Perspectivas

¿Qué hay detrás del antejuicio a la Fiscal?; por Juan Manuel Raffalli

Luego de su cruzada legal la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ahora deberá enfrentar un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a raíz de la solicitud presentada por el diputado Pedro Carreño basada en que la Fiscal ha cometido faltas graves en el ejercicio de

Por Juan Manuel Raffalli | 21 de junio, 2017
Fotografía del Ministerio Público

Fotografía del Ministerio Público

Luego de su cruzada legal la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ahora deberá enfrentar un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a raíz de la solicitud presentada por el diputado Pedro Carreño basada en que la Fiscal ha cometido faltas graves en el ejercicio de su cargo, incluyendo una supuesta atestación falsa con motivo de las firmas de las Actas del Poder Ciudadano. La Sala Plena acaba de admitir la solicitud y por ello es oportuno y necesario referirse al tema que de suyo es complicado.

1. Antejuicio de mérito o remoción del cargo

Comencemos por aclarar que una cosa es determinar si hay méritos para enjuiciar o no a un alto funcionario por la comisión de un delito y otra muy distinta es resolver si se han dado causales que ameriten la remoción del funcionarios.

En el caso de la Fiscal, la solicitud de Carreño pareciera encaminada al segundo propósito, es decir, que la Plena del TSJ resuelva que la Fiscal ha faltado gravemente a sus funciones. Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano según el cual todos los integrantes el Consejo Moral Republicano, es decir, la Fiscal, el Defensor del Pueblo y el Contralor, pueden ser removidos de sus cargos “previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de justicia”, en una serie de supuestos dentro de los cuales figuran, entre otros, la insania mental y mucho más genéricamente el incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes así como la ejecución de actos públicos que atenten contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan.

Lo anterior supone que, muy posiblemente, la intención de esta solicitud de pronunciamiento a la Sala Plena del TSJ tenga por objeto calificar una causal para que la Fiscal pueda ser removida de su cargo. Pero incluso en este supuesto, lo más apegado a la Constitución sería considerar que el legitimado para solicitar el pronunciamiento de la Sala Plena es la directiva de la Asamblea Nacional —luego de un debate sobre la necesidad y pertinencia de plantear la solicitud ante el máximo tribunal— y no un diputado de forma individual.

Si se tratara de un antejuicio por la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 377 del Código Orgánico Procesal y 116 dela Ley Orgánica del Tribunal Supremo, la solicitud de antejuicio (querella) ha debido provenir del propio Ministerio Público por órgano de un Fiscal distinto a la Fiscal General y no por iniciativa de un ciudadano común o un Diputado.

2. ¿Qué decidió la Sala Plena?

Según la nota de prensa emitida por el TSJ, la Sala Plena admitió la solicitud de antejuicio. Esto quiere decir que iniciará el proceso y luego resolverá si hay méritos o no para enjuiciar a la Fiscal o habilitar su remoción, que pareciera ser la verdadera intención de todo este tinglado judicial. Precisamente por lo anterior, entendemos que esta decisión implica iniciar un procedimiento en el que, antes de que la Sala Plena tome cualquier decisión sobre el fondo del asunto, la Fiscal puede ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución.

Otro aspecto importante es lo que la Sala Plena no decidió. Concretamente dicha Sala no se pronunció, al menos por ahora, sobre la solicitud de medidas cautelares formuladas por el accionante Pedro Carreño, entre las cuales entendemos que figuran algunas muy grave como la congelación de bienes, la prohibición de salida del país y nada menos que la separación temporal del cargo. Esta ausencia de pronunciamiento supone que, al momento de analizar si la solicitud de Carreño era admisible, la Sala estimó que no era oportuno o no se han dado aún los supuestos de procedencia de las medios cautelares.

3. El procedimiento

Con miras a preservar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, la Sala Plena acordó notificar a al solicitante del antejuicio y a la Fiscal para que concurran a una audiencia en la que expondrán sus argumentos. Si se sigue el procedimiento previsto especialmente para los Antejuicios de Mérito en la Ley Orgánica del TSJ, esa audiencia debería ser pública y tendría lugar dentro de los 30 días siguientes de la notificación, esto es en cualquier momento dentro de esos 30 días. La audiencia admite réplica y contrarréplica y ambas partes deben tener el mismo tiempo para hablar. Lo curioso es que este procedimiento pareciera estar concebido para el antejuicio por presuntos delitos y no para el pronunciamiento sobre casuales de destitución del cargo.

En todo caso, concluida la audiencia, comenzarían las deliberaciones sobre el fondo del asunto y dentro de los 30 días siguientes las Sala Plena deberá pronunciarse.

4. Las posibles decisiones

Si se trata de un antejuicio por la comisión de algún delito, lo cual no pareciera ser el caso pues no existe una querella por parte del Ministerio Público, la Sala Plena deberá resolver si no hay méritos para proseguir el enjuiciamiento de la Fiscal y ordenar el archivo del expediente; o si por el contrario sí hay méritos para proseguir el enjuiciamiento. En este último supuesto, si se trata de delitos comunes, debería enviarse la decisión al Ministerio Público para que inicie las averiguaciones sobre el fondo y determine si hay indicios suficientes para que se dé la acusación ante un juez penal siguiendo las normas del juicio penal ordinario previstas en el Código Orgánico Procesal Penal; si se trata de delitos “políticos” sería la propia Sala la que proceda al enjuiciamiento, pero con base en el mismo procedimiento penal ordinario.

Ahora bien, si se trata de un pronunciamiento sobre la procedencia de una o varias de las causales previstas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para destituir a la Fiscal, la decisión debe ser remitida a la Asamblea Nacional para que sea ésta la que resuelva si la destituye o no. Es acá donde se ven las costuras a esta tramoya pues, llegado este punto, la Sala Constitucional con base en el falaz e inaceptable desacato, posiblemente argumente que la Asamblea Nacional no puede destituir a la Fiscal y lo haga directamente esa Sala o incluso vaya más lejos cuando termine de usurpar las funciones exclusivas del Poder Legislativo y designe a una nueva Fiscal. Se verá entonces si la Fiscal General acepta esa situación o se declara en rebeldía al amparo del artículo 350 de la Constitución.

5. La erosión institucional continuada

Toda esta situación no hace sino profundizar aún más la crisis política e institucional que vive el país. Es inexplicable que el Presidente de la República pretenda llevar al país obligado a un proceso constituyente fraudulento y que además, apoyado en un complaciente poder judicial pretenda designar un nuevo Fiscal General de la República usurpando funciones de la Asamblea Nacional.

Definitivamente hay un claro y abierto desconocimiento de la Constitución con relación a las normas que organizan al Estado y rigen el funcionamiento de los poderes públicos. La usurpación de funciones y el desconocimiento son las marcas más visibles que traen como consecuencia que el Estado no logre alcanzar sus fines esenciales previstos en el artículo 3 constitucional, como son la dignidad, los derechos humanos, la democracia, la prosperidad y el bienestar del pueblo. Urge entonces un gran acuerdo nacional para un gobierno de transición y unas elecciones limpias y justas.

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¿Cuál es el origen histórico del artículo 350 de la Constitución?; por Carlos García Soto

En rueda de prensa del 20 de junio de 2017, la Mesa de la Unidad Democrática invocó el célebre artículo 350 de la Constitución que refiere: “Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores,

Por Carlos García S. | 21 de junio, 2017
Retrato de Pablo Wenceslao Hernández

Retrato de Pablo Wenceslao Hernández

En rueda de prensa del 20 de junio de 2017, la Mesa de la Unidad Democrática invocó el célebre artículo 350 de la Constitución que refiere:

“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

¿Cuál es el origen histórico de esta polémica norma?

El derecho de resistencia en el pensamiento occidental

El derecho de resistencia ha sido objeto de reflexiones en distintos momentos de la historia del pensamiento político y jurídico universal como uno de los temas principales de discusión teórica. Se trata de uno de los tópicos más fascinantes de la filosofía política y jurídica, y uno de los asuntos sobre los cuales se han escrito más páginas.

Por supuesto, el llamado “derecho de resistencia” está en la base de los planteamientos sobre la legitimidad del origen y el ejercicio del Gobierno y los derechos de los ciudadanos ante el gobernante ilegítimo. En una historia del pensamiento político y jurídico que sobre este tema por supuesto no es posible aproximar aquí, habrá referencias explícitas e implícitas en la Carta Magna de 1215, o en textos de Santo Tomás de Aquino, o en recientes estudios sobre la legitimidad en el ejercicio del Poder.

Con ocasión a los problemas morales y jurídicos derivados del Descubrimiento de América, será uno de los temas fundamentales que plantee la llamada “Escuela del Derecho Natural Racionalista” que entre sus principales exponentes tuvo a fray Francisco de Vitoria. Y, por supuesto, en los planteamientos de los pensadores de la Ilustración, como Locke, que luego tendrán influencia en las revoluciones norteamericana, francesa e hispanoamericana. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se sustenta conceptualmente en el derecho de resistencia.

El derecho de resistencia en el origen del constitucionalismo venezolano

La tradición del derecho de resistencia, desde luego, estará en los fundamentos de los planteamientos ideológicos que llevarán al movimiento emancipador. El texto Derechos del Hombre y del Ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los Americanos, por ejemplo, o El triunfo de la libertad sobre el despotismo, de Juan Germán Roscio, estarán influenciados por esta idea.

El primer párrafo del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811 es bastante expresivo:

“Nosotros, los Representantes de las Provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el Continente Meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la Jornada de Bayona y la ocupación del Trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos, antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza, por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al Universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra Soberanía”.

El derecho de resistencia en la Constitución de 1811

Nuestra primera Constitución, de 1811, va a reconocer el derecho de resistencia, el cual, sin embargo, debe ejercerse a través del cauce institucional  de las “Cámaras del Congreso o de las Legislaturas provinciales”. Señala el artículo 191 de esa Constitución:

“Artículo 191. Los Gobiernos se han constituido para la felicidad común, para la protección y seguridad de los pueblos que los componen, y no para beneficio, honor, o privado interés de algún hombre, de alguna familia o de alguna clase de hombres en particular que sólo son una parte de la comunidad. El mejor de todos los Gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad, y estuviere más a cubierto del peligro de una mala administración, y cuantas veces se reconociere que un Gobierno es incapaz de llenar estos objetivos o que fuere contrario a ellos, la mayoría de la nación, tiene indubitablemente el derecho inajenable, e imprescriptible de abolirlo, cambiarlo o reformarlo del modo que juzgue más propio para procurar el bien público. Para obtener esa indispensable mayoría, sin daño de la justicia ni de la libertad general, la Constitución presenta y ordena los medios más razonables, justos y regulares en el capítulo de la revisión y las provincias adoptarán otros semejantes o equivalentes en sus respectivas Constituciones”.

Esos “medios razonables, justos y regulares” son los señalados en los artículos 135 y 136 del Capítulo VI, sobre la revisión de la Constitución, que facultaban a las Cámaras del Congreso o de las Legislaturas provinciales para aprobar las reformas a la Constitución. Por esto, como se señaló, el derecho de resistencia en la Constitución de 1811 se matiza significativamente, en la medida en la que se sujeta al cauce institucional del Parlamento, bien sea a través del Congreso o a través de las Legislaturas provinciales.

El artículo 350 de la Constitución de 1999

No será sino hasta el artículo 350 de la Constitución de 1999, que encontremos una norma similar a la del artículo 191 de la Constitución de 1811.

La discusión sobre la norma que luego estaría contenida en el artículo 350 de la Constitución, se realizó en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente al día 9 de noviembre de 1999. De la discusión se nota que el ambiente seguía tenso debido a la discusión que se había realizado, precisamente, sobre la regulación de la Asamblea Nacional Constituyente como figura a incluir en la Constitución.

En todo caso, y por sorprendente que parezca, no hay mayor referencia al contenido de la norma que como tal terminaría siendo el artículo 350 de la Constitución. Vale decir que esa norma no estuvo incluida en el Proyecto de Constitución que había presentado el ya fallecido presidente Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente.

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Tal es, muy resumido el origen histórico del artículo 350 de la Constitución de 1999, que hoy vuelve al centro del debate político nacional.

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Activismo y originalismo constitucional versus tiranía judicial; por Ramón Escovar León

En el sistema jurídico norteamericano conviven básicamente dos posturas de interpretación de la Constitución: el activismo judicial y el originalismo. Tal convivencia acarea la interpretación estática con la dinámica del texto fundamental. En ambas exégesis, el resultado jamás podría ser una manipulación de la Constitución para defender un proyecto político dictatorial sino, obviamente, para expandir

Por Ramón Escovar León | 20 de junio, 2017
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Los juristas estadounidenses Earl Warren y Antonin Scalia

En el sistema jurídico norteamericano conviven básicamente dos posturas de interpretación de la Constitución: el activismo judicial y el originalismo. Tal convivencia acarea la interpretación estática con la dinámica del texto fundamental. En ambas exégesis, el resultado jamás podría ser una manipulación de la Constitución para defender un proyecto político dictatorial sino, obviamente, para expandir los valores de la democracia y los derechos ciudadanos.

El activismo judicial es una modalidad que está asociada a la creatividad del juez que va más allá del sentido de la norma de derecho positivo, y que crea derecho con su sentencia. El arbitrio judicial tiene un sentido amplio y no limitativo. El mejor ejemplo del juez “activista” fue el legendario magistrado Earl Warren, presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en cuyo período fue conocida como la Corte Warren (1953-1969). Una de sus sentencias emblemáticas fue la proferida en el célebre caso Brown vs Board of Education, que desterró —al menos en teoría— la discriminación racial de las escuelas norteamericanas. Resumidamente, la decisión de la Corte Warren echó al cajón de la historia el precedente del caso Pless vs. Ferguson que justificaba la discriminación racial en el transporte público, bajo la hipócrita regla: “separados pero iguales”. La decisión de Warren se basaba en el hecho de que la discriminación producía efectos dañinos en la psique de los niños afrodescendientes.

El alcance de la nueva regla de Derecho que la sentencia Brown imponía, se proyectó en la legislación a través de la ley de derechos civiles de 1964 (Civil Rigths Act 1964), reconocida como referente fundamental en la lucha por la igualdad racial. Visto en el contexto de la época, el valor de la decisión aumenta debido al racismo imperante. Resulta evidente, pues, que solo un poder judicial independiente, idóneo e integrado por jueces probos y capacitados moral e intelectualmente puede confeccionar una sentencia de esta potencia, que es capaz de expandir los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El activismo judicial es adversado por el originalismo, tesis que se fundamenta en el criterio opuesto: para interpretar correctamente la Constitución, los jueces deberían escudriñar en la intención que motivó a los constituyentes. Uno de los más conspicuos voceros de esta tesis es el recientemente fallecido y prestigioso magistrado Antonin Scalia, quien proclamaba que la Constitución debe ser interpretada escudriñando en la intención del redactor del texto constitucional, aunque a veces pueda ser un misterio. Hacerlo de otra manera implica violentar el principio de separación de poderes. Los jueces no pueden crear derechos que no están plasmados en la Carta Magna y, mucho menos, romper dicho principio.

Scalia era reconocido por su genialidad, era dueño de una prosa impecable, al extremo que muchos de los libros sobre redacción jurídica, publicados en Estados Unidos, usan sus ponencias y votos salvados como modelo de buena redacción. Asimismo, este aderezaba su prosa con referencias literarias y logra un estilo lleno de humor e ironía. Representaba un textualismo por medio del cual repudiaba cualquier interpretación que retara la letra de la ley y el espíritu del legislador; y buscaba penetrar en el significado de la palabra al momento en que la ley fue promulgada. Scalia veía una relación asimétrica entre la capacidad creativa del juez y las facultades del legislativo. En su libro A matter of interpretation (Princeton University Press, 1997) afirma: “El congreso puede promulgar leyes tontas y leyes sabias, y no le corresponde a los tribunales distinguir entre ambas, ni reescribir las primeras” (p. 20). Luego añade que sí es posible completar el sentido de la ley cuando se ha cometido un lapsus linguae, cuando una expresión de la ley es incompleta o insuficiente dentro del texto. Eso y nada más. Pero, en definitiva, el textualismo u originalismo rechaza la discrecionalidad judicial como la que se ha creado en Venezuela con la llamada jurisprudencia normativa que permite designar arbitrariamente a los rectores del CNE; o proferir las sentencias 155 y 156 que pretendían darle poderes dictatoriales al presidente por ejemplo.

Pues bien, sea el originalismo o el activismo, el rol del juez es ampliar y expandir los derechos constitucionales, y no restringirlos ni aniquilarlos. Todo esto es importante en Venezuela porque nuestra justicia constitucional padece de un menjurje (como decían mis abuelos), entre el activismo y el textualismo. Un ejemplo está en la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que afirmó a los cuatro vientos que no había que consultar al pueblo para realizar una asamblea nacional constituyente originaria, porque —según dice la “ponencia conjunta”— la Constitución no lo establecía expresamente. Los “jueces” que integran la Sala Constitucional no interpretaron la Constitución relacionando una norma con otra, sino que tomaron el artículo 347 y extrajeron de él un significado contrario al que la misma Constitución, la doctrina y la experiencia enseñan. Se trata de una vía mal intencionada de leer el Texto Fundamental. Al mismo tiempo, y amparados en la distorsión del originalismo, se pretendió, para sorpresa del mundo civilizado, arrebatar a la Asamblea Nacional sus facultades constitucionales. Este revoltijo de modelos de interpretación de la Constitución ha llevado al TSJ a vaciar de contenidos el espíritu constitucional y a convertir la justicia en una burla a los venezolanos.

En todo caso, una cosa es la propuesta de Scalia o del activismo y otra la complicidad de estos jueces nacionales, que no interpretan, ni siquiera retuercen la letra de la ley, sino que simplemente crean una regla ajena al texto constitucional para imponer una situación fáctica dictatorial. Es como decir que 2 más 2 es igual a cuatro, pero ellos dicen que 2 más 2 es igual a 5.

Aquí cabe preguntar: ¿cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta que salta a la vista es la dominación de todas las instituciones por un solo partido: el Psuv. El sector político minoritario, a punta de bayonetas, ha impuesto un ordenamiento (in) constitucional basado en la elección de magistrados (sin reparar en formalidades legales y constitucionales) que solo respondan incondicionalmente a los requerimientos políticos del gobierno. Esto, pese a ser un lugar común, debe recordarse insistentemente.

Toda esta mentira se basa en que una minoría, que no llega al 20% de la población, imponga a la mayoría el modelo comunista que, universal e históricamente, ha sido un rotundo fracaso. Además de la Unión Soviética, la revolución cubana y la catástrofe del chavismo-madurismo demuestran, como el pregón del vendedor de periódicos, que el comunismo no es viable ni siquiera a punta de represión. Mucho menos bajo esta versión trasnochada y burda que promueve la cúpula “cívico-militar”.

No cuenta el sistema jurídico socialista con mentes como la de Earl Warren o Antonin Scalia, cuyos aportes jurisprudenciales y jurídicos a la paz social, pese a sus visiones contrapuestas en materia de interpretación constitucional, son vitales. No importa cuál sea la escuela jurídica a la que se pertenezca si el horizonte del intérprete es la expansión de los derechos fundamentales y el respeto por los valores de la democracia.

La legitimidad del juez proviene no solo de la transparencia del proceso de su elección, sino también de la justificación jurídica de sus sentencias. El juez que no tiene un origen democrático ni fundamenta sus fallos, menosprecia su toga y la convierte en una herramienta de la dictadura. Un Poder Judicial sin jueces independientes es fuente del despotismo. No en balde Montesquieu afirmaba: “Cruel tiranía es aquella que se ejerce al abrigo de las leyes y con los colores de la justicia”.

Vivimos una situacion límite; por Marcelino Bisbal

I Creo que no hay que ser muy lúcidos para darnos cuenta que hoy en Venezuela estamos viviendo una situación-límite. Creo que no estoy siendo exagerado en mi apreciación. Contemplemos a nuestro alrededor y lo que veremos es que el país se está cayendo a pedazos y que de seguir por esta senda no habrá

Por Marcelino Bisbal | 20 de junio, 2017
Manifestantes opositores en la avenida Francisco Fajardo. 19 de junio de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores en la avenida Francisco Fajardo. 19 de junio de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

I

Creo que no hay que ser muy lúcidos para darnos cuenta que hoy en Venezuela estamos viviendo una situación-límite. Creo que no estoy siendo exagerado en mi apreciación. Contemplemos a nuestro alrededor y lo que veremos es que el país se está cayendo a pedazos y que de seguir por esta senda no habrá suficiente “pega loca” para empatar los trozos esparcidos por aquí y por allá. La experiencia que estamos viviendo los venezolanos ojalá nos sirva para no repetirla nunca jamás.

Quienes hoy nos gobiernan y detentan el poder no están conscientes, o quizás sí, que una nación no se piensa y luego se construye sobre los emborronamientos y las chapuzas del presente. Que hace falta inteligencia, pero sobre todo sentido común, para emprender las tareas del hoy y del futuro a partir de las bases y los pilares que en el pasado se conformaron. Hace falta juicio, entendimiento y capacidad para comprender y pensar la nación como encrucijada de vidas, de pensamientos, de diferencias, de diversidades, de interculturalidad…, de pluralidad y no como un camino de uniformidad, de homogeneidad y de unicidad. ¡Es que los venezolanos no somos únicos! ¡El ser humano no es único! El horizonte de un país, de un proyecto nacional, de un proyecto de vida, debe ser visto con una mirada más larga, más diversa y que además sea capaz de otear en el horizonte del presente las peculiaridades y las diferencias que nos distinguen a partir de nuestras propias historias y mentalidades.

La mirada que se quiere imponer en la Venezuela del presente, a partir –como dijimos antes– de la destrucción de nuestro pasado republicano más reciente, es fragmentada y desgarrada. Se está tratando, por diversas vías, de desarticular y hacer desaparecer las viejas cartografías con las que nos movíamos. Porque como dice el poder: “El mapa es otro”, “la situación política actual es otra”.

Es el intento sostenido de imponer una visión política, económica, social y cultural, hasta simbólica, unívoca. Primero fue el nombramiento de unos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de manera inconstitucional; vino luego el desconocimiento a la Asamblea Nacional y su bloqueo permanente; las decisiones de la Sala Constitucional que fueron denunciadas por la Fiscal General de la República como “ruptura del orden constitucional”; después la inhabilitación política dictada contra algunos gobernadores y alcaldes de la oposición democrática; ante las masivas manifestaciones y protestas de la sociedad ha aparecido la violación sostenida y en ascenso de los derechos humanos y la evidente impunidad… Y para rematar, el intento de modificar la Constitución a través de la convocatoria de una Constituyente Comunal negando la participación del pueblo en un referéndum. ¿Qué más podemos esperar?

II

Para que se tenga una idea de lo que estoy tratando de expresar, se me ocurre citar dos imágenes precisas de cómo se nos está y nos estamos viendo:

1. Primera imagen: “el país es una embarcación de madera que para avanzar quema como combustible su propia madera. Llegará un momento en que no habrá embarcación y caeremos todos al agua, como náufragos de un bote que ya nadie recuerda”.

Y quien nos narra esta imagen se hace de inmediato algunas preguntas: ¿Será que para recobrar un mínimo de sensatez hace falta acumular más y más deterioro? ¿Será que para pensar en términos realmente públicos hace falta primero destrozar al país?

2. Segunda imagen: “un autobús quemándose en plena autopista del este, ya de noche y con la cola de retorno completamente detenida, mientras la autoridad contempla y se echa de menos la presencia de un camión de bomberos. Nadie se mueve, todos miran el autobús incinerándose como si fuera un bonzo. Esperando ver las cenizas para poder pasar y volver a la casa”.

Después de esta imagen, la cronista nos expresa de manera tajante que esta metáfora de un país ardiendo, sin que nadie registre el incendio, tiene que ver con el giro profundo que han dado las circunstancias en el desplazamiento del centro de gravedad de lo político: lo importante hoy, no es tanto lo que ocurre sino como se cuenta. El campo de batalla –nos sigue diciendo–, es ahora la opinión pública, último poder que el gobierno pretende colonizar, habiendo ya saqueado los territorios institucionales.

¿De qué manera sirven estas imágenes para pensar lo que nos está sucediendo? Porque otras imágenes se nos pueden ofrecer en sentido contrario. En el sentido de “que aquí no está sucediendo nada”. En la idea de que todo está bien y de que todo está permitido porque vamos en el camino correcto y ese es el único verdadero. ¿Qué idea-representación de nación, de país, de familia, de educación, de comunicación, de política, de economía, de cultura es más valiosa que las vidas individuales de una buena parte de la sociedad que tiene otras ideas distintas? ¿Qué sentido tiene describir unas imágenes de país cuando la crítica razonada y confrontada quiere ser sustituida por la subordinación? ¿Se pueden y se deben ofrecer esas imágenes cuando el disenso es juzgado como subversión o infidelidad?

Alguien decía que “la duda es el privilegio de los intelectuales”. Yo añadiría que la duda es también el pensar lo no pensado, pensar lo inesperado. Hoy, más que nunca, se nos exige a los ciudadanos de la Venezuela del presente “pensar en medio de la tormenta” y la realidad del país nos está pidiendo un pensar independiente, un pensar nada complaciente con el poder y con cualquier forma de atadura.

En la Venezuela de hoy hay situaciones y acontecimientos que son moralmente inaceptables. No son sólo las diferencias económicas y políticas, es la retórica marcada desde la cúspide del poder de hacernos creer y sentir la presencia de que aquí hay dos naciones, dos venezolanos, que ya tienen poco en común. Hablo y escribo desde la actualidad. ¿Y que nos está diciendo la realidad que todos vemos y que ya resulta difícil de ocultar?

-El Estado ha perdido los límites que lo definían y se ha transformado en un aparato amorfo que cada vez más se va pareciendo a una “maquinaria” de control y secuestro de las instituciones.

-El protagonismo militar ha ido ocupando espacios civiles ante la mirada, sino complaciente de gran parte de la sociedad, por lo menos nos va resultando ya un hecho casi natural y lógico.

-Las necesidades económicas reflejadas en la inflación, el desempleo, el deterioro del sistema productivo privado, el excesivo gasto público que no es capaz de saciarse, la dependencia casi absoluta de la renta petrolera hasta límites que no eran pensables…, en fin todas esas necesidades que han ido quebrando fuertemente el horizonte de expectativas que nos habíamos imaginado y soñado.

-La creación, poco a poco y de manera sostenida, de un megaestado. Un Estado que controla cada vez más todas las instancias de la economía. Este megaestado hoy está presente ya no sólo como regulador sino como productor y empresario a la vez.

-La idea de crear un partido hegemónico –hoy el PSUV– y un proyecto hegemónico de nula cultura democrática como es todo lo único.

-El excesivo personalismo que encarnó la figura del Presidente de la República, que sacralizan sus partidarios y los más allegados al poder.

-La centralización como creencia que desde allí “todo se va a resolver”, sin comprender que uno de los logros y conquistas ciudadanas más significativos de nuestra historia democrática fue la descentralización administrativa en muchas esferas del poder del Estado.

-La evidente polarización y conflictualidad en la que vivimos, que lejos de desaparecer y disolverse ha ido acrecentándose por unas acciones y una retórica de la exclusión, la confrontación y la violencia. Es la presencia de la polarización política que ha ido creciendo y creando espacios de intolerancia y de no-convivencia, al punto que se ha venido convirtiendo en una forma de vida y de cultura.

-El surgimiento, publicitado además, del resentimiento social como manera de querer comprender nuestras debilidades.

-El empeño de voltear la historia republicana intentando, de manera insensata y poco responsable, reescribirla desde el personalismo, el caudillismo y el mesianismo.

-La insistencia de construir un proyecto de país teniendo como modelos experiencias más que fracasadas y superadas por la historia de los acontecimientos recientes. Los signos que se han hecho presentes tiene como fundamento los parámetros del centralismo, de la ausencia de todo contrapeso, del personalismo, de tinte militarista y además con la presencia de un Estado monocolor y tutelar de todas las actividades de la sociedad.

-El politólogo Arturo Sosa caracteriza este modelo, es decir “el chavismo realmente existente” con los siguientes rasgos que se fueron imponiendo desde 1999: -Rentismo estatista; -Estatismo nacionalista; -Centralismo en la figura del Presidente; -Apoyado en los militares; -Masificación política; -Democracia plebiscitaria; -El PSUV, como partido único, como correa de transmisión;-Internacionalismo revolucionario. Integración de los pueblos latinoamericanos que no sea solamente económica, sino ideológica; -Voluntarismo político.

III

Lo que se ha querido imponer en el país, a lo largo de estos 18 años, es un proyecto antihistórico para perpetuarse en el poder y los beneficios que ese mismo poder otorga. Estamos en presencia de unos individuos, tanto civiles como militares, en donde la ideología que dicen profesar quedó a un lado si es que alguna vez la tuvieron. Desde ahí la necesidad de construir un superpoder o big brother orwelliano orientando los designios hacia dónde debe conducirse la sociedad. La única manera de seguir sosteniendo el estado de cosas que están ocurriendo y las que se quieren imponer es a través de una conducta delictiva en contra de la voluntad del pueblo.

En el 2009 el desaparecido Hugo Chávez dijo: “Después de mí, el vacío, el caos”. En esto no se equivocó al ver la Venezuela-hoy. Lo que sí tenemos claro es que este des-orden empezó con la transformación del gobierno en un régimen, con el secuestro de las instituciones, con el desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, con la concentración de los poderes, con la invocación de valores humanistas que el mismo poder incumple y con la idea –puesta en práctica a lo largo de estos casi ochenta días de manifestaciones y protestas– de que el poder solo puede tener eficacia cuando se expresa como fuerza y además militarizada. Pero estos indicadores, que sustentan a un gobierno evidentemente autoritario queriéndose convertir en un gobierno totalitario, no cayeron del cielo. Claro que Hugo Chávez tiene responsabilidad y ¿nosotros?

Estamos viviendo un momento en el que los hechos de la realidad presagian, como nos dice Edward W. Said, acontecimientos inesperados por eso no se entiende la indiferencia de algunos cuando “nuestro combate es un combate por la libertad”.

Durante todo este tiempo hemos venido observando la escena. Poco nos hemos involucrado, quizás por perplejidad o por haber sido sorprendidos por los acontecimientos o quizás por la persecución de beneficios inmediatos… Hace unos años atrás podíamos expresar, con cierto aire de tranquilidad y quizás de desasosiego, que no entendíamos qué nos estaba sucediendo. Pero hoy la película está bien clara, tiene un sentido para los que detentan la fuerza del poder. La gente, la sociedad nos está reclamando a los intelectuales-universitarios que nos involucremos en el asunto para evitar que la rabia y la desesperanza sigan creciendo y como advierte el pensador Edward W. Said, en un clima en que la “política es omnipresente”, en un momento en que los hechos de la realidad presagian acontecimientos inesperados el intelectual no tiene huida posible.

Los intelectuales son de su tiempo, están inmersos en la política de masas de las representaciones encarnadas por la industria de la información o los medios, y únicamente están en condiciones de ofrecer resistencia a dichas representaciones poniendo en tela de juicio las imágenes, los discursos oficiales y las justificaciones del poder vehiculadas por unos medios cada vez más poderosos –y no sólo por los medios, sino también por líneas completas de pensamiento que mantienen el statu quo y hacen que los problemas actuales sean contemplados desde una perspectiva aceptable y sancionada–, ofreciendo lo que Mills denomina visiones desenmascaradas o alternativas, en las que, por todos los medios a su alcance, el intelectual trata de decir la verdad.

Asamblea Constituyente: ¿una empresa sin ganancia?; por Ramón Escovar León

“Hablar del poder constituyente es hablar de democracia”, afirma Antonio Negri en su obra El poder constituyente (p.27). El pensador del marxismo italiano no vacila en proclamar que la noción de dicho poder es asunto difícil de definir cuando “la democracia se resiste a la constitucionalización” (p.28), porque ella es una “teoría del poder absoluto, mientras que

Por Ramón Escovar León | 13 de junio, 2017
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De izquierda a derecha Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes y John Locke

“Hablar del poder constituyente es hablar de democracia”, afirma Antonio Negri en su obra El poder constituyente (p.27). El pensador del marxismo italiano no vacila en proclamar que la noción de dicho poder es asunto difícil de definir cuando “la democracia se resiste a la constitucionalización” (p.28), porque ella es una “teoría del poder absoluto, mientras que el constitucionalismo es una teoría del gobierno limitado”. La democracia supone algo más que el gobierno de las mayorías, pues implica separación de poderes; la democracia constitucional consagra la protección de las minorías, el límite al poder y el respeto por la ristra de derechos que consagra la Carta Magna. También afirma Negri que la génesis del poder constituyente está ligado al sufragio (p.30). Todo esto se vincula al tema de la representación, porque a través del sufragio universal -hay que añadir- el pueblo decide todo lo concerniente al mismo: si lo quiere o no. El referéndum es inherente a la esencia de este poder porque es la forma en que el pueblo ejerce su soberanía. Sin consulta al pueblo, la asamblea constituyente se traduce en una simulación, en una burla, en una operación fraudulenta.

Además de lo señalado, quiero agregar la posición de Carl Schmitt, quien sostiene que en las democracias modernas la asamblea constituyente democrática debe ser “elegida según los postulados fundamentales del sufragio universal e igual como procedimiento ‘democrático’ reconocido”(Teoría de la Constitución: p.133). Al mismo tiempo, Schmitt indica que la legitimidad de un Constitución depende de que la autoridad del poder constituyente sea “reconocida” (p.137). Por consiguiente, también para este jurista, que diseñó la plataforma jurídica del nazismo, una asamblea como esta debe respetar las reglas del sufragio universal, es decir, la participación de la totalidad de los electores sin discriminación. La legitimidad del poder constituyente y la Constitución que de él emane depende del carácter democrático de este proceso; y esto depende de la aprobación popular, puesto que el poder constituyente -no lo discute nadie- reside en el pueblo. Vemos que la izquierda y la derecha coinciden en este aspecto.

Tenemos, entonces, tanto en la visión de Negri como en la de Schmitt, que la base del poder constituyente es el pueblo y que este debe expresarse por medio del sufragio universal. Dicho asunto, sobre el cual no hay discusión en las democracias modernas, no lo asume la Sala Constitucional, como se evidencia en su sentencia N° 378, la cual confunde, entre otras cosas, la iniciativa de convocatoria con la convocatoria misma, que solo corresponde al pueblo, tal como lo he explicado anteriormente. Asimismo, la Sala sostiene que se justifica la elaboración de un nuevo contrato social “para poner de acuerdo al país”, lo que es una gruesa mentira: basta escuchar las intervenciones públicas del presidente y demás miembros de la nomenklatura para advertir el tono de agresividad con que prometen una constituyente comunal. La “constituyente para la paz” es un embuste retórico. En resumen, el responsable del orden en el contrato social es el gobierno, pero luego de establecerlo viene la Justicia, como lo enseña el sabio Thomas Hobbes.

La Sala Constitucional reconoce que el pueblo es el titular de la soberanía, pero que “la ejerce a través del poder popular”; pese a que este poder no está previsto en la Constitución, pues cuando fue propuesto por Hugo Chávez, el pueblo lo repudió en el referéndum del año 2007. Asimismo, la Sala declara que la soberanía, cuyo titular es el pueblo, puede ser ejercida indirectamente por el presidente de la república, y agrega que: “no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”. Todo lo cual se puede desmontar si se interpretan las disposiciones constitucionales de manera articulada, en un diálogo de unas con otras.

En este sentido, el artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo (no en el presidente de la república) y es intransferible. Ya en los postulados de Locke era necesario el consentimiento del soberano para que hubiese contrato; pero esto es pasado por alto por el medievalismo abusivo de la Sala Constitucional. El artículo 347 de la CRBV señala de manera tajante que el pueblo “es el depositario del poder constituyente originario”, el cual es intransferible. El artículo 348 atribuye al presidente el inicio del proceso para la convocatoria de la constituyente, pero llevarla a cabo es decisión del pueblo, es decir, de la totalidad de los habitantes del país. Entonces, es la lectura solapadamente aislada de las normas la que manipula la conclusión de que en el proceso constituyente quien decide es el presidente, y no el pueblo. En otras palabras: la Sala equipara con estos malabarismos retóricos al presidente con el pueblo; tesis que no acepta nadie porque la soberanía en una democracia reside en este último.

El cúmulo de desvaríos no se detiene allí, puesto que las bases comiciales fueron presentadas por el Ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, institución que de inmediato le dio la bendición. Entonces tenemos que el presidente convoca la constituyente, al tiempo que elabora sus bases comiciales, en las cuales se establece que los constituyentistas serán escogidos por ámbito territorial, usando la técnica de gerrymandering o manipulación de los espacios territoriales electorales al mejor estilo de Mussolini, sin que se sepa quienes integran las listas de “electores”. Ello demuestra que la constituyente es ridículamente fraudulenta. Es ya archiconocido que todo este proceso arbitrario y dictatorial tiene como propósito burlar los procesos electorales y consolidar una supuesta revolución (que solo ha traído, y continuara trayendo, hambre, miseria, atraso, represión, sufrimiento y muertes) para establecer el Estado comunal y el modelo cubano, que sabemos ha fracasado; así como en la Venezuela de los 60 fracasó la izquierda de las guerrillas, la cual atentaba contra los gobiernos democráticos.

Por si fuera poco, las bases comiciales de la constituyente también son fraudulentas, pues restringen la noción de pueblo ya que la participación preferente es la de los seguidores de la “revolución”. Esta es una constituyente repudiada por más del 80% de la población, como lo indican las encuestadoras confiables. Estas bases ilegales -puesto que fueron propuestas por el mismo que inicia la convocatoria-, restringe la noción de pueblo a espacios sectoriales y políticos. El concepto jurídico de pueblo se refiere a la totalidad de los habitantes de un territorio. Así lo definió la propia Sala Constitucional sentencia N°. 24 / 22.01.2003, cuando indicó que pueblo es: “el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”. En esta misma decisión se estableció -siguiendo a Jean-Jacques Rousseau y su El contrato social– que “la soberanía reside de manera fraccionada en todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional”. De todo lo anterior se evidencia que el poder constituyente, que ha sido consagrado en la Constitución, fue fulminado por las Bases Comiciales y por la decisión N° 378 de la Sala Constitucional.

Por último, debo terminar con una cita del mismo Antonio Negri que respalda la tesis de que no hay poder político sin poder constituyente; y que éste no existe sin consulta popular, cuando afirma:“Un poder político sin poder constituyente es como una empresa sin ganancias”.

Justicia constitucional versus democracia; por Ramón Escovar León

“Va a ser difícil en el futuro explicar que la jurisdicción constitucional sea necesaria para el Estado constitucional de Derecho”. Esta afirmación, que hoy nos desafía, fue hecha por el constitucionalista Humberto Njaim en las redes sociales. La experiencia vivida por los venezolanos en estos últimos dieciocho años evidencia que la justicia constitucional, tal como

Por Ramón Escovar León | 6 de junio, 2017
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Fotografía de Carlos Garcia Rawlins para Reuters

“Va a ser difícil en el futuro explicar que la jurisdicción constitucional sea necesaria para el Estado constitucional de Derecho”. Esta afirmación, que hoy nos desafía, fue hecha por el constitucionalista Humberto Njaim en las redes sociales. La experiencia vivida por los venezolanos en estos últimos dieciocho años evidencia que la justicia constitucional, tal como fue concebida, y como ha sido entendida en los últimos años, se ha convertido en un instrumento que restringe los derechos ciudadanos y que afecta con golpes lacerantes la idea misma de libertad. Este tema ha sido abordado por el pensador y filósofo del derecho Jeremy Waldron (Democracia y desacuerdo), quien combina la teoría general del derecho con la teoría política para concluir que este tipo de justicia, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus decisiones, atenta contra la democracia. Esta tesis luce acertada en el caso venezolano; pero es discutible en jurisdicciones constitucionales reconocidas, como la colombiana y la española.

La justicia constitucional, según la han entendido los magistrados chavistas, es una mezcla de la tesis de Kelsen sobre el control concentrado de la constitucionalidad en manos de un Tribunal Constitucional, y el judicial review creado por el legendario juez John Marshall en su célebre decisión Marbury-Madison (1803), que es el tipo de control difuso que se ejerce para acoplar las leyes con el sentido del Texto Fundamental. Surge así el control de la constitucionalidad de las leyes. El mecanismo ideado por Kelsen supone que el Tribunal Constitucional tiene como misión proteger la Constitución; en especial, en aquellos casos en los que la sociedad transita del autoritarismo a la democracia. Bajo este manto conceptual, dicho órgano debe salvaguardar los derechos fundamentales y fortalecer el sistema democrático y la libertad de posibles abusos por parte del poder. Es decir, la justicia constitucional debe garantizar los derechos de los ciudadanos, y no perseguir a estos últimos como ocurre hoy en Venezuela. En nuestro país, contrario a lo expuesto por Kelsen, el Tribunal apuntala el autoritarismo, restringe los derechos humanos y los vulnera directamente convirtiéndose en un mecanismo de apoyo a la dictadura. Un Tribunal o Sala Constitucional que no atiende a su esencia se convierte, sin duda, en un factor perturbador e inconveniente para la democracia.

El modelo difuso o del judicial review presenta el dilema de si es posible que un órgano no electo (el Tribunal Constitucional o Sala Constitucional) pueda anular leyes dictadas por el Parlamento que ha sido electo por el pueblo. Este esquema presenta como riesgo la invasión de las competencias del Poder Legislativo al disponer de la facultad para anular leyes; y es contra dicha facultad que Jeremy Waldron enfoca sus reparos. El núcleo de su posición se centra en la distinción de los derechos que forman parte de la noción de democracia. En este sentido, Roberto Gargarella y José Luis Martí, quienes presentan la edición española de Democracia y desacuerdo, resumen tales derechos en los siguientes: derecho de participación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y derechos hereditarios. El primero es constitutivo del proceso democrático; el segundo y tercero son condiciones de legitimidad democrática y el último no está vinculado con la idea de democracia. Sobre estos hay desacuerdos en las sociedades divididas por creencias religiosas, ideologías y posturas políticas, como ocurre en Venezuela. El contenido de los derechos mencionados —según Waldron— no puede ser definido por un tribunal, porque los jueces no pueden ser el elemento determinante de la democracia. Es el legislador el llamado a darle sentido a estos derechos que generan desacuerdo, porque este cuerpo es producto de la voluntad del elector.

La tesis de Waldron tiene seguidores y detractores, pero no debe soslayarse por el constitucionalismo venezolano en momentos aciagos en los que la Sala Constitucional se ha convertido en la mayor amenaza para los derechos fundamentales, pues se ha encargado de derrumbar, sentencia tras sentencia, las vigas maestras que sostenían la democracia venezolana.

La tesis del pensador Jeremy Waldronno debería pasar inadvertida para los abogados venezolanos, pues invita a una seria discusión sobre el porvenir de la sala que se ha encargado de “interpretar” la Constitución. Son muchas las reflexiones que abre Waldron para los venezolanos: ¿cómo comenzó la degradación de la justicia constitucional?, ¿cómo se consolidó?, ¿cómo salir de esta crisis? La respuesta a la primera pregunta es sencilla: con el uso y abuso de la justicia constitucional. Más allá de la discusión sobre este tema, que enfrenta al legislador con el juez constitucional, hay que reconocer que el mecanismo constitucional marchaba muy bien cuando su impulso se lo daba la jurisprudencia de la época, que mantenía un nivel de respeto hacia el legislador. En este sentido, vale la pena recordar al juez de familia Alirio Abreu Burelli —reconocido por su probidad, quien luego fue magistrado de la Sala de Casación Civil— quien le dio vitalidad, reciedumbre y credibilidad a la institución del amparo. Fueron notables sus decisiones. Luego de que el amparo había sido definido por el juez, el legislador le daba forma de ley.

Después de esto, comenzaron los abusos, pues el amparo dejó de usarse para proteger un derecho constitucional y comenzó a emplearse para asuntos privados de naturaleza civil, mercantil, laboral, administrativa y penal. Se distorsionó el amparo y con ello se alimentó la inseguridad jurídica. Por eso hay que buscar el diálogo democrático entre el juez constitucional y el legislador, para lograr espacios de entendimiento en los temas constitucionales, como ha funcionado en Colombia con el denominado “estado de cosas inconstitucional”. Este instrumento está destinado a proteger los derechos fundamentales de la población. Pero lo que es fundamental es la elección de jueces confiables e idóneos para que la aplicación de normas —que las más de las veces son ambiguas y vagas— puedan ser desarrolladas. Los jueces sumisos y elegidos sin respeto de sus méritos generan inseguridad y constituyen una amenaza permanente para la justicia y la libertad. Solo puede haber justicia constitucional con jueces probos, independientes y preparados.

Con la nueva Constitución apareció la figura de la revisión constitucional, que le permitió a la Sala Constitucional dictar sentencias en todos los asuntos como Deus ex machina. Con ello se resintió el concepto de cosa juzgada y se privilegió un elenco de decisiones contradictorias y abusivas. Por si fuera poco, dicha Sala se atribuyó a sí misma la potestad de designar altos funcionarios, amparada en la denominada y antidemocrática “omisión legislativa”. Esta “jurisprudencia”es la que ha permitido “designar” los rectores del Consejo Nacional Electoral, pese a que es el Parlamento el facultado para hacerlo.

A todo lo anterior, se añade la nefasta línea jurisprudencial de la Sala Constitucional dictada desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional, lo que es sobradamente conocido por la opinión pública. Por ahora, basta decir que la tesis del prestigioso filósofo del constitucionalismo, Jeremy Waldron —independientemente de que se discrepe de ella— debe ser objeto de reflexión en nuestras Escuelas de Derecho para ponderar la conveniencia de que la Sala Constitucional sea revisada —y hasta eliminada— porque ha sido un factor que atenta contra la democracia.Una propuesta para el futuro puede ser la creación de un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial, integrado por jueces probos y capaces intelectualmente, que respondan al sentido de justicia y no a los mandatos del gobernante de turno. Creo que los venezolanos hemos aprendido la lección a un precio muy elevado. El asunto del futuro de la justicia constitucional merece una serena y profunda discusión, para convertirla en un instrumento que garantice la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos.

R.C.T.V: Después de 10 años; por Marcelino Bisbal

I El cierre Han pasado ya 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV). El 27 de mayo, pero del año 2007, el Gobierno de Hugo Chávez Frías daba la orden para que se le retirara la concesión al “canal de Bárcenas a Río” como popularmente se le conocía. El Presidente de la República

Por Marcelino Bisbal | 2 de junio, 2017
Fotografía de Juan Barreto para AFP

Fotografía de Juan Barreto para AFP

I
El cierre

Han pasado ya 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV). El 27 de mayo, pero del año 2007, el Gobierno de Hugo Chávez Frías daba la orden para que se le retirara la concesión al “canal de Bárcenas a Río” como popularmente se le conocía. El Presidente de la República venía amenazando, desde los sucesos de abril del 2002 y comienzos del 2003, con que había que tomar medidas frente a los medios de comunicación social por su conducta “desestabilizadora”, “falta de objetividad”, “ausencia de veracidad” y por el llamado “terrorismo mediático” que “impregna los contenidos que desde ellos se transmite”. Así ocurrió. El 27 de mayo del 2007, a las doce de la noche, se silenciaba una de las estaciones televisivas pionera en la historia de la televisión en Venezuela.

A lo largo de todo el año 2006 y en el tramo del primer semestre del 2007 el hostigamiento verbal y la intimidación hacia los medios, por parte del Ejecutivo Nacional, no tuvo precedentes en la historia democrática del país. En una cadena nacional (28 de diciembre de 2006) las palabras del Presidente de la República sellaban definitivamente la suerte de Radio Caracas Televisión y la de un poco más de cinco mil trabajadores que dependían de la pantalla del Canal 2. Esto fue lo que dijo Hugo Chávez al país:

“Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser Presidente de la oligarquía, y que luego esos gobiernos adeco-copeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Pues se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así es que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llama Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactada la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la Nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. ¡Venezuela se respeta! Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentito de que no, de que son 20 años más. ¿Veinte años más? Yo te aviso chirulí, 20 años más sí es bueno. Se te acabó. Se te acabó”.

II
La desmesura del poder

No me cabe duda de las desmesuras y despropósitos que nuestro aparato comunicacional había cometido. Como en todo hecho humano se dieron errores y aciertos. Allí están los estudios acerca del contenido de los medios que hablan de los usos y abusos de esos mismos medios. Sin embargo, esa no puede ser la medida para ir en contra de un derecho como es el de la libertad de comunicar. El paradigma no puede ser la intervención, ni siquiera el insulto o el vilipendio hacia aquellos que adversan una idea o un proyecto político. Ya lo dijo la UNESCO en su momento cuando explicito la idea de que “la información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos”.

Preguntas: ¿Cuál fue la verdadera razón para cerrar definitivamente un canal de televisión? ¿Qué razones se pueden esgrimir para mantener una línea de conducta gubernamental confrontativa frente a los medios? Lo hemos expresado en otros escritos. Volvamos a repetirlo. Desde el Gobierno había y hay miedo a lo que representan los medios y sus profesionales periodistas, así como también hay profundas sospechas de las voces que ellos levantan y que son sumamente críticas de la gestión pública por la visibilidad que los massmedia le impregnan a los mensajes y a los sujetos que desde allí se muestran. El Gobierno descubrió esta nueva forma de poder que pone en tela de juicio el poder que él representa y que además detenta en todos los niveles de la institucionalidad gubernamental. Los medios, para bien o para mal, han transformado la naturaleza de la visibilidad y la relación entre transparencia y poder. Es decir, los media hace ya un buen tiempo redefinieron la idea de espacio público, por lo tanto el juicio que continuamente se le hace al poder político o a cualquier otra forma de poder desde los medios es de un continuo escrutinio de sus acciones.

III
Una breve historia

Radio Caracas Televisión fue la segunda estación privada-comercial que hizo su entrada en el negocio televisivo venezolano. El 15 de noviembre de 1953 se da el acto de inauguración de lo que fue RCTV: Canal 7, que después pasará a ser Canal 2 hasta el 27 de mayo de 2007. El surgimiento del sistema democrático en Venezuela coincide con la expansión de la televisión comercial, y será Radio Caracas Televisión la que por muchos años lidere los primeros lugares de preferencia de la audiencia (alto rating) frente al resto de los otros canales como Venevisión, Globovisión, Televén o el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV).

La frecuencia en el espectro radioeléctrico de RCTV fue ocupada por un nuevo canal con sello gubernamental: Televisora Venezolana Social (TVES). Inicia sus transmisiones inmediatamente después de que la pantalla del Canal 2 se va a negro como se dice en el ambiente televisivo. TVES sale al aire con los equipos de transmisión que le fueron incautados al “canal de Bárcenas”. La Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, toca el Himno Nacional para decirle al país que ha nacido un nuevo canal de televisión y que se presenta como de servicio público, es decir no sometido a las decisiones y presiones gubernamentales. La historia de TVES ha demostrado todo lo contrario.

Como escribía, en el 2008, el periodista Boris Muñoz: “No es extraño que la máxima expresión del poder de Chávez haya sido la medida contra RCTV, un hecho que a todas luces fue desproporcionado independientemente de que los directivos de esa planta merecieran ser juzgados por atentar contra la democracia con el black out de 2002”. El efecto de esta medida política tuvo sus consecuencias en el referéndum para la reforma constitucional. Sería la primera derrota electoral del Gobierno y nos vuelve a decir al respecto Boris Muñoz: “…algunas veces ese arsenal puede disparar por la culata”. ¡Así fue!

Pero RCTV no se quedó paralizada después de su salida. Volvió a irrumpir, dos meses después (16 de julio de 2007), con el sello de RCTV Internacional que será la versión de Radio Caracas Televisión en el cable. La presencia de RCTV en la televisión por cable o suscripción volverá a ser noticia. Las mediciones de audiencia, entre 2007 y 2010, nos dijeron que RCTV Internacional era el canal más visto en la televisión de pago. La censura no se hizo esperar por parte del Gobierno y RCTV Internacional saldría definitivamente de la parrilla de programación el 24 de enero de 2010.

IV
Se impone el control comunicacional como control social

Después de 10 años del día en que el país entero veía como la imagen de RCTV se iba difuminando poco a poco, el control del Gobierno hacia el mundo de las comunicaciones ha ido escalando hasta el punto en que hoy somos una sociedad desinformada. Con el cierre de RCTV el control jurídico sobre los medios no se hizo esperar; las violaciones a la libertad de expresión tuvieron un incremento desde ese 2007 (en promedio ha habido 203 casos de violaciones por año hasta el 2016); los tipos de violencia a la libertad de comunicar como la intimidación, la censura, la agresión y amenazas a periodistas y medios, el hostigamiento verbal, las restricciones administrativas, el acoso judicial y el ataque… se incrementaron de una manera desmedida; la censura y la autocensura se han venido instaurando a lo largo de todos estos años… hasta las nuevas formas de comunicación que se originan desde el uso de internet y las redes sociales se han convertido también en objeto de control, de censura y de vigilancia.

Desde el cierre de RCTV es que hay que entender el nuevo régimen comunicativo que poco a poco se ha ido haciendo realidad en términos de hegemonía comunicacional. Ya nos lo decía Antonio Pasquali:

 “El caso de emblemático fue el de RCTV…una de las televisoras…que no se transó como otras con la dictadura y prefirió inmolarse antes de renunciar a la libertad de opinar y comunicar a su manera; un expediente ya juzgado por un tribunal internacional en su favor y contra el Gobierno, un excelente antecedente para el porvenir de la democracia comunicacional en el país”.

Sirva esta crónica para recordar los 10 años que han transcurrido después del “día en que mataron a un televisor. Y todo lo que en él cabe: el tamaño de un país”, como nos diría Leonardo Padrón. Hoy, el des-orden ha venido creciendo desde ese entonces y ante la realidad presente de estos días estamos seguros que la democracia y la libertad de comunicar crecerán y volverán a prosperar.

De nuevo el DICOM: ahora con Goldman Sachs y la Constituyente; por Ronald Balza Guanipa

El 27 de marzo de 2017 el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció su decisión de “activar, a partir de la próxima semana, un nuevo modelo de DICOM, que permita perfeccionar y construir a mediano plazo, con éxitos tempranos, un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos y de todos

Por Ronald Balza Guanipa | 1 de junio, 2017
Fotografía de AFP

Fotografía de AFP

El 27 de marzo de 2017 el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció su decisión de “activar, a partir de la próxima semana, un nuevo modelo de DICOM, que permita perfeccionar y construir a mediano plazo, con éxitos tempranos, un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos y de todos los venezolanos, con el mismo sistema de participación que nos permita estabilizar el precio de nuestra moneda en relación a la convertibilidad”. Sobre “el dólar criminal de Miami, el llamado Dólar Today”, afirmó que “tenemos que vencerlo, neutralizarlo, ahogarlo, acabarlo, desaparecerlo de nuestra vida y construir, con el nuevo DICOM, un sistema donde todos accedamos progresivamente a las divisas convertibles para el desarrollo del país”. Para esto, dijo: “Estamos garantizando con la venta de dólares de ese mercado por parte de las empresas públicas, pero además, yo invito al sector privado, por enésima vez” [sic].

Por enésima vez no cumplió el plazo indicado: pasaron dos meses y, por enésima vez, el gobierno y el Banco Central de Venezuela (BCV) anunciaron como nuevo el mismo mecanismo. También, por enésima vez, lo hicieron luego de reconocer que el vigente no garantizaba acceso, estabilidad ni desarrollo, porque no era eficiente, racional ni transparente. Y, lamentablemente, lo hicieron en un contexto mucho peor.

1. El DICOM y la transparencia

Según el Convenio Cambiario Nro. 38, el BCV y el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas procurarán “el debido equilibrio del sistema cambiario, y generar las condiciones propicias para que el funcionamiento del mismo responda a sanas prácticas favorables, a la atención ordenada de la demanda de moneda extranjera por todos los sectores, brindando transparencia en el proceso de formación de precios y tipos de cambio” [Art. 15].

Sin embargo, el BCV no publica desde 2015 las cifras de inflación, balanza de pagos, posición de inversión internacional, cuentas nacionales ni el resto de la información oficial que no sólo le corresponde, sino que publicaba con reconocida confiabilidad y oportunidad hasta hace pocos años. Tampoco los informes anuales, semestrales y de fin de año que el emisor presentó por décadas. Y, por otra parte, el Ministerio de Finanzas no publicó para 2017 su Presupuesto, ni su Marco Plurianual, ni las cuentas del FONDEN, los Fondos Chinos y el resto de los fondos parafiscales. Sin sanas prácticas y transparencia del BCV y el Ministerio, no puede esperarse que el sistema que presentan sea confiable para alguien.

2. El DICOM, el DIPRO y la no intervención humana

A través de una nota de prensa, el BCV informó el 23 de mayo de 2017 que “el sistema de subastas DICOM sustituye al régimen administrado de divisas a dos bandas que comenzó a funcionar en marzo de 2016: DIPRO (Cambio de Divisas Protegidas), dirigido a operaciones de bienes y servicios, y remesas identificadas como prioritarias; y DICOM (Cambio de Divisas Complementarias), orientado al resto de productos de consumos”.

La nota tiene dos imprecisiones. La primera, que DIPRO y DICOM no fueron definidos como un sistema de bandas con un único tipo de cambio entre ellas, sino como dos tipos de cambio diferentes. La segunda es que el Convenio Nro. 38 sólo eliminó el artículo 17 del Convenio Cambiario Nro. 35 que los define (Gaceta Nro. 40.865 del 9 de marzo de 2016). Este no está en el Capítulo I, dedicado a las operaciones de divisas con el DIPRO. Es allí donde se fija el tipo de cambio en 9,975 bolívares por dólar para la compra, y en 10,00 bolívares por dólar para la venta, destinados a usos “protegidos” por sus redactores.

Las deficiencias comunicacionales pesan cuando la credibilidad es un objetivo. Sin embargo, también importa la opinión que tiene sobre su destinatario quien hace un anuncio. No es muy buena la del Vicepresidente para el Área Económica hacia sus oyentes cuando les ofrece, sin mencionar el DIPRO, “un nuevo sistema económico informático que busca la transparencia y la no intervención humana en el proceso de administración y liquidación de divisas”. Según cálculos de Asdrúbal Oliveros y Jean Paul Leidenz, “alrededor del 65,0% de las importaciones este año serán controladas por el sector público. Y dentro de esta proporción, el 75,3% se realizarán a tasa DIPRO, que no ha sido eliminada”. La intervención humana en la asignación de estas divisas es evidente. Tanto como la necesaria para la redacción del Convenio Cambiario, la determinación de la banda, la gestión de la subasta de contingencia, el diseño de “sistema económico informático” y la creación y composición del Comité de Subastas de Divisas (Art. 7) y de sus comités ad-hoc (Art. 10).

3. El DICOM, el equilibrio y la primera subasta

El Convenio que procura “el debido equilibrio del sistema cambiario” define, sin embargo, una subasta de contingencia para “resolver el desequilibrio entre demanda y oferta”. Esta subasta tendría lugar cuando “por un exceso de demanda u oferta, no logre asignar las divisas demandadas” dentro de la banda de precios establecida por el BCV para la denominada subasta ordinaria. En ésta, demandantes y oferentes de todos los sectores “participan sin más restricciones que el cumplimiento de las condiciones establecidas en su convocatoria”. Cuando no puedan cumplirse, en la subasta de contingencia “se priorizará la participación de acuerdo a criterios vinculados al sector, actividad o productos previamente definidos”. Si ni aun así lograra “producirse la adjudicación, conforme a las reglas del sistema económico/informático se realizará por un procedimiento aleatorio” (Art. 3).

El tipo de cambio “fluctuará en el rango establecido entre el límite superior e inferior” de “un sistema de bandas móviles monitoreadas” que debe anunciar el BCV. Por esto, la elección de las bandas debería determinar el tipo de subasta que pueda aplicarse. En consecuencia, si la demanda supera la oferta y se aplica la subasta de contingencia, la adjudicación no podría ser transparente ni el tipo de cambio de equilibrio.

La primera subasta del DICOM (cuyos resultados se divulgaron el 31 de mayo de 2017) fue calificada como ordinaria por el Comité convocante. Sin embargo, el director del Comité hizo dos afirmaciones contradictorias: primero, que “la oferta disponible consiguió solventar la demanda de divisas a un tipo de cambio que se encuentra dentro de las bandas que estableció el BCV”; después, que sólo “se logró satisfacer el 59% de la demanda realizada” por las personas jurídicas y el 55% de la demanda de las personas naturales inscritas. No explicó cómo el “procedimiento electrónico e informático” alcanzó un equilibrio y eliminó “la discrecionalidad humana en… la asignación de divisas”, habiendo quedado insatisfechas cerca del 40% de las demandas hechas.

Sean subastas ordinarias (como la primera) o de contingencia, la semejanza con las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) es evidente. Recordemos la quinta convocada para sectores específicos el 21 de octubre de 2013. En ella se adjudicaron 95.036.000,00 de dólares a “865 empresas: 102 de los sectores alimentos y comercio (únicamente productos de la cesta navideña); 392 de los sectores automotor y caucho (únicamente repuestos y fabricación de productos de caucho); 132 del metalúrgico; 136 fabricantes de papel y productos para artes gráficas, así como de químicos para tintas; 71 del sector químico (únicamente sustancias químicas básicas); 7 del sector exportador (únicamente insumos y materias primas) y 25 del sector comercio (únicamente juguetes)”. Si este procedimiento hubiera resuelto algún problema, no necesitaríamos uno nuevo.

4. El DICOM y los paralelos

Los marcadores del paralelo existen únicamente porque no existe un mercado de divisas en el que la oferta y demanda de dólares a cambio de bolívares determine directamente el tipo de cambio de equilibrio en Venezuela. Asdrúbal Oliveros y Jean-Paul Leidenz presentan tres marcadores diferentes, aunque aparentemente relacionados entre sí: Dólar Today, Dólar Cúcuta y Bitcoin. El Dólar Cúcuta se calcula por medio de una operación simple que toma como referencia un precio del dólar en pesos en Colombia para, utilizando un precio en pesos del bolívar en Cúcuta, obtener indirectamente un marcador de tipo de cambio. Que Dólar Today y Bitcoin se desvíen del Dólar Cúcuta o incidan sobre él no es claro. Sin embargo, determinar las razones por las cuales suben y bajan estos valores es útil para el diseño de la política cambiaria: los marcadores existen únicamente porque no hay un tipo de cambio de equilibrio, pero sí una oportunidad para enviar señales extraordinariamente rentables sobre él. Influir sobre sus determinantes podría reducir el tipo de cambio esperado cuando se abandonan los controles y se pone en funcionamiento un mercado.

El nuevo DICOM no crea un mercado de divisas. No hace pública información esencial, ni incluye como operadores cambiarios a todos los bancos y casas de cambio del país. No se define en un marco de políticas fiscales y monetarias transparentes y coherentes, ni se adopta con políticas creíbles que hagan posible una inversión productiva y duradera en el país. Por tanto, el nuevo DICOM fortalecerá los marcadores del paralelo en lugar de acabarlos.

5. El DICOM y la inflación

El Convenio Nro. 38 establece que la tasa de cambio “a considerar para la estructura de costos”, será la correspondiente a “la última subasta” realizada incluso para “las personas jurídicas que utilicen sus divisas, no adquiridas a través del presente Convenio Cambiario, para la importación de materia prima, insumos, bienes intermedios y finales, para su proceso productivo” (Art. 12 y 17). Por tanto, el incremento en el tipo de cambio debería reflejarse en los precios controlados utilizando el DICOM. Sin embargo, no puede atribuírsele a este cambio la inflación que ya desde hace meses se ha acelerado al no tomar decisiones que resuelvan problemas tantas veces advertidos. La inflación no sólo responde a los tipos de cambio oficiales y a los marcadores del paralelo: también la explican las restricciones para producir e importar, la destrucción de canales de distribución formales, las amenazas al sector privado y el financiamiento monetario del gasto público. Sin atender todos sus determinantes en un sistema de precios libres no podrá frenarse su avance.

6. El DICOM, Goldman Sachs y la Constituyente

Aunque con el nuevo DICOM los redactores del Convenio Nro. 38 esperan atraer “posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que desean presentar sus posturas de oferta y demanda” (Art. 1), no tienen en cuenta las razones para demandar bolívares, sin las cuales la oferta de dólares no aumentaría. El precio del dólar podría estabilizarse, e incluso reducirse, si la oferta de dólares creciera tanto o más que su demanda en Venezuela. O, dicho de otro modo, si la demanda de bolívares a cambio de dólares creciera tanto o más que su oferta en Venezuela. Por supuesto, utilizar parte de la disponibilidad de divisas en el DIPRO y mantener el financiamiento monetario de PDVSA a través del BCV presionan en sentido contrario. Pero estos elementos sólo se suman a noticias que cada día son peores.

Tres noticias muy recientes coinciden con el anuncio del DICOM: la convocatoria a una Constituyente sin cumplir con los mandatos constitucionales, las protestas contra el gobierno y la venta de deuda de PDVSA a Goldman Sachs por el BCV por un 31% de su valor divulgada por un medio extranjero y no explicada por el emisor. Estas noticias exponen estruendosamente la inseguridad jurídica venezolana, la desesperada situación de las reservas internacionales y la disposición de los funcionarios del Estado para negociar activos públicos en condiciones tremendamente desventajosas y lograr un alivio muy temporal a estrecheces de divisas para sus propios gastos. En este caso es evidente que exportaciones, inversiones y préstamos no ocurrirán en las magnitudes necesarias para incrementar la oferta de dólares, mientras la demanda continuará impulsada por motivos precautivos y especulativos. En este contexto no puede esperarse la estabilización cambiaria en Venezuela, sino todo lo contrario.

7. ¿Y entonces? ¿Dolarizamos?

La dolarización, a pesar de los argumentos de sus defensores, empeoraría aún más las condiciones económicas del país. No es cierto que el supuesto apoyo de la mayoría a la idea, la relación directa entre el precio de algunos bienes y el paralelo, así como la realización de algunas transacciones directamente en dólares, sean pruebas del inicio de un proceso informal de dolarización. La diversificación de portafolios, los vínculos entre precios y tipos de cambio y la coexistencia de medios de pago se registran en países que tienen sus propias monedas, siendo Colombia un ejemplo muy cercano.

No es la sustitución del bolívar por el dólar la garantía de una “camisa de fuerza” que ponga orden en cuentas fiscales, inhiba la corrupción y frene la inflación. Es un diseño institucional que contenga el abuso de poder y la irresponsabilidad en su ejercicio. Es allí donde está el verdadero reto y la creación de un mercado de divisas es apenas un componente, esencial, en esa tarea.

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¿Quién convoca al poder constituyente?; por Carlos García Soto

Entre los distintos aspectos que se han planteado con ocasión a la propuesta de ir a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), uno de los principales ha sido de quién “convoca” esta asamblea. En términos institucionales, una ANC es el dilema más importante que se le puede plantear a la sociedad: conforme a la Constitución de 1999, el pueblo

Por Carlos García S. | 1 de junio, 2017
Manifestantes opositores en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del CCCT. 31 de mayo de 2017. Fotografía de Maura Morandi. Haga click en la imagen si quiere ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del CCCT. 31 de mayo de 2017. Fotografía de Maura Morandi. Haga click en la imagen si quiere ver la fotogalería completa

Entre los distintos aspectos que se han planteado con ocasión a la propuesta de ir a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), uno de los principales ha sido de quién “convoca” esta asamblea.

En términos institucionales, una ANC es el dilema más importante que se le puede plantear a la sociedad: conforme a la Constitución de 1999, el pueblo puede transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución (artículo 347) a través de esa figura. Es como si el país decidiera replantearse su propia existencia, en unos términos diferentes a los anteriores.

Tal es el dilema que se nos plantea hoy a los venezolanos.

Por esto, solucionar el problema de quién es el sujeto que puede activar esta caja de pandora no es un asunto menor.

La convocatoria a la ANC

La solución está en la propia Constitución. Conforme al régimen previsto en la Constitución de 1999 (artículo 347), la convocatoria a la ANC es una potestad única y exclusiva del propio pueblo, es decir, de los ciudadanos. Por lo demás, tal es la conclusión que se deriva del estudio de los antecedentes y discusiones de las normas sobre la ANC en la propia ANC de 1999 que dio lugar a la Constitución vigente, según expliqué aquí en Prodavinci. Tal fue la experiencia en el proceso constituyente de 1999, como también expliqué en otro artículo publicado aquí en Prodavinci.

Desde esa perspectiva, la expresión “pueblo” debe entenderse en los términos en los que lo hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia del 27 de junio de 2002, caso Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández:

“Debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”.

La iniciativa de la convocatoria

Conforme al régimen de la propia Constitución, si bien corresponde al pueblo convocar la ANC, la iniciativa de esta convocatoria puede tomarla, entre otros, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, tal y como señala el artículo 348 de la Constitución. De tal forma, conforme a la interpretación conjunta de los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999, si bien el Presidente de la República puede ejercer la iniciativa, pero corresponde al pueblo, mediante referendo, decidir si realizarla o no.

La interpretación sesgada sobre la distinción entre convocatoria e iniciativa

La interpretación dada por el Presidente de la República al dictar el Decreto Nro. 2.830 —publicado en Gaceta Oficial Nro. 6.295 extraordinario el 1 de mayo de 2017—, ha sido exactamente la contraria: al pretender ejercer la facultad que ciertamente tiene sobre la iniciativa de la convocatoria, en realidad intenta él mismo “convocar” la ANC  (sin realizar referendo para que sea el pueblo el que decida).

Luego de una invocación por el Presidente al “Poder Constituyente Originario”, en el artículo 1 del Decreto, se procedió a “convocar” la ANC a través de diversas normas de la Constitución. Sin embargo, precisamente con una lectura democrática de la Constitución se concluye que la convocatoria realizada es inconstitucional.

Esa interpretación ha sido avalada por una muy ambigua sentencia Nro. 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 31 de mayo de 2017.

Al conocer de un recurso de interpretación sobre los artículos 347 y 348 de la Constitución, la Sala ha realizado los siguientes razonamientos:

En primer lugar, la sentencia recuerda que en el proceso constituyente de 1999, el entonces Presidente de la República convocó un referendo consultivo en torno a la convocatoria a la ANC, para que el pueblo se pronunciara sobre ésta. Según la sentencia, ese referendo se habría convocado porque la Constitución de 1961 no preveía la figura de la ANC. En realidad, el referendo se celebró porque, más allá de que la figura estuviera o no prevista en la Constitución de 1961, era la única forma para que el pueblo pudiera expresarse acerca de su disposición a acudir a un proceso constituyente.

En segundo lugar, la sentencia afirma que en la Constitución no hay ninguna exigencia específica en cuanto a la celebración de un referendo a los efectos de la convocatoria de una ANC. Sin embargo, del artículo 347 de la Constitución sólo puede concluirse que para que el pueblo —depositario del “poder constituyente originario”— pueda expresarse a favor o en contra de una ANC, es preciso la celebración de un referendo como instrumento para la determinación, precisamente, de la voluntad del electorado.

En tercer lugar, la sentencia señala que de la revisión del Diario de Debates de la ANC de 1999, se concluye que la propuesta de exigir un referendo para la convocatoria de la ANC habría sido rechazada. Por el contrario, de la investigación realizada por el profesor Allan R. Brewer-Carías, miembro de esa ANC de 1999, y de lo señalado por José Ignacio Hernández, se concluye que el referendo siempre estuvo en el ánimo de los constituyentes como el instrumento para determinar la voluntad del pueblo a los efectos de la convocatoria a la ANC.

En cuarto lugar, la sentencia señala solapadamente que para asegurar “su característica de poder constituyente originario” de la ANC sólo es necesario la iniciativa para la convocatoria. Esto quiere decir que, implícitamente, la convocatoria por referéndum supuestamente sería en sí mismo un límite al carácter originario de la ANC, lo cual es absurdo.

En quinto lugar, la sentencia advierte que la Constitución —la cual tendría carácter “en principio, ilimitado”— no podría suponer un límite a la ANC. Según ese razonamiento de la sentencia, sería contradictorio que las “expresiones” de la democracia directa, como lo sería la ANC, sean “elegidas como si se tratara de una ‘representación’ del cuerpo electoral”.

Luego, vendrá la conclusión contradictoria de la sentencia:

“De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al ‘Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros’, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular”

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque esto no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX”.

De tal manera, si bien la sentencia señala que la convocatoria de la ANC corresponde al pueblo, y al Presidente la iniciativa, luego concluye sorprendentemente que como la Constitución no exige expresamente un referendo para la convocatoria no es “necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”. Es por esto que, si bien el pueblo es a quien corresponde realizar la convocatoria, no tiene derecho a expresarse a través de un referendo, precisamente, para convocar o no la ANC.

Ante la ambigüedad de la sentencia, la Fiscal General de la República ha presentado un escrito ante la Sala Constitucional para que ésta aclare el contenido de la sentencia, de cara al ejercicio de la soberanía popular frente a esta ANC que se plantea.

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El problema se lo habían planteado nuestros antepasados en 1811, al fundar esta República, cuando el redactar nuestra primera Constitución advirtieron con toda precisión:

“Artículo 144. La soberanía de un país, o supremo poder de reglar o dirigir equitativamente los intereses de la comunidad, reside, pues, esencial y originalmente en la masa general de sus habitantes y se ejercita por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y establecidos conforme a la Constitución”

Y para que no quedaran dudas, se reiteraba:

“Artículo 145. Ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o reunión de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad o partido puede atribuirse la soberanía de la sociedad, que es imprescindible, inenajenable e indivisible en su esencia y origen, ni persona alguna podrá ejercer cualquier función pública del Gobierno si no lo ha obtenido de la Constitución”

Ese es el dilema que hoy se plantea al país más de doscientos años después: si los ciudadanos somos quienes convocamos el poder constituyente originario a partir de la iniciativa que pueda tener el Presidente, o si es el Presidente quien lo convoca arbitrariamente sin participación de los ciudadanos.

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3 argumentos que dan la razón a la oposición al denunciar a Goldman Sachs; por Omar Zambrano

La posición pública de los principales voceros de la oposición y, particularmente, la carta que dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs —denunciando en los términos más categóricos la transacción de venta a descuento por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre un bono de PDVSA

Por Omar Zambrano | 31 de mayo, 2017
goldman

Fotografía de AP

La posición pública de los principales voceros de la oposición y, particularmente, la carta que dirigió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a Lloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs —denunciando en los términos más categóricos la transacción de venta a descuento por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre un bono de PDVSA por 2.800 millones de dólares—, ha despertado una ola de reacciones en Venezuela y en algunos centros financieros globales.

La oposición política venezolana ha denunciado categóricamente la operación de liquidación del bono PDV22; ha relacionado el hecho con las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha puesto en entredicho la legalidad de la transacción, reservándose para sí una posible revisión de la misma en el futuro.

Para mi sorpresa, las críticas más virulentas a este hecho han venido de círculos más o menos sofisticados, de gente bastante sagaz e informada. A Borges lo acusan de “ingenuo”, de no conocer “el funcionamiento del mercado” o de ser una especie de santurrón que “no sabe que hablar de ética en finanzas es inútil”. De nuestros vivaces analistas y colegas leí cosas insólitas como que la oposición va a lograr que Goldman Sachs “atornille por siempre a Maduro en Miraflores”, o que lo que verdaderamente pasó fue que “el BCV fregó a Goldman Sachs al venderle papeles que no valen nada”.

En ese grupo hay de todo. Desde los que hablan de buena fe, pero desconociendo que hay fundadas razones económicas para la conducta del liderazgo opositor, hasta los que hablan desde la distancia, el resentimiento, el conflicto de interés, o una mezcla de todas las anteriores.

Pero no se distraiga el lector del punto central de estas líneas: existen muchas razones para afirmar, incluso desde la ortodoxia económica, que la oposición hace lo correcto al denunciar la transacción BCV-Goldman Sachs. Es más, se puede afirmar que dada su posición actual, sería absurdo no hacerlo.

Vayamos al grano. Existen al menos tres razones para afirmar que Borges, como vocero de la Asamblea Nacional, actúa correctamente al tratar de elevar el costo reputacional de Goldman Sachs y al Banco Central de Venezuela por la operación de marras.

La primera razón tiene que ver con el hecho de que esta historia no termina aquí. Esta transacción se enmarca en algo que en teoría de juegos se llamaría un juego repetido, donde ninguno de los jugadores tiene control total sobre el resultado final. En un juego repetido la reputación es fundamental y es por esto que las fuerzas democráticas venezolanas hacen bien en señalar a GS (y al resto de Wall Street) que ellos serán los que determinen (al menos parcialmente) la matriz de pago en el futuro. Claro, si GS supiera con certeza cuál es el resultado final, la amenaza no sería creíble, pero éste no es el caso.

La segunda razón tiene que ver con la existencia de una amenaza latente. Nuestros iluminados analistas deberían saber que existe en el sistema financiero local al menos otro bono similar, también denominado en dólares, y dado en emisión privada a un banco público por un monto de 5.000 millones de dólares con vencimiento en 2036. Dicho bono debe estar listo para ser liquidado por el BCV a precios de gallina anoréxica, lo cual, qué duda cabe, resultaría en un grave daño para la Nación.

Evitar a toda costa la liquidación de este bono está en el máximo interés de una oposición que aspira a ser gobierno en el futuro cercano. Como explicaba en mi anterior artículo, en el momento que ese bono salga de las arcas del sector público, se producirá un deterioro profundo en la posición financiera del Estado venezolano y un aumento en el ya imposible servicio de deuda, lo cual pondría en riesgo las propias probabilidades de la oposición para estabilizar con éxito la economía en el futuro.

La tercera y última razón tiene que ver con que existe la probabilidad de que en el futuro de Venezuela vaya a un proceso ordenado, negociado, transparente y amistoso de negociación de su deuda externa. Si este proceso se da mañana, la oposición está en la obligación de señalar hoy la opacidad legal de todas las artimañas financieras que se han cometido desde que el chavismo no controla la Asamblea Nacional. De hecho, señalar hoy, a viva voz, toda posible irregularidad es la estrategia dominante de la oposición con miras a ese proceso, pues fortalece su posición negociadora en el futuro.

Por supuesto que hay una dimensión ética de todo este asunto, que a mí no me parece que sea la determinante. Pero sepa el lector que aunque en la práctica la oposición está hablando de ética, lo hace con el respaldo de tener sólidos fundamentos económicos para pensar que actúa correctamente.

Venezuela tendrá que enrumbarse, más temprano que tarde, hacia un proceso de estabilización y reformas que la lleve a recuperar rápidamente las condiciones materiales de vida de su maltrecha población. Recuperar un crecimiento vigoroso y sostenido, de la manera más rápida posible, solo será posible si el país cuenta con acceso masivo y sin restricciones a todas las fuentes posibles de financiamiento, incluyendo a los mercados financieros internacionales.

Pero desconfíe de quien diga que necesariamente la oposición tendrá que acudir a Wall Street, arrastrándose e implorando clemencia, pues probablemente hable desde el conflicto de interés. Existe talento y probidad suficiente en Venezuela para que, llegado el momento, se pueda enfrentar cualquier proceso de negociación ordenado, transparente y amistoso, con posiciones técnicamente sólidas y genuinamente nacionalistas.

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Justificar lo injustificable; por Ramón Escovar León

“El arte del jurista es el arte de la justificación. Su trabajo consiste en construir los argumentos suficientemente ingeniosos para convencer a su interlocutor o a su auditorio de que su solución reposa sobre normas y que estas normas tienen pleno valor jurídico”, dice Olivier Jouanjan en su libro Justifierl’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi (París,

Por Ramón Escovar León | 31 de mayo, 2017

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“El arte del jurista es el arte de la justificación. Su trabajo consiste en construir los argumentos suficientemente ingeniosos para convencer a su interlocutor o a su auditorio de que su solución reposa sobre normas y que estas normas tienen pleno valor jurídico”, dice Olivier Jouanjan en su libro Justifierl’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi (París, Collection Léviathan, PUF, 2017, p.16), publicado en enero de este año en Francia. Esta cita introduce un concepto esencial en las sentencias que se dictan en los sistemas democráticos: la motivación. Es a través de ella donde se plasman las razones que llevan a los jueces a decidir en un sentido o en otro, siempre buscando la respuesta correcta que ofrece el Derecho, tal como lo postula Ronald Dworkin. Si la respuesta a la que llegan no convence ni al interlocutor ni al auditorio, la sentencia seguramente será errada o injusta. Pero si la decisión llega a una solución que restringe los derechos fundamentales y las libertades, quienes las profieren se incluyen en la lista de los violadores de derechos humanos, y los hace responsables. Así aconteció con los jueces nazis, lo que es sobradamente conocido.

Con la intención de examinar ese momento monstrueux del “pensamiento jurídico”, Jouanjan reflexiona sobre las condiciones institucionales, intelectuales y morales que llevaron al sólido y reconocido ordenamiento jurídico alemán (uno de los pilares del sistema romano-germánico) a la perversión del nazismo. En este proceso, es determinante la manipulación del concepto de Derecho hasta degradarlo, al extremo tal de hacerle perder su naturaleza y convertirlo en instrumento de persecución y horror. Las palabras en el nazismo cambiaron de significado y los conceptos jurídicos fueron vaciados de contenido, “a golpe de oxímoron”, lo que dio origen o a una novlangue (neolengua). Y quisiera acá advertir cómo esta neolengua produce la disminución de la capacidad de pensar. En el caso venezolano existe un fenómeno equivalente al descrito por Jouanjan, pues se ha generado una degradación del lenguaje jurídico que lleva a llamar “terrorista” a un opositor político que protesta, “agente de la derecha”, “escuálido” y “traidor a la patria” a cualquiera que exprese una opinión contraria al régimen. Así, pues, se pretende desterrar de la mente de los jueces socialistas la capacidad de pensar, al ponerlos a decidir sobre la base de slogans trasnochados.

En un ordenamiento jurídico democrático, la tarea de motivar los fallos judiciales es crucial para determinar el calado y alcance de la decisión y su sentido de justicia. No en balde, el romanista galo André Magdelain afirmó que el “derecho es un lenguaje que difiere de todos los otros”. Por eso debe ser claro y preciso y debe alejarse de la ambigüedad, para que aquellos que no son abogados puedan entenderlo.

Lo expuesto llevó a separar la abstracción del Derecho de la concreción de la justicia. Nuestro sistema nace del Derecho Romano; y de esa manera la abstracción se hizo parte de nuestra cultura jurídica. Por esta razón, el razonamiento consiste en amoldar las circunstancias de hechos concretos en los hechos abstractos que regula el Derecho. Así se construyen los conceptos que deben ser labrados por el jurista, siempre basados en razonamientos convincentes. La fuerza del Derecho depende de esta faena. El “jurista” servil y sometido a un esquema dictatorial, como el nazi y equivalentes, vacía de contenido el concepto y lo degrada para complacer la voluntad tiránica.

En estos momentos lo que queda de libertad —casi nada— en Venezuela está amenazada por una asamblea constituyente comunal —necesariamente en minúsculas—, que viola la Constitución por todos sus costados. Las razones de la (in)constitucional maniobra han sido expuestas abrumadoramente por abogados, politólogos, sociólogos, historiadores, periodistas y analistas nacionales e internacionales. Entre ellas destaca el artículo publicado en El País por dos constitucionalistas marxistas españoles, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau titulado Una constituyente sin legitimidad (https://tinyurl.com/y9zwnzrw). En este artículo, los juristas que habían asesorado a Chávez en la constituyente de 1999, no vacilan en declarar que la propuesta de Maduro “pasará a la historia negra de la política latinoamericana”. En otras palabras: la propuesta de Maduro cada día recibe más rechazo, incluso de quienes apoyaron a su mentor, como se evidencia en las declaraciones de los mencionados profesores españoles y de los exfuncionarios chavistas.

Ante este cuadro, la Sala Constitucional dictó su sentencia Nro. 378/31.05.17 para decidir lo que se esperaba: ¡que el proceso constituyente no requiere de consulta al pueblo! Sostiene esta sentencia: “no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, lo cual no es verdad si se leen las disposiciones constitucionales en conjunto; para esto no podía escapar la norma del artículo 7 de la Constitución que, sin ambages, señala que la soberanía corresponde al pueblo; lo que admite la sentencia, pero agrega que la “ejerce directamente a través del poder popular”, lo es una interpretación interesada y dictatorial de la Constitución. De esta manera equipara pueblo con comuna, lo cual es radicalmente incierto. Por si fuera poco, afirma: “el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus ‘expresiones’ sean elegidas como si se tratara de una ‘representación’ del cuerpo electoral”. En este ambiguo pasaje, con fallas de sintaxis, pretende justificar que el proceso constituyente no requiere de referéndum, lo cual no es admitido por nadie en ninguna parte.

Y aquí queda demostrado la veracidad de lo analizado por Olivier Jouanjan: los “magistrados” tenían que elaborar una decisión que convenciera al auditorio nacional e internacional con razones sólidas, coherentes, suficientes y jurídicas. Desde luego que no lo podía hacer jurídicamente y tuvieron que acudir a los métodos del nazismo, en su pretendido intento de defender lo que no puede ser defendido. Llama la atención que esta Sala, una vez más, apela al argumento de autoridad para desnaturalizarlo y convertirlo en falacias al citar extensamente y fuera de contexto a autores extranjeros —Enrique Dussel—,concluyendo lo que el autor expuso en otro contexto. En realidad, esta decisión carece de fundamentación, y está plagada de afirmaciones sin respaldo argumentativo.

A través de la motivación de las sentencias se descubre ese arte del jurista que define su trabajo de fundamentar y justificar sus veredictos. Hecho que nos permite entender mejor los métodos totalitarios y empobrecedores de conciencia que el ordenamiento jurídico socialista le está aplicando a los venezolanos. Aquí se tendrá que explicar ese oxímoron que pretende blindar brutalmente la constituyente comunal: ¡unas “bases comiciales” sin comicios!¡Un proceso constituyente sin consulta al pueblo!Con esta sentencia Nro. 378 los magistrados de la Sala Constitucional, le clavaron un golpe a la idea de libertad, porque no podían jurídicamente justificar lo injustificable.

¿Podría la oposición ganar las elecciones a la Constituyente?; por Francisco Rodríguez

El 25 de mayo de 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Maduro. Hasta el momento, la Mesa de Unidad Democrática, así como muchos factores disidentes del chavismo, han cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa y no han mostrado disposición a participar

Por Francisco Rodríguez | 31 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

El 25 de mayo de 2017, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente Maduro. Hasta el momento, la Mesa de Unidad Democrática, así como muchos factores disidentes del chavismo, han cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa y no han mostrado disposición a participar en ella. Pareciera, en consecuencia, que la oposición ha decidido no participar en las elecciones a la constituyente, aunque el momento crucial de definiciones se dará en estos dos días (31 de mayo y 1 de junio), en los que los potenciales candidatos deben indicar su disposición a participar.

Entre las principales razones para no participar está la convicción de que las bases comiciales están tan fuertemente manipuladas a favor del gobierno que hacen imposible una victoria de la oposición. Y, ciertamente, un primer análisis de las bases comiciales muestra que el sistema electoral crea un terreno muy ventajoso para el partido de gobierno. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre afirmar que las bases dan ventaja al gobierno y concluir que el gobierno tiene garantizada la victoria.

De acuerdo con todos los estudios de opinión publicados por encuestadoras reconocidas, un porcentaje muy alto de venezolanos desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro y estaría dispuesto a votar en contra del partido de gobierno. De esta forma, tenemos que preguntarnos si el desbalance a favor del gobierno en las reglas electorales es suficientemente alto como para contrarrestar la ventaja natural que tiene la oposición en cualquier votación nacional.

Claro está, hay muchas objeciones a la constituyente que no tienen que ver con las posibilidades de ganarla. Hay cuestionamientos de naturaleza legal y constitucional, así como consideraciones estratégicas sobre la interacción que puede existir entre el objetivo de mantener la presión de calle y dar la apariencia de convalidar un proceso impulsado por el gobierno. El objetivo de mi artículo no es fijar una posición sobre este debate general, sino poner la lupa sobre un componente esencial de la información que deben tener los políticos que tomen la decisión: ¿cuál es la posibilidad de que, si decidiese participar en este proceso, la oposición gane las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente?

Los obstáculos: sobrerrepresentación territorial
y opacidad del registro

Las bases comiciales de la ANC establecen que, de los 545 delegados, 364 se elegirán sobre una base territorial a nivel de municipio, mientras que los restantes 181 serán elegidos a través de ocho sectores: trabajadores, pensionados, estudiantes, comunas y consejos comunales, campesinos y pescadores, los pueblos indígenas, empresarios y discapacitados. Ambos tipos de elección conllevan un sesgo potencial a favor del gobierno, pero los sesgos son distintos.

En el caso de la elección territorial, se escoge un representante por municipio, con la excepción de las capitales de estado, donde se escogen dos, y el Distrito Capital, donde se escogen siete. La asignación de representantes se hace por votación nominal en los distritos de un diputado. En las capitales, sin embargo, se usa el principio de representación proporcional. Esto le genera una ventaja al gobierno en los municipios menos poblados en los cuales tiende a tener más apoyo. En las ciudades, la aplicación de una regla de representación proporcional con dos diputados asegura que el gobierno tenga al menos un diputado, a menos que la oposición duplique su voto en ese distrito. Esto lo protege electoralmente dado que el gobierno tiende a tener menos apoyo en los centros urbanos.

En el caso de las elecciones sectoriales, el sesgo es distinto y más difícil de precisar. En principio, es difícil imaginar que el gobierno sea capaz de ganar elecciones universales en sectores como trabajadores y estudiantes donde la desaprobación es similar a la que tiene a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de que el CNE obtendrá los listados de votantes en parte de organismos oficiales lleva a pensar en el riesgo de una manipulación de los registros electorales para asegurar que la mayoría de ellos sean afectos al oficialismo. Dicho eso, es importante recalcar que en los últimos dos años el gobierno o el Tribunal Supremo de Justicia han suspendido las elecciones en la mayoría de los sindicatos, universidades e incluso consejos comunales, lo que lleva a pensar que la posible capacidad de manipular estos registros no necesariamente resuelve el problema general de impopularidad gubernamental en estos sectores.

La elección territorial

Para responder la pregunta sobre cuáles pueden ser los resultados esperables en una elección con estas bases comiciales, es útil comenzar por el análisis de qué hubiese pasado en la elección más reciente –las elecciones parlamentarias de 2015– si se hubiesen impuesto estas reglas. Este análisis ya ha sido expuesto por Héctor Briceño aquí en Prodavinci. Nuestros resultados, expuestos en la Tabla 1, son similares a los que él obtiene: estimamos que de haberse dado la misma distribución de votos por municipios que en el 2015, el PSUV habría obtenido 187 diputados (51%) a los 177 de la oposición (49%), a pesar de haber obtenido solo el 43% del voto popular. [1]

Sin embargo, la pregunta más importante no es cuál habría sido el resultado en el 2015 sino cuál sería el resultado hoy. De acuerdo a la mayoría de los estudios de opinión, la aprobación del presidente Maduro se encuentra en este momento sustancialmente por debajo de donde se encontraba en el momento de las elecciones parlamentarias del 2015. Por ejemplo, de acuerdo con la encuestadora Datanálisis, la aprobación de Maduro en abril de este año fue 24,1%, muy por debajo del 32.0% que tenía en el momento de las elecciones parlamentarias de 2015. Por tanto, tiene sentido suponer que la oposición obtendría una mayor fracción del voto popular si las elecciones se hiciesen hoy.

El gráfico 1 muestra justamente cómo evoluciona la fracción de constituyentes de la oposición para distintas distribuciones del voto nacional. Modelar estos resultados requiere un supuesto que nos permita mapear incrementos nacionales a variaciones en el voto de cada municipio. Nuestra aproximación reparte el aumento de votos de una forma equi-proporcional, i.e., asumiendo que los votos en cada municipio a favor de la oposición aumentan en la misma proporción que a nivel nacional. [2]

Lo que muestran estas simulaciones es que el porcentaje de representantes territoriales aumenta muy rápidamente con incrementos en el voto popular, al menos dentro del rango relevante para predecir estas elecciones. Por esto, si bien es cierto que la oposición pierde la elección territorial si saca el mismo porcentaje de votos que en el 2015 (57.4%), solo tiene que aumentar su votación en 1.1 puntos porcentuales (a 58,5%) para llegar a ganar la elección territorial. Si el voto a favor de la oposición llegase a dos tercios (66,7%), capturaría el 71% de los representantes territoriales.

Numerosos estudios muestran que la aprobación presidencial es un buen predictor del voto a favor del partido de gobierno en sistemas bipartidistas, por lo cual una aproximación a la votación esperable en estas condiciones se podría obtener asumiendo que la variación en la aprobación de Maduro que ha ocurrido desde diciembre del 2015 –una caída de 7.9 puntos, de acuerdo con Datanálisis– se transfiere también a la intención de voto a favor del PSUV. En ese caso, podríamos inferir que unas elecciones nacionales en este contexto arrojarían una victoria de la oposición con el 65.3% del voto nacional, contra 34.7% del PSUV. En ese escenario, nuestra simulación predice que la oposición capturaría 249 representantes territoriales (68%), contra 115 del gobierno (32%).

Las elecciones sectoriales

Predecir los resultados de las elecciones sectoriales es mucho más complejo. Dado que no hay experiencias similares con elecciones por sectores en Venezuela, es difícil establecer una relación entre la votación nacional y la elección sectorial. Además, es extremadamente complicado estimar adecuadamente el grado de posible manipulación que puede haber en los registros electorales sectoriales.

Tal vez la mejor forma de aproximarse a esta pregunta sería modelando la cantidad de votos que la oposición requeriría sacar en el voto nacional para sobreponerse a distintos niveles de sesgo a favor del gobierno. Si medimos el sesgo por el exceso de representantes sectoriales sobre la intención de voto popular, podemos estimar el número de representantes sectoriales a favor de cada uno de los lados y, por lo tanto, calcular el porcentaje de votos que la oposición necesitaría obtener para contrarrestar ese sesgo.

Por ejemplo, supongamos que el sesgo en las elecciones sectoriales le da al gobierno un 15% más de representantes que su participación en el voto popular. Si partimos de un estimado de voto popular de 35%, esto permitiría que el gobierno obtuviese el 50% de los representantes sectoriales. Para obtener la mayoría de la cámara, la oposición necesitaría en ese caso ganar más de la mitad de los representantes sectoriales, para lo que, como mostramos anteriormente, necesitaría sacar al menos el 58,5% del voto nacional.

Supongamos, por otro lado, que el sesgo sectorial es mucho más fuerte, permitiendo que el gobierno capturase el 85% de los escaños sectoriales. En ese caso, la oposición necesitaría capturar alrededor de dos terceras partes de los escaños territoriales, lo cual lograría con un voto popular del 64,7%, similar al que hoy en día muestran las encuestas. En un extremo, aun si el 100% de los diputados sectoriales fuesen del gobierno, la oposición podría sobreponerse a ese margen con una votación del 68,6% en el voto popular.

El lector de estas páginas podría llegar a la conclusión de que nuestros resultados son distintos a los del artículo de Héctor Briceño, que justamente se llama “Constituyente: reglas manipuladas para ganar con el 20% de los votos”. Sin embargo, y a pesar de su título, Briceño no hace ninguna simulación con porcentajes distintos a los obtenidos en las elecciones de 2015. En ese sentido, tal vez un título más apropiado para el artículo de Héctor habría sido “Reglas manipuladas para ganar con el 43% de los votos”. Y un título alternativo para el nuestro sería “Es imposible manipular las reglas para ganar con el 20% de los votos. Las reglas no dan para tanto”.

Otras consideraciones

Hay razones adicionales a las que hemos discutido hasta ahora por las cuales se puede desconfiar del proceso de elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con el proceso de inscripción de candidatos, el cual requiere la recolección de firmas del 3% de los electores en la circunscripción respectiva en un plazo reducido de tiempo. Al mismo tiempo existen temores sobre las posibilidades de descalificaciones de postulaciones que restrinjan aún más la competitividad. Sin embargo, vale la pena mencionar que otros procesos electorales que nos podríamos imaginar, tales como las elecciones regionales, podrían estar marcados por procesos similarmente restrictivos en términos de plazos y postulaciones.

Otras razones para no participar en estas elecciones son más bien estratégicas. Un argumento es que la participación en las elecciones a la constituyente requeriría “enfriar la calle” y que son justamente las movilizaciones de calle las que le han dado a la oposición un mayor poder de negociación. Se teme que la participación en una iniciativa de este tipo podría configurar un episodio similar al de la participación en el diálogo con el gobierno a fines del año pasado, del cual no derivaron concesiones significativas.

También puede argumentarse que nuestras simulaciones solo tienen sentido en el caso de que la oposición vaya unida, escenario que parece poco probable dado que varios partidos de oposición han hecho muy clara su disposición de no participar en el proceso. Adicionalmente, varios sectores clave de la oposición podrían sentirse muy decepcionados de una decisión que podría ser percibida como un aval de un proceso viciado por diseño y su apatía al momento de votar podría disminuir significativamente las posibilidades de que la oposición ganase. Por otro lado, la experiencia con elecciones pasadas –tales como las mismas elecciones legislativas de 2015– muestra que cuando se acerca un escenario de confrontación electoral con el chavismo, incluso los sectores más escépticos tienden a movilizarse en el momento de votar.

Por otro lado, una de las razones por las que la opción de participar en la constituyente puede ser atractiva es que la Constitución faculta a la Asamblea Constituyente como expresión del poder originario, pudiendo incluso llegar a decidir la disolución de otras ramas del poder público. Por lo tanto, hay mucho que ganar de una victoria en las elecciones a la constituyente –y mucho que perder si el gobierno queda en control de ella–.

Al final, el escepticismo de muchos con la participación en la Constituyente tiene que ver con la idea de que no es posible que el gobierno se esté exponiendo al riesgo de perder una elección. Por ello, piensan los escépticos, las reglas deben estar tan manipuladas como para garantizarle la victoria al gobierno.  De lo contrario, el gobierno no las estaría proponiendo.

Nuestro análisis sugiere una interpretación diferente: tal vez el gobierno se dio cuenta de que es imposible manipular las reglas para garantizar la victoria, pero también se dio cuenta de que sí es posible convencer a la oposición de que no participe. En el lenguaje del póker, nos encontramos ante un bluff del gobierno que pretende tener más capacidad de manipular reglas que las que efectivamente tiene. Para que el bluff funcione, la oposición tiene que decidir retirarse del juego. En otras palabras, la única forma de ganar una elección con el 20% de los votos es logrando que el contrincante no participe.

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[1] A efectos de estos cálculos no tomamos en cuenta el voto de los independientes, quienes no capturaron escaños en la elección de 2015. Usamos el voto nominal por municipio. Las diferencias con los cálculos de Briceño, quien le atribuye una ventaja menor (184-180) al gobierno, parecieran venir de diferencias en la fuente de datos usada. Mientras nosotros usamos datos oficiales del CNE, Briceño parece usar datos del Observatorio Electoral Venezolano. No nos queda claro por qué hay una diferencia entre estas bases de datos ni por qué una fuente no oficial es preferible en este caso particular.

[2] Esta aproximación genera un leve sesgo en contra de la oposición dado que no toma en cuenta que en distritos donde la oposición tiene más apoyo inicial, se le es más difícil aumentar su voto en la misma proporción. Sin embargo, la aproximación funciona razonablemente bien en contextos similares, tales como en la predicción del voto de la Asamblea Nacional en las elecciones del 2015. Ver https://www.caracaschronicles.com/2016/03/14/battle-of-the-pollsters-6d-edition/.

 

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El bolívar: un millón por ciento después; por Frank Muci

2 de febrero de 1999. Un dólar costaba 576 bolívares… de los viejos. Ahora, 18 años después, mientras Venezuela padece de hambre, colapso y opresión, ese dólar cuesta 1.000.000% más. Eso es un uno con seis ceros: Un-Millón-Por ciento. En febrero de 1999, el tipo de cambio era 0,576 “bolívares fuertes” por dólar. Chávez aún

Por Prodavinci | 30 de mayo, 2017
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Fotografía de EFE

2 de febrero de 1999. Un dólar costaba 576 bolívares… de los viejos. Ahora, 18 años después, mientras Venezuela padece de hambre, colapso y opresión, ese dólar cuesta 1.000.000% más.

Eso es un uno con seis ceros: Un-Millón-Por ciento.

En febrero de 1999, el tipo de cambio era 0,576 “bolívares fuertes” por dólar. Chávez aún no le había quitado tres ceros a la moneda, entonces eran 576 bolívares. Ahora un dólar cuesta poco más de seis millones de esos bolívares viejos (o 6.079 de los nuevos). Divida la tasa de hoy por la de 1999, agréguele dos ceros para convertirlo a porcentaje y constátelo. El tipo de cambio nominal ha aumentado un millón por ciento.

La cifra del millón no tiene importancia económica. No es más que una valla camino a la hiperinflación que dice “el bolívar fracasó”. Pero sirve para recordar que Hugo Chávez acabó con 97,3% del valor de la moneda. Sirve para recordar que cada año por 14 años, de 1999 hasta 2013, la moneda perdió 23% de su valor en promedio y a los venezolanos les costó 29% más bolívares cada dólar.

También sirve para evaluar a Maduro. En solo 4 años, acabó con 99,6% del valor de la moneda, o con lo que quedaba de valor después de la aplanadora de Chávez. Cada año, desde 2013 hasta el presente, Maduro acabó con tres cuartas partes del valor de la moneda en promedio. Es decir, el precio del dólar aumento más o menos 300% todos los años por cuatro años seguidos. En total, 18 años de socialismo del siglo XXI evaporaron 99.99% del valor de la moneda.

A estas alturas, uno duda qué rayos puede estar pasando por la cabeza del señor Serrano cuando dice que la emisión monetaria no es significativa en la formación de precios:

Señor Serrano: si la impresión de dinero no causa inflación, ¿por qué los bancos centrales no acaban con la pobreza mundial con transferencias de efectivo a todos los pobres? Si la impresión de dinero no causa inflación, ¿por qué los gobiernos se molestan con recolectar impuestos y endeudarse en lugar de imprimir dinero y gastarlo?

Sencillo: porque el mundo no es así. Porque las leyes básicas de la economía como “imprimir dinero inorgánico causa inflación”, aplican en todos lados, incluyendo al comunismo.

En el centro del proyecto político de Hugo Chávez había una promesa de fregar a los ricos en nombre de los pobres. Pero insólitamente, la impresión de dinero hace exactamente lo contrario. La monetización del déficit es un impuesto inflacionario profundamente regresivo —le pega mucho más a los pobres—. Los economistas siempre han sabido que es una transferencia de riqueza e ingresos al Gobierno y a cualquiera que tenga deuda local (negocios grandes y gente adinerada) pagada por el resto de la sociedad, especialmente por los más pobres.

¿Cómo así? Miremos un ejemplo de un amigo.

En 2010, cuando la tasa de cambio estaba en 8 BsF/$, endeudó masivamente a su negocio, hipotecó su casa, y usó los bolívares para comprar 600.000 dólares en el mercado negro. Metió sus dólares en una cuenta y los dejó tranquilitos esperando que el bolívar se devaluara, como era obvio que lo haría, dada la insistencia del Gobierno de imprimir dinero para cubrir el déficit.

En el 2014, sus dólares valían 10 veces más en el mercado negro a 80 BsF/$, la nueva tasa de cambio. Vendió apenas 60.000 de sus dólares (el 10%) y pagó todas sus deudas. Vendió otros 40.000 dólares y pagó los intereses que debía. Y así se quedó con 500.000 dólares o tremenda casa gratis en Miami.

Solo que no fue gratis.

El resto del país la pagó, principalmente con un recorte a su salario real. La madre que ganaba 200 dólares al mes, y ahora apenas llega con 50 o 30 dólares al mes: ella es quien pagó. Aquí explico en un gráfico, pagando, comenzando en 2006 y 2009, cuando Chávez sepultó la independencia del Banco Central de Venezuela y le dio rienda suelta a la emisión monetaria.

Aclaro, el malo en esta historia es el Gobierno, no las personas que en su derecho apuestan contra la moneda. Solo quiero resaltar que el impuesto inflacionario tiene efectos distributivos pro-ricos, anti-pobres que hacen exactamente lo contrario del discurso Robin Hood del Gobierno.

El punto central es que la monetización del déficit es una transferencia de riqueza masiva, de 5-15% del PIB, de los millones de venezolanos que trabajan de sol a sol a un gobierno parásito. Lo cierto es que cuando el Gobierno imprime dinero, le usurpa poder de compra a toda Venezuela y se lo pasa a las empresas nacionalizadas quebradas y los fantasmas y aduladores de la nómina pública.

Sí, el Gobierno le roba el poder de compra a los venezolanos más pobres. Sí, el Gobierno se come los ahorros y los salarios de los venezolanos más vulnerables para cerrar el hueco en las finanzas públicas que abren cuando regalan 93% de los dólares de PDVSA a empresas de maletín por 10 bolívares, es decir, gratis.

Lo indignante no es solo que el Gobierno les quite 5-15% del PIB a los venezolanos todos los años con el impuesto inflacionario, sino que lo haga para financiar un sistema económico que no tiene ni pies ni cabeza y para fondear un presupuesto corrupto e ineficiente. Si aún queda gente en la izquierda buscando aspectos que rescatar de la revolución, pues disculpe, no hay. Los “logros” o eran insostenibles o son ficticios, pero este tobogán dictatorial, este colapso económico, esta hambre y estos muertos, esos, sí son de verdad, verdad.

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Este artículo fue publicado inicialmente por Caracas Chronicles. Haga click acá para ver el texto original

BCV y el polémico bono: pateando el cadáver de PDVSA; por Omar Zambrano

A mediados de octubre de 2014, en una operación que involucró solo intercambio de bolívares en una triangulación con el Banco de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) emitió un bono denominado en dólares americanos por la cantidad de USD 3.000 millones. PDVSA no recibió ni un solo dólar de esta operación. El bono, denominado en

Por Omar Zambrano | 29 de mayo, 2017

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A mediados de octubre de 2014, en una operación que involucró solo intercambio de bolívares en una triangulación con el Banco de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) emitió un bono denominado en dólares americanos por la cantidad de USD 3.000 millones. PDVSA no recibió ni un solo dólar de esta operación. El bono, denominado en divisas pero pagado en bolívares, fue adjudicado en su totalidad al Banco Central de Venezuela (BCV), que desde entonces lo contaba dentro de sus activos.

Al principio nadie sabía con certeza cuál era la verdadera intención de esta emisión. En su interpretación más laxa, era una manera de “fortalecer” la posición del BCV en moneda extranjera, forrando su balance de estos activos denominados en dólares, pero que en realidad contablemente no pueden considerarse parte de las reservas internacionales.

Hoy sabemos que esta no era la intención.

La prensa internacional anunció ayer que el BCV, a través de un intermediario, decidió liquidar este papel con un descuento de 69%, recibiendo a cambio USD 865 millones por un bono cuyo valor facial es de USD 2.800 millones. El bono es comprado por una institución financiera internacional de primera línea, lo cual sorprende, a un precio de recuperación de bonos basura, lo cual no sorprende, dado el estado del naufragio económico de la revolución chavista.

En nuestra opinión, la operación produce un daño severo al ya precario estado financiero de PDVSA. Creemos que se equivocan los colegas que sostienen que la operación es “neutral” para PDVSA “porque esta deuda aparecía en sus balances desde 2015”. Tal afirmación puede ser cierta desde el punto de vista contable, pero no lo es desde el punto de vista económico y fiscal.

Desde el punto de vista económico, y como consecuencia del principio de unicidad del tesoro público, toda deuda pública que repose en manos de otro ente público, no constituye una carga financiera efectiva más allá de los asientos contables. Ese bono en manos del BCV tenía un impacto nulo desde el punto de vista del sector público en su noción más amplia. En cambio, en el momento en que dicho bono pasó a manos de Goldman Sachs, inmediatamente se empeoró la posición financiera neta del Sector Público, aunque no tenga impacto en el balance de PDVSA.

Cuando decimos que empeoró la posición del Estado venezolano, nos referimos a que el servicio de la deuda externa se hizo mucho peor con esta operación porque salió de las manos de un ente del Estado.

La operación tiene un agravante: PDVSA no recibió, ni antes ni ahora, un solo dólar adicional producto de esta transacción, lo cual viola los más elementales principios de prudencia financiera y operativa que dictan que la deuda debe adquirirse con principios reproductivos, es decir, para fortalecer hoy la capacidad de producir los dólares que permitirán pagar mañana esa deuda.

Por lo anterior puede afirmarse con certeza que la operación utiliza deuda vieja, para dar un nuevo golpe a las maltrechas finanzas de la industria petrolera. Venezuela está peor, enfrentará un servicio de deuda más oneroso, y no verá aliviar ninguno de los males que hoy la aquejan.

En un capítulo más de esta conducción económica desquiciada con la que el chavismo ha enfrentado su crisis de liquidez, el Estado-PSUV decide seguir dándole patadas al cuerpo ya moribundo de PDVSA.

Por último, una nota sobre Goldman Sachs, el banco de inversión que compró los bonos de PDVSA con descuento. No cabe duda de que es una operación rutinaria para un agente financiero que busca obtener rendimientos acordes con los riesgos que asume. No es menos cierto que es fútil pensar que las implicaciones éticas tienen algún peso en las decisiones económicas en general, y en el mundo de las finanzas internacionales en particular. Pero también es cierto que Goldman Sachs y el resto de Wall Street debe saber que esta línea de oxigeno que le otorga esta operación a la dictadura venezolana, implica la prolongación en el tiempo de un esquema de políticas que en este momento solo implican, por un lado, hambre, enfermedad, muerte y represión para 30 millones de venezolanos, mientras por el otro, acceso a oportunidades de captura de rentas mil millonarias para una élite enquistada en el poder.

Para nosotros los venezolanos, enfrascados en este momento en una lucha existencial por la dignidad y la democracia, cualquier acción como la de Goldman Sachs, que le oxigene al régimen resulta, por lo menos, una acción odiosa e inamistosa, y constituye un riesgo reputacional para una institución de clase mundial.

No podemos hablar por la oposición política venezolana, a quién no represento de ninguna manera, pero es bueno que el mundo vea las cosas en perspectiva e incorpore en sus decisiones el hecho de que más temprano que tarde, el péndulo cambiará y los que hoy protestan estarán al frente del Gobierno de Venezuela.

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¿Cuál es el origen de la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución de 1999?; por Carlos García Soto

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue la inclusión de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La inclusión de esa figura se debió a que, precisamente, la Constitución de 1999 fue producto de un proceso constituyente. El contexto en el cual llega la figura de la ANC a la Constitución

Por Carlos García S. | 29 de mayo, 2017

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Una de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue la inclusión de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La inclusión de esa figura se debió a que, precisamente, la Constitución de 1999 fue producto de un proceso constituyente.

El contexto en el cual llega la figura de la ANC a la Constitución de 1999

Si bien en Venezuela no ha sido tradicional que la propia Constitución incluya la regulación de una figura como la ANC, en 1999 la ANC era el tema político fundamental. No en vano había sido la oferta electoral fundamental de Hugo Chávez.

De hecho, la gran discusión constitucional en 1999 fue, precisamente, que la Constitución de 1961 no incluía a la ANC como una de las vías institucionales para la sustitución de la Constitución de 1961. Como hemos explicado en una nota anterior, esa discusión dio origen a dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que, sin embargo, no aclararon el punto con la claridad que era necesaria.

Esto llevó a que la fundamentación constitucional del proceso constituyente de 1999 se viera cuestionada desde el principio, si bien luego la fuerza de los hechos llevó a que efectivamente se instalara la ANC y que ésta dictara la Constitución de 1999.

Quizá para intentar legitimar políticamente un proceso que había sido turbulento y cuya legitimidad se había cuestionado durante todo el año 1999, en la Constitución de 1999 se incluiría la figura de la ANC, a la cual se le dedican los artículos 347, 348 y 349.

A esto apuntaría la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999, que al hacer referencia a la ANC va a resaltar que la soberanía popular es la base sobre la cual se fundamenta la figura:

“Se consagra expresamente la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento fundamental para garantizar al pueblo de Venezuela la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, creando un nuevo texto constitucional. Esta posibilidad inexistente formalmente en la Constitución del 1961 hubo de ser incorporada por vía de interpretación de la Corte Suprema de Justicia, para hacer posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que produjo esta Constitución. En el presente texto constitucional pasa a ser norma vigente, expresiva de la más acertada definición democrática en torno a la soberanía popular”.

La regulación de la ANC en el proyecto de Constitución
preparado por el entonces Presidente Chávez

El origen de esta regulación se encuentra en el proyecto de Constitución que presentó el entonces presidente Chávez a la ANC, el 5 de julio de 1999, titulado como Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República (publicado en el libro Documentos fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, 2000). En ese proyecto de Constitución se dedican hasta 6 artículos a la figura de la ANC. Destaca que los artículos 3, 4, 5 y 6 del Capítulo III se dedican a regular la convocatoria y funcionamiento de la ANC así como la aprobación vía referéndum de la Constitución. Así, por ejemplo, el artículo 3 señala sobre la iniciativa de la convocatoria a la ANC que:

“Artículo.- La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Constituyente la podrá ejercer el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por acuerdo aprobado de las dos terceras partes de cada Cámara o por un número no menor al diez por ciento de los electores inscritos en el Registro Electoral Nacional”

Sin embargo, el artículo siguiente señala expresamente que la aprobación de la convocatoria requiere de un referéndum en el que se consulte al pueblo su decisión de ir o no a un proceso constituyente:

“Artículo.- Se considerará aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente, si en el referéndum llamado al efecto, el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. Si el resultado del referéndum fuese negativo, deberá transcurrir, al menos un año para una nueva convocatoria. Si transcurrido ese tiempo, la nueva convocatoria fuese rechazada, no podrá llamarse a un nuevo referéndum en el mismo período constitucional”

Pero, conforme a ese proyecto, las bases para elegir a los miembros de la ANC, también debían ser consultadas al pueblo. En el artículo 5 de ese Capítulo propondría el entonces Presidente Chávez que:

“Artículo.- Las bases para elegir y conformar la Asamblea Constituyente serán incluidas en el referéndum de convocatoria y se consideraran aprobadas si el número de votos positivos es mayor el número de votos negativos”

Finalmente, en el proyecto se dedica un artículo a la regulación de la aprobación, por voto popular, de la Constitución que resulte de los trabajos de la ANC:

“Artículo.- La Constitución que redacte la Asamblea Constituyente será sometida a referéndum dentro de los treinta (30) días calendarios continuos siguientes a su aprobación. La Constitución quedará definitivamente aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. Si la Constitución sometida a referéndum fuese rechazada, todos los actos dictados por la Asamblea Constituyente quedarán anulados, salvo aquellos que sean estrictamente indispensables para garantizar la continuidad del Estado de Derecho. Así mismo, no podrá convocarse una nueva Asamblea de ésta naturaleza en el mismo período constitucional, y la Carta Magna existente antes de la Asamblea mantendrá su vigencia”

Como puede verse, en la regulación propuesta por el entonces presidente Chávez el proceso constituyente debe tener hasta tres consultas al pueblo: (i) el referendo para que el pueblo apruebe ir a un proceso constituyente y la aprobación de las “bases comiciales” de ese proceso; (ii) la elección directa, universal y secreta de los miembros de la ANC y la aprobación por el pueblo del texto de la Constitución que resulte de los trabajos de la ANC. Como ya explicamos en una nota anterior, incluso tal fue el régimen que se siguió en el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1999.

La propuesta sobre la ANC del entonces presidente Chávez
y las discusiones en la ANC de 1999

Ese fue igualmente el planteamiento en la discusión de la regulación sobre la figura de la ANC en la misma ANC de 1999, como han explicado los profesores José Ignacio Hernández y Allan R. Brewer-Carías (este último como miembro de la ANC de 1999). Si se comparan las propuestas de normas sobre el régimen de la ANC entre la propuesta del presidente Chávez y el texto del articulado del anteproyecto de Constitución que se discutió en la ANC de 1999, podrá concluirse que se tratan de textos muy similares, en algunos casos literalmente iguales. Si bien luego la redacción del anteproyecto de Constitución fue modificada en algunos aspectos, la base democrática del régimen democrático se mantuvo.

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Los abogados hacemos referencia al “espíritu del constituyente” cuando queremos referirnos a cuál era la intención de quienes redactaron una Constitución al regular determinada figura. No hay dudas: quienes redactaron la Constitución de 1999 previeron que bajo esa Constitución sólo es posible convocar un proceso constituyente si éste es democrático. Y la única forma de hacerlo democrático es consultando al pueblo bajo reglas democráticas.