Banco de Venezuela (BDV).

Licencia General IV:

Opera como una suerte de Licencia de carácter humanitario. La misma permite el desarrollo de transacciones que impliquen la “emisión” de nueva deuda con motivos humanitarios (alimentos, medicinas, equipos médicos y sus respectivos repuestos).

Vale la pena mencionar que, en una serie de aclaratorias hechas por la OFAC, se permite explícitamente el mantenimiento de las diferentes cuentas corresponsales dentro de EEUU y el desarrollo de las operaciones en dólares dentro del sistema financiero estadounidense, por esta razón, al menos de momento, la convertibilidad al dólar de las exportaciones venezolanas no se encuentra afectada.

Adicionalmente, la OFAC hace énfasis en que la ciudadanía venezolana no se encuentra sometida a sanciones por parte de los EEUU y abre la ventana a transacciones y operaciones con terceras partes que no se encuentren sometidas a algún tipo de sanción de carácter personal.

Con las manos atadas

A pesar de que la OE representa fuertes restricciones para la ya limitada operación del gobierno en los mercados internacionales, las diferentes Licencias, al ser de carácter general y amplias, mitigan el impacto sobre los inversionistas y la operación petrolera estadounidense. Es decir, todo el peso de las sanciones recae sobre el sector público venezolano, sin mayor impacto en lo formal sobre la posición comercial del sector petrolero, protegiendo a los actuales inversionistas sin distinción de origen.

Sin embargo, en nuestra opinión, las sanciones representan un cierre definitivo de los mercados internacionales para el régimen de Nicolás Maduro, complicando sus flujos positivos de caja en los últimos meses del año, cuando concurre una concentración elevada de pagos por concepto de deuda, en el marco de una crisis humanitaria sin precedentes y un cuadro externo sumamente deteriorado.

Adicionalmente, siendo los EEUU la principal plaza financiera mundial, la mayoría de las entidades financieras del mundo mantienen algún tipo de operación en la misma, y, por ende, deberían también estar sujetas a las restricciones impuestas por la OE, dejando como únicos mecanismos de posible financiamiento a Rusia y China.

Es importante resaltar que el elemento reputacional pesa. La prohibición de transar con instrumentos venezolanos (exceptuando aquello expuesto en las licencias), así como la incertidumbre generalizada sobre las sanciones y el hecho de ser un país sancionado, puede entorpecer la liquidación de los diferentes activos con los que, hoy, cuenta el gobierno venezolano para hacer frente a sus compromisos (con énfasis en las operaciones con el oro, vigentes y futuras).

Este hecho no se puede pasar de largo. Hasta la fecha, la estrategia del Gobierno para hacer frente a sus compromisos externos ha implicado liquidación de activos, nuevo endeudamiento y un recorte significativo en las importaciones. Es decir, en un contexto donde los dos primeros mecanismos se encuentran severamente limitados. ¿Cómo podría afrontar el gobierno venezolano el persistente déficit en caja hasta finales del año 2018?

Lo informal no incide exclusivamente en la liquidación de activos. El hecho de formar parte de la lista de países sancionados por los EEUU es proclive a generar aversión por operaciones y tratos con el gobierno venezolano, magnificando así el alcance e incidencia de las sanciones.

¿Cómo cubrir la brecha?

Hasta la fecha, el Gobierno ha logrado hacer frente a sus compromisos externos un trimestre a la vez, a un costo cada vez mayor. Desafortunadamente, aún queda camino por andar y el horizonte que propone el año entrante no anticipa ningún cambio positivo en el cuadro externo.

Hagamos un ejercicio de abstracción: culminando el mes de agosto (y consigo el 3T2017 se aproxima a su cierre), Venezuela enfrentará un déficit de caja cercano a los 3.500 millones de dólares en el 4T2017. La OE impone severas restricciones en la liquidación de activos y emisión de nuevas deudas, agravando las consecuencias de las sanciones y un cierre definitivo de los mercados. Con esto en mente, ¿cómo pudiera el Gobierno cerrar la brecha?

Adicionalmente, si asumimos que el gobierno cuenta con un monto cercano a los 2.300 millones de dólares (entre reservas operativas y demás fondos) y sin contar con algún tipo de auxilio por parte de China o Rusia, en caso de optar por hacer frente a sus compromisos externos, el mismo tendría que reducir del saldo de importaciones de bienes y servicios en un 40,0% del monto proyectado para el cierre de año, agudizando la escasez y con presiones de importancia sobre la inflación y el tipo de cambio paralelo.

El problema de China y Rusia

En este contexto, la opinión pública ha expresado que pueden existir un par de jugadores que pudieran contribuir a aliviar el ajustado cronograma propuesto para el cierre de año: China y Rusia.

En primer lugar, a pesar de que China cuente con músculo financiero para apoyar a Venezuela, vale observar que la estructura de su asistencia ha cambiado significativamente ante un deterioro generalizado del panorama económico. Por eso la ayuda de China pasó de una renovación casi automática de los diferentes tramos del Fondo Chino (FC) a corto plazo, a fideicomisos con mayores restricciones en su uso a un período de gracia en las amortizaciones de capital propuestas entre 2016-2018. Siguiendo esta línea, difícilmente veamos un desembolso directo de recursos por parte del gigante asiático.

No obstante, la ayuda no se limita exclusivamente a una transferencia unilateral de recursos. Cabe destacar que aún existen diferentes mecanismos que de alguna manera representen una liberación de caja para el gobierno a corto plazo, tal como recomprar parte de la deuda utilizando los mercados secundarios y disminuir artificialmente los compromisos pautados para fines de año.

En un segundo plano, Rusia pareciera haberse convertido en una novedosa opción durante los últimos años. Hasta el momento, Rusia ha desembolsado cerca de 6.500 millones de dólares, de los cuales Venezuela tiene que pagar 4.000 millones en lo que resta del 2017 y 2018. Para que sea el principal financista y echarse al hombro el difícil cuadro externo que presenta Venezuela, no solo debe estar dispuesto a no recibir los aproximadamente 4.000 millones de dólares que contractualmente Venezuela le debe pagar en los próximos 16 meses, sino desembolsar 7.500 millones de dólares adicionales en ese mismo lapso. Adicionalmente, la estatal petrolera rusa ha afirmado recientemente que, por lo momentos, no se tienen contemplados nuevos pagos por anticipos de crudo a Pdvsa.

Descrito esto, al menos para el año 2017, todos los caminos parecieran estar cerrados. Sin embargo, el país sigue y la restricción externa es proclive a agudizarse ante un deterioro significativo de la industria petrolera.

La OE, al final arrincona al Gobierno en una esquina con dos alternativas posibles: 1. dejar de cumplir con sus compromisos externos con un efecto positivo en el corto/mediano plazo, pero con costos sumamente elevados en el mediano y largo plazo, o 2. realiza un ajuste aún más fuerte sobre el nivel de importaciones, en la época que estacionalmente las mismas suelen ser mayores.

“Cubierto el 2017”, ¿qué nos depara el 2018?

La disyuntiva presente no es diferente a la que Venezuela tendrá que enfrentar el año entrante. De querer cerrar la brecha externa solo contrayendo importaciones de bienes y servicios, las mismas tendrían que reducirse en un monto cercano a 50,0%. De escoger (y ser posible) la alternativa de China y Rusia, estos países no solo tendrían que renunciar a percibir cerca de 4.413 millones de dólares por concepto de pago de deuda[7], sino desembolsar unos 3.970 millones de dólares adicionales en caso de querer mantener el nivel de importaciones (mínimo histórico) registrado este año.

Conclusión

La imposición de las sanciones por parte de los EEUU ha logrado empujar a Venezuela a una posición en la que uno de los debates centrales de la política económica venezolana alcanza su punto más álgido: ¿Seguirá el Gobierno recortando importaciones a niveles insostenibles o dejará de cumplir con el servicio de deuda?

De acuerdo con la información que manejamos en Ecoanalítica, el Gobierno cuenta actualmente con monto cercano a los 1.900 millones de dólares de ahorro destinado a hacer frente a los pagos de octubre y noviembre del presente año. Esto implicaría una necesidad de divisas cercana a 1.619 millones de dólares, lo cual, dado el tablero de juego propuesto, está supeditado a la dinámica de las importaciones.

La posición no es fácil, más desde la limitada concepción de la política económica del Gobierno en medio de la mayor crisis de nuestra historia moderna. Como profesa un dicho común entre los economistas, no hay almuerzo gratis. Ya llegó la cuenta.

***

Fuentes:

[1] A efectos de la OE, una “Persona” hace referencia a cualquier individuo o entidad, entendiéndose la última como cualquier tipo de “Partnership, Trust, Joint Venture, Association, Corporation, Group, Subgroup or Other Organization”

[2] A efectos de la presente nota, y siguiendo el vocabulario propuesto en los diferentes documentos relacionados, el prefijo Nuevo le antecede a cualquier instrumento emitido luego del 25/08, entrada en vigor de la OE.

[3] De acuerdo con la OFAC, cuando se hace referencia al término “Deuda” se incluyen Bonos, préstamos, extensiones de crédito, garantías sobre un préstamo o colaterales, notas de crédito, aceptaciones bancarias, giros, notas de descuento y papeles comerciales

[4] De acuerdo a la OFAC, cuando se hace referencia al término “Equity” estamos hablando de cualquier tipo de evidencia que demuestre propiedad sobre algo (Acciones, recibos de depósito, etc.)

[5] Hace referencia a “personas” naturales o jurídicas estadounidenses o que hagan vida dentro de dicho país.

[6] Por lo general, la OFAC opera bajo dos figuras en lo que a licencias se refiere: Una licencia de carácter general, la cual autoriza cierto tipo de transacción a un grupo de “personas” sin la necesidad de formalizar un proceso de aplicación y, en segundo lugar, una licencia de carácter específico la cual es un documento emitido por la OFAC a una persona o entidad particular para realizar una transacción determinada.

[7] Bajo este escenario asumimos una extensión del periodo de gracia para el pago de capital de la deuda vigente con China.

Economía y Derecho vs. La quiebra de un país petrolero; por Ramón Escovar León

La situación de un país con enorme riqueza petrolera caído en la pobreza hace que uno se pregunte una y otra vez: ¿cómo se logró quebrar una potencia petrolera? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué la jurisprudencia venezolana no ha entendido que el hecho jurídico de contenido económico debe interpretarse a partir de

Por Ramón Escovar León | 5 de septiembre, 2017
Richard Posner / Fotografía de Abel Uribe para Chicago Tribune

Richard Posner / Fotografía de Abel Uribe para Chicago Tribune

La situación de un país con enorme riqueza petrolera caído en la pobreza hace que uno se pregunte una y otra vez: ¿cómo se logró quebrar una potencia petrolera? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué la jurisprudencia venezolana no ha entendido que el hecho jurídico de contenido económico debe interpretarse a partir de los principios de la economía? ¿Cuáles son los resultados del control de cambios, la “ley de precios justos” y las expropiaciones?

Las razones que han llevado a formular las interrogantes anteriores pueden resumirse en la pretensión del modelo populista-militarista-revolucionario de desafiar las reglas del mercado. Esto no es posible, y el ejemplo más claro fue el derrumbe de la Unión Soviética y el fracaso del modelo económico cubano. Cien años de historia demuestran que el comunismo produce una economía de la pobreza; solo el fanatismo suicida puede sostener lo contrario.

Para reflexionar sobre esto voy a considerar los aportes de Richard Posner y su influencia en la Escuela de Economía y Derecho. Posner, el juez federal y autor norteamericano más citado en las últimas tres décadas, anunció su retiro de la Corte de Apelaciones del Séptimo Distrito (Chicago) el pasado viernes 1 de septiembre. Además de ser un destacado profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, Posner cuenta con más de cuarenta libros publicados e innumerables artículos. Esta circunstancia le dio un rasgo especial: su perfil de académico es de más peso que el de juez.

En la vasta obra de Posner hay que destacar El análisis económico del Derecho, en el que analiza la manera de maximizar la eficiencia en la aplicación de leyes de contenido económico. Su citado libro es de consulta obligada en la materia y lo coloca entre las figuras relevantes del pensamiento jurídico de los tiempos recientes. El análisis económico del Derecho predica la idea de que los asuntos jurídicos deben ser interpretados buscando el sentido de eficiencia económica para lograr el máximo beneficio al menor costo. En un sistema sano y coherente, litigar puede ser menos eficiente que una negociación para transar una disputa contractual. Al contrario, en épocas de enorme inflación —y corrupción—, como ocurre en Venezuela, la regla se invierte, porque, cuando se trata de deudas de dinero, el litigio puede generar más beneficios económicos que un arreglo. La inflación perjudica al acreedor; la propuesta de Posner es una contribución para abordar estos problemas.

La referencia al legendario juez de Chicago —que ahora se retira— es pertinente para destacar lo que ocurre en Venezuela. Hay una legislación y un aparato burocrático que tiene como propósito retar el sentido de eficiencia que debe privilegiarse en las interpretaciones jurídicas de las leyes con contenido económico.

Las obligaciones de dinero y los efectos de la inflación en los contratos son temas de especial significación en esta economía en crisis que padecemos los venezolanos. James Otis Rodner, jurista notable e impulsor de los estudios de Economía y Derecho en nuestro país, ha escrito una obra fundamental: El dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera. Y, precisamente, gracias a la ineficiencia de nuestro sistema jurídico, su obra debe ser una referencia ineludible para la jurisprudencia que decide sobre los efectos de la inflación en los contratos y las deudas dinerarias.

El control de cambios —y los efectos perversos que produce— merece ser analizado bajo el prisma de las tesis de Posner. Los tribunales están poblados de litigios en los cuales se discute la tasa de cambio para pagar obligaciones en moneda extranjera. La discusión sobre la tasa de cambio aplicable es frecuente en la vida judicial del país. En esta materia hay jurisprudencia contradictoria y vacilante, producto del confuso mundo de las regulaciones y el temor de dictar decisiones que se adapten a la realidad y que puedan molestar a los burócratas del engranaje socialista.

Además del control de cambios, la “ley de precios justos” va en contra del sentido de eficiencia que se predica en los asuntos jurídicos. A través de esta ley, el gobierno pretende regular la actividad económica contrariando las evidencias empíricas. La inviabilidad de este cuerpo normativo ha sido analizada por un joven abogado, Luis Fraga Lo Curto, en su monografía La inviabilidad del sistema venezolano de planificación centralizada de precios. Es un estudio jurídico y económico basado en el análisis de las normas que regulan los precios en Venezuela. Demuestra, a partir de datos empíricos, que el proceso de formación de precios en la Venezuela del “socialismo del siglo XXI” se basa en “una noción de precios inexistente y falsa”. La amenaza hoy es aumentar el esquema de control centralizado de precios, como lo explica José Ignacio Hernández aquí en Prodavinci.

Hay que decirlo sin muchos adjetivos: el revolucionario populista convierte la demagogia en política económica. Esto explica lo ocurrido con Pdvsa y las empresas expropiadas. Las recetas económicas del gobierno populista han fracasado porque están fundamentadas en dogmas que marchan a contracorriente de las reglas del mercado y del sentido común. El exceso de controles con corrupción ha traído hambre y miseria. Pese a su fracaso, se mantiene con insistencia el error, porque un verdadero revolucionario es aquel que es dueño de la verdad ideológica —y que las más de las veces ni siquiera cumplió con el compromiso intelectual de una lectura rigurosa de Marx—, es decir, un estalinista no acepta que puede equivocarse y, mucho menos, tiene la humildad necesaria para rectificar frente a los desafíos de la realidad. Es conveniente destacar que Bolivia, Ecuador y Nicaragua, supuestos aliados del “socialismo del siglo XXI”, se guían por el mercado y las libertades económicas, pese a la retórica “socialista”.

Las políticas socialistas de controles y sanciones lo que generan es atraso y miseria, pero las mantienen por razones “políticas” perversas. Aquí cabe recordar aquella lapidaria proclama revolucionaria: “Si quitamos el control de cambio nos tumban, el control de cambio aquí es una medida política no una medida económica”. Se hace lo contrario a lo que impulsó Ludwig Erhard, luego de la II Guerra Mundial, y que fue conocido como el “milagro alemán”, que es el reverso del “milagro” ocurrido en Venezuela: empobrecer a un país petrolero. Se podría argumentar que fue el plan Marshall el verdadero padre de ese milagro, pero este se apoyó en la economía social de mercado impulsada por Erhard.

Todo el cuadro de controles e imposiciones socialistas contradice el artículo 3 de la Constitución, el cual señala que uno de los fines del Estado es “la promoción de la prosperidad y bienestar humano”. No se cumple con este claro mandato, pues se aplican políticas económicas basadas en banderas y eslóganes ideológicos que ni Rusia ni China aplican.

El Derecho y los instrumentos jurídicos deben entenderse, como lo enseña Posner, como una herramienta que contribuya a “maximizar la riqueza de la sociedad” y no a empobrecerla. Quebrar a un país petrolero por la aplicación de recetas ideológicas demuestra, una vez más, que el comunismo es sinónimo de fracaso. Para superar el descalabro hay que cambiar el modelo económico en democracia y libertad.

Los rostros del diálogo; por Ramón Escovar León

En las memorias de Edward Kennedy, True Compass, el legendario senador por el Estado de Massachusetts narra su vida con sus fracasos y aciertos. Entre los errores destaca el accidente de Chappaquiddick, en el cual murió su secretaria Mary Jo Kopechne. Este fue un hecho que marcó su vida, por el que fue cuestionado al haber tardado

Por Ramón Escovar León | 2 de septiembre, 2017
Fotografía de Barbara Alper/Getty Images

Fotografía de Barbara Alper/Getty Images

En las memorias de Edward Kennedy, True Compass, el legendario senador por el Estado de Massachusetts narra su vida con sus fracasos y aciertos. Entre los errores destaca el accidente de Chappaquiddick, en el cual murió su secretaria Mary Jo Kopechne. Este fue un hecho que marcó su vida, por el que fue cuestionado al haber tardado en reportar lo ocurrido. En palabras del autor sobre el lamentable incidente: “Me persigue cada día de mi vida”. Sin embargo, aceptó su responsabilidad. Reconocer los errores cometidos es el signo distintivo de los políticos que escriben la historia.

Edward Kennedy era conocido por ser un político de palabra. Un simple apretón de manos bastaba para sellar complejos acuerdos políticos, gracias a la credibilidad que gozaba. Era impensable que asumiera un compromiso y luego lo incumpliera. “El Senador” —en mayúscula—, como también se le conocía, fue el mentor e impulsor de la exitosa candidatura de Barack Obama. Se destacó igualmente por ser uno de los oradores más deslumbrantes del Senado norteamericano.

Las condiciones del legendario Senador (sobre todo el sentido de compromiso con la palabra empeñada) son las que se necesitan en Venezuela. Se requiere, en primer lugar, de un diálogo entre gobierno y oposición para cruzar puntos de vista; y una negociación posterior para concretar acuerdos que permitan salir de esta crisis. Esta última es la más importante y delicada. Hay varias razones que, en mi opinión, justifican iniciar este proceso.

En primer lugar, la situación impuesta por el régimen populista a través de su Asamblea Nacional Constituyente no podrá sostenerse sino a punta de bayonetas y de represión judicial. Los presos de conciencia, la violación de derechos humanos y los fracasos de las políticas económicas han generado un aislamiento del gobierno que cada vez le hace más difícil la gobernabilidad y la convivencia. El desconocimiento internacional de la Constituyente dificultará la ejecución de sus decisiones en el mundo global. Además de esto, el gobierno revolucionario no ha dado muestras concretas de tener interés en negociar, salvo declaraciones ambiguas que exponen a la audiencia universal para ganar tiempo.

En realidad, al celebrar la tan cuestionada Asamblea Constituyente que, como se sabe, implica el desconocimiento de facto de la Asamblea Nacional (AN), el gobierno enfrenta un costo político que no puede soslayarse. Para evitar este costo, alegan que no han disuelto la AN pese a que le arrebataron sus funciones legislativas, pues saben que disolver un Parlamento electo democráticamente es sinónimo de golpe de Estado. Se sabe que el régimen lo que desea es imponer el modelo comunista “como sea” a todo un país que lo rechaza. Sin embargo, en este contexto al gobierno le conviene negociar con la oposición con la mira puesta en la solución de la crisis.

En segundo lugar, a la oposición también le conviene negociar una salida política —con objetivos claros y realizables— que permita resolver pacíficamente la confrontación. No se discute que la negociación es asunto difícil porque estamos ante un gobierno totalitario que no reconoce sus errores y que carece de credibilidad.

La libertad de expresión cada día está más acorralada, tal como lo demuestra el cierre de dos estaciones de radio la semana pasada. En este sentido, la anunciada “Ley contra el odio”, paradójicamente propuesta por quienes han hecho del odio su principal bandera, será un instrumento dictatorial para perseguir a quienes expresen opiniones que no sean del agrado de los miembros de la nomenklatura: es una ley destinada a los opositores y no a los camaradas revolucionarios, por muy amenazante y agresivo que sea su discurso.

En tercer lugar, las dos partes involucradas no podrán alcanzar sus objetivos con las estrategias hasta ahora desarrolladas. El gobierno tiene sus bayonetas, pero el aislamiento internacional y la constante pérdida de apoyo popular, lo debilitan día tras día. No se ve otra opción que la negociación y la colaboración en la solución de la crisis que afecta a todos. La violencia tiene que ser descartada porque Venezuela merece un mejor destino. Así lo creo.

Tanto el gobierno como la oposición tienen obstáculos internos. El chavismo está dividido, con un ala moderada y otra radical integrada por marxismos trasnochados que añoran el castrismo. Esta posición está estimulada por el resentimiento y el revanchismo de una casta que ha perdido el apoyo popular que heredó del fundador del movimiento populista. Los integrantes de este grupo no admiten la posibilidad de estar equivocados porque se sienten ungidos por una especie de fantasmas como los personajes de Pedro Páramo, la gran novela de Juan Rulfo. Al considerar que son dueños de la verdad y que no pueden equivocarse, no cederán espacios. Aquí es donde se hace necesaria una negociación bien asistida, con personalidades relevantes.

La oposición también tiene sus radicales que desahogan sus rabias en el mundo virtual de las redes sociales. Hacen propuestas, pero no acompañan sus opiniones con un método para implementarlas. Los dirigentes políticos no pueden diseñar sus estrategias para complacer a las gradas del Twitter.

En este cuadro, sin embargo, la posición del gobierno —en apariencia más fuerte— es en realidad más débil. En efecto, un sector de peso de la comunidad internacional representada, entre otros, por Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos y México rechazan la Constituyente, la califican de fraudulenta y desconocen todos sus actos. Esto produce una situación inédita con efectos en el mundo judicial global. En este aislamiento internacional, la “revolución” solo cuenta con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Irán, Bolivia, Nicaragua (acaba de perder el apoyo de Ecuador) y otros pocos países del Caribe con evidentes intereses petroleros. La situación internacional del gobierno no es fuerte.

Por todo lo anterior hay que poner sobre la mesa una agenda de ruta de la negociación y fijar un tiempo estimado para lograr los resultados. No pude ser un proceso indefinido. Entre los temas a resolver están: la amnistía general y la libertad de todos los presos políticos; nombramiento de nuevo Consejo Nacional Electoral; calendario electoral que incluya las presidenciales en el primer semestre de 2018, sin inhabilitaciones; elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; conformación de una verdadera Comisión de la Verdad; perdón a quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad y diseño de una justicia transicional que funcione con imparcialidad. Esta podría ser la ristra para discutir, pero lo importante es la voluntad de negociar y hacer recíprocas concesiones, sin que una parte aplaste a la otra, con humildad y sentido de compromiso con Venezuela.

Ante el cuadro descrito, además de la buena voluntad de la oposición, se requiere que el gobierno ofrezca garantías sólidas de que está dispuesto a negociar y que cumplirá lo que se acuerde. Pero lo determinante para el éxito del acuerdo político, como lo demostró Edward Kennedy, es la credibilidad. Y este es el lado débil que ofrece el gobierno. Pese a las dificultadas, vale la pena intentarlo porque la búsqueda de la paz exige correr riesgos y vencer obstáculos.

Un mes de actuaciones de la ANC: siete conclusiones; por Carlos García Soto

Desde su misma instalación el 4 de agosto de 2017, y durante su primer mes de funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha dictado actos que han ido desde la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta la reprogramación del proceso electoral de gobernadores, pasando por la creación de una

Por Carlos García S. | 1 de septiembre, 2017
Fotografía de Miguel Gutiérrez para EFE

Fotografía de Miguel Gutiérrez para EFE

Desde su misma instalación el 4 de agosto de 2017, y durante su primer mes de funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha dictado actos que han ido desde la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta la reprogramación del proceso electoral de gobernadores, pasando por la creación de una Comisión de la Verdad.

El análisis de las decisiones dictadas por la inconstitucional y fraudulenta ANC debe partir de una consideración fundamental, para la correcta comprensión constitucional del tema: la ANC fue convocada de forma contraria a la letra del artículo 347 de la Constitución, que expresamente señala al pueblo como quien convoca a un proceso constituyente. Además, las “bases comiciales” a través de las cuales se reguló la elección de los miembros de la ANC también eran inconstitucionales, al violar, entre otros,  los artículos 62, 63, 64 y 67 de la Constitución. Más aún, el mismo proceso de “elección de los constituyentes”, fue denunciado por la opinión pública nacional e internacional como abiertamente fraudulento.

Por esto, todo acto que dicte la ANC debe ser juzgado a la luz de ese criterio: la convocatoria a la ANC y la elección de sus miembros se realizaron al margen de la Constitución vigente en Venezuela, que es la Constitución de 1999. El contexto institucional de Venezuela es tan arbitrario e impredecible, que se hace necesario reiterar una afirmación que parecería obvia: la Constitución vigente en Venezuela es la Constitución de 1999.

De las decisiones tomadas por la ANC se derivan las conclusiones que siguen, las cuales intentan resumir los aspectos más importantes a tener en cuenta de ahora en adelante. Como se verá de los distintos temas a los que se dedicó la ANC en apenas su primer mes, hay razones de sobra para preocuparse por la dinámica institucional futura del país.

1. La ANC no ha comenzado la única tarea que le correspondería
conforme a la Constitución de 1999: redactar una Constitución

Para el momento en el cual se escriben estas líneas, la ANC no ha comenzado formalmente la única tarea para la cual se previó esa figura en la Constitución de 1999: la redacción de una nueva Constitución. Por el contrario, como se verá, se ha dedicado, básicamente, a dictar decisiones para intervenir sobre los otros Poderes Públicos.

2. La Comisión de la Verdad puede ser un instrumento para la persecución política

Una de las propuestas iniciales que se plantearon en la ANC fue la de la conformación de una “Comisión de la Verdad”.

La creación de esa Comisión sería la primera oportunidad en la que la ANC pretendiera hacer uso de la competencia legislativa, que le corresponde, salvo excepciones, en exclusiva, a la Asamblea Nacional. En efecto, la ANC pretendería usurpar la función legislativa dictando la Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario de 8 de agosto de 2017).

Del análisis de los objetivos de la Comisión, descritos en el artículo 3 de la “Ley Constitucional”, se deduce claramente que la Comisión pretende convertirse en un instrumento para la persecución política, dirigido a la investigación y sanción de actores políticos a los que se les pretenda imputar responsabilidades por hechos cometidos desde 1999 hasta el presente.

3. La ANC pretende que los otros Poderes Públicos se subordinen a ella

En varias de las primeras decisiones dictadas por la ANC, ésta pretendió sustentarlas en su supuesto “carácter originario”, que le permitiría, supuestamente, intervenir en la organización y actuación de los Poderes Públicos constituidos.

Esa interpretación sobre los poderes de la ANC tiene su origen en el “carácter originario” que también se autoatribuyó a sí misma la ANC de 1999, a partir de las confusas interpretaciones que en su momento realizara la entonces Corte Suprema de Justicia.

Luego, al convocarse fraudulentamente esta ANC de 2017, y al fijarse sus bases comiciales, también se le atribuyó un supuesto “carácter originario”.

Una de las manifestaciones de ese supuesto carácter es, precisamente, la pretendida facultad de la ANC de intervenir en la organización y actuación de los Poderes Públicos constituidos.

La concreción de esa fraudulenta concepción acerca del alcance de la ANC será realizada a través del Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario de 08 de agosto de 2017).

En el artículo 5 de ese “Decreto Constituyente” se señala:

“QUINTO. Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea dirigidos a los fines de preservación de la paz y tranquilidad pública, soberanía e independencia nacional, estabilidad del sistema socioeconómico y financiero, y garantía efectiva de los derechos de todo el pueblo venezolano”.

4. La ANC pretende que sus actos no se sujeten a la Constitución de 1999

Otra de las manifestaciones de ese supuesto “carácter originario” es que los actos que dicte la ANC no se sujetan a la Constitución de 1999, porque estos sólo mantendrán su vigencia en tanto no sean contrarios a las decisiones tomadas por la ANC.

Sobre la base de ese supuesto “carácter originario” de la ANC, se encuentra también la errada concepción según la cual el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra subordinado a las decisiones que dicte la ANC.

En efecto, el Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos, por otra parte, expresamente establece que se mantiene la vigencia de la Constitución de 1999 y del resto del ordenamiento jurídico en tanto no contraríen los actos dictados por la ANC. Señala su artículo 4:

“CUARTO. Los actos normativos y decisiones que sobre esta materia dicte la Asamblea Nacional Constituyente, se regirán por los principios de legalidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, publicidad y participación ciudadana, y a la vez, la Constitución de 1999 y el resto del ordenamiento jurídico vigente, mantendrán su vigencia en todo aquello que no colide o sea contradictorio con dichos actos, ninguno de los cuales pondrán ir en contra de la progresividad de los derechos, ni de los logros alcanzados por el pueblo venezolano en materia social”.

5. La ANC ha usurpado la función política de la ANC,
por la cual le corresponde el nombramiento de algunos altos funciones del Estado

La primera decisión en ese sentido sería la remoción de la Fiscal General de la República, mediante el Decreto Constituyente de la Remoción de la ciudadana Luisa Marvelia Ortega Díaz como Fiscal General de la República (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 5 de agosto de 2017).

Pero la ANC no sólo removería de su cargo a la Fiscal General de la República, sino que procedería a designar un nuevo Fiscal, mediante el Decreto Constituyente de la designación Provisional del cargo de Fiscal General de la República Tarek Wiilians Saab (Gaceta Oficial Nro. 6.322 extraordinario del 5 de agosto de 2017).

Pero, además de la remoción de la Fiscal y la designación de un Fiscal General provisorio, la ANC dictó un Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público (Gaceta Oficial Nro. 6.322 Extraordinario del 5 de agosto de 2017).

Además, la ANC ha dictado varios “Decretos” por los cuales ha “ratificado” a otras altas autoridades del Estado, como el presidente de la república, los rectores del CNE, los titulares del Poder Ciudadano e, incluso, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

6. La ANC ha usurpado la función legislativa de la ANC

Pero la ANC también ha usurpado la función legislativa de la ANC, por ejemplo, al dictar la Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Gaceta Oficial Nro. 6.323 extraordinario de 8 de agosto de 2017).

7. La ANC ha usurpado la función electoral del CNE

Además, la ANC ha usurpado la función electoral del CNE. En la sesión del 12 de agosto de 2017, se dictaría el Decreto Constituyente mediante el cual se reprograma para el mes de octubre del 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales (Gaceta Oficial Nro. 6.327 extraordinario del 12 de agosto de 2017), si bien la organización de procesos electoral es una competencia exclusiva del CNE.

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Sobre la Ley Contra el Odio; por Jesús Alejandro Loreto C.

¿Por qué escasea el efectivo en Venezuela?; por Frank Muci

Aunque el gobierno insista en la existencia de “mafias de billete” y en “sabotaje económico”, el Banco Central de Venezuela (BCV) es el único responsable de la escasez de billetes. Así lo demuestran las cifras que publica la propia institución. Si bien es cierto que el BCV ha inundado la economía con nuevos billetes en

Por Frank Muci | 24 de agosto, 2017
CAR08. CARACAS (VENEZUELA), 16/01/2017.- Trabajadores de un banco manipulan billetes del nuevo cono monetario hoy 16 de enero de 2017, en Caracas (Venezuela). Los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares, tres de las seis piezas que conforman el nuevo cono monetario, comenzaron a circular hoy en Venezuela tal y como lo aseguró ayer el presidente, Nicolás Maduro, y un mes más tarde de lo previsto inicialmente debido a un "sabotaje internacional". EFE/Miguel Gutiérrez

Fotografía de Miguel Gutiérrez para EFE

Aunque el gobierno insista en la existencia de “mafias de billete” y en “sabotaje económico”, el Banco Central de Venezuela (BCV) es el único responsable de la escasez de billetes. Así lo demuestran las cifras que publica la propia institución.

Si bien es cierto que el BCV ha inundado la economía con nuevos billetes en los últimos años, no es menos cierto que la liquidez monetaria, los precios, y el tipo de cambio han crecido aún más rápidamente. En consecuencia, el valor real del efectivo en la economía ha colapsado tanto que simplemente no alcanza. Es un punto sutil: aunque el gobierno imprima billetes a un ritmo monumental, crea aún más dinero electrónico en el sistema bancario para financiar el gasto del gobierno y así diluye el valor del efectivo. Es por eso que la proporción de efectivo frente a la liquidez monetaria total ha caído del promedio histórico de 13% a 8%.

¿Cuáles fueron los errores de política monetaria que llevaron a la escasez de efectivo? ¿Por qué el BCV no ha podido seguirle el ritmo a la inflación y la liquidez monetaria si imprime tantos billetes? Por dos razones fundamentales.

En primer lugar, el BCV tardó demasiado en actualizar el cono monetario e imprimir billetes de mayor denominación. Con inflación anual de dos y tres dígitos, era imposible seguirle el ritmo a la inflación para siempre. Según podemos inferir de la data, el BCV debió haber introducido nuevos billetes hace al menos cinco años: en el 2012.

Para ese año, el cono monetario ya estaba desactualizado y el BCV se vio obligado a aumentar el número de billetes un 38% por venezolano —una cifra escandalosa— para satisfacer las necesidades de la economía.

El 2013 fue peor. Ese año, por no actualizar el cono monetario, el BCV tuvo que aumentar el número de billetes per cápita en 52% para satisfacer la demanda. Y así siguieron por tres años más. En 2014 los billetes per cápita aumentaron 24%, en 2015 lo hicieron en un 91% y un 45% en 2016.

El resultado de negar la realidad y posponer la inevitable actualización del cono monetario es que Venezuela hoy tiene 444 billetes per cápita cuando Colombia tiene apenas 55 y México 36. El gráfico demuestra el crecimiento absurdo de los billetes en la economía:

Actualizar el cono monetario tan tarde fue un error costosísimo, y es comprensible que la gente esté molesta. Hoy más que nunca hace falta efectivo con poder de compra. Hay cantidades de negocios (especialmente en el interior del país) que no tienen punto de venta y los que sí tienen no funcionan cuando se va la luz o se roban la fibra (los cables) que los conecta al sistema de pagos. Y para colmo, no hay dólares para importar puntos de venta nuevos ni para reemplazar los que se van dañando. El inconveniente es aún peor para los venezolanos que no tienen cuenta bancaria ni tarjetas de débito o crédito. Para esta población, que suele ser la más pobre, el efectivo es absolutamente esencial.

Pero el error no solo le costó caro a la gente sino al gobierno. Al posponer la actualización del cono monetario, el BCV gastó un dineral imprimiendo un mar de billetes sin valor. Si el BCV hubiese parado la impresión inútil de billetes y mantenido el número per cápita de diciembre de 2011, habrían unos 12000 millones de billetes menos en la economía (87% menos, o solo 13% del total actual). Si asumimos que cada billete costó 12.5 centavos de dólar (el costo promedio del billete más barato y más caro de la Reserva Federal de EEUU), no actualizar el cono monetario le costó al BCV unos 1500 millones de dólares.

Eso es quizás el 10% del total de todas las importaciones de la economía Venezolana este año: una barbaridad. La mala gestión del BCV no solo dejó a Venezuela sin efectivo, sino que la gracia le costó 1500 millones de dólares en importaciones a los venezolanos.

La segunda razón fundamental de la escasez de efectivo es que ningún cono monetario, actualizado o no, puede aguantar una inflación de 1000% de inflación o más. Cuando los precios se multiplican por diez o más en un año, el efectivo nominal en la economía tiende a aumentar en la misma proporción de modo que se mantenga la cantidad de efectivo real en la economía. Para lograr eso, el BCV tiene dos opciones: o introduce billetes de mayor denominación todos los años o gasta los dólares que no tiene imprimiendo más y más billetes sin valor.

Por ahora, el BCV está optando por lo segundo. No obstante, la realidad sigue en marcha y el billete de 20.000 bolívares que acaba de salir ya vale apenas $1.30 al tipo de cambio paralelo. O el BCV se le adelanta a la inflación y comienza a planificar para la introducción de billetes de 50.000, 100.000, 200.000 y 500.000 a la economía, o la escasez de efectivo se agudizará en un abrir y cerrar de ojos.

El gobierno culpa a “especuladores” y “mafias” de la escasez de efectivo, alegando que venden efectivo por hasta 35% más de su valor facial. Esta lógica no tiene sentido. Si de verdad hay gente revendiendo efectivo con una prima, es una consecuencia de la escasez de efectivo, no la causa.

Después de tantos años con controles de cambio y precio, deberíamos saber que cuando las cosas escasean su precio sube y aparecen oportunidades de negocio. El dinero físico no es una excepción. Que el gobierno voltee la causalidad y diga que supuestos revendedores de efectivo son la causa de la escasez y no una consecuencia es parte de la misma desinformación y propaganda a que nos tienen acostumbrados.

Como tantos otros errores en la gestión de la economía, la escasez de efectivo afecta desproporcionadamente a los más vulnerables de la sociedad: a los más pobres, a quienes no tienen cuenta bancaria y dependen del dinero físico. Sin suficiente efectivo, estos ciudadanos tienen que ingeniárselas o remitirse al trueque: una práctica costosa e ineficiente que no tiene razón de ser.

Que falte el efectivo es un dolor de cabeza innecesario para una Venezuela que ya está sufriendo la peor crisis económica y social de su historia.

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Convencemos pero no vencemos; por Gisela Kozak Rovero

I Oír a Ramón Muchacho, alcalde depuesto del Municipio Chacao en el exilio, declarar a la cadena televisiva CNN que hoy es imposible una salida democrática en Venezuela no hace más que subrayar lo que firmes partidarios de la unidad opositora, como quien esto escribe, hemos observado con alarma desde que ganamos las elecciones parlamentarias

Por Gisela Kozak Rovero | 24 de agosto, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

I

Oír a Ramón Muchacho, alcalde depuesto del Municipio Chacao en el exilio, declarar a la cadena televisiva CNN que hoy es imposible una salida democrática en Venezuela no hace más que subrayar lo que firmes partidarios de la unidad opositora, como quien esto escribe, hemos observado con alarma desde que ganamos las elecciones parlamentarias del 2015. Aunque alcanzamos la mayoría de las diputaciones no pudimos defender tal mayoría ni convertirla en poder efectivo en la ruta para sacar por los votos al gobierno que hoy en día compite con los más tiránicos del planeta. La MUD, siendo poco más que una plataforma electoral, convenció al mundo de la naturaleza no democrática del régimen porque se mantuvo en la ruta electoral, movilizó a millones de personas en la búsqueda de la salida menos traumática posible y logró arrebatarle votos al chavismo. Se trata de una obra titánica, pero lamentablemente no ha logrado ese milagro político que es convertir las condiciones actuales, tan desfavorables a la tiranía desde una perspectiva racional, en la oportunidad propicia para hacerse con el poder: la MUD convence pero no vence. Quienes están fuera de la MUD, como ahora VENTE, el partido de María Corina Machado, tampoco. No tienen la fuerza para hacerlo.

II

¿Por qué no logramos vencer?, nos preguntamos los opositores de a pie. ¿Será que el diagnóstico de la enfermedad no encuentra el remedio adecuado? María Corina Machado, muy denostada en estos momentos, hace el diagnóstico correcto aunque hasta hora no ofrece el remedio capaz de articular las voluntades opositoras: en Venezuela se ha conformado un régimen totalitario, una secta alimentada de narcotráfico, petróleo y corrupción que jura estar dispuesta a salvar a la patria de las garras del imperialismo, al pueblo de los desmanes de la burguesía y a la oposición de sí misma a través de su reducción a mera comparsa del régimen. Este lenguaje dramático y ampuloso es propio de estas sectas persuadidas de su papel redentor en el mundo: son fanáticos sedientos de poder que no paran de trabajar y maquinar en ningún momento. Se parecen a los matones del ejército islámico, capaces de los peores crímenes pero rebosantes de intenciones megalómanas que involucran el destino mismo de la humanidad. La perdurabilidad de semejante proyecto podría ser puesta seriamente en duda por las circunstancias internacionales, la crisis económica y las divisiones dentro del oficialismo, pero ciertamente hay tiranías que han continuado largo tiempo en situaciones muy adversas, sobre todo si Rusia y China están detrás.

III

Analistas reconocidos como Américo Martín, Ángel Oropeza, Elías Pino, Fernando Mires y Colette Capriles insisten en que quienes tenemos dudas sobre continuar en la lucha electoral no entendemos que es el único camino posible dada la naturaleza misma de la MUD, una coalición democrática y desarmada cuyas mayores virtudes residen en definirse de este modo, sobre todo de cara al mundo. Las noticias de los periódicos internacionales sobre Venezuela subrayan, en cambio, que el régimen se consolida en su vocación tiránica. Poco se gana con señalar severamente como divisionistas y servidores inconscientes del chavismo a quienes pensamos que poner esperanzas en elecciones, después de lo ocurrido con la Asamblea Nacional, es equivalente a abrir una tienda todos los días en la que nadie compra: no perdamos la disciplina para que la vida tenga sentido. Puede que la oposición se empeñe en asistir a las elecciones regionales a falta de algo mejor que hacer —la resistencia clandestina requiere un esfuerzo, dinero y tiempo que no puede medirse con facilidad—, pero me imagino que nuestros aliados internacionales no deben entender muy bien lo que ocurre. Es evidente que la correlación de poder actual en el país no sufrirá modificaciones por unas elecciones que el gobierno no perderá porque hará lo mismo que hizo con el referéndum revocatorio y la Asamblea Nacional: evitar la victoria o desconocerla. El razonamiento de que así se moviliza a la gente y se anima al desanimado contempla a las personas como extras de televisión o de cine: se les convoca para cumplir con una ficción de ejercicio democrático que no servirá para darle un vuelco a la situación. Repito, hasta el 2015 fui firme partidaria de luchar por ganar las elecciones, pero al ganarlas y no poder defenderlas era evidente que tal forma de lucha ya no tiene sentido.

IV

Es necesario poner en cuestión los tantos lugares comunes que gente por demás respetable e inteligente han puesto a circular en el mundo político nacional. Es mentira que todas los gobiernos autoritarios salen con votos: unos cuantos han salido a tiros como fue el caso de Pol Pot en Camboya, Hitler en Alemania, Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba; Pinochet salió porque el alto mando militar chileno no lo respaldó en su intento de desconocer la voluntad popular, en cambio Maduro no ha caído porque para las Fuerzas Armadas el clamor ciudadano no tiene ninguna importancia; Ceaucescu en Rumania fue ajusticiado; Noriega en Panamá salió de la presidencia por una invasión norteamericana, solución que no tiene respaldo en la región ni en la MUD tanto por pruritos sobre la soberanía nacional como por el temor, justificado, de una Siria en Suramérica. En cuanto a los ejemplos de Sudáfrica, Polonia y la Unión Soviética, en Venezuela no existen líderes oficialistas en el pináculo del poder que propicien la transición como fueron Jaruzelski, De Klerk y Gorbachov, respectivamente. Aunque la división en el seno del oficialismo es evidente, no alcanza todavía a posiciones clave que puedan inclinar la balanza a favor de la transición democrática. Por último, la MUD no ha podido paralizar la administración pública, los servicios y las empresas básicas como sí logró hacerlo el sindicato Solidaridad en Polonia; de hecho la rebelión popular del primer semestre de este año se agotó en medio de la represión y el sinsentido de seguir participando en protestas que aunque hundieron al gobierno internacionalmente no evitaron la paralización de la Asamblea Nacional Tiránica.

V

La MUD corre el peligro de volverse inocua, pero puede eludirlo si sabe aprovechar dos de sus fortalezas: el apoyo popular y el justo temor de las democracias de la región de darle alas a los totalitarios de sus propios países. Es la hora de los líderes con visión histórica, no de las recetas de autoayuda de los bienintencionados, de los analistas que juraron por su madre que habría referéndum revocatorio y de los políticos que tratan de justificarse en victorias que no significan poder real. Si bien la unidad opositora es indispensable, la misma no puede reducirse a la MUD y a la estrategia electoral; si hubiese militares, civiles y políticos de la MUD con una misma hoja de ruta alternativa a unas elecciones que no significan el poder tal vez valdría la pena planteárselo. En lugar de regalar esperanza toca insuflar valentía, la cual no está por cierto asociada a ese derroche de testosterona que es Oscar Pérez, el ex-CICPC amante del cine, ni tampoco a esos militares con lenguaje evangélico que se creen la mano de dios y no hacen alianzas con políticos. Las escaramuzas de los militares imbuidos de un patriotismo bobo es una de las tantas miasmas del pantano ideológico del chavismo.

La valentía es contradecir y lanzarse al abismo cuando es necesario; es tener también cabeza fría y cálculo político e intelectual, el arma que nos queda cuando no sabemos qué camino tomar para salir de nuestra tragedia lo más pronto posible. Solo una muy fuerte presión externa hará ceder al gobierno por medio de sanciones que le impidan los apoyos económicos y militares que necesita; solos no podemos lograr que la oligarquía roja negocie su salida del poder y una transición democrática. Tristemente, el destino de Venezuela no depende solo de su gente, pero no por cuenta del imperialismo yankee, como piensan la izquierda ciega o la izquierda autoritaria que todavía cree en el madurismo, sino por culpa de una tiranía que pretende convertirnos en espectros de ciudadanos.

Las batallas de la MUD; por Ramón Escovar León

“Sentí como si estuviera caminando con el destino y como si toda mi vida pasada no hubiera sido más que una preparación para este momento y para este desafío”, fueron las palabras de Winston Churchill al momento de iniciar su gestión como primer ministro de Inglaterra y asumir el liderazgo en la lucha contra la

Por Ramón Escovar León | 22 de agosto, 2017
Fotografía de EFE

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“Sentí como si estuviera caminando con el destino y como si toda mi vida pasada no hubiera sido más que una preparación para este momento y para este desafío”, fueron las palabras de Winston Churchill al momento de iniciar su gestión como primer ministro de Inglaterra y asumir el liderazgo en la lucha contra la amenaza nazi en mayo de 1940.

Roy Jenkins destaca en la biografía de Churchill los errores cometidos por el gran estadista en su carrera política y militar previa a la Segunda Guerra Mundial. Fue la sabiduría alcanzada gracias a esa cadena de fracasos lo que permitió al estadista inglés advertir el peligro nazi. Con sus discursos y programas de radio inspiró a un continente a luchar contra un totalitarismo perverso. De esta manera, el hombre que había acumulado numerosas derrotas políticas y bélicas recibió del destino la oportunidad de dirigir la lucha heroica por la libertad y por la democracia. Churchill colocó sus desaciertos en contexto para aprender de ellos y puso su entusiasmo, valentía, inteligencia y visión de largo alcance al servicio de los objetivos trazados. Lo que vino luego fue el triunfo más importante de la libertad en el siglo XX: la derrota del nazismo.

Luego, en su discurso del 13 de mayo de 1940, el legendario estadista proclamó: “Venid, pues, y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas”, invocando así la necesaria unidad de su pueblo en el enorme esfuerzo que se aproximaba. Para este logro solo podía ofrecer “sangre, sudor y lágrimas”, es decir, una lucha que requería de sacrificios y esfuerzos directamente proporcionales al tamaño de la amenaza que gravitaba contra la libertad de Europa y el mundo.

Más adelante, el 18 de junio de 1940, Churchill afirmó:

“Si podemos hacerle frente [a Hitler], toda Europa podrá ser libre y la vida en el mundo progresará por nuevos y soleados caminos”.

En otras palabras: en la lucha contra el totalitarismo es fundamental el acuerdo de los demócratas. El triunfo del Reino Unido y de los aliados solo fue posible gracias a la unidad y a las alianzas estratégicas.

A pesar de las diferencias de criterio que puedan existir entre sus miembros, la lucha de la oposición democrática debe ser guiada por un profundo sentido de unidad, similar al destacado por el gran líder británico. En la “unidad está la fuerza”, dice el lugar común, el cual no pierde valor por el hecho de serlo. No en balde, Jorge Luis Borges decía:

“Las únicas metáforas buenas son los lugares comunes. Porque los lugares comunes corresponden a verdaderas afinidades entre las cosas, mientras que las metáforas se inventan, no corresponden a afinidades reales, son arbitrarias”.

El sentido de unidad, a pesar de las profundas diferencias con Stalin, motivó a Churchill a solicitar apoyo militar para el ejército soviético durante invasión nazi de junio 1941. Al ser cuestionado por la aparente contradicción entre su solicitud y la severa posición crítica al régimen comunista mantenida por varios años, el estadista respondió: “Si Hitler invadiera el reino del infierno, yo al menos haría una referencia favorable al diablo en la cámara de los comunes”.

La revolución bolivariana no ha triunfado. Lo que ha hecho es imponer, con el apoyo militar y judicial, su agenda totalitaria incompatible con la región latinoamericana. Esto ha producido una alerta en la comunidad internacional que hoy, gracias a las evidencias sólidas, apunta al gobierno como violador de derechos humanos. El efecto de sus actos dictatoriales, ha sido un severo aislamiento en el contexto internacional. Sus “logros” políticos no son consecuencia de los instrumentos que ofrece la democracia, sino de las ventajas que se arrogan los sistemas populistas-militaristas-revolucionarios para imponer sus decisiones.

La imposición por la fuerza de las armas —y bajo amenaza de juicios militares— de una Constituyente antidemocrática ha generado una reacción dentro de la oposición que ha llevado a endilgarle responsabilidades a la MUD y a la Asamblea Nacional (AN); situación que merece reflexión para ponderar los errores cometidos, destacar los aciertos e impulsar la lucha política democrática bajo el manto de la unidad con decisión.

Las protestas desarrolladas en los últimos meses demostraron la voluntad de lucha y la capacidad de sacrificio de los venezolanos. Esa energía queda ahí, como registro de la historia que bien podrá ser actualizada. Desde luego que la represión tiene una enorme ventaja para las dictaduras militaristas —seguros perdedores de las batallas democráticas—, pues les permite someter físicamente esa expresión de libertad que es la protesta pacífica. Pero imponer una agenda política con estos instrumentos represivos, lejos de haber fortalecido al gobierno, lo ha debilitado y expuesto al escrutinio internacional. Esto ha ido agudizando la opinión global sobre el hecho de que en Venezuela se vive una situación inaceptable en la noción de democracia que hoy define aspectos vitales en América Latina y el mundo.

A pesar del escenario actual, la oposición necesita una reflexión sincera para inventariar los errores. Uno de ellos es la oferta de opciones políticas irrealizables y fuera del campo de la realidad, como incluir la tercera pregunta de la consulta popular, inspirada en la ficción de que la AN podía nombrar un gobierno paralelo. No solo se desvió el objetivo de la pregunta inicial, sino que se creó la ilusión de que se podía cambiar el gobierno a través de la consulta. Esto, puesto en contexto, no es realizable. Y quienes defienden esta opción se limitan a proponerla sin acompañarla con los modos para ejecutarla. Las propuestas son aún más radicales si se hacen por medio del inmediatismo o la virtualidad de las redes sociales.

En vista de las distintas maneras que existen en la oposición para ver el detalle de la lucha política, el gobierno apeló a la técnica de divide y vencerás, concebida por el emperador y dictador romano Julio César para sabotear la unidad de un contrincante más numeroso y evitar así que obtenga sus objetivos. En esta estratagema la dictadura cubana ha sido muy hábil y exitosa. Ahora los venezolanos estamos viviendo lo que esto significa. La difusión de rumores ha logrado sembrar dudas sobre las conductas desplegadas por varios dirigentes de la oposición democrática, quienes, con gallardía dirigieron las protestas, aun a riesgo de sus vidas.

Los conflictos en la MUD no han sido difíciles, en vista de la variopinta integración de la oposición. Hay socialdemócratas, socialcristianos, socialistas moderados —y menos moderados—, conservadores, neoliberales, keynesianos, monetaristas y demás variedades de posiciones que uno pueda imaginar dentro del pensamiento político y económico. Pese a que la conciliación es tarea compleja, es de desear que por medio de un proceso de reflexión se llegue a una unidad de estrategia para poder enfrentar con seriedad la amenaza a la libertad que los venezolanos tenemos por delante. En este sentido, las encuestas confiables pueden ser instrumento de ayuda.

La MUD debe librar dos batallas políticas: una contra la dictadura y la otra, aún más difícil, contra los impulsos divisionistas de algunos sectores que deberían convivir con amplitud de mira en su seno. La única salida que tiene la democracia venezolana es que se depongan posiciones intolerantes y se busque sumar esfuerzos para enfrentar la amenaza más grave que ha caído sobre nuestra república: el espectro del comunismo más primitivo que el modelo soviético, ya en el siglo XXI. Para hacerlo es necesario una buena dosis de humildad y estar en capacidad de aceptar que la “realidad es mejor que los sueños”, como lo dijo Winston Churchill al asumir el cargo de primer ministro inglés al inicio de la Segunda Guerra Mundial. No hacerlo es entregarle en bandeja de plata el triunfo a la dictadura.

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