Perspectivas

Las cosas como son; por Rafael Osío Cabrices

Finalmente ocurrió: se prendió un zaperoco. Los que por años se quejaron de que en Venezuela no pasaba nada tienen ya la respuesta a su impaciencia. Pero como suele pasar con la realidad histórica, las cosas no son como nos hubiera gustado a la mayoría que fueran. Son lo que son, y de nada nos

Por Rafael Osío Cabrices | 24 de mayo, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Fotografía de Leo Álvarez

Finalmente ocurrió: se prendió un zaperoco.

Los que por años se quejaron de que en Venezuela no pasaba nada tienen ya la respuesta a su impaciencia. Pero como suele pasar con la realidad histórica, las cosas no son como nos hubiera gustado a la mayoría que fueran. Son lo que son, y de nada nos sirve evadir la tarea de verlas en toda su magnitud y complejidad. Vayamos más allá de las consignas del voluntarismo y de las no menos cómodas fórmulas del pesimismo profesional y tratemos de contemplar la carne viva de lo que está viviendo (si cabe el verbo ante tantas muertes) nuestro país en 2017.

Es evidente que lo que está ocurriendo no es una sacudida más, que dejará al Estado chavista fortalecido y a la oposición hecha pedazos.

En cada una de sus grandes crisis anteriores, el Estado chavista había ganado el duelo de la resistencia, combinando su poder de fuego, su capacidad de soborno, el control de las instituciones y la popularidad de su caudillo. Era una pirámide inexpugnable, obediente a su jefe, rica en petrodólares, con casi todo a favor. Pero esta vez, tal como el país ya no es el mismo, el chavismo -con lo cual me refiero al Estado chavista pero también a todos aquellos venezolanos que se consideran chavistas- no lo es tampoco.

El chavismo sigue y seguirá existiendo, pero ya no es uno solo. De hecho, en este momento me parece preciso distinguir al chavismo del régimen que tiene a Nicolás Maduro en el cargo de Presidente, porque en este momento es vital que todos contribuyamos para que el chavismo abandone a Maduro. De hecho este es uno de los componentes claves de la ecuación del presente venezolano, la posibilidad inminente de fragmentación abierta del chavismo, como en efecto ya ha empezado a ocurrir: fue el inesperado pronunciamiento de la Fiscal General, un actor importante del Estado chavista, ante dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo que hizo que esta crisis fuera distinta desde el comienzo. Podemos razonablemente asumir que Luisa Ortega Díaz no ha estado hablando solo por sí misma: ella es la punta de un iceberg, expresión de un sector del Estado chavista que se está desmarcando de Maduro.

Si apartamos al votante chavista y al funcionario que se siente chavista pero que no cree en Maduro y su guardia pretoriana, ni se beneficia directamente de la permanencia de esa gente en el poder, ¿qué queda, qué es lo que Venezuela tiene por gobierno? ¿Podemos acaso llamar gobierno a algo que no gobierna ni está ahí para gobernar? Es un régimen dictatorial, sí, que no obedece a restricción constitucional alguna sobre sus atribuciones y no rinde cuentas, pero no es tampoco una de esas dictaduras clásicas que tenían un férreo control sobre el país. Al contrario: pese a su obsesión con los controles y todo tipo de alcabalas, es poco lo que en realidad controla, y ha entregado al hampa cárceles y zonas enteras.

Prefiero denominarlo en adelante con una palabra que no está en el DRAE: malandrato. Pretende expresar con esto la naturaleza sistemáticamente abusiva y la realidad económica de un régimen que tiene a parte de sus titulares solicitados como narcotraficantes por entidades internacionales, que tanto se apoya en un hampa politizada como ejército represivo, y que tanto debe su permanencia en el poder a una enorme red de tráficos ilegales: drogas, armas, alimentos, medicinas, personas, recursos naturales, minería. No podemos saber con precisión la proporción de esta transformación, pero en el modo en que se relaciona con la sociedad venezolana y el resto del mundo, y en cómo se apoya más en una economía sumergida que en el petróleo o los impuestos, el anillo de intereses en torno a Maduro tiene hoy más de organización delictiva que de estructura política. Más que un generalato, entonces, es un malandrato.

Pues bien: hoy, a diferencia de abril de 2002, enero de 2003 o febrero de 2014, lo que estamos enfrentando no es el chavismo como un todo, sino al malandrato, que es abiertamente impopular, sacrificó a la gallina de los huevos de oro, es incapaz de resolver cualquier problema e hizo de Venezuela un país invivible hasta para los propios oligarcas. No puede producir las burbujas de consumo que antes ayudaron al chavismo a ganar elecciones junto con el control del CNE, y el cada vez más tenue fantasma del caudillo se le está volviendo en su contra como un desconchado escapulario de una era de bonanza, un recuerdo que hace aún más aguda la punzada del hambre y más helada la soledad del venezolano común ante el Estado que responde a sus quejas con atrocidades.

Es por todo esto que el malandrato se aferra hoy a la única herramienta que le queda, la violencia, porque solo puede amenazar, encarcelar y disparar. Ya ni la propaganda, lo único en lo que el Estado chavista fue realmente bueno, le sale bien. Sin la astucia y el carisma de Chávez, y con el quiebre de la economía y de la gobernabilidad, el malandrato no puede aspirar a sepultar la realidad bajo una alfombra de propaganda: es demasiada basura y además cogió candela. Los recursos que nos quitó para invertir en su imagen internacional se perdieron: el mundo, los gobiernos, los medios y las organizaciones relevantes ya ven al malandrato como lo que es, y eso es irreversible. Los pocos que aún se atreven a defender a la revolución bolivariana carecen de masa crítica y de influencia global para impedir su colapso. Ni siquiera el régimen castrista puede hacer mucho para evitar lo que tarde o temprano va a pasar: que el malandrato va a caer. Ni siquiera podrá salir adelante con su constituyente comunal para terminar de implantar un totalitarismo norcoreano; ojalá no me equivoque, pero al menos yo no veo de dónde sacará el apoyo material y político dentro del chavismo para llevar eso a cabo.

Así que el malandrato está condenado. Eso sí, prolonga su fin con brutalidad, y seguirá haciéndolo mientras pueda. La sociedad venezolana no ha tenido, desde Gómez al menos, un enemigo tan despiadado en el lugar donde debería haber un gobierno. Pero tampoco el malandrato se ha enfrentado jamás a un reto como el que tiene hoy al otro lado de sus cañones. No se ha alzado toda la sociedad venezolana, ni lo hará, pero el alzamiento es de una envergadura inédita. Esta rebelión, que no cesa ni siquiera con el endurecimiento de la represión, se ha extendido geográfica y socialmente, dentro y fuera del país, por una gama de demandas que va desde la provisión de medicinas hasta la renuncia de Maduro: la diversidad y exasperación de las exigencias de quienes protestan, desde Chacao en Caracas y El Trigal en Valencia hasta Santa Bárbara de Barinas, La Fría o Puerto Ayacucho, es del tamaño inmensurable de la devastación que el modelo chavista ha perpetrado. Sigue teniendo un fuerte sello de la clase media urbana, y es en áreas de clase media donde la represión ha sido peor, pero se ha ido solapando con la protesta económica en zonas rurales y ciudades medianas del interior.

Esto es la manifestación de arrechera colectiva más amplia y compleja que varias generaciones de venezolanos hemos vivido.

Ahora que establecimos lo que es evidente para todos, y que ya ha sido profusamente descrito por los testimonios en las redes sociales y en los expedientes judiciales o de las ONG de derechos humanos, así como en la magnífica producción periodística y fotoperiodística que la rebelión está produciendo, hablemos de lo que tenemos por delante, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos espante.

El adversario es el malandrato y es tan implacable como el peor malandro. Esto no es chavismo contra antichavismo, ni derecha contra izquierda. Esto es una sociedad diversa contra una experiencia de poder autoritario que la ha puesto al límite de la supervivencia. Del malandrato no podemos esperar compasión ni contrición. No hay ahí otro valor que la defensa de sus privilegios y el miedo a la miseria, la persecución, la venganza. El malandrato viene del anonimato y de la pobreza, a los que no quiere volver, y además ha hecho un daño incuantificable. La misma falta de límites en lo que concierne al lenguaje y a la propaganda, la ostenta el malandrato en cuanto al daño que está dispuesto a infligir para evitar ser derrocado; las mismas personas que están dejando a niños morir de hambre o por falta de medicamentos obviamente no tienen reparos en matar civiles desarmados que protestan contra ellas. Están atrapadas en su propia historia: no sueltan el poder para no hacerse vulnerables, pero mientras más resisten en el poder, más razones crean para ser luego perseguidas, y por tanto más temen al día en que ya no puedan resguardarse. Presionan a sus tropas para que los defiendan pero deben saber que un día ya no lo harán. Y que ese día tratarán de negociar su huida a un lugar donde puedan vivir de lo que saquearon. Tristemente, no es verdad que no podrán ir a ningún otro lugar del mundo: el planeta tiene santuarios para criminales, y unos cuantos tiranos han muerto ricos y a salvo. Pero los capos del malandrato no pueden garantizar que se salvarán, así que actúan con la fiereza correspondiente a sus métodos, sus recursos y sus circunstancias. Mientras más amenazados se vean, más peligrosos serán. Hasta que llegue la hora en que rueguen, como el Ricardo III de Shakespeare, por un caballo que les permita escapar, a cambio de su reino.

La verdad está tan escasa como los antibióticos. El malandrato miente sin cesar porque la verdad nunca corresponde a sus fines. El chavismo en general y el malandrato en particular han demostrado, desde hace más de una década, que no tienen límites para mentir, y si aún lo hacen es porque la mentira sistemática y masiva rinde frutos: un personaje como Donald Trump acaba de hacerse nada menos que presidente de Estados Unidos a punta de embustes sin sentido. Pero el chavismo y el malandrato no son los únicos que mienten: también hay gente haciéndolo desde el lado de enfrente. Sería hermoso confiar en que al final la verdad siempre prevalece, pero no es así. Lo que le toca a uno es no contribuir a los embustes, porque nunca ayudan a la causa del bien sino al contrario, y ser muy cuidadoso con lo que se lee y sobre todo con lo que se comparte por las redes sociales.

El malandrato mata desde el miedo, el odio y la impunidad. Esa matanza ha corrido por cuenta, hasta ahora, de tres actores, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los colectivos, aunque hay muertes ocurridas en el contexto de las protestas que no son claras; dentro de una protesta o de un saqueo muchas cosas pueden pasar. Los perpetradores matan porque vienen de un mundo en el que disparas primero, y no averiguas nunca, porque si no disparas el adversario puede luego dispararte a ti. De paso, hay una larga tradición de gatillos alegres en las policías y las fuerzas armadas de Venezuela, no lo olvidemos, y el malandrato las ha institucionalizado con las llamadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP), esas razzias masivas que cosechan cadáveres por docenas en los barrios. Soy de los que cree que el resentimiento histórico e idiosincrático, más el adoctrinamiento que el malandrato ha extendido para mantener a esos efectivos protegiéndolo, les hace también matar por odio, y sentir incluso placer, orgullo, sentido del deber cumplido, cuando lo hacen. Pero también matan porque saben que no serán castigados (aunque en los últimos días el Ministerio Público y el CICPC han estado practicando detenciones por algunas de estas muertes). Y matan porque también saben que no recibirán plomo en contra. Sobre todo los colectivos: están acostumbrados a robar, aterrorizar y disparar a civiles que huyen de ellos o que cacerolean dentro de un edificio, y lo hacen protegidos por la GNB. En la gran mayoría de los casos, la represión se hace sobre gente desarmada e indefensa. No siempre será así, claro, y como ocurrió en 2014, ha vuelto a pasar: algunos de los que manifiestan, o de los que no han manifestado pero ven a los esbirros atacar sus hogares o a su gente, estarán cansados de poner la otra mejilla y tienen cómo disparar también. No nos hagamos los locos: en Venezuela hay muchas armas y una propensión a tratar los asuntos a plomo que ha estado ahí por siglos. Cuando el aparato represivo vea que también puede tener bajas, lo más probable es que intensifique su violencia. Lo que a su vez puede hacer que sus adversarios se vuelvan más letales también. Con esa espiral empiezan los conflictos armados y las guerras civiles.

Al malandrato le sirve la polarización. Han sido muchos años de confrontación, hasta en el seno de las familias, pero es vital que para que salgamos de esta encrucijada entendamos, y hagamos entender, que los venezolanos comunes tenemos que dejar de enfrentarnos. Con que dejemos de injuriarnos, ya es algo. Los opositores somos más que antes, pero necesitamos al chavismo descontento. Y el chavismo descontento nos necesita a nosotros. Tenemos que redirigir todos la ira hacia el verdadero adversario, el adversario común que es el malandrato, y mantenerla allí, sin distraernos y agotarnos con las viejas peleas, en los insultos estériles. El malandrato necesita mantener viva la polarización, que su caudillo instrumentó para conseguir y acrecentar su poder. Pero solo al malandrato le conviene su permanencia en el poder; a todos los demás, opositores, chavistas y ni-ni (si es que esta última categoría aún existe) nos urge que el malandrato sucumba para que podamos iniciar la reconstrucción.

Al hampa común le conviene el caos. Los malandros aprovechan las protestas para saquear, atracar o saldar cuentas. Serían los principales ganadores en la anarquía total que vendría si las fuerzas armadas son superadas por una escala mayor de las protestas, un Caracazo a escala nacional. Ellos son el mayor poder, porque el Estado del malandrato no solo es un Estado forajido, sino también un Estado fallido, que no puede contra el hampa, cuando no es el hampa misma. Los delincuentes están muchas veces en la cima de la cadena alimenticia del horrible ecosistema venezolano: al ciudadano común lo depreda la policía y el malandro, pero al policía también lo depreda el malandro. Sin embargo, los delincuentes son un poder atomizado y sin agenda política. Su lógica no es la del ciudadano común ni la del líder civil o militar que aunque sea un delincuente también es un político. Quien pone sus esperanzas en que la anarquía acabará con el malandrato, como si estuviera tratando de fracturar el orden del Imperio Británico sobre la India o del régimen de Hoenecker sobre Alemania Oriental, debe también sopesar lo que la anarquía significa para miles de violadores, piratas de mar y de tierra, saqueadores, secuestradores y asesinos que están dentro y fuera de las cárceles.

Al mundo no le conviene que Venezuela esté así. Los rusos y los chinos necesitan recuperar la plata que han prestado. Los colombianos, los brasileros y todos los Estados caribeños necesitan que Venezuela deje de ser una fuente de refugiados, contrabandistas y delincuentes peligrosos. A Colombia en particular no le sirve que un país entero, al lado, se convierta en santuario de los irregulares que tanto ha costado sacar del conflicto armado más longevo del continente. El régimen de La Habana, presionado por su propia necesidad de reinventarse ante su envejecimiento, ya sacó lo que iba a sacar de Venezuela. Este estado de cosas no le sirve a nadie. Por eso la presión internacional por una solución inminente se intensifica.  Lo que no significa que algún acto externo, por sí solo, nos vaya a sacar de este barrial. La ayuda internacional será clave en muchas cosas, pero el trabajo fuerte lo tenemos que hacer nosotros.

Hay que estar claros en el objetivo. La hora de la justicia y de la reconstrucción vendrá después. Hoy, ahora, hay que recuperar la condición republicana, con elecciones mínimamente confiables y separación de poderes. Necesitamos justicia, no venganza. Necesitamos una economía, no un saqueo. Necesitamos reemplazar al malandrato con un gobierno que intente ser funcional ante una Venezuela muy difícil de manejar, muerta de hambre y con el dedo en el gatillo. Los demócratas tenemos que apoyar un desenlace hacia lo institucional, porque no podremos esperar nada muy distinto a esto si son los militares, y solo ellos, los que sacan a Maduro de en medio.

Nunca seremos unánimes. Hay mucha gente que no está protestando y que nunca lo hará. La censura funciona, sobre todo con quienes no leen nada, ni Twitter; casi la mitad de la población no tiene acceso a Internet y solo se conecta con la realidad ajena a través de la radio y la televisión controladas por el malandrato. Por otro lado, hay gente que elige comprar las mentiras del malandrato, que cree que la guerra económica es un sabotaje y que los “guarimberos”, el nuevo insulto oficial, son agentes de una potencia invasora. Siempre hay gente así, en todos lados, en todos estos procesos. Que “toda Venezuela” despierte y se alce es algo que jamás ocurrirá. Pero nunca ha hecho falta que cada individuo de una sociedad se rebele para que una tiranía se derrumbe.

Todo confluirá en una negociación. Al final de cualquier camino, del más largo o del más cruento, nos esperarán dos factores: una negociación, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El desenlace que esto vaya a tener no ocurrirá ante las cámaras ni en la Fajardo, sino a puertas cerradas. Tal vez ni siquiera nos enteremos nunca de los detalles: tal vez serán corrientes subterráneas las que terminen de llevarse al malandrato por delante. De nada nos servirá espantarnos con la idea: el malandrato no caerá si no es traicionado, y quienes lo traicionen demandarán protección y un espacio en el nuevo orden. Será la gente que hoy es parte de la dictadura pero sacará cuentas y decidirá que le sale mejor traicionar a sus actuales jefes que seguir con ellos hacia un final indeseable. A eso se refiere la idea de reducir el costo de salida, que hemos estado escuchando con creciente frecuencia. Ese desenlace pasará también, a juro, por lo militar. Los uniformados son inevitables: ningún escenario de resolución puede ocurrir sin ellos. El chavismo es en buena parte la historia de la restitución de su influencia sobre la vida venezolana; ahora están por todos lados. Al dividirse en torno a serle o no leales a Maduro, tendrán un rol esencial en el fin del malandrato. Pero no lo harán gratis, claro. Los que finalmente traicionen al malandrato o le pongan las esposas, lo harán a cambio de impunidad para los abusos que han cometido en esta coyuntura, o de que se preserven sus privilegios. Mejor nos vamos acostumbrando porque eso va a ser así, más temprano o más tarde: habrá una negociación y en esa negociación los militares estarán en la mesa. Esto no va a ser el triunfo absoluto del bien sobre el mal, en el que todos los villanos serán castigados. No; algunos villanos venderán a sus actuales amos a cambio de salir caminando, con la frente en alto y el bolsillo lleno, de esta polvareda.

No obstante, eso será mejor a que Venezuela se nos vaya en una guerra civil. Ese es el peor escenario de todos. Es incluso peor que la catástrofe actual. Pero eso es tema de otra nota.

La “Cosa Nostra” o buscando el sentido perdido; por Marcelino Bisbal

La Cosa Nostra es una palabra que hay que leerla como si fuera una sola. Tiene su origen a mediados del siglo XIX en lo que en ese entonces –hacia 1860– se llamaba el Reino de Italia. Se utiliza para referirnos a una organización que tiene como fin el crimen organizado en diversas actividades del

Por Marcelino Bisbal | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Iñaki Zugasti

Fotografía de Iñaki Zugasti

La Cosa Nostra es una palabra que hay que leerla como si fuera una sola. Tiene su origen a mediados del siglo XIX en lo que en ese entonces –hacia 1860– se llamaba el Reino de Italia. Se utiliza para referirnos a una organización que tiene como fin el crimen organizado en diversas actividades del campo económico, pero también en el mundo de la política. Desde la etimología e incluso desde la semántica, se afirma, más como hipótesis que como certeza, que el término proviene del árabe en donde el vocablo mahya significa “bravuconería, jactancia, chulería”. Se piensa que desde ahí proviene –se emplea con ese mismo sentido– el vocablo mafia como sinónimo de Cosa Nostra.

Se nos ilustra desde la historia que los árabes ocuparon Sicilia entre los años 965 y 1060. Y es precisamente en el sur de Italia donde arranca el uso del término. Se empezó a hablar, por primera vez, de la mafia de Italia, para luego pasar a los Estados Unidos y más próximo al tiempo presente se hace referencia a la mafia cubana, la sudamericana, la albanesa, la rusa… En el caso de los Estados Unidos, la novela de Mario Puzo El Padrino, luego la versión cinematográfica de la misma, nos ilustra estupendamente sobre las acciones criminales ejercidas por la cosa: extorsión, comercio ilegal, compra de políticos y de altos funcionarios gubernamentales, asesinatos…solo con el fin de controlar espacios de poder, de formar un Estado dentro del Estado y del manejo de la droga.

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Esta breve historia nos sirve para ilustrar como la Venezuela de hoy ha sido tomada por una mafia o cosa nostra. Uso la palabra con el consentimiento que me otorga esa brevísima historia con la que arranco el escrito. Porque quienes hoy nos gobiernan se comportan como una cosa nostra, como una mafia que nos respeta la leyes; que se adueña de los fondos públicos para su enriquecimiento privado; que convierte al Estado en una simulación; que fabrica leyes para protegerse y perpetuarse en el poder; que desconoce las mínimas reglas del juego político; que la ideología que dicen profesar como doctrina hace tiempo que la dejaron a un lado si es que alguna vez la tuvieron; que abusan de la palabra pueblo para irrespetarlo con sus acciones; que pervierten el sentido y la intención exacta de las palabras como es el caso de expresiones como paz, amor, violencia, justicia, diálogo, participación, libertad, dignidad, humanismo, política…

Esto que hoy tenemos en el Gobierno y que hemos definido como mafia o cosa nostra, es un grupo que ha tomado por asalto, después que se le reconocieron sus triunfos electorales, el poder, y desde ahí ha ejercido todas las acciones delincuenciales que hemos venido observando a lo largo de todos estos años y de manera más grosera y precisa después de su aplastante derrota el 6 de diciembre del 2015 cuando perdieron el control y dominio del segundo poder más importante después del Poder Ejecutivo: la Asamblea Nacional. El Gobierno no supo o no quiso leer su derrota y desde ahí iniciaron toda una serie de actos inconstitucionales que ya todos conocemos. Entonces, nos encontramos en presencia de un Gobierno, que al día de hoy, ha caído en la más completa y acabada abyección que según el DRAE, significa bajeza o acción vil y despreciable.

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Desde hace años se vienen cometiendo una serie de actos públicos que tienen su origen en el Ejecutivo y que reproducen automáticamente todas las instancias de poder que han sido secuestradas. Se ha conformado un Gobierno, desde Hugo Chávez hasta acá, basado en la identificación del partido, del país y del Estado con un único fin: mantenerse en el poder y perpetuarse en él. Ahora, con el señor Nicolás Maduro la ocupación ha pretendido ser total y acabada al poner muy en claro que no piensan renunciar a los beneficios y prebendas que otorga ese poder .

El juicio anterior no está lanzado como hipótesis. Lo hemos dicho y escrito en otras oportunidades: las palabras no son neutras pues ellas responden a maneras de actuar y de conformar una conducta. Nos lo decía el poeta Rafael Cadenas: “hablar y pensar son funciones que se vinculan de modo indisoluble; no pueden existir la una sin la otra”. Allí están los discursos del Presidente de la República quien ha afirmado más de una vez, pero que lo dejó muy claro el 2 de abril cuando expresó en cadena nacional de radio y televisión “que nunca permitirá que haya un presidente de la oposición”. Y volvió a reiterar en esa misma cadena que “A Miraflores no vuelven más nunca, irán como invitados míos, si acaso, al diálogo político”. Luego vendría el lenguaje, que como nos dice el escritor austríaco Karl Kraus, “enfermo y contaminado, atacado también él, por la podredumbre general” de Diosdado Cabello, Fredy Bernal y Aristóbulo Istúriz. Recordemos lo que dijeron estos tres representantes de la cosa nostra o de la mafia que hoy gobierna al país:

–Diosdado Cabello vocifera como de costumbre:

“Ni con sangre va a haber un cambio en Venezuela… La única garantía de paz es la Revolución Bolivariana. Ustedes más nunca irán a Miraflores ni a tomarse un café”.

–Fredy Bernal exclama y amenaza: “Si llegara el momento de que cada hombre y mujer tenga que tomar un Kalashnikov para defender a Venezuela, estaríamos dispuestos… No se confundan porque marchamos con banderas porque podemos transformar esta alegría en rabia libertadora, los mandamos pal carajo y ponemos orden en este país”.

–Y ahora es Aristóbulo Istúriz quien grita:

“Queremos decirles que este pueblo no se va a calar ninguna Carta Democrática; aquí hemos estado todo el año diciendo una consigna: si se prende el peo, con Maduro me resteo… Aquí nos jugamos la vida y la vida de la República”

Estas palabras, lanzadas como piedras, me recuerdan nuevamente aquello que hace tiempo leí en Rafael Cadenas (En torno al lenguaje) cuando nos cita a Caroline Kohn:

“… Según la cual la corrupción lingüística era la causa, de la degradación de los pensamientos y las conciencias, y que las personas que escribían y hablaban mal debían también pensar y actuar mal. La fraseología… parecía impedirles darse cuenta de su decadencia espiritual”

Esos discursos son una evidencia y esas evidencias lo que nos ponen de manifiesto es que el régimen pareciera no ceder en sus pretensiones de aferrarse al poder por la fuerza.

4, y último

Decía el filósofo Juan Nuño que “uno de los aspectos más enervantes de todas las tiranías es su falta de imaginación: debe ser que reprimir, torturar y regimentar a los seres humanos no exige mayor esfuerzo y prefieren atenerse a las técnicas probadas que nadar inventando”. Esto es lo que hemos visto a lo largo de estos casi dos meses ya de protestas. Desde comienzos de abril hasta los primeros días del mes de mayo el saldo de víctimas –nos declara el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social– ha sido de 44 muertos y se han dado 946 manifestaciones. En este instante ya se contabilizan 60 fallecidos, es decir casi un fallecido por día de protesta. Pero el Gobierno nos dice que es culpa de la oposición y su Ministro de Información declara tan campante que “lo que queremos es evitar que esa lista crezca. Esa lista no debe crecer. Debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos que han abandonado la política, para tratar de imponer al país una agenda por la vía de violencia, al margen de nuestra Constitución”. Preguntas: ¿quién ha abandonado la política? ¿Quién está ignorando la letra de la Constitución?

A pesar de ser esa la situación, el régimen ha persistido en su radicalización y política represiva. No conforme con clausurar la Asamblea Nacional restándole todas sus atribuciones a través del TSJ; nos sorprendió luego con los decretos N° 2.830 y N° 2.831, de fecha 1° de mayo de 2017, dictados por el presidente de la República, mediante los cuales pretende convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que proceda “a decidir el futuro de la patria” y crea una comisión presidencial para que elabore una propuesta de bases comiciales y de conformación y funcionamiento de dicha Asamblea; vendrían luego las inhabilitaciones inconstitucionales contra importantes gobernadores de la oposición democrática. Y ahora, la justicia militar contra civiles detenidos.

¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Hasta cuando habrá que aguantar? Aquello que Cicerón gritó en el senado romano es aplicable en la Venezuela presente: “¿Hasta cuando, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”. Hagamos la analogía: ¿Hasta cuando, Nicolás Maduro, abusarás de nuestra paciencia?

El régimen perdió el sentido y la sociedad toda está en la búsqueda de ese sentido. Así se puede entender las protestas pacíficas, las manifestaciones por recuperar el derecho y los derechos, la rabia reprimida por reclamar una mejor condición de vida y el grito por la libertad.

Hoy el des-orden cunde por todos lados, pero se trata de un des-orden que intenta reencontrar el sentido perdido hace 18 años. Hoy, los venezolanos todos queremos tener y aspiramos a un país normal. SÍ, un país normal…

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*Este escrito se ha inspirado en dos textos. Uno del escritor José Saramago titulado La cosa Berlusconi (2009) y el otro del filósofo inglés John Gray con su ensayo: Polonia: en busca del sentido perdido (2009).

¿Qué implica la aplicación del Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999?; por Carlos García Soto

Al anunciar el Decreto con la propuesta de bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el presidente Maduro ha señalado que la ANC se regirá provisionalmente por el Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999: “Se regirá por el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, de manera provisional, en

Por Carlos García S. | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

Al anunciar el Decreto con la propuesta de bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el presidente Maduro ha señalado que la ANC se regirá provisionalmente por el Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999: “Se regirá por el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, de manera provisional, en cuanto sea aplicable, hasta tanto dicte su propio estatuto de funcionamiento”.

Ese Estatuto de Funcionamiento fue una norma dictada por la ANC en 1999 para regular la organización y actividad de la ANC. También fue la primera materia discutida por esa ANC, al comenzar sus sesiones el 8 de agosto. La aprobación del Estatuto (Gaceta Oficial 36.786 14 de septiembre de 1999) fue entonces el primer aspecto polémico de las sesiones de la ANC de 1999, porque algunos miembros de la ANC se opusieron a que se reconociera un carácter “originario” a la ANC, tal y como se pretendió a través del Estatuto.

Ese Estatuto de Funcionamiento se derivaba de las bases comiciales que fueron presentadas por el entonces presidente Chávez al Consejo Nacional Electoral (CNE), que el CNE corrigió, y que en todo caso fueron objeto de la votación de los ciudadanos en el referendo consultivo del 25 de abril, por el cual el pueblo aprobó la convocatoria a la ANC y aprobó esas bases comiciales.

Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de que la ANC se rija por el Estatuto de Funcionamiento de la ANC de 1999?

Por lo pronto, puede señalarse que las primeras implicaciones son las que se derivan del artículo 1 de ese Estatuto de Funcionamiento. Conforme a esa norma:

“Artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.

Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social y participativa.

Parágrafo Primero: Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

Parágrafo Segundo: La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Ya tan sólo de esa norma se podrían derivar las siguientes consecuencias:

1. Que se entienda que la ANC es depositaria del poder originario para reorganizar el Estado y crear un nuevo ordenamiento.

2. Que se entienda que la ANC pueda limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.

3. Que se entienda que todos los órganos del Poder Público quedan subordinados a la ANC y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos y demás decisiones de ésta.

4. Que se entienda que la Constitución de 1999 y el resto del Derecho venezolano mantendrán su vigencia siempre y cuando la ANC no tome una decisión distinta a lo dispuesto en esa Constitución u otra norma inferior a la Constitución.

En este sentido, es importante recordar que en 1999, en aplicación de ese Estatuto de Funcionamiento, la ANC procedió a dictar un conjunto de actos que intervinieron la organización y funcionamiento de los otros órganos del Poder Público, entre ellos el entonces Congreso de la República. Además, el 26 de agosto de 1999 por un Decreto de la ANC de 1999 se suspendieron las elecciones municipales previstas para ese año.

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Por supuesto, una interpretación en ese sentido de los poderes de actuación de una ANC resultaría contraria a la Constitución de 1999, que es la Constitución vigente en Venezuela, y a la soberanía popular expresada por los ciudadanos en varias oportunidades, por ejemplo, en la votación de los miembros de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.

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¿Cuáles son las bases comiciales de la Constituyente anunciadas por Maduro? // #MonitorProDaVinci

Justicia fascista: Entre la destrucción y falsificación de la legalidad; por Ramón Escovar León

Uno de los juristas determinantes en la consolidación de la dictadura de Mussolini fue Alfredo Rocco, ministro de Justicia en el año 1925, cerebro jurídico responsable de la legislación autoritaria que fulminó las libertades en Italia entre 1925 y 1928. También tuvo aciertos jurídicos que trascendieron el fascismo como fue la elaboración del Código Penal

Por Ramón Escovar León | 23 de mayo, 2017
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Mussolini y los ministros fascistas sentados en las mesas del Gobierno en la Cámara de Diputados del Reino de Italia

Uno de los juristas determinantes en la consolidación de la dictadura de Mussolini fue Alfredo Rocco, ministro de Justicia en el año 1925, cerebro jurídico responsable de la legislación autoritaria que fulminó las libertades en Italia entre 1925 y 1928. También tuvo aciertos jurídicos que trascendieron el fascismo como fue la elaboración del Código Penal de 1931 (el Codice Rocco). Mussolini se ocupó de someter vulgarmente al Poder Judicial, al punto de que podía dictar decisiones judiciales desde una ventana de la Plaza Venecia cuando arengaba a sus camisas negras. En este escenario, podía decretar la detención de algún enemigo político, lo que bastaba para que un juez servil plasmara en sentencia esa arbitraria decisión del dictador. Todo esto aparece reseñado en Il Diritto del Duce. Giustizia e repressionenell’Italia fascista, editado por Luigi Laccè (Roma, Donzelli Editore, 2015). Se trata de una obra que recoge una ristra de ensayos sobre el sistema jurídico del fascismo italiano, y cuya lectura recomiendo para examinar referentes a la situación venezolana.

En la presentación de la obra, el editor reflexiona sobre el tema de la justicia y la represión para destacar la relación siniestra entre ellas. Cabe destacar el papel que jugó Alfredo Rocco en el diseño de la justicia con fines políticos basada en la represión. La calidad intelectual de Rocco está fuera de discusión, tal como se evidencia en su obra escrita, entre las que destacan La sentencia civil, una obra canónica sobre el tema, y su Derecho Procesal Civil en tres tomos. Los abogados de mi generación usamos sus libros para estudiar Derecho Procesal, siempre en el entendido de que algunos de los juristas más destacados de la época brindaron sus talentos para apoyar a Mussolini, y que en sus enseñanzas había elementos fascistas envueltos en ropaje jurídico.

Lo que sucede con Rocco y el sistema jurídico del fascismo es equivalente a lo que aconteció con otro jurista de genio: Carl Schmitt, algunas de cuyas ideas tuve oportunidad de analizar en El Nacional (https://tinyurl.com/n85xxpz). Este teórico del constitucionalismo alemán llegó a decir: “El Führer protege el derecho de su peor abuso cuando, en el instante de peligro y por obra de su liderazgo, como supremo señor de los tribunales crea derecho de modo inmediato”. Schmitt fue el autor de una vasta obra, entre las cuales se pueden mencionar la Teoría de la Constitución y el Concepto de lo político, pero su mente brillante no solo sirvió para escribir elevada teoría jurídica sino para levantar las vigas maestras que sostendrían el sistema jurídico nazi, al concebir, a partir del orden constitucional, un Estado fuerte que centralizara el control de todo el andamiaje institucional.

Rocco aportó teoría jurídica para consolidar el Estado fascista y Schmitt hizo lo propio en el nazismo. Pero la inspiración teórica no es suficiente, pues es necesario montar la plataforma que, con una falsa formalidad, permite la represión y la violación de los derechos humanos. Esto se hizo con la ayuda de las camisas negras (Italia) y de las camisas pardas Alemania) que actuaban como brigadas-de-choque con violencia e impunidad. El jurista Alfredo Rocco sostuvo la tesis de que el régimen político debía apoyarse en la justicia; y que el fascismo requería el fortalecimiento del Estado, por lo que se basó en el binomio Derecho Penal/represión. Para el logro de los objetivos eran necesarios los verdugos;de allí que, el fascismo y el nazismo tengan que echarle mano al Poder Judicial para someterlo. Surgió así lo que Ingo Müller denominó “los juristas del horror”: juristas serviles y dispuestos a convertir la voluntad del dictador en decisiones judiciales. El asunto, sin embargo, requirió que ese Estado fuerte, el “guardián de la noche”, vigilara a sus jueces, los controlara, los espiara y conociera en detalle sus debilidades para doblegarlos. De esta manera, el fascismo y el nazismo, al momento de escoger a sus jueces, se inclinaban por los débiles, susceptibles al chantaje cuando fuese necesario. Para entender esto en su cabal dimensión, la obra antes reseñada ofrece abundante material.

Señala Luigi Laccèque en el fascismo el “sintagma ‘Estado totalitario’comprende un amplio y complejo campo semántico”, en el cual caben muchos términos. En dicho campo ocupan-hay que añadir-un lugar estelar las palabras represión, tortura, arbitrariedad, militarismo, protesta, criminalización, populismo, corrupción y otras de significados equivalentes. En este marco teórico se crea el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, que sirve, como deux ex machina, para defender el proyecto totalitario fascista que confecciona veredictos a la medida de Mussolini. Por eso un procesalista italiano de la época, Giuseppe Chiovenda, sostuvo que “la sentencia es la concreción de la voluntad abstracta de la ley”; es decir, la sentencia es la concreción de la voluntad del Duce. Esta definición, en mi opinión, se trasladó a Venezuela y ha contribuido a la deformación del concepto de sentencia. El fascismo tuvo mucha influencia sobre el Código Penal italiano de 1931 y el Código Procesal Civil de 1940 al reafirmar la autoridad del Estado; influencia que se trasladó al sistema venezolano, lo que autorizaría a sostener que tenemos códigos que llevan el sello del autoritarismo.

Otro gran procesalista fue el florentino Piero Calamandrei-uno de los inspiradores de la Constitución italiana de 1948-,quien distinguió el nazismo del fascismo, pues el primero “ha destruido la legalidad”; mientras que el segundo “ha preferido falsificarla”. Lo que no imaginó el maestro florentino es que más adelante en la historia mundial habría un régimen populista latinoamericano que haría las dos cosas: destruir la legalidad y, subsidiariamente, falsificarla.

La combinación de los efectos nefastos del nazismo con el fascismo jurídico parecía algo impensable hasta que llegamos a la experiencia de los sistemas militaristas latinoamericanos, en los cuales se utiliza el Poder Judicial para criminalizar la protestas y encarcelar a los enemigos políticos, sin guardar las apariencias, ni los miramientos en formalidades. En ese contexto, se entiende la frase divulgada por Benito Mussolini y que constituye el sustento teórico del fascismo:“Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado” (esta frase, sin embargo, es de Giovanni Gentile de la escuela de los hegelianos italianos). Ese Estado, según el “pensamiento” de Mussolini, era siempre reconocido como un Estado de justicia -la justicia fascista-que en su versión populista militarista es el Estado de justicia socialista, que solo garantiza represión y miseria.

Luego del colapso del fascismo y del nazismo, sus jueces fueron enjuiciados en procesos en los cuales pudieron ejercer el derecho a la defensa. Así suelen terminar las dictaduras, debido a sus falsificaciones al ordenamiento jurídico y a las transgresiones a la dignidad humana. Superadas las experiencias totalitarias, Alemania e Italia recuperaron la independencia de la magistratura judicial.Una sociedad sin jueces independientes no puede garantizar la libertad y los derechos humanos.

Los cuatro verbos; por Leo Felipe Campos

Dicen que todo juego ha de tener un objetivo y un final, aunque sean muchos finales. Y que de ese objetivo dependerán las estrategias a emplear para ganar el juego. Pero también hay quienes dicen que no todo es un juego o que a veces no es posible ganar ni perder. Hay momentos en los

Por Leo Felipe Campos | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Iñaki Zugasti

Fotografía de Iñaki Zugasti

Dicen que todo juego ha de tener un objetivo y un final, aunque sean muchos finales. Y que de ese objetivo dependerán las estrategias a emplear para ganar el juego. Pero también hay quienes dicen que no todo es un juego o que a veces no es posible ganar ni perder. Hay momentos en los que todos pierden. Por lo general, casi siempre. En el caso de Venezuela se pudiera afirmar que en las semanas por venir las protestas contra la ineficacia y los abusos de un gobierno dictatorial seguirán siendo centrales, pero no serán —o no pueden ni deberían ser— el único norte.

La presión es y seguirá siendo parte de una negociación complicada. El cambio, como la idea de democracia en sí misma, no es y nunca será definitivo. Puede ser lento, continuo, lógico, pero no definitivo.

Luego de lo que ha ocurrido en los últimos meses (para no hablar de los últimos años), creo que hay que poner algunas cosas en perspectiva. Por ejemplo, Venezuela tiene una identidad que son muchas al mismo tiempo, y la negación del otro, su deshumanización, la división y la maldad, así como la claridad de nuestros deseos, muchas veces contradictorios, pesan tanto como la simpleza de la fuerza de su naturaleza o esa idea abstracta, manoseada y cuestionable de la nobleza, la bondad y la alegría del panita jodedor venezolano. Poniendo espejos entre los bandos más visibles de los últimos choques, caben las preguntas: ¿son los venezolanos en este momento ciudadanos irreconocibles? ¿O al contrario?

En marzo asomé un par de escenarios que me parecieron evidentes. Primero: en este teatro de rupturas, de hastío y miseria, provocado sin duda por el gobierno chavista, las dinámicas diarias de pequeñas guerras dejarían de lado la Máscara para asumir el Esperpento. Segundo: esto quiere decir, de forma llana, que aumentarían los ajusticiamientos y asesinatos, y con ellos las burdas, cobardes y cínicas justificaciones. No solo las he leído, también me ha tocado escucharlas. La última vez, por accidente, mi interlocutor me escupió en la cara. La persona que estaba al lado dijo: “No te olvides de que los malos son ellos”.

Si el debate fuera a partir de los verbos querer, necesitar, deber y poder, ¿qué quiere el país, qué necesita, qué debe hacer y hasta dónde puede? Me parece, y lamento ser irónico, que la respuesta dependerá de quién esté empleando el sujeto. Está claro que mi país no necesariamente es el de ustedes. No creo que exista una sola Venezuela. No hay dos ni hay cinco, son muchas más. Pero al mismo tiempo es y seguirá siendo una sola. Esa es la paradoja.

La misma tarde en la que Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República —vaya uno a saber por qué demonios— decidió cumplir con su rol y señaló las nefastas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia como un acto inequívoco de ruptura del hilo constitucional, también se atrevió a declarar que en el 2016 hubo en Venezuela casi veintidós mil muertes violentas. En promedio, unos sesenta asesinatos todos los días, camaradas. Vaya país. Y este dato, macabro y doloroso, salvo para periodistas y activistas de los derechos humanos, pasó bien por debajo de la mesa de disecciones.

En aproximadamente cincuenta días de manifestaciones y protestas, en su gran mayoría pacíficas, y también de violentos enfrentamientos diarios casi siempre desiguales de civiles contra efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional —ambas bolivarianas y notablemente desalmadas— se cuentan unos cincuenta homicidios. Tristes, dramáticos, vergonzosos y lamentables. Cincuenta familias ahuecadas, con vacíos que serán imposibles de llenar. Cincuenta lutos multiplicados por miles. Cincuenta homicidios que han encontrado justificaciones de cualquier lado porque la retórica de la guerra se impuso desde hace años y sería una ingenuidad pretender que ahora vaya a desaparecer. Cincuenta homicidios por razones políticas, por errores políticos, por estar en el lugar equivocado y en el peor momento o porque la víctima pensaba como pensaba y se atrevía a defenderlo. Más o menos cincuenta homicidios en más o menos cincuenta días en el país donde matan a sesenta personas todos los días. No puedo evitar pensar: ¿dónde estarán y quiénes serán los otros dos mil novecientos cincuenta asesinados de este período?

Esta tragedia no ha desaparecido, no desaparece y no va a desaparecer, al menos no de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana quiere decir en menos de cinco o diez años. No vivimos tiempos alegres, todo lo contrario. Y la postura de quienes detentan el poder no tiene nada que ver con el respeto, todo lo contrario. Actúan como el más conservador de los gobiernos represivos. Se descubrieron a sí mismos como la personificación de la farsa absoluta. Tienen miedo. Y sabemos de lo que son capaces las bestias cuando están aterradas. Esta es una metáfora, no vayan a ser tan pendejos. Por ejemplo, yo siento asco, literalmente, por quienes llaman simio, mono u orangután a Aristóbulo Istúriz, en lugar de llamarlo hipócrita o ladrón. Pero cada cerebro llega hasta donde puede, hasta donde lo dejan razonar. En general, desde acciones que veo y comentarios que leo, el país ahora es un delirio. El mío, el de ustedes y tantos más. El mismo puto país que es de todos nosotros y de ninguno. Son pocos los que quieren justicia. Huele a lo que huele: sangre, fuego y venganza.

Podemos querer lo que no necesitamos y viceversa. Podemos tener la capacidad de lograr eso que queremos (o necesitamos). Pero nunca dejará de ser perturbadora la idea del deber. Porque el deber es incómodo, nos limita, nos confronta con nuestro pasado, con instantes fastidiosos de nuestra crianza. Y en tiempos de guerra nadie necesita ni quiere ni puede ser sensato.

¿No es así?

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Batalla campal en los altos mirandinos; por Ysabel Viloria

Tres homicidios, detenciones, heridos, saqueos, aislamiento, paralización. En los municipios Los Salias, Carrizal y Guaicaipuro las jornadas de protesta suben el volumen y desencadenan caos en las comunidades.

Por Ysabel Viloria | 21 de mayo, 2017
Manifestación en Montaña Alta, cerca del lugar del asesinato de Jairo Ortiz. / 02 de mayo de 2017

Manifestación en Montaña Alta, cerca del lugar del asesinato de Jairo Ortiz. / 02 de mayo de 2017

La noche del 6 de abril mataron al primer manifestante en Montaña Alta, municipio Carrizal, en el estado Miranda. Era Jairo Ortiz, tenía 19 años y recibió un disparo en el pecho. “Oímos los disparos, varios. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estaban cerca de la pasarela que cruza la Panamericana. Por donde estábamos nosotros, venían caminando unas chamas. Vi que alguien cayó al piso y pensé que era una de ellas. Salí corriendo para ayudar, pero al llegar estaba con la cara hacia el pavimento. Lo volteamos, era Jairo. No lo conocía, entre todos le subimos la franela para ver qué había pasado. Tenía un pequeño hueco en el pecho y comenzó a sangrar. Lo cargamos y corrimos hacia la clínica. Estaba cerrada, pero una de las enfermeras de la emergencia nos abrió y lo recibieron. ‘El chamo tiene un tiro en el corazón’, nos dijeron. No nos habíamos dado cuenta de que ya estaba muerto”, cuenta un manifestante que presenció el hecho. La refriega en el sector llevaba más de dos horas. Un grupo que no pasaba de 15 personas se mantenía en la esquina entre el centro comercial Colinas de Carrizal y el Centro Médico Docente Los Altos sobre las 10:00 de la noche cuando sonaron los balazos. El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado al día siguiente anunciando la detención del PNB presuntamente responsable.

Su papá pidió en declaraciones a Venezolana de Televisión, publicadas en Telesur, que no usaran de bandera política la muerte de su hijo. El esquema de represión se repite y deja los mismos ecos: se avistan tanquetas blancas desde las viviendas, suenan detonaciones seguidas por gritos, aparecen la desesperación, la desinformación y los rumores. Siguen heridos, confusión, gases, humo, lágrimas, destrozos. Llueven piedras, bombas molotov, más gas. En esas jornadas represivas han muerto tres personas.

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara las sentencias 155 y 156 a finales de marzo, que “constituyen una ruptura del hilo constitucional” como alertó la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó movilizaciones y jornadas de protesta en búsqueda de la recuperación del orden constitucional que incluyera convocatoria a elecciones regionales vencidas, liberación de presos políticos, apertura de un canal humanitario. En contraparte, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 1 mayo, lo que recrudeció el rechazo de la oposición frente a las “soluciones oficiales” del conflicto. Desde inicios de abril las calles han sido escenario de continuos enfrentamientos en varios estados del país.

Después de las marchas organizadas por la MUD para el 19 de abril, en San Antonio de los Altos se registraron disturbios nocturnos. El sargento segundo de la GNB, Niumar Sanclemente, de 28 años, recibió un disparo mientras contenía las manifestaciones alrededor de las 9:00 de la noche. El oficial llegó sin signos vitales a la Clínica Docente El Paso, en Los Teques. “Esa noche había paso hacia la Policlínica Parque el Retiro, en San Antonio. Averigüé si allí trabajaban con su seguro y me lo confirmaron. También pudieron trasladar al herido al Centro Médico Docente Los Altos, en Montaña Alta, ahí tenía cobertura. Después estaba la Clínica Ribas en Los Teques. En todo caso, pudieron parar en los bomberos de la redoma de San Antonio para que recibiera los primeros auxilios. No sé por qué, con esa herida, lo llevaron a un centro asistencial tan lejos”, cuestiona un médico de la zona. El MP comisionó a dos fiscales para las averiguaciones del caso. Jairo Sanclemente, padre de la víctima, aseguró durante las exequias en Charallave que su hijo “decía que llevaba el uniforme con un inmenso orgullo, y lo hacía por una Venezuela sana, una Venezuela de bien”, publicó Correo del Orinoco.

El lunes 15 de mayo la MUD convocó el segundo plantón. Una jornada de paralización durante 12 horas en el territorio nacional. En los altos mirandinos acataron el llamado y lo extendieron. Prolongaron hasta el día siguiente el colapso de las vías principales que comunican los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias. La carretera Panamericana tenía barricadas en distintos puntos: La Matica, Los Nuevos Teques, Corralito, Montaña Alta, La Rosaleda, San Antonio. Los caminos verdes también fueron obstruidos. En Caracas el plantón había terminado. En los altos mirandinos, la protesta seguía. Cerca del mediodía del martes 16 de mayo continuaban los enfrentamientos entre manifestantes y la GNB. #SanAntoniodelosAltos, #RectadelasMinas, #MontañaAlta y #LosNuevosTeques se volvieron tendencia en las redes sociales.

“Estábamos en la avenida perimetral de San Antonio, en el sentido que viene de Los Teques, a la altura del centro comercial Don Blas. La GNB estaba como a 20 metros, cerca de los bomberos en la redoma. Yo siempre voy al frente porque tengo protección, tengo casco, máscara, escudo, protectores de béisbol para todo el cuerpo. Uno no se conoce cuando está en el grupo de choque. Todos tenemos caras tapadas, no sabemos a quién tenemos al lado. Llevábamos rato devolviendo bombas, tirando piedras. No sé cuánto tiempo, pierdo la noción del tiempo. Escuché disparos, muchas detonaciones. En un segundo, volví la mirada hacia mi lado derecho y vi cómo cayó un cuerpo al piso. Corrí hacia él y cuando llegué, él mismo se subió la franela, desesperado, para ver dónde le habían dado. Tenía un hueco pequeño entre las costillas, aquí (señala la boca de su estómago). ¡Impresionante! De inmediato comenzó a sangrar. Todos gritamos: ‘¡le dieron!’. Un chamo llegó en moto, lo cargamos, lo montamos en la moto y lo llevaron a la Policlínica Parque El Retiro. Nos dijeron que estaba vivo, que había ingresado a quirófano. Pero qué va, no aguantó, se desangró. Se murió. Lo mataron”, relata uno de los encapuchados que estuvo en el enfrentamiento del 16 de mayo entre opositores al gobierno de Maduro y oficiales de la GNB en San Antonio de los Altos. La víctima era Diego Arellano, tenía 31 años, recibió un disparo en el tórax. El MP asignó la investigación al Fiscal primero de Miranda.

Los manifestantes

Oscar Rodríguez ha protestado desde febrero de 2014, siempre al frente, en la primera línea. Es uno de los que se mantenía en la Panamericana y ha presenciado las arremetidas de la GNB. Desde el domingo 14 de mayo tiene un perdigón incrustado en la sien, del lado izquierdo. El miércoles 17 de mayo a la 1:30 pm la GNB lo detuvo, ese mismo día tenía pautada la cirugía para extraer el perdigón de su cuerpo. “Yo sabía que esto me iba a pasar, lo que no sabía era cuándo. Yo subía (hacia la pasarela que cruza la Panamericana en Montaña Alta) a buscar las tanquetas, a provocarlos para que bajaran. En eso me dispararon cuando estaba en la iglesia y me escondí detrás de unos árboles. Salí corriendo pero me alcanzaron en la esquina que sube a los taxis. Aguanté pela. Di la pelea. 2 guardias no pudieron, vinieron 2 más y seguí dando coñazo. Después llegaron 3, eran 15 en total. Me metieron en la tanqueta y me empezaron a rodar y me seguían pegando, ¡duro! Eran 8 dentro de la tanqueta. Estaba con un chamo que ni siquiera estaba protestando y también lo acoñasearon. A un menor lo agarraron y le dieron una pela, pero lo soltaron ahí mismo. Los guardias eran gochos, todos unos pelaos, entre 19 y 22 años. Negociaron con unos abogados y me soltaron a las 10:00 de la noche. Yo estoy claro, no vuelvo a salir, o al menos no como lo hacía. Me dispararon tres perdigones, además del que ya tengo desde hace días en el cráneo, me patearon la cara, me cortaron el pelo con un cuchillo, me rompieron la mano. Si me ven en la calle, vienen por mí”.

Sabe que trancando la Panamericana no van a hacer que Maduro salga de la Presidencia. “Que la gente no vaya a los trabajos, que colapse el paso. Que nadie se mueva, a ver si así la presión hace que otros sectores también pidan el cambio. Estoy claro, esto es una tranca y ya. Con esto no tumbamos a Maduro. Yo quiero volver al país en el que uno se podía comprar un carro, sus cosas, un apartamento. Quiero volver a ir a una panadería y comprar pan, no esta estupidez que tenemos”, demanda Oscar.

Un encapuchado es tajante: “Esto se acaba cuando el gobierno de Maduro caiga. De aquí no nos movemos y no abrimos el paso. Hay que presionar. Nos mantenemos trancados hasta que alguno de ellos cambie su forma de pensar. Tenemos que salir de esto. Que nadie vaya al trabajo, que todo se paralice. Estamos en resistencia”, dice con el rostro tapado y vigilando su alrededor.

Otros son más moderados. No se cubren las caras pero tampoco quieren que se sepan sus identidades. “Con esto hacemos presión. Nadie quiere vivir encerrado, pero en cierta forma ya lo estamos: no podemos salir tarde por la inseguridad, no podemos comer en restaurante porque no alcanza la plata, no hay medicinas. Se agotaron las vías regulares para exigir nuestros derechos. Yo quiero ir a trabajar, pero en condiciones normales, no con esta sobrevivencia absurda. Este colapso debe servir para presionar y que el gobierno ceda, que abra puertas: que vayamos a elecciones”, dice una mujer que permanece en la Panamericana, no alcanza los 30 años de edad.

“Yo sé que así nos perjudicamos nosotros porque quedamos aislados, pero tenemos que hacer algo para salir de esta crisis. Lo que queremos lograr es que todos los estados se unan a esta lucha, que el país entero rechace las medidas del Gobierno. Mientras seamos focos aislados estamos pelando bola. Ahora somos los altos mirandinos, Táchira, Mérida y Carabobo, en el resto del país hay peos de a ratos y todo se calma. Aquí llevamos cinco días y vamos a seguir hasta que haya un cambio de dirección en las decisiones políticas. No sabemos si lo vamos a lograr, pero hay solo dos opciones: hacemos esto o no hacemos nada. Yo prefiero hacer esto, todo lo demás que hemos hecho no ha dado resultado”, dice Arnaldo Fortino que participa en las manifestaciones de los altos mirandinos. “Hay mucho tira piedra que cree que estamos jugando carnavales, pero la gran mayoría está enfocada. Tenemos un objetivo claro y es avanzar hacia una solución”, remata.

Los vecinos

En esta región satelital de Caracas la movilidad depende en gran medida de la carretera Panamericana, que comunica al estado Miranda con el Distrito Capital. Muchos cuentos, anécdotas, caminatas y ausencias han sido compartidos como consecuencia de las constantes barricadas dispuestas en la vía.

Un vecino de El Trigo, en Los Teques, que pidió no ser identificado, está de acuerdo con la protesta organizada como derecho ciudadano y por la necesidad de expresar el rechazo a las medidas de este gobierno, pero desaprueba las continuas trancas. “Esto es un atraso. ¿Cómo llegan los alimentos, la medicina? Nos están perjudicando a nosotros, no al Gobierno. Tuve que caminar desde Los Teques hasta Montaña Alta porque no hay transporte, las vías están cerradas y debo trabajar”.

Marilú Guanipa reside en la zona y apoyó el gobierno de Hugo Chávez. Actualmente disiente de la gestión de Maduro, pero desaprueba los métodos usados por los vecinos para buscar soluciones al conflicto, aunque reconoce el derecho que tienen de protestar. “¿Adónde tienen que ir?, ¿cómo exigen respuestas? Se llega a estos extremos porque no hay una solución a las demandas de la población, estamos arando en el viento. El gobierno no puede ignorar que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo”.

Un hijo en Estados Unidos y otro en España, ambos huyendo de la crisis actual. El menor de su descendencia participa en las manifestaciones de la Panamericana. Ligia Pachón es opositora, protesta y participa en las actividades convocadas por la MUD, pero no está de acuerdo con las trancas que mantienen a los municipios de los altos mirandinos aislados. “Nos están encerrando, si hay una emergencia no podemos salir. Yo bajo porque allá está mi hijo, pero esta no es la protesta que yo defiendo”.

“No me he pelado una marcha de la oposición, soy antichavista desde mucho antes de que llegaran al poder. Apoyo con todo lo que puedo a los muchachos que se mantienen día y noche en la calle trancando. Les preparo comida, en conjunto con muchos vecinos reúno las colaboraciones y se las llevo: ropa, agua, alimento. Lastimosamente llegamos a este punto, no quiero vivir así, pero sí estoy de acuerdo y sí voy a hacer lo que pueda por colaborar con estos cierres. Es una manera de que la comunidad internacional voltee la cara hacia nosotros. Es la única forma que tenemos porque como pueblo no tenemos instancias. No podemos votar, elegimos una Asamblea Nacional que el gobierno desconoce porque no es obediente, no tenemos uniformes, no somos militares. El gobierno tiene que dejarnos decidir cómo queremos vivir. Estoy mamada de que me vean la cara de bolsa. ¡Me siento burlada, abusada! Seguiremos así hasta que se vayan estos corruptos. Debemos involucrarnos como sociedad civil en la solución de nuestros problemas. Mantenernos en la calle es la forma de hacernos sentir porque agotamos todos los demás mecanismos establecidos en las leyes, este gobierno se limpia el culo con las leyes. Si no nos escuchan entonces iremos a la ruina”, espeta una vecina de los altos mirandinos. “No quiero que se sepa mi nombre porque me encantan los héroes anónimos. Cuando no hay nombres la historia traspasa cada pared de cada casa, cada portón y sabes que tú puedes colaborar. Cuando hay un nombre, la gente piensa: ‘bueno, es fulano de tal que hace buena o mala labor’. Sin nombre, es un venezolano, suficiente para que pueda ser cualquiera”.

Y así muchos casos en cada calle, edificio, cuadra. Medicinas que no han sido tomadas, vuelos que no han sido abordados, neveras vacías, trabajos y estudios interrumpidos, atención médica que no ha sido recibida, emergencias que no han sido atendidas. Se han reportado saqueos de algunos comercios de alimentos, en su mayoría. El 17 de mayo, caída la tarde, el centro de Los Teques fue asaltado por grupos de motorizados.

La actuación de la Guardia Nacional Bolivariana

La presencia y represión de la GNB ha sido constante y sonante. Un oficial retirado reconoce el abuso y los excesos de ambos sectores involucrados en las manifestaciones: “Los que protestan provocan a los guardias y ellos abusan del poder y equipos que tienen”.

Según él la presencia de los cuerpos de seguridad, en especial de la GNB, evidencia la falta de preparación de los funcionarios. “Parece que están formando en función de la cantidad y no de la calidad. Tengo la impresión de que no respetan los filtros y estudios de ingreso a las escuelas militares. Sé que no se están formando en el tiempo prudente, salen a la calle sin la capacitación necesaria. Entran y a los tres meses ya están reprimiendo manifestaciones. En mi época nos formábamos durante un año, año y medio. Soy especialista en orden público, ahora ni siquiera tienen especialidad”, dice.

Con relación al uso excesivo de la fuerza, expresa: “Eso constituye una responsabilidad individual. No creo que sean órdenes de superiores, y de ser así las consecuencias son responsabilidad de quien acciona un armamento”. Hay protocolos de actuación que no se están cumpliendo y es lo que le permite afirmar que hay fallas en la formación de quienes hoy resguardan el orden público: “Para empezar, no se agotan los medios de persuasión. Cuando un cuerpo de seguridad es llamado a resguardar el orden, la primera instancia es el diálogo, la negociación con el líder de la manifestación. El último paso son tiros al aire para avisar a los manifestantes que viene el uso del armamento. Actualmente, vemos cómo llegan directo al uso de bombas lacrimógenas y perdigones”.

Otra evidencia de la poca preparación de los oficiales que asisten a los altos mirandinos, según el GNB retirado, es la falta de planificación. “Creo que no realizan el trabajo previo de inteligencia. No reconocen el área, no saben a dónde ir en caso de haber heridos, un ejemplo es el oficial de San Antonio que murió al recibir un disparo el 19 de abril. No lo llevaron a la clínica más cercana. Cada comisión debe tener escopetero (perdigones), chofer, escudero, carabinero (gases lacrimógenos) y al menos dos extintores, que no he visto que los tengan”. Otras irregularidades cuestionadas por quien tuvo la baja hace años, es la velocidad a la que manejan las tanquetas: “No puede pasar los 30 km por hora, pero van como si estuviesen en una autopista”.

“El uso de los armamentos tienen una especificación, que en algunos momentos no se ha respetado. Los perdigones deben ser disparados a no menos de diez metros de distancia. Los disparos deben ser dirigidos hacia extremidades inferiores y vemos a muchos manifestantes con heridas de la cintura hacia arriba. Las lacrimógenas no deben ir en dirección de los cuerpos”, especifica.

El oficial retirado concluye: “El caso del convoy del ejército -aunque algunos medios publicaron que se trataba de una unidad de la GNB- que chocó y posteriormente tomaron y quemaron los manifestantes el 19 de mayo, es un caso extraño. Venía vacío, con tres soldados sin armas y uno de ellos vestido de civil”. Sugiere que se trataba de unos soldados escapados o de una excusa para justificar acciones posteriores como allanamientos o aprehensiones.

Los números

Alberto Iturbe, coordinador de los altos mirandinos por la ONG Foro Penal Venezolano, asegura que hasta el 15 de mayo tenían un registro de alrededor de 130 manifestantes detenidos, algunos fueron liberados sin presentarlos a tribunales. 97 han sido asistidos legalmente por ellos. “Solo queda uno recluido en Poliguaicaipuro”, determinó.

El martes 16 de mayo se contabilizaron dos detenciones y al día siguiente hubo otra. Los altos mirandinos se mantiene en conflicto, con manifestantes en las calles, vías obstaculizadas y movilizaciones. Las detonaciones y gritos le robaron a la región su tranquilidad característica. La incertidumbre reina.

El jueves 18 de mayo los encapuchados de Montaña Alta, por presión de los vecinos, dieron una tregua. Permitieron que abrieran unos comercios cercanos y avisaron que darían paso entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 de la tarde, y luego de 3:00 a 4:00 pm “para que la gente pueda comprar comida”. El viernes 19, luego de que incendiaron el convoy del ejército, pasadas las 3:00 de la tarde hubo una nueva jornada de represión perpetuada por la GNB que trajo consigo una ola de rumores sobre supuestas órdenes de allanamientos en la zona. Al final de la tarde y llegada la oscuridad aún se oían gritos y personas corrían de unas viviendas a otras temiendo la llegada del SEBIN. Luego de culminada la movilización “somos millones” en Caracas, convocada por la MUD el sábado 20 de mayo, en San Antonio eran las 10:00 de la noche y seguía el enfrentamiento entre la GNB y los manifestantes. El saldo: casi 30 heridos de los que uno presuntamente recibió un balazo. Pasan los días y solo una cosa es segura: nada está normal.

¿Cómo fue el proceso constituyente de 1999?; por Carlos García Soto

La crónica de la redacción y aprobación del proceso constituyente de 1999 está íntimamente vinculada con la historia reciente de Venezuela, porque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue la principal oferta electoral del entonces candidato Hugo Chávez Frías. Pero esa ANC no sólo dio lugar a la Constitución de 1999, sino que

Por Carlos García S. | 20 de mayo, 2017
Fotografía de Denis Balibouse/Reuters

Fotografía de Denis Balibouse/Reuters

La crónica de la redacción y aprobación del proceso constituyente de 1999 está íntimamente vinculada con la historia reciente de Venezuela, porque la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue la principal oferta electoral del entonces candidato Hugo Chávez Frías.

Pero esa ANC no sólo dio lugar a la Constitución de 1999, sino que fue el instrumento por el cual la mayoría política reflejada en esa Asamblea Nacional Constituyente se hizo con el control de buena parte del Estado venezolano. Toda la historia posterior del país está directamente influenciada por los hechos ocurridos en 1999.

El proceso constituyente, como se señaló, no sólo dio lugar a la Constitución, sino que implicó que la Asamblea Nacional Constituyente asumiera el control de los Poderes Públicos. La redacción de la Constitución de 1999 y la toma del Estado venezolano a través de la Asamblea Nacional Constituyente se dio en paralelo. Estas notas se dedican sólo al proceso de redacción de la Constitución.

La propuesta del candidato Chávez sobre la Constituyente

Si se quiere, la discusión sobre el proceso constituyente perdió un poco de fuerza a partir del inicio del segundo gobierno del presidente Caldera. Pero con ocasión de la campaña presidencial de 1998 retomaría interés, sobre todo a partir de su planteamiento por el candidato Chávez.

La propuesta fundamental de Chávez fue la convocatoria a una ANC, que tuviera como objeto (i) refundar la República y (ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico.

La Constitución de 1961 sólo permitía dos cauces formales para su modificación: (i) la enmienda, para modificaciones puntuales que no alteraran la estructura fundamental de la Constitución, y (ii) la reforma, para modificaciones que sí implicaran una alteración importante de la Constitución (artículos 245 al 248 de la Constitución de 1961).

Desde ese punto de vista, entonces, en Venezuela no podía convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, salvo que se modificara la Constitución, por la sencilla razón de que la misma Constitución señalaba los únicos mecanismos a través de los cuales podía ser modificada, y en esos mecanismos no estaba contemplada una constituyente.

Ello, por supuesto, implicaba un serio obstáculo para la propuesta que impulsaba el entonces candidato Chávez: la Constituyente no era un mecanismo de sustitución de la Constitución previsto en la Constitución de 1961. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, no podía convocarse a un proceso constituyente bajo la vigencia de la Constitución de 1961, a menos que se modificara la Constitución de 1961.

La elección del candidato Hugo Chávez como Presidente
y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

En todo caso, el 6 de diciembre de 1998 el candidato Chávez ganaría la elección presidencial, obteniendo 56,20 % de los votos, sobre 40 % obtenido por el candidato Henrique Salas, con una abstención de 36,24 %.

Para ese momento, la discusión constitucional en torno a la constituyente se manifestaba a través de dos posiciones: o era necesaria una reforma a la Constitución de 1961 para incluir en ella la figura de la constituyente, o el pueblo convocado podía expresar su soberanía decidiendo directamente la convocatoria a una constituyente, a pesar que ésta no estuviera prevista en la Constitución de 1961.

En relación con esta última posición se planteó acudir a la figura del referendo consultivo prevista en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997. Conforme a esa norma, el Presidente de la República en Consejo de Ministros; el Congreso de la República o un 10% de electores inscritos en el Registro Electoral tenían la iniciativa para “convocar la celebración de un referendo con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”.

Esta opción, es bueno aclararlo, partía de la base según la cual supuestamente si el pueblo se expresaba en un referendo consultivo a favor de la constituyente, ésta podría ser convocada para que sustituyera la Constitución de 1961, aun cuando esa Constitución no incluyera a la Asamblea Nacional Constituyente como uno de los mecanismos institucionales para su modificación.

Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el carácter del referendo consultivo

¿Qué se planteó a la Corte Suprema de Justicia?

Hemos señalado que en la medida en la que en la Constitución de 1961 no se establecía la posibilidad de una convocatoria a un proceso constituyente para modificar la Constitución, se planteó la discusión jurídica sobre si era posible celebrar un referendo consultivo para que el pueblo se expresara acerca de la constituyente. En paralelo, se planteaba la discusión principal del asunto: si era o no conforme a la Constitución el convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no prevista expresamente en la propia Constitución.

En definitiva, la duda que se planteaba era si un referendo consultivo era un mecanismo suficiente para convocar a una ANC no prevista en la Constitución. Por ello, no se discutía si el referendo podía o no celebrarse. En realidad, el referendo consultivo era un derecho de los ciudadanos, reconocido incluso en la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Lo que no estaba claro es si ese referendo era suficiente para convocar la constituyente.

Sobre cada uno de estos dos temas, se plantearían ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dos recursos de interpretación. Tales recursos fueron decididos a través de dos sentencias del 19 de enero de 1999, denominadas entonces como los casos Referendo Consultivo I y Referendo Consultivo II.

Por supuesto, para la Corte no era un asunto menor la solución a esos dos recursos. Porque, tal como se estaban desarrollando los acontecimientos, parecía que a la Corte le iba a corresponder dar una solución jurídica al conflicto político-constitucional que se había planteado en el país.

Sin embargo, la Corte no dio una interpretación definitiva al problema que se le estaba planteando. Es decir, no señaló con la claridad que quizá se aspiraba si podía o no convocarse una Asamblea Nacional Constituyente, a partir de un referendo consultivo, a pesar de que esa figura no estuviera prevista en la Constitución. En definitiva, si era posible o no convocar a un proceso constituyente sin modificar antes la Constitución de 1961.

Por el contrario, la Corte realizó extensas consideraciones sobre el papel de la Constitución y el lugar de la soberanía popular, y si bien en algunos momentos parecía que iba a expresar una conclusión expresa sobre el problema planteado, luego el camino argumental se interrumpía.

Las respuestas de la Corte Suprema de Justicia

Uno de los principales problemas que se le planteaban a la Corte era que determinara si era posible convocar a un referendo consultivo para que el electorado pronunciara su opinión sobre un proceso constituyente.

Desde ese punto de vista, no había ningún problema jurídico en que se consultara al electorado a través de un referendo consultivo sobre su opinión acerca de una Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, el proceso constituyente era un derecho de los ciudadanos, incluso previsto expresamente en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, como ya se señaló.

Pero el tema fundamental planteado a la Corte sería si era posible que se convocara a la Constituyente sin que ésta estuviera prevista en la Constitución. Sin embargo, en las sentencias la Corte no se pronunció de modo expreso sobre si era o no posible convocar una constituyente aún a pesar de no estar prevista en la Constitución como un instrumento para la reforma o sustitución de la Constitución. Por el contrario, realizó varias consideraciones, ambiguas, sobre la soberanía popular y su relación con el poder constituyente, como se señaló.

Con lo cual, el verdadero problema constitucional que estaba planteado, es decir, si podía o no convocarse una Constituyente a pesar de no estar prevista en la Constitución, no fue resuelto expresamente por las decisiones de la Corte. En realidad, las sentencias, como se dijo, se dedicaron a afirmaciones generales sobre los asuntos planteados. Sin embargo, de varios párrafos de las sentencias podía concluirse que en criterio de la Corte, o los Poderes Públicos competentes establecían el régimen de la constituyente, o era preciso modificar la Constitución para incluir la figura de la constituyente, aún luego de un referendo consultivo en el cual los votantes se manifestaran a su favor.

La ambigüedad de los criterios de la Corte Suprema de Justicia y la interpretación de parte de la prensa

De tal manera, lo que podía concluirse de las sentencias Referendo Consultivo I y II era que (i) el pueblo podía expresar su opinión acerca de la Asamblea Nacional Constituyente mediante un referendo consultivo, (ii) de esa manifestación de voluntad podía derivarse un mandato político los Poderes Públicos para que establecieran un mecanismo institucional que permitiera convocar un proceso constituyente, pero (iii) la soberanía popular no podía estar limitada por los Poderes Públicos.

Que, por una parte, la Corte aclarara que era posible convocar un referendo consultivo para que el pueblo se expresara acerca de la constituyente y, por otra parte, que la Corte evadiera un pronunciamiento expreso acerca de si era posible desde el punto de vista constitucional la convocatoria a una constituyente para sustituir la Constitución de 1961, dejaría entonces el asunto sin resolver de modo expreso por la Corte.

Pero a pesar de la ambigüedad de los criterios de la Corte Suprema de Justicia, parte de la prensa daría su interpretación a lo interpretado por la propia Corte. Así, por ejemplo, El Nacional daría una lectura a las sentencias que favorecía la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a partir de la celebración del referendo consultivo. En su edición del 21 de enero, uno de los titulares de ese periódico sería: “No es necesario reformar la Constitución para convocar el referéndum”.

Por supuesto, el gran riesgo político y constitucional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que no estuviera prevista y regulada en la Constitución, era que esa ausencia de regulación fuera una ocasión para que la Asamblea se autoproclamara como soberana y como exenta de cualquier control que limitara su actuación. Ese riesgo se verificaría luego en los hechos, cuando la ANC actuó sin sujetarse a los Poderes Públicos ni a la Constitución.

En todo caso, correspondía al Congreso, cuando se incorporara a sus sesiones ordinarios en enero, decidir si procedía a realizar una enmienda o reforma a la Constitución, que incluyera la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo válido para sustituir la Constitución de 1961.

El referendo consultivo convocado por el presidente Chávez

Sin embargo, el Congreso no tendría oportunidad de debatir sobre el importante asunto político-constitucional que el país tenía ante sí.

Durante el mes de enero, aún antes de tomar posesión, el Presidente electo Chávez conformó una comisión llamada “Comisión Presidencial Constituyente”, que tenía como objeto prestar asesoría sobre el modo de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

Y el mismo 2 de febrero, al tomar posesión del cargo, el ahora recién electo presidente Chávez dictaría el Decreto número 3, por medio del cual convocaría un referendo consultivo para que los electores se pronunciaran sobre la constituyente. Así, Chávez tomaría la delantera en la discusión y plantearía el asunto para que el pueblo se expresara sobre la constituyente, sin que fuera necesario entonces reformar la Constitución de 1961 para incluir a la constituyente como un mecanismo válido para la sustitución de la propia Constitución de 1961.

No se olvide que cuando el Presidente electo tomó juramento ante el presidente Caldera, advirtió:

“Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”

Mediante el Decreto número 3 (Gaceta Oficial 36.634 de 02 de febrero de 1999), el ya Presidente en funciones Hugo Chávez, dictaría la decisión de convocar al pueblo para un referendo consultivo sobre la Asamblea Nacional Constituyente. En realidad, y como puede constatarse del modo como fue planteado el referendo, el presidente Chávez aspiraba a que la constituyente fuera diseñada según el modo como él consideraba debía conducirse. En ese sentido, el texto del Decreto va a señalar:

“Artículo 1º: La realización de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Artículo 2º: El Consejo Nacional Electoral ejecutará los actos necesarios para divulgar el contenido de la propuesta de convocatoria, invitar a los ciudadanos a participar en el referendo y realizar el escrutinio del acto de votación.

Artículo 3°: El instrumento electoral contendrá las siguientes preguntas que serán contestadas con un “si” o un “no”:

Primera: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?

Segunda: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?”.

Por supuesto, la interpretación que Chávez había dado a las sentencias de las Corte Suprema de Justicia, es que simplemente bastaba con que el pueblo se manifestara a favor de la constituyente, para poder convocarla.

En este sentido, la redacción del Decreto era contraria a lo dispuesto por la Constitución, por la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y por las mismas sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, al (i) convertir el referendo revocatorio en una suerte de referendo decisorio o plebiscito, (ii) para sustituir la Constitución de 1961 a través de un mecanismo no previsto por ésta, (iii) para delegar en el recién electo Presidente Chávez la regulación del modo de elección de los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente y (iv) para que esa Asamblea Nacional Constituyente electa asumiera el control del Estado, en sustitución de los poderes constituidos.

Las reacciones al Decreto Nro. 3 y la Resolución del Consejo Supremo Electoral
que fijó la fecha de celebración del referendo consultivo

Varios abogados ejercieron recursos de nulidad ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo se declarara la nulidad de ese Decreto N° 3, por considerarlo ilegal e inconstitucional. Sin embargo, el Juzgado de Sustanciación de la Sala declaró inadmisibles todos los recursos intentados. Básicamente, la Corte señaló que el Decreto del Presidente como tal no podía tener “efectos externos” que pudieran acarrear su nulidad, por lo que había que pedir la nulidad en consecuencia de los actos del Consejo Supremo Electoral que éste órgano electoral dictara en ejecución de ese Decreto del Presidente Chávez.

Y, en efecto, el Consejo Supremo Electoral dictaría la Resolución Nº 990217-32 de 17 de febrero de 1999, por la que se fijó la realización del referendo consultivo para el 25 de abril de ese año 1999. De la convocatoria del referendo en esa Resolución se desprendía que la consulta se realizaría en los mismos términos de las preguntas sugeridas por el Presidente Chávez en su Decreto Nro. 3, en la medida en la que su redacción era prácticamente igual a la Decreto Nro. 3 que había dictado el Presidente Chávez.

La modificación de la pregunta sobre las “bases comiciales”

Al igual que el Decreto número 3, la Resolución 990217-32 del Consejo Supremo Electoral, por la que se fijó la realización del referendo consultivo para el 25 de abril de ese año 1999, fue objeto de varias demandas de nulidad ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Ante los distintos argumentos que cuestionaban la constitucionalidad y legalidad del Decreto número 3 y de la Resolución 990217-32 del Consejo Supremo Electoral, Chávez dictó otro Decreto Presidencial el 10 de marzo (Gaceta Oficial 36.658 de 10 de marzo de 1999), por el cual hizo una “propuesta” de bases comiciales, que debían ser incluidas en la consulta que se realizaría a los electores en el referendo consultivo que debía celebrarse el 25 de abril, para regular cómo se elegirían los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por ello, con este Decreto, Chávez modificaba la pregunta 2 del artículo 3 del Decreto número 3, que le habilitaba a él para fijar esas bases comiciales. Conforme al nuevo Decreto, en el referendo consultivo del 25 de abril, los electores debían pronunciarse sobre la “propuesta” de bases comiciales que hacía el Presidente a través de este nuevo Decreto.

La consecuencia de ello, era que el Consejo Supremo Electoral debía proceder a modificar los términos de la Resolución 990217-32 de 17 de febrero de 1999, sustituyendo el contenido del artículo 3, en el que se le facultaba al Presidente para él fijar las “bases comiciales” para incluir la “propuesta” que el mismo Chávez realizaba sobre el contenido de las bases comiciales, para que el pueblo se pronunciara sobre ellas.

Sin embargo, la Sala Político-Administrativa se adelantó al Consejo Supremo Electoral, y procedió a declarar la nulidad del contenido de la pregunta 2 del artículo 3, a través de la sentencia del 18 de marzo de 1999, y ordenó al Consejo Supremo Electoral que replanteara esa pregunta ahora anulada, tomando en cuenta las bases comiciales que había propuesto Chávez en su Decreto de 10 de marzo.

La Corte no sólo declaró nula la segunda pregunta del artículo 3, que habilitaba al Presidente para que él mismo fijara las “bases comiciales” de la elección de los miembros de la ANC, sino también procedió a recordar que (i) el referendo a ser convocado tenía un carácter esencialmente consultivo y que (ii) la ANC no podía alterar los principios fundamentales del Estado democrático de Derecho.

En acatamiento a lo dispuesto por la sentencia de la Sala Político-Administrativa de 18 de marzo, el Consejo Supremo Electoral procedió a dictar una nueva Resolución, la 990323-70 de 23 de marzo de 1999, en la que reprodujo las bases comiciales que había propuesto el Presidente en su Decreto de 10 de marzo.

Por otra parte, en sentencia de 13 de abril de 1999, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia ordenaría suprimir la frase “como poder originario que recoge la soberanía popular” que se atribuía a la Asamblea Nacional Constituyente en la base comicial octava.

La celebración del referendo consultivo sobre la constituyente

Llegaría el 25 de abril, fecha fijada por el Consejo Supremo Electoral para la celebración del referendo consultivo acerca de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Con una participación de 4.137.509 electores, y una abstención del 62.2%, los votos a favor del “sí” fueron de 92,4%, mientras que los votos a favor del “no” fueron de 7,6%. Prácticamente todo el país que fue a votar se pronunció a favor de la convocatoria a una ANC impulsada por Chávez, sin que se reformara previamente la Constitución para que la propia Constitución estableciera los límites a los poderes de esa Asamblea Nacional Constituyente.

La elección de los miembros a la ANC

Una vez que en el referendo consultivo del 25 de abril el electorado se pronunció a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Supremo Electoral procedió a convocar para el 25 de julio de 1999 la elección de sus miembros.

Conforme a lo dispuesto en las “bases comiciales” que había propuesto el Presidente, a la ANC había que elegir un total de 131 miembros, de los cuales 24 corresponderían a la circunscripción nacional, 104 se elegirían de 24 circunscripciones regionales y 3 serían electos como representantes de las comunidades indígenas. El 25 de julio se realizaría la elección de los miembros de la ANC, con una abstención de 53.7% de los electores.

Debido al sistema de postulaciones que se diseñó en esa oportunidad, si bien los candidatos que eran apoyados por el entonces presidente Chávez (el denominado Polo Patriótico) sumaron un total de 65 % de los votos de los electores, obtuvieron un total de 125 de los 131 miembros a la ANC. Los candidatos que no estaban agrupados en torno al Polo Patriótico lograron un 22,1 de los votos, pero debido a ese sistema de postulaciones, sólo un total de 6 de los 131 miembros a la ANC.

La instalación de la ANC

La Asamblea Nacional Constituyente se instalaría el 3 de agosto de 1999. El 8 de agosto comenzaría sus sesiones, con la discusión acerca de su Estatuto de Funcionamiento.

Al redactarse el Estatuto de Funcionamiento de la ANC, sin embargo, quedaría reflejada la voluntad de la mayoría de los miembros de la ANC con respecto al carácter de esa constituyente. En efecto, en contra de lo que señalaba la Constitución, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, las bases comiciales que electorado había votado y con lo que habían señalado las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se establecería un Estatuto de Funcionamiento de la ANC contrario a los valores republicanos, que le daba poderes omnipotentes a esa Asamblea.

Con lo cual, la ANC, en contra de la Constitución de 1961 entonces vigente, se autoatribuyó unos poderes amplísimos, que en última instancia le colocaban no sólo por encima del ordenamiento vigente, sino por encima de los Poderes Públicos. En ese sentido, la ANC se autoproclamó soberana por encima del Derecho y del Estado venezolanos.

Como señalamos, la ANC no sólo usaría sus poderes prácticamente ilimitados para redactar la Constitución de 1999, tal como se explica en esta crónica, sino que además los utilizó para tomar el poder de todo el Estado venezolano.

La redacción de la Constitución de 1999

En todo caso, el proceso de redacción de la Constitución de 1999 tendría cuatro etapas, que implicaron, que se realizara un proceso de redacción de la Constitución improvisado y atropellado.

Tales cuatro etapas se desarrollaron entre el 7 de agosto y el 15 de diciembre de 1999: (i) la reorganización de los Poderes Públicos; (ii) el trabajo de las Comisiones Permanentes y de la Comisión Constitucional; (iii) la discusión del proyecto de Constitución surgido de las distintas comisiones y (iv) la difusión en el país del texto constitucional.

La Asamblea Nacional Constituyente no quiso comenzar de ningún anteproyecto de Constitución para el inicio de sus labores. Sin embargo, utilizó como papel de trabajo un documento que había presentado ante la ANC Chávez el 5 de agosto, titulado “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República”. De ese documento, por ejemplo, se tomó la idea de incluir en la Constitución la figura del referendo revocatorio.

En cuanto a la redacción de la Constitución, la primera etapa de esta labor como tal, comenzó el 2 de septiembre, y finalizó el 18 de octubre. Para ello, se constituyeron 20 Comisiones Permanentes, a cada una de las cuales les correspondía preparar el texto de una parte de la Constitución.

El trabajo que las 20 comisiones realizaron por separado fue remitido el 28 de septiembre a la Comisión Constitucional, la cual desde esa fecha hasta el 18 de octubre debía realizar la labor de integración de las 20 secciones de la Constitución preparadas por las 20 Comisiones Permanentes. En ese sentido, las Comisiones Permanentes dispusieron de poco menos de un mes para realizar sus trabajos, y luego la Comisión Constitucional dispuso de tres semanas para la realización del trabajo de integración.

El 19 de octubre el proyecto integrado por la Comisión Constitucional fue entregado a la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, para su discusión.

Entre el 20 de octubre y el 09 de noviembre, se realizaron 19 sesiones en la plenaria de la ANC, para realizar la primera discusión del Proyecto de Constitución. Para la segunda discusión, se realizaron tres sesiones, entre los días 12 y 14 de noviembre.

Aprobación, sanción, promulgación en 1999 y promulgación en 2000

El 15 de diciembre de 1999, en pleno desarrollo de lo que se conocería como “la tragedia de Vargas”, se realizaría la votación para la aprobación de la Constitución de 1999.

En ese proceso electoral, concurrirían un total de 4.819.786 electores, lo cual implicó un porcentaje de abstención de 54,74%. De ese número de electores, votó a favor de la aprobación de la nueva Constitución un número de electores equivalente a 71,37 %, es decir, 2.982.395 votos a favor. Votaron en contra de la aprobación de la Constitución un total de 1.196.146 electores, equivalente a 28.63 %. Una mayoría importante de los electores le darían su aprobación a la Constitución de 1999.

Si bien la Constitución de 1999 fue publicada por primera vez en la Gaceta Oficial 36.860 de 30 de diciembre de 1999, se ordenó su nueva publicación casi tres meses después, el 24 de marzo de 2000, en la Gaceta Oficial 5.423 extraordinaria, junto con la Exposición de Motivos que no había sido incluida en la primera publicación.

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Una explicación más detallada de todo este proceso puede encontrarse en los trabajos de Allan R. Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2002 y en el de Lolymar Hernández Camargo, El proceso constituyente venezolano de 1999, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas. 200).

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Tal es, muy resumido, el camino que llevó a la redacción de la Constitución de 1999, del cual cabe extraer importantes lecciones. El proceso constituyente de 1999, sin embargo, como señalamos, no sólo tuvo como objeto la redacción de la Constitución vigente, sino que también supuso la intervención de esa Asamblea Nacional Constituyente a los Poderes Públicos distintos al Presidente. Pero esa es otra historia.

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Canta el pueblo su canción: Venezuela, Víctor Hugo y la literatura como capacidad de elegir; por Karina Sainz Borgo

A los venezolanos (hasta en la noche más oscura aparece el sol). A los lectores, a los que creen en la palabra. En un centro comercial cuyos escaparates vacíos delatan inflación y carestía, un grupo de jóvenes —que aparecen de a poco entre la multitud de viandantes— comienza a cantar. Van saliendo uno a uno,

Por Karina Sainz Borgo | 19 de mayo, 2017

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A los venezolanos (hasta en la noche más oscura aparece el sol).

A los lectores, a los que creen en la palabra.

En un centro comercial cuyos escaparates vacíos delatan inflación y carestía, un grupo de jóvenes —que aparecen de a poco entre la multitud de viandantes— comienza a cantar. Van saliendo uno a uno, entonando al mismo tiempo, la letra de una canción. “Canta el pueblo su canción/ nada la puede detener/ esta es la música del pueblo y no se deja someter”. En un país que no tiene nada que comprar, nada que llevarse a la boca, en un país al que le han arrebatado todo y que en mes y medio de protestas contra un gobierno autoritario ha visto morir al menos a 40 personas, en ese país que se incendia, un grupo de hombres y mujeres se disemina entre una muchedumbre. Las personas se miran sin entender lo que ocurre. “Te unirás a nuestra causa/ ven y lucha junto a mí/ tras esta barricada/ hay un mañana que vivir”. En un país en el que todos han perdido algo —la vida; la familia; el trabajo; la capacidad de elegir, de envejecer o crecer en su tierra—, un grupo de jóvenes anónimos recorre las galerías de un centro comercial, esos lugares que han sustituido a las plazas y los parques y al que van a recluirse los ciudadanos porque ahí es menos probable que alguien les descerraje un tiro entre los ojos. Es justo ese sitio el que han elegido estos chicos para entonar una versión inspirada en La Canción del pueblo, una composición basada en la novela Los Miserables de Víctor Hugo y que forma parte del musical homónimo estrenado en 1980.

Es probable que muchos de los ciudadanos que organizaron esa acción pacífica de protesta tengan la misma edad del régimen que los oprime. Venezuela lleva gobernada por el régimen de la revolución bolivariana dieciocho años, uno menos que el tiempo que permaneció Jean Valjean en la cárcel: cinco por robar para comer y catorce por haber intentado huir cuatro veces. Víctor Hugo sin embargo le concedió a su personaje de ficción lo que la realidad niega a los venezolanos: una redención. Y ahí donde no hay igualdad, donde hombres con la cara cubierta apalean, disparan y machacan a los que disienten, la literatura se abre paso para regar la tierra seca de la sinrazón. Originalmente publicada como Las Miserias, el clásico universal de Víctor Hugo se vale de la historia de un ex convicto transformado en prohombre para ilustrar los dilemas que aguijoneaban a la Francia del XIX, rota en sus intentos de República y engañada por los accidentes de quienes debían ejecutar esa tarea. Saca brillo el novelista a las alegorías del bien y el mal; la moral y la justicia pero, sobre todo, a la capacidad de elegir como la piedra primera de cualquier nación, así sea la que un hombre hace de sí mismo.

Como en la Francia de 1832 en la que Víctor Hugo sitúa Los Miserables, en Venezuela también rebosa la gota de la escasez, el hambre, la muerte y el abuso. ¿Se parecen los jerarcas de la revolución bolivariana —¡ay!, comillas simples rotas en el aire— al monarca de la casa Borbón-Orleans contra el que se alzó el pueblo francés del XIX? La ironía los une en un raro aire de familia, porque los revolucionarios pueden llegar a comportarse como Luis Felipe, el rey Ciudadano, amarga parodia de quienes prometieron hacer una cosa y ejecutaron la contraria. Un país al que se lo han quitado todo —la razón, la palabra, la vida, la ley, el voto— se resiste a la demasiada barbarie. Canta la abstracción de un clásico universal. Entona como puede la palabra arrebatada. Canta el pueblo su canción… en un país sordo.

“Mi nombre es Jean Valjean: soy presidiario. He pasado 19 años en la cárcel. Desde hace cuatro días estoy libre y voy por Pontarlier. Y desde Tolón vengo andando a pie. Hoy caminé doce leguas. Cuando llegué a esa ciudad, esta tarde, entré en una posada, pero de allí me echaron debido a mi pasaporte amarillo, que había presentado en el Ayuntamiento, como hay que hacerlo. Después, entré en otra posada, y me echaron de allí igual que de la primera. Nadie quiere darme alojamiento. Fui a la cárcel y el carcelero no me abrió la puerta. Fui a una perrera y el perro me mordió. Da la impresión de que él también sabía quién era yo”, dice Jean Valjeanen el volumen primero de la novela de Víctor Hugo al llegar a la casa en la que Myriel, el obispo de Digne, vive modestamente con su hermana Baptistine y una criada, la señora Magloire, a la que el cura ordena colocar un cubierto más sobre la mesa. Valjean, que blande incrédulo su pasaporte amarillo de ex convicto, se sienta a la mesa para comer su sopa de pan, aceite y tocino y unos higos que no ha probado en años. Una primera ración de libertad. Una primera y mínima luz en la oscura vida que habrá de redimirlo.

La vida no es un folletín del XIX y sin embargo, obra su raro prodigio, esa profecía a la que acuden hombres y mujeres porque saben que, aunque estropeados, ellos también pueden redimirse como lo hacen los héroes en las ficciones. Ulises que vuelve a casa con sangre bajo las uñas. Jean Valjean, con su pasaporte amarillo de delincuente, un hombre que opta por las leyes que tanto y tan duramente lo han castigado. Un país entero, aguijoneado por el hambre y la vejación, que escucha a un grupo de jóvenes invocar el clásico universal en los pasillos de un centro comercial donde no hay nada que comprar. Personas que prefieren el anonimato: no erigirse en nada, excepto en su acción (@cantaelpueblo) para regar una tierra arrasada con el aspersor de la paz. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter. Entre la espada y la pared siempre se puede elegir la espada, dice a veces Leila Guerriero. Entre la espada y la pared, algunos escogen no morir enterrando en el opresor el acero de la palabra. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter. Porque sí: tras esta barricada hay un mañana que vivir.

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Este texto fue publicado en el portal de la revista Zenda y cedido a Prodavinci. Puede ver aquí la edición original

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Militarismo judicial y democracias desarrolladas; por Ramón Escovar León

El uso de la justicia militar para procesar a civiles está relacionado con esa enfermedad del poder que es el autoritarismo militarista. En realidad, es un mecanismo empleado sin cortapisas por las dictaduras totalitarias: es por ello que las democracias avanzadas lo repudian. En la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la España de

Por Ramón Escovar León | 16 de mayo, 2017
Guardia Nacional Bolivariana se lleva a una manifestante opositora. 19 de abril de 2017. Fotografía de Leo Álvarez

Guardia Nacional Bolivariana se lleva a una manifestante opositora luego de que ésta permaneciera parada frente a una tanqueta. 19 de abril de 2017. Fotografía de Leo Álvarez.

El uso de la justicia militar para procesar a civiles está relacionado con esa enfermedad del poder que es el autoritarismo militarista. En realidad, es un mecanismo empleado sin cortapisas por las dictaduras totalitarias: es por ello que las democracias avanzadas lo repudian. En la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la España de Franco, la justicia militar era común para militares y civiles. Tal mecanismo fascista fue desterrado en estos países después de la Segunda Guerra Mundial, salvo en España, donde perduró hasta la muerte del dictador. Con este método se reprimía y perseguía al opositor; y, en contraste, se protegía al violador de derechos humanos. Lo que pervive, todavía, como un hecho característico de cualquier régimen atávico que tiene una Constitución sin república.

El informe Goldman, en Perú, demostró que el gobierno de Fujimori usó la justicia militar para proteger a militares violadores de derechos humanos y perseguir a civiles opositores. Tales casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El núcleo de las razones esgrimidas, en el caso peruano, descansa en la idea de que los jueces militares no garantizan los necesarios requisitos de independencia e imparcialidad, al estar sometidos al régimen de obediencia propio del juramento militar.

Los mismos criterios del ordenamiento peruano rigen en Colombia. De acuerdo con el artículo 221 de la Constitución, el fuero penal militar queda restringido al sector castrense. Por consiguiente, no es posible enjuiciar a civiles bajo el manto de la legislación penal militar, porque, entre otras cosas, se viola el derecho a ser juzgado por el juez natural (artículo 49, ordinal 4 de la Constitución de Venezuela). Esto fue explicado con claridad por José Ignacio Hernández en un artículo de Prodavinci, en el que demuestra que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos por ser una norma preconstitucional e ir en sentido contrario a lo que dispone el artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente a “delitos de naturaleza militar”. Esto es, aquellos cometidos por un militar en servicio activo, por ejemplo, la venta de un secreto militar o la deserción. Estos no se extienden a los civiles en ningún caso, como ha sido regulado por el Derecho comparado. Recientemente la Sala de Casación Penal (sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión. Este criterio debe extenderse a los jóvenes que protestan, que por ser civiles quedan fuera de la jurisdicción militar. La actividad política desplegada por los civiles no encaja en el tipo penal militar. Hacerlo es violar los derechos al juez independiente e imparcial. Estamos a la espera de que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, inicie el proceso judicial para aclarar esta situación que ha alimentado —con abuso de poder— las detenciones arbitrarias de jóvenes civiles que manifiestan pacíficamente.

Desde que se iniciaron los juicios militares a civiles —en esta nueva etapa represiva— con el enjuiciamiento del profesor Santiago Guevara, y ahora con la detención arbitraria de cientos de jóvenes que piden libertad, se ha potenciado este tipo de militarismo judicial. Esto ha violado directamente el derecho a ser juzgado por el juez natural, que no es otro que el juez civil. Ahora bien, como es ya un hecho notorio, el gobierno dejó de controlar al Ministerio Público que es, por mandato constitucional, el titular de la acción penal (artículo 285, ordinal 4to. de la Constitución). Para salirse de la suerte, han implementado el mecanismo del juicio militar y la imputación por parte de un fiscal militar.

Otro aspecto del problema es dejar claro el concepto de tipo penal militar y dejar de manejarlo con ambigüedad. Estas referencias vagas, ambiguas e indefinidas a los delitos militares quedaron evidenciada en las “sentencias” 155 (del 28 de marzo de 2017) y 156 (del 29 de marzo de 2017). En la primera de estas “sentencias” se declaró sin pruebas que la Asamblea Nacional había cometido actos que constituyen “Traición a la Patria (sic), como lo había referido el recurrente”; es decir, hicieron suyos los alegatos del solicitante (diputado del PSUV Héctor Rodríguez). De esta manera se habría podido activar la justicia militar en forma inmediata, a no ser por la reacción de la Fiscal General de la República quien declaró que dichas decisiones “representan una ruptura del hilo constitucional”. Entonces, aquí caemos en un asunto complejo: se trata de definir en qué consiste el delito de traición a la patria. Así, hay traición a la patria si un militar le vende secretos de seguridad al enemigo, pero nunca si una civil protesta pacíficamente, porque resulta violatorio de su derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas, como lo autoriza el artículo 68 de la Constitución. En el mismo nivel de ambigüedad caen las acusaciones de rebelión y terrorismo que son usadas sin reparo cada vez que pretenden justificar sus violaciones a los derechos humanos. La rebelión y la traición a la patria sirven para amoldar cualquier conducta opositora, como ocurrió con la defensora de derechos humanos, Lisbeth Salas, según lo reporta El Nacional.

Sobre la base de lo anterior, es posible afirmar que haya una relación simétrica entre el fascismo totalitario y el juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar así como una relación asimétrica entre la justicia militar y la democracia. Es evidente que solo se trata de convertir la lucha política en un escenario de guerra, como acertadamente lo calificó Nicholas Casey en una publicación del New York Times, quien acusó al gobierno venezolano de utilizar la jurisdicción militar como si estuviésemos en guerra. Y si vamos a la raíz del asunto, esto se debe a que desde hace 18 años el discurso político está basado en el lenguaje militar. Recordemos que el general prusiano Carl von Clausewitz, en su libro De la guerra, acuñó la frase: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. La frase fue invertida por Michel Foucault para decir: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”. Es la frase de Foucault la que aplica al caso de Venezuela. El sistema populista de la distribución de la riqueza no producida —como la petrolera—, hace política con herramientas militares, lo que es incompatible con el régimen de libertades que postula la Constitución venezolana.

Decía Georges Clemenceau que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. Esta frase se puede reescribir así: “El enjuiciamiento a civiles es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares”. La justicia militar a civiles es una contradictio in terminis que atenta contra la libertad y los derechos humanos. Por eso, la Fiscal General de la República, apertrechada de sus facultades constitucionales, debe exigir el cese de los juicios militares a civiles, porque son violatorios de las garantías constitucionales.

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Pesaba como uno se imagina que pesan los cadáveres; por Helena Carpio #EnPrimeraPersona

Hoy juré haber cargado a un muerto. Pesaba como uno se imagina que pesan los cadáveres, estaba flácida, como títere de goma, pálida y verde. “¡La mataron coñooo!”, gritaba la ola de gente, corriendo, mientras huía de la Policía Nacional Bolivariana y de sus bombas lacrimógenas disparadas a quema-ropa. “¡La mataron!” lloraban los chamos mientras

Por Prodavinci | 10 de mayo, 2017
Fotografía de Helena Carpio

Fotografía de Helena Carpio

Hoy juré haber cargado a un muerto. Pesaba como uno se imagina que pesan los cadáveres, estaba flácida, como títere de goma, pálida y verde.

“¡La mataron coñooo!”, gritaba la ola de gente, corriendo, mientras huía de la Policía Nacional Bolivariana y de sus bombas lacrimógenas disparadas a quema-ropa. “¡La mataron!” lloraban los chamos mientras corrían por miedo a que los mataran a ellos también. Mientras los oficiales seguían disparando bombas a la calle ya desierta, solo se distinguía un montón de carne en el piso con forma de mujer y un chamo alto, vestido de negro, tratando desesperadamente de cargarla mientras esquivaba disparos. “¡Ayuuuda!, ¡hay que sacarla! ¡ayuda!”, gritaba a través de una máscara, jalándola por los brazos y arrastrándola por el pavimento. “¡Alguien ayúdeme! Por favor” chillaba.

Hoy juré haber cargado a un muerto. Era difícil moverla porque todo guindaba. Era difícil, porque era peso muerto y yo quería que estuviese viva. Tenía máscara puesta, pero se veía sangre alrededor de la nariz y los ojos. No respiraba. Estaba fría y se iba poniendo morada. Le quitamos la máscara; los ojos estaban blancos – cada pupila apuntaba a un extremo distinto de la cabeza, como si estuviesen perdidos, buscando al cerebro. La cargamos entre cuatro o cinco mientras sus piernas y brazos se nos desbordaban. “¡MOTOOO!” ,“¡Una motooo!” gritábamos. En segundos, llegó una de las tantas motos que se quedan a la deriva en las protestas para transportar heridos. La cargamos desparramada y un muchacho saltó encima a abrazarla y evitar que se cayera. En otro segundo, ya se habían ido.

El resto de la tarde, pensé en esos ojos -blancos, perdidos, movedizos, indelebles – mientras agarraba la cámara. La muerte desconcentra. También pensé en la cara: era más joven que yo, probablemente ni se había graduado de la universidad o tenido su primer trabajo. Pensé en su mamá y en como sonarían los gritos sordos en la sala de espera al enterarse que había perdido a una hija – cómo se sentiría ese vacío que dejan los que uno ama cuando se van, y cómo duelen esas cicatrices que nunca sanan.

Tres horas después, unas cuantas bombas más, sudor, llanto y Twitter: “La herida en Altamira está estable.” Lo leí varias veces, con miedo a que las palabras cambiaran.

No lo creía. Por esa desconfianza aprendida que te deja un gobierno mentiroso y por esas expectativas quebradas que se vuelven costumbre al querer que Venezuela sea un país mejor, fui a Salud Chacao a buscarla, a encontrar piel rosada, pulmones funcionando, mirada firme. A encontrarla viva.

“No me conoces, pero te dispararon frente a mí y pensé que te habían matado. Nos pegaste un susto a todos… pensábamos que estabas muerta,” le dije. Puso cara de que no entendía mucho que hacía una extraña ahí. Ya no tenía sangre entre la nariz ni la boca. Estaba con el chamo alto que se quedó y le salvó la vida. Eran amigos.

Hoy juré haber cargado un muerto, pero estaba vivo. La muchacha se llama Mariángela y cuando nos despedimos, nos dimos las gracias. Le estaban poniendo un collarín y ya estaba de salida. No hablamos mucho, pero presiento que me la voy a encontrar en la próxima protesta.

A veces, una vida salvada redime [un poquito] a la humanidad.

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#10Mayo en Ave. Sur de Altamira, entre la Plaza Francia y el distribuidor de la Autopista. Caracas.

La constituyente simulada y la consolidación del mal; por Ramón Escovar León

“Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal”, expresa Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Los venezolanos empíricamente, podemos legitimar como cierta dicha afirmación, gracias a nuestra propia experiencia. Agrega la gran pensadora que “la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien” (Verdad y política). Cuando

Por Ramón Escovar León | 9 de mayo, 2017
hannah-arendt

Hannah Arendt

“Sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza verdaderamente radical del mal”, expresa Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Los venezolanos empíricamente, podemos legitimar como cierta dicha afirmación, gracias a nuestra propia experiencia. Agrega la gran pensadora que “la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien” (Verdad y política). Cuando se juntan la mentira, la maldad, los dogmas ideológicos y el culto a la personalidad, la falta de límites del poder y de escrúpulos en la conducción política, nos colocamos ante un régimen totalitario de efectos devastadores para las libertades y la dignidad humana. Esto es lo que estamos viviendo los venezolanos con la represión brutal, sistemática y escalonada contra la población civil desarmada que manifiesta pacíficamente. Los juicios militares contra jóvenes civiles –juicios que violan el artículo 49, ordinal 4, de la Constitución–, son una manifestación de lo señalado.

En este ambiente de violencia, represión y de maldad –hablamos del Mal–, se ha iniciado inconstitucionalmente la convocatoria fraudulenta para celebrar una asamblea Constituyente “comunal”, que debe realizarse según las reglas que señale el Presidente. De acuerdo con los decretos 2830 y 2831, se elegirán 500 constituyentes, de los cuales la mitad será designada a dedo por el propio gobierno, y parte de la otra mitad estará controlada por el mismo convocante para garantizar los resultados. Es decir, un electorado escogido por quien inicia el proceso. Se trata, sin más, de una “Constituyente” simulada porque el Presidente dispone de la iniciativa para la convocatoria de la asamblea (artículo 348); sin embargo, la convocatoria solo corresponde al pueblo, por ser “el depositario del poder constituyente originario” (artículo 347). Se trata de una simulación, porque de esa manera le arrebata al mismo pueblo su naturaleza de “poder constituyente”. Una constituyente “comunal” es una contradicción en los términos.

Para consolidar la engañifa, Maduro entiende que el pueblo lo integran sus inconstitucionales comunas. De esta manera viola la sentencia vinculante de la Sala Constitucional –instrumento de la revolución– que definió pueblo como: “El conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades” (sentencia Nro. 24 / 22.01.2003, bajo ponencia del magistrado chavista Iván Rincón). Señala esta sentencia que “la soberanía reside de manera fraccionada en todos los individuos que componen la comunidad política general que sirve de condición existencial del Estado Nacional; concepto que toma la sentencia de Jean-Jacques Rousseau y su contrato social.

Por consiguiente, todo lo que se haga sin la participación del pueblo, que es el soberano entendido como todos los “individuos que integran la comunidad política general”, sin discriminar a los que no son seguidores de la dictadura, implica un golpe de Estado iniciado con las sentencias 155 y 156 del presente año. El objeto de la constituyente es demoler el Estado, “crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Pero claro está, si esta última es producto de un fraude constitucional, la misma será nula, no producirá efectos, y los actos que se hagan bajo su manto son actos de fuerza y dictatoriales. Se trata de una modalidad de la violencia institucional, al imponer, con una Sala Constitucional sumisa y la fuerza de las armas, una interpretación de la Constitución que implica con claridad su violación. Esta es una de las razones, entre muchas, que aconsejan no atender la invitación del gobierno a participar en una reunión sobre esa constituyente. No deben asistir ni a esa –ni a ninguna otra– reunión para no convalidar este proceso ilegítimo.

Desde que Maduro anunció su “Constituyente” se han publicado numerosos escritos de abogados y politólogos, así como pronunciamientos de universidades y academias explicando lo que implica una asamblea de esta naturaleza. Hay consenso en el sentido de que el presidente puede iniciar un aspecto de este proceso; no obstante, solo es el pueblo por medio del referéndum quien puede convocarlo. De no cumplirse este indispensable requisito, su propuesta quedará, al igual que cuando habló a las vacas, como un hecho burlesco. La convocatoria a la Asamblea está marcada por el contexto de dolor, sangre y muerte que padece trágicamente el pueblo de Venezuela en esta hora menguada de nuestra histórica.

La consolidación de este mal para nuestro país –que implica la Constituyente simulada con el propósito de establecer una Constitución reflejo de la cubana– necesitará del aval de la Sala Constitucional, la cual seguramente le dará su bendición. Nos encontramos con dos tipos de responsables: el que da la orden y el que colabora en su ejecución. Arendt explica en su libro sobre la banalidad del mal, cómo un mediocre y oscuro burócrata (Eichmann) pudo haber ejecutado, bajo la orden de sus superiores, la muerte de millones de judíos. Aquí ocurre lo mismo: ¿cómo un militar de rango medio puede ejecutar esas escenas horribles que vemos a diario en los videos e imágenes que se difunden en las redes? ¿Cómo pueden jueces militares seguirle juicio a jóvenes civiles que manifiestan pacíficamente? ¿Cómo pueden sostener que las protestas equivalen a “rebelión” para justificar el juicio militar? ¿Cómo pueden los magistrados de la Sala Constitucional dictar “decisiones” para arrebatarle facultades a un Poder constituido? La historia enseña que la justicia llega a estos abusos. Así ocurrió con el burócrata Eichmann, desdoblado en criminal de lesa humanidad, y que no pudo salvar su responsabilidad alegando que “obedecía” órdenes superiores. Así sucedió con los colaboradores de Videla y Pinochet. Pero, además, en Venezuela esto está más que claro porque el artículo 25 de la Constitución establece “responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”, a quienes ejecuten actos contra los derechos fundamentales. Los ejecutantes de estas violaciones son piezas del engranaje dictatorial y, como tal, responsables de sus acciones.

Los magistrados de la Sala Constitucional dirán, con mirada que los delata, que son independientes y que se guían por el nuevo constitucionalismo social que les impone el deber de interpretar la norma constitucional sobre la base de los intereses revolucionarios; y que, en la defensa de la revolución, todo está permitido. Así lo han pretendido justificar los constitucionalistas marxistas que privilegian los intereses de la “revolución” sobre los beneficios generales de la sociedad. Pero nada de esto los libera de su participación como corresponsables de las infracciones que se cometen, tanto a la Constitución como a los derechos humanos de los venezolanos.

Como enseña Arendt en la cita con la que se inicia este artículo, los venezolanos podemos decir que sin el chavismo-madurismo no hubiéramos conocido ni padecido la naturaleza radical del mal. Los jóvenes atropellados salvajemente por una tanqueta, la muerte del músico Armando Cañizales, el aislamiento de Leopoldo López, la inhabilitación de Capriles, los presos políticos, los juicios militares contra civiles, el arrebato de la acción penal al Ministerio Público, el hampa, la corrupción, la acción de los colectivos, el hambre, los estragos de la falta de medicamentos y la miseria son expresiones de ese mal que describe la gran pensadora judía, que supo ver el desenlace fatal y la lógica ciega de las burocracias totalitarias. Todo esta maldad se sustenta, en definitiva, en la fuerza –la violencia– de las bayonetas, las cuales tarde o temprano cederán, como ocurrió en la Argentina de Videla y en el Chile de Pinochet; porque las “bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas” como le dijo Talleyrand a Napoleón. Las bayonetas no serán el soporte del mal a perpetuidad. No se puede declarar tal guerra a la verdad, porque tarde o temprano esta se constituirá en un grito de libertad.

Los ríos Orinoco y Caroní están histéricos; por Ysabel Viloria

En medio de un innegable conflicto social, económico y político, los nadadores venezolanos sortearon protestas y viajaron al estado Bolívar para atravesar los ríos más imponentes del país en la edición XXVII del Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní. De los 1000 inscritos, asistieron 850 atletas, pero se lanzaron al agua 732 y culminaron el recorrido 607

Por Material cedido a Prodavinci | 9 de mayo, 2017
Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

El Paso a Nado de los ríos Orinoco y Caroní es impredecible. “Cada año es un reto distinto”, suele decirse, a pesar de que la largada siempre es desde el mismo punto de los Barrancos de Fajardo (estado Monagas) y la meta es en el mismo lugar del muelle de San Félix (estado Bolívar). Cada edición deja una huella y el domingo 23 de abril fue así. La vigésima séptima vez que se realiza la prueba de aguas abiertas con más tradición en el país fue un cruce único, irrepetible. Las corrientes dulces más caudalosas del país estaban histéricas.

El sábado 22 nos advirtieron en la charla técnica que ofrecieron los organizadores en la sede de la Alcaldía de Caroní que la velocidad de la corriente alcanzaría los 0,5 nudos pero la realidad superó la proyección y el río llegó a 0,8 nudos el día del evento, confesaron miembros del Instituto Municipal del Deporte. La traducción es sencilla, si dejas de nadar el río te arrastra 50 centímetros por segundo. Mi estrategia debía ser inequívoca: debía seguir, a pesar de cualquier cosa. Si no lo hacía me desviaría velozmente de mi destino por un caudal de agua dulce particularmente feroz.

Esta fue mi segunda edición. El año pasado me estrené en unos ríos tranquilos, amables, hospitalarios, hasta románticos. En esta edición mi experiencia fue diametralmente opuesta. Me encontré en medio de unos ríos crecidos, revueltos, movidos, veloces, que empujaban, que no daban tregua.

El ritual de inicio se cumplió a cabalidad. Desde que comenzó a verse la luz del 23 de abril, los alrededores del muelle de San Félix, a orillas del Caroní y detrás de la alcaldía, los nadadores llenamos las calles. Un sacerdote nos bendijo, a todos nos marcaron brazos y espaldas y comenzamos los movimientos de rigor: unos estiraron, otros se paralizaron, algunos se concentraron en el registro para sus redes sociales. Cerca de las 7:00 de la mañana los nervios, la adrenalina y la famosa gabarra colorida tomaron el protagonismo. Nos comenzamos a amuñuñar en las gradas para esperar el momento de embarcar.

Hubo una emoción adicional en esta espera. Además de la tensión que genera la proximidad del reto deportivo, nos rodeaba una necesidad de gritar porque, como los ríos, también estábamos histéricos. “¿Quiénes somos? ¡Nadadores! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”. Se leían en las espaldas, pechos, brazos y piernas de algunos participantes consignas políticas: “Libertad”, “Democracia”, “No más dictadura”. Se mezclaron los nervios y la incertidumbre con la cercanía de la embarcación que atravesaría los ríos en el sentido contrario del recorrido que debíamos hacer a brazo y pierna.

Comienza el reto

Fue una prueba de resistencia, paradójicamente. Subimos a la embarcación. La brisa nos dio la primera advertencia, no sería una prueba fácil. Los banderines de colores chocaban con velocidad y hacían el ruido de unos aplausos continuos, el viento nos pondría a prueba. Antes de arrancar el recorrido, un grupo de nadadores desplegó una pancarta con la que pedían “Elecciones ya” y “Libertad”, cantamos el Himno Nacional, aplaudimos. Nos fuimos.

La gabarra arrancó y nosotros también. Buscábamos nuestros puntos de referencia. Esta es una competencia que depende de planificación y estrategia. Los nadadores nos preparamos durante meses para entrar a las majestuosas aguas de los ríos más imponentes de nuestra tierra. Los entrenamientos son físicos y psicológicos. Cuando vamos camino del punto de partida repasamos las indicaciones de nuestros entrenadores, nos concentramos, compartimos experiencias, revivimos ediciones previas, nos encontramos con los campeones de siempre, con los nuevos, con desconocidos. Todos compartimos los nervios, la ansiedad y la emoción.

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Mientras íbamos navegando, en Barrancos de Fajardo uno de los que se disponía a resguardarnos en su kayak falleció de un infarto fulminante. Era Julio Mata de 61 años de edad, trabajador activo de Sidor, nadador de la compañía y miembro de la Asociación de Canotaje del estado Bolívar. Colaboraba desde hace varias ediciones con el evento orientando a los nadadores en el agua. Ese día estaba parado en la orilla del río como de costumbre antes de iniciar, hablando, bromeando y repentinamente cayó al suelo. Todos los intentos de asistencia fueron en vano, ya no tenía signos vitales. Los nadadores ignorábamos el suceso, seguíamos en la embarcación planificando nuestro cruce.

La segunda advertencia de la complejidad que nos esperaba nos la dio el agua. “No se ve la tierra de la isla Fajardo”, me dijo un amigo. Eso significa que el río está crecido. “Ese kayak no se mueve y el chamo va remando duro”, me espetó otra amiga. Además de tener más agua, también tenía mucha corriente. Llegamos al punto de partida, nos bajamos y entramos al agua. Salieron los hombres. Las mujeres esperamos cuatro minutos y oímos nuestra largada. Ya todo era agua.

El recorrido

El arranque fue difícil, éramos 237 y todas salimos a buscar la meta juntas. Progresivamente nos dispersamos sin darnos cuenta, de pronto y antes de llegar a la primera referencia, isla Fajardo, ya iba sola. Salimos en el Orinoco, un río tibio, marrón, espeso. Era igual tener los ojos abiertos o cerrados, solo veía lo que me rodeaba cuando sacaba la cabeza del agua. Había olas, no estaba tranquilo, y en esta competencia generalmente este es el trayecto “fácil”.

Para pasar del Orinoco al Caroní hay que lograr una ubicación que no alcancé, no subí lo suficiente y mi planificación desapareció entre las corrientes. Tuve que replantear de inmediato en medio de los dos ríos más caudalosos del país. No podía parar porque la fuerza del agua me alejaría cada vez más de la meta.

El remolino que forma el encuentro de los ríos me atrapó. Estas aguas no se mezclan sino que chocan, se ve la diferencia de colores y en esa línea fronteriza braceaba y pateaba sin avanzar. De la cabeza a la cintura sentía el frío del Caroní mientras mis piernas seguían pateando en el Orinoco. Sabía que me había equivocado. Me dejé arrastrar un poco para salir de esa licuadora y seguir adelante.

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

Fotografía del Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní

El Caroní me botó. Tuve que remontar con mucha fuerza, concentración y sin desesperación. La mente es la herramienta indispensable en esta prueba. En apenas tres kilómetros de recorrido en estos ríos hice un registro superior de lo que he logrado en pruebas de cinco kilómetros de agua salada. 125 de los 732 nadadores que se echaron al agua no pudieron cruzar la meta, fueron sacados en lancha.

A todos los que me han preguntado cómo me fue les he respondido igual: me divertí, me fue genial, empeoré mi registro porque no seguí la estrategia, en medio de tanta agua y tanta corriente me fui hacia donde no era, el río me llevó para donde le dio la gana, pero gracias a mi entrenador y sus consejos pude salir nadando aunque no con el resultado imaginado. Aprendí: hay que ceñirse al plan, no hay que improvisar porque lo pagué sacrificando un resultado. Cumplí el objetivo final aunque no en el tiempo pensado. Hay que seguir, porque no se abandona, porque si nos concentramos y perseveramos, vencemos.

Este año no hubo récord. Vicenia Navarro, nadadora máster del estado Lara, se coronó campeona absoluta de la categoría femenina y Juan Segovia, también guaro, destronó a su hermano Johndry como campeón absoluto masculino. El Instituto Municipal del Deporte de la Alcaldía de Caroní se reivindicó con la organización, el recibimiento de los nadadores y el registro electrónico con chips para cada uno.

El regreso

Al día siguiente fui al aeropuerto para volver a casa. El vuelo era casi exclusivo para nadadores, pocos eran los pasajeros que no tenían los brazos marcados y la piel tostada. Durante la espera, que no fue más de la pautada, y mientras volamos hacia Maiquetía, solo oí las hazañas de los demás: “Me llevó la corriente”, “pasé la boya verde por debajo”, “me sacaron en lancha, no pude”, “este año mejoré mi tiempo”, “no vuelvo más pa’ esta vaina”, “para ser la primera vez no me fue mal”. Es que los ríos, este año, también están histéricos.

Cuando nos bajamos del avión dejamos la histeria de las aguas dulces y volvimos a la histeria de una crisis política y social. Era lunes #24Abril, el “plantón nacional” nos hizo, nuevamente, hacer un exhaustivo ejercicio de planificación y estrategia. ¿Por dónde ir?, ¿qué calles evitar?, ¿cómo atravesar el caos?, ¿cómo no sucumbir entre las dos corrientes políticas que chocan y hacen remolinos en nuestra sociedad?

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Nadar el Orinoco; por Ysabel Viloria

“No reformar la Constitución sino cumplirla”: en torno al comunicado de la CEV; por Carlos García Soto

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha resumido en una frase feliz lo que pareciera es el núcleo del dilema en torno a la propuesta “constituyente” que ha realizado el Gobierno: “no reformar la Constitución sino cumplirla”. Sólo seis palabras, como título de un Comunicado. Al igual que lo hizo cuando se dictaron las sentencias N°

Por Carlos García S. | 8 de mayo, 2017
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De izquierda a derecha: el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino; el arzobispo de Cumaná, Diego Padrón; y el obispo de Barinas, José Luis Azuaje

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha resumido en una frase feliz lo que pareciera es el núcleo del dilema en torno a la propuesta “constituyente” que ha realizado el Gobierno: “no reformar la Constitución sino cumplirla”. Sólo seis palabras, como título de un Comunicado. Al igual que lo hizo cuando se dictaron las sentencias N° 155 y 156, la CEV se dirige al país para dar luces a la población.

En una nota anterior publicada aquí en Prodavinci, señalábamos por qué para la jerarquía de la Iglesia Católica se trata de un asunto de conciencia moral y responsabilidad advertir cuando una determinada concepción política resulta contraria a los derechos de las personas.

Ante la enorme crisis que atraviesa el país, la respuesta del Gobierno ha sido proponer un proceso “constituyente”. Contra lo que ha sido la narrativa oficial por casi dos décadas, que ha visto en la Constitución de 1999 uno de los legados fundamentales del Presidente Chávez, y el documento a partir del cual se han justificado todas y cada una de las actuaciones del Gobierno, se plantea ahora la sustitución de esa Constitución por otra.

Más allá de la caracterización, muy ajustada a la realidad, de nuestra debilidad por Constituciones y “constituyentes”, lo cierto es que una vez más se acude a un supuesto nuevo pacto social para dar solución a una crisis política.

Una de las innovaciones de la Constitución de 1999 fue la inclusión de la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Si bien en Venezuela no ha sido tradicional que la propia Constitución incluya la regulación de una figura como la ANC, en 1999 la ANC era el tema político fundamental. No en vano había sido la oferta electoral principal del candidato Hugo Chávez.

De hecho, la gran discusión constitucional en 1999 fue, precisamente, que la Constitución de 1961 no incluía a la ANC como una de las vías institucionales para la sustitución de la Constitución de 1961. Es una historia que es necesario recordar para no repetirla: a partir de interpretaciones ambiguas de la entonces Corte Suprema de Justicia, buena parte de la opinión pública, alentada por el ya Presidente Chávez, entendió que la Asamblea Nacional Constituyente tenía poderes “supraconstitucionales”. De allí a la promulgación de la Constitución de 1999 no hubo sino pocos pasos.

En todo caso, en la Constitución de 1999 se incluiría la figura de la ANC, quizá para intentar legitimar políticamente un proceso que había sido turbulento y cuya legitimidad se había cuestionado durante todo el año 1999.

Como decíamos, luego el país ha sido testigo de cómo la Constitución ha sido el documento que se ha utilizado para justificar las actuaciones de los Poderes Públicos por casi dos décadas. Pero, paradójicamente, también ha sido violada sistemáticamente para concentrar el Poder y violar los derechos de los ciudadanos. Quien escribe recuerda cómo en 1999 un profesor de Derecho Constitucional le dijo: “quienes hoy critican la Constitución de 1999, serán a la larga quienes saldrán a su defensa”. Tuvo razón.

En esta oportunidad, de forma similar, tal como ha sido planteada la “constituyente”, ésta es abiertamente contraria a la Constitución. Conforme al régimen previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de 1999, corresponde al pueblo, que sólo puede expresarse a través de un referendo, la convocatoria a la ANC. Para que ese pueblo convoque la ANC a través de un referendo, ciertamente, se otorga la iniciativa, entre otros, al Presidente de la República. Sin embargo, es preciso repetirlo, es el pueblo quien convoca a la ANC, el Presidente sólo tiene la iniciativa para proponerla al pueblo. Tal como sucedió, por lo demás, en el proceso constituyente de 1999.

Por ello es que el Decreto N° 2.830, por el cual el Presidente pretende convocar la “constituyente”, es inconstitucional: sólo el pueblo puede convocarla, conforme a la Constitución, mediante un referendo, tal y como sucedió en 1999. Además, para que un proceso constituyente se ajuste a la Constitución es condición necesaria, pero no suficiente, que la votación, tanto para convocar la ANC, como para elegir a sus miembros, como para aprobar la Constitución, se realice mediante voto universal, directo y secreto.

Pero más allá de ello, el consenso en las reacciones a la propuesta presidencial ha sido el resumido por el título del Comunicado de la CEV: el país no necesita reformar la Constitución, lo que requiere del Gobierno es que cumpla lo efectivamente dispuesto por ella. Lo resume el Comunicado en su punto N° 2:

“Luego de las desacertadas decisiones 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia que han dado origen a las últimas manifestaciones de la población, la reciente iniciativa del Presidente de la República de convocar una Asamblea Constituyente, ha sido percibida por la inmensa mayoría de la población, como una iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país y como un paso más en el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución”

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Hace justo ahora diez años, cuando en 2007 el Presidente Chávez impulsó la reforma de la Constitución de 1999, mediante referendo en el que se consultó a que expresara su voluntad, el pueblo tuvo la misma opinión: no hacía falta reformar la Constitución, sino darle cumplimiento. Y, como lo dijo en una ocasión la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 27 de junio de 2002, caso Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández:

“debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades”.

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Venezuela 2017: Masas vs. Poder; por Luis Salamanca

Los regímenes autoritarios, que no hacen elecciones porque aspiran a mantenerse en el poder indefinidamente, suelen dejar el gobierno en virtud de dos factores: la movilización de masas pidiendo cambios políticos y la fractura o debilitamiento de la estructura de poder que sostiene al gobernante autoritario. Este es el caso de Venezuela a partir de

Por Prodavinci | 6 de mayo, 2017
Fotografía de Andrés Kerese

Fotografía de Andrés Kerese

Los regímenes autoritarios, que no hacen elecciones porque aspiran a mantenerse en el poder indefinidamente, suelen dejar el gobierno en virtud de dos factores: la movilización de masas pidiendo cambios políticos y la fractura o debilitamiento de la estructura de poder que sostiene al gobernante autoritario. Este es el caso de Venezuela a partir de 2016, tras la suspensión del revocatorio, la posposición indefinida de la elección de gobernadores y ahora el llamado a una sospechosa Asamblea Nacional Constituyente comunal.

Maduro juega fuera de las reglas constitucionales, o las manipula, a fin de retener el poder sin el consentimiento libre del pueblo. Eso, sin embargo, está por verse porque estos intentos suelen forzar la barra, llevando a una oposición mucho mayor nacional e internacional, a una desmesurada represión y a fracturas de su círculo de poder. Hay otros factores de cambio pero son excepcionales: una guerra civil, una guerra internacional, una invasión extranjera y/o la negociación cuando el mandón tiene el agua al cuello.

Cuando un gobernante decide salirse del marco constitucional, entra en una zona donde la fuerza y la violencia suelen tener la voz cantante; masas versus poder y poder versus poder. Especialmente si ello sucede en una sociedad democrática, con un pasado de libertad y de participación electoral autónoma como la venezolana, que lleva a los ciudadanos a luchar por su derecho a darse el gobierno que desee, como es su costumbre. A eso nos está llevando la insensata política de Maduro y la camarilla que manda en Venezuela.

Sin embargo, los dos factores señalados no siempre se presentan juntos. Por ello, la literatura especializada suele preguntarse acerca de cuál de ellos termina siendo el más decisivo. ¿Qué provoca la salida de un gobernante autoritario negado a hacer elecciones, o que busca hacerlas de manera espuria? ¿Las masas en la calle, o la pérdida de su poder interno? La respuesta parece obvia: Lo óptimo es que ambos elementos converjan simultáneamente. Pero muchas veces no ocurre así.

En ocasiones se da uno de ellos y el otro no: puede haber una robusta movilización de masas en la calle pero la estructura de poder cohesionada no permite el cambio político; a veces no se da la movilización de masas pero la estructura de poder está fracturada y se da el cambio político; en ciertas circunstancias se dan los dos conjuntamente y sale el gobernante autoritario y, en pocas oportunidades regresa, como Chávez en 2002. En fin, la ecuación se inclina abiertamente por la fractura interna del círculo en el mando, como la variable fundamental del cambio del gobernante autoritario. Y precisamente por eso es que se necesita evaluar cada caso a la luz de lo que realmente acontece.

Que el factor fundamental suele ser la pérdida de cohesión de la estructura de poder que sostiene al gobernante autoritario, lo pone en evidencia Milan Svolik en su libro, The politics of authoritarian rule (2012). Este señala que entre 1946 y 2008, de 205 gobernantes autoritarios de diverso tipo en el mundo, el 68% de ellos dejó el cargo debido a lo que el escritor llama golpes de Estado y sólo el 11% de los detentadores del poder salió por la acción de masas. En realidad, el menú de fracturas del poder es más amplio. Son los conflictos al interior del círculo gobernante lo que lleva a la pérdida de apoyo del mandatario al interior de la estructura de poder. Ello se traduce en golpes de Estado, pero los gobernantes autoritarios no salen sólo por golpes de Estado; pueden darse otras modalidades de evacuación del poder: renuncias, huidas, salidas negociadas, abandono del cargo, etc.

Esto no significa que la gente tiene que sentarse a esperar que se produzcan las fisuras o quiebres dentro de la estructura de poder, pues, la misma acción de masas suele ayudar a que ella se produzca o se acelere pero, lo que finalmente provoca el cambio, es la quiebra de la alianza del poder sobre la que se apoya el gobernante antidemocrático. Maduro se enfrenta hoy a un movimiento de masas multitudinario y aguerrido que pedía elecciones, respeto a la democracia representativa en la figura de la Asamblea Nacional y canal humanitario pero, que ahora, se reimpulsa ante el intento del mandatario de realizar una Asamblea Constituyente inconstitucional. La sociedad democrática pide referéndum consultivo sobre esa Asamblea Constituyente, máximo poder de la república, que sólo puede convocar el soberano, dueño de ese poder.

Nuestra propia historia política nos trae ejemplos de cómo se han comportado ambos factores. Son cuatro experiencias de las cuales dos (1958 y 2002) muestran la convergencia de las masas y la fractura del poder, una registró un gran movimiento social sin quiebra del círculo de poder (1936) y la última (1945) evidenció una quiebra del entorno militar del gobernante sin movimiento de masas. Veamos.

Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, la población salió, inesperadamente, a las calles pidiendo cambio político y castigo para los gomecistas (“sanciones y destituciones”) y no volvió durante año y medio. El primer movimiento social de la Venezuela contemporánea se formó tras la desaparición del dictador. Centenares de protestas en un país que no sabía protestar pues había sido sometido a la pasividad por la dictadura. Con su presencia tumultuaria la gente cambió la agenda política de los herederos de Gómez. El general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, asumió el mando tras sacar del juego a su principal contendiente, Eustoquio Gómez, familiar del sátrapa que aspiraba a una continuidad dinástica.

El 14 de febrero de 1936, el 25% de los caraqueños inventó la marcha por las calles, llegando a Miraflores. Allí los recibió el Presidente de la República, quien oyó sus reclamos y respondió con el Programa de Febrero. Luego de la visita, se produjeron cientos de saqueos antigomecistas. Pese a toda esa ola protestaria, la democracia no pudo instalarse y López terminó aplicando medidas autoritarias contra la protesta y sus expresiones partidistas y gremiales. Es decir, no hubo cambio de régimen político. Fue la primera transición frustrada en nuestra historia contemporánea.

El movimiento democrático que nació de las protestas de 1936 terminó concretando sus demandas entre 1945 y 1948. En esta ocasión, los dos factores actuaron al revés. No había un movimiento de masas importante, pues, el General Isaías Medina Angarita había legalizado los partidos políticos, permitido una buena dosis de libertad de expresión e información, no tuvo presos políticos, otorgó el voto a las mujeres, a nivel municipal y permitió la difusión de la doctrina comunista. Sólo le faltaba establecer el sufragio universal que era la exigencia de la época. Sin embargo, la estructura de poder perdió su cohesión interna y se produjo un golpe de Estado que derrocó al gobierno y, gracias a ese alzamiento castrense, se produjo la primera transición a la democracia en Venezuela.

El ejemplo magistral de cómo se conjugan los dos factores fue la caída de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). En 1957, la gente y diversos factores de la sociedad civil tomaron las calles, el púlpito, los medios; los estudiantes, los gremios, la resistencia partidista, la clandestina Sociedad Patriótica, entre otros, generaron una ola de protesta y manifestaciones contra la dictadura. El dictador reprimía y detenía a estudiantes, a dirigentes políticos y a cualquiera que protestara, pero cometió un error fatal: tomó un atajo para no hacer las elecciones democráticas establecidas en la Constitución y realizó un plebiscito inconstitucional en diciembre de 1957. Así pasó el año y todo parecía sólido para el dictador. Sin embargo, a inicios del 58 apareció a la luz pública una fractura en la estructura de poder.

El plebiscito había provocado una crisis al interior de la estructura de poder, evidenciada en un golpe de Estado fracasado, el 1 de enero de 1958. A partir de allí, el dictador perdió la sustentación militar que lo mostraba como uno de los gobernantes más poderoso en la región. La protesta de la sociedad civil en la calle se combinó con la fractura del poder. Pero fue a partir del golpe que se le vino el mundo abajo al dictador. En 22 días le sobrevino una crisis de autoridad en las Fuerzas Armadas, convertida en una rápida pérdida de autoridad y de poder frente a sus subordinados, hasta la definitiva transferencia del mismo a otros militares. Pérez Jiménez no pudo controlar la pérdida de autoridad y de poder militar, y no le quedó otra vía que la huida, tras constatar que “pescuezo no retoña”, en un vuelo que nadie intentó impedir sino que los nuevos gobernantes facilitaron. Luego vino la segunda transición exitosa a la democracia en Venezuela.

Es claro que lo decisivo fue la pérdida de autoridad y poder militar de Pérez Jiménez combinado con la extraordinaria activación de la sociedad civil que llamó a huelga general y siguió protestando. Por cierto, la activación de la sociedad civil en 1957 permitió que el gobierno que siguió a Pérez Jiménez fuera cívico-militar y no solo militar.

En abril de 2002, los dos factores se conjugaron nuevamente para producir la salida del Presidente Hugo Chávez (1998-2013). Una gigantesca marcha dirigida hacia Miraflores fue repelida a tiros por partidarios del mandatario generando, en medio del caos, 19 víctimas fatales. Esto llevó a un pronunciamiento militar solicitando la renuncia del jefe de gobierno quien se vio obligado a dejar Miraflores, retornando a su oficina a los pocos días. Acá la falta de cohesión en la nueva coalición que asumió el poder temporalmente, terminó facilitando el contraataque de los militares partidarios del gobierno. De nuevo se observó que lo que precipitó la salida y el regreso de Chávez fue la quiebra y recomposición de la estructura de poder. Tras esa crisis, Chávez puso todo su empeño en controlar la FAN y es, hoy por hoy, la Fuerza Armada más controlada de nuestra historia contemporánea, después de la de Juan Vicente Gómez.

¿Cuál es la situación de Nicolás Maduro?

Maduro es un gobernante autoritario porque desconoce las reglas constitucionales de juego que lo llevaron al gobierno en una elección democrática. Avanza hacia el poder absoluto, muestra de lo cual, son las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales tuvo que echar para atrás, en parte, gracias a la reacción de un alto funcionario del régimen. No había pasado mucho tiempo del reculón cuando Maduro volvió a la carga proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a su medida. Sin embargo, la ANC constituye un riesgo para el mismo Maduro y la camarilla que quiere alzarse con el poder. Hay que esperar el texto oficial de las bases para un pronunciamiento definitivo, pero es claro que esta clase política quiere entrar en una nueva etapa de la revolución: la de la usurpación de la soberanía popular cuya expresión fundamental es mediante elecciones libres, universales, directas y secretas, además de limpias y justas. Ante la certeza de que perdió el sostén electoral, el madurismo activa un plan B, previsto desde el gobierno de Chávez: la revolución no se defiende sólo con votos, también se defiende con la fuerza. Sería el ingreso definitivo en una dictadura.

Es claro que el mandatario no quiere compartir el poder institucional, no quiere contrapesos, ni límites, ni control. Tampoco quiere control internacional. Por ello decidió irse de la OEA, aunque eso toma más tiempo (2 años) del que le queda en el gobierno (año y medio). Con su denuncia de la Carta de la OEA, Maduro pasa por encima de la Constitución. Quiere tener las manos libres para hacer y deshacer en Venezuela. Inventó la figura del desacato de la Asamblea Nacional (AN) para obstruir su función legislativa y de control; decretó el Estado de excepción pasando por encima de la AN, se auto-otorgó el presupuesto nacional mediante una “ley” avalada por el TSJ; en 2016, maniobró con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para abortar el referendo revocatorio de su mandato y posponer las elecciones de Gobernadores, cuyos mandatos vencieron en diciembre del mismo año. Ahora, este personaje que impidió estas elecciones, quiere una ANC, la cual exige, de acuerdo con la Constitución, al menos tres elecciones: la de la convocatoria por el pueblo, la de la escogencia de los constituyentes y la de la aprobación del proyecto de nueva Carta Magna. Esto significa que Maduro tomó un atajo: salirse completamente del marco constitucional y jugar sin reglas.

Cuando un mandatario hace esto produce, al menos, dos efectos: obliga a sus adversarios a hacer lo propio, o en todo caso, lleva a una confrontación política en donde sale a relucir la fuerza; y obliga a sus propios aliados a tomar posición por lo que implica ese paso en el mundo de hoy, en el cual los delitos contra los derechos humanos, son perseguibles internacionalmente. Las andanzas de Maduro están avaladas por el Alto Mando Militar cuyos jefes no ocultan su respaldo, directa e indirectamente, por activa y por pasiva, hacia el Presidente. También cuenta con el apoyo del TSJ, sobre todo de la Sala Constitucional, convertida en un poder absoluto, que igual asume atribuciones de la Asamblea Nacional, designa a los rectores del CNE y le da órdenes a Maduro, como lo hizo en las sentencias 155 y 156.

Sin embargo, el autoritarismo también produce efectos adversos dentro de la estructura de poder. Maduro está jalando la cuerda en exceso y algunas se están rompiendo. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó de las actuaciones del TSJ y condenó, el 31 de marzo de 2017, lo que llamó la “ruptura del orden constitucional” y el cambio de la forma de Estado. Casi un mes después, una nueva declaración de la Fiscal, muestra que sigue desmarcándose del accionar del gobierno, cuestionando la represión a las protestas ciudadanas y la usurpación de su competencia exclusiva de imputar, por jueces que han enviado a la cárcel a manifestantes quienes, a juicio de la Fiscalía, no han cometido delito alguno.

Más recientemente declaró al Wall Street Journal que: “No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de la gente si el Estado viola la ley”. Además, Luisa Ortega Díaz envió un mensaje político al entrar a valorar las actuaciones del gobierno y de la oposición, y pedir “dialogar y negociar” por el bien del país. Y terminó ubicándose claramente entre los chavistas que defienden la Constitución demarcando el territorio ante los maduristas que buscan derogarla. Esto genera la interrogante acerca de lo que realmente está buscando la funcionaria. ¿Busca salvar al chavismo de la debacle madurista? “Esta Constitución es inderrotable. Esta es la Constitución de Chávez”, remató la Fiscal.

Ha habido otras reacciones: la del embajador de Venezuela en Italia, la del hijo del Defensor del Pueblo, la de los tres militares que pidieron asilo en Colombia y la de las presuntas detenciones de oficiales, la del músico Dudamel. Pero la principal reacción es la del pueblo que, una vez, apoyó al chavismo y al madurismo y hoy le da la espalda a la camarilla, política y socialmente; en las urnas y en la calle. Antiguos bastiones electorales del chavismo, como San Félix, repudian a los jerarcas. La respuesta de estos revolucionarios ha sido, emulando a los antiguos déspotas que llamaban “comunista” al que pedía empleo, llamar “terrorista” a quien le pide comida.

Por su parte, la oposición venezolana sigue jugando dentro de las reglas constitucionales, rechazando el juego sin reglas de Maduro. Apela a la Constitución y reclama la restauración de su plena vigencia y busca, por medio de la presión de masas, unas elecciones generales adelantadas, no previstas en la Constitución, pero que podrían darse sí Maduro renuncia, o se modifica la Carta Magna, ambas negadas por los jerarcas del régimen. Maduro y la camarilla que gobierna está jugando a permanecer en el poder más allá de 2018, aspiración difícil por vía constitucional y sólo posible declarando la dictadura definitiva. Esta pasa por negarse a realizar las elecciones de gobernadores y, sobretodo, las presidenciales del 2018, año que lucía como el momento clave para el desenlace del conflicto, el “deadline” de la revolución y de la democracia, antes del llamado a la Constituyente comunal, que cambia las coordenadas del conflicto político y social. La gran pregunta es si Maduro tiene el poder suficiente para tomar esa vía. El paso de la Constituyente comunal será la prueba del ácido de Maduro, si finalmente se concreta.

Maduro es un mandatario democráticamente debilitado, sostenido por el Alto Mando Militar, por la Sala Constitucional del TSJ y por el Poder Electoral. Fue ungido por Chávez como su sucesor y la estructura de poder construida por el extinto mandatario le ayudó a llegar a Presidente. Era una estructura cohesionada. Pero, desde la muerte de Chávez, quien concentraba el poder, éste sufre una centrifugación, y ha tendido a repartirse entre los diversos grupos que se formaron bajo el ala del jefe máximo, algunos de los cuales no se llevan bien. Al reparto de poder entre los grupos, se le sumó de inmediato, la renuncia de funcionarios históricos de Hugo Chávez. Luego vinieron la pérdida del apoyo popular, el aislamiento internacional, la falta de recursos para gobernar al estilo chavista, las fisuras internas, todo ello capitalizado por la única alternativa política al régimen, como lo es la MUD, a pesar de todas sus inconsistencias.

La desastrosa política económica de Maduro agravó los problemas estructurales del modelo económico impulsado por Chávez que ya daba muestras de agotamiento. La escasez hizo su aparición de manera escandalosa y desde entonces no ha hecho más que crecer, junto a la inflación desbordada, generando una situación de penuria en la población, hoy urgida de ayuda humanitaria.

Al hilo de este problema, articulado con otros problemas crónicos (inseguridad, falla de los servicios públicos, entre otros), insolubles bajo el madurismo, se generó una situación política caracterizada por el debilitamiento electoral y político del chavismo, en su versión madurista. El régimen ya no controla a las masas y hay muchos interrogantes sobre su capacidad de asegurar la cohesión interna de su estructura de poder. La reacción de la Fiscal General de la República agrietó tanto el modelo de justicia chavista como a la coalición que sostiene a Maduro. En el plano internacional ha perdido fuerza al pasar la mayoría de países pro-chavistas de la región a manos de una dirigencia antichavista. La OEA le viene aplicando la Carta Democrática progresivamente; tampoco tiene apoyo en la Unión Europea y algunos países han pasado de la mera crítica a la acción.

Por ello, Maduro y lo que le queda del régimen viene maniobrando para ver como preservan el poder de manera absoluta. Atrincherado en lo que le queda de régimen, lanzó una operación de acaparamiento total del poder con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ. Ahora lo busca con una ANC corporativista cuyo objetivo es derogar la Constitución democrática. En ese supuesto, estaremos ante un golpe de Estado propiamente dicho, mejor dicho, ante un autogolpe. Su piso institucional hoy luce movedizo y no tan sólido como años atrás.

En ese contexto, la sociedad se lanzó a las calles a partir del 19 de abril de 2017, dirigida por la MUD, buscando varios objetivos. El principal de ellos: mostrar la fuerza social de quienes se oponen a la debacle venezolana y exigir elecciones; meterle presión al régimen. La gente quiere decirle a Maduro que el 80% la población está pidiendo cambio de gobierno y de régimen. Y ha salido el oeste, la gran novedad de este ciclo de protesta. Hoy por hoy, todas las clases sociales están en la calle casi todos los días. La propuesta de una ANC ha recrudecido las protestas de calle y esto les hará la vida imposible a todos, incluyendo a Maduro, si se plantea como una jornada sin término. El tema aquí es cuánto puede durar la movilización callejera.

En la medida que el círculo del poder está cohesionado, en esa medida, el cambio de gobierno es más difícil; en la medida que pierde cohesión y se resquebraja, el cambio luce más factible. Y allí es donde la presión de masas puede ayudar a lograr que se profundice el debilitamiento. Lo deseable es que sea por vía constitucional y democrática, exigiendo las elecciones democráticas en agenda: regionales, municipales y presidenciales. Hay que deshacer la estructura de poder chavista y madurista por vía electoral, democrática y constitucional. Llegaron por el voto y deben irse por el voto. Sí se logran la elecciones generales ello será en virtud de la presión nacional e internacional; pero en caso de no lograrse, deben hacerse las que corresponden.

Ahora Maduro quiere hacerse el loco con estos comicios, proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente no autorizada por el pueblo, que le plantea a la oposición el difícil reto de tomar una decisión acertada, para lo cual debe esperarse a la publicación de las Bases, a fin de fijar una posición definitiva. Ojo con esto, pues, el gobierno preferiría que la oposición no participara, jugar solo, a fin de imponer lo que pretenden. Recordemos 2005: no hay escrúpulos democráticos ninguno. Sin duda, ese paso dictatorial también pone en riesgo la estructura de poder de Maduro. El principal reto de los venezolanos hoy es salir de esta crisis sin que se quiebre definitivamente la democracia. Vivimos el último capítulo de la precaria democracia dejada por Chávez y dirigida por Maduro, y debemos aprovechar esta última oportunidad para recuperarla y relanzarla.

Sobre la congelación general de precios; por Omar Zambrano

La congelación general de precios es, a lo que queda de la economía, lo que la Constituyente Comunal es a lo que queda de la democracia. Habría que decir para empezar que el anuncio del gobierno de congelar todos los precios de la economía ha pasado relativamente desapercibido, cosa muy lógica frente a la atención

Por Omar Zambrano | 3 de mayo, 2017

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La congelación general de precios es, a lo que queda de la economía, lo que la Constituyente Comunal es a lo que queda de la democracia. Habría que decir para empezar que el anuncio del gobierno de congelar todos los precios de la economía ha pasado relativamente desapercibido, cosa muy lógica frente a la atención que ha recibido la amenaza de derogar por medios no democráticos la Constitución de 1999, pero no es un anuncio no grave.

A riesgo de ser reiterativo hay que repetir el mantra sobre los controles de precio: todos producen escasez, mercados negros, incentivos al arbitraje y destrucción de producción local. Los controles de precios son una máquina de producir miseria entre la población en general, particularmente entre la población más pobre, que en teoría son los que los controles buscan proteger. El caso de la congelación general de precio es más grave aún, pues la medida amenaza con crear mercados negros donde no los había, y destruir lo poco que queda en pie.

La decisión de suprimir por decreto el sistema de precios de la economía, amenaza con demoler los espacios donde la economía de mercado todavía persiste en una forma más o menos funcional. En Venezuela todavía subsisten pequeños espacios donde el sistema de precios funciona. Tome, por ejemplo, el caso de la proliferación de pequeños mercados temporales para productores de frutas, hortalizas, queso, huevos, entre otros productos, que florecen en las principales ciudades del país. Estos mercados están relativamente bien abastecidos, por lo que son una respuesta parcial y sub-óptima, si se quiere, a la grave situación de abastecimiento en las zonas urbanas, a pesar de que sus precios resultan demasiado altos para la mayoría. Gracias a estos mercados, una pequeña capa de pequeños productores se mantiene operando, empleando e invirtiendo. La economía de mercado es como un río: uno puede invadir su cauce, pero el agua siempre lo retoma.

Este naufragio llamado chavismo haría bien en revisar la historia, si no para no repetirla, al menos para buscar formas originales de fracasar. En Marzo del año 2007, el Presidente Robert Gabriel Mugabe decretó una congelación general de todos los precios, tarifas y comisiones de Zimbabwe. La medida fue acompañada por una exhortación al pueblo para actuar como fiscales de precios y asegurarse de que se cumpliese la congelación. La medida también aumentó las penas legales para aquellos que optaran por ignorar la congelación de precios. El resultado de esta desquiciada política fue miles de empresarios y comerciantes detenidos (7.500 reporta la prensa para agosto de 2007), y ningún efecto sobre la evolución de los precios: la inflación, que el año anterior había alcanzado 1.280%, cerró el año 2007 en 66.200%.

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En 1927, cuando el proceso sistemático de destrucción de los contrapesos constitucionales al poder del Partido Fascista, se inició la era de la Dictadura fascista corporativa italiana. En términos económicos, una de las primeras medidas del Dictador Benito Mussolini, fue también imponer controles de precios generalizados, y crear policías del partido fascista para hacer cumplir las regulaciones. El saldo de esta medida fue el mismo de siempre: los controles no pudieron frenar la inflación y dañaron gravemente a los productores. Todos sabemos además cómo terminó el experimento fascista y su líder.