Blog de Víctor Salmerón

¿Por qué se acelerará la inflación en Venezuela?; por Víctor Salmerón

Semana del 5 al 11 de junio de 2017. Nicolás Maduro, Presidente de la República y quien impulsa las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, reparte millardos de bolívares en cada intervención: 4 mil millones para proyectos “socioproductivos”, 298 mil millones a comerciantes afectados por las protestas, 1.375 créditos a jóvenes, la próxima inauguración del

Por Víctor Salmerón | 15 de junio, 2017
Fotografía de Juan Barreto para AFP

Fotografía de Juan Barreto para AFP

Semana del 5 al 11 de junio de 2017. Nicolás Maduro, Presidente de la República y quien impulsa las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, reparte millardos de bolívares en cada intervención: 4 mil millones para proyectos “socioproductivos”, 298 mil millones a comerciantes afectados por las protestas, 1.375 créditos a jóvenes, la próxima inauguración del Banco de la Juventud que otorgará otros 200 mil préstamos a este segmento de votantes, 200 mil pensiones a adultos mayores, aumento de 15% en la tabla salarial de los maestros, fortalecimiento de las casas de alimentación y relanzamiento de los planes sociales a través del Estado Mayor Centralizado del Carnet de la Patria.

Encuestadoras como Datanálisis registran que 7 de cada 10 venezolanos catalogan de negativa la gestión del presidente y 85% de la población rechaza la propuesta de reformar la Constitución, por lo tanto, los reflejos políticos de Nicolás Maduro lo impulsan a elevar el gasto para tratar de recuperar el apoyo popular. Pero el camino elegido para inyectar bolívares acelerará la escalada de los precios en momentos en que la inflación ya ha golpeado la calidad de vida.

La fuente de recursos a la que se aferra la administración de Maduro es el Banco Central de Venezuela (BCV) que crea dinero en cantidades crecientes para financiar a las empresas públicas, principalmente a Pdvsa. A su vez, estas empresas transfieren los recursos al gobierno para que éste pueda aumentar el gasto. Las estadísticas oficiales registran que entre el cierre de 2016 y el pasado 21 de abril el dinero creado por el BCV para financiar al Gobierno aumentó 38% y se ubicó en 7,6 billones de bolívares.

El resultado es un ciclo que incrementa los desequilibrios. Gracias a la inyección de recursos, personas y empresas cuentan con más dinero que destinan a la compra de productos mientras que la oferta cae por controles de precios que no permiten cubrir los costos de producción. Un déficit de dólares que el Gobierno resolvió recortando la venta de divisas al sector privado y empresas estatizadas que producen poco o nada: es decir, más bolívares detrás de menos productos, una dinámica que aviva la inflación.

Ecoanalítica precisa el hundimiento de la oferta al señalar que en el primer trimestre de 2017 las importaciones se ubicaron en 4.193 millones de dólares, cifra que implica 26% de descenso respecto al mismo lapso de 2016, año que se caracterizó por recesión profunda y desabastecimiento de alimentos, medicinas y artículos de cuidado personal.

Al desajuste entre la oferta y la demanda se añade que una porción de los bolívares que ingresan a la economía se dirige a la compra de divisas, y el dólar se dispara en el mercado paralelo que sirve de referencia para el precio de una amplia gama de productos y servicios.

En la lista de factores que aceleran la inflación también figura el nuevo sistema complementario de divisas (Dicom) que ocasionó una fuerte devaluación, ya que el tipo de cambio se ha ubicado en torno a 2.200 bolívares por dólar versus 727 del Simadi. Las empresas tendrán que ajustar sus costos a esta nueva tasa e inevitablemente habrá un efecto en los precios.

Magnitudes monetarias

El bombeo de dinero por parte del Gobierno comienza a elevar la liquidez en magnitudes relevantes. En su informe El Tesorero la firma Síntesis Financiera señala:

“En el ámbito monetario continúan surgiendo señales de alarma, con serio impacto en materia de inflación. Es continua la aceleración en el crecimiento de la liquidez monetaria y su principal determinante, la base monetaria (dinero de alto poder), consignando sucesivos máximos históricos. Según la data más reciente, 26 de mayo 2017, la variación interanual de la liquidez monetaria alcanzó 265% y la base monetaria aumentó 428%. A nuestro juicio, es alta la probabilidad de que la liquidez monetaria cierre el año con un crecimiento interanual superior a 400%”.

 Agrega Síntesis Financiera:

“La acelerada expansión monetaria en un contexto recesivo, con control de cambios y racionamiento en el acceso a las divisas y fuerte escasez de bienes, tiene un rápido efecto sobre el nivel de los precios. También alimenta la subida del precio del dólar en el mercado paralelo”.

Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, explica que la expansión de la liquidez obliga a ajustar los estimados de inflación para este año:

“Estábamos trabajando con una proyección de inflación en un rango de 500%-700% que hemos elevado hasta 700%-900%. Eso nos acerca a la cota de los cuatro dígitos de inflación y por eso pensamos que este comportamiento, que no vemos indicios políticos de que vaya a cambiar, acerca el peligro de la hiperinflación. La Constituyente es un instrumento de supervivencia política y la posibilidad de que aquí a julio siga aumentando el gasto en medio de este populismo constituyentista son elevadísimas”.

Emisiones paralizadas

El Gobierno podría obtener recursos de una manera menos distorsionante a la emisión de bolívares por parte del BCV, si se endeudara a través de la colocación de bonos y letras del tesoro que comúnmente compran los bancos y las empresas de seguros, pero en lo que va de año el Ministerio de Finanzas se ha cerrado a esta posibilidad.

En la paralización de las emisiones influye la confrontación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional (AN). En condiciones normales el parlamento aprueba la Ley de Endeudamiento Anual que da piso legal a los decretos que permiten las colocaciones de bonos de la deuda pública y letras del tesoro. Pero el Gobierno, bajo el argumento de que la AN está en desacato, presentó la Ley de Endeudamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De esta forma la deuda pública cayó en una zona gris desde el punto de vista legal, que puede explicar la paralización de las emisiones. La ley presentada ante el TSJ contempla que el Gobierno podría emitir este año bonos por el orden de 107 mil millones de bolívares y letras del tesoro por cantidades que permitan que al cierre del año el saldo se ubique en 31.600 millones de bolívares.

Tamara Herrera considera que si bien el tema legal juega un rol en el comportamiento del Ministerio de Finanzas hay que tomar en cuenta que el ritmo de emisión ha bajado en los últimos años porque el Gobierno pareciera preferir el financiamiento a través del BCV.

La decisión del Ministerio de Finanzas de no emitir bonos y letras del tesoro está impactando a los bancos y las empresas de seguros que enfrentan problemas para invertir los bolívares ociosos y constituir sus reservas.

La recaudación

El pasado 1 de abril el presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, celebró que la institución “cumplió en 198% la meta de recaudación de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en el primer trimestre del año”, y agregó que “todo lo que se recauda está destinado para las obras y proyectos que lleva la revolución para el beneficio de todo el pueblo venezolano”.

Si el Seniat tiene tanto éxito en la recaudación de impuestos, ¿por qué el Gobierno tiene un déficit que cubre con el dinero que crea el BCV? Básicamente, porque la cifra que celebra el Seniat no toma en cuenta el impacto de la inflación. Al transformar los bolívares que recauda a términos reales, es decir, en sueldos, comida o viviendas, el organismo recolectó billetes con menos capacidad de compra, que no alcanzan para cubrir el gasto.

Frank Muci, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, indica que la caída en la recaudación tributaria es una causa fundamental en el desequilibrio de la economía venezolana. Dice:

“Cuando el BCV financia a Pdvsa y otras empresas públicas es porque el gobierno tiene un déficit que cubre imprimiendo dinero. Entonces, la pregunta es por qué el déficit que tienen que monetizar ha crecido y la respuesta tiene que ver con muchas cosas, pero la más importante es que la recaudación real de impuestos ha estado cayendo por el descenso de la actividad económica”.

Agrega Frank Muci:

“Las ventas de las empresas y los negocios están cayendo, en algunos casos la contracción es de 70%, por lo tanto, la actividad económica sobre la cual el fisco puede cobrar impuestos se contrae. Si el gasto, en términos reales, desciende menos que la recaudación, el déficit que tienes que monetizar se vuelve más grande, creo que eso es lo que está pasando”.

Otro elemento que se debe tomar en cuenta es lo que Muci llama el tránsito hacia una economía menos formal:

“La estructura de consumo está cambiando, antes los consumidores compraban sus bienes en establecimientos formales que pagan impuestos, ahora creo que los consumidores están comprando más en establecimientos informales que no pagan impuestos, que no pagan IVA, que no pagan ISLR, que no tienen empleados que pagan impuestos, entonces se está transitando de una economía formalizada a una menos formalizada y por supuesto allí el fisco deja de percibir ingresos”.

De acuerdo con cálculos de Ecoanalítica entre marzo de 2016 y marzo de este año la inflación registró un salto de 673%. Al incluir esta variable, en términos reales, la recaudación del Seniat registró una caída de 45,6% respecto al primer trimestre del año pasado.

El tipo de cambio

Mientras la inflación galopa, el Gobierno recibe muy poco por la gran mayoría de las divisas que vende porque el tipo de cambio protegido (Dipro) se ubica en 10 bolívares por dólar, un nivel artificialmente bajo que impacta las finanzas públicas.

El resultado es que el déficit crece porque los trabajadores públicos como los maestros y médicos reclaman aumentos de salarios y los materiales para la Gran Misión Vivienda, por ejemplo, son más caros, mientras que buena parte de los dólares provenientes del petróleo aportan lo mismo.

Así, surge una dinámica negativa en la que cada vez el BCV tiene que fabricar más billetes para que el Gobierno cubra sus gastos y se acelera la inflación.

Frank Muci no duda en señalar que es urgente devaluar:

“El tipo de cambio de 10 bolívares por dólar es absolutamente irreal y tiene consecuencias graves. El Banco Central le ha prestado a Pdvsa una cantidad equivalente a toda la base monetaria porque Pdvsa vende sus dólares muy baratos”.

Desde su punto de vista si no hay cambios en la conducción de la economía el resultado puede ser muy dañino:

“Aún no estamos en hiperinflación, si vamos a llegar allí depende de las políticas del Gobierno. Si solo estamos comenzando a ver la expansión del gasto, la situación puede empeorar mucho”.

Los precios han demostrado que pueden elevarse a velocidades insospechadas para los venezolanos. En 2012, el año previo a que Nicolás Maduro asumiera la presidencia, la inflación fue de 20% y en 2015, cuando el BCV ofreció por última vez datos oficiales, el salto fue de 180%, la mayor variación desde 1950, año más antiguo en las estadísticas del país. Hoy, muchas familias firmarían cualquier cosa por regresar a 2015.

En su informe de junio, Latinfocus registra que Citigroup proyecta que este año Venezuela sufrirá una inflación de 800%, Ecoanalítica 887% y Goldman Sachs 916%. Peligrosamente, antes de que Nicolás Maduro le inyectara más gasto a la campaña por la constituyente, analistas ya veían al país al borde de una inflación de 1.000%.

¿Qué esperar del nuevo Dicom?; por Víctor Salmerón

Tras los fracasos del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), del Sistema Complementario de Administración de Divisas repotenciado (Sicad II), del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) y del tipo de cambio complementario (Dicom), el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela anunciaron

Por Víctor Salmerón | 24 de mayo, 2017
De izquierda a derecha: Orlando Ochoa, Tamara Herrera, y Richard Obuchi

De izquierda a derecha: Orlando Ochoa, Tamara Herrera, Alejandro Grisanti y Richard Obuchi

Tras los fracasos del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), del Sistema Complementario de Administración de Divisas repotenciado (Sicad II), del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) y del tipo de cambio complementario (Dicom), el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela anunciaron el “nuevo Dicom”.

Al igual que en las oportunidades anteriores, el sistema raciona la cantidad de dólares que pueden ser comprados. Las empresas podrán adquirir hasta un máximo de 400 mil dólares mensuales y las personas naturales hasta 200 dólares trimestrales. Para calcular el monto máximo que puede comprar una empresa, que nunca podrá superar los 400 mil dólares mensuales, se establece que será el equivalente a “30% del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior”.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, en la convocatoria de cada subasta, el Banco Central de Venezuela establecerá el límite inferior y superior de la banda en la que debería ubicarse el tipo de cambio. Los compradores colocarán una orden con la cantidad de dólares que desean adquirir y el precio que están dispuestos a pagar. El sistema informático las organizará de manera automática en forma descendente: desde la orden que ofrece el precio mayor hasta la menor.

Los dólares se asignará a quien esté dispuesto a pagar el monto mayor hasta que se acabe la oferta. El tipo de cambio oficial que resultará de la subasta será el más bajo a cancelar por quienes recibirán divisas. Un aspecto relevante es que si bien el tipo de cambio oficial será el más bajo entre quienes reciben dólares, cada comprador cancelará el precio que colocó en su orden de compra. El ministro de Finanzas señaló que “cada comprador pagará lo que ofertó, el precio que estableció […], es importante que tengamos clara esa forma de determinar”.

El tipo de cambio oficial será el utilizado por las autoridades para determinar las estructuras de costos en las empresas que utilicen dólares propios para importar maquinaria, insumos o materia prima.

Más de lo mismo

El economista y director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, advierte que el gobierno camina hacia un nuevo revés:

“El nuevo Dicom está condenado al mismo fracaso de los sistemas anteriores. Es asombroso que no hayan aprendido nada del pasado y se anuncie una estructura que pretende controlar a quien le entregan los dólares a un precio artificialmente bajo”

Añade Alejandro Grisanti:

“Tengo entendido que este sistema de bandas va a arrancar estableciendo un tipo de cambio más cercano al Dicom actual (que finalizó en 726 bolívares por dólar) que del tipo de cambio paralelo que es muy superior (una ley prohíbe divulgar su cotización). Se puede decir que el paralelo es muy poco transparente, pero es un tipo de cambio que actúa como referencia. Por lo tanto, al precio artificialmente bajo que va a fijar el nuevo Dicom no va a haber incentivos para vender divisas y la oferta del sector privado será mínima. Es por esto que el nuevo Dicom está destinado al fracaso, al igual que los sistemas anteriores anunciados por el gobierno de Nicolás Maduro”

Alejandro Grisanti destaca que sigue intacto el incentivo para el arbitraje:

“Existe la oportunidad de comprar dólares en el nuevo Dicom y revenderlos en el mercado paralelo. Esto se traduce en empresas de maletín, corrupción e ineficiencia en la asignación de divisas, como ya hemos visto en el pasado”

El director de Ecoanalítica introduce el tema de la corresponsalía:

“Este nuevo Dicom realizará sus operaciones a través de la banca pública que no tiene bancos corresponsales capaces de hacer transferencias en poco tiempo por temas regulatorios. Esto se traducirá en que las empresas tendrán que esperar un tiempo inusual para recibir las divisas y evidentemente habrá desconfianza en el sector privado”

Alejandro Grisanti considera que el Banco Central de Venezuela no tiene cómo ofertar montos significativos por un tiempo prolongado en la nueva estructura:

“Hemos visto que la banca pública ha estado vendiendo bonos en divisas que tiene en su portafolio y se espera que esos dólares sean utilizados para alimentar al nuevo Dicom. Al inicio seguramente se hará un esfuerzo por ofertar algunos montos importantes, pero me extrañaría si se ofertan más de 20 millones de dólares a la semana. Esta una cifra que está muy lejos de resolver la escasez de divisas que sufre el sector privado y que se traduce en empresas sin materia prima e insumos para producir”.

El racionamiento

Para el profesor del IESA y director de la firma ODH, Richard Obuchi, el nuevo Dicom derivará en un mecanismo arbitrario:

“Un primer elemento es que el tipo de cambio no se establece por medio de la libre oferta y la demanda sino mediante un mecanismo intervenido donde se limita la cantidad de divisas que se pueden comprar y se establece una banda que muy probablemente va a señalar un tipo de cambio inferior al del mercado. Entonces, va a tener que haber un racionamiento fuerte y las divisas se asignarán de manera arbitraria”

Desde su punto de vista no hay nada que apunte a mayor credibilidad en la política cambiaria:

“No hay condiciones para satisfacer la demanda a un tipo de cambio que se ubique por debajo del paralelo, entre otras cosas, porque nadie va a querer vender dólares, solo comprar. No hay ningún elemento que permita aumentar la credibilidad. A lo sumo diría que se les da a las empresas cierto margen para operar legalmente”.

Techo bajo

La economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, fija su atención en el mecanismo que se emplea para limitar los dólares que pueden comprar las empresas:

“Se establece un monto máximo de 400 mil dólares mensuales para las empresas y se indica que el techo se fijará utilizando como parámetro el 30 por cieto del ingreso bruto promedio mensual actualizado declarado en el impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. Es decir, si una empresa vendió poco el año pasado y ahora tiene un plan de crecimiento y necesita dólares estará fuertemente limitada, es algo que impide el crecimiento. Si bien se dice que el monto será actualizado, no está nada claro cómo es el mecanismo y si se utiliza como referencia la inflación que calcula el Banco Central evidentemente será algo muy distorsionado”

Tamara Herrera considera que el sistema tendrá que nutrirse con bonos en dólares, de lo contrario, la oferta será ínfima.

“Pienso que este nuevo Dicom funcionará más como un nuevo Sitme, con la asignación de bonos en dólares, que con divisas en efectivo que hay muy pocas. Considero que el portafolio de títulos disponibles puede tener un valor de mercado que se ubique entre 4 mil y 6 mil millones de dólares. Ahora, esto no quiere decir que se utilice por completo para abastecer al nuevo Dicom porque hay otras necesidades”

Descarta que el sistema pueda acabar con el mercado paralelo:

“A lo sumo podríamos esperar que se estabilice el tipo de cambio paralelo, pero para eso se necesita la combinación de una devaluación profunda en el nuevo Dicom y una oferta importante. Estabilizar el tipo de cambio paralelo sería un logro, pero no es una meta sencilla en las circunstancias actuales”.

Sin divisas

El economista Orlando Ochoa no otorga ninguna posibilidad de éxito al nuevo Dicom:

“Estos sistemas de subastas no funcionaron cuando el Banco Central tenía una mayor cantidad de reservas internacionales y había un portafolio de bonos en divisas más numeroso. Para cancelar los vencimientos de deuda de mayo, que sumaron 700 millones de dólares, en algunos casos hubo que acogerse al período de gracia de los bonos. Entre octubre y noviembre hay unos vencimientos de deuda muy importantes y se ha venido recortando las importaciones drásticamente, entonces, está claro que no hay dólares para alimentar este nuevo Dicom de manera apropiada”

 Y añade:

 “Estamos ante un nuevo sistema de racionamiento a través de un mecanismo que al final es poco transparente. Un embudo que privilegia a algunos sobre otros”.

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¿Cómo el Gobierno utiliza la escasez como herramienta política?; por Víctor Salmerón

Después de 13 años de controles y de quedarse sin dólares para importar a manos llenas, el sueño del Socialismo del Siglo XXI ha dado paso a una persistente escasez de productos básicos que el gobierno de Nicolás Maduro administra con fines políticos, como deja en claro el documento donde el Partido Socialista Unido de Venezuela

Por Víctor Salmerón | 20 de mayo, 2017
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Fotografía de Ronaldo Schemidt para AFP

Después de 13 años de controles y de quedarse sin dólares para importar a manos llenas, el sueño del Socialismo del Siglo XXI ha dado paso a una persistente escasez de productos básicos que el gobierno de Nicolás Maduro administra con fines políticos, como deja en claro el documento donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) describe su estrategia para enfrentar la crisis: la Agenda de Campaña Carabobo 2017- 2021.

El instrumento que emplea el gobierno para enfrentar el desabastecimiento son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que venden alimentos a precios subsidiados a las familias de bajo ingreso y obligatoriamente incluyen a representantes del PSUV provenientes de las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez, La Unión Nacional de Mujeres y el Frente Francisco de Miranda.

El boletín del Comando Central Bolivariano que resume la Agenda Carabobo, distribuido a los militantes del PSUV el pasado 23 de febrero, deja en claro la decisión de utilizar los CLAP como herramienta política al señalar en el punto cuatro de los acuerdos y decisiones:

 “Hay que politizar la gestión de los CLAP, en ellos, aparte del Estado Mayor de cada uno, son sumamente importantes los jefes de comunidad y los jefes de calle, quienes tienen que ser personas altamente politizadas para que lleven en la visita casa por casa el mensaje de la revolución a los jefes de familia, aparte del módulo de los alimentos. Los CLAPS son la fuerza productiva que permite territorializar la política económica. El PSUV lucha por construir saldos organizados desde los nuevos liderazgos que vienen surgiendo en ellos, que en su mayoría son mujeres, cabezas de hogar, que se sumaron a través de los CLAPS”.

Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, adelantó el pasado 7 de abril en declaraciones a Venezolana de Televisión que actualmente existen 30 mil Comités y tras asentarse como el sistema que permite a seis millones de familias obtener alimentos básicos jugarán un rol clave en la estrategia que aplicará el gobierno para contener la ola de protestas que comenzó hace un mes en distintas ciudades del país.

 Dijo Freddy Bernal:

“Los CLAP son una herramienta política para defender la revolución, aunque el beneficio no tiene discriminación alguna. Los CLAP ahora se están estructurando como mecanismo de defensa en el territorio y hay que decirlo le guste o no a la oposición. En el CLAP está un miliciano y vamos a crear en cada territorio una unidad de defensa de la milicia. En los urbanismos vamos a tener una unidad de defensa de milicia por urbanismo porque no nos vamos a dejar tumbar”.

Al mismo tiempo los CLAP aumentarán la lista de productos básicos a ser vendidos a precios subsidiados.

Explicó Freddy Bernal:

 “Ahora vamos a otra etapa, al CLAP materno. Unas 650 mil mujeres paren al año, 55 mil CLAP al mes. Son dos tipos de CLAP, un CLAP antes de parir, fundamentalmente son leguminosas, proteínas y medicinas para estabilizar, crecer y formar un embrión bien sano. Esto está cotejado por el Ministerio de la Salud. El segundo CLAP es el posparto que trae toallas, medicamentos, eso es parte de ir fortaleciendo los CLAP. El otro CLAP es el de artículos de limpieza personal y limpieza del hogar”.

Dirigir la producción

Las cifras oficiales indican que los CLAP venden 42 mil toneladas de alimentos cada mes. Gerentes de compañías afirman que una importante cantidad se obtiene a través de importaciones, pero desde el 4 octubre de 2016 está vigente una resolución del Comando para el Abastecimiento Seguro que permite obligar a las empresas, públicas y privadas, que se desenvuelven en los sectores agroalimentario, higiene personal y aseo del hogar, a vender hasta la mitad de su producción a los Comités.

Recientemente el gobierno comenzó a aplicar un mecanismo de intervención para administrar la escasez de pan en las panaderías que genera nerviosismo en las empresas porque es visto como el preámbulo de lo que podría suceder en los sectores que elaboran productos que entran en la órbita de los CLAP.

Fuentes consultadas explican que las empresas que fabrican la harina deben destinar su producción, que es insuficiente para satisfacer la demanda por la caída en la importación de trigo, a las panaderías que los interventores ordenan y una porción muy pequeña se destina al sector industrial. La consecuencia es que el pan aparece en algunas panaderías ubicadas en zonas del país donde el gobierno más le teme al descontento de la población. Al mismo tiempo, crece la escasez de pan de sándwich y el que emplean las cadenas de comida rápida.

Empresarios temen que esta manera de administrar el desabastecimiento se extienda a todas las empresas que elaboran productos para los CLAP porque implica perder por completo la gerencia de la distribución y solo producir para el sector público.

La Agenda Carabobo contempla “construir un nuevo esquema logístico y de distribución y un nuevo esquema de costos y precios”.

¿Pagador del CLAP?

El gobierno avanza en la construcción de una estructura donde las empresas, aparte de proveer productos, podrían facilitar el proceso de cobranza de los alimentos que se distribuyen a través de los CLAP.

El primero de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó en Gaceta Oficial el decreto 2.833 que otorga a las empresas un plazo de treinta días para que comiencen a pagar a los trabajadores el bono de alimentación, que hasta ahora se cancelaba a través de tarjetas electrónicas “en efectivo o mediante abono en su cuenta de nómina”.

Agrega el decreto que el trabajador podrá autorizar que se le descuente del bono de alimentación, que actualmente es de 135 mil bolívares, el dinero necesario para “la adquisición de bienes y servicios en el marco de los programas y misiones sociales para la satisfacción de sus necesidades”.

La abogado laboral Maryolga Girán no duda en señalar que esta disposición abre la puerta para que las empresas comiencen a jugar un nuevo rol en el rompecabezas de los CLAP.

 “Muy probablemente los trabajadores podrán cancelar la bolsa de comida a través de este descuento que hará el patrono y las empresas tendrán que establecer convenios de pago con los distribuidores de los CLAP”.

El resultado

Tras un año desde que Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités, una incesante campaña publicitaria a través de los medios de comunicación y el incremento en el número de familias que reciben las bolsas de comida, no se percibe mayor ganancia política para el gobierno, mientras que el desabastecimiento y el alto costo de la vida siguen siendo los principales problemas de los venezolanos.

La encuesta Omnibus de Datanálisis correspondiente a abril de este año precisa:

90,5% de la población cataloga de mala la situación del país.

72,3% de la población evalúa como negativa la gestión del presidente Nicolás Maduro.

37,8% de la población afirma que su principal problema es el desabastecimiento de alimentos, 13,8% el alto costo de la vida y 4,8% la crisis económica.

Otro estudio de Datanálisisfechado en febrero de este año evidencia que al menos hasta hace tres meses los CLAP no han evitado el deterioro en la calidad de vida de la población. De acuerdo con esta encuesta:

23,7% de la población afirma que solo come dos veces al día y 0,8% una vez al día.

Disminuye el consumo de proteínas (pollo y carne de res) y aumenta el de carbohidratos.

La idea de crear un sistema para administrar la escasez con fines políticos mientras la inflación se acelera por la emisión de dinero para cubrir el déficit de las cuentas públicas, el desabastecimiento permanece porque el pago de la deuda externa obliga a un severo recorte de importaciones y la economía permanece hundida en la recesión, no parece ser el camino más acertado.

Cómo la crisis institucional dificulta el financiamiento en dólares de Venezuela; por Víctor Salmerón

La administración de Nicolás Maduro se ha quedado sin suficientes divisas y ha optado por un feroz recorte de importaciones que solo podría suavizarse si el Gobierno es capaz de obtener financiamiento. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN), elegida el 6 de diciembre de 2015 bajo el argumento del desacato esgrimido por el

Por Víctor Salmerón | 27 de abril, 2017
  1. Es barato comprar con dolares en Venezuela por Luis Vicente Leon 6402

La administración de Nicolás Maduro se ha quedado sin suficientes divisas y ha optado por un feroz recorte de importaciones que solo podría suavizarse si el Gobierno es capaz de obtener financiamiento. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional (AN), elegida el 6 de diciembre de 2015 bajo el argumento del desacato esgrimido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha incrementado las dificultades para obtener financiamiento. Analistas y entidades financieras proyectan que para cancelar los vencimientos de deuda y evitar un recorte de importaciones aún más profundo del que padece el país, el Gobierno necesita obtener este año entre 8 mil y 10 mil millones de dólares en financiamiento.

A los factores de riesgo que hasta ahora han limitado el financiamiento como la caída de la producción de petróleo, el bajo nivel de las reservas internacionales, la falta de un fondo de estabilización y una economía sumergida en recesión y una inflación de tres dígitos, se añade que la AN ha alertado que cualquier préstamo a la República que no cumpla con la aprobación del Parlamento será desconocido.

Ante este inconveniente, el Gobierno evalúa transacciones a través del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual está facultado para llevar a cabo determinadas negociaciones sin la aprobación de la AN. Se trata de una operación que ya realizó el BCV en años anteriores: colocar como garantía una porción de los lingotes de oro que forman parte de las reservas internacionales y recibir dólares en efectivo que servirían para importar o pagar deuda. Al cabo de un plazo determinado, el BCV puede recomprar el oro.

Al mismo tiempo el conflicto institucional gana intensidad. El presidente de la AN, Julio Borges, envió cartas a los principales ejecutivos de Deutsche Bank, Citi Group, UBS, HSBC, Bank of America, Barclays, Credit Suisse, Wells Fargo, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China y Nomura recalcando la ilegalidad de la deuda que no apruebe el Parlamento y advirtiéndoles que, en caso de acordar la transacción con el BCV, estarían favoreciendo a un gobierno catalogado como dictatorial por la comunidad internacional.

Dice la carta enviada por Julio Borges:

“El Gobierno nacional a sabiendas que la Asamblea Nacional debe autorizar todos los acuerdos internacionales de endeudamiento que aquel suscriba, ha decidido prescindir del Parlamento, razón por la cual la Asamblea Nacional ha aprobado en múltiples acuerdos no reconocer ningún mecanismo de endeudamiento que el Gobierno suscriba sin su autorización. Es por ello que el Ejecutivo Nacional va a intentar a través del Banco Central de Venezuela, el canje del oro disponible en nuestras reservas por dólares, para mantenerse en el poder inconstitucionalmente, alimentando un sistema clientelar y corrupto, violador de Derechos Humanos y con nexos con el narcotráfico y terrorismo internacional”

Inmediatamente agrega:

“Desde mi condición de Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, me veo en la obligación de advertirle que al apoyar dicho canje de oro estaría incurriendo en acciones en favor de un Gobierno reconocido como dictatorial por la comunidad internacional. Estaría favoreciendo acciones de un Gobierno cuyo único objetivo es seguir menoscabando los derechos de los venezolanos. Esto sentaría un precedente negativo para bancos de inversión que faciliten ayuda a gobiernos dictatoriales en su afán de mantenerse en el poder”

Finaliza Julio Borges:

“Es por tanto, que por medio de la presente solicitamos su cooperación con la institución que hoy cuenta con el respaldo del pueblo venezolano y que sigue en la lucha por recuperar el orden democrático en nuestro país”

El efecto

Risa Grais, analista de Eurasia Group, considera que la carta enviada a bancos internacionales por el presidente de la Asamblea Nacional recalcando la ilegalidad de operaciones de endeudamiento que no sean aprobadas por el Parlamento tiene efectos.

Dice Risa Grais:

“Es una de las pocas formas que tiene la oposición para presionar al Gobierno y creo que sí puede tener un impacto porque aumenta las dudas de los bancos y los inversionistas sobre la legitimidad del endeudamiento y por tanto crear mayores problemas para obtener financiamiento. Pero depende mucho de la contraparte”

Desde su punto de vista, esta actuación de la AN puede aumentar las preocupaciones de China que, hasta ahora, ha sido una importante fuente de financiamiento para el Gobierno.

Explica la analista de Eurasia:

“Mi impresión es que China ya está preocupada por la capacidad del Gobierno para repagar la deuda. Este factor aumenta si piensan que algún día va a llegar un gobierno surgido de las filas de la oposición que no va a reconocer la deuda que contraigan en este momento. Tal vez este factor explica por qué China ha reducido el financiamiento”

En el caso de Rusia, que a través de su empresa petrolera Rosneft ha acordado financiamiento en el pasado y actualmente evalúa algunas opciones, Risa Grais considera que hay diferencias con China.

“En el caso de Rusia el monto de la deuda que ya se ha contraído es menor a la que ya existe con China. Además, se trata de transacciones distintas donde el gobierno venezolano ofrece activos en el sector petrolero a precios muy baratos. Rosneft y Vladimir Putin consideran que esos activos son muy atractivos, es una estrategia de largo plazo. Es estratégico, menos político”

Mauro Roca, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, considera que la posición de la AN aumenta el riesgo.

“Las advertencias de la Asamblea Nacional incrementan el riesgo institucional. Dependerá de la contraparte evaluar si las condiciones que puedan acordarse en una hipotética negociación compensar ese riesgo. Parecería que esta situación puede restringir el número de contrapartes”

Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, señala que la actuación de la junta directiva del Parlamento, genera consecuencias.

“La CAF parece haber negado un préstamo a la nación que había sido inicialmente aprobado, y nunca se supo más de una negociación con Nomura que en cierto momento parecía estar bien adelantada.  Es lógico que ciertas entidades teman el riego legal o reputacional de incursionar en operaciones cuya legalidad está abiertamente cuestionada por el Poder Legislativo”

Desde su punto de vista el tema trasciende el aspecto legal.

“Es inusual que las entidades financieras traten de hacer juicios propios sobre la legalidad de una operación distintas de las que hace el Poder Judicial de un país.  El problema fundamental es más bien uno de riesgo de repudio, de temor que dada la posibilidad de un cambio en el gobierno en el futuro, esas deudas sean potencialmente desconocidas por la República”

Explica que el aumento del riesgo deriva en condiciones más duras para obtener financiamiento.

“Estas acciones ciertamente dificultan seriamente el acceso del gobierno a financiamiento externo.  El hecho de que muchas entidades no estén dispuestas a participar en estas operaciones implica que aquellas que lo hagan van a exigir condiciones que garanticen un rendimiento muy alto o que comprometan activos de la nación como garantía”

Francisco Rodríguez analiza el argumento ético que introdujo el presidente de la Asamblea Nacional al advertirle a las entidades financieras que financiar al Gobierno ayudaría a mantener en el poder a un sistema dictatorial.

“Añadir el cuestionamiento ético al financiamiento de la República, como lo hizo recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, introduce una serie de complicaciones adicionales.  Tal vez la más importante es que, si bien pareciera sencillo distinguir las deudas a las que se aplica el argumento de legalidad (presumiblemente aquellas emitidas bajo una Ley de Endeudamiento no aprobada por la Asamblea Nacional a partir del 1 de enero de 2017), es mucho más difícil establecer con precisión el momento en el que se plantea que el gobierno perdió la legitimidad política necesaria para contraer deuda”

Profundiza en este aspecto y afirma:

“Si el argumento es que no se reconocerán préstamos a un gobierno que se considera una dictadura, ¿cuándo exactamente es que se argumenta que el gobierno pasa a ser una dictadura?  ¿Con la invalidación del referéndum revocatorio (20 de octubre de 2016)?  ¿Con la primera sentencia de desacato de la Asamblea Nacional (1 de agosto de 2016)?  ¿O con la toma de posesión de Nicolás Maduro, después de lo que la oposición alegó fue un resultado electoral fraudulento (19 de abril de 2013)?  Ciertamente, esto no es algo que la oposición ha establecido con precisión.  Pero dependiendo de esta definición, muchos de los bonos en circulación en este momento podrían potencialmente ser vistos como “deuda odiosa” y por lo tanto ser sujetos de un desconocimiento futuro”

Recorte de importaciones

A fin de mantener al día el pago por los vencimientos de deuda externa del gobierno central y Pdvsa, que este año suman 9.691 millones de dólares, una cifra que al precio actual de la cesta petrolera venezolana equivale a más de un tercio del ingreso proveniente del petróleo, el Gobierno ha optado por un severo recorte de importaciones que se traduce en escasez y en empresas paralizadas por la falta de materia prima e insumos.

De acuerdo con Ecoanalítica, en el primer trimestre de este año la venta de divisas a las empresas que no pertenecen al Gobierno se ubicó en un promedio de 8,8 millones de dólares diarios, una cifra que se traduce en una caída de 45% respecto al promedio de 15,9 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2016.

El descenso en la asignación de dólares implica una profunda caída de las importaciones que registran un descenso de 17% al contrastar los dos primeros meses de este año con el mismo período de 2016, lo que indica que la escasez podría empeorar en el corto plazo.

José Guerra, economista y diputado miembro de la Comisión de Finanzas de la AN por el partido opositor Primero Justicia, señala:

“Al desconocer a la Asamblea Nacional el Gobierno aumentó sus problemas para obtener financiamiento. Pdvsa es vista con un enorme riesgo por parte de los inversionistas y los canjes de oro a través del Banco Central pueden otorgar algo de oxígeno, pero de forma muy limitada. El déficit a cubrir para pagar deuda y mantener las importaciones al mismo nivel de 2016, ya de por sí bastante bajo, es de 10 mil millones de dólares. Además, recordemos que después de utilizar las reservas de oro no quedará nada distinto al flujo de divisas proveniente de las exportaciones petroleras”

De acuerdo con el balance auditado del BCV al cierre de diciembre de 2016 las barras de oro que forman parte de las reservas internacionales tenían un valor de 7.727 millones de dólares. El pasado 21 de abril las reservas, en su totalidad, se ubicaron en 10.189 millones de dólares, el nivel más bajo en 15 años.

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¿Qué está pasando con el consumo en Venezuela?; por Víctor Salmerón

Parejas que miran las vidrieras en los centros comerciales y huyen atemorizadas por los precios, familias que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que salieron a comer o al cine, amigos que ya no se reúnen a tomar cerveza, mujeres que sacrifican el gasto en artículos de cuidado personal, la alimentación como prioridad

Por Víctor Salmerón | 27 de marzo, 2017
Fotografía de Carlos García Rawlins par REUTERS

Fotografía de Carlos García Rawlins par Reuters

Parejas que miran las vidrieras en los centros comerciales y huyen atemorizadas por los precios, familias que ya no recuerdan cuándo fue la última vez que salieron a comer o al cine, amigos que ya no se reúnen a tomar cerveza, mujeres que sacrifican el gasto en artículos de cuidado personal, la alimentación como prioridad sin importar el estrato social y un gran pesimismo ante el futuro: es el venezolano de la prolongada recesión que comenzó en el primer semestre de 2014 y de la inflación más alta desde 1951, el año más antiguo en las estadísticas del país.

En una primera etapa de la crisis, la principal preocupación de las empresas consistió en superar la camisa de fuerza de las regulaciones y colocar productos en los anaqueles; eran los tiempos en que todo se limitaba a la escasez. Hoy se añade un empobrecimiento que impacta al consumo y obliga a redefinir los modelos de negocio.

Magnitud del declive

Luis Vicente León, director de Datanálisis, explica que al contrastar los primeros dos meses de este año con el mismo lapso de 2016 el consumo de los hogares experimenta una caída de 12%, que no es mayor gracias al plan que implementa el Gobierno para distribuir alimentos a precios subsidiados.

Dice Luis Vicente León:

“Hay una contracción de consumo brutal, el nivel de ingresos está muy contraído. ¿Por qué no cae tanto a nivel estadístico? Porque los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tienen una penetración importante y llevan productos básicos a precios regulados a una población que de otra manera no podría pagarlos; entonces actúan como un compensador del consumo en el caso de los bienes esenciales”

En el comercio formal, donde no existe el subsidio de los CLAP, las ventas de productos básicos disminuyen al punto de que la contracción en las compras de las familias es uno de los factores que explica el descenso del desabastecimiento.

Jean-Marc François, profesor invitado del IESA y director de Retail Audit, compañía que junto a Econométrica elaboró un indicador de escasez que contempla el monitoreo mensual de 156 productos básicos y audita puntos de venta como supermercados, panaderías, farmacias, abastos y bodegas en los diez centros urbanos más importantes del país, afirma que “la tendencia decreciente de la escasez se debe a que la demanda está cayendo más rápido que la producción”.

Para medir la escasez los encuestadores de Retail Audit visitan los establecimientos y precisan los productos que faltan para calcular, junto a Econométrica, una medida general que aumenta o desciende de acuerdo a la ausencia de los artículos. El termómetro refleja que al cierre de enero de este año la escasez se ubicó en 68% tras un descenso progresivo que comenzó en mayo de 2016 cuando registró 80%.

Consumidor arruinado

En el foro que realizó la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham) para explorar las perspectivas económicas de este año, Luis Maturén, director de Datos, presentó las conclusiones de un estudio que evidencia los cambios que la crisis está generando en el patrón de consumo.

La encuesta de Datos se basó en una muestra de 2.100 mujeres y hombres, mayores de edad, en 43 centros poblados de más de 50.000 habitantes, entrevistados entre el 11 y el 30 de enero de este año y cuenta con un error muestral de ± 2,15%.

La radiografía indica que los venezolanos sienten un empobrecimiento de grandes magnitudes y que sus prioridades al momento de gastar sufren modificaciones relevantes:

1. El 46% de la población afirma que solo puede comprar “muy pocas cosas de las que necesita” y 93% la mitad o menos.

2. Por primera vez la alimentación es el gasto prioritario sin importar el estrato. Ante la pregunta ¿cuáles son los tres principales gastos que no tocaría?, el 93% de quienes se ubican en el estrato ABC+ menciona entre sus tres prioridades la alimentación, al igual que 96% del estrato C-, 95% del D y 94% del E. Históricamente la principal prioridad eran los artículos de higiene y cuidado personal.

3. La interrogante ¿cuáles son los tres principales gastos que estaría dispuesto a disminuir?, permite establecer una escala donde el primer escaño lo ocupan las comidas fuera de casa, seguido de entretenimiento fuera del hogar y, algo que era impensable hasta ahora: el consumo de cerveza.

Hay un gran pesimismo respecto a los próximos meses:

1. Frente a la pregunta ¿cómo cree que será su situación económica y la de su familia dentro de seis meses? Tres de cada cuatro venezolanos sostiene que peor.

2. Cuando se consulta: Comparando su situación económica actual con la de hace un año, ¿diría usted que su situación es? El 95% considera que peor.

3. Desde 1982 Datos elabora un indicador que denomina el Espíritu Territorial Bruto que mide la percepción que el venezolano tiene sobre su situación en el contexto socioeconómico del país; se trata de un índice que se construye de manera muy similar al índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

4. En enero de este año este indicador se ubicó en 32 puntos, el nivel más bajo de su historia. Durante el Viernes Negro de 1982 se ubicó en 64 puntos, en 1996 tras la crisis financiera de 1994 y el impacto generado por el ajuste económico que implementó Rafael Caldera en su segundo gobierno cayó a 36 puntos y en medio de la crisis política-económica de 2002-2003 descendió hasta 46 puntos.

5. Los planes de mercadeo tendrán que tomar en cuenta que entre las principales emociones de los venezolanos ya no figuran la alegría o la amistad. La encuesta establece un ranking en orden decreciente y el resultado es: tristeza, rabia, decepción, frustración, temor, incertidumbre y en último lugar la esperanza.

Impacto en la empresa

Una sociedad cuya capacidad de compra ha sido devastada por la crisis obliga a las empresas a implementar cambios que permitan adaptarse a las nuevas prioridades y necesidades de los consumidores.

En este sentido Jean-Marc François dice:

“Se trata de repensar el producto para un venezolano con menor capacidad de compra, entonces vamos a ver, como ya comenzó a ocurrir, empaques de menor tamaño para disminuir el desembolso del consumidor. Además, los empaques tendrán que adaptarse para abaratar precios, por ejemplo, en Guatemala se vende la salsa de tomate en bolsas plásticas y en Colombia la leche líquida y el agua mineral”

Agrega que también es necesario flexibilizar las líneas de producción:

“Para disminuir el precio de los productos habrá que eliminar, en la medida de lo posible, insumos especiales que los encarecen. Por ejemplo, en el caso de los pañales detalles como el elástico y en el papel higiénico el aroma. Productos más básicos sin este tipo de componentes pueden ser más competitivos en precios”

La inflación obliga a un monitoreo constante, Jean Jean-Marc François señala:

“Para los emprendedores o gerentes de mercadeo es vital vigilar no sólo los precios de la competencia sino de los sustitutos también, entre noviembre y febrero la inflación de determinados productos fue el triple que la de sus sustitutos. El consumidor está cambiando de productos muy rápidamente en este momento”

Además, recomienda:

“Evitar lo que ocurre en algunas empresas donde asignan presupuesto de publicidad y promoción a marcas que no tienen suficiente inventario, aprovechar las oportunidades del mercadeo digital y emplear los empaques y puntos de venta para establecer un diálogo con los consumidores: comuniquen, comuniquen”

Trabajo y emigración

El descalabro en la calidad de vida propicia la pérdida de recurso humano, algo que complica más el entorno de las empresas. El estudio de Datos indica:

1. El 50% de los venezolanos manifiesta que se quiere ir del país y 36% indica que en los últimos doce meses algún familiar se ha ido a vivir permanentemente en el exterior.

2. El 20% indica que ha hecho trámites y tiene planificado irse en los próximos doce meses, es decir, uno de cada cinco venezolanos. De este grupo el 40% se ubica en el estrato ABC+, 34% en el C-, 17% en el D y 17% en el E. El fenómeno ocurre en todos los niveles socioeconómicos.

3. El 66% de quienes tienen planificado irse en los próximos doce meses está trabajando y 43% lo hace en la empresa privada, 34% por su cuenta, 10% en una empresa pública o en el sector público y 7,5% en el sector informal.

4. Ante la pregunta: Pensando en el trabajo ideal, ¿qué cosa haría que usted permaneciera en ese trabajo sin querer cambiarse o irse a otra empresa? El 54% de la población responde que el sueldo alcance, 18% beneficios laborales y solo 8% sentirse cómodo. Es decir, el salario es el principal motivador de un cambio de empleo.

Respiro leve

Si bien la capacidad de compra de los venezolanos ha sido barrida por un viento de desastre, la pequeña capa con mayor poder adquisitivo consumirá un poco más en el segundo semestre de este año.

Luis Vicente León afirma:

“Cuando los precios suben abruptamente ocurre que hasta la población que tiene dinero deja de comprar, es lo que se denomina el shock inicial y en Venezuela suele durar entre tres y seis meses. Transcurrido este tiempo quienes tienen capacidad de compra comienzan a hacerlo en mayor medida. Los pocos automóviles que se han vendido son los más costosos, no los económicos”

De acuerdo con Datos el estrato que cuenta con los mayores ingresos y compone la capa denominada ABC+ solo representa 4% del total de la población. El 53% de los venezolanos se ubica en el estrato E, 30% en el D y 13% en el C-.

¿Cuántas empresas podrán adaptarse al consumidor producto de la crisis?

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Susana Raffalli: “La idea de que esta crisis la vamos a resolver con ayuda humanitaria es un mito”; por Víctor Salmerón

Cifras viejas, indicadores inadecuados y un sistema de clasificación obsoleto solo sirven para enmascarar la situación nutricional. Estamos aplicando las directrices obsoletas establecidas por la OMS en 1997. No las de 2006.

Por Víctor Salmerón | 25 de marzo, 2017
Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

El deslave de la economía ha colocado en el debate público temas como la magnitud de la desnutrición, la veracidad de las cifras que presenta el Gobierno en foros internacionales y la pertinencia o no de decretar una crisis humanitaria en Venezuela. Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, aborda estos temas y advierte que el país requiere con urgencia políticas públicas para atender lo que técnicamente denomina como un episodio de inseguridad alimentaria severa.

El informe que presentó el Gobierno en el Examen Periódico Universal (EPU) de octubre de 2016, señala: “La Sub Nutrición se encuentra al 2014 por debajo del 5% y la desnutrición en menores se ubicó en 3,4% en el 2013. Venezuela es el cuarto país con menor desnutrición infantil. En la actualidad la estatura del niño promedio venezolano es casi dos centímetros más que el niño de la década de los años noventa”. ¿Estos indicadores reflejan lo que está ocurriendo en el país?

El Gobierno se presentó con cifras viejas, indicadores inadecuados y un sistema de clasificación obsoleto porque su intención es enmascarar la situación nutricional de Venezuela. Existe la desnutrición aguda que se evidencia en una deficiencia del peso respecto a la talla y es el termómetro más adecuado para evaluar lo que ha sucedido en los últimos dos años. La talla del niño, que es lo que difunde el Gobierno, cambia muy lentamente y se utiliza para evaluar la desnutrición crónica. La talla no se pierde, se deja de ganar. En publicaciones como el último perfil nutricional emplearon peso respecto a la edad, que es un indicador intermedio. No hay estadísticas que reflejen el peso para la talla desde 2007. Entonces, acudieron al EPU con un indicador que no mide la desnutrición aguda y con cifras de 2013.

¿Por qué afirma que el Gobierno emplea un sistema de clasificación obsoleto para medir la desnutrición infantil?

La desnutrición aguda puede ser leve, moderada o severa. Para ubicar a un niño en alguna de estas fases se le compara con lo que debe pesar y medir un niño sano, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud en 2006. Digamos que cada casilla que separa a un niño desnutrido de uno sano es una desviación: entre una o dos desviaciones hablamos de desnutrición leve; entre dos y tres, de moderada; y más de tres, severa. La manipulación del Gobierno consiste en aplicar las directrices que estableció la Organización Mundial de la Salud en 1997, ya obsoletas, y no las de 2006.

¿Y qué consecuencias tiene utilizar las directrices antiguas de la Organización Mundial de la Salud?

Que los puntos de corte son distintos. De acuerdo con las directrices de 1997 un niño se encuentra en desnutrición severa a partir de cuatro desviaciones y no a partir de tres como se estableció en 2006. Mi estimación es que usando los puntos de corte de 1997, se requiere de un millón ochocientos mil niños para que podamos dar una alerta de salud pública por desnutrición aguda que, si se emplean los patrones de 2006, probablemente ya los tenemos. Evaluaciones que he realizado en distintas ciudades del país arrojan cifras preliminares muy preocupantes porque la desnutrición también afecta a las generaciones futuras. Una niña desnutrida tiene 30% más de chance de parir niños desnutridos que su par sana

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

¿La situación en cuanto a la salud, servicios básicos como el agua y la escasez de alimentos pueden agravar este cuadro en el corto plazo?

Existen factores que pueden incrementar el deterioro rápidamente. En la parte epidemiológica el país tiene epidemias de zika, dengue, chikunguya, malaria y se han detectado casos de difteria. A esto se añade la deficiencia en el suministro de agua que se traduce en niños que consumen agua contaminada y tienen cuadros severos de amibiasis o lombrices. A esos niños los puedes atiborrar de comida y no ganan peso, hay que atender el problema de salud. Además, existe un sector productivo con importantes restricciones por la deficiencia de energía eléctrica.

¿Por qué sostiene que Venezuela está sufriendo una crisis de inseguridad alimentaria severa?

La seguridad alimentaria está definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene cuatro dimensiones principales: que el alimento esté disponible en cantidades suficientes, que la población pueda tener acceso al mismo y que lo pueda asimilar. Y es aquí donde la nutrición se relaciona con la salud porque, como ya dijimos, niños con parásitos no se alimentan. Y por último, que todas estas condiciones ocurran de forma estable. Las fases de la crisis son alarma, inseguridad leve, inseguridad severa y hambruna. Digo que es severa por el demostrado deterioro en la disponibilidad de alimentos, la escasez. El acceso está restringido por días asignados de compra, las personas tienen que colocar sus huellas dactilares para adquirir productos, ha habido un desplazamiento de la red de distribución alimentaria hacia un sector público que funciona de forma muy deficiente. Hay que añadir una fuerte inflación que restringe el acceso por el lado económico, el poder adquisitivo del salario difícilmente cubre la canasta alimentaria. Además, comienza a haber una disminución sensible en el consumo que el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra en sus encuestas.

Otro factor son los episodios de violencia por el saqueo de camiones que transportan alimentos.

Es lo que llamo la violencia alimentaria. Disturbios, saqueos, maltrato infantil por la escasez de comida. También hay un impacto en los hábitos de los venezolanos, en sus tradiciones, no hay arepas, no hay guayoyo.

Políticos y analistas están hablando de hambruna o emergencia nutricional en Venezuela. ¿Este es el caso?

Las emergencias alimentarias se caracterizan por afectar a todas o casi todas las fuentes de oferta de alimentos y el colapso de las formas en que la población puede tener acceso a esa oferta, por la violencia e interrupciones incontrolables del orden público con la finalidad de obtener los alimentos, por una mortalidad por desnutrición de más de 2,5 veces las cifras habituales por esta causa. Para tener una idea, en las últimas hambrunas del siglo pasado no era posible encontrar un solo mercado de alimentos funcionando en kilómetros de territorio, los establecimientos de comida estaban todos cerrados, las migraciones a otros países por el colapso del país hambreado eran definitivas, y las muertes de personas desnutridas ocurrían por cientos y miles al día. Lo más cerca que pudiésemos estar de una situación así es si imaginamos en un mismo momento a todo el país, afectado por una emergencia como la de Vargas. Ha sido difícil defender el rigor. Quienes hemos evitado usar el término hambruna o hemos advertido a quienes no lo usan apropiadamente, nos hemos ganado la etiqueta de negacionistas, superfluos o hambrólogos.

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

Susana Raffalli retratada por Andrés Kerese

Políticos insisten en plantear como solución que se abra un canal humanitario. ¿Esto resolvería los problemas de Venezuela en materia de alimentos?

La idea de que esta crisis la vamos a resolver con ayuda humanitaria es un mito, una fantasía enorme. Aquí hay un Estado que se supone puede manejar su balance alimentario. Esto no es una población desplazada ni aislada geográficamente por un evento natural o una guerra. La ayuda humanitaria no es para sustituir a un Estado que no es capaz de garantizar el suministro alimentario a su nación. En los únicos países donde la ayuda humanitaria contempla reparto de comida es en los que están aislados geográficamente por una emergencia aguda como un terremoto o países sin Estado como Darfur o Gaza. En el contenedor de Cáritas que llegó al Puerto de La Guaira, por ejemplo, no había harinas, mantequilla o aceite, sino suplementos nutricionales altos en proteínas, ácido fólico para embarazadas, base lipídica para niños desnutridos.

¿De cuánto se dispone en el mundo para ayuda humanitaria?

A veces los donantes juntan el dinero para una sola causa en un solo pote, es lo que conoce como los fondos mundiales. Los de mayor cuantía son el que se creó para el combate contra el sida, malaria y tuberculosis, y otro para financiar emergencias humanitarias enfocadas en población materna-infantil. Juntos suman alrededor de siete mil millones de dólares para todos los países por cinco años.

¿Hay que replantear esta discusión y solicitar las soluciones reales al problema?

Si lo que se busca es recibir ayuda internacional para hacer disponibles urgentemente alimentos y materias primas para restaurar inventarios a partir de la producción nacional, no hay que declarar una emergencia humanitaria o hambruna. De acuerdo con la pauta de economistas y gente del agro, lo que se requiere es aplicar medidas adecuadas para comprar y traer alimentos, y medidas económicas de liberación de controles cambiarios, asignación de divisas y estructuración de precios. Para esto, el Gobierno y los ministerios referentes al tema alimentario necesitan describir mejor la crisis y sus consecuencias, identificar dónde están los problemas, en qué consiste la escasez y cuáles son los recursos que hay que calcular y organizar a corto y largo plazo para restituir los niveles de abastecimiento.

El Gobierno intenta resolver la situación con el reparto de bolsas de comida a precios subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y entregándole mayor poder al sector militar en la distribución de alimentos. ¿Cómo evalúa esta respuesta?

No son medidas para atender la crisis sino para aumentar el control sobre el sistema alimentario. Recientemente hemos visto el problema que surgió en la producción de harina de maíz en el que empresas como Polar paralizaron sus plantas por falta de materia prima. ¿Por qué el Gobierno no aceptó el plan que propuso Polar, que se traduce en que la harina de maíz precocida pasa a tener un precio de setecientos bolívares el kilo y prefiere importar una que tiene un costo de dos mil quinientos bolívares? Porque esta harina la controlan ellos. En cuanto a los Clap hay que decir que no obedecen a ningún criterio de planificación. Las bolsas tienen contenidos distintos y tampoco se conoce cuál es la meta de ese programa. Al principio se dijo que era para once millones de venezolanos, luego han hablado de dos millones. Si esta última cifra es la definitiva tomemos en cuenta que se trata de la mitad de los pobres según las cifras del INE.

¿Qué medidas urgentes propondría para atender lo que ha denominado una crisis de inseguridad alimentaria severa?

En primer lugar, garantizar una cesta que puede ser de siete alimentos básicos para proteger del hambre y sus efectos a los grupos más vulnerables de los peores impactos de la desnutrición, o a los que no pueden alimentarse por sí mismos como la población en orfanatos, hospitales y cárceles. Es necesario, además, derogar leyes regresivas y políticas que han dislocado el sistema agroalimentario, y por último, pensar en la restauración de la inversión tecnológica, el sistema estadístico, en fin, en la recuperación y normalización del sistema.

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Esta entrevista de Víctor Salmerón con fotografías de Andrés Kerese forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

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Luis Pedro España: “El gobierno tiene una política social fuera de contexto”; por Víctor Salmerón

La población va a entender que hay que ir a un reordenamiento de las misiones sociales, sobre todo porque ya han sido desmanteladas por el propio Gobierno. Desde hace tiempo lo que existe es propaganda.

Por Víctor Salmerón | 24 de marzo, 2017
Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

Cuando la prensa internacional, organismos multilaterales y mandatarios extranjeros construyeron un voluminoso coro para festejar los programas sociales creados por Hugo Chávez, englobados bajo el rótulo de misiones, Luis Pedro España dijo lo que ahora luce como una verdad visible y palpable en las calles de Venezuela: no había más que un fastuoso boom petrolero que, una vez llegase a su fin, daría paso a un tiempo de penurias.

Sociólogo, exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, es uno de los académicos que más ha estudiado las dimensiones de la pobreza en el país, sus raíces y cómo disminuirla. No duda en señalar que el cambio del modelo económico requerirá de un plan de ayuda a las familias más necesitadas a través de transferencias directas.

El estudio elaborado por la empresa de la Universidad Católica Andrés Bello, Ratio UCAB, plasma la gravedad del problema alimentario con datos actualizados porque el trabajo de campo se realizó entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre de 2016. ¿Podría resumirlo?

Se trata de un estudio con alcance nacional y señala que el tema del hambre no es juego, no se trata de una exageración, hablamos de un asunto muy serio. Lo primero es que 53% de los venezolanos indica que su principal problema en este momento es la comida. 36% afirma que ha tenido que vender alguna prenda, artefacto o artículo del hogar para completar el dinero con el fin de adquirir alimentos. Esto es evidente en los pueblos donde existen familias vendiendo sus ventiladores. 30% admite que un conocido le regaló comida y 8% que consumió desechos. No estamos hablando solamente de personas que hurgan en la basura como muchos hemos visto últimamente en las ciudades del país, sino de quienes, por ejemplo, se llevan para su casa lo que sobra en los platos de un comedor industrial. La estadística más dura, donde cualquier número esconde una tragedia, es que 5% de los venezolanos dice que ha recibido ayuda de personas desconocidas para comer, es decir, estamos hablando de limosnas, de mendicidad.

¿Qué indica este estudio en cuanto a la percepción sobre el aumento en el precio de los alimentos, de la inflación y de la escasez?

En este aspecto la mitad de la población, exactamente 50,2%, considera que no se está solucionando el problema de la escasez y 31% afirma que sin un cambio de Gobierno no es posible eliminarla. 41% señala que lo peor es la inflación y 56% la escasez. Los artículos que menos consiguen las familias son: harina precocida de maíz, arroz, mantequilla y pasta. Cuando se les pregunta a las personas: ¿cuánto gastó en alimentos en octubre de 2016? El promedio es ciento veinticinco mil bolívares y para noviembre estimaban ciento noventa y dos mil bolívares.

Usted es autor junto a José Ramón Morales y Douglas Barrios del estudio “Pobreza, cobertura de las Misiones y necesidades de protección social para la reforma económica de Venezuela”. ¿Cuántas familias tendrían que ser incluidas en un plan de protección social en caso de que se concrete un cambio político que abra la posibilidad de un ajuste de la economía?

En América Latina teníamos 25 años sin que ningún país de la región hubiese requerido un programa de ajuste, lo cual es un indicador de cómo Venezuela se resiste a entrar por las reglas de una economía productiva. Este es un dato importante y en caso de que se aplique esa reforma es necesario construirle viabilidad social. Utilizando la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2015), el valor de la canasta normativa de alimentos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a noviembre de 2014 que es el último dato disponible y su proyección a 2015, empleando el Índice Nacional de Precios publicado por el Banco Central (de Venezuela) y el método integrado de cálculo de la pobreza, se determinó el número de hogares en pobreza por necesidades básicas insatisfechas, más los hogares que no son pobres estructurales por necesidades básicas insatisfechas pero cuyos ingresos están por debajo de una canasta normativa de alimentos. Se hizo un ejercicio de estratificación denominado Método Integrado Modificado y la cantidad de personas pobres por necesidades básicas insatisfechas es de nueve millones trescientos ochenta y un mil, es decir, 31% de la población. Y los no pobres con ingresos bajos, nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil personas: un 33% de la población.

A la luz de los resultados de la encuesta Encovi 2016, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas aumentó de 31% a 34%.

¿Cómo proteger a estos venezolanos con una nueva política social?

Existe consenso en que la transferencia directa es lo que permitiría que el aparato productivo se recupere con mayor rapidez y que los canales de distribución operen y se acaben las distorsiones. Para calcular la transferencia, construimos una canasta de once productos que cubren 70% de los requerimientos nutricionales, hablamos de artículos normativos y de hábito: harina de maíz, pasta o arroz, caraotas o algún grano, aceite, margarina o mayonesa, pollo, azúcar, sal, café, leche en polvo, sardinas en lata. Se estima 1,06 dólares por persona al día utilizando como referencia precios de Colombia. Esto no quiere decir que las personas solo van a consumir esos alimentos; se trata del monto de la transferencia a recibir. Todos los estudios demuestran que cuando la ayuda es asignada a los hogares más vulnerables y entregada a las madres, es efectiva. Entonces, si hablamos de los pobres por necesidades básicas insatisfechas nos referimos a un monto cercano a cuatro mil millones de dólares en un año.

¿Esa canasta de once alimentos no difiere en mucho de, por ejemplo, la canasta que cada mes difunde el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM)?

Se trata de canastas diferentes, las canastas para medir pobreza no son el deber ser, algo a lo que aspira un gremio. Los amigos del Cendas plantearon esa medición con un error, pero se ha convertido en un indicador por la falta de estadísticas oficiales.

¿La idea sería mantener este programa de trasferencia directa por cuánto tiempo?

Un año. Una vez se instrumente hay que censar las zonas populares, realizar estudios que pueden hacerse rápidamente, una auditoría, y de acuerdo con cómo marche la recuperación de la economía y las variables macroeconómicas, se determina si es posible ir eliminando la transferencia. Hay criterios que señalan que lo mejor es concretar el pago de forma trimestral o semestral, porque se trataría de compensar el golpe propinado por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, no debe verse como un derecho adquirido. Se recibe la transferencia, por ejemplo, dos veces al año y si al terminar ese lapso la persona continúa en situación de desempleo, de necesidad, es necesario chequearse nuevamente. Esto para el caso de los hogares urbanos; en los rurales, se trataría de exigir corresponsabilidad: para seguir otorgando el beneficio, el Estado verificaría que los hijos del beneficiario asisten a la escuela y que aquel está tomando los cursos de capacitación laboral que deben diseñarse. La ayuda tiene que ser temporal. No puede desincentivar el empleo y mucho menos competir contra una remuneración laboral. De mantenerse en el tiempo, debe estar justificada con un mecanismo de corresponsabilidad por parte de las familias beneficiadas.

Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

Luis Pedro España retratado por Maura Morandi

¿Esa política está alineada con la idea de que buena parte del empobrecimiento en los dos últimos años es por ingresos, y por tanto con una política económica que restituya el crecimiento y frene la inflación es posible contener el deterioro?

Ha habido un shock de ingresos; por lo tanto, como se indica en el trabajo que mencionaste anteriormente, en más de dos terceras partes la pobreza es reciente. Estos hogares necesitan sobre todo oportunidades económicas y una ayuda como la transferencia directa para compensar la caída que han tenido en el ingreso. De esta forma puede evitarse que adopten las prácticas que llevan a atornillarse en la pobreza, como la reducción del consumo, la deserción escolar, la iniciación temprana en el trabajo y la liquidación de activos que son productivos. Estas son las cosas que hacen que una crisis de ingresos se transforme en un alza de la pobreza estructural.

¿Desde su punto de vista qué debe hacerse con las misiones?

La población va a entender que hay que ir a un reordenamiento de las misiones sociales, sobre todo porque ya han sido desmanteladas por el propio Gobierno. Desde hace tiempo lo que existe es propaganda, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que distribuyen bolsas de comida, y esa suerte de lotería que es la Misión Vivienda.

¿Cuál es su opinión respecto a los Clap?

Las bolsas de comida Clap son muy ineficientes e injustas porque en la práctica están segmentadas por la capacidad de organización de las comunidades y su vinculación con el aparato del partido. Por ejemplo, en zonas de Caricuao los vecinos se organizaron y gracias a las protestas que han hecho, las bolsas llegan una vez al mes. Pero los más necesitados no pueden hacer esto. Si algo sabemos de política social es que los pobres no llegan a ti, tú tienes que salir a buscarlos. No puedes operar como si fueses una panadería donde la demanda te va a llegar.

¿Qué propone en el caso de la Misión Vivienda?

Comprender que la política para enfrentar el problema no puede ser un sistema en el que existen alrededor de un millón y medio de inscritos y cada dos meses el sector público construye unas cincuenta viviendas. Hay que ir a un modelo diverso que contemple ampliaciones, nuevos urbanismos, programas de construcción asistida e incorporar al sector privado.

¿Por qué cree que no ha habido cambios en la política social a pesar de que ha habido un deterioro muy marcado en la calidad de vida de la población?

El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una política social fuera de contexto. Al igual que con el tema económico, tiene los mismos preceptos en un entorno que es enteramente distinto al boom petrolero que hubo cuando gobernó Hugo Chávez. Creo que eso apunta a que no tienen ideas, son estériles, repiten lo mismo como si padecieran de un tic nervioso.

¿Cuál cree que es la falla fundamental de las misiones que visiblemente han fracasado como mecanismo para evitar el empobrecimiento?

Se utilizaba el esquema mediante el cual ante una problemática se inventaba una misión, una acción, un establecimiento, una propaganda, un presupuesto. Así no funcionan los programas sociales. Por ejemplo, la mortalidad infantil no tiene una sola causa, tiene por lo menos seis y la más importante no es la atención médica. Por eso con Barrio Adentro solo estabas atendiendo una de las causas de la mortalidad infantil. El impacto social cuantificado, la articulación con otras políticas, la transparencia en el manejo de los fondos, la selección de los beneficiarios de acuerdo con sus reales necesidades, nada de eso importaba. Los beneficiarios no solamente son de una misión sino son de varias porque la entrada a los programas es libre. Además, la política social de las misiones no atacaba las distintas causas de problemas como el abandono escolar, la precariedad del empleo y el déficit de inversión en infraestructura.

Usted afirma sobre el período 2004-2008 que “el ascenso social ocurrido en Venezuela es de naturaleza economicista y rentista. No es el resultado de una política integral de desarrollo”. ¿A qué llama un ascenso economicista y rentista?

Como el ingreso petrolero se distribuyó a través de gasto público o por medio del subsidio del tipo de cambio, los sectores que más se favorecieron fueron los que tenían más capacidades, mejor inserción en el mercado laboral. El mercado asigna en función de quiénes son los mejores, los más productivos, los más eficientes, los más creativos y ante esa tendencia, que debe existir para que haya progreso porque de lo contrario desaparece el esfuerzo, es necesaria una política social que busque a los excluidos o menos favorecidos para transferirles recursos y capacidades.

Hubo la idea generalizada de que los programas sociales que creó el chavismo fueron un cambio drástico porque la renta petrolera comenzó a llegar a los estratos pobres. ¿Qué opina?

En el momento del boom petrolero, cuando las compañías de mercadeo comenzaron a ver que la demanda se estaba incrementando en los sectores populares, primero porque eran más y segundo porque tenían mayor capacidad de compra, comenzó un discurso según el cual la mejora en el ingreso provenía de las misiones. Pero cuando revisas la encuesta de hogares del INE o la encuesta del Estudio de la Pobreza, observas que ciertamente hubo un aumento de las transferencias hacia los hogares, pero no de las dimensiones que se decía. En 1997 cuando se hizo la primera encuesta del Estudio de la Pobreza, los hogares reportaron que hasta un 6% de sus ingresos totales provenían de transferencias que podían ser pensiones o de otro tipo. Diez años después, en 2008 cuando se hizo la segunda encuesta, eso pasó de 6 % a 12 %, que es bastante, el doble, pero siguió siendo 12%. El 80% del ingreso de los sectores populares provino de su trabajo, un trabajo sobrerremunerado si tú quieres, porque había un tipo de cambio subsidiado que abarataba los productos importados, pero no de transferencias.

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Esta entrevista a Pedro Luis España, realizada por Víctor Salmerón con fotografías de Maura Morandi forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

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Alejandro Gutiérrez: “Creían que todo lo podían resolver con importaciones”; por Víctor Salmerón

La política de precios colapsó y la mejor evidencia es que el mismo gobierno está violando los controles de precios y de cambio, llegando a acuerdos con el sector privado para importar alimentos con sus dólares y vendiéndolos por encima de la regulación.

Por Víctor Salmerón | 23 de marzo, 2017
Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

Los trabajos del economista Alejandro Gutiérrez, quien ha convertido el tema alimentario en el centro de sus investigaciones, tienen una especial relevancia en una sociedad donde la escasez de productos básicos y el empobrecimiento alcanzan niveles inéditos. Su voz es una de las más autorizadas en la materia: profesor titular de la Universidad de Los Andes, doctor en estudios del desarrollo, consultor del Banco Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Paso a paso explica las causas del fracaso en la política agroalimentaria de los últimos 18 años y afirma que a pesar del feroz deterioro en la calidad de vida, la administración de Nicolás Maduro aún no toma las medidas necesarias para cambiar el rumbo e iniciar la recuperación.

Para la revolución bolivariana, que está en el poder desde 1999, el tema de la producción agrícola y agroindustrial ha ocupado un lugar preponderante. El Gobierno entregó créditos, combatió el latifundio, creó empresas agroindustriales, repartió subsidios, exoneró impuestos, distribuyó maquinaria agrícola, creó sistemas de riego e implementó experimentos productivos socialistas como los Fundos Zamoranos. ¿Qué dicen las cifras sobre el resultado de esta estrategia?

Si tomamos las cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, tenemos que en 2015 el valor de la producción agrícola por habitante a precios constantes, es decir, ajustados por la inflación para poder comparar año a año, es 20% inferior a la de 1998. Entre 2012 y 2015, el descenso es de 11%. En cuanto a la industria de alimentos, también tomando en cuenta el tamaño de la población, hay un descenso de 20% respecto a 1998 de acuerdo con el índice que elabora el Banco Central de Venezuela para medir el volumen de la producción.

Realicé un trabajo para determinar las calorías disponibles en relación a los requerimientos de la población. Se basa en cifras oficiales, disponibles hasta 2013, y en un modelo econométrico para calcular el período 2014-2016. Esto me da base para afirmar que el habitante promedio venezolano tiene un consumo de calorías que está por debajo de sus requerimientos.

Allí vemos el período en su totalidad, pero la estrategia obtuvo resultados positivos entre 2003-2008, cuando de acuerdo con su trabajo “El sistema alimentario venezolano: evolución reciente y bases para el diseño de una nueva estrategia”, la producción agrícola por habitante creció 1,6%. ¿Por qué hubo este repunte, aunque pequeño, en esos años?

Entre 2003-2008 el Gobierno inyectó una enorme cantidad de recursos, financiamiento, subsidios, crédito. Un aspecto relevante es que se trata de un crecimiento muy inferior a las tasas que registró el resto de la economía. El efecto negativo del control de precios y el control de cambio no se notó mientras hubo suficientes divisas para importar, pero recordemos que durante 2007, en pleno auge de la bonanza petrolera, hubo una escasez muy fuerte; tanto, que este es uno de los factores que influyó para que Hugo Chávez perdiera el referendo para aprobar la reforma de la Constitución.

¿Podría resumir qué explica el descenso constante en la producción a partir de 2008?

A partir de 2008 los precios permanecen controlados por largo tiempo y se golpea la rentabilidad. El efecto de los controles de precios está previsto en cualquier texto de economía: si se fija un precio de venta al público por debajo del que equilibra la oferta con la demanda, se genera un exceso de demanda y surgen los mercados negros. El control de cambio entorpece las importaciones que necesita el sector, las expropiaciones de tierras golpean la inversión privada, empresas agroindustriales que fueron estatizadas se vuelven poco eficientes, no hay repuestos para reparar la maquinaria, aparece la insuficiencia de semillas. Creían que todo lo podían resolver con importaciones porque había dólares provenientes del petróleo, pero cuando se cayó el precio del barril el país se quedó sin divisas. Esa es la situación que tenemos ahora.

Hubo un aumento muy importante del crédito al sector agrícola a tasas de interés preferenciales, lo que se traduce en un subsidio que pagan los depositantes. Usted dice que en el período 1998-2013 la cartera crediticia de la banca comercial y universal, en términos reales, creció al ritmo promedio anual de 15,1%. No obstante, precisa que hay una pérdida de eficiencia del crédito agrícola. En el lapso 1998-2003, por cada bolívar medido a precios constantes otorgado en préstamos, se obtenían 14,6 bolívares de producción, pero en el lapso 2008-2013 esta relación disminuyó a 2,2. ¿A qué se debe el fenómeno?

En algunos años este financiamiento se sintió en rubros que son fáciles de controlar como el caso de los cereales. Otra parte se desvió. La morosidad de los créditos al sector agrícola es muy elevada, el Banco Agrícola de Venezuela tiene una tasa de morosidad de casi 8% y la de la banca en general no llega a 1%. Muchos créditos se desviaron. Recordemos que la agricultura se convirtió en una actividad no rentable. Pero es bueno señalar que ha habido un cambio importante en el financiamiento: en 2015 y 2016 la cartera agrícola obligatoria en términos reales, es decir, descontando la inflación, sufrió un descenso.

El 19 de enero del año pasado el Gobierno anunció la creación de nueve motores para impulsar la economía. Uno de ellos fue el agroalimentario. ¿Cree que habrá una recuperación de la producción?

El anuncio de los “nueve motores” no nos hizo pensar que 2016 sería un mejor año en producción agrícola y de la industria de alimentos. No había insumos agrícolas, buena parte de la maquinaria estaba paralizada por falta de repuestos. El Gobierno no les anunció los precios a los productores en el momento oportuno; por ejemplo, la cosecha de maíz, en el momento que se recogió no tenía un precio definido. Era evidente la caída de la producción agrícola, de la producción de la industria de alimentos y también de las importaciones, como en efecto ocurrió. Por eso hubo un gran desabastecimiento.

Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

Alejandro Gutiérrez retratado por Rodrigo Picón

El Gobierno ha permitido importaciones de alimentos que se financian con dólares adquiridos en el mercado paralelo. Estos productos están en los anaqueles a precios muy superiores a los regulados. ¿Colapsó el control de precios?

Así es. La política de precios ha colapsado y la mejor evidencia es que el mismo Gobierno está violando los controles de precios y de cambio llegando a acuerdos con el sector privado para que importen alimentos con sus dólares y los vendan a precios por encima de la regulación. El Gobierno violentó su propia política de control de precios para garantizar un mínimo de oferta.

En algunos casos, como el de la producción avícola, que necesita maíz amarillo y soya, el Ejecutivo ha llegado a acuerdos con los actores de la cadena avícola para que traigan con sus dólares maíz amarillo a precios del mercado internacional. Hablamos de dólares a precios del mercado paralelo. Lógicamente, ese maíz amarillo incrementa el costo de producir pollos. Por eso se vende a precios muy superiores a los establecidos por el control de precios. Pero el Gobierno no hace nada porque hay un acuerdo tácito para no cumplir con la Ley de Precios Justos.

En enero de 2016 se creó el Consejo de Economía Productiva donde los empresarios se sientan con representantes del Ejecutivo en mesas de diálogo para encontrar soluciones. ¿Por qué cree que esto no ha dado resultados positivos?

Las mesas de diálogo comenzaron a principios del año 2016 y no hubo solución de los problemas de suministro de insumos, de repuestos. De ahí no salió nada concreto porque, como era previsible, sin dólares se fundieron los motores que anunció el Gobierno. Ahora se ve el impacto de quedarse sin divisas para importar y haber implementado una estrategia que se sostenía en el debilitamiento del sector privado porque se le consideraba un enemigo para desarrollar el proyecto del socialismo del siglo XXI.

También el 11 de julio del año pasado se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en la que se reforzó el rol del sector militar en la economía. La Misión está a cargo de un comando encabezado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien tiene atribuciones para dictar regulaciones, directrices y medidas especiales a empresas y regiones. ¿Piensa que esto va en la dirección correcta para disminuir el desabastecimiento?

La misión está en manos del sector militar, que tiene conocimiento de logística. El problema es que está enfocada en distribuir los pocos productos disponibles y la falla fundamental es de oferta. Eso sigue sin resolverse.

Actualmente en Venezuela hay problemas de oferta por el cierre de empresas, la ausencia de inversión en los últimos años, tecnología atrasada. Si se concreta la posibilidad de aplicar un ajuste que busque reanimar la economía, ¿cómo levantar el control de precios en estas circunstancias?

Hay muchos precios que se pueden liberar inmediatamente, no solo en el caso de los alimentos sino de muchos bienes y servicios que están regulados. El Estado es incapaz de controlar todas las decisiones que toman los productores y los consumidores. Pero hay que tener en cuenta el impacto social. Por eso el desmontaje solo es posible en un programa de estabilización macroeconómica y de emergencia. Necesariamente, durante un período de transición, el precio de un grupo de alimentos básicos debe permanecer regulado con revisiones periódicas. Un aspecto clave es la necesidad de obtener financiamiento en el exterior para contar con suficientes dólares e importar alimentos en una primera etapa, mientras se normaliza la producción, y crear un plan de transferencias directas a los hogares de menos recursos para que soporten el ajuste de precios y no haya una convulsión social. Para obtener financiamiento se requiere un plan integral y de calidad que, entre otras cosas, tenga claro cómo corregir el déficit fiscal que se está cubriendo con emisión de dinero que impulsa la inflación.

¿Desde su punto de vista el control de cambio debe eliminarse de una sola vez como se hizo en 1989 y 1996 durante los ajustes implementados por los expresidentes Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera?

El desmontaje podría ser por etapas. La tasa de cambio comercial (para importaciones y exportaciones) se podría flexibilizar o liberar y al mismo tiempo crear un mercado legal en el que la gente pueda comprar dólares. Pero ese mercado, que sería con intervención del Banco Central de Venezuela, necesita suficientes reservas internacionales. Nicolás Maduro perdió la oportunidad en 2013 de aplicar un programa de estabilización macroeconómica, prefirió ser fiel al legado de Hugo Chávez y Jorge Giordani. Ahora la enfermedad ha avanzado mucho. En 2013 se necesitaba mucho menos para financiar un programa de estabilización, hoy se estiman unos sesenta mil millones de dólares.

¿Qué propone en el caso de las empresas expropiadas que tienen severos problemas de producción?

Hay que privatizar y hay que decirlo sin miedo a las etiquetas. Y se comienza privatizando las empresas más pequeñas, las más fáciles de vender. Siempre habrá capital nacional o extranjero dispuesto a invertir. Se necesitan señales muy claras para los inversionistas nacionales y extranjeros; en el tema de las tierras expropiadas hay que explorar desde devolverlas a sus antiguos propietarios hasta venderlas y promover empresas mixtas.

Un aspecto importante es reactivar lo antes posible las cadenas de producción y eso requiere recuperar el acceso a materia prima, abordando el tema de la deuda que tiene el sector privado con casas matrices y proveedores en el exterior. ¿Qué hacer?

Si se crea un mercado cambiario legal y se liberan precios a fin de que se restablezca la rentabilidad las empresas pueden acceder a divisas a través de ese mercado, por eso es vital la flexibilización del mercado cambiario. Pero, nuevamente, eso se requiere un crédito que permita fortalecer las reservas internacionales.

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Esta entrevista de Víctor Salmerón con fotografías de Rodrigo Picón forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

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Carlos Machado Allison: “Es brutal el atraso tecnológico en el sistema agroalimentario”; por Víctor Salmerón

Tras dos años en la Presidencia de la República, Hugo Chávez presentó al país el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 que incluyó entre sus metas “garantizar la seguridad alimentaria”, elevando la producción nacional y reduciendo la dependencia de las importaciones. Rápidamente surgió la idea de fortalecer los “rubros bandera”: arroz,

Por Víctor Salmerón | 22 de marzo, 2017
Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

Tras dos años en la Presidencia de la República, Hugo Chávez presentó al país el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 que incluyó entre sus metas “garantizar la seguridad alimentaria”, elevando la producción nacional y reduciendo la dependencia de las importaciones. Rápidamente surgió la idea de fortalecer los “rubros bandera”: arroz, maíz, café, cacao, palma aceitera y ganadería. Siguieron los fundos zamoranos, el desarrollo de conucos, cultivos organopónicos y los Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas (Saraos y Saraitos). El crédito fluyó como nunca antes y se aprobó la Ley de Tierras que facilitó el “rescate” de 3,6 millones de hectáreas que pasaron a manos del Estado.

No obstante, el 15 de septiembre de 2012, después de once años de planes y seis meses antes de su muerte, Hugo Chávez continuaba hablando en futuro y señalaba: “Uno de los grandes objetivos históricos de nuestra revolución es convertir a Venezuela en una potencia agrícola”. Hoy, el desplome de la producción nacional es inocultable al igual que el atraso tecnológico, la desaparición de la inversión privada en el campo y la escasez de insumos básicos para la siembra.

Carlos Machado Allison es una de las voces más autorizadas para analizar cómo fue posible que el país no avanzara en materia agrícola durante los últimos diecisiete años e incluso retrocediera en aspectos clave. Autor de numerosos estudios e informes técnicos, especialista internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y cargos tales como coordinador del Centro de Agronegocios del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y expresidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, forman parte de su extenso currículo.

El 19 de julio de 2015, Elías Jaua, exministro de Tierras, dijo: “Todas las tierras que fueron rescatadas durante mi gestión eran tierras ociosas, muchas de ellas hoy están productivas, muchas de ellas no han podido levantar el esfuerzo productivo pero esa matriz de que nosotros destruimos el aparato productivo de la agricultura es totalmente falsa”. ¿Por qué existía esa irregularidad en la propiedad que permitió el “rescate” de tierras?

Como país nacimos con un problema de propiedad y pertenencia de la tierra que se perpetúa hasta hoy. La Comisión de Indias durante la Colonia, el gobernador, el presidente, administraban una propiedad que pertenecía al Estado; por eso la solidez de los títulos en Venezuela sigue siendo precaria. Ni siquiera existe un catastro. En el tiempo de la Independencia, la tropa recibió tierras que luego vendió a los generales. Así se construyeron las grandes propiedades en Venezuela. La primera ley de tierras es de 1848 y obligó a todos los tenedores a registrarse, pero solo había una oficina en Caracas y la mayoría de las familias ni se enteró. Desde ese momento, los gobiernos obviaron el tema y cuando realizaron expropiaciones pagaron, como ocurrió durante la reforma agraria de 1961. Con esta reforma de 1961 hubo una gran manipulación política: mientras el Gobierno no entregaba los títulos definitivos los campesinos dependían del Gobierno. En 1995 se hizo un censo y solo 17% de los beneficiarios originales de la reforma estaban cultivando la tierra. En consecuencia, tenemos un país lleno de bienhechurías y posesiones poco regulares. Este Gobierno interviene y aprovecha esa situación. Hablan de expropiación y rescate de tierras. En todo caso, intervienen entre tres y cuatro millones de hectáreas. No hay precisión porque también hubo invasiones.

¿El Gobierno no tuvo razón en intervenir tierras ociosas?

Si las tierras eran o no ociosas no es asunto del Gobierno. La ociosidad de las tierras significa recursos para las próximas generaciones. Estados Unidos y Europa tratan de colocar en esta condición la mayor cantidad de sus tierras. Con mucha frecuencia las propiedades que fueron catalogadas de ociosas eran fuentes de agua, de fauna, de flora y servían a las universidades para el estudio del venado, la biología del chigüire, la cría de caimanes. Todo eso se perdió.

El Gobierno también argumenta que necesitaba combatir el latifundio.

El latifundio no es una extensión de tierras; es un modo de producción. Ya en Venezuela no existen latifundistas. Hay fincas pequeñas, medianas y grandes. Las fincas grandes son las que tienen menos conducta de latifundio. Cumplen con la ley, pagan prestaciones, bono de alimentación, no hay nada parecido a la tienda de raya.

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

¿No había un problema de falta de tierras para que el Gobierno llevara adelante sus planes de producción agrícola?

No. Con excepción de algunos lugares de Yaracuy, en el resto de Venezuela no existe lo que se llama sed de tierras. No hay una masa campesina como en Brasil, Perú, Colombia o Bolivia. Aquí la población rural es solo 9% del total, distribuida en todo el territorio nacional.

¿Tiene a manos cifras que nos den una idea del resultado de las políticas de la revolución bolivariana en el sector agrícola?

Las empresas socialistas, las cooperativas, los fundos zamoranos, absorbieron un enorme gasto y no producen. El desabastecimiento y la caída en la producción de maíz, arroz, ganado, hortalizas, café, es notoria. Venezuela ha tenido que importar arroz cuando llegamos a ser exportadores, y a importar ganado por una cantidad monstruosa de dinero tras la destrucción sistemática de fincas ganaderas en Guárico y Portuguesa. En Yaracuy, Lara y Aragua ha habido un daño muy grande en la caña de azúcar. Según mis cálculos, que se ajustan bastante a los de Fedeagro y al resto de los gremios, en 1998 la producción agrícola vegetal era de 780 kilogramos por persona al año, y en 2016 fue de 500 kilogramos. Para la seguridad alimentaria se necesitan 800 kilogramos por persona.

El exministro Elías Jaua también dijo en julio de 2015: “La revolución ha hecho un gran esfuerzo por levantar y recuperar la producción agrícola desarrollando políticas para el sector agrario: subsidios, exoneración del IVA, maquinaria agrícola, sistema de riego, creación del Banco Agrícola, del Fondo Agrario Socialista, pero dependemos de las importaciones porque a pesar de ese esfuerzo, nosotros no logramos alcanzar la línea de crecimiento del consumo”.

Está diciendo que fracasó. El Gobierno logró un período de crecimiento de la producción agrícola hasta mediados de la (primera) década de 2000. Hubo crédito barato, maquinaria, subsidios al consumidor, pero después dejaron de pagar, comenzaron a deberle a los productores que ya no hicieron más inversiones mientras que la población seguía aumentando. Gastaron mucho dinero en proyectos como los que se ven en las carreteras de Aragua para producir hortalizas. Esos son sistemas muy complejos de producción que requieren ingenieros agrónomos, químicos a cargo. En Europa son muy rentables. Aquí se pudrieron las mallas. Frente a la Hacienda Santa Teresa sembraron 50 hectáreas de maíz por órdenes de Elías Jaua, que quería tener una especie de vitrina. Se sembró el maíz y nadie lo recogió.

¿Por qué no se recogió?

No sé, es algo que hay que preguntarle al exministro Jaua. ¿Por qué los invernaderos nunca funcionaron? Porque requerían mano de obra calificada para ponerlos a funcionar y el conocimiento de la cadena.

¿Con las expropiaciones se apartó a quienes conocían el negocio y podían invertir para ser sustituidos por estructuras ineficientes?

Hay hatos que tenían diez mil cabezas de ganado y veinticinco mil chigüires como el Hato El Frío. Ahora no hay nada.

¿La expropiación de Agroisleña, que pasó a ser la empresa pública Agropatria, es un hecho importante en el fracaso de la producción agrícola?

Agroisleña no solo era un eficiente vendedor de semillas y agroquímicos, sino que tenía más de cien ingenieros agrónomos que conocían el suelo y la demanda de fertilizantes y agroquímicos para cada cliente. Cuando los clientes no tenían una titularidad razonable, la empresa hacía el rol de intermediario con los bancos y le prestaba al productor. Además, coordinaba con la agroindustria para colocar la cosecha. Pues bien, se convirtió en algo donde de casualidad hay un fertilizante básico.

¿Qué otro camino ha podido tomar el chavismo para impulsar la producción agrícola?

Capacitación técnica, fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país, no convertirse en un gobierno hipercontrolador: un pequeño productor está sometido a más de 200 normas y resoluciones. No ser un Gobierno que gasta sin miramientos. Por ejemplo, si compras tractores chinos tienes que asegurar los repuestos, la distribución. Hay tractores chinos e iraníes botados por todo el territorio nacional. Los mecánicos rurales conocen muy bien la tecnología de las marcas tradicionales, pero no conocen los tractores chinos e iraníes. El Gobierno tiene 288 empresas ligadas al sector de alimentos, eso tiene un costo bárbaro y no producen.

¿El manejo macroeconómico es también un factor a tomar en cuenta en esta discusión?

El control de precios, el control de cambio, el mal manejo macroeconómico, obviamente es una sombra que cubre toda la actividad. Se cree que el mundo agrícola es excepcional, que hay una excepcionalidad agrícola, pero en última instancia son las variables macroeconómicas las que influyen. Se estuvo importando carne a un tipo de cambio sobrevaluado, compitiendo de manera terrible con los productores nacionales.

Otro tema relevante es el atraso tecnológico en el sistema agroalimentario. ¿Desde su punto de vista qué tan grave es?

Es brutal el atraso tecnológico. Por ejemplo, Argentina, Brasil y México utilizan máquinas robotizadas, cosechadoras y sembradoras que se manejan con una computadora. Ya se utilizan GPS para hacer surcos y la evaluación de la cosecha se hace con drones, algo muy alejado de nuestra realidad. Nosotros nos quedamos en 1998. En América Latina se emplean camiones con compartimientos especiales para el transporte. En Venezuela seguimos utilizando el 350 “con cachucha” y el resultado es una pérdida de 30% en frutas y hortalizas, por el mal transporte de la cosecha hasta el punto final de venta. Cada mancha que encuentras en un plátano o un cambur es un golpe que determina una pérdida muy rápida de la fruta. Igual ocurre con los melones, las patillas, los aguacates. Vemos alcachofas con las puntas quemadas porque han sido transportadas a una temperatura no adecuada. O tomates dañados por ser transportados con cítricos que emiten etileno. Hay un atraso en técnicas muy básicas. Ve a Barinas y visita la famosa Academia de Agricultura que inventó J.J. Montilla.

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

Carlos Machado Allison retratado por Iñaki Zugasti

¿Qué hay allí?

Los edificios.

¿Qué se debería hacer en el tema de la capacitación?

Se necesita una banda intermedia de capacitadores formados en las universidades para que instruyan a los productores. Y eso tiene que funcionar a nivel municipal. Esa reforma la hicimos en 1992-1993 pero los municipios querían pagarle a un ingeniero agrónomo el sueldo de un obrero. En Estados Unidos cada municipio tiene un centro de capacitación muy bien dotado y eso ocurre también en Argentina.

Llama la atención que hasta 2014 hubo un gran ingreso petrolero y se supone que el Gobierno invirtió en adquirir tecnología. ¿Se limitó a comprar tractores chinos que ahora ni siquiera pueden reparar? ¿No importamos tecnología de punta?

No lo hicimos. Venezuela tuvo una ruptura política y comercial con Estados Unidos y se peleó con media Europa. Sus compras estuvieron dirigidas a China, Cuba, Irán, países que están rezagados en muchas cosas.

¿Entonces lo que hicimos fue importar chatarra tecnológica en vez de aprovechar los recursos para dar un salto importante que impulsara la producción?

Así es, y al mismo tiempo 60% del recurso humano con PhD se fue del país. Si me preguntas por las dos personas que más sabían de ganadería en Venezuela, tengo que decir que una está en México y otra en Costa Rica. La generación que yo formé y la que le siguió, hablo de personas con cincuenta y treinta años con doctorados en universidades de prestigio, se fueron del país. Están en Puerto Rico, Australia, Colombia, Estados Unidos. Por ejemplo, Ecuador se llevó alrededor de cien profesores de la Universidad Simón Bolívar.

Usted ha mencionado que nuestras exportaciones agroalimentarias son, per cápita, las más bajas de la región. Nos superan países tan pequeños como Costa Rica, o tan pobres como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

Llegamos a exportar 600 millones de dólares al año entre 1992-1997, cuando se corrigió la sobrevaluación de la moneda, y Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia descubrieron que Venezuela tenía una agroindustria muy moderna para la época porque los años de sobrevaluación permitieron la adquisición de bienes de capital a muy bajo precio. Entonces nuestra salsa de tomate, jugos, pastas, galletas, resultaron muy atractivas en el Pacto Andino. Polar llegó a exportar 50 millones de dólares en cerveza. A finales del segundo gobierno de Rafael Caldera el bolívar volvió a apreciarse y nuevamente fue difícil exportar.

Menciona que en ese período en el que la moneda no tuvo una gran sobrevaluación logramos exportar y eso se logró porque antes de ese período, gracias a las divisas baratas, compramos bienes de capital y creamos una agroindustria. Ahora hubo un período de gran sobrevaluación entre 2004-2014 y recientemente a los exportadores se les otorgó la tasa del Dicom que es competitiva, pero todo apunta a que estamos muy lejos de repetir un ciclo similar al de los noventa.

Hay un factor que es difícil de medir, pero es clave y se llama confianza. La agroindustria invirtió grandes cantidades en los años setenta y ochenta pero no lo hizo en los 2000. Por el contrario, si tienen 30% o 40% de capacidad instalada ociosa, ¿para qué van a invertir en nueva tecnología?

Ya no estamos en el Pacto Andino sino, con las observaciones del caso, en Mercosur. ¿Esto fue un error estratégico?

No era un error estratégico si Venezuela actuaba como cabeza del continente. Con una tasa de cambio competitiva y una capacidad agroindustrial importante pudimos ser un gran vendedor de productos elaborados y adquirir los commodities de Paraguay, Brasil, Argentina. Tener una conducta como la que tienen los holandeses que, por ejemplo, compran cacao y exportan chocolate. América Central, por ejemplo, vive de la producción agrícola y el comercio. Sabe del negocio. Conocí productores en Nicaragua que aprovechaban el vuelo Managua-Tegucigalpa-Miami para vender 600 mil dólares al año de retoño de maíz de seis semanas. Otro en San Pedro Sula que tomaba todo el plátano que ya no podía venderse porque tenía golpes, lo cortaba, lo empacaba al vacío y lo vendía en Miami para microondas.

Venezuela puede participar en negocios de esa naturaleza, pero desde Juan Vicente Gómez hasta la fecha la política ha estado dirigida a los commodities, a la sustitución de importaciones y no a la diversificación de la producción. Podríamos ser un paraíso productor de especias, tenemos las condiciones climáticas, se necesita la paciencia, la inversión y la visión para sustituir lo que llega aquí como marca Iberia o McCormick, que son especias viejas que ya no huelen a nada y tienen hasta tres años de antigüedad. Jamaica es un gran productor de especias, Guatemala exporta 60 millones de dólares al año de cardamomo. Aquí podríamos hacerlo.

¿Qué hacer para corregir la escasez en el corto plazo? Parece indispensable un plan de importaciones de emergencia.

En el corto plazo sí, no habría otra alternativa. Pero hay que saber lo que se va a importar. A lo mejor mandan a un general a importar semillas y compra lo que no debe. Hablar con la Asociación Venezolana de Sanidad Animal, porque no hay vacunas ni antibióticos. Tenemos un problema de mastitis en las vacas que es muy grave. Faltan agroquímicos y alimentos balanceados. Estamos hablando de cinco mil o seis mil millones de dólares que el Gobierno no tiene. El problema es gravísimo. Además, hay que saturar el mercado porque por la escasez todo el que tiene algo de dinero está almacenando.

¿Y con las tierras qué medida propondría?

Esa puede ser una fuente importante de ingresos para el Gobierno. Regularizar las tierras de la reforma agraria le generaría al Estado enormes cantidades de dinero. La gente pagaría por tener la titularidad. Casi todas las casas de Ocumare de la Costa están sobre tierras de la reforma agraria, por ejemplo. En el caso de las expropiaciones, explorar si es posible devolverlas a los antiguos dueños o venderlas.

¿Cree que es posible vender las tierras que fueron expropiadas y no están produciendo? ¿Quién estaría interesado en invertir en el negocio agrícola en Venezuela en este momento?

Allí caemos en el terreno político. Soy miembro honorario del Consejo Venezolano de la Carne, ha habido algunas transacciones de tierras entre ellos, pero ninguno estaría dispuesto a comprar más tierras para aumentar la producción de ganado porque están muy escarmentados, a la defensiva. Pendientes no solo de las invasiones, también del robo de bombas, transformadores. A quienes han tratado de efectuar el riego por goteo, que es la tecnología actual para la producción de hortalizas, les han robado los tubos y los dosificadores de fertilizantes. Existe un problema grave de inseguridad.  Aun así, hay interesados en invertir. Allí está el caso de Dos Aguas y el de una empresa que produce patos para los restaurantes. Pero, ciertamente, nadie está dispuesto a jugársela a gran escala.

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Esta entrevista a Carlos Machado Allison, realizada por Víctor Salmerón con fotografías de Iñaki Zugasti forma parte del especial de Prodavinci “El hambre y los días”. Puede ver el trabajo completo haciendo click acá.

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Humberto García Larralde: “El Gobierno no tiene respuesta frente a la inflación”; por Víctor Salmerón

Después de tres años de inmersión continua y un empobrecimiento que multiplica la desnutrición infantil, la magnitud del desastre que arrasa con la economía venezolana ya no es el tema principal. La interrogante de fondo es por qué el presidente Nicolás Maduro se niega, o está imposibilitado, de cambiar el rumbo. Humberto García Larralde, presidente

Por Víctor Salmerón | 9 de febrero, 2017
Humberto García Larralde retratado por Maura Morandi

Humberto García Larralde retratado por Maura Morandi

Después de tres años de inmersión continua y un empobrecimiento que multiplica la desnutrición infantil, la magnitud del desastre que arrasa con la economía venezolana ya no es el tema principal. La interrogante de fondo es por qué el presidente Nicolás Maduro se niega, o está imposibilitado, de cambiar el rumbo. Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, aborda este aspecto de la coyuntura y analiza las variables que, desde su punto de vista, no permiten avizorar un alivio en el corto plazo. No duda en señalar que el Gobierno está manejado por un grupo privilegiado que expolia al país mientras desde el poder se vocifera un discurso irracional, alejado de la realidad, típico de una secta fanática.

La mayoría de las proyecciones contemplan un precio promedio del petróleo entre 45 y 50 dólares para este año versus 35 dólares en 2016. ¿Qué tanto puede respirar la economía con ese incremento en el ingreso? ¿Se detendrá el severo recorte de importaciones?
PDVSA tiene una cantidad de pagos pendientes, de deudas, de problemas para mantener la producción; no olvides que estamos importando gasolina y petróleo liviano. Todo esto hace que sea como una especie de esponja seca. Aun suponiendo que los precios del petróleo mejoren por el recorte de producción y este año registren un promedio cercano a cuarenta y cinco dólares, los compromisos de PDVSA van a absorber una porción importante de esos ingresos. Muy poco se va a transformar en importaciones extra.

Otro tema relevante es que este año hay que cancelar unos 9.500 millones de dólares por vencimiento de deuda externa. ¿El Gobierno va a seguir privilegiando a quienes tienen estos bonos en sus portafolios a costa de tener una economía que —sin un aumento relevante de las importaciones que garantice materia prima a las empresas— no va a crecer o a lo sumo lo hará de forma raquítica?
Por el malísimo manejo de la economía, la caída de los precios del petróleo, la falta de transparencia, los intereses que tienen que pagar PDVSA y la República para endeudarse son astronómicos. En este momento Venezuela no tiene crédito internacional. La razón por la que no se declara el default o se produce una renegociación de la deuda presionada por el Gobierno puede tener muchas explicaciones, yo no me negaría a pensar que buena parte de la deuda está en manos venezolanas, en bancos que han favorecido al Gobierno y lo menos que les interesa es una renegociación considere una rebaja del monto que se les adeuda. Debe haber un acuerdo tácito entre los bancos nacionales y el Gobierno para que no se deje de pagar.

Aparte del vencimiento de bonos, el Gobierno tiene pendiente el pago al sector privado de un importante monto por concepto de importaciones no liquidadas que Ecoanalítica calcula en 11 mil millones de dólares. A esta cantidad se suman 4.000 millones de dólares por dividendos que las empresas extranjeras en el país no han podido repatriar y 9.000 millones de dólares por deudas con empresas mixtas y proveedores que se desenvuelven en el sector petrolero. ¿Esto no indica que es urgente un plan para reestructurar todos los pasivos y obtener financiamiento en dólares?
Obvio. No hay forma de que el país se recupere con esa serie de compromisos y la poca capacidad de pago que tiene tras la caída de los precios del petróleo y porque nadie lo quiere financiar. Entonces, se necesita un plan financiero completo que contemple negociar préstamos en cantidades significativas con organismos financieros internacionales, una reestructuración de la deuda que aplane los picos de vencimiento, y dinero fresco para restablecer el flujo de maquinarias, de insumos y de materia prima que son imprescindibles para que la economía respire.

¿Está el Gobierno en condiciones de diseñar ese plan? ¿Tiene los ministros, el liderazgo necesario para impulsarlo, o le es imposible hacerlo y Venezuela seguirá en un ciclo de recesión o de crecimiento endeble?
Este Gobierno está incapacitado para hacer una negociación de esa naturaleza porque significaría renegar de todo lo que ha pretendido hacer en materia económica. A esto se añade que Maduro no tiene liderazgo propio. Es un designado, y lo único que puede hacer para mantener la cohesión en medio de las pugnas internas, de las apetencias, es decir que cumplirá de manera estricta las políticas heredadas de Hugo Chávez. Otro factor a considerar es que Maduro está preso de los poderosos intereses creados en torno a la intervención del Estado, de los controles que permiten que se amasen enormes fortunas.

Sólo en el segundo semestre de 2016 el financiamiento del Banco Central a PDVSA se incrementó de 946 mil 719 millones a 4,5 billones de bolívares, es decir, un aumento de 375 por ciento que elevó la presión inflacionaria. El BCV no ha difundido la inflación de 2016 pero un reporte de Reuters indica que cerró en torno a 800 por ciento. ¿Si este año hay elecciones de gobernadores y el Gobierno decide financiarse en mayor medida con emisión de dinero, ¿no estaríamos más cerca de una hiperinflación?
Claramente el riesgo existe. Pérez Abad contuvo la emisión de dinero y de esta forma disminuyó un tanto la tasa intermensual de la inflación y aguantó al dólar paralelo, aunque a costa de contribuir a deprimir más la economía y crearle severos problemas de caja a PDVSA. Tras ser destituido como vicepresidente de economía, nuevamente se utilizó con intensidad la emisión de dinero y aumentó la presión inflacionaria. El punto clave para ir a una hiperinflación es cuando nadie quiere conservar bolívares. Inmediatamente se gastan o se emplean para comprar dólares. Y el elemento central es indexar los salarios, algo que hasta ahora afortunadamente no ha ocurrido. Si esto comienza a pasar, estaríamos yendo a una inflación de dos mil o tres mil por ciento.

¿No hay una especie de trampa en el sentido de que si acabas con el financiamiento del Banco Central se profundiza la recesión, pero si recurres a esta práctica hay una inflación muy alta? ¿Un círculo vicioso donde eliges entre más recesión o inflación?
La solución es global, un ajuste que contemple distintas áreas, disminuir o eliminar el financiamiento monetario, reducir el déficit fiscal, liberar la economía, pedir financiamiento externo, un tipo de cambio de equilibrio. No es cortar de la noche a la mañana el financiamiento monetario, esto tendría que ser parte de un plan global que garantice que la economía responda.

El Gobierno no ha presentado ningún plan para contener la inflación, al punto de que lo único que uno podría pensar que puede actuar en ese aspecto es el descenso del consumo y que el aumento del petróleo permita disminuir la emisión de dinero por parte del BCV. ¿Por qué cree que se obvia por completo la necesidad de contener la inflación?
Porque el Gobierno no tiene ninguna respuesta, esconde su incapacidad con el subterfugio de la guerra económica, así remite el problema a una conspiración y al comportamiento no patriota de la gente, que compra o especula.

¿Cómo evalúa el cambio de gabinete, el nombramiento de Ramón Lobo como ministro de Finanzas y de Ricardo Sanguino como presidente del Banco Central? ¿Cree que habrá algún cambio de política?
El Banco Central ya no ejerce un rol institucional —regular la masa monetaria, preservar el poder adquisitivo del bolívar—, tiene un papel político y Ricardo Sanguino, más que un economista, es un militante que cumple las órdenes que le imparten. En el Ministerio de Finanzas va a ocurrir lo mismo.

Carlos Dorado, presidente de Italcambio, ayudó a crear un sistema que busca disminuir el tipo de cambio en la frontera con la venta de pesos colombianos. Llama la atención que este representante del empresariado no ha hecho ningún planteamiento de fondo en materia cambiaria. No mencionó temas como la caída de las reservas internacionales, la sobrevaluación de la tasa de 10 bolívares por dólar, la inconveniencia de un sistema de cambios múltiples, el fracaso del control de cambio, y se sumó a la idea del Gobierno de que lo principal es atacar a la página web DolarToday que difunde la tasa paralela. ¿Estamos ante un reacomodo de la relación entre miembros del sector privado y el madurismo?
Diría que se ha acentuado la propensión que siempre ha existido en el sector privado de buscar renta. En los gobiernos anteriores también hubo un Estado repleto de dinero por el ingreso petrolero y con discrecionalidad para asignar esos recursos a través de créditos, exoneraciones de impuestos, aranceles; eso hace que el empresario sepa que buena parte de su posibilidad de obtener renta tiene que ver con el Estado. Eso se ha exacerbado. Maduro y Chávez han sacado lo peor de la clase empresarial venezolana. Han arrinconado a los mejores y le han dado oportunidad a quienes buscan arrimarse al Gobierno para garantizar negocios.

¿Cree que la nueva junta directiva de PDVSA es capaz de detener el descalabro de la producción petrolera, que de acuerdo con la información suministrada de manera oficial a la OPEP en 2016 descendió 11,7%?
No conozco a las personas, pero ninguno es experto petrolero. Se designó a una vicealmirante no por su experticia sino porque viene a representar a los militares. PDVSA es una empresa desmantelada, que se dedicó a actividades que la hicieron abandonar su negocio medular, que tuvo una hemorragia terrible de mano de obra calificada y donde es evidente el malestar creciente de los trabajadores porque el salario no les alcanza, aparte de problemas con las empresas mixtas. PDVSA necesita una reestructuración profunda y los incrementos en el precio del petróleo difícilmente van a ser suficientes para rescatarla.

Humberto García Larralde retratado por Maura Morandi

Humberto García Larralde retratado por Maura Morandi

Es curioso que Maduro continúe recurriendo al sector militar que ha sido desastroso en la administración de los alimentos, de los dólares y de las áreas de la economía en las que han estado al frente. ¿Cree que es una apuesta del presidente Maduro o que simplemente el sector militar reclama más poder?
El sector militar ha adquirido muchísimo poder. Hay quienes dicen que Venezuela es una dictadura militar cobijada en una retórica revolucionaria. Uno de los grandes aportes que Chávez le hizo a los militares fue disfrazarlos de revolucionarios o herederos de Bolívar para que instalasen una dictadura militar como lo están haciendo, a través del control progresivo del poder.

Y en ese entorno florece una economía que favorece los manejos turbios.
Cuando tienes una economía que funciona de manera opaca, sin rendición de cuentas, con controles que se aplican de manera discrecional y leyes con un alto poder sancionatorio se crean enormes oportunidades para enriquecerse de la noche a la mañana.

La diferencia entre el precio al que se consiguen muchos bienes y el regulado, el contrabando de gasolina, el abismo entre los tipos de cambio oficiales y el mercado paralelo, dan una idea de las inmensas oportunidades para ganar con el arbitraje, la sobrefacturación y el desvío de recursos. ¿Las ganancias de esos grupos, que usted ha llamado en sus escritos “oligarquía”, se fundamentan en una madeja de intereses que hacen muy difícil un cambio de política económica?
Por supuesto, por eso es que el Gobierno no rectifica. Desde luego uno imagina que hay mucha lucha interna porque los grupos tienen intereses particulares y hay múltiples complicidades. Esa es una madeja de intereses atrincherados y que son los primeros en tratar de evitar cualquier cambio de política que desmantele estas irregularidades. Si se abriera la economía a un sistema de precios no controlados, a la iniciativa privada, habría un giro de ciento ochenta grados porque estos grupos perderían poder. Esta gente expolia al país porque está en los nodos de decisión que tienen que ver con los controles, las sanciones, en un ambiente donde no hay transparencia.

En sus artículos menciona que la conducta de esta oligarquía trasladó la dinámica política y el acontecer económico al mundo de lo irracional. ¿No existe la racionalidad de permanecer en el poder a toda costa?
Este Gobierno concibe la política como una guerra, la prioridad no es resolver la crisis económica sino permanecer en el poder y entonces todo es válido. Se busca mantener galvanizada a la población que aún los apoya con cualquier tipo de argumentos, así no tengan relación con la realidad. Lo que queda del chavismo es una especie de secta fanática unida por una razón mágico-religiosa del Comandante Eterno. Ha perdido todo contacto con la realidad, estamos en el mundo de lo irracional. La realidad no es un dato para la toma de decisiones, el tema es cómo permanecer atrincherado en el poder.

¿La imagen falsa no incluye a un Gobierno que supuestamente combate a la oligarquía, que canta oligarcas temblad?
Ellos son la oligarquía, el chavismo se convirtió en una oligarquía expoliadora con algo de base popular.

¿Se le ha ofrecido al país un proyecto económico como alternativa al chavismo?
Pertenezco a un grupo de economistas donde hemos coincidido en los lineamientos generales de ese proyecto y hay una lógica que es fácil defenderla. En el corto plazo eliminar la inflación y los desequilibrios, una política social, ir a una economía que se sustente en la competitividad lo cual implica quitarle el rol intervencionista al Estado.

¿Se lo han planteado a los políticos de oposición?
Hemos tenido encuentros, pero el problema está en que el elemento central es que la renta petrolera se coloque en fondos blindados, con reglas de juego que formen parte de un acuerdo nacional para atender necesidades sociales, infraestructura, servicios, constituir un fondo de estabilización. Y esa no es una propuesta agradable para los políticos porque el gran premio al llegar al poder es manejar la renta de manera discrecional, hay que quitarles ese manejo discrecional y crear instituciones que impidan el uso de los recursos con fines políticos. Y la economía tendría que funcionar con base a la competitividad y no por la búsqueda de renta.

¿No cree que ha faltado un discurso alternativo al chavismo, que la oposición no tiene una propuesta clara?
Coincido contigo, pero hay que ver al sector opositor. Hay una variedad muy grande de partidos, algunos tienen la mente en el pasado, con la idea de regresar al sistema anterior, rescatar las instituciones, corregir desequilibrios económicos, pero no entienden cómo superar el tema del rentismo.

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Los cinco desafíos de Ricardo Sanguino al frente del BCV; por Víctor Salmerón

Tras desempeñarse durante 17 años como diputado, diez de los cuales estuvo al frente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino se prepara para ocupar la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) en medio de la mayor crisis económica desde 1951, el año más antiguo en las estadísticas oficiales del

Por Víctor Salmerón | 25 de enero, 2017
Fotografía de AVN

Fotografía de AVN

Tras desempeñarse durante 17 años como diputado, diez de los cuales estuvo al frente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino se prepara para ocupar la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV) en medio de la mayor crisis económica desde 1951, el año más antiguo en las estadísticas oficiales del país. ¿Cuáles serán sus principales desafíos?

Inflación y PDVSA

De acuerdo con la última cifra oficial en 2015 la inflación se ubicó en 180,9% el nivel más elevado desde que existen estadísticas en Venezuela. Aún el Banco Central no publica la inflación de 2016 pero todo apunta a un incremento de precios que habla del riesgo de una hiperinflación, de hecho, un reporte de Reuters afirma que los resultados preliminares que maneja el BCV registran un salto de 799,9%.

La decisión del Banco Central de financiar gasto del Gobierno es una de las principales causas del incesante incremento de los precios. De manera continua PDVSA emite pagarés y el Banco Central se los compra creando nuevos billetes. Una vez PDVSA tiene los bolívares en la caja los transfiere al Gobierno para que éste cubra distintos gastos como salarios, misiones y subsidios.

La consecuencia de esta activa imprenta de dinero es que en poco tiempo una importante cantidad de personas y empresas cuentan con más bolívares que destinan a la compra de productos. De esta manera la demanda aumenta velozmente mientras que la oferta cae por controles de precios que no permiten cubrir los costos de producción, deficiencia en los servicios públicos como la electricidad y un déficit de dólares que la administración de Nicolás Maduro ha resuelto recortando la asignación de divisas a las empresas del sector privado.

Solo en el segundo semestre de 2016 el financiamiento del Banco Central a PDVSA se incrementó desde 946 mil 719 millones hasta 4,5 billones de bolívares, es decir, un aumento de 375% que elevó la presión inflacionaria.

Si Ricardo Sanguino no frena la emisión de dinero para financiar gasto público, en un año que contempla las elecciones de gobernadores, la inflación no cederá.

Reservas en picada

Las reservas internacionales, el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela y permiten importar, pagar deuda, cubrir contingencias y ayudar a la estabilidad del tipo de cambio se ubicó el 20 de enero en 10 mil 802 millones de dólares, magnitud que se traduce en un declive de 34% respecto al 4 de enero de 2016 y en el nivel más bajo desde el 26 de junio de 2002.

Un aspecto clave es la composición de las reservas, es decir, cuánto del monto corresponde a divisas que pueden ser utilizadas de inmediato para importar o pagar deuda y cuánto está colocado en barras de oro, en el Fondo Monetario Internacional o en distintas categorías de bonos.

En este momento la porción de divisas ronda los 10.796 millones de dólares, una cifra ínfima que no permite elevar las importaciones, un elemento clave para que la economía pueda crecer este año.

Tipo de cambio

El Gobierno tiene un sistema con tres tipos de cambio. Uno fijo de diez bolívares destinado a cubrir importaciones de productos básicos, otro que fluctúa y actualmente se ubica en 684,8 bolívares para el resto de las empresas y uno creado recientemente en la frontera, a través de la venta de pesos colombianos en casas de cambio que, al incluir las comisiones por servicio, ronda los mil bolívares por dólar.

Como existe un fuerte racionamiento de divisas las empresas y los particulares que no pueden comprar dólares por los canales oficiales recurren al mercado negro y así se origina una cuarta tasa. El resultado ha sido corrupción por las oportunidades de arbitraje, sobrefacturación de importaciones y un elevado déficit fiscal porque buena parte de los dólares provenientes de las exportaciones petroleras se venden a la tasa más baja.

Analistas coinciden en que el control de cambio está agotado y es necesario levantarlo y establecer una tasa única para el dólar. De lo contrario, seguirá el desequilibrio.

Pérdida de credibilidad

Comienza 2017 y los venezolanos desconocen cuántos dólares ingresaron al país por concepto de exportaciones petroleras en 2016, el monto de las importaciones, el comportamiento del PIB, la inflación, la escasez, el índice de producción industrial, el índice de ventas del comercio, el consumo privado, entre otras estadísticas que están a cargo del Banco Central de Venezuela.

El ocultamiento de las cifras, algo que inició el presidente saliente, Nelson Merentes, y que se acentuó en los últimos tres años mina la credibilidad del Banco Central y eleva la incertidumbre sobre la economía venezolana un aspecto que, en parte, explica la elevada tasa de interés que debe cancelar el país para obtener financiamiento en el exterior.

En mayo de 2014, cuando comenzó a hacerse evidente la decisión de disminuir la información, un grupo de 33 economistas que incluyó a Héctor Silva Michelena, Héctor Malavé Mata y Luis Zambrano Sequín, advirtió a través de un documento público que la opacidad tendría costos:

“Esas ausencias de estadísticas fundamentales profundizan la falta de transparencia en el manejo de los asuntos públicos, aumentan la opacidad y con ello se incrementan los costos financieros de cualquier operación de crédito externo, al tiempo que priva a los ciudadanos venezolanos del derecho constitucional a la información. La falta de información impide la rendición de cuentas y es terreno fértil para la corrupción”

El mercado ha corroborado esta advertencia. Si en este momento Venezuela emite bonos para obtener recursos que permitan cancelar deuda o aumentar las importaciones, tendría que pagar una tasa de interés exorbitante, muy superior a la que cancela el resto de los países de América Latina.

Sistema financiero

La recesión y la disparada de los gastos de funcionamiento gracias a la escalada de la inflación genera presión en el sistema financiero. Las cifras oficiales precisan que los gastos de transformación (principalmente pagos al personal y costos de funcionamiento) representan actualmente más de dos terceras partes del margen financiero, es decir, lo que obtiene la banca cuando le resta el pago a los depositantes a los ingresos provenientes de los créditos y las inversiones en valores.

En este contexto los bancos han comenzado a disminuir la red de agencias, a despedir personal y dependen en mayor magnitud de las comisiones que cobran por servicios y de ingresos no recurrentes.

Es previsible que las entidades financieras soliciten al Banco Central un ajuste en las tasas de interés o que negocien con las autoridades nuevas normas para el cálculo de los índices de capitalización.

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¿Cómo compran dólares los venezolanos a través de bitcoins?; por Víctor Salmerón

Durante catorce años el Gobierno ha intentado decidir a qué precio y cuántos dólares puede comprar cada quien en Venezuela, pero el mercado paralelo donde las empresas y los particulares buscan adquirir los billetes verdes que no les vende el Banco Central de Venezuela, ha demostrado una gran terquedad y no ha dejado de existir.

Por Víctor Salmerón | 23 de enero, 2017

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Durante catorce años el Gobierno ha intentado decidir a qué precio y cuántos dólares puede comprar cada quien en Venezuela, pero el mercado paralelo donde las empresas y los particulares buscan adquirir los billetes verdes que no les vende el Banco Central de Venezuela, ha demostrado una gran terquedad y no ha dejado de existir. El nuevo vehículo para eludir el control de cambio, en momentos en que la inflación pulveriza el valor del bolívar, es el bitcoin.

A través de páginas web como Localbitcoin o Surbitcoin es posible comprar bitcoins con bolívares y luego revenderlos en el exterior a través de un portal como Coinbase o Poloniex, para obtener dólares a un precio que al cierre de la semana pasada se ubicaba 10% por debajo de la tasa que divulga Dólar Today, una página que se ha convertido en un influyente marcador en el mercado paralelo difundiendo una cotización que en teoría corresponde a “operaciones privadas en la ciudad de Caracas” y otra relacionada con la compra de pesos colombianos en la frontera.

Tras registrarse en alguna de las páginas web que sirven de intermediarias, para lo cual solo necesita una cuenta de email y proveer información básica, ya es posible comprar bitcoins con bolívares eligiendo la oferta que más le convenga y el método de pago que considere más adecuado; por ejemplo, puede que algún vendedor solo acepte trasferencias provenientes de determinados bancos.

Al cierre del viernes 20 de enero el bitcoin se cotizaba en torno a 3 millones 150 mil bolívares y en el exterior tenía un precio de 894,27 dólares. Pero una de las características que hacen atractiva esta moneda es que es posible comprar medio bitcoin, un cuarto o lo que desee. Cada vendedor fija el mínimo que está dispuesto a ofertar y el máximo.

Una vez los bitcoins están disponibles en el “monedero” del comprador, es posible revenderlos en otros países como Estados Unidos a través de un portal y los dólares son transferidos a una cuenta bancaria o de sistemas como PayPal.

El mercado ha ganado liquidez. De acuerdo con datos del portal Coindance, que recopila información de distintos países, los datos aportados por Localbitcoins señalan que en la primera semana de este año el volumen de operaciones sumó 8,3 millones de bolívares, cifra récord que marca un fuerte ascenso respecto a los 84 mil bolívares reportados en la primera semana de 2016.

Operadores explican que los bitcoins se pueden vender por bolívares “de inmediato y si se coloca un precio alto pero razonable, en un día o dos. En el exterior la operación es de inmediato”.

La empresa Coingroup cobra una comisión por efectuarles a sus clientes las transacciones que deseen hacer a través de bitcoins desde Venezuela.

El abogado Fernando Fernández explica que actualmente no existe en el país normativa que regule las operaciones con bitcoins y las transacciones son perfectamente válidas. No obstante, indica que “todo dependerá de la seriedad entre las partes y el tipo de contrato que se realiza, así como del cumplimiento. Existe el riesgo de estafas o de que se utilicen estas transacciones para el lavado de dinero. La sugerencia es que se evalúe muy bien cada operación hasta tanto surjan regulaciones o sentencias que fijen el alcance y límites frente a eventuales fraudes o lavado de activos, como toca a cualquier tipo de negocios”.

 ¿Qué es bitcoin?

A diferencia del dólar o el bolívar, que se imprimen en billetes y monedas, el bitcoin es completamente digital y no está controlado por algún banco central. Nació en 2009 concebido por quien se dio a conocer a través del seudónimo Satoshi Nakamoto y, posteriormente, el australiano Craig Steven Wright afirmó ser el padre del sistema.

De acuerdo con las reglas la masa monetaria —es decir, la cantidad de bitcoins en circulación— nunca podrá exceder los 21 millones y el sistema ofrece mayor confidencialidad que un banco ya que las transacciones no contienen datos personales y privados.

El bitcoin tiene un precio que expresa su valor con base a la oferta y la demanda exactamente como ocurre con otras divisas, y ha demostrado ser bastante volátil. En 2016 el valor de un bitcoin se disparó desde los 429,9 dólares hasta 968,6 impulsado por la fuga de capitales que experimenta China e inversionistas en busca de refugio en medio de sacudidas como el brexit y la incertidumbre generada por la elección de Donald Trump.

En la primera semana de este año continuó acaparando la atención al escalar hasta un precio de 1.135 dólares el 4 de enero, su valor más alto desde el máximo histórico marcado en diciembre de 2013, pero entonces vino el declive. Bastó que el banco central de China anunciase una investigación sobre las transacciones con bitcoins a fin de determinar si ha habido casos de manipulación de mercado, financiación ilícita o blanqueo de dinero, para que descendiese hasta 779 dólares el 11 de enero.

 

La moneda virtual es el principal vehículo que utilizan los chinos para protegerse del descenso del yuan respecto al dólar y un entorno económico turbulento. El Banco Popular de China dijo el sábado que las reservas del gigante asiático se situaron en el nivel más bajo desde marzo de 2011. Analistas explican que esto refleja la intención de las autoridades de utilizar las reservas para comprar yuanes e impulsar la apreciación de la moneda que en 2016 se desinfló 7%.

Los analistas de Saxo Bank incluyen al bitcoins en su lista de posibles “cisnes negros” que podrían impactar a los mercados este año. La firma explica que “los cisnes negros no deben considerarse como las perspectivas oficiales de Saxo Bank, sino eventos y movimientos atípicos que, de producirse, tendrían un enorme potencial para alterar las opiniones de consenso”.

La gran sorpresa, señala Saxo Bank, podría suceder si la administración de Donald Trump eleva el déficit presupuestario de Estados Unidos de forma exagerada e impulsa la inflación obligando a la Reserva Federal a ajustar las tasas de interés y fortalecer al dólar. Esto crearía un efecto dominó en los mercados emergentes y especialmente en China, que iniciaría la búsqueda de alternativas al sistema monetario coronado por el dólar. En este escenario, crecería la popularidad de monedas alternativas y se triplicaría el valor del bitcoin.

Aceptación

La moneda virtual gana espacio en Europa, Estados Unidos y en la arquitectura financiera global. Microsoft decidió aceptar bitcoin como moneda de pago en diciembre del 2014 para cargar la cuenta que permite hacer compras en las tiendas virtuales de Windows y Xbox. Además, recientemente anunció que la incluirá en el Excel 2016.

También en 2014 Dell, el tercer fabricante de equipos informáticos en el mundo, se sumó a la lista de compañías que la aceptan como medio de pago que, entre otras, incluye a servicios de Internet como Namecheap, WordPress, Reddit y Flattr, aparte de restaurantes y profesionales, sobre todo, los relacionados con el mundo informático.

En enero de 2015 BBVA Ventures, el brazo de la entidad financiera española que invierte en empresas emergentes, fijó su mirada en la plataforma de bitcoin Coinbase, que ofrece a consumidores y compañías la posibilidad de comprar, vender y realizar transacciones con la moneda virtual. BBVA inyectó 75 millones de dólares al proyecto.

Ya existen cajeros automáticos bitcoin donde el usuario retira dinero de su monedero virtual y lo recibe en billetes locales como dólares, euros o pesos. También es posible realizar lo contrario, es decir, depositar monedas tradicionales para convertirlas en bitcoins que nutren el monedero virtual.

El portal Bitcoin ATM Radar cuenta la cantidad de cajeros automáticos que procesan bitcoins en el mundo y señala que al cierre del 19 de enero de este año existen 949 en 53 países. 73% de los cajeros está ubicado en Estados Unidos, 20,4% en Europa, 4,1% en Asia, 1,7% en Oceanía, 0,3% en Suramérica en países como Brasil, Argentina y México y 0,1% en África.

Los cajeros se reproducen a un ritmo acelerado, Bitcoin ATM Radar afirma que la red se expande a un ritmo de 1,4 cajeros automáticos por día. Las máquinas son producidas por 19 empresas, pero pocas compañías controlan la mayor parte del mercado. GenesisCoin posee 42% del negocio de fabricación de cajeros, seguida por Lamassu que posee 20%.

La minería

En el mundo físico la falsificación de los billetes requiere de papel moneda, tinta y máquinas para hacer un duplicado convincente. En el reino digital es posible copiar sin mayor costo los archivos que dan cuenta del dinero y por tanto se requiere de un efectivo sistema de seguridad.

Para superar este inconveniente, los inventores de bitcoin diseñaron un modelo que comprueba cada transferencia en un libro de contabilidad público llamado cadena de bloques.

La verificación de las operaciones la realizan los “mineros” y no se trata de un sistema centralizado sino que cualquier persona en cualquier país puede ser parte del protocolo de verificación. Como pago, recibe bitcoins.

En Venezuela se cuenta con la ventaja de que el costo de la electricidad es bastante bajo, algo que ayuda a compensar con relativa rapidez la inversión en las máquinas de minado. La más popular en este momento (Bitmain Antminer S9) tiene un precio que oscila entre 2.500 y 3.000 dólares en Estados Unidos. En China puede adquirirse por 1.800 dólares.

Alejandro Dumont, socio de Coingroup y quien ha incursionado en la minería, explica que “cada máquina puede dar una ganancia que ronda los 160 dólares mensuales”, pero advierte de que la rentabilidad también depende del nivel de dificultad, “que es una medida que estandariza el tiempo de minado, es decir, lo que se tardan las máquinas en procesar cada bloque”.

“Es como cuando las escuderías de Fórmula Uno comienzan a tener mejor tecnología y materiales al punto de que sus autos corren más rápido que el resto. Entonces, la FIA coloca regulaciones para que todas las escuderías se estandaricen. Así ocurre con las minadoras y el nivel de dificultad”, dice Dumont.

Esto obliga a que si la tecnología evoluciona es necesario realizar nuevas inversiones, aparte de que es necesario considerar que en Venezuela las fallas de electricidad son frecuentes, las máquinas hacen ruido y si se intenta contar con una granja, es decir, alrededor de 20 máquinas el consumo se dispara y comienzan las visitas de técnicos de Corpoelec.

Todo indica que en un entorno donde nada hace pensar que la administración de Nicolás Maduro contempla eliminar el control de cambio, para permitir que las empresas y los ciudadanos compren dólares libremente, es previsible que las transacciones con bitcoin continúen en aumento y la moneda virtual se convierta en un refugio frente a la caída del bolívar como moneda reserva de valor.

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¿Cómo el BCV está aumentando la presión inflacionaria?; por Víctor Salmerón

  Presionado por la caída en las encuestas y un calendario electoral que el año entrante contempla elecciones de gobernadores y alcaldes, Nicolás Maduro recurre a planes que implican ampliación del gasto público como incrementos del salario mínimo, aumento del número de familias beneficiadas con las tarjetas socialistas y entrega de fondos a los agricultores.

Por Víctor Salmerón | 8 de noviembre, 2016

 

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Presionado por la caída en las encuestas y un calendario electoral que el año entrante contempla elecciones de gobernadores y alcaldes, Nicolás Maduro recurre a planes que implican ampliación del gasto público como incrementos del salario mínimo, aumento del número de familias beneficiadas con las tarjetas socialistas y entrega de fondos a los agricultores. El inconveniente, es que una parte importante de los bolívares a repartir surgen de vías que avivan la inflación.

La principal fuente de financiamiento consiste en que Pdvsa emite unos pagarés y el Banco Central se los compra creando nuevos billetes. Una vez Pdvsa tiene los bolívares en la caja los transfiere al gobierno para que éste cubra distintos gastos como salarios, misiones y subsidios. Las estadísticas oficiales registran que en solo tres meses, entre el 29 de julio y el 28 de octubre, la deuda de Pdvsa con el Banco Central aumentó 128% y se ubicó en 3,2 billones de bolívares.

La consecuencia de esta activa imprenta de dinero es que en poco tiempo una importante cantidad de personas y empresas cuentan con más bolívares que destinan a la compra de productos. De esta manera la demanda aumenta velozmente mientras que la oferta cae por controles de precios que no permiten cubrir los costos de producción, deficiencia en los servicios públicos como la electricidad y un déficit de dólares que la administración de Nicolás Maduro ha resuelto recortando la asignación de divisas a las empresas del sector privado.

El resultado es más bolívares detrás de menos productos, una dinámica que se traduce en incrementos de precios. Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, explica:

“Hay un financiamiento indirecto del déficit fiscal a través de ese esquema donde Pdvsa se endeuda con el Banco Central para pagar impuestos y regalías. Se trata de impresión de dinero, es un dinero sin respaldo que no proviene de alguna actividad económica. Evidentemente, esto presiona a la inflación cuando tienes dificultad para elevar la producción”.

El encaje

Otra modalidad que está empleando la administración de Nicolás Maduro para financiarse y que también se traduce en inyección de bolívares a la economía incluye a las entidades financieras. El Banco Central emitió una resolución que disminuyó en cinco puntos porcentuales la porción de los depósitos que las torres financieras no pueden prestar y deben congelar a manera de reservas. De esta manera, se liberaron 500 mil millones de bolívares que los banqueros han utilizado para comprarle bonos al Bandes y al Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Al cierre del 28 de octubre, ya habían adquirido bonos por el orden de 310 mil millones de bolívares.

La magnitud del incremento de la cantidad de dinero en la economía queda clara al observar que los excedentes de liquidez en las entidades financieras, es decir, los fondos disponibles después de cumplir con las reservas que exige el Banco Central equivalen, de acuerdo con el último informe de Síntesis Financiera, a 27% de los depósitos bancarios y, en octubre de 2015, solo representaban 5%.

Las estadísticas del Banco Central señalan que en términos nominales la liquidez registra un salto de 125% en los últimos doce meses.

Aparte de la impresión de dinero y el uso de las reservas de la banca el gobierno ha tomado otra serie de medidas para tratar de corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos, pero han sido de poco impacto. A pesar de la devaluación de la moneda, la eliminación del ajuste por inflación, el aumento de las alícuotas en los impuestos al alcohol y cigarrillos, la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras y el aumento del precio de la gasolina, el déficit fiscal sigue siendo muy voluminoso.

Ecoanalítica señala en su informe de septiembre de este año:

“La continua expansión del gasto ha traído como consecuencia la también continua expansión del déficit del sector público restringido (SPR que incluye al gobierno central, Pdvsa y las empresas públicas no financieras). Para cierre de 2016, en Ecoanalítica estimamos que el déficit del SPR se ubique en torno a 16,4% del PIB”.

El paralelo

La inyección de bolívares sin respaldo también presiona al tipo de cambio porque una porción de los billetes que ingresan a la economía se dirige a la compra de dólares en el mercado paralelo. Fuentes financieras explican que en el segmento corporativo el billete verde ha iniciado un acelerado ascenso (la Ley de Ilícitos Cambiarios prohíbe divulgar esta tasa).

El dólar paralelo incide en los precios de una amplia gama de productos y servicios porque empresarios y comerciantes de determinados sectores lo utilizan como guía para calcular sus costos de reposición. Un estudio elaborado por Ecoanalítica determina que un tercio de las categorías en las que el Banco Central de Venezuela divide los bienes y servicios que utiliza para calcular la inflación tienen precios altamente correlacionados con el dólar paralelo, concretamente, vestido y calzado; bebidas alcohólicas, esparcimiento, restaurantes y hoteles.

Tamara Herrera indica:

“En este entorno el único atenuante que puede tener la inflación es la contracción del consumo, pero con este combustible monetario va a subir. Nuestra proyección de inflación para el año es de 454%”.

El reporte de Latin Focus, que agrupa las proyecciones de bancos y firmas especializadas, señala que para este año Goldman Sachs pronostica para Venezuela una inflación de 483%, Credit Suisse 445%, Barclays Capital 294%, Ecoanalítica 511%, UBS 700% y JP Morgan 900%.

Las reservas

No existe la posibilidad de que el gobierno pueda aumentar las importaciones y elevar la cantidad de dólares que vende a través del mercado oficial. Las reservas internacionales, el tanque de dólares que administra el Banco Central de Venezuela y permiten importar, pagar deuda, cubrir contingencias y ayudar a la estabilidad del tipo de cambio se ubicaron el 3 de noviembre en 11 mil 009 millones de dólares, magnitud que se traduce en un declive de 32% en el año y en el nivel más bajo desde octubre de 2002.

Un aspecto relevante es que de acuerdo con Síntesis Financiera en 2002 este nivel de reservas permitía cubrir trece meses de importaciones y hoy solo cuatro. Además, en 2002 el 65% de las reservas eran divisas y en este momento solo alcanzan a 12% porque el grueso corresponde a barras de oro.

Las perspectivas

Todo indica que la administración de Nicolás Maduro seguirá recurriendo activamente al financiamiento del Banco Central para cubrir gasto en un escenario donde la pérdida de gobernaciones y alcaldías en 2017 aumentaría su fragilidad política. Econalítica señala:

“Si el Gobierno realmente quiere lograr un balance fiscal apropiado para una economía petrolera en crisis, debe optar por mayor disciplina fiscal, redistribuir de mejor manera los ingresos y focalizar los subsidios de forma progresiva para mejorar la eficiencia de los gastos. Esto último representa uno de los retos más grandes para el actual Gobierno, sobre todo por la actual coyuntura política, en la cual se ve en peligro su continuidad; por consiguiente, se prevén aumentos desmedidos del gasto, continuidad de los subsidios y ningún aumento de impuestos como estrategia populista frente a la adversidad a la cual están inmersos. En otras palabras, es poco probable que en lo que resta del año el escenario fiscal mejore”.

Francisco Faraco: “La crisis comenzó a impactar a la banca”; por Víctor Salmerón

Atrás quedaron los tiempos en que las torres financieras navegaban sobre aguas tranquilas. Al culminar este año, la economía acumulará doce trimestres consecutivos en descenso, la inflación es la más alta en la historia del país y las ganancias son insuficientes para garantizar el adecuado crecimiento del patrimonio. Francisco Faraco, experto en análisis de riesgo

Por Víctor Salmerón | 11 de octubre, 2016
Francisco Faraco por Gabriel Mendez-4

Francisco Faraco retratado por Gabriel Méndez

Atrás quedaron los tiempos en que las torres financieras navegaban sobre aguas tranquilas. Al culminar este año, la economía acumulará doce trimestres consecutivos en descenso, la inflación es la más alta en la historia del país y las ganancias son insuficientes para garantizar el adecuado crecimiento del patrimonio.

Francisco Faraco, experto en análisis de riesgo bancario, economista y quien durante décadas ha documentado el comportamiento del sistema financiero venezolano analiza la situación a profundidad. No duda en señalar que las autoridades deben monitorear muy de cerca la morosidad de los créditos y, los banqueros, a fin de sortear la crisis, negociar cuanto antes un recorte de personal y del número de agencias.

La inflación se traduce en un importante aumento de los gastos de personal en los bancos porque el gobierno intenta compensar el deterioro con decretos de aumentos de salario. Al mismo tiempo, hay un incremento relevante en el resto de los costos y  las tasas de interés están controladas. ¿Este entorno comenzó a golpear a la banca?
Los gastos de transformación en la banca (operativos y de personal) representan 4,5% del activo y son más importantes que el costo del dinero. Estos gastos están aumentando aceleradamente, mientras que las tasas de interés continúan congeladas. Entonces, es imposible que no se produzca un efecto relevante. La crisis comenzó a impactar. El último aumento de sueldos y de cesta tickets afecta notablemente al sistema. De haber estado vigente durante todo el primer semestre de este año, los bancos privados habrían registrado una caída de 34% en sus beneficios y tres institutos habrían cerrado sus libros en rojo.

¿Qué pueden hacer los bancos para amoldarse a esta situación?
Pensar que el gobierno va a permitir el incremento de las tasas activas (para préstamos) y que de esta manera se va a compensar este impacto sería iluso y, de ocurrir, el problema persistiría por el deterioro que habría en la calidad de la cartera de créditos. La banca necesita recortar sus gastos y para hacerlo tiene que cerrar una sección de la red de distribución, es decir, cerrar oficinas y reducir personal. Pero antes de hacerlo requiere la autorización de la Superintendencia de Bancos. Es algo que tiene que negociar con el Ejecutivo.

¿Qué ocurriría si no se produce este recorte?
Si el recorte no se lleva a cabo con el rigor y la rapidez necesaria, en el segundo semestre de este año vamos a rojo en el estado de resultados de una parte importante del sistema financiero.

Aunque la inflación y la recesión han empobrecido a las familias y golpeado a las empresas y al comercio, los créditos morosos no aumentan y se mantienen en menos de 0,5% del total. ¿Podría explicar por qué ocurre este fenómeno?
El 70% de los créditos está colocado en consumo y comercio. Y lo que vemos es un consumidor afectado por una inflación brutal y un comerciante golpeado por el desabastecimiento, la caída del consumo y el alza de los costos. Los indicadores de morosidad deben revisarse a fondo. La Superintendencia dice que la morosidad en la cartera de crédito es 0,49%. En estados Unidos, por ejemplo, es el triple de eso.

Francisco Faraco por Gabriel Mendez-1

Francisco Faraco retratado por Gabriel Méndez

¿La morosidad tan baja es uniforme en todo el sistema?
No. En los institutos pequeños y muy pequeños, que son 19 de los 32 bancos, es diez veces el promedio del sistema.

Se ha dicho que la baja morosidad obedece a que las tasas de interés reales son negativas, por ejemplo, la tasa para el financiamiento a través de tarjetas de crédito es de 28% y se proyecta una inflación mayor a 300%.
El problema es que hay una bicicleta en las tarjetas: el cliente tenía una tarjeta del banco A y cuando llegó al límite de endeudamiento buscó otra en el el banco B y luego fue al banco C. Los mecanismos de análisis de riesgo son sumamente laxos, entonces está cuajado un problema de grandes proporciones porque, cuando hay una elevada inflación, los clientes dejan de pagar. A esto se añaden cosas como que la mitad de la producción agroindustrial va a ir a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es decir, los comerciantes tendrán menos productos para vender, menos caja, mientras que las ventas caen y el gasto de condominio se dispara. ¿Esto no va a afectar en mayor medida la capacidad de pagar a tiempo los créditos?

La Ley de bancos coloca un techo a los créditos al consumo. Establece que no pueden superar 20% del total y al cierre del primer semestre el promedio fue de 20,01%. ¿Se va a trancar este tipo de financiamiento?
Muy probablemente se va a seguir financiando el consumo a través de pagarés, con líneas de crédito.

¿Aunque se recurra a este subterfugio, qué va a pasar cuando la banca no pueda seguir entregando tarjetas de crédito porque llegó a ese límite?
Existe un gran conflicto de intereses, el regulador y supervisor tiene bancos que representan un tercio del mercado. Entonces, ha venido haciéndose el loco.

En muchos países hay banca pública y se maneja ese conflicto de intereses.
En otros países hay bancos del Estado, pero no con ese nivel de penetración. El Estado tiene un tercio del mercado en términos de activos, de la red y del personal. El Estado es hoy en día un tercio del sistema financiero.

El Estado es el principal cliente en términos de depósitos. ¿Cómo influye esto en el sistema financiero?
El gobierno está subsidiando a los bancos. Me explico: depositando grandes cantidades de dinero, el gobierno financia las adquisiciones de bonos de la deuda y de certificados de depósitos que emite el Banco Central. Los banqueros no toman un centavo del dinero del público para comprar bonos, sino que el gobierno provee todo el dinero que necesitan para comprarlos. Entonces, el gobierno es como alguien que tiene depositado 100 bolívares en un banco y pide un crédito por la misma cantidad. La banca adquiere los títulos de la banca pública con los depósitos del propio Gobierno.

¿Podría precisar por qué habla de que hay una colocación excesiva de fondos?
En el primer semestre, 59 de cada 100 bolívares que ingresaron al sistema financiero como nuevos depósitos provenían del sector público. Esta es una cifra brutal. Te endeudas a la tasa de interés más alta mientras dejas recursos en los bancos a la tasa más baja. Manejo menos profesional de la Tesorería que éste es muy difícil de imaginar.

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Francisco Faraco retratado por Gabriel Méndez

Mencionó que hubo una caída importante de las ganancias. ¿Esto no se traduce en menos recursos para aumentar el patrimonio y por ende en un menor índice de patrimonio respecto al activo?
Hablando en términos nominales (sin tomar en cuenta la inflación) en el primer semestre los beneficios aumentaron 63% respecto al mismo lapso del año pasado, mientras que el activo creció 91%.La consecuencia es que hubo una contracción del indicador de capitalización en la banca privada nacional y extranjera. Las ganancias están dejando de ser suficientes para autosustentar el crecimiento de la banca.

¿Qué debería estar haciendo la Superintendencia de Bancos en este momento?
Revisando a fondo la cartera de créditos y ordenando provisiones.

¿Cree que las autoridades están al tanto de lo que puede estar pasando en la banca?
No creo, porque de lo contrario no tomarían las decisiones que toman. Darle el monopolio de las operaciones en el DICOM y el DIPRO a los bancos del Estado no tiene sentido, no puedes darle el monopolio a un grupo reducido de bancos porque son tuyos, tienes que dejar que el agua llegue a todas partes.

El sector de seguros reportó pérdidas técnicas en el primer semestre. ¿Hay alguna posibilidad de que estos problemas se trasladen a la banca?
La conexión es mínima porque los bancos se fueron desprendiendo de las compañías de seguros.

En el  caso de que en Venezuela se realice un ajuste de calidad en la economía, ¿qué podría hacerse para que la banca no sea un impedimento para las reformas que necesita el país, que pasan por acabar con el control de cambio y ajustar las tasas de interés?
La situación actual es mucho peor que la que tuvimos en 1988. Las distorsiones, los desbalances son peores. También son mucho más graves que los que encontró el gobierno de Macri en Argentina. Hay que llegar a un acuerdo nacional para ir reduciendo los desbalances de forma gradual y en ese acuerdo tiene que estar la banca. Esa visión de que liberas los controles de un día para otro es una visión primitiva de lo que es un sistema económico.

¿Y qué podría hacerse en concreto con los bancos?
En ese contexto, en el de un programa de ajuste que busque restablecer el equilibrio de la economía, meterlos en terapia intensiva, monitorearlos diariamente y el banquero que no pueda que se vaya del sistema, que venda el banco. Además, en un momento como ese, el Estado tiene que nombrar supervisores bien preparados en la junta directiva de los bancos.

¿Qué está pasando con las empresas de seguro en Venezuela?; por Víctor Salmerón

Las compañías de seguros reflejan el impacto de un entorno donde la inflación cabalga, la clase media se empobrece y las autoridades aplican una ley que controla férreamente al sector e incrementa los impuestos. Un termómetro que desnuda la magnitud del malestar es que el pago que hacen las personas y las empresas para adquirir

Por Víctor Salmerón | 7 de octubre, 2016

Las empresas de seguros bajo presion; por Victor Salmeron 640x417

Las compañías de seguros reflejan el impacto de un entorno donde la inflación cabalga, la clase media se empobrece y las autoridades aplican una ley que controla férreamente al sector e incrementa los impuestos. Un termómetro que desnuda la magnitud del malestar es que el pago que hacen las personas y las empresas para adquirir sus pólizas, conocido como primas, no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones que se cancelan a los intermediarios que captan los clientes. Cuando esto ocurre, las aseguradoras registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular reporta cifras rojas.

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora precisa que en los primeros siete meses de 2016 las pérdidas técnicas suman 57 mil 099 millones de bolívares. Para tener una idea de la velocidad de la inmersión basta observar que en el mismo lapso de 2015 se ubicaban en 1.618 millones, mientras que en 2014 el resultado técnico lucía números positivos.

José Vicente Torres, actuario experto en seguros y quien se ha desempeñado como profesor en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Santa María, explica:

“El ingreso proveniente de las primas cobradas debería ser capaz de cubrir los siniestros, los gastos de administración y el pago de comisiones a los intermediarios de seguros, pero no son suficientes por el impacto de la inflación mensual. Es evidente que cada vez aumenta más la brecha. Por esto, el resultado técnico bruto se hizo negativo”

La inflación es el epicentro del desbalance. El negocio de las aseguradoras se sustenta en que no todos los que compran una póliza sufrirán la enfermedad, el incendio, el choque de su vehículo o la calamidad sobre la cual se protegen. Pero cuando la inflación se desborda el costo de las intervenciones quirúrgicas o de los repuestos para reparar los vehículos, por ejemplo, crecen a una velocidad tal que impacta los resultados. En 2015, Venezuela sufrió una inflación de 180%, la más alta de su historia, y para este año el Fondo Monetario Internacional proyecta un salto a 475%.

La escasez también interviene en la ecuación. Presionado por el descenso en los precios del petróleo —que aporta 96 de cada 100 dólares que ingresan al país—, la falta de ahorros y el incremento de la deuda en divisas, el gobierno recortó las importaciones. El resultado son talleres mecánicos sin repuestos y clínicas sin insumos. Por lo tanto, un siniestro que es reportado hoy puede tardar hasta cinco o seis meses en resolverse y, en ese tiempo, el precio de la intervención quirúrgica o la reparación puede duplicarse.

Mientras el costo de los siniestros galopa, las primas avanzan lentamente. Las empresas y las personas cancelan la prima con un año de anticipación y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora tiene la potestad de aprobar o no cualquier incremento y lo hace con bastante retraso. José Vicente Torres considera que:

“Existe una especie de control de precios para las primas. Los incrementos tienen que ser aprobados por la Superintendencia y pueden tardar hasta año y medio. Por eso, cuando se aprueba el aumento, las primas ya están muy desfasadas respecto a la inflación”

La posibilidad de aumentar el número de asegurados es mínima en una economía donde la recesión y la inflación golpean con fuerza a la clase media, al punto de que crece el uso de tarjetas de crédito para cancelar gastos de alimentación o mantener a los hijos en colegios privados. Este empobrecimiento también pone un freno al ajuste que podría hacerse en el costo de las primas.

Reaseguro e inversiones

Las compañías de seguros se protegen a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente, suscriben un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro, de esta manera disminuyen el riesgo. Cuando el costo de esta protección es menor a lo que las aseguradoras obtienen para cancelar siniestros, surge un resultado positivo que, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia, suma 45 mil 285 millones de bolívares en los primeros siete meses de este año.

Técnicamente, este indicador se conoce como resultado del reaseguro cedido. Pero hay que tomar en cuenta que no proviene de la actividad medular de las compañías de seguros y no depende del todo de ellas, pues también intervienen las decisiones que toman las reaseguradoras. Este renglón ha ganado un peso relevante en las cuentas del sector y de haber un cambio en la tendencia los problemas aumentarían violentamente.

Además, las aseguradoras invierten sus reservas técnicas, como se denomina a los recursos que deben constituir para garantizar a los asegurados el pago de los siniestros, colocando parte del dinero en la banca, en bonos o en inmuebles. De esta manera obtienen ingresos que en los primeros siete meses del año ascienden a 55 mil 176 millones de bolívares. Gracias al resultado del reaseguro y a los ingresos provenientes de la inversión de las reservas, es decir, de dos áreas que no son el corazón del negocio, el sector obtiene al cierre de julio utilidades por el orden de 43 mil 362 millones de bolívares.

Las reservas

El 4 de enero de este año se publicó en la Gaceta Oficial 40.819 la reforma que el presidente Nicolás Maduro hizo a la Ley de la Actividad Aseguradora. Entre los aspectos tocados por el primer mandatario figura una modificación en la manera en que pueden invertirse las reservas técnicas que, en un entorno de elevada inflación, tiene consecuencias profundas. Antes de esta reforma las aseguradoras no podían colocar en la banca más de 30% de las reservas técnicas y ahora, como establece el artículo 54, están obligadas a depositar “no menos del 50%” en las entidades financieras. La consecuencia es que en medio de la inflación más alta de la historia la mitad de las reservas técnicas debe permanecer en la banca y recibir un rendimiento anual que, en vista del control que existe sobre las tasas de interés, a lo sumo puede alcanzar 15%.  El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos de 30% en bonos y no más de 20% en inmuebles. Un análisis de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, indica que esta estructura “no protege los valores de las reservas”.  José Vicente Torres explica:

“La estructura de las reservas técnicas debería adaptarse al entorno de alta inflación. Es un error suponer que obligar a mantener no menos de 50% de las reservas en la banca ayuda a sustentar la liquidez de la aseguradora. Lo que se está haciendo es obligar a mantener en los bancos un dinero que se deteriora en el tiempo y muy rápidamente, mientras los compromisos crecen a mayor velocidad. El único medio de inversión que tienen las aseguradoras para defender sus reservas en el entorno actual son los inmuebles, porque se revalorizan a un ritmo más acorde con la inflación. La Ley tiene que adaptarse a lo que está pasando porque de lo contrario aumentan los problemas”

Otro aspecto a tomar en cuenta es que las aseguradoras no pueden vender ninguno de sus bienes sin la aprobación previa del superintendente, algo que limita la capacidad de respuesta ante posibles problemas como falta de liquidez. El estudio de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, advierte:

“Ante esta nueva ley las empresas no pueden enajenar o vender ningún bien sin la aprobación del regulador, coartando la libertad de acción para atender financieramente situaciones que se requieran para la solvencia de la empresa y la respuesta a la protección de los asegurados”

Más impuestos

Para el gobierno el sector asegurador es un enclave que debe ser sometido a través de regulaciones férreas y aportes al Estado porque representa los “intereses del imperio” y amasa grandes fortunas. La exposición de motivos de la ley sancionada por Nicolás Maduro dice:

“La actividad aseguradora en Venezuela en los últimos treinta años ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supeditados al imperio norteamericano consistentes en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales”

Posteriormente añade:

“La actividad aseguradora históricamente ha estado al margen de las políticas de cualquier gobierno, siendo un sector que por su metabolismo genera buenos niveles de rentabilidad a cambio de poca inversión”

Rápidamente, esta visión se tradujo en hechos. El 16 de marzo de 2016, Nicolás Maduro emitió el decreto 2.250, publicado en la Gaceta Oficial 40.872, donde ordenó que las compañías de seguros, de medicina prepagada, cooperativas que realicen actividad aseguradora y administradoras de riesgos, deberán depositarle al Fonden una suma de dinero equivalente a entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud.

Alesia Rodríguez Pardo, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, señala:

“Entendemos que el Estado requiere de recursos importantes para la atención del área de salud, efectivamente muy afectada a nivel nacional, estableciendo ciertos aportes parafiscales al sector asegurador; pero el importante incremento de éstos aportes que se contemplan para el segundo semestre del 2016 incidirá aún más sobre la insuficiencia de primas, el deterioro técnico del sector, la liquidez y la capacidad de respuesta a los asegurados, cuyo poder adquisitivo se ha reducido significativamente, haciendo inviable el aseguramiento y protección a costos reales”

 A los aportes para la salud se añade una batería de desembolsos previstos en distintas normativas, aprobadas con anterioridad, que extraen recursos de las empresas de seguros: las aseguradoras deben realizar una contribución especial para la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas, hasta el 5% de la utilidad del ejercicio económico para impulsar la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora, 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos para otro fondo especial y 18 impuestos previstos en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de los Cuerpos de Bomberos, Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

¿Qué hacer?

Al enumerar las acciones que podrían detener el deterioro y lograr que el sector provea servicios a un mayor número de venezolanos, Alesia Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, menciona la necesidad de apagar el incendio inflacionario.

“Es indispensable que se implemente una política económica que corrija desde las causas y correctamente el alto índice inflacionario, permitiendo así aumentar el poder de compra de las familias, el fortalecimiento de la economía y del sector asegurador que pueda traducirse en mejor prestación de servicios, así como también un sistema de mayor libertad que permita a las aseguradoras establecer su propio nivel de primas suficientes basado en su historial y absorción de riesgo, el cual varía por empresa, para cada ramo de seguro”

 Entre las ideas que podrían tomarse en cuenta para ayudar a fortalecer al sector y lograr que se adapte de mejor manera al entorno Alesia Rodríguez menciona:

“Ampliar las posibilidades de resguardo de capital de las aseguradoras, con mayor oferta de instrumentos de inversión de capital y cobertura ante riesgos inflacionarios y adoptar un sistema de control gubernamental a posterior y no previo, de manera de dinamizar el mercado y la diversidad de alternativas para los asegurados”

 Alesia Rodríguez agrega:

“Se podría evaluar la creación de pólizas con períodos de cobertura más cortos que permitan una mejor planificación de egresos al cliente y la posibilidad de ajustes de acuerdo a los valores vigentes de los riesgos. Pólizas en divisas que permitan reestablecer muchas de las coberturas que se aplican en el exterior, así como el pago de reaseguros internacionales que podrían ser opcionales a las que ya existen en bolívares. También es necesaria la diversificación y el aumento de la oferta de productos y coberturas que permitan adaptarse a las posibilidades económicas de los clientes”