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El Nazareno, la CEV y la polarización: algunas notas; por Anabella Abadi M. y Carlos García Soto

Ha terminado la Semana Santa, con todo el ambiente público del país revuelto, para variar. Creemos, sin embargo, que vale la pena rescatar una reflexión sobre lo sucedido el Miércoles Santo. La procesión de Nazareno de San Pablo y la polarización política Si bien la feligresía católica ha descendido en cantidad, para 2011 alrededor de

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto | 17 de abril, 2017
Fotografía de Ricardo Herdenez para AVN

Fotografía de Ricardo Herdenez para AVN

Ha terminado la Semana Santa, con todo el ambiente público del país revuelto, para variar.

Creemos, sin embargo, que vale la pena rescatar una reflexión sobre lo sucedido el Miércoles Santo.

La procesión de Nazareno de San Pablo y la polarización política

Si bien la feligresía católica ha descendido en cantidad, para 2011 alrededor de 71% de la población se autodefinía como católica —practicante o no— [1], lo que equivale a 20,5 millones de venezolanos.

Una de las tradiciones fundamentales de la feligresía católica caraqueña es la procesión del Nazareno de San Pablo. Para quien vive en Caracas, es frecuente ver cada Miércoles Santo a personas vestidas con prendas de color morado, quienes piden por alguna necesidad, para dar gracias y para acompañar al Nazareno ese día. Tradicionalmente, desde hace muchos años, se realiza una procesión a la Basílica de Santa Teresa y el Arzobispo de Caracas celebra allí una Misa.

El pasado miércoles 12 de abril, la polarización política llegó a la Misa del Nazareno de San Pablo celebrada por el Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino. Hay dos versiones de los hechos: El Nacional reportó que “oficialistas atacaron a opositores en la Basílica Santa Teresa”, mientras que Alba Ciudad reportó “Cardenal Urosa y dirigentes opositores politizaron Misa del Nazareno de San Pablo buscando causar desórdenes”.

El posible origen de la agresión sería los constantes pronunciamientos que han realizado la Conferencia Episcopal Venezolana y el propio Cardenal Urosa Sabino, en los cuales la Iglesia ha denunciado la gravedad de la situación del país, centrando su posición en la crítica objetiva a las condiciones de vida en las que estamos viviendo los venezolanos.

Particularmente relevante, en este sentido, ha sido el reciente Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana de 31 de marzo, ante las sentencias Nro. 155 y 156 dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y que fue leído en las Iglesias en la Misa dominical del 2 de abril.

¿La Iglesia Católica tiene el deber y el derecho a pronunciarse sobre la situación del país?

Creemos que esta es la primera y fundamental pregunta a realizarse ante lo acontecido.

La Iglesia se considera responsable de transmitir el Evangelio de Jesucristo y de defender la dignidad de la persona humana allí donde ésta puede ser violada.

Por ello, en la importante Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se señala en su punto 76:

“Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones”

Para la jerarquía de la Iglesia Católica se trata de un asunto de conciencia moral y responsabilidad advertir cuando una determinada concepción política resulta contraria a los derechos de las personas. Un dictamen prudente de la conciencia (conforme al bien verdadero) le lleva a hablar y sentar postura sobre la crisis moral que atraviesa toda sociedad y sobre la crisis políticas, económicas o sociales que resulten violatorias de los derechos de las personas.

Desde siempre la Iglesia ha centrado su mensaje alrededor del valor de la persona. Así lo ha recordado, por ejemplo, en la Nota doctrinal sobre sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (Nro. 3):

“La Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela ‘de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública’”

En resumen, y como se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica: “La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre” (Nro. 1929).

La situación del país y la Conferencia Episcopal Venezolana

Como una expresión de esa misión que considera necesario cumplir, en el más reciente Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, se critican las actuaciones del Gobierno. Ya en el tercer párrafo del Comunicado, la Conferencia Episcopal va al centro de su posición, al señalar:

“Existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder. La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso”

Pero, además, entre otros aspectos, se hará referencia, a la necesidad del respeto del otro, como base para la convivencia:

“Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. Es más bien una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo gobierno debe ser el primer garante. Por el contrario, es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom. 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país (Exhortación de la CEV, Enero 2017)”.

***

Por supuesto, tales planteamientos de la Iglesia resultan chocantes para quienes no están dispuestos a reconocer el valor de la persona y la necesidad del respeto de los derechos de todos los venezolanos.

Pero más allá de ello, lo que resulta contrario a nuestra tradición e idiosincrasia es que la crítica objetiva de la Iglesia Católica a las condiciones del país, su denuncia de las condiciones en la que estamos viviendo los venezolanos, se traduzcan en una lluvia de empujones, gritos e insultos en la procesión del Nazareno de San Pablo.

[1] Aguirre, Jesús María (2012), Radiografía Religiosa de Venezuela: Imágenes y representaciones, Temas de Formación Sociopolítica Nro. 51, Fundación Centro Gumilla & UCAB, Caracas, p. 19.

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Una primera versión de este artículo fue publicada en inglés en el blog Caracas Chronicles.

Venezuela-Estados Unidos: tensiones políticas versus alianzas comerciales; por Anabella Abadi M.

Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, las relaciones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos han tenido momentos de importante tensión. Esta situación se ha mantenido durante la administración de Nicolás Maduro, resaltando la reciente prórroga por segundo año consecutivo de la orden ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo

Por Anabella Abadi M. | 23 de febrero, 2017

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Desde la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, las relaciones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos han tenido momentos de importante tensión. Esta situación se ha mantenido durante la administración de Nicolás Maduro, resaltando la reciente prórroga por segundo año consecutivo de la orden ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015, en la que se declara una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” que la crisis venezolana representa para la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Aun así, ese país es uno de los principales socios comerciales de Venezuela.

Vale la pena conocer si las relaciones comerciales han sufrido o no importantes modificaciones en el siglo XXI y, en este sentido, cabe revisar cuáles han sido estos cambios y qué podríamos esperar en 2017.

¿Cómo ha evolucionado el comercio entre Venezuela y Estados Unidos?

Según cifras del Census Bureau de Estados Unidos, entre 1987 y 2016 Venezuela exportó más a Estados Unidos de lo que importó desde ese país. Es decir, la balanza comercial estuvo a favor de Venezuela, superávit que se vio enormemente favorecido por el boom petrolero.

Sin embargo, tanto el valor de las exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos como el de las importaciones desde Estados Unidos hacia Venezuela, se han visto notablemente disminuidas por la caída de los ingresos en divisas debido a la disminución de los precios del crudo.

Según los últimos reportes de intercambio comercial de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), entre 2014 y 2016, del total de las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos, las exportaciones petroleras representaron —en promedio— 95% del total. De ahí la alta correlación entre la evolución del precio de la cesta petrolera venezolana y la evolución del valor de las exportaciones venezolanas a Estados Unidos.

A su vez, según el Informe de Gestión de PDVSA de 2015 (último informe publicado), Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones facturables de PDVSA, seguido por India y China. De un total de 2,425 millones de barriles de petróleo y otros productos sectoriales exportados por Venezuela en 2015, Estados Unidos recibió 801 mil barriles (33%), India recibió 415 mil barriles (17%) y China recibió 400 mil barriles (16,5%).

Además, entre 2014 y 2016 —en promedio— 75% de las importaciones de Venezuela provenientes de Estados Unidos fueron no petroleras, resaltando las maquinarias y equipos de transporte, los productos químicos y conexos, alimentos y animales vivos, y manufacturas varias.

¿Cuál es la importancia relativa del intercambio comercial Venezuela-Estados Unidos?

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 1998 y el primer semestre de 2014 (últimas cifras oficiales publicadas) las importaciones provenientes de Estados Unidos representaron —en promedio— 30% del total, llegando a un mínimo de 24% en el primer semestre de 2014. En este período las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos representaron —en promedio— 29% sobre el total. Tanto por el lado de las importaciones como el de las exportaciones, Estados Unidos se mantiene como uno de los socios comerciales más importantes para Venezuela.

En contraste, las cifras del Census Bureau de Estados Unidos muestran que las importaciones recibidas por ese país desde Venezuela representaron —en promedio— 1,5% del total de importaciones registradas entre 1998 y 2016, llegando a un mínimo de 0,5% en 2016. Las exportaciones de Estados Unidos hacia Venezuela promediaron 0,8% del total de exportaciones entre 1998 y 2016, llegando a 0,4% en 2016.

Si bien las importaciones de Estados Unidos desde Venezuela no tienen un peso relativo muy alto con respecto al total de sus importaciones, tiene algunas características que la hacen un socio relevante para ese país. En primer lugar, Venezuela es el tercer socio comercial de Estados Unidos en términos energéticos: para noviembre de 2016, entre los principales exportadores de crudo hacia Estados Unidos, Venezuela ocupaba el tercer lugar luego de Canadá y Arabia Saudita.

Por otro lado, Venezuela ocupa el cuarto lugar —entre los países de Latinoamérica— en cuanto al valor de sus exportaciones hacia Estados Unidos, estando en primer lugar México, seguido por Brasil y Colombia.

¿Se esperan cambios en la tendencia comercial entre Venezuela y Estados Unidos?

Hasta ahora las tensiones políticas y la actividad comercial se han movido en rutas opuestas. Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Venezuela a pesar del discurso anti-estadounidense característicos de las Presidencias de Chávez y de Maduro; y a pesar de las sanciones que el gobierno estadounidense ha impuesto a funcionarios venezolanos. Además, Venezuela sigue siendo —al menos en términos energéticos— un aliado relevante para Estados Unidos.

En un contexto de relativamente bajos precios del crudo y una producción petrolera que ha venido cayendo de manera paulatina, a Venezuela y a PDVSA les conviene mantener buenas relaciones con sus principales receptores de crudo y otros derivados. Sin embargo, las trabas para producir en Venezuela seguirán impactando a todos los productores e inversionistas, incluidos los estadounidenses. Y aunque las mercancías que envía Estados Unidos a Venezuela son relativamente más importantes para Venezuela de lo que son para la economía estadounidense, la escasez de divisas seguirán afectando los niveles de importaciones que pueda hacer Venezuela.

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Temas económicos clave del 2017; por Anabella Abadi M.

Si bien el cierre de 2016 estuvo enfocado en conflictos político-institucionales, el tema económico sigue siendo la principal preocupación de los venezolanos. Siendo las aristas de la actual crisis bastante complejas, vale la pena reconocer cuáles podrían ser los principales temas a monitorear en 2017. Recesión, caída de las importaciones y desabastecimiento A pesar de

Por Anabella Abadi M. | 2 de febrero, 2017

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Si bien el cierre de 2016 estuvo enfocado en conflictos político-institucionales, el tema económico sigue siendo la principal preocupación de los venezolanos. Siendo las aristas de la actual crisis bastante complejas, vale la pena reconocer cuáles podrían ser los principales temas a monitorear en 2017.

Recesión, caída de las importaciones y desabastecimiento

A pesar de los importantes retrasos en la publicación de cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), la cotidianidad indica que la economía venezolana decreció por tercer año consecutivo en 2016 y nada parece indicar que la situación cambiará en 2017.

Durante 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) Consolidado cayó -5,7% y todos los sectores No Petroleros se contrajeron, excepto Telecomunicaciones y Servicios del Gobierno Central. Vale decir: en conjunto, el sector No Petrolero representa 88% del PIB Consolidado.

De acuerdo con cifras publicadas por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), durante el III trimestre de 2016 la industria nacional trabajó a 39% de su capacidad instalada, siendo el sector de alimentos, bebidas y tabaco el más activo (51%) y el automotor el menos activo (20%).

Esta situación es consecuencia del mal clima económico en Venezuela que genera grandes desincentivos para la producción: incertidumbre política, poca accesibilidad y escasez de divisas, difícil acceso a materia prima, caída de la demanda nacional, controles de precios y conflictos laborales, entre otros. Para 2017, este ambiente económico parece no ser muy diferente lo que augura que la recuperación no se alcanzará este año. Para el cierre 2017, estimamos una caída de entre 3% y 5%. De cumplirse, la caída del PIB acumularía -21,7% en 4 años.

La caída en la producción local se traduce en menor oferta de productos venezolanos para el mercado nacional. Además, la escasez de divisas sigue dificultando la posibilidad de cubrir déficit de producción local con importaciones. Según el Presidente Maduro, en 2016 el Gobierno Central destinó 6.800 millones de dólares en importaciones no petroleras y el sector privado aportó 11.000 millones de dólares propias para importar materia prima y productos terminados. Esto indica que las importaciones en el 2016 estuvieron 11.000 millones de dólares por debajo de las importaciones no petroleras estimadas para 2015 y casi 19.000 millones de dólares por debajo de las importaciones no petroleras de 2014.

La entrada de mercancía a través de la frontera autorizada a ser vendida a precios internacionales no parece una alternativa efectiva ni sostenible para aliviar la escasez de productos básicos de las poblaciones más vulnerables y de la población en general. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2015, alrededor de 73% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza según línea de ingreso: 49,9% de pobreza extrema y 23,1% de pobreza no extrema.

Cada vez más cerca de una hiperinflación

Estimamos que 2017 cerrará —por primera vez en la historia venezolana— con una inflación anual de 4 dígitos de entre 1.000% y 1.200%. Esto implicaría una inflación mensual promedio entre 21,2% y 23,3%.

Según cifras del BCV, la liquidez monetaria creció 163,6% en 2016; 97,7% en 2015 y 65,4% en 2014. En medio de esta notable expansión de la liquidez, la oferta de bienes y servicios se ha contraído por la caída del PIB y de las importaciones, lo que ha hecho que se incremente el número de bolívares que persiguen cada vez menos productos y servicios, impulsando el alza de precios. Nada parece indicar que en 2017 cambiará este distorsionado balance entre la oferta y demanda de bienes y servicios.

Crudo venezolano: menor producción y precios relativamente bajos

Si bien el PIB Petrolero representa alrededor de 12% del PIB Consolidado, el sector es responsable por 95% de las divisas que entran al país. Los precios relativamente bajos del crudo, así como una caída de la producción petrolera, impulsaron una importante caída en las divisas disponibles en 2016.

El precio promedio del crudo venezolano cerró en 35 dólares por barril en 2016, ubicándose 9,5 dólares por debajo del promedio de 2015 (44,65 dólares por barril). Además, la producción promedio en el 2016 (2,392 millones de barriles diarios) se redujo en 10,5% con respecto al promedio de 2015 (2,665 millones de barriles diarios).

Por otro lado, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, la producción cayó en 300 mil barriles diarios. Esto parece consistente con las recientes declaraciones del presidente Maduro sobre la entrada de divisas al país: cayó 60% en 2016, al pasar de 13.320 millones de dólares en 2015 a 5.290 millones de dólares en 2016.

Predecir el comportamiento del precio del crudo es una tarea arriesgada dada su gran volatilidad. Sin embargo, tomando como referencia las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (EIA por sus siglas en inglés) a enero de 2017, tanto el WTI como el Brent promediarán poco más de 50 dólares por barril en 2017. Bajo este escenario, una recuperación del crudo venezolano por encima de 50 dólares sería poco probable. Por otro lado, según el último acuerdo de recorte de producción de la OPEP, Venezuela tendrá que reducir su producción en 95.000 barriles diarios sin contar la posibilidad de reducciones adicionales por fallas de mantenimiento y falta de inversión en el sector.

Tras una caída del PIB Petrolero de -0,9% en 2015, se estima que el sector se contrajo entre -4% y -6% en 2016 y esperamos una contracción cercana a 2% en 2017.

Pago de deuda estructurada: voluntad de pago no garantiza capacidad de pago

En 2017, las deudas estructuradas de Venezuela y PDVSA suman (incluyendo capital e intereses) cerca de 10.000 millones de dólares. Hasta ahora, Venezuela y PDVSA han cumplido con el pago de sus respectivas deudas estructuradas; sin embargo, un saldo de 10.977 millones de dólares en las reservas internacionales al cierre de 2016, genera dudas sobre la capacidad de pago de Venezuela.

Cabe recordar que además de la deuda estructurada, Venezuela tiene otras obligaciones: al menos 12.000 millones de dólares a proveedores internacionales, poco más de 4.000 millones de dólares por laudos arbitrales del CIADI (sin contar intereses), entre otros.

Control Cambiario: ¿ajustes o reformas?

Los ajustes del tipo de cambio referencial no suelen reflejarse en los Presupuesto de la Nación y aunque los rumores sobre posibles ajustes y cambios siempre están presentes, es muy difícil prever las decisiones que la Autoridad Monetaria y el Gabinete Económico tomarán.

Los anuncios cambiarios suelen hacerse en el primer trimestre del año y aunque el tipo de cambio preferencial Dipro (10 bolívares por dólar) se aleja cada vez más de la tasa Dicom (para mediados de enero 2017 se acerca a los 680 bolívares por dólar), el Gobierno no ha dado indicios de una devaluación, mientras que cada vez hay más rubros que dejan de recibir divisas preferenciales mediante Dipro.

Poco se sabe sobre posibles medidas cambiarias, sin embargo, en el pasado algunos voceros del partido de gobierno han mencionado la unificación cambiaria como una posible medida. El actual Presidente del BCV, Ricardo Sanguino, en su pasado rol como Diputado del PSUV ante la Asamblea Nacional, afirmó que “la unificación cambiaria puede ser una vía”. Y aunque en julio de 2016 el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Jesús Faría precisó que se “está muy cerca la unificación cambiaria”, en noviembre de 2016 el propio Faría dijo:

“Yo leí el documento de la Unasur y… ahí se plantea la unificación cambiaria como recomendación y nosotros vamos a las planificación de ese proceso, pero aún no estamos en las condiciones, ni existen actualmente, para la unificación cambiaria”.

Decretos de Emergencia Económica: continuarán en 2017

Tras tres Decretos de Emergencia Económica (y sus respectivas prórrogas) y más de 100 Decretos Presidenciales firmados bajo su amparo en 2016, el Ejecutivo Nacional pudo asumir poderes legislativos gozando de plena discreción fiscal.

De los Decretos Presidenciales publicados en Gaceta Oficial en el 2016, 60 —poco más de la mitad— permitieron asignar recursos adicionales por un total de 4,08 billones de bolívares, 2,6 veces del Presupuesto Nacional de 2016. Del total de recursos aprobados, 92,7% fue dirigido a cubrir insuficiencias relacionadas con gastos de personal, aumentos de salarios y de bonos de alimentación y aumentos de las pensiones del IVSS.

Bajo el amparo del tercer Decreto de Emergencia Económica, el Ejecutivo Nacional incluso dictó tanto el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017 (G.O. Extr. Nro. 6.263, 14/10/2016), así como como el Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017 (G.O. Extr. Nro. 6.264 extraordinario, 14/10/2016).

En la presentación de su Memoria y Cuenta 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia, Maduro firmó el primer Decreto de Emergencia Económica del año 2017. Bajo la siempre presente narrativa política de la “Guerra Económica”, Maduro da continuidad a su modelo de planificación centralizada y plena arbitrariedad económica y fiscal.

Comentarios finales

Para 2017 uno de los temas más relevantes será la producción de PDVSA. Ante la incertidumbre sobre los precios del petróleo, una caída aún mayor de la producción tendrá efectos notables sobre la producción y las importaciones, lo que afectará directamente la oferta de bienes e impactará directamente la inflación. Además, con un ambiente económico similar al de 2016, en 2017 la caída del PIB parece bastante previsible.

Por otro lado, el Ejecutivo Nacional tiene todos los incentivos para seguir manejando el presupuesto a discreción en un año —posiblemente— electoral.

Por último, si bien la caída de los precios del crudo ha obligado al gobierno a tomar medidas en el ámbito cambiario, es difícil prever qué medidas podría tomar en 2017. Una devaluación del tipo de cambio Dipro parece necesaria en aras de mejorar las cuentas fiscales del gobierno. Sin embargo, el efecto inflacionario —y el respectivo costo político— de una devaluación podría desincentivar al Ejecutivo Nacional de llevarla a cabo o de al menos reducir la magnitud de la medida.

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¿Cuándo y cómo se comenzó a fijar el salario mínimo en Venezuela?; por Anabella Abadi y Carlos G. Soto

En enero de 2017 entra en vigencia un nuevo salario mínimo, el primero del año 2017 y el número 15 desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013. Puede decirse que la fijación por el Presidente de la República se ha convertido en un elemento bastante común del sistema económico venezolano. Pero

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto | 19 de enero, 2017
La construcción se realiza en pequeña escala, cuando de vivienda se trata. Lagunillas,16-02-2000 (Ramón Lepage / Orinoquiaphoto) the self construction of concrete stairs helps to give better access to the people who live in these mountain hill communities. 2000 (Ramón Lepage / Orinoquiaphoto).

Fotografía de la serie Artes y oficios, de Ramón Lepage / Orinoquiaphoto. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

En enero de 2017 entra en vigencia un nuevo salario mínimo, el primero del año 2017 y el número 15 desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Puede decirse que la fijación por el Presidente de la República se ha convertido en un elemento bastante común del sistema económico venezolano. Pero que se haya convertido en una política reiterada implica que deba valorarse su conveniencia, y para esto puede ser útil indagar cuándo y cómo comenzó a fijar el salario en Venezuela.

 ¿Cuándo el Ejecutivo Nacional de Venezuela intervino
de manera indirecta por primera vez en la fijación de salarios?

En el Artículo 21 de la Ley sobre contratos colectivos por ramas de industrias, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 25.818 de 21 de noviembre de 1958, se establecía que “el contrato colectivo en la convención obrero-patronal o el laudo arbitral podrá ser declarado por el Ejecutivo Nacional de extensión obligatoria para las demás empresas y trabajadores de la misma rama industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, a solicitud de la propia convención o de cualquiera de los sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores o de cualquier patrono, sindicato o asociación de patronos que sean partes en el contrato colectivo o laudo arbitral”.

¿Cuándo se fijó por primera vez el salario mínimo
por parte del Ejecutivo Nacional de Venezuela?

Sería a través del Decreto-Ley N° 122 de 31 de mayo de 1974, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 30.415 de 4 de junio de 1974, cuando se fijó por primera vez el salario mínimo nacional de modo directo por el Poder Ejecutivo Nacional.

Así quedaría reflejado en la prensa nacional:

pagina

Ese Decreto-Ley fue dictado en ejecución de la Ley Habilitante que el Congreso había sancionado a favor del Presidente Carlos Andrés Pérez, publicada en la Gaceta Oficial 30.412 de 31 de mayo de 1974. En el ordinal 10 del artículo 1 de esa Ley Habilitante se facultaba al Presidente de la República para “decretar salarios mínimos y los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones requeridos para elevar el nivel de vida de la población y mejorar la distribución de los ingresos de acuerdo con la política general que defina el Ejecutivo Nacional. En ningún caso el ejercicio de esta facultad impedirá modificaciones de sueldos y salarios resultantes de los contratos de trabajo”.

Pues bien, en ese Decreto-Ley se fijaría el salario mínimo nacional para los trabajadores, salvo los del servicio doméstico, en 15 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 1). Para los trabajadores del servicio doméstico cuyos patronos tengan ingresos superiores a los 4.000 bolívares mensuales, se fijaría un salario mínimo nacional de 300 bolívares mensuales (Artículo 2).

Señalaría Héctor Valecillos Toro sobre esa primera fijación del salario mínimo:

“Considerada superficialmente, la medida parecía justificada, pudiendo verse como un arbitrio a favor de la justa participación de los trabajadores en la súbita riqueza petrolera. Sin embargo, vista menos emocionalmente, era claro que no convenía precipitarse en una medida que suele generar problemas de diferente tipo. Primero, porque ya bajo el gobierno de [Rafael] Caldera había comenzado a acelerarse el ritmo de la inflación (que, no olvidemos, había estado ausente del país entre 1950 y 1969) y no sería fácil eludir el impacto alcista sobre los precios de esa decisión. Segundo, y quizás principal, porque escogía el gobierno un mecanismo altamente inconveniente para la retribución salarial del personal, aquel que por definición desvincula remuneración y productividad del trabajo” [1].

Transcurrirían 5 años y en 1979 el Congreso de la República dictará una Ley general de aumento de sueldos, salarios, salario mínimo, jubilación y pensiones de vejez, invalidez y muerte (Gaceta Oficial N° 2.518 extraordinario de 3 de diciembre de 1979). Además de establecer un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, se fijó como salario mínimo nacional obligatorio para todos los trabajadores del país, la cantidad de 30 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 6), además de un salario mínimo nacional para los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias de 25 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 7) y un salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del servicio doméstico en 500 bolívares mensuales (Artículo 8).

A partir del año 1984, y hasta hoy, el Presidente de la República ha seguido dictando Decretos para la fijación del salario mínimo, en lo que se ha convertido en una tradición política y económica en nuestro país.

¿Cuántos aumentos de salario mínimo se han registrado en Venezuela?

Entre 1974 y 1998 se fijó el salario mínimo urbano en 13 ocasiones: menos de uno por año. En contraste, entre 1999 y enero de 2016 se han registrado 36 aumentos de salario mínimo: casi dos por año.

Resulta interesante notar que tal y como precisó Chi-Yi Chen en 1993:

“La intervención directa del Estado venezolano en la fijación de salarios refleja cierta posiciones tomadas. Estas son: a) El trabajador está siempre explotado; nunca recibe lo que le corresponde; b) El empresario se enriquece únicamente a través de la explotación del trabajo; c) Como consecuencia de las dos posiciones anteriores se concibe que el único mecanismo para repartir equitativamente el excedente de la sociedad productiva es imponer compulsivamente un determinado nivel de remuneración. La historia de la intervención estatal durante las últimas décadas refleja exactamente estas ideas, evidentemente influenciadas por la concepción marxista del capitalismo” [2]

¿Cuáles son los problemas asociados con la fijación de un salario mínimo?

Fijar un salario mínimo busca garantizar que los trabajadores formales de la economía tengan un ingreso mínimo mensual que —en teoría— cubra las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el mercado laboral de cada sector productivo tiene ofertas y demandas de mano de obra diferentes, por lo que el salario de equilibrio de cada mercado es, a su vez, diferente.

Si, por ejemplo, se fija un salario mínimo que se encuentre por encima del salario de mercado, aumenta la oferta de mano de obra, mientras que las empresas no tendrán incentivos para la contratación y, en consecuencia, aumentará el desempleo. En contraste, si se fija un salario mínimo que se encuentre por debajo del salario de mercado, las empresas querrán contratar más personal, pero los trabajadores no tendrán incentivos a ofrecer su mano de obra en el mercado formal.

En última instancia, fijar un salario mínimo que no corresponda con el salario de equilibrio del mercado generará distorsiones. El nivel salarial debe, por encima de todo, responder al nivel de productividad del trabajador.

Por eso, como se pregunta Chi-Yi Chen:

“El salario mínimo se ha convertido en un elemento importante de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores menos favorecidos (…). Nos preguntamos si, ¿el salario mínimo ha jugado realmente el rol que le fue asignado, es decir, mantener un nivel de vida socialmente aceptable?”[3]

A partir de enero 2016, el salario mínimo venezolano se ubica en 40.638 bolívares fuertes y —por ahora— 63.721 bolívares fuertes en beneficios de alimentación. Mientras dicho salario no permite cubrir la canasta alimentaria familiar y mucho menos la básica, representa una carga sustancial para las empresas del mercado formal. Es irónico que el salario mínimo, que, en teoría, va dirigido a proteger la capacidad de compra del venezolano, en realidad (i) se convierte en una traba para hacer negocios formales, (ii) disminuye la oferta de empleos con calidad y (iii) genera incentivos para que trabajadores formales busquen mejores sueldos en el mercado informal.

Sin duda, el tema del salario mínimo es una de las reflexiones fundamentales que los venezolanos debemos realizar, sin prejuicios, sobre nuestro sistema económico y social.

[1] Crecimiento económico, mercado de trabajo y pobreza: la experiencia venezolana del siglo XX, Caracas, 2007, p 258.
[2] “Estado y políticas de salario y empleo”, en Revista de la Facultad de Derecho Nº 46, Universidad Católica Andrés Bello, p. 50.
[3] Ibídem, p. 49.

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La AN y la emergencia económica: un balance; por Anabella Abadi y Carlos García Soto

El año 2016 quedará en la historia de Venezuela como un año en el que la crisis económica, en realidad ya estructural, mostró sus peores expresiones, no sólo en lo económico, sino también en lo social. Ya que el 15 de diciembre de 2016 terminó el segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto | 9 de enero, 2017
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Fotografía de Luis Robayo para AFP

El año 2016 quedará en la historia de Venezuela como un año en el que la crisis económica, en realidad ya estructural, mostró sus peores expresiones, no sólo en lo económico, sino también en lo social.

Ya que el 15 de diciembre de 2016 terminó el segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) —conforme al Artículo 219 de la Constitución—, conviene realizar un balance sobre la actuación de la AN en el contexto de la “emergencia económica” decretada por el Poder Ejecutivo.

La actuación de la AN en materia económica

La actuación de la AN estuvo condicionada por el conflicto institucional que tuvo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como una manifestación de ese conflicto, la Sala Constitucional declaró la nulidad de cada actuación de la AN en materia económica.

Actividad Legislativa en materia económica

Conforme a lo previsto en la Constitución y el Reglamento de Interior y de Debates, la AN conformaría la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, presidida por el diputado Alfonso Marquina.

El 19 de enero la AN de 2016 instalaría también una Comisión Especial para el estudio del primer Decreto de Emergencia Económica. Y una Comisión Especial para el estudio de la crisis alimentaria que actualmente padece Venezuela rendiría un informe sobre esta materia el 3 de mayo de 2016.

La AN discutió diversos proyectos de ley durante 2016, algunos de los cuales fueron propios de la materia económica y fueron sancionados como leyes por la AN. Sin embargo, luego fueron declarados como inconstitucionales por la Sala Constitucional. Aquí puede verse el resumen de la legislación en materia económica dictada por la AN:

La AN también dictó varios acuerdos relacionados con la materia económica, como por ejemplo, el Acuerdo sobre el Decreto de Emergencia Económica del 16 de mayo de 2016.

El control del Poder Ejecutivo en materia económica

La AN tampoco pudo ejercer el control que le corresponde en las materias económicas sobre el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la AN fijó el 26 de abril como fecha para la comparecencia del ministro en el área de alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien no compareció.

La Sala Constitucional dictó la sentencia N° 618 del 20 de julio de 2016, que limitó las potestades de control de la AN sobre el Banco Central de Venezuela.

Más recientemente, la Sala Constitucional dictó la sentencia N° 893 del 25 de octubre de 2016, prohibiendo que la AN realice investigación parlamentaria sobre la actividad de autoridades en PDVSA.

La AN y los Decretos de Emergencia Económica

Como hemos explicado en otras oportunidades, a partir de la narrativa política de la “guerra económica”, el Presidente de la República dictó durante 2016 tres Decretos de Emergencia Económica (y sus respectivas prórrogas). Estos, en gran medida, hicieron las veces de leyes habilitantes, tal que el Ejecutivo Nacional pudo asumir poderes legislativos ante una clara mayoría opositora en la AN.

Una de las particularidades institucionales con ocasión de estos decretos es que implicaron la participación de tres órganos del Poder Público: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los decretos dictados por el presidente Maduro, han sido desaprobados por la AN, pero la Sala Constitucional ha declarado sin embargo su constitucionalidad.

En 2016 se publicaron en Gaceta Oficial poco más de 100 decretos presidenciales bajo el amparo de alguno de los tres decretos de emergencia económica o sus respectivas prórrogas. De estos, 60 —poco más de la mitad— correspondieron a la asignación de recursos adicionales, sumando un total de Bs. 4,08 billones, 2,6 veces del Presupuesto Nacional del año 2016. Del total de recursos aprobados, 92,7% fue dirigido a cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con gastos de personal, aumentos de salarios y de bonos de alimentación de la administración pública y aumentos de las pensiones del Instituto Venezolano de Seguridad Social (Ivss).

Mediante Decreto de Emergencia, el primer mandatario aprobó nueve decretos dirigidos a atender la crisis eléctrica (seis para decretar días no laborales para el sector público), nueve decretos para fomentar la actividad económica y atender el desabastecimiento (llegan a 12 si se consideran los relacionados con el Arco Minero) y cuatro para impulsar los programas sociales. Sin embargo,en general, no parecen traducirse en resultados efectivos.

Para cierre del año, Maduro se amparó en la prórroga del tercer Decreto de Emergencia Económica para firmar cinco decretos presidenciales relacionados con la ampliación del nuevo cono monetario. Aunque se espera que los billetes de mayor denominación faciliten las transacciones en un contexto altamente inflacionario, la pobre implementación de su puesta en circulación pone —nuevamente— en duda la capacidad de planificación económica del Gobierno central.

El control del presupuesto

Conforme al Artículo 313 de la Constitución, correspondía a la AN la aprobación del presupuesto que le debía ser presentado por el Presidente de la República. Sin embargo, alegando que la AN se encontraba en “desacato” del TSJ, Maduro realizó una consulta a la Sala Constitucional para que ésta analizara si la Presidencia de la República podía aprobar el presupuesto sin pasar por la AN.

La Sala Constitucional procedió a dictar la sentencia N° 814 del 11 de octubre de 2016, según la cual —en esta oportunidad— el Presidente de la República debería presentar el presupuesto nacional ante la misma Sala Constitucional, bajo la forma de Decreto con rango y fuerza de ley. La sentencia Nº 184 también precisó que, incluso si la AN desincorporara a los diputados del estado Amazonas, a la Sala Constitucional le corresponderá controlar este presupuesto de 2017. Es decir, la AN no podría alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente Decreto de presupuesto nacional.

Vale decir que fue bajo el amparo del tercer Decreto de Emergencia Económica que el Ejecutivo Nacional dictó tanto el Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017 (GO Nº 6.263 extraordinario, 14 de octubre de 2016), como como el Endeudamiento para el Ejercicio Económico Financiero 2017 (GO Nº 6.264 extraordinario, 14 de octubre de 2016).

Balance de la AN y la economía en 2016

La actividad del Parlamento en materia económica ha estado condicionada por el conflicto institucional entre la AN y el TSJ, lo que ha llevado a que todas sus actuaciones en esta materia hayan sido anuladas, una por una.

Por su parte, el Poder Ejecutivo ha dictado medidas desordenadas e ineficaces en el contexto de la “emergencia económica”, cuyos resultados están hoy a la vista de todos los venezolanos, y que no hicieron sino estirar la arruga por un año más.

Tras un bloqueo sistemático de la AN en materia económica y la aprobación de más de 100 decretos presidenciales, es innegable que la crisis económica se profundizó en 2016.

Aunque —a la fecha— no se han publicado cifra oficial alguna, estimaciones del diputado José Guerra para el año 2016 apuntan a una contracción de 12% del PIB y una inflación de 500%. En caso de que el BCV corrobore estas proyecciones, 2016 pasaría a ser el año con peor desempeño económico de la historia venezolana.

Recordemos también que según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2015 levantada por las universidades UCAB, UCV y USB, 73% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza según la línea de ingreso y 29,1% en pobreza según las necesidades básicas insatisfechas.

Aunque el ámbito de actuación de la mayoría opositora de la AN en la economía es teóricamente amplio, en la práctica fue obstaculizado del Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional.

Tal realidad, ahora más que nunca, es un reto político y comunicacional para los diputados dela mayoría en la AN.

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¿Pueden los billetes de 500 sustituir a los de 100 en diciembre?; por Richard Obuchi y Daniel Raguá

El vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan, informó el pasado 18 de diciembre que habían arribado al país 13,5 millones de billetes de Bs. 500 correspondientes al nuevo cono monetario. Khan indicó en ese momento que en total se esperaba la llegada de 60 millones de billetes de Bs. 500 durante el

Por Richard Obuchi y Daniel Raguá | 21 de diciembre, 2016

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El vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan, informó el pasado 18 de diciembre que habían arribado al país 13,5 millones de billetes de Bs. 500 correspondientes al nuevo cono monetario. Khan indicó en ese momento que en total se esperaba la llegada de 60 millones de billetes de Bs. 500 durante el mes de diciembre. Posteriormente, el 20 de diciembre, Khan informó la llegada de un segundo lote de 11 millones de piezas, agregando que: “Para este 26 de diciembre se tiene previsto que lleguen al país el tercer cargamento que contiene 75 millones de unidades de billetes de 500 bolívares y para este 29 del mes en curso también esperamos recibir una cantidad considerable”.

Hasta la fecha han llegado 24,5 millones de piezas de billetes de Bs. 500. Si bien inicialmente se había indicado que iban a llegar 60 millones de billetes de Bs. 500 en el mes de diciembre, los últimos datos proporcionado por Khan implica que se espera recibir al menos 99,5 millones de piezas de Bs. 500, una cifra que se ampliaría con el lote que se espera recibir el 29 de diciembre. Si se parte de la premisa que este último lote es tan grande como el tercero —el mas grande anunciado hasta ahora— entonces la cifra podría llegar a 174,5 millones de piezas de billetes de Bs. 500.

Antes de la medida habían Bs. 794.504 millones en billetes. Del total en valor de billetes en circulación, aproximadamente 77% era en billetes de Bs. 100. Según lo indicado por las autoridades gubernamentales, en el período de transición para la desmonetización del billete de Bs. 100 se recogió Bs. 494.400 millones en billetes de Bs. 100, un monto equivalente a 82% de los billetes de Bs. 100 en circulación o 63% del total de billetes en circulación.

Los nuevos billetes de Bs. 50 y los de Bs. 500 a introducir en diciembre son equivalente a 14,9% del los billetes de Bs. 100 que estaban en circulación antes de la medida. El gobierno ha anunciado la llegada de 99,5 millones de billetes de Bs. 500 y 76 millones de billetes de Bs. 50 en el mes de diciembre, con lo cual se incorporarían Bs. 49.750 millones al efectivo en circulación. Este monto es equivalente a 8,1% del valor del número total de billetes de Bs. 100 en circulación antes de la medida o 6,3% del valor total de billetes en circulación. Si se parte del supuesto de que la cifra de nuevos billetes de Bs. 500 pueda llegar a ser 174,5 millones de piezas (partiendo de la premisa de que el cuarto lote de billetes de Bs. 500 es tan grande como el tercero que fue anunciado por Khan) entonces los nuevos billetes de Bs. 500 y Bs. 50 a introducir en diciembre podrían ser equivalentes a 14,9% de los billetes de Bs. 100 u 11,5% del valor del total de billetes en circulación existentes antes de la medida. Es de esperar en todo caso que en el mes de enero y meses sucesivos se introduzcan nuevos billetes y monedas progresivamente.

El 03 de enero de 2017 el efectivo en circulación puede caer 66% en comparación con el valor antes de la medida. El valor del efectivo en circulación a principios de año va a ser equivalente tan solo el 34,1% del efectivo en circulación antes de la medida en el escenario en que en el mes de diciembre solo llegan los lotes de billetes anunciados por el gobierno y se mantiene la medida de desmonetizar el billete de Bs. 100 el próximo 02 de enero de 2017. Los billetes de Bs. 100 que se van a desmonetizar representan Bs. 611.171 milllones de los billetes en circulación en tanto que los nuevos lotes de billetes que se han anunciado suman Bs. 91.050 millones (en el escenario en donde el cuarto lote es tan grande como el tercero), razón por la cual, si se eliminan los billetes de Bs. 100, habría nuevamente una abrupta disminución en el efectivo.

El efectivo en circulación podría aumentar 11% en comparación con el valor antes de la medida si se extiende la circulación del billete de Bs. 100. Los nuevos billetes de Bs. 500 a introducir en diciembre representan 14,9% del valor de los billetes del antiguo cono monetario, en tanto que los billetes de Bs. 100 representaban el 77%. Por tanto, si se mantienen circulación todos los billetes de Bs. 100 —incluyendo los que fueron recogidos— la incorporación de 174,5 millones de piezas de billetes de Bs. 500 permitiría un incremento de aproximadamente 11% en el valor de los billetes en circulación al inicio del año.

¿Cuántos billetes hacen falta para cubrir los billetes de Bs. 100? Para poder sustituir los 4.944 millones de billetes de Bs. 100 que se retiraron de la economía, harían falta 988 millones de billetes de Bs. 500. Por otro lado, sólo se necesitan 24 millones de piezas de Bs. 20.000 para sustituir todos estos billetes de Bs. 100, lo que representaría 0,5% del total de piezas de Bs. 100 que salieron de la economía.

El problema de la falta de efectivo persistirá —al menos— por unas semanas más. El valor de los nuevos de cargamentos de billetes de Bs. 500 y Bs. 50, así como la ausencia de anuncios en cuanto a nuevos cargamentos con billetes de más alta denominación, auguran que la restricción de efectivo persistirá —al menos— durante las próximas semanas. Como se indicaba previamente, este problema podría aliviarse si se revierte la medida de desmonetizar los billetes de Bs. 100 luego del 02 de enero de 2017, permitiendo que recirculen los billetes que fueron recogidos y a la vez se autorice la cocirculación de ambos conos monetarios. En cualquier caso, para aliviar la escasez de efectivo es crítica la llegada de lotes adicionales de los billetes y monedas del nuevo cono monetario, lo cual según lo anunciado por el gobierno va a ocurrir progresivamente.

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Richard Obuchi (@RichardObuchi) es director de ODH y profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA.

Daniel Raguá (@danielragua) es economista de ODH y profesor en la UCAB.

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2016: estirando la arruga un año más; por Anabella Abadi M.

Si bien Venezuela sigue atravesando la peor crisis económica de su historia, el Gobierno Central ha decidido seguir prorrogando toda reforma macroeconómica. Haciendo un breve resumen de la actuación del Ejecutivo Nacional durante 2016, intentaremos identificar sus verdaderos objetivos de política económica, de cara al año 2017 que comenzará con importantes tensiones políticas y económicas.

Por Anabella Abadi M. | 20 de diciembre, 2016
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

Si bien Venezuela sigue atravesando la peor crisis económica de su historia, el Gobierno Central ha decidido seguir prorrogando toda reforma macroeconómica. Haciendo un breve resumen de la actuación del Ejecutivo Nacional durante 2016, intentaremos identificar sus verdaderos objetivos de política económica, de cara al año 2017 que comenzará con importantes tensiones políticas y económicas.

La discrecionalidad como objetivo

El 31 de diciembre de 2015 perdió vigencia la última Ley Habilitante de 2015 y bajo su aplicación se publicó más de una decena de decretos-leyes que se dieron a conocer en los primeros días de 2016. Varios decretos-leyes tenían como objeto ampliar el control del Poder Ejecutivo sobre la economía, además de reducir el ámbito de control de la Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre sobre el Poder Ejecutivo en materia económica. Estos incluyeron, por ejemplo:

1. La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para limitar el control de la AN sobre la autoridad monetaria, legalizar la opacidad de cifras oficiales y otorgar competencia al BCV para dar financiamiento al Estado a solicitud del Poder Ejecutivo.

2. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público para reformar el régimen del control presupuestario.

3. Reformas al régimen tributario con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria: creación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, modificación del ISLR y la reforma de la Ley del Seniat.

4. La reforma de la Ley del Régimen de Cambio y sus Ilícitos y se estableció un régimen más restrictivo, incluyendo el aumento de sanciones penales y administrativas, y la estipulación de nuevos ilícitos.

Durante 2016 el Ejecutivo Nacional también gozó de una importante discrecionalidad legislativa y presupuestaria a través de la aprobación de tres Decretos de Emergencia Económica y sus respectivas prórrogas.

Entre el 15 de enero y el 30 de noviembre de 2016, se aprobaron y publicaron en Gaceta Oficial, 76 decretos presidenciales bajo el amparo de los Decretos de Emergencia o sus respectivas prórrogas. De estos, 35 –poco menos de la mitad– corresponden a la asignación de recursos adicionales, sumando un total de 3,7 billones de bolívares, 2,4 veces el Presupuesto Nacional de 2016. Del total de recursos aprobados, 94,8% fue dirigido a cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con gastos de personal, aumentos de salarios y de bonos de alimentación de la administración pública y aumentos de las pensiones del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Mediante Decreto de Emergencia, Maduro aprobó nueve decretos dirigidos a atender la crisis eléctrica, incluyendo seis para decretar días no laborales para el sector público, dos para ajustar los horarios de trabajo de órganos y entes del sector público y uno para modificar el huso horario. También aprobó nueve decretos para fomentar la actividad económica y atender el desabastecimiento y cuatro para impulsar los programas sociales, pero no parecen haberse traducido en resultados efectivos.

En 2016 el Tribunal Supremo de Justicia pasó a ser una herramienta clave para garantizar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo frente al Parlamento. No sólo permitió la entrada en vigencia de los Decretos de Emergencia aún y cuando la AN no los aprobó, sino que bloqueó gran parte de la actividad legislativa de 2016. Nada parece indicar que el Ejecutivo Nacional renunciará a hacer uso del TSJ para lograr sus objetivos en 2017.

Revisión del sistema de planificación centralizada: más de lo mismo

El año 2016 estuvo plagado de anuncios que parecían re-empaquetar las mismas medidas que se han implementado por años basadas en el control económico. El año empezó con modificaciones en el Gabinete Ejecutivo, y la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva y sus Motores Productivos –originalmente 9, pero a cierre de año llegaban a 15–. Estos motores pretenden atender actividades económicas consideradas “clave” para el Gobierno Nacional, tales como: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentación, minería. telecomunicaciones e informática, entre otros.

A mediados de año, nace la Gran Misión Abastecimiento Seguro,  liderada por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y que se organizaría en siete vértices: el productivo, logístico, comercialización, sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e investigación y desarrollo. Bajo este paragua, se agudizó la intervención sobre las cadenas de producción, distribución y comercialización de una cada vez menor producción local. Aunque las fiscalizaciones y multas parecían haber disminuido durante 2016, repuntaron en el último trimestre del año en un formato bastante agresivo que algunos han catalogado como un nuevo “dakazo”.

En medio de mucha tensión, el 22 de julio se publicó la Resolución N° 9.855 que establecía que si una “entidad” de trabajo del sector agroalimentario solicita a otra “entidad” que le proporcione trabajadores calificados, la segunda estaría en la obligación de proporcionar los trabajadores requeridos. Este régimen aplica a todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedades sociales y mixtas. Esta medida generó rechazo porque podía interpretarse como la legalización de trabajo forzoso. Voceros del partido oficialista alegaron el Gobierno Central revisaría la resolución para su reimpresión.

Las modificaciones del sistema de control central reflejan un intento de perfeccionamiento de políticas dañinas y fallidas. Luego de años de políticas de control, no sorprende –pero sí preocupa–  que la industria nacional esté trabajando a 35% de su capacidad instalada.

Ajustes de precios y tasas, pero no de los controles

A mediados de febrero y tras 20 años con el precio congelado de la gasolina, el presidente Maduro aprobó el aumento: la de 91 octanos pasó a 1 Bs/litro (aumento de 1.329%) y la de 95 octanos a 6 Bs/litro (incremento de 6.086%).

A lo largo de 2016 también se ajustaron precios de muchos productos básicos, aunque por debajo de lo requerido por los productores; y se permitió la entrada de mercancía a través de la frontera para ser vendido a precios iguales –o incluso superiores–  a los internacionales. Aunque algunos alegan que estas medidas demuestran el inicio del desmontaje del control de precios, la realidad es que los productores locales siguen atados a la Ley de Precios Justos y su margen de maniobra financiera es casi nulo.

En materia cambiaria, Maduro anunció la eliminación del Sicad en febrero, la devaluación de la tasa Cencoex de 6,3 a 10 Bs/US$; y en marzo el para entonces Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, anunció los cambios de nombre de Cencoex a Dipro y de Simadi a Dicom. Aunque –al 13 de diciembre– la tasa Simadi/Dicom acumulaba un aumento de alrededor de 238% en 2016, la tasa oficial promedio se ubica poco por encima de 60 Bs/US$. Según el BCV el 8% de la divisas se asignan a la tasa Dicom.

Aunque se hicieron algunas modificaciones puntuales en algunos convenios cambiarios, a la fecha, el sistema sigue funcionando con dos tasas y con mecanismos de asignación ineficientes que se mantienen como unas de las principales trabas para los productores locales. Esto, sumado a la creciente liquidez e incertidumbre económica, ha impulsado una importante alza del dólar del mercado negro en el último trimestre de 2016.

Búsqueda de fuentes alternativas de divisas

Hasta el 9 de diciembre de 2016, el promedio anual del precio del crudo venezolano se ubicaba en 34,52 US$/barril, US$10,13 menos que en 2015 y US$53,90 menos que 2014. Esto, así como la caída de la producción de Pdvsa, las debilitadas reservas internacionales y con menos activos externos liquidables, han agudizado la escasez de divisas. Es por esto que el Gobierno Central ha decidido dedicar parte importante de 2016 a la buscar fuentes alternativas de divisas.

El Gobierno Nacional se puso como meta superar el récord histórico de exportaciones no petroleras de US$ 7.000 millones y creó un Motor Productivo para atender la materia. En enero, se anunció una línea de crédito en divisas para asegurar acceso a materia prima y el paso del tipo de cambio para exportadores de Sicad a Dicom. En abril, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional Jesús Faría anunciaba que se habían simplificado 60% de los trámites administrativos para exportadores. Además, a partir de septiembre, con la publicación de las modificaciones del Convenio Cambiario N° 34, los exportadores podrían deducir del 40% de divisas que deben vender al BCV el monto equivalente al aporte hecho en divisas propias en capital de trabajo para adquirir “materia prima, insumos, activos fijos y otros bienes indispensables para su actividad productiva con fines de exportación”.

Con la publicación del Convenio Cambiario N° 36, se establece que los extranjeros deben pagar los servicios turísticos en divisas. Si bien esta medida es positiva para el sector, no se espera tendrá un impacto significativo en términos de incrementar los ingresos en divisas al país: los problemas de inseguridad y baja calidad de los servicios públicos han mermado la entrada de turismo extranjero al país. De acuerdo con el reporte Índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, Venezuela se ubica en el lugar 110 de 141 países entre los países más competitivos para hacer turismo.

Otra fuente alternativa de divisas impulsada por el Gobierno Central ha sido el Arco Minero. En 2016 se decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, y aunque la decisión no fue discutida ni aprobada por la AN, el Gobierno ya firmó multimillonarios acuerdos con empresas nacionales e internacionales. El Estado al tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas que se constituirán, deberá aportar parte importante de capital; sin embargo, el Estado parece no contar con estos recursos, y pone en duda la explotación efectiva y legal del Arco Minero.

Disponibilidad y acceso a productos básicos: ajustes de forma, no de fondo

Los importantes retrasos en la publicación de cifras oficiales no han sido eficaces para ocultar los problemas de inflación y desabastecimiento. Mientras el Gobierno mantiene la narrativa de la “guerra económica” e insiste en que el problema está en la distribución y no en la baja producción local y caída de las importaciones.

Para atender los problemas de disponibilidad de productos básicos, se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAP– en abril de 2016 y recibieron importantes potestades a través de los Decretos de Emergencia Económica. En septiembre, Freddy Bernal afirmaba que los CLAP ya alcanzaban a distribuir alimentos para 6 millones de venezolanos y que la meta eran 11 millones. Para garantizar productos para los CLAP, el 7 de octubre se publicó la Resolución 010/16 que establece que los insumos o bienes producidos por el sector agroalimentario (empresas públicas y privadas) deberán destinar obligatoriamente –si se les solicita– hasta 50% de su producción a los CLAP; es decir, si se alcanza la meta de 11 millones de beneficiarios, la resolución establece que se deberán destinar hasta 50% de la producción local para abastecer a un tercio de los venezolanos.

Para atender la caída del poder de compra de la población, el Gobierno decretó 4 ajustes del salario mínimo y de la base de cálculo del bono de alimentación a lo largo de 2016, acumulando un aumento total de 453,8%. Sin embargo, extraoficialmente se reporta que la inflación acumuló 525,4% entre enero y octubre de 2016; y el FMI estima que el año cerrará con una inflación de 720%. Esto evidencia que los aumentos del salario mínimo y del bono de alimentación no permitirán recuperar la capacidad de compra del venezolano, a la vez que impulsan la inflación al impactar fuertemente al fisco nacional y a la estructura de costos de las empresas privadas.

Creciente gasto público que impulsa la inflación

El creciente y desordenado gasto público, en medio de un contexto recesivo, sigue generando importantes presiones inflacionarias. Hasta el 2 de diciembre de 2016, la liquidez monetaria había crecido 236,6% tras la inyección de 5,4 billones de bolívares a la economía. Si bien el Gobierno Central tiene importantes retrasos en la publicación de las cifras de inflación, todo parece indicar que Venezuela volverá a tener la inflación más alta del mundo –por cuarto año consecutivo– y la más alta de su historia.

Por otro lado, luego de que todos los billetes y monedas perdieran el 98% de su poder de compra, el presidente del BCV Nelson Merentes anunció la ampliación del cono monetario: “Tenemos seis nuevos billetes de Bs. 500, de Bs. 1000, Bs.2000, Bs. 5.000, Bs. 10.000 y Bs. 20.000; y monedas de Bs. 10, Bs. 50 y Bs. 100 que coexistirán con la actual y se incorporarán a partir del 15 de diciembre, de manera progresiva, para beneficio de la población en general”. Se espera que esto facilite las transacciones y disminuya los costos “suela de zapato” –que se origina por acudir constantemente a las instituciones financieras a retirar efectivo–. Sin embargo resulta preocupante que en la medida en que no se implementen políticas económicas para atender el creciente problema de inflación, los nuevos billetes queden rezagados en los próximos años.

Comentario de Cierre

El 2016 ha estado plagado de tensiones políticas, que han quitado el foco de atención sobre una crisis económica que se profundiza con cada día que pasa. Y aunque los problemas de inflación y escasez siguen siendo las principales preocupaciones de los venezolanos, los objetivos del Gobierno Central siguen siendo la discrecionalidad, acceso a divisas y gasto público como palanca de una muy golpeada popularidad. El 2017 posiblemente esté colmado de tensión política y al día de hoy nada parece indicar que el Gobierno tomará medidas de reforma económica.

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Producción petrolera de Venezuela cayó a 2,274 millones de barriles diarios en noviembre 2016; por Gustavo Noguera

La OPEP publicó su reporte mensual correspondiente a diciembre de 2016. Las cifras que reportó Venezuela a la OPEP, muestran que en noviembre la producción de crudo venezolano tuvo una caída de 42 mil de barriles diarios (MBD). Sin embargo, según fuentes secundarias la producción aumentó 25 MBD. Con este resultado, el nivel de producción

Por #MonitorProDaVinci | 16 de diciembre, 2016

La OPEP publicó su reporte mensual correspondiente a diciembre de 2016. Las cifras que reportó Venezuela a la OPEP, muestran que en noviembre la producción de crudo venezolano tuvo una caída de 42 mil de barriles diarios (MBD). Sin embargo, según fuentes secundarias la producción aumentó 25 MBD. Con este resultado, el nivel de producción de Venezuela en noviembre de 2016 es de 2,274 millones de barriles diarios (MMBD) según fuentes directas, mientras que según fuentes secundarias fue 2,097 MMBD.


Venezuela presenta su producción mensual más baja desde 2012

La producción petrolera del país se encuentra en 2,274 MMBD, el nivel de producción más bajo registrado desde 2012 según fuentes directas. Además, la caída de 42 MBD entre octubre y noviembre es la segunda mayor caída mensual registrada en lo que va de año, después de los 120 MBD reportados que dejó de producir Venezuela para el mes de mayo. La producción de noviembre implica que en 2016 se ha acumulado una caída de producción de 296 MBD. Aunque las fuentes secundarias reportan un incremento de 25 MBD entre octubre y noviembre, la tendencia —al igual que las fuentes directas— es a la baja de la producción.

La producción anual de PDVSA
apunta a ser la más baja en más de 20 años

Tomando las cifras por comunicación directa a la OPEP, hasta noviembre la producción promedio de PDVSA en el año era de 2,403 MMBD. Si la producción promedio de 2016 cierra por debajo de 2,5 MMBD, 2016 será el año con la producción promedio más baja de crudo al menos desde 1985, cuando fue de 1,681 MMBD.

El precio del barril se ha recuperado,
pero dificilmente PDVSA pueda sacar provecho del acuerdo OPEP

El 30 de noviembre, la OPEP alcanzó un acuerdo para recortar la producción en un total de 1,2 MMBD a partir de enero de 2017. Venezuela se comprometió a reducir en 95 MBD su producción en el marco de dicho acuerdo. Desde el anuncio, el precio del barril ha aumentado más de 8%. La cesta de petróleo de Venezuela cerró la semana del 5 al 9 de diciembre en 44 dólares por barril, con lo que el precio promedio del 2016 es de 34,4 dólares por barril. Sin embargo, la caída de la producción pone en riesgo los ingresos petroleros, incluso con un precio más alto. Con un recorte de 95 MBD sobre una producción ya mermada, el precio promedio del crudo en 2017 tendría que subir —al menos— en 6 dólares por barril para que los ingresos petroleros del próximo año sean similares a los del 2016.

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[+ Gráfico] Venezuela: Reservas internacionales han caído 5.218 millones de dólares en 2016 ; por Bárbara Lira

El Banco Central de Venezuela reporta que las reservas internacionales al 13 de diciembre de 2016 se ubicaron en 10.907 millones de dólares, cayendo 800 millones de dólares con respecto al año anterior. Un día después, al cierre del 14 de diciembre de 2016, el saldo subió 11.152 millones de dólares, un aumento de 245 millones

Por Bárbara Lira | 16 de diciembre, 2016

El Banco Central de Venezuela reporta que las reservas internacionales al 13 de diciembre de 2016 se ubicaron en 10.907 millones de dólares, cayendo 800 millones de dólares con respecto al año anterior. Un día después, al cierre del 14 de diciembre de 2016, el saldo subió 11.152 millones de dólares, un aumento de 245 millones de dólares.

La tercera caída diaria más grande del año

En lo que va de 2016, las reservas han caído un total de 5.218 millones de dólares, reduciéndose en promedio 22 millones de dólares diarios. La caída reportada el 13 de diciembre, lejos de ese promedio, es la tercera más grande del año después de las registradas el 25 de febrero (de 1.676 millones de dólares) y el 27 de octubre (909 millones de dólares). Esas reducciones del saldo en reservas coincidieron respectivamente con el vencimiento del Bono Soberano 2016 y del bono PDVSA 2016. Vale recordar que el 30 de noviembre el saldo en reservas había registrado un aumento de 891 millones de dólares en un día. El aumento en 245 millones de dólares del 14 de diciembre es el quinto mayor aumento en lo que va de año.

Se desconoce la razón de estos movimientos

La caída del 13 de diciembre no coincide con vencimientos de deuda estructurada, pero precede a las compensaciones acordadas con Gold Reserve: un primer pago de 300 millones de dólares el 15 de diciembre, y un segundo pago por 470 millones de dólares antes del 3 de enero. En todo caso, hasta el momento no se conoce una explicación oficial a la súbita disminución, así como del aumento en 245 millones de dólares de las reservas internacionales.

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¿Cuál es el impacto del recorte de la OPEP para Venezuela?; por Barbara Lira y Richard Obuchi

El 30 de noviembre, la OPEP anunció un recorte de 1,2 millones de barriles diarios (BD) de petróleo entre sus países miembros —una reducción de 4% de producción de la OPEP— a partir de enero de 2017. Además, algunos productores fuera de la OPEP contribuirían con reducciones por 600.000 BD, y particularmente Rusia recortaría 300.000

Por Bárbara Lira y Richard Obuchi | 2 de diciembre, 2016

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El 30 de noviembre, la OPEP anunció un recorte de 1,2 millones de barriles diarios (BD) de petróleo entre sus países miembros —una reducción de 4% de producción de la OPEP— a partir de enero de 2017. Además, algunos productores fuera de la OPEP contribuirían con reducciones por 600.000 BD, y particularmente Rusia recortaría 300.000 BD. Venezuela acordó recortar 95.000 barriles al día su producción en el marco del acuerdo.

Un primer elemento a tomar en cuenta, es que el precio del petróleo en el mercado internacional debe aumentar al menos 6 dólares por encima del precio promedio actual de 34,21 dólares por bolívares de la canasta Venezuela para que los ingresos en divisas de PDVSA en 2017 sean similares a los de 2016. En otras palabras, para compensar la disminución en la producción por el recorte OPEP, el precio promedio del año debe aumentar en al menos 6 dólares.

Según el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, el acuerdo podría lograr que los precios suban entre 10 y 15 dólares por encima del nivel actual. ¿Cuánto podría aliviar las necesidad de divisas un incremento del precio de esta magnitud? De lograrse este resultado, habría una mejora en los ingresos a la caja de PDVSA con respecto a 2016 pero no habrá una mejora sustantiva en los resultados económicos del país debido a la precaria situación en la cual se encuentran variables claves.

Vale recordar que en 2015 y 2016 la República ha liquidado activos para suplir parte de sus necesidades de importaciones y pagos de deuda, y así compensar la merma en la entrega de divisas por parte de PDVSA. Es notable el caso de las reservas internacionales, que han caído en 4.622 millones de dólares en lo que va de año. Para 2017 quedan pocos de estos activos liquidables, particularmente las reservas internacionales se encuentran en 11.748 millones de dólares al 30 de noviembre de 2016. Mientras, los compromisos del país son más grandes, tal que solo en deuda externa PDVSA y la República deben pagar respectivamente 6.800 y 3.000 millones de dólares en 2017. Y no hay que olvidar que la notable caída de las importaciones en —una caída de 45% según nuestras estimaciones— ha contribuido al deterioro y recesión en las actividades económicas de este año. Se suma a todo lo anterior las caídas en la producción de PDVSA como consecuencia de haber invertido sistemáticamente por debajo de lo óptimo desde al menos 2014.

En estas condiciones, un aumento de 15 dólares en el precio promedio del año sería equivalente a cerca de 7.000 millones de dólares adicionales, que el Estado venezolano tendría que utilizar para permitir que PDVSA invierta en recuperar y sostener producción, pagar deuda externa y comercial, o mantener el nivel de importaciones. En ausencia de suficientes activos liquidables y sin acceso al crédito internacional, la nación no podrá cumplir con todo a la vez, incluso si el barril lograra subir 15 dólares. Un aumento en esta magnitud sería un alivio pero no sería suficiente para revertir los graves problemas de funcionamiento de nuestra economía.

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Barbara Lira (@BSLira) es economista de ODH; Richard Obuchi (@RichardObuchi) es Director de ODH y profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA

PDVSA: ¿default o manipulación de las calificadoras de riesgo?; por Richard Obuchi

Según un reporte de JP Morgan ampliamente reseñado por los medios de comunicación, PDVSA habría activado el período de gracia de 30 días para el pago de intereses de los bonos PDVSA 2021, PDVSA 2024 y PDVSA 2035. Según el reporte, el monto total a pagar era de US$ 539 millones de dólares pero PDVSA

Por Richard Obuchi | 22 de noviembre, 2016

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Según un reporte de JP Morgan ampliamente reseñado por los medios de comunicación, PDVSA habría activado el período de gracia de 30 días para el pago de intereses de los bonos PDVSA 2021, PDVSA 2024 y PDVSA 2035. Según el reporte, el monto total a pagar era de US$ 539 millones de dólares pero PDVSA solo había pagado US$ 135 millones para el lunes 21 de noviembre de 2016, los cuales correspondían al pago de intereses del PDVSA 2026.

Anoche, Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, escribía en twitter: “Totalmente falsa información de default de PDVSA que los enemigos de la patria han difundido [y luego afirmó que] Una vez más las calificadoras de riesgo internacionales y sus títeres nacionales salen a propagar información falsa irresponsablemente!!”, acompañado de un comunicado de PDVSA en el cual se afirmaba que:

“Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informa que los bonos emitidos por la corporación han sido cancelados de manera puntual al pago de la deuda y rechaza categóricamente las falsas versiones de prensa difundidas respecto a este tema.

Se informa a todos los tenedores de los Bonos PDVSA con vencimientos al 2021, 2024 y 2026, que, de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos en noviembre de 2011, noviembre de 2013 y mayo de 2014 respectivamente, ya se efectuaron los pagos de intereses, correspondientes al semestre terminado en noviembre de 2016.

En relación con el Bono PDVSA con vencimiento al 2035, emitido en mayo de 2012, se informa que el pago de intereses, correspondiente al semestre terminado en noviembre de 2016 se encuentra en proceso de ejecución, según los términos y condiciones que establecen los lapsos previstos en esa emisión”.

¿Hubo default?

Lo informado por JP Morgan es que los tenedores de bonos no recibieron los pagos de intereses de los bonos PDVSA 2021, 2024 y 2035 en la fecha prevista en las condiciones de la emisión y con ello se activó el período de gracia. En particular, los pagos de intereses se debían ejecutar del 15 al 17 de noviembre dependiendo del bono: PDVSA 2021 el 17 de noviembre; PDVSA 2024 el 16 de noviembre; PDVSA 2026 el 15 de noviembre y PDVSA 2035 el 17 de noviembre.

¿Qué significa que se activó el período de gracia? Los términos de la emisión de los bonos de PDVSA establecen un plazo o período de gracia de 30 días continuos para el pago de intereses a partir de la fecha en que se debía ejecutar el pago. Dada esta provisión, este retraso no constituye un evento de default, el cual activaría la posibilidad de que un grupo de tenedores de bonos demande el pago inmediato de los bonos.

En otras palabras, hay retraso pero no un evento de default. PDVSA está en una zona de alerta, y debe ejecutar los pagos de intereses de los PDVSA 2024 antes del 16 de diciembre y de los PDVSA 2012 y 2035 antes del 17 de diciembre. Si para esa fecha los tenedores de bonos no hubiesen recibido el pago de intereses, entonces si habría un evento de default.

De acuerdo con el comunicado de PDVSA, para los Bonos PDVSA 2021, 2024 y 2026 “ya se efectuaron los pagos de intereses, correspondientes al semestre terminado en noviembre de 2016”.Y según explicaba anoche Eulogio del Pino, el problema era que el agente pagador había recibido los recursos pero no había ejecutado el pago: “Nosotros pagamos todo ese dinero pero detectamos que el Citibank retarda muchos de esos pagos de forma deliberada, nosotros mandamos a pagar el jueves y ellos pagan el martes, cuando deben hacerlo efectivo inmediatamente y es cuando sale JP Morgan con esa información falsa generando una serie de especulaciones alimentada por factores de la oposición venezolana”.

Vale indicar que en el caso del Bono PDVSA 2035, el comunicado de PDVSA dice que “el pago de intereses, correspondiente al semestre terminado en noviembre de 2016 se encuentra en proceso de ejecución, según los términos y condiciones que establecen los lapsos previstos en esa emisión”, lo cual sugiere que PDVSA no ha realizado ese pago, algo que fue confirmado por Del Pino anoche cuando indicó —en referencia al pago de intereses de los PDVSA 2035— “nosotros en el interés del bono 2035, nosotros ahí tenemos un período de 30 días que bueno, estamos usando”.

En todo caso, JP Morgan en su nota sugería que en función de los esfuerzos realizados con el reciente canje de bonos y el pago de principal e intereses de los bonos PDVSA realizados en octubre y diciembre: “todavía creemos que PDVSA hará estos pagos durante el período de gracia”. Agregando que en todo caso esta situación resalta las dificultades que enfrenta PDVSA en el manejo de sus acreencias y efectivo.

La reacción de PDVSA sugiere que el compromiso de pago de la empresa se mantiene, pero claramente usar el período de gracia para pagar los intereses genera gran preocupación en los mercados, pues sugiere un flujo de caja muy debilitado o problemas administrativos en la ejecución de los pagos. Alternativamente, como afirmaba Maduro anoche, quizás se trata de que: “el imperio desesperado trata de hacer daño como sea a nuestra Patria con mentiras y manipulaciones”.

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¿Qué ha pasado con la autonomía del BCV durante los últimos años?; por Marinell Falcón y Gustavo Noguera

La reducción del encaje legal es una política monetaria expansiva y es de esperarse que aumente la liquidez monetaria y las presiones inflacionarias en un contexto recesivo. El 22 de septiembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro ordenó al BCV la reducción del encaje legal en 5 puntos porcentuales, de 21,5% a 16,5%. Y los

Por Marinell Falcón y Gustavo Noguera | 7 de octubre, 2016

Venezuela Que ha pasado con la autonomia del BCV los ultimos 8 años por Marinell Falcon y Gustavo Noguera

La reducción del encaje legal es una política monetaria expansiva y es de esperarse que aumente la liquidez monetaria y las presiones inflacionarias en un contexto recesivo. El 22 de septiembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro ordenó al BCV la reducción del encaje legal en 5 puntos porcentuales, de 21,5% a 16,5%. Y los recursos, cerca de 500 mil millones de bolívares serán destinados al desarrollo agrícola y agroindustrial.  A pesar de que el BCV debe ser un ente autónomo, ésta no es la primera vez que el Ejecutivo le impone presiones.

La autonomía del Banco Central de Venezuela con respecto al Poder Ejecutivo está contemplada en la Constitución. En su Artículo 318  señala que el BCV ejercerá las competencias monetarias de la Nación e indica que su objetivo fundamental es “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda”. En el mismo artículo se define a la entidad como una “persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia”. Aunque también agrega que “las funciones serán ejercidas en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación”, esto no implica que el BCV debe actuar bajo las directrices del Poder Ejecutivo. El Artículo 318 de la Constitución y el Artículo 7 de la Ley del Banco Central de Venezuela establecen que para cumplir con sus objetivos, la entidad tiene a su cargo las siguientes funciones: formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecución de la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés y administrar las reservas internacionales, entre otras.

A continuación, haremos un recuento de algunas medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional y cómo han interferido en la autonomía del BCV.

Presiones del Ejecutivo sobre el BCV

1. El “millardito” de dólares. Durante el año 2000, el presidente Hugo Chávez ejerció presiones sobre el directorio del BCV para que le traspasara al Ejecutivo ganancias cambiarias. En 2003, durante la transmisión del Aló Presidente N° 171, Chávez pidió al directorio del BCV traspasar “un millardito” de dólares de las reservas internacionales para financiar proyectos agrícolas.

El hecho despertó importantes críticas pues vulneraba abiertamente la autonomía del BCV. Domingo Maza Zavala, quien para entonces era Director del BCV, calificó de ilegal la medida y sugirió que se adoptaran medidas alternativas —enmarcadas en la Ley del BCV— para aumentar la disponibilidad de recursos con el fin de financiar actividades agrícolas. Una de ellas era que el BCV otorgara créditos temporales a las demás instituciones financieras; la otra, reducir el encaje legal para liberar mayores fondos de la banca.

La solicitud del entonces presidente Chávez no sería cumplida en ese momento, pero en 2004 el BCV dio su aval para que PDVSA desviara un millardo de dólares de las exportaciones petroleras para financiar proyectos del sector agrícola. La petrolera contaría con un fondo especial que serviría para atender al sector agrícola y para financiar obras de vialidad e infraestructura. Este fondo sería el predecesor del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), dando inicio al desvío de una parte de las divisas recibidas mediante exportaciones petroleras para su uso discrecional.

El directorio del BCV también planteó la reducción del encaje legal en 2 puntos porcentuales, medida que liberó cerca de 520 millones de bolívares para la cartera de préstamos agrícolas de la banca.

2. El Fonden. En 2005 se formalizó la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) dentro de una reforma a la Ley del BCV. Desde entonces, los ingresos extraordinarios de la renta petrolera irían al Fonden en vez de al Fondo de Estabilización Macroeconómica(FEM). El FEM —creado en 1998 con el objetivo de mejorar la estabilidad fiscal— fue perdiendo importancia. Durante 2011 PDVSA sustrajo 829 de los 832 millones de dólares que tenía el FEM para cumplir con varios proyectos habitacionales. Desde entonces, los fondos depositados en el FEM no han superado los 3 millones de dólares.

Antes de la reforma, las divisas que ingresaban al país por la venta de hidrocarburos de PDVSA debían ser vendidas al BCV. A partir del 2005, el remanente de divisas de PDVSA, después de cubrir sus contribuciones fiscales y gastos operativos, serían transferidas al Fonden (Artículo 113, Ley del BCV, año 2005). Además, en la reforma se estableció el concepto de “nivel óptimo de reservas” y se indicó que el BCV debía hacer una transferencia única de 6.000 millones dólares al Fonden durante el ejercicio fiscal 2005. El 20 de julio 2005, durante el lanzamiento del Programa para la Transformación Endógena de Barrios, Chávez celebró la aprobación de la reforma de Ley que él comenzó “pidiendo un millardito, ahora son seis millarditos los que podrá utilizar el gobierno”.

Si bien la Ley no lo establecía, el BCV transfirió 48.925 millones de dólares al Fonden entre 2005 y 2015. Este mecanismo, mediante el cual el BCV no recibía contraprestación en bolívares a cambio de los dólares entregados a Fonden, generó expansiones en la masa monetaria y, en consecuencia, creó mayores presiones inflacionarias, a la vez que alimentó el déficit del sector público.

Hasta el cierre de 2015, de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Finanzas a la Security and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, el Fonden había desembolsado más de 175.800 millones de dólares. De ellos, 34.800 millones de dólares fueron a proyectos de petróleo y minería, 2.500 millones de dólares a proyectos medioambientales, 6.600 millones de dólares a proyectos agrícolas, 5.600 millones de dólares a proyectos de vivienda y 3.100 millones de dólares a proyectos de ciencia y tecnología. El Ministerio de Finanzas no reporta el destino preciso de más de 123.000 millones de dólares del Fonden.  

3. Financiamiento PDVSA. A finales del 2009 se publicó la reforma parcial a la Ley del BCV (Gaceta Oficial 39.301. de fecha 6/11/2009) y los cambios realizados al Artículo 58 permitían al BCV comprar títulos emitidos por PDVSA. Es decir, la petrolera emitía deuda directamente al BCV  recibiendo bolívares a cambio con los que pagaba sus compromisos operativos. Esto fue un cambio importante, ya que permitía la monetización del déficit del sector público.

A partir de 2010, el BCV utilizó esta modificación para la emisión de más dinero con el objetivo de financiar a PDVSA. La cuenta de la petrolera en el BCV cambió drásticamente a partir del primer trimestre de 2010: dejó de representar un activo de PDVSA, para convertirse en un pasivo cada vez mayor para la empresa. El financiamiento ha ejercido importantes presiones sobre la liquidez monetaria, ya que PDVSA se sirve de éste para cumplir sus compromisos internos, inyectando así cada vez más dinero en la economía. Esto genera, a su vez, mayores presiones inflacionarias.

En la práctica, estas previsiones se cumplieron, especialmente a partir de 2012. Sin duda, el aumento acelerado del financiamiento del BCV a PDVSA ha estado ligado a mayores tasas de inflación. Sólo durante junio y agosto del 2016, el financiamiento del BCV a la petrolera estatal ha aumentado en más de 75%. Durante las 12 semanas  anteriores al 16 de septiembre, éste porcentaje ha crecido en 90%.

 

4. Créditos directos a sectores productivos. En 2010, la Asamblea Nacional reformó la Ley del BCV (Gaceta Oficial 39.419. de fecha 07/05/10). En esta nueva reforma se indica que el BCV es “autónomo para la formulación y ejercicio de las políticas de su competencia” y enfatiza que “no está subordinado a directrices del Poder Ejecutivo”. Sin embargo, al final del artículo se señala que el BCV contribuirá con el Poder Ejecutivo en la “realización de los fines superiores del Estado y la Nación” lo cual contradice a lo establecido en el Artículo 318 de la Constitución.

Tras la publicación de la reforma, duante una alocución el presidente Chávez  ordenó al BCV comenzar a entregar créditos “a los gobiernos locales, a los pueblos, para que vayan formando empresas populares, empresas que permitan desarrollar el país sin estar dependiendo de empresas privadas”.

La injerencia del Ejecutivo sobre el BCV ha dificultado el logro de los objetivos del ente emisor. La institución ha cedido ante presiones directas del Ejecutivo y a otros mecanismos menos obvios. Para garantizar la estabilidad de precios, el BCV debe desarrollar la política monetaria de manera independiente. A pesar de esto, en el 2015 se aprobó, mediante una Ley Habilitante, una nueva reforma a la Ley del BCV en la que se  permite que éste financie al Estado o a empresas públicas o privadas cuando exista “…una amenaza interna o externa a la seguridad…” (Artículo 37). Este artículo corre el peligro de ser usado de manera arbitraria en el marco de un Decreto de Emergencia Económica como el actual.

 

Decodificando los tres decretos de emergencia económica; por Anabella Abadi y Carlos García Soto

Partiendo de narrativa política de la “Guerra Económica” elaborada por el Poder Ejecutivo desde hace varios años, el Presidente de la República ha dictado durante 2016 varios Decretos de Emergencia Económica. Una de las particularidades institucionales con ocasión de estos Decretos es que han implicado la participación de tres órganos del Poder Público: el Poder Ejecutivo, el Poder

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto | 6 de octubre, 2016
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Fotografía de Meridith Kohut para The New York Times

Partiendo de narrativa política de la “Guerra Económica” elaborada por el Poder Ejecutivo desde hace varios años, el Presidente de la República ha dictado durante 2016 varios Decretos de Emergencia Económica. Una de las particularidades institucionales con ocasión de estos Decretos es que han implicado la participación de tres órganos del Poder Público: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los Decretos han sido dictados por el Presidente de la República, han sido desaprobados por la Asamblea Nacional, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado su constitucionalidad.

Estas notas pretenden resumir la cronología institucional de los Decretos de Emergencia Económica y analizar, desde la perspectiva económica, en qué se han materializado los 52 decretos emitidos bajo el amparo de la emergencia económica.

Decodificación económica
de los Decretos de Emergencia Económica

¿Para qué se aprobaron los Decretos de Emergencia Económica según el Gobierno Central?

 De acuerdo al informe anual que el gobierno de Venezuela presenta ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés):

—Primer Decreto de Emergencia Económica (Decreto Nº 2.184, Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.214 extraordinario de 14 de enero de 2016):

“Decretaba un estado de emergencia económica por 60 días con el fin de garantizar el acceso a alimentos y servicios esenciales y combatir la crisis económica y la alta inflación. El decreto dio al presidente Maduro el poder de: (1) dictar las políticas económicas, (2) acceso a los fondos asignados al presupuesto de 2015 y realizar gastos fuera de las asignaciones hechas en virtud de la ley de presupuesto 2016, (3) evitar los procedimientos de intercambio establecidos por CENCOEX y Banco Central con el fin de facilitar la importación de productos de primera necesidad y (4) promover la inversión extranjera y las misiones socialistas”.

—Segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (Decreto Nº 2.323, Gaceta Oficial Nº 6.227 extraordinario de 13 de mayo de 2016):

“Declaró 60 días de estado de emergencia debido a acontecimientos sociales, económicos, políticos y ecológicos extraordinarios. El decreto otorgó poderes de emergencia adicional al presidente Maduro para combatir la crisis económica y la crisis eléctrica, tales como el poder de imponer controles sobre la producción y distribución de bienes y el poder para mantener el orden público a través del uso de las fuerzas armadas”.

—Tercer Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (Decreto Nº 2.452, Gaceta Oficial Nº 6.256 extraordinario de 13 de septiembre de 2016):

“Renovó los poderes de emergencia del presidente Maduro, dándole la autoridad para promover la producción y distribución de alimentos, implementar planes de seguridad e imponer suspensiones limitadas de sanciones contra los funcionarios gubernamentales de alto nivel”.

 ¿Cuáles fueron las materias atendidas por los decretos presidenciales amparados bajo los Decretos de Emergencia Económica?

De los 52 Decretos presidenciales aprobados explícitamente bajo el amparo de los tres decretos de emergencia económica entre enero y septiembre de 2016, 25 —casi la mitad— correspondieron a la asignación de recursos adicionales. En total, estos recursos sumaron 1.682.815.017.169,95 bolívares, lo equivale a un 108,7% del presupuesto nacional del año 2016. El 79,5% de los recursos fue dirigido a cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con gastos de personal, aumentos de salarios y de bonos de alimentación de la Administración Pública y aumentos de las pensiones del IVSS. Otros dos Decretos permitieron reconducir recursos hacia el Fonden, hacia el Servicio Autónomo de los Servicios Ambientales (SAMARN) y hacia la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA).

Nueve de los decretos presidenciales fueron dirigidos a atender la crisis eléctrica. Entre ellos, seis se utilizaron para decretar días no laborales para el sector público, dos para ajustar los horarios de trabajo de órganos y entes del sector público y uno para modificar el huso horario.

Tres decretos tenían como objetivo fomentar la actividad económica: la creación del Banco de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria, S.A., la promulgación del Instructivo sobre Simplificación de los Trámites y Procesos Vinculados con la Exportación de Mercancías No Tradicionales, y la creación de las Autoridades Únicas del Sistema Portuario. Otros tres decretos atendieron distintas aristas de la actividad minera y dos decretos fueron dirigidos a atender el abastecimiento mediante la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas y la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

En materia de gasto social, dos decretos permitieron dictar el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones, sobre el Fondo Nacional de Misiones; y la creación de la Tarjeta de las Misiones Socialistas para los Hogares de la Patria. Vale decir, bajo el amparo de la prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica (Decreto Nº 2.371) se aprobaron dos decretos para oficializar el tercer aumento de salario mínimo y el tercer ajuste de la base de cálculo del bono de alimentación del año 2016.

Un Decreto dio al Ejecutivo Nacional derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro; otro estableció que 20% de la cartera de crédito bruta anual de los banco se destinará a la concesión de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejoras y ampliación de vivienda principal; y otro exoneró del pago del ISLR a las personas naturales residentes en el país que ganen hasta 3.000 U.T.

Por último, el Ejecutivo Nacional hizo uso de la prórroga del Decreto de Emergencia Económica  (Decreto Nº 2.270) para restringir y diferir las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros o contra el Vicepresidente Ejecutivo, en las cuales soliciten su remoción.

A continuación, puede ver detallada  la distribución relativa de los 52 Decretos aprobados bajo el amparo de los tres decretos de emergencia económica entre enero y septiembre de 2016.

La revisión detallada de los decretos emitidos bajo la emergencia económica revela que, aunque se supone que los decretos de emergencia económica estarían destinados a enfrentar la actual crisis económica, la prioridad no fue la lucha contra la inflación y la escasez. El gobierno priorizó la asignación arbitraria de recursos adicionales para cubrir los costos de una creciente nómina pública y atender una crisis eléctrica generada por la falta de inversión y mantenimiento en el sector. Estos dos asuntos ocuparon 34 de los 52 decretos presidenciales (65%) aprobados, hasta el momento, en el marco de la emergencia económica.

Los tres decretos presidenciales en materia minera se firman en el marco de la formalización del Arco Minero, proyecto que se implementa para intentar palear la caída en el flujo de divisas generado por la exportación del volátil petróleo con divisas provenientes de la venta del también volátil oro. Es la sustitución de una forma de rentismo por otra.

Apenas tres decretos presidenciales parecen fomentar la actividad económica y dos a atender el abastecimiento. Más aún, la implementación efectiva de estos decretos no generará mejoras sostenibles en el acceso y disponibilidad de bienes y servicios, pues no se enmarcan en un plan integral de reformas económicas.

Los restantes 10 decretos, que atienden desde el movimiento de recursos hasta el incremento del salario mínimo y diferir las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los Ministros, simplemente realzan lo evidente: los decretos de emergencia económica no han buscado atender la actual crisis económica, sino brindar cada vez mayor discrecionalidad a un gobierno que se caracteriza por la improvisación y el desorden fiscal.

Cómo operar PDVSA con pérdidas y aun así reportar ganancias; por Armando Romero y Bárbara Lira

De acuerdo a cifras publicadas recientemente por la OPEP, al cierre de agosto de 2016 la producción de petróleo de Venezuela alcanzó 2,328 millones de barriles diarios (MMBD). La producción acumula 10 meses consecutivos de caída, dejando en evidencia un cúmulo de problemas operativos. Adicionalmente, los intentos por lograr un canje de bonos de su deuda

Por Armando Romero y Bárbara Lira | 23 de septiembre, 2016

Una mirada a las finanzas de PDVSA cómo operar con pérdidas y aun así reportar ganancias; por Armando Romero y Bárbara Lira

De acuerdo a cifras publicadas recientemente por la OPEP, al cierre de agosto de 2016 la producción de petróleo de Venezuela alcanzó 2,328 millones de barriles diarios (MMBD). La producción acumula 10 meses consecutivos de caída, dejando en evidencia un cúmulo de problemas operativos. Adicionalmente, los intentos por lograr un canje de bonos de su deuda para aliviar los pagos por venir en meses cercanos, hablan de la compleja situación de las finanzas de PDVSA a la fecha.

Los Estados Financieros Consolidados de PDVSA, publicados en su página web, muestran cómo la profundización en la caída del precio del petróleo durante 2015 causó un severo deterioro en los ingresos de la estatal. Durante 2015, la cotización promedio de la cesta venezolana cayó 50% con respecto al año previo (pasando de 88,42 dólares por barril a 44,65 dólares por barril), y los ingresos mostraron una disminución de 41% respecto a 2014, cerrando en 2015 en aproximadamente 72 mil millones de dólares.

Los costos de PDVSA también disminuyeron, aun cuando en menor proporción. En 2015, los costos alcanzaron cerca de 59 mil millones de dólares, 39% menos que el año previo. En tanto la ganancia integral neta declarada en 2015 estuvo muy cercana a 5 mil millones de dólares, 70% por debajo de las ganancias del año anterior.

Sin embargo, el origen de las ganancias que obtuvo PDVSA en 2015 es revelador de la situación operacional de la empresa. El análisis en detalle de los resultados revela que en el segmento de operaciones PDVSA arrojó pérdidas por un monto superior a 3,2 mil millones de dólares. Esto significa que los ingresos por ventas de petróleo, gas, productos refinados y otros —las actividades centrales de la empresa— fueron menores que los gastos con que opera más las regalías y otros impuestos que paga al Estado. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de PDVSA.

Históricamente, el balance operativo de PDVSA había variado según los cambios en el precio del petróleo, la producción y el tipo de cambio, principalmente. La ganancia operativa ya había estado disminuyendo, pero nunca había sido inferior al 2% del PIB. Desde 2011, aún con elevados precios del petróleo, este superávit en operaciones se fue reduciendo dramáticamente, hasta terminar en la pérdida de 2015. Esto refleja una situación grave para la viabilidad de la estatal como empresa petrolera. Sin embargo, esto no es visible en la ganancia reportada.

La pérdida en operaciones logra revertirse en los estados financieros, en los que obtiene una ganancia integral positiva. De los 72 mil millones de dólares en ingresos reportados por PDVSA, 55 mil millones tienen origen en su actividad principal. El resto, aproximadamente 16,8 mil millones de dólares, corresponden a ingresos financieros, un concepto que la empresa comenzó a reportar desde 2006. El 90% de estos ingresos se generan como consecuencia de la ganancia en cambio de divisas que obtiene PDVSA cuando el gobierno decide devaluar el tipo de cambio.

La mayor parte de la ganancia cambiaria que obtiene PDVSA proviene de la reducción real de la deuda que la estatal mantiene con el BCV desde 2010 y que ha crecido casi exponencialmente desde 2013. Con una variación de casi 1000% en el tipo de cambio promedio autorizado al sector petrolero (que pasó de 6,30 bolívares por dólar en 2014 a 68,75 bolívares por dólar en 2015), estos ingresos aumentaron considerablemente. PDVSA habría reportado pérdidas superiores a los 11 mil millones de dólares en 2015 de no haberse generado esta ganancia cambiaria.

Otro elemento a considerar es que PDVSA declaró un impuesto sobre la renta efectivo negativo superior a 3,7 mil millones de dólares. Esto significa que aplazó el pago de este impuesto en un monto superior al que efectivamente pagó al fisco, lo que le permitió aumentar las ganancias reportadas en 2015.

La relación entre PDVSA, la República y el BCV se ha convertido en un arreglo en el que se extraen dólares a la estatal (a través de regalías y otras contribuciones), se le inyectan bolívares (a través de financiamiento monetario) y aun así pueden reportarse utilidades. De esta manera, el esquema fiscal y cambiario aplicado a PDVSA (regalías, ISLR negativo y aumento del tipo de cambio), así como sus resultados financieros, han tratado de ocultar la situación operativa de la empresa.

Las caídas de la producción son la más clara evidencia de esta situación. Mucho más que eso, son una señal de que al momento de decidir un uso para los reducidos recursos disponibles de PDVSA, la inversión en producción y la eficiencia no han estado en el tope de las prioridades. Para que la empresa pueda funcionar de mejor manera y crecer en el futuro, es necesario que se aclare la gravedad y alcance de su situación operacional y financiera, así como sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.

La pobreza en Venezuela está aumentando: ¿qué dicen los nuevos datos?; por Anabella Abadi M.

Venezuela atraviesa la crisis económica más importante de su historia, afectando con particular fuerza a las poblaciones más vulnerables. Para 2015, cifras oficiales de pobreza indican que miles de familias salieron de la pobreza extrema, pero muchas más entraron en situación de pobreza. En esta edición revisaremos cuáles han sido los principales cambios en la

Por Anabella Abadi M. | 13 de septiembre, 2016
La pobreza en Venezuela está aumentando ¿qué dicen los nuevos datos; por Anabella Abadi M. 640

Barrio Santa Cruz del Este, Caracas. Fotografía de Nicola Rocco. Archivo Fotografía Urbana. 2004. Haga click sobre la imagen para ver toda la galería.

Venezuela atraviesa la crisis económica más importante de su historia, afectando con particular fuerza a las poblaciones más vulnerables. Para 2015, cifras oficiales de pobreza indican que miles de familias salieron de la pobreza extrema, pero muchas más entraron en situación de pobreza.

En esta edición revisaremos cuáles han sido los principales cambios en la estructura de la pobreza durante 2015, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas recientemente, así como algunas cifras alternativas. También se hará referencia a la política de gasto social del actual gobierno y el contexto económico que dificultan romper el ciclo de la pobreza.

¿Qué dicen las cifras?

Aumentó número oficial de hogares pobres medida por linea de ingreso. La pobreza medida según línea de ingreso (LI) considera el poder de compra de los hogares venezolanos, siendo pobres los que no pueden cubrir el costo de la canasta básica. Se considera que un hogar está en pobreza extrema cuando no puede cubrir el costo per cápita de la canasta alimentaria normativa.

De acuerdo a los datos del INE, en el primer semestre de 2015 la tasa de pobreza según LI fue de 33,1% y la pobreza extrema de 9,3%, inferiores a las respectivas tasas de 42,8% y de 16,6% del primer semestre de 1999. Sin embargo, en el primer semestre de 2015, el INE registró 359.774 más hogares pobres que en el primer semestre de 1999: 121.111 hogares salieron de la pobreza extrema, pero 480.885 hogares entraron en situación de pobreza no extrema. Resalta que el primer semestre de 2015 es el semestre con mayor número de hogares en pobreza no extrema en lo que va del siglo XXI.

Aumentó número oficial de hogares pobres según necesidades básicas insatisfechas. Para medir la pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI) se hace seguimiento a cinco indicadores: inasistencia escolar, hacinamiento crítico, vivienda inadecuada, carencia de servicios básicos y alta dependencia económica. Son pobres los hogares con una o más de esas cinco necesidades básicas insatisfechas, y pobres extremos quienes reporten dos o más.

En 2015, la pobreza según NBI fue de 19,7% y la pobreza extrema de 4,9%, inferiores a las respectivas tasas de 29,3% y de 9,9% de 1999. Sin embargo, en 2015 el INE registró 26.288 más hogares pobres según NBI que en 1999: 124.655 hogares salieron de la pobreza extrema, pero 150.943 hogares entraron en situación de pobreza no extrema. Si bien en 2015 se registró el menor número de hogares pobres extremos según NBI en lo que va del siglo XXI, es el año en que se registró el mayor número de hogares pobres no extremos según NBI.

Universidades estiman una pobreza mucho mayor a la oficial. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) levantada por las universidades UCAB, UCV y USB busca llenar el vacío generado por la falta de información pública adecuada y oportuna sobre la situación social del país.

Los resultados de Encovi 2015 reflejan que 73% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de pobreza según línea de ingreso: 49,9% de pobreza extrema y 23,1% de pobreza no extrema. Por su parte, la pobreza según necesidades básicas insatisfechas alcanzó a 29,1% de los hogares venezolanos: 10,4% de pobreza extrema y 18,7% de pobreza no extrema.

Se registran crecientes niveles de hambre. Mientras más pobre es una familia, mayor es la porción del ingreso familiar que tendrá que destinar a la compra de alimentos. Al caer la capacidad de compra del bolívar, los más pobres son los que primero se enfrentan a la imposibilidad de comer tres veces por día.

Una encuesta impulsada por la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional –entre el 8 y 12 de agosto de 2016– reveló que 53,9 % de los consultados se había acostado a dormir con el estómago vacío y que 1 de cada 4 encuestados come sólo dos veces por día y su dieta no incluye proteína alguna. Además, los hijos o representados de 38,1 % de los consultados dejaron de ir a la escuela en alguna ocasión por no tener suficiente comida en su hogar y 57,8 % de los encuestados había dejado de alimentarse para darle comida a sus hijos.

Según datos de la Alianza de Sistema de Monitoreo Nutricional reseñados en prensa, entre 20% y 25% de los niños en Venezuela presenta desnutrición aguda y crónica. Genera particular preocupación que mientras siguen creciendo los ingresos de niños a los hospitales por casos de desnutrición severa, la Encuesta Nacional de Hospitales 2016 registró que 63,64% de los hospitales públicos del país no tienen fórmulas lácteas, 27,27% tienen cantidades limitadas y 5,45% tienen “menor cantidad de lo indicado”. La encuesta también reveló que el servicio de nutrición en 92,7% de los hospitales públicos no es adecuado: 52,3% ofrece “3 comidas fallas en cantidad y salida”, 12,3% ofrece dos comidas o menos, 10,7% ofrece el servicio de manera intermitente y en 16,9% de los casos el alimento “lo trae un familiar”.

¿Qué ha pasado con el gasto social?

Las misiones Sociales fueron creadas con el objetivo de atender a la población más desfavorecidas. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Familiar del BCV de 2009, del 92,8% de los usuarios de Barrio Adentro, 63,6% de los de Mercal y al menos 53% de los de Robinson I y II, Ribas y Sucre no vivían en situación de pobreza.

Para 2015, los resultados de la Encovi reflejan que 70% de los beneficiarios de las misiones sociales no eran pobres según NBI, pero 76% si lo eran según LI (49% pobres extremos y 27% pobres no extremos). Expertos detrás de Encovi afirman que:

“la ‘mejora’ en la concentración (focalización) de los programas sociales se ha debido al extraordinario aumento de la pobreza [por nivel de ingreso y] no a una refocalización de los beneficiarios”

La creciente inflación y escasez característica de los últimos años ha limitado el poder de compra de los recursos que el propio Gobierno Central asigna al gasto público y, en consecuencia, a los programas sociales. Ajustando por inflación, el gasto público per cápita del 2015 es el 4to menor en los más de tres quinquenios de gestión del Socialismo del Siglo XXI, superado sólo por 1999, 2002 y 2003. Por tanto, no sorprende que –tal y como se precisa en los resultados Encovi 2015– “las Misiones que han experimentado aumento [en el número de beneficiarios] son las de tipo asistencial” como Mercal y Barrio Adentro.

En julio de 2016, el vicepresidente del Área Social, Jorge Arreaza, afirmó que desde 1999 el Gobierno Central había destinado –hasta la fecha— 914 mil millones de dólares a la inversión social. Sin embargo, los niveles de pobreza reflejan una asignación ineficiente de recursos, generando una relación de dependencia con el Gobierno Central.

Según Encovi 2015, 45% de los encuestados dicen haber sido excluidos del beneficio de las misiones sociales, 1 de cada 4 por razones políticas. Es por esto que “más de un tercio del país cree que para ser beneficiario de los programas sociales hay que ser partidarios del gobierno”.

Con casi 2,5 millones de hogares pobres, según linea de ingreso, y casi 1,5 millones de hogares pobres, según necesidades básicas insatisfechas, los programas sociales parecen ser necesarios. Sin embargo, sólo podrán contribuir a romper el ciclo de la pobreza si se solventan los evidentes problemas de ejecución que presentan, se coordinan sus labores y se dirigen a la población que verdaderamente las necesitan.

¿Qué podemos esperar para los próximos años?

La crisis acentúa el ciclo de la pobreza. La pérdida del poder de compra del bolívar, la limitada oferta de bienes y servicios, la pérdida de puestos de empleo con calidad y la baja calidad de los servicios públicos, han limitado la calidad de vida de todos los venezolanos, afectando con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.

La recesión económica que vive Venezuela desde el primer trimestre de 2014 y los relativamente bajos precios del crudo venezolano, han limitado la oferta de bienes y servicios —tanto nacionales como importados. Los rubros con menor disponibilidad son precisamente los de primera necesidad, resaltando una escasez de medicamentos de 76% en hospitales públicos según la Encuesta Nacional de Hospitales 2016.

Por su parte, entre enero y septiembre de 2016, entraron en vigencia tres aumentos de salario mínimo que suman 134%, pero cifras extraoficiales hablan de una inflación acumulada entre enero y agosto de 331,9%. Incluso, el bono de alimentación mensual de BsF 42.480 escasamente permite cubrir almuerzos de apenas BsF 1.930 en 22 jornadas laborales. Si bien los sueldos no son incentivo suficiente para seguir perteneciendo al mercado formal, el ausentismo cayó en industrias con comedor, ya que muchos trabajadores guardan la comida para llevarla a sus casas.

Si bien las crisis venezolanas en el pasado estuvieron asociadas en gran medida a caídas del precio del petróleo, la crisis actual —si bien se profundizó por la caída del precio del petróleo— comenzó en el primer trimestre de 2014 cuando el precio del petroleo aún rondaba los US$100 por barril.

La crisis actual es el resultado de un mal diseño de políticas públicas implementadas por más de una década y que han estado enfocadas en tener control político y económico, a pesar de sus pésimos resultados. En este sentido, la pobreza será un tema latente mientras Venezuela no logre corregir las distorsiones y las políticas que provocaron la crisis.