Blog de Rafael Rojas

Ida y vuelta de Mike Pence; por Rafael Rojas

La gira del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile y Panamá, contiene dos temas relevantes: Venezuela y el libre comercio. Si las ideas que trae Pence sobre ambos temas, son las mismas que Donald Trump formuló en su campaña presidencial, contra el TLCAN o el TPP, o las

Por Rafael Rojas | 17 de agosto, 2017
De izquierda a derecha:

De izquierda a derecha: Mauricio Macri, Juan Carlos Varela, Mike Pence, Juan Manuel Santos y Michelle Bachelet

La gira del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile y Panamá, contiene dos temas relevantes: Venezuela y el libre comercio. Si las ideas que trae Pence sobre ambos temas, son las mismas que Donald Trump formuló en su campaña presidencial, contra el TLCAN o el TPP, o las que declaró a la prensa la semana pasada, en relación con una posible “opción militar” para Venezuela, me temo que regresará a Washington contrariado por la perspectiva de sus colegas del hemisferio.

Los cuatro gobiernos y las cuatro cancillerías que visita Pence son defensores del libre comercio, en el Atlántico y en el Pacífico. Y los cuatro son claramente críticos de lo que entienden como “ruptura del hilo constitucional” en Venezuela, a partir de los intentos de transferir la autoridad legislativa de la Asamblea Nacional opositora al Tribunal Supremo de Justicia y, sobre todo, de la elección —denunciada como fraudolenta no sólo por la oposición sino por Smartmatic, la empresa encargada del cómputo electoral— de una Asamblea Constituyente de más de 500 representantes, partidarios todos del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, los presidentes con los que se reúne Pence, Juan Manuel Santos, Mauricio Macri, Michelle Bachelet y Juan Carlos Varela, también se han pronunciado firmemente, sobre todo en la última semana, contra cualquier solución militar que pretenda impulsarse en Estados Unidos. Desde el inicio de la crisis, esos gobiernos han llamado al diálogo entre Maduro y la oposición y a la búsqueda de una salida negociada, a partir de los propios mecanismos que ofrece la Constitución de 1999: referéndums, comicios locales y regionales o adelanto de elecciones presidenciales.

Ni siquiera en el tema de las sanciones económicas y el aislamiento internacional de Venezuela, encuentra Pence pleno respaldo en los cuatro gobiernos. Es de suponer, por ejemplo, que Michelle Bachelet y la cancillería chilena expresen al Vicepresidente su rechazo a la aplicación de embargos o políticas punitivas contra algún gobierno latinoamericano. No sólo el chileno, también el colombiano, el argentino y el panameño son abiertamente favorables a la integración de Cuba a la comunidad hemisférica y al fin del embargo comercial de Estados Unidos contra la isla.

Desde que estalló el conflicto venezolano y la oposición se vio obligada a salir a las calles, por el cierre de vías institucionales para su acción, los medios oficiales de Caracas y La Habana han promovido la interpretación de que los gobiernos latinoamericanos no afiliados a la Alianza Bolivariana (ALBA) son cómplices o instrumentos de la política de Trump hacia Venezuela. La verdad —palabra de la que tanto abusan esos medios y sus aliados en América Latina— es otra: la posición mayoritaria de la región, sobre Venezuela, es diferente y anterior a la de la Casa Blanca y tiene su origen en la reacción autónoma y genuina contra una dictadura.

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El apocalipsis en Guam; Rafael Rojas

La televisión única de Corea del Norte repite y repite la imagen: Kim Jong Un, desbordando una pequeña silla rodante, frente a una gran pantalla de computadora, digita una tecla y una lluvia de misiles se dispara contra la isla de Guam. A su alrededor, un pequeño grupo de jóvenes uniformados salta de alegría y

Por Rafael Rojas | 12 de agosto, 2017
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

La televisión única de Corea del Norte repite y repite la imagen: Kim Jong Un, desbordando una pequeña silla rodante, frente a una gran pantalla de computadora, digita una tecla y una lluvia de misiles se dispara contra la isla de Guam. A su alrededor, un pequeño grupo de jóvenes uniformados salta de alegría y agita los brazos en el aire, como si celebraran el triunfo de las invencibles tropas del camarada Kim Il Sung contra los perversos japoneses.

Corea del Norte ha perfeccionado a tal grado los ardides de la Guerra Fría que hace de la amenaza de conflicto nuclear en el Pacífico un espectáculo de realidad virtual. Habría que estudiar mejor ese mecanismo de cohesión interna, basado en la inminencia, ya no de una invasión extranjera sino de una hecatombe nuclear, en la Unión Soviética y Cuba. Más allá de los paralelismos, en ninguno de esos países se llegó a los extremos de una capitalización mediática del horror, como en la nación asiática.

El programa nuclear de Corea del Norte ha sido durante décadas un arma de presión de la dinastía gobernante sobre la comunidad internacional. Pero si en la Guerra Fría, la URSS utilizaba la carrera armamentista para ganar posiciones a nivel global, a costa del tenso entendimiento con Estados Unidos, ahora Corea del Norte la utiliza para conseguir, no legitimidad mundial, que no le interesa, sino consenso interno y coartadas para la represión. Pyongyang es el caso paradigmático del paria internacional que se acomoda a su status y saca ventajas del aislamiento.

Ventajas que no son, propiamente, geopolíticas, en términos globales o regionales. La agresividad de Corea del Norte no le gana mayores apoyos de China o Rusia, como se ha visto en las últimas semanas. Moscú y Beijing han respaldado las más recientes sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte. El único gobierno que, explícitamente, mantiene su respaldo, no sólo al programa nuclear, sino a toda la política de Pyongyang, es Cuba. Los estudiosos de las relaciones internacionales cubanas, absortos en el análisis del vínculo con Estados Unidos, nunca se detienen en esa rareza, que forma parte del mismo conflicto bilateral.

Tal vez, Kim Jong Un y sus asesores piensen que llevando la fantasía al paroxismo, como el escenario de un ataque nuclear contra las bases norteamericanas en Guam, lograrán que China y Rusia se enfrenten a Estados Unidos, Japón, India y Corea del Sur, que desde hace años trabajan en una alianza militar para el momento en que la pesadilla se vuelva realidad. Pero, en la práctica, la única ganancia que obtiene la dinastía comunista es la de la unidad doméstica contra la amenaza externa.

¿Es eso suficiente para gobernar un país como Corea del Norte? Ciertamente no, pero, como sabemos, hay gobernantes y gobernantes y los norcoreanos han hecho de la precariedad en las condiciones de vida de la mayoría de la población, una virtud. El PIB per cápita de Corea del Norte se mueve alrededor de los 500 dólares, mientras que el de Corea del Sur está cercano a los 30 000 dólares, tres veces por encima del de México y otros países latinoamericanos.

La nueva amenaza nuclear de Corea del Norte llega cuando en la Casa Blanca reside Donald Trump. Como si las sanciones del Consejo de Seguridad fueran poca cosa, Trump entra en el mismo juego, pueril y macabro, de imaginar el apocalipsis y promete “furia” y “fuego”, “como el mundo nunca ha visto”. La frase está inspirada, al parecer, por una canción insufrible del grupo de rock cristiano Skillet, en la que un corazón ardiente destruye témpanos de hielo.

Lenín Moreno, el sucesor incómodo; por Rafael Rojas

En dos países latinoamericanos, cuyos gobiernos se adscribieron al “socialismo del siglo XXI” —descarto a Cuba porque su socialismo nunca ha salido del siglo XX o, más específicamente, de la Guerra Fría— tienen lugar sucesiones: Venezuela y Ecuador. Pero entre ambos existe una diferencia sustancial: en Ecuador, el líder de la llamada “Revolución Ciudadana” vive

Por Rafael Rojas | 10 de agosto, 2017
De izquierda a derecha: Lenín Moreno y Rafael Correa. Créditos fotográficos:

De izquierda a derecha: Lenín Moreno y Rafael Correa. Créditos fotográficos: AFP y Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica

En dos países latinoamericanos, cuyos gobiernos se adscribieron al “socialismo del siglo XXI” —descarto a Cuba porque su socialismo nunca ha salido del siglo XX o, más específicamente, de la Guerra Fría— tienen lugar sucesiones: Venezuela y Ecuador. Pero entre ambos existe una diferencia sustancial: en Ecuador, el líder de la llamada “Revolución Ciudadana” vive y, desde su residencia en Bélgica, mantiene una intervención permanente en la esfera pública del país andino.

En las últimas semanas, el presidente Moreno ha acentuado su tendencia a la diferenciación con Correa, especialmente, en dos áreas: la política económica y la estrategia anticorrupción. Le interesa conectar más plenamente la economía ecuatoriana con las fuentes de créditos e inversiones internacionales, por medio de un reordenamiento de las finanzas y el abandono del rentismo. Y le interesa dotar de transparencia a un gobierno que, por diez años, estuvo inmerso en la red del proselitismo bolivariano.

La destitución de Jorge Glas, vicepresidente del último tramo de Correa, que pasó a la nueva administración como garantía de continuidad, parece marcar el punto de no retorno en la ruptura entre el expresidente y su sucesor. Correa, en su tradicional lenguaje, ha acusado a Moreno de “demagogo, incompetente, payaso y mentiroso”. No se refiere únicamente al proyecto de transparencia de Moreno, uno de cuyos capítulos es la investigación sobre las operaciones de Odebrecht en Ecuador, pero es evidente que se trata de lo que más irrita al exmandatario.

En un video difundido por O Globo, aparecen el excontralor de Ecuador Carlos Pólit y José Conceicao dos Santos, ejecutivo de Odebrecht, y éste último asegura que Glas le pidió cuantiosas sumas de dinero para contratos familiares, a cargo de Ricardo Rivera, y para la última campaña presidencial. Luego se dio a conocer el audio de otra conversación, esta vez entre el propio Glas y Conceicao, durante el pasado proceso electoral, en la que Odebrecht ofrecía varios millones al vicepresidente de Ecuador.

Aunque los videos, especialmente el de Rivera y Conceicao, son bastante explícitos, Correa y Glas niegan las acusaciones. Hablamos de contratos, préstamos o sobornos millonarios que se transfirieron durante la última administración de Correa, a favor de su vicepresidente, por lo que la responsabilidad del mandatario se vuelve más probable aún. La reacción del expresidente ha sido, sin embargo, descalificar a su sucesor, abriendo una brecha cada vez más insalvable.

Una posible consecuencia de la ruptura tal vez sea que Moreno profundice el destape de la trama Odebrecht y coloque a Correa en una posición comprometida. La fractura también podría proyectarse sobre la política exterior de Ecuador, en un momento tan sensible como el que vive la región ante el conflicto venezolano. Habrá que leer con cuidado, en la próxima cumbre del ALBA, que se programa en San Salvador, el lenguaje de Quito.

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El constitucionalismo vulgar; por Rafael Rojas

La teoría jurídica y política más avanzada, en las últimas décadas, ha desafiado la sacralidad y el fetichismo que la doctrina liberal clásica atribuía a las constituciones modernas. Especialmente en el área iberoamericana, autores como Bartolomé Clavero, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau se identificaron con los procesos constitucionales de Venezuela en 1999, Bolivia

Por Rafael Rojas | 9 de agosto, 2017
Fotografía de Wilmer Errades para AVN

Fotografía de Wilmer Errades para AVN

La teoría jurídica y política más avanzada, en las últimas décadas, ha desafiado la sacralidad y el fetichismo que la doctrina liberal clásica atribuía a las constituciones modernas. Especialmente en el área iberoamericana, autores como Bartolomé Clavero, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau se identificaron con los procesos constitucionales de Venezuela en 1999, Bolivia en 2008 y Ecuador en 2009. Encontraban ahí una radicalización del pluralismo político, por medio de la introducción de mecanismos de democracia directa, y una extensión de nuevos derechos a la ciudadanía.

Esos constitucionalistas españoles y muchos latinoamericanos que los siguieron veían en la proclamación de aquellas cartas magnas una señal del colapso de paradigmas heredados de las transiciones a la democracia, desde las dictaduras de la Guerra Fría, en los años 80 y 90 del siglo pasado. Las constituciones del “socialismo del siglo XXI” eran vistas, además, como una afirmación de la importancia de las leyes y las instituciones en procesos políticos de amplia participación popular. Con los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana se aspiraba a la construcción de un nuevo orden social y las constituciones reflejaban ese propósito.

La Asamblea Constituyente impuesta a Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, por lo visto, no tiene en su origen la ruptura con el paradigma constitucional anterior ni el proyecto de un nuevo orden social. Según Maduro y sus pocos defensores en la región, dicho organismo preservará las premisas centrales del texto de 1999. Se trata, por tanto, de una nueva representación legislativa con poderes constituyentes que sólo reformará la Constitución actual. Está por ver cuáles serán los artículos a reformar, pero podría suponerse que una de las reformas será el cambio del sistema de representación política, introducido en la elección del nuevo cuerpo parlamentario.

Maduro vulgariza el constitucionalismo hispanoamericano porque convierte el proceso constituyente en un mero recurso del poder, para salir de una inmanejable situación de mayoría legislativa opositora. Si todos los gobiernos latinoamericanos hicieran eso, los países tendrían una nueva constitución cada quince o veinte años. Algo que, en su tiempo, recomendaba Thomas Jefferson pero, no para remover despóticamente un congreso legítimo, sino para adaptar las leyes e instituciones de la democracia a los intereses y valores de las nuevas generaciones.

Es curioso: los dos países que han protagonizado los mayores cismas políticos regionales en sesenta años, Cuba y Venezuela, son aliados que se ubican en las antípodas del constitucionalismo latinoamericano. En Cuba, la Constitución no se reforma, a pesar de sus crecientes discordancias con la sociedad real de la isla, y el debate constitucional es sumamente reducido. En Venezuela, el constitucionalismo se reproduce de manera tan indiscriminada que hasta sirve para resolver crisis coyunturales del gobierno. Si en Cuba persiste el fetichismo constitucional, de tipo soviético, en Venezuela se ha llegado al otro extremo.

El constitucionalismo vulgar es, acaso, la ruptura más evidente del madurismo con el chavismo. La prueba tangible de que Nicolás Maduro y sus seguidores son incapaces de respetar las reglas del juego creadas por la “república bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI”. El defecto de aquellas reglas, según ellos, reside justamente en los márgenes democráticos que preserva el texto del 99 y que permitieron el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015.

La canibalización de la democracia en Polonia; por Rafael Rojas

Desde hace dos años, el partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski, que controla el parlamento y el gobierno de Polonia, encabezado por Beata Szydlo, ha comenzado a desmantelar o a conducir autoritariamente la democracia en ese país de Europa del Este. La vía elegida es la subordinación del Poder Judicial al gobierno, luego de

Por Rafael Rojas | 24 de julio, 2017
Fotografía de Jakub Kamiski para Polska Agencja Prasowa

Jaroslaw Kaczynski. Fotografía de Jakub Kamiski para la Agencia de Prensa Polaca

Desde hace dos años, el partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski, que controla el parlamento y el gobierno de Polonia, encabezado por Beata Szydlo, ha comenzado a desmantelar o a conducir autoritariamente la democracia en ese país de Europa del Este. La vía elegida es la subordinación del Poder Judicial al gobierno, luego de consolidar la mayoría legislativa en el parlamento. María R. Sahuquillo, en El País, ha definido ese proceso como la construcción de una “democracia caníbal”.

A la canibalización de la democracia se puede llegar por la izquierda, como en Venezuela, o por la derecha, como en Polonia. En esencia se trata del mismo fenómeno, que sucede cuando un partido o un líder llega al poder con una mayoría absoluta e inicia la erosión de la división de poderes hasta alcanzar un monopolio o una sujeción despótica de los tres y, por lo tanto, una supresión de facto del pluralismo político y el imperio de la ley.

La diferencia entre una vía u otra de reversión autoritaria la establece la ideología, es decir, la declaración de fines del gobierno. En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro emprendieron esa deriva despótica en nombre del “socialismo del siglo XXI” y de un revolucionarismo de fuerte inspiración fidelista. En Polonia, los hermanos Kaczynski alentaron la vuelta a los valores católicos tradicionales, a la jerarquía social y al nacionalismo cerrado de la Polonia precomunista.

El partido Ley y Justicia parte del diagnóstico de que la democracia occi-dental produce una decadencia de los valores patrióticos, de la cultura católica y genera un clima favorable a la tolerancia y el multiculturalismo, que amenaza la identidad nacional polaca. Su visión del tránsito democrático desde el régimen comunista, en los 90, por momentos, llega a ser más negativa que la propia experiencia del comunismo hasta la caída del Muro de Berlín.

Adam Michnik, el legendario editor de La Gazeta Wyborcza, ha llamado la atención sobre los efectos negativos de ese relato desencantado de la transición, que vertebra, en el caso de la nueva derecha polaca, una idea nostálgica de la grandeza nacional en el siglo XIX y la primera mitad del XX: la “buena época de los abuelos”, dice Kaczynski, de 68 años. Esa idealización es caldo de cultivo para la rearticulación de una derecha poscomunista, con elementos neofascistas, que está dispuesta a restringir libertades con tal de enfrentar, a la vez, el individualismo liberal y el socialismo democrático.

Como en Rusia, la canibalización de la democracia asume sentidos xenófobos y homofóbicos. El gobierno polaco es, junto al húngaro de Viktor Orbán, uno de los que más resistencia ha hecho al programa europeo de refugiados del Medio Oriente y que ha impulsado leyes más severas contra el aborto y contra el matrimonio igualitario. La retórica de Kaczynski y Szydlo se vuelve cada vez más aislacionista y antieuropeísta, produciendo, por la derecha, un reclamo de desentendimiento de las normas internacionales en materia de nuevos derechos.

Al igual que en otros populismos contemporáneos, en la Polonia de los gemelos Kaczynski el control del Poder Judicial es, supuestamente, un medio del combate a la corrupción. Pero también, o ante todo, una vía de dotación de poderes absolutos para conducir al país de acuerdo con una misión ideológica. Se trata de una lógica de reinvención del autoritarismo, en el siglo XXI, que observamos en buena parte del mundo, con el ascenso de los nuevos populismos, pero que en Polonia, como en Rusia y otros países de Europa del Este, tiene a su favor el relanzamiento del nacionalismo que siguió al colapso soviético.

Una peligrosa minoría hegemónica; por Rafael Rojas

El plebiscito de la oposición venezolana, el pasado 16 de julio, arrojó, según la Mesa de Unidad Democrática, que más de 7 millones 600 mil ciudadanos están contra la nueva Asamblea Constituyente que intenta imponer el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra es, como se ha reseñado en estas páginas, superior al total de votos

Por Rafael Rojas | 20 de julio, 2017
Fotografía de Maura Morandi. Haga clic en la imagen para ir a la fotogalería completa

Venezolanos participan en la consulta popular del 16 de julio de 2017. Fotografía de Maura Morandi. Haga clic en la imagen para ir a la fotogalería completa

El plebiscito de la oposición venezolana, el pasado 16 de julio, arrojó, según la Mesa de Unidad Democrática, que más de 7 millones 600 mil ciudadanos están contra la nueva Asamblea Constituyente que intenta imponer el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra es, como se ha reseñado en estas páginas, superior al total de votos que llevaron a Maduro al poder en 2014 y el doble de los que respaldaron la Constitución de Hugo Chávez en 1999.

Tal y como se esperaba, el resultado no rebasó la mitad del padrón electoral. Pero eso era lo mismo que sucedía en los referéndums que organizaba Chávez a mediados de la década pasada. Un 40% del padrón electoral, descontando la abstención y ponderando el hecho de que se trató de una consulta sin apoyo de la autoridad electoral, apunta a una mayoría activa favorable a la oposición que, sumada a la minoría pasiva o indecisa, que rechaza al gobierno sin respaldar a la MUD, podría rondar entre el 60 por ciento y el 70 por ciento del electorado.

El ejercicio del 16 de julio pudo confirmar lo que desde el año pasado sugieren decenas de encuestas, que hablan de una disminución de la popularidad de Maduro a cerca de un 20%. La constatación de ese estrechamiento de su base social explica la negativa del gobierno a convocar las elecciones regionales previstas por la Constitución y a satisfacer la demanda legítima de un referéndum revocatorio del poder presidencial por parte de la Asamblea Nacional.

La oposición considera que los resultados del pasado domingo le confieren un mandato y se apresta a proceder a la elección de nuevas autoridades electorales y judiciales. Comienza entonces la construcción del escenario, previsto por muchos analistas, de dos gobiernos paralelos. En diez días serán electos los delegados a la nueva Asamblea Constituyente y de ese organismo saldrá no sólo una nueva Constitución sino un nuevo poder legislativo. Es evidente que esto último, el reemplazo de una Asamblea opositora por otra leal, ha sido el objetivo central del proceso constituyente.

¿Qué opciones tiene una minoría hegemónica en una crisis como la venezolana? Pocas y todas muy peligrosas, ya que difícilmente podrá lograr sus objetivos sin usar la fuerza. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la actual Asamblea Nacional se resiste a ser desplazada? ¿Cómo reaccionará el gobierno a los paros y las protestas, que se multiplicarán tras la instalación del nuevo constituyente? A todo esto habría que agregar la presión internacional, que ya, lamentablemente, comienza a salirse de tono con las más recientes declaraciones de Donald Trump.

Si la declaración del gobierno venezolano como “amenaza extraordinaria”, por la administración de Barack Obama, fue contraproducente, mucho más lo sería cualquier sanción unilateral de parte de la actual administración. La oposición venezolana necesita la solidaridad de las democracias del hemisferio, pero no una acción hostil que fácilmente puede convertirse en subterfugio para la represión y la dictadura.

La nueva inestabilidad latinoamericana; por Rafael Rojas

Si alguien quiere convencerse de que lo que sucede en América Latina es algo que escapa a la supuesta revancha de una derecha “golpista”, que mire a Brasil. Esta semana, coincidiendo con el veredicto contra Lula da Silva, la Comisión de Constitución y Justicia del congreso decidirá si la demanda por soborno contra el presidente

Por Rafael Rojas | 13 de julio, 2017
De izquierda a derecha: Michel Temer y Lula Da Silva

De izquierda a derecha: Michel Temer y Lula Da Silva

Si alguien quiere convencerse de que lo que sucede en América Latina es algo que escapa a la supuesta revancha de una derecha “golpista”, que mire a Brasil.

Esta semana, coincidiendo con el veredicto contra Lula da Silva, la Comisión de Constitución y Justicia del congreso decidirá si la demanda por soborno contra el presidente Michel Temer, impulsada por el fiscal Rodrigo Janot, es avalada por el poder legislativo.

El presidente brasileño lleva dos meses en un limbo jurídico, rechazado por la mayoría de la población de ese gran país y confrontado por un ministerio público con la suficiente autonomía como para no cejar en el empeño de llevar al mandatario a la justicia. La precaria situación de Temer es la mejor refutación de la simplista tesis de que en Brasil hay un golpe de Estado en curso. ¿Cuándo se ha visto un golpismo tan débil?

La capacidad de negociación de Temer, dentro de una clase política extendidamente corrupta, ha sido la clave de su supervivencia. Pero esos medios pueden agotarse en los próximos días si la mayoría de los 40 diputados que integran la comisión dan crédito a las acusaciones de Janot. De ser así, Temer sería destituido por 180 días, el tiempo previsto para el juicio político del presidente.

Aún cuando Temer burle el cerco de la justicia, a Brasil le quedará un año de inestabilidad. El mandatario no rebasa el 7% de popularidad y los principales actores políticos ya están ocupados en el próximo proceso electoral. Pero las elecciones de octubre de 2018 no necesariamente implicarían un fin de la inestabilidad, ya que ninguno de los candidatos, ni siquiera Lula da Silva, proyecta una mayoría sólida, aunque su popularidad puede crecer tras la condena a prisión.

Todas las encuestas de Datafolha apuntan a que en las elecciones de 2018 deberá recurrirse a una segunda vuelta. Por debajo de Lula, que estaría en un 30%, los demás candidatos, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro…, oscilan entre el 10% y el 15% de los estimados. El próximo gobierno brasileño, incluido uno más de Lula, se enfrentaría a un fuerte dilema de legitimidad popular y a un arduo proceso de negociación política.

La crisis brasileña y la venezolana son las dos caras de la nueva inestabilidad política en América Latina. Frente al periodo de las transiciones democráticas de los 80 y 90 o al del ascenso de las izquierdas bolivarianas en los 2000, la segunda década del siglo XXI da muestras cada vez más claras del agotamiento paralelo de dos modelos de organización de la sociedad y el Estado: el neoliberal y el neopopulista.

Los gobiernos de Lula y Dilma dilataron el gasto social e implementaron una política exterior creativa, pero no avanzaron en la reforma del Estado, en la democratización del sistema político y en el combate a la corrupción. Ahora esas asignaturas pendientes pasan factura al régimen brasileño, de la misma manera que las grandes limitaciones institucionales de un chavismo sin Chávez han llevado a Maduro a un callejón sin salida.

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Putin: concilio e imperio; por Rafael Rojas

El trato que brinda Donald Trump a Vladimir Putin, como se ha visto en la cumbre del G20 en Hamburgo, es el de un neófito o un advenedizo de la política a un emperador curtido por décadas en el ejercicio del poder. Putin ha estado en el Kremlin desde fines del siglo pasado, cuando era

Por Rafael Rojas | 11 de julio, 2017
Fotografía de Mikhail Klimentyev / Kremlin vía EPA

Fotografía de Mikhail Klimentyev / Kremlin vía EPA

El trato que brinda Donald Trump a Vladimir Putin, como se ha visto en la cumbre del G20 en Hamburgo, es el de un neófito o un advenedizo de la política a un emperador curtido por décadas en el ejercicio del poder. Putin ha estado en el Kremlin desde fines del siglo pasado, cuando era Secretario de Seguridad y luego Vicepresidente del gobierno de Boris Yeltsin. Trump acaba de llegar a la Casa Blanca y, por sus gestos o desplantes, es evidente que no se siente del todo a gusto en su nueva residencia. En lo que va del siglo XXI la política exterior de Rusia se ha movido rápidamente del “consilium al imperium”, para utilizar los conceptos de Perry Anderson en su último libro.

En los primeros años posteriores a la Guerra Fría, Rusia se acomodó geopolíticamente al mundo conciliar de las transiciones de los 90. Fue aquella una década en que, como advierte Anderson, Estados Unidos convirtió el Medio Oriente en la zona prioritaria de su dominio global. A pesar de las históricas conexiones y de los intereses estratégicos de Rusia en esa región, durante el periodo soviético, Moscú se mantuvo mayormente al margen de la avanzada de Estados Unidos en el Oriente medio.

Todavía durante la segunda guerra del golfo pérsico, Putin era más aliado que rival de George W. Bush. Lo que proyectaba el Kremlin con aquel trato era que para la nueva Rusia del siglo XXI eran tolerables unos Estados Unidos que implementaban su política exterior desde una racionalidad unilateralista, poco dada a la concertación con la Unión Europea. Con Putin, Rusia adquirió su pleno perfil antieuropeísta, en un curioso rescate paralelo del nacionalismo eslavo de los zares y de la occidentofobia soviética de Stalin y sus sucesores.

Cuando Barack Obama reintrodujo la dialéctica de concilio e imperio en la política exterior de Estados Unidos, en lo que Anderson interpreta como una vuelta al paradigma wilsoniano, exactamente cien años después, Putin comprendió que había llegado el momento de pasar a la ofensiva en la estrategia de Moscú en Asia menor. El resultado de ese choque fue la negociación entre Kerry y Lavrov sobre Siria, que terminó de abrir las puertas de Rusia al Medio Oriente. Putin puso a Obama en el dilema de tener que aceptar la anexión de Crimea a cambio de la ayuda de Moscú en la cuestión siria.

Ahora se constata que aquella “ayuda” no era más que otra versión del mismo intervencionismo neorrealista. Como reportaba hace unos días Juan Pablo Duch, corresponsal de La Jornada en Moscú, magnates rusos leales al Kremlin como Evgueni Prigozhin y Guennadi Trimchenko, que encabezan poderosos consorcios energéticos y paramilitares, son los más favorecidos por los contratos con el régimen de Bashar al Assad. Los bombardeos rusos en Siria, como antes los de Bush en Irak y Afganistán, responden a una misma agenda depredadora de recursos naturales en el Tercer Mundo.

Cualquiera de los autores glosados y criticados por Anderson en su libro (Russell Mead, Mandelbaum, Ikenberry, Kagan, Brzezinski…) reconocería en la política exterior de Putin los mismos rasgos imperiales de la hegemonía norteamericana. Y se trataría de un reconocimiento objetivo, sin el “milenarismo” o las “ilusiones” que Anderson rechaza en el discurso de la izquierda autoritaria. Los que jamás tendrán la honestidad de reconocer ese imperialismo son los intelectuales de los “autoritarismos subalternos”, los leales a Nicolás Maduro y Raúl Castro, que provienen, justamente, de una tradición para la que no hay reparo alguno en “luchar” contra un imperio por medio de la dependencia de otro.

Venezuela: crisis y anomalía; por Rafael Rojas

Como quiera que se mire, lo que sucede en Venezuela es atípico dentro de América Latina. Quienes se empeñan en caracterizar esa crisis como un conflicto más de la región, equivalente al de la inseguridad en México o la corrupción en Brasil, con el propósito de silenciar la crítica, son irresponsables en su lealtad a

Por Rafael Rojas | 10 de julio, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Opositores venezolanos se concentran en la Av. Francisco de Mirada y cumplen 100 días de protestas en las calles. 9 de julio de 2017. Fotografía de Leo Álvarez

Como quiera que se mire, lo que sucede en Venezuela es atípico dentro de América Latina. Quienes se empeñan en caracterizar esa crisis como un conflicto más de la región, equivalente al de la inseguridad en México o la corrupción en Brasil, con el propósito de silenciar la crítica, son irresponsables en su lealtad a Nicolás Maduro o a Raúl Castro.

Noventa muertos y contando, un estado de movilización popular permanente, un creciente aparato represivo que no cesa en su sistemática hostilización de los manifestantes, un gobierno que desconoce al poder legislativo, una Asamblea Nacional que desconoce al gobierno, un poder judicial que siempre falla contra la oposición, una fiscal que se rebela contra el Tribunal Supremo y es acusada de “loca, terrorista y golpista” para luego ser sometida a un proceso de destitución… Sólo en Venezuela tiene lugar un colapso de la democracia de tales magnitudes.

Las soluciones que han ideado los dos principales actores del conflicto, el gobierno y la oposición —ahorrémonos la patraña castrista de entender el problema como un enfrentamiento entre la “revolución bolivariana” y el “imperialismo yanqui”— no auguran una salida en el mediano plazo o de aquí a las elecciones presidenciales de fines de 2018, si tienen lugar o si, para entonces, no han cambiado las reglas del juego democrático, constitucionalmente respetadas por la ley vigente.

Del lado del gobierno, lo que se ofrece es un nuevo proceso constituyente, sin referéndum previo, cuya asamblea será elegida, no por sufragio universal, sino entre sectores y comunidades favorables al madurismo. Es evidente que el origen de la convocatoria a esa nueva constituyente es la propia crisis y la rivalidad entre los poderes, por lo que su primer objetivo será la remoción de la actual Asamblea Nacional y de todos los miembros de la fiscalía opuestos al gobierno. En dos palabras, una purga.

Del lado de la oposición, la salida es la protesta permanente en las calles, que, como se ha comprobado, lejos de disuadir reafirma al gobierno en su vocación autoritaria y represiva. Y, más recientemente, una consulta popular, desconocida por las autoridades electorales del país, cómplices del gobierno. Dentro de un mes, la oposición podría exhibir unas cifras de rechazo a la constituyente no muy superiores al total de los sufragistas de la nueva asamblea de Maduro.

La anulación mutua de legitimidad, entre oposición y gobierno, continuará. El oficialismo no reconocerá los resultados de la consulta opositora, aun en el caso de que lograra el indudable triunfo de más del 50% del padrón electoral. La oposición tampoco reconocerá a la nueva constituyente, por lo que dentro de poco, si no se procede a la disolución forzosa de la actual asamblea, Venezuela podría contar con dos parlamentos, uno oficialista, basado en la Constitución de Maduro de 2017, y otro opositor, basado en la Constitución de Chávez de 1999. Pero no, lo de Venezuela “no es excepcional”.

¿Un Gramsci madurista?; por Rafael Rojas

En vano habría de buscarse una presencia sólida de Antonio Gramsci en medio siglo de documentos de un Partido Comunista como el cubano, hecho a la medida del modelo soviético. Gramsci, en Cuba, fue lectura de minorías de marxistas heterodoxos, como Fernando Martínez Heredia, director de la breve revista Pensamiento Crítico, recientemente fallecido en La

Por Rafael Rojas | 29 de junio, 2017
Imagen de Getty Images

Imagen de Getty Images

En vano habría de buscarse una presencia sólida de Antonio Gramsci en medio siglo de documentos de un Partido Comunista como el cubano, hecho a la medida del modelo soviético.

Gramsci, en Cuba, fue lectura de minorías de marxistas heterodoxos, como Fernando Martínez Heredia, director de la breve revista Pensamiento Crítico, recientemente fallecido en La Habana, marginado durante los años 70 y 80 y parcialmente reivindicado, a partir de los 90, por una burocracia que, hasta hoy, nunca entendió la diferencia entre sociedad civil y Estado, hegemonía y dominio o intelectual tradicional e intelectual orgánico.

Sin embargo, esa franja de la Nueva Izquierda que tras renunciar a los ideales del 68, mantuvo o reforzó su adhesión a Fidel Castro, a pesar de la larga componenda de éste con el dogmatismo moscovita, y que, de su mano, transfirió esa sujeción a Hugo Chávez en los 2000, intentó reciclar a un Gramsci distorsionado, que ahora le sirve para legitimar la represión en Venezuela. Llama la atención que algunos de los defensores de Nicolás Maduro en la izquierda latinoamericana citen insistentemente a Gramsci como “leninista” o como “leal a Lenin”, tratando de sugerir que todos los gramscianos latinoamericanos deberían extender esa misma lealtad al caudillo venezolano.

¿A qué viene la letanía sobre una “gramscianización del antimperialismo”? Por supuesto que hubo coincidencias con los bolcheviques, pero también claras divergencias del marxista italiano con el naciente “marxismo-leninismo” de Bujarin y Stalin. Las críticas de Gramsci al manualismo soviético, a su versión escolástica del materialismo histórico y a su subestimación de los problemas de la cultura y la democracia, es archiconocida. Quienes demostraron la pertenencia de Gramsci al “marxismo crítico”, una tradición filosófica diferente a la soviética (Merleau-Ponty, Wright Mills, Anderson, Poulantzas, Buci-Glucksmann, Laclau, Mouffe…) o, más cerca de nuestro contexto, José Aricó, zanjaron la cuestión desde hace décadas.

Contra toda esa sabiduría pretende levantarse la burda construcción de un Gramsci leninista, entiéndase, castrista y madurista. Un Gramsci que se esgrime para superponer la lealtad a la crítica, el silencio a la disidencia, la subordinación a la autonomía. Cuando los maduristas machacan que Gramsci pensaba que, en tiempos de guerra, había que respaldar las políticas más “radicales”, ¿qué quieren decir? ¿Cómo trasplantan a Gramsci a las calles de Caracas?

Lo que sugieren es que el marxista italiano habría recomendado apoyar el proyecto de Nicolás Maduro. Por si fuera poco, imaginan a los gobiernos de Venezuela y Cuba a la vanguardia del “anticapitalismo”, cuando ambos no hacen más que encabezar dos modalidades, cada vez más parecidas, de capitalismo de Estado. El madurismo está enterrando el chavismo y, con éste, lo poco, más o menos respetable, que quedaba del marxismo populista o de simpatías “bolivarianas”.

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Venezuela y la izquierda Latinoamérica; por Rafael Rojas

Frente al giro que ha dado la situación venezolana con la prolongada movilización popular contra el gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria oficial a una Asamblea Nacional Constituyente, la izquierda latinoamericana partidaria del “socialismo del siglo xxi” se ha bifurcado, de un modo muy parecido a como lo hizo la vieja izquierda revolucionaria hacia

Por Rafael Rojas | 24 de junio, 2017
Los presidentes Nicolás Maduro y Raúl Castro en Cuba. Fotografía de AFP

Los presidentes Nicolás Maduro y Raúl Castro en Cuba. Fotografía de AFP

Frente al giro que ha dado la situación venezolana con la prolongada movilización popular contra el gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria oficial a una Asamblea Nacional Constituyente, la izquierda latinoamericana partidaria del “socialismo del siglo xxi” se ha bifurcado, de un modo muy parecido a como lo hizo la vieja izquierda revolucionaria hacia 1971, cuando el gobierno de Fidel Castro arrestó al poeta Heberto Padilla y lo obligó a hacer una confesión pública ante los escritores y artistas cubanos. Entonces lo que estaba en juego era si aquella izquierda aceptaba la sovietización del socialismo cubano. Hoy lo que se debate es, en buena medida, si se acepta la definitiva cubanización del chavismo.

Desde mediados de los 2000, cuando Hugo Chávez lanzó el proyecto del “socialismo del siglo XXI”, en diálogo permanente con Fidel Castro, la opinión pública regional comenzó a reproducir el tópico de que Venezuela iba hacia el modelo cubano. Chávez, Fidel y algunos de sus subordinados, como el entonces vicepresidente Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque, aseguraban que Venezuela y Cuba se encaminaban a algún tipo de integración o a ser “un mismo país con dos presidentes”, como llegó a declarar Lage. Entre 2006 y 2007, cuando llegaron al poder Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, y se formó la Alianza Bolivariana, los medios cubanos y venezolanos se dieron a la tarea de presentar el ascenso de las nuevas izquierdas como un triunfo del modelo cubano.

Pero apenas dos años después, con las nuevas constituciones boliviana y ecuatoriana aprobadas, se hizo evidente que si había algo afín en ese triángulo diverso que conformaban Venezuela, Ecuador y Bolivia —democracia participativa, mecanismos plebiscitarios, derechos de tercera y cuarta generación, autonomía de pueblos originarios…—, en nada tenía que ver con el sistema político cubano propiamente dicho. Los tres gobiernos bolivarianos eran aliados de la Cuba de Raúl Castro —ya Fidel por aquellos años estaba retirado—, pero sus órdenes constitucionales y su institucionalidad política eran claramente distintos al cubano. En ninguno de esos países se estableció un régimen de partido comunista único, estatalización de la economía y la sociedad civil y control gubernamental absoluto de los medios de comunicación.

A pesar de la evidencia, tanto en la izquierda como en la derecha latinoamericanas, amplios sectores confundieron la geopolítica con la ideología y asumieron que los “socialismos del siglo XXI”, en efecto, se movían hacia el modelo cubano. La propaganda “bolivariana” de medios como Telesur, Granma y Cubadebate contribuyó decididamente a ese equívoco, que llegó a tener amplia resonancia en medios intelectuales y académicos de las ciencias sociales, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), donde la historia de las ideas de América Latina es reemplazada por una sucesión de íconos, acríticamente superpuestos, entre Simón Bolívar y Hugo Chávez y José Martí y Fidel Castro.

Ahora, con la disolución de facto de la Asamblea Nacional venezolana, que implicó la transferencia de funciones legislativas al Tribunal Supremo de Justicia y el anuncio de un nuevo proceso constituyente, que pondrá fin a la constitucionalidad chavista, respaldado resueltamente por La Habana, queda claro que el sistema político venezolano no reproducía, en sus líneas fundamentales, al cubano. La verdadera reproducción comienza a partir de este verano, al proponerse la nueva Asamblea sin el aval plebiscitario del pueblo, como soberano originario, tal y como hizo Chávez en 1999, y al proceder a una elección de representantes por “sectores”, y no por medio del sufragio universal, directo y secreto de la ciudadanía, tal y como funciona el sistema electoral y representativo cubano.

Los argumentos de los defensores de esa opción del gobierno de Nicolás Maduro, dentro de la izquierda latinoamericana, comparten la misma duplicidad del discurso tradicional a favor, primero, de la Revolución Cubana y, luego, del régimen político que se derivó de la misma y que subsiste hasta hoy. Digo duplicidad porque se trata de un discurso que opera en dos niveles: uno inmediato, político, mayormente defensivo —Cuba es agredida por el imperio, por lo que hay que solidarizarse con ella—, y otro, más ideológico y programático, que sostiene que ante esa situación de acoso, la salida debe ser siempre la más “radical” en términos “socialistas”, esto es, la concentración de todo el poder para administrar el país sobre bases no capitalistas y no democráticas.

¿Guerra o democracia?

Dos intelectuales argentinos, el sociólogo y politólogo Atilio Borón y el economista Claudio Katz, son, tal vez, quienes han formulado más claramente ese doble sentido del respaldo a Maduro. En un artículo reproducido por Cubadebate, la página electrónica del Partido Comunista de Cuba, Borón se mueve en el primer nivel del discurso, sosteniendo que el conflicto venezolano no tiene su origen en una disputa entre dos poderes legítimamente elegidos, el ejecutivo de Nicolás Maduro, y el legislativo de un parlamento mayoritariamente opositor; sino en la agresión imperialista de Estados Unidos, de la que forma parte toda la oposición. El conflicto venezolano es, por tanto, una guerra económica, política, civil o “no convencional”, en la que hay que tomar partido:

“La única actitud sensata y racional que le resta al gobierno del presidente Nicolás Maduro es proceder a la enérgica defensa del orden institucional vigente y movilizar sin dilaciones al conjunto de sus fuerzas armadas para aplastar la contrarrevolución y restaurar la normalidad de la vida social. Venezuela es objeto no sólo de una guerra económica, una brutal ofensiva diplomática y mediática sino que, ahora, de una guerra no convencional que ha cobrado más de medio centenar de muertos y producido ingentes daños materiales. ‘Plan contra plan’, decía Martí. Y si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar. El tiempo de las palabras ya se agotó y sus resultados están a la vista”.

Katz, por su parte, hace explícito el segundo plano de la argumentación, es decir, la idea de que una situación de guerra civil o, más precisamente, de guerra antimperialista, es la coyuntura idónea para avanzar hacia una reconstitución del régimen chavista por la vía del anticapitalismo radical. En una entrevista con la página electrónica Rebelión, el economista sugiere esa ruta y, de paso, cuestiona la falsa alternativa que, según él, han planteado hasta ahora las izquierdas latinoamericanas en el poder que no se suman a un verdadero proyecto anticapitalista. “A diferencia de Celaya, Dilma o Lugo”, dice Katz, “Maduro no se entrega” y esa “decisión de resistir explica el odio de los poderosos de la región”. Sus analogías históricas remiten a Salvador Allende en septiembre de 1973 y su referente teórico es nada menos que Antonio Gramsci.

“Pero estamos en medio de la batalla y no está escrito el resultado final. Hubo una interesante reactivación de los mecanismos para paliar el desabastecimiento y se adoptó la excelente iniciativa de retirar al país de la oea. La única forma de vencer a la derecha es transformar en hechos el discurso socialista. En las situaciones límites y frente al abismo el proyecto bolivariano puede renacer con un perfil más radical… La aplicación de Gramsci a Venezuela implicaría hoy asumir decisiones revolucionarias. El líder comunista convocaba a adoptar esas decisiones sin ninguna vacilación. Por eso ponderó la acción de los bolcheviques como una “revolución contra el Capital”, en el sentido de procesos que vulneran todas las prescripciones previas. Subrayó la inexistencia de un curso predeterminado de la historia. Aplastar el sabotaje de los capitalistas con el poder comunal sería el equivalente a la acción de los soviets que reivindicaba Gramsci”.

Frente a posiciones como las de Katz y Borón se moviliza otro flanco de la izquierda socialista latinoamericana, que demanda lealtad al legado de la constitucionalidad chavista y, sobre todo, al modelo de la democracia participativa, suscrito en las constituciones venezolana de 1999, boliviana de 2008 y ecuatoriana de 2009. Tal vez, la figura central, dentro de Venezuela, de ese posicionamiento es la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado abiertamente su inconformidad con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y las bases comiciales del proceso. La Fiscal ha llegado a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno de Maduro porque, si bien reconoce su derecho a la iniciativa del constituyente, no respeta la soberanía originaria al no someter la convocatoria a referéndum popular. La respuesta del gobierno a la interpelación de la fiscal es, además de los calificativos de “traidora” y “terrorista”, la amenaza de que al instalarse la nueva Asamblea será destituida de su cargo.

La emergencia permanente

Una posición similar a la de Ortega sostienen intelectuales de la izquierda chavista, como el sociólogo Edgardo Lander, profesor de la Universidad Central de Venezuela y autor del importante libro Neoliberalismo, sociedad civil y democracia (1995), que adelantó muchos de los debates de la izquierda latinoamericana en las dos últimas décadas. En una conversación con la Red Filosófica de Uruguay, en abril, Lander observaba que el cierre de vías institucionales para resolver el conflicto —desconocimiento de la Asamblea Nacional por el ejecutivo, permanencia del mismo Consejo Nacional Electoral, cancelación del referéndum revocatorio, posposición de elecciones regionales y locales…—, ha producido un ascenso de la represión y la violencia, tanto desde el gobierno como desde las protestas populares. Decía Lander que la lógica de Maduro, luego del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, fue la concentración del poder:

“Entonces estamos en una situación en la que hay una concentración total de poder en el Ejecutivo, no hay Asamblea Legislativa, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia autorrenovado, cuando debe ser ratificado por la Asamblea. Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. En ese contexto, las respuestas que se dan son cada vez más violentas, de los medios y de la oposición, y la reacción del gobierno, ya incapacitado de hacer otra cosa, es la represión de las manifestaciones, los presos políticos. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”.

La socióloga argentina Maristella Svampa, estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos y de los procesos de descolonización de la izquierda bolivariana, especialmente del caso boliviano, coincide con Lander en su diagnóstico de la situación en Venezuela. En un artículo que firmó con Roberto Gargarella, un importante constitucionalista argentino, que ha estudiado en detalle las experiencias más recientes de la izquierda sudamericana, Svampa retomaba los planteamientos de Lander. El artículo de Gargarella y Svampa apareció en Página 12, el diario de la izquierda argentina, con el título “El desafío de la izquierda, no callar”, y provocó sendas respuestas de Atilio Borón y Modesto Emilio Guerrero. En su texto decían Svampa y Gargarella:

“Esta dinámica que arrancó a partir del desconocimiento por parte del Ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015, se fue agravando y potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio —una herramienta democratizadora introducida por la propia Constitución chavista—, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el reciente y fallido autogolpe del Ejecutivo. Todo ello generó un nuevo escenario político, marcado por la violencia y la ingobernabilidad, cuyas consecuencias dramáticas aparecen ilustradas en el incremento diario de víctimas que arrojan los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas gubernamentales, en un marco de represión institucional cada vez mayor”.

La respuesta de Borón a Gargarella y Svampa y, a través de estos, a Lander, titulada “Venezuela: no callar, pero para decir la verdad”, se centraba en la que llamaba una “ausencia” analítica de los académicos argentinos: “el gobierno de Estados Unidos”. Sin ese actor, colocado en primer plano, no había manera de dar con la “realidad” y la “verdad” de Venezuela. Todo lo que había decidido el gobierno de Maduro, desde diciembre de 2015, para contrarrestar la existencia de un poder legislativo de mayoría opositora, legítimamente electo de acuerdo con las normas de la República Bolivariana de 1999, formaba parte de una estrategia de defensa de la soberanía de Venezuela frente al imperialismo norteamericano. De manera que el autoritarismo, que el propio Borón reconocía, era lícito si lo que estaba en juego era la permanencia en el poder de un gobierno “revolucionario”, que se asume como sinónimo de la nación y la patria. Los opositores a ese gobierno, por muy pacíficos y constitucionales que sean, son, por tanto, apátridas y enemigos, traidores y terroristas, como la fiscal Ortega Díaz.

El argumento geopolítico

De Argentina, el debate se movió rápidamente a foros latinoamericanos de la izquierda intelectual como la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés), que celebró su último congreso en Lima, Perú. En abril, el grupo de Estudios Venezolanos de LASA, formado por Margarita López Maya, Lara Putnam, Iria Puyosa y Juan Pablo Lupi, entre otros, denunció la “acción autoritaria” de la transferencia de funciones legislativas al Tribunal Supremo de Justicia, basada en las sentencias 155 y 156, y demandó la “liberación de presos políticos” y la “recuperación del calendario electoral”, así como la “destitución de los magistrados del TSJ”.

El posicionamiento de los académicos venezolanos fue respaldado por decenas de adhesiones y dio forma a una Declaración sobre Venezuela, firmada por varios miembros del Comité Ejecutivo de LASA, lo que provocó la reacción del sector madurista, fundamentalmente cubano, de la asociación. En su respuesta, “LASA no es la OEA”, reproducida por Cubadebate, los oficialistas cubanos reprochaban que la crítica estuviera prioritariamente dirigida al gobierno de Maduro y no tomara en cuenta actitudes de la oposición, cuyo “único propósito era el derrocamiento” del gobierno. La “oposición venezolana está bien lejos de practicar consecuentemente su supuesta defensa de la democracia”, decían los académicos, militantes en su mayoría del Partido Comunista único, que rige en la isla, y denunciaban a LASA por haber invitado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a su congreso en Lima.

A fines de mayo, mientras avanzaba el proyecto de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, sobre bases “sectoriales” y “comunales”, y arreciaba la violencia en las calles, arrojando más de 70 muertos desde el inicio de las protestas, un grupo de intelectuales de izquierda lanzaron un Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia. Mirar a Venezuela, más allá de la polarización. El documento, promovido por Svampa y Gargarella y firmado, entre otros, por referentes de la izquierda como Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, admitía en uno de sus pasajes la responsabilidad del sector más violento de la derecha venezolana en la crisis:

“Como intelectuales de izquierda, tampoco desconocemos la realidad geopolítica regional y global. Queda claro que existen sectores extremistas de la oposición (la cual es muy amplia y heterogénea), que también buscan una salida violenta. Para éstos se trata de exterminar, de una vez por todas, el imaginario popular asociado a ideas tan peligrosas como la organización popular, la democracia participativa, la transformación profunda de la sociedad en favor del mundo subalterno. Estos grupos más extremos de la derecha han contado, por lo menos desde el golpe de Estado del año 2002, con apoyo político y financiero del Departamento de Estado norteamericano”.

Pero agregaban:

“Dicho esto, no creemos, como afirman ciertos sectores de la izquierda latinoamericana, que hoy se trate de salir a defender a ‘un gobierno popular anti-imperialista’. Este apoyo incondicional de ciertos activistas e intelectuales no sólo revela una ceguera ideológica sino que es perjudicial, pues contribuye lamentablemente a la consolidación de un régimen autoritario. La identificación del cambio, aun de la crítica al capitalismo, no puede provenir de la mano de proyectos antidemocráticos, los cuales pueden terminar por justificar una intervención externa, ‘en nombre de la democracia’. Desde nuestra óptica, la defensa en contra de toda injerencia extranjera debe basarse en más democracia, no en más autoritarismo”.

Esta vez, la respuesta provino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, con un documento titulado Con la Revolución Bolivariana por siempre. El texto reproducía, casi textualmente, intervenciones previas de Borón y Katz —con las mismas citas de Gramsci—, y en síntesis sostenía que en Venezuela había un golpe de Estado en curso, como los que habían derrocado a Manuel Celaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil —y antes a Salvador Allende y a Joao Goulart y a Jacobo Arbenz—, perpetrado por el imperialismo y su avanzada venezolana, en la que se incluía a toda la oposición, por heterogénea que fuera.

El dilema en Venezuela no era entre un poder ejecutivo que desconoce un parlamento legítimo y gobierna con facultades extraordinarias, y una oposición que se lanza a las calles por falta de vías institucionales para ejercer su legitimidad; sino entre Imperio y Revolución, tal y como siempre ha entendido esa izquierda la cuestión cubana.

Recordemos que en la primavera de 2003, cuando el gobierno de Fidel Castro fusiló a tres jóvenes que intentaron emigrar a Estados Unidos y encarceló a 75 opositores pacíficos, provocando el repudio de algunos intelectuales de la izquierda occidental como Noam Chomsky, José Saramago y, en cierta medida, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti, dicha red difundió una carta titulada Mensaje a los amigos que están lejos, firmada por los mismos que hoy, desde la isla, suscriben el apoyo incondicional a Nicolás Maduro. En aquella carta se leía:

“Nuestro pequeño país está hoy más amenazado que nunca antes por la superpotencia que pretende imponer una dictadura fascista a escala planetaria. Para defenderse, Cuba se ha visto obligada a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. No se le debe juzgar por esas medidas arrancándolas de su contexto”.

Ahora, en el documento citado, dicen:

“Por supuesto que hay un proceso de militarización y una escalada de violencia, pero lejos de ser el resultado de factores internos, esta militarización es permanentemente inducida por la agresión imperialista en todos sus niveles (diplomático, político, económico, militar, mediático, financiero). ¿O debemos enumerar acaso los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil que anteceden la presente arremetida? De nada valen las groseras teorías de los dos demonios para analizar las causas de la violencia venezolana: ¿o qué significa entonces el ‘origen complejo y compartido de la violencia’ señalado por la solicitada? O la identificación, aparentemente simétrica, de ‘extremistas’ de derecha y totalitarios de izquierda, que redunda al finalizar el texto en el señalamiento de un único e inaudito responsable de la violencia: ¡el Estado y el gobierno bolivariano! ¡Justo quienes insisten en una estrategia de paz! ¿Qué deberían haber hecho, según estos intelectuales, Fidel Castro y los revolucionarios cubanos ante la invasión de Playa Girón? ¿Sentarse a parlamentar con diplomáticos inexistentes mientras las bombas atronaban en Bahía de Cochinos? ¿Enfrentar con papeletas electorales los fusiles de los mercenarios? ¿Peticionar cautamente ante la OEA?”.

El documento también contiene múltiples críticas a lo que los firmantes llaman “fetichización” de las instituciones de la democracia liberal. Sintomático uso del conocido concepto de Karl Marx por parte de intelectuales con un pensamiento más que fetichista, icónico y maniqueo, que divide obsesivamente el mundo entre el bien revolucionario y el mal imperial. Lógicamente, en ese tipo de racionalidad no caben las instituciones de la democracia liberal porque de lo que se trata es, precisamente, de la destrucción de una plataforma jurídica y política —representación, elecciones, referéndums, plebiscitos—, sin la cual es inconcebible cualquier democracia, incluida la participativa que introdujeron las constituciones bolivarianas del siglo XXI.

El sistema cubano como último recurso

Lo que sucede en América Latina, según los adherentes al manifiesto de la Red en Defensa de la Humanidad (Roberto Fernández Retamar, Silvio Rodríguez, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea…), es un Girón cotidiano, es decir, un conflicto potencialmente militar provocado por Estados Unidos, que justifica el despotismo y la represión. Aun admitiendo los errores de la oposición venezolana o el intervencionismo de Estados Unidos en la región, que desde un punto de vista estrictamente geopolítico no sólo debería incluir las sanciones de la administración de Barack Obama contra Venezuela sino su entendimiento con el gobierno de Raúl Castro, la reapertura de embajadas y las medidas de flexibilización del embargo comercial, la ausencia total de crítica ante el comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro implica un respaldo a la violencia de Estado en Venezuela.

Un respaldo que no es coyuntural sino que responde al proyecto explícito de avanzar hacia un socialismo, de tipo cubano, en América Latina. La nueva Asamblea Constituyente venezolana, al proceder a la elección de sus representantes por la vía “sectorial” y “comunal”, y no por medio del sufragio universal directo y secreto, reproduce un elemento clave del sistema político de la isla. Cuba es el único país del hemisferio donde la población no elige de manera directa al jefe de Estado, ya que son los miembros del parlamento, designados por comisiones de candidatura integradas por representantes de los sectores del país —obreros, campesinos, mujeres, estudiantes…—, debidamente agrupados en organizaciones gubernamentales, los que votan por el titular del poder ejecutivo. De acuerdo con ese método, que comenzó en 1976, Fidel Castro se reeligió siete veces y Raúl Castro va por su tercer periodo.

El modelo cubano no aparece, por tanto, como ideal de régimen socialista sino como último recurso para el manejo represivo de la política nacional venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro opta por la vía cubana en medio de una crisis de legitimidad que no puede enfrentar desde normas democráticas, ya que se arriesgaría a perder el poder. Cuba ofrece el método idóneo para perpetuar el mando, sin necesidad de recurrir a la práctica electoral propiamente democrática ni a mecanismos plebiscitarios, que nunca son convocados en la isla. Los intelectuales que respaldan esa deriva autoritaria sólo pueden recurrir a una duplicidad que presenta el paradigma de la “democracia verdadera” —el socialismo cubano— como necesidad perentoria en una situación de emergencia.

La ideología, en la izquierda autoritaria, acaba subordinada a la geopolítica. Lo “democrático”, en ese imaginario, deja de ser una síntesis de valores igualitarios y justicieros y se convierte en un dispositivo meramente instrumental para mantener o aumentar el poder. Los académicos e intelectuales que se piensan como actores “orgánicos” de esos procesos, apelando a Antonio Gramsci, entienden y practican su organicidad, no con respecto a la ciudadanía o la sociedad civil, sino en lealtad y adhesión al Estado. Son voceros de poderes concretos, el gobierno cubano o el gobierno venezolano, que, además de ejercer la represión sistemática en ambos países, intentan monopolizar el lugar de la izquierda en América Latina, con el fin de inclinar a todos los países de la región hacia la dictadura.

La vieja escuela putinista; por Rafael Rojas

No tiene desperdicio la entrevista que Vladimir Putin concedió a la periodista Megyn Kelly para la NBC. Recordemos que esta periodista, cuando era presentadora de Fox News, fue ofendida por Donald Trump en uno de los debates presidenciales y, tras el incidente, se convirtió en una crítica del machismo del entonces candidato y ahora presidente

Por Rafael Rojas | 9 de junio, 2017
Fotografía de Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Fotografía de Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP

No tiene desperdicio la entrevista que Vladimir Putin concedió a la periodista Megyn Kelly para la NBC. Recordemos que esta periodista, cuando era presentadora de Fox News, fue ofendida por Donald Trump en uno de los debates presidenciales y, tras el incidente, se convirtió en una crítica del machismo del entonces candidato y ahora presidente de Estados Unidos. Pero en los últimos meses, Kelly ha coincidido con Putin en diversos foros internacionales y ha logrado entrevistarlo para los grandes medios norteamericanos.

En sus respuestas a Kelly, el mandatario ruso demuestra un conocimiento preciso y un interés exhaustivo en asuntos de la política interna de Estados Unidos. Pero a cada pregunta de la periodista sobre el hackeo electrónico de las elecciones, sobre Michael Flynn, sobre Jared Kushner, sobre Jeff Sessions o sobre su propio embajador en Washington, Serguei Kisliak, Putin responde con evasivas o negaciones. Para empezar, dice no conocer con qué miembros de la campaña de Trump se reunió su embajador en Estados Unidos, lo cual es inverosímil.

Putin explota al máximo ese hieratismo, esa opacidad, que ya forma parte de la marca geopolítica de Rusia en el siglo XX. Sabe perfectamente que la trama rusa ha colocado a Trump al borde del colapso de su gabinete y, eventualmente, de un proceso de destitución, pero aparenta ser ajeno al proceso. Las fotos de una cena en la que compartió mesa, codo a codo, con el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, han dado la vuelta al mundo, y aún así niega haber conocido al general.

El gesto recuerda la escena del debate en Naciones Unidas sobre la instalación de misiles en Cuba, cuando el embajador Adlai Stevenson mostraba las fotos aéreas de los cohetes, mientras el representante soviético, Valerian Zorin, negaba tajantemente que la URSS tuviera armas nucleares en Cuba. Putin dice no conocer a Flynn ni a Kushner, el mediático yerno del presidente, que propuso una línea secreta directa con el Kremlin a solicitud de diplomáticos rusos en Washington.

Esa mezcla de ironía y cinismo, en el ejercicio de las relaciones internacionales, hace de Putin un discípulo aventajado de Stalin y los líderes soviéticos. Ahora se ve con claridad que toda la operación rusa en el último proceso electoral en Estados Unidos y en los primeros meses de la presidencia de Donald Trump ha sido un juego muy hábil, para impedir la reelección de Hillary Clinton y, a la vez, dejar al nuevo mandatario en una posición desventajosa.

Putin y su aparato de inteligencia diseñaron un típico escenario en que cualquier opción es beneficiosa. Con un Trump sólido podía haber mejores relaciones entre Estados Unidos y Rusia, lo que haría avanzar objetivos comunes como el debilitamiento de la Unión Europea o el fin del Acuerdo Transpacífico. Pero con un Trump débil, la ganancia también es neta: pérdida de liderazgo global de Washington y aumento de la hegemonía de Rusia, sobre todo, en el Medio Oriente y Europa del Este.

Trump y la reacción; por Rafael Rojas

En Estados Unidos ha existido siempre un tipo de conservadurismo, como el que estudia Jesús Velasco, pero poco campo para la reacción. En la historia de esa nación, nunca los reaccionarios llegaron a detentar la hegemonía. Durante el siglo XIX, los estadounidenses defendieron la república y el liberalismo en contra del monarquismo y el conservadurismo

Por Rafael Rojas | 3 de junio, 2017
Fotografía de Saul Loeb para AFP

Fotografía de Saul Loeb para AFP

En Estados Unidos ha existido siempre un tipo de conservadurismo, como el que estudia Jesús Velasco, pero poco campo para la reacción. En la historia de esa nación, nunca los reaccionarios llegaron a detentar la hegemonía. Durante el siglo XIX, los estadounidenses defendieron la república y el liberalismo en contra del monarquismo y el conservadurismo de las potencias europeas. Por supuesto que Estados Unidos representaba también la esclavitud y el expansionismo a costa de sus vecinos del sur, pero en el conflicto atlántico defendía posiciones de avanzada.

En el siglo XX, los norteamericanos perfeccionaron el expansionismo, sobre todo, en Centroamérica y el Caribe, aunque desde posiciones prodemocráticas con respecto a Europa. Desde Woodrow Wilson hasta John F. Kennedy, Estados Unidos cumplió un rol de contención de los imperialismos y totalitarismos europeos. Esto comenzó a cambiar en la baja Guerra Fría, de los años 70 para acá, cuando Washington asumió las posturas más extremas del anticomunismo, que creyó ver triunfar con la caída del Muro Berlín. Pero nada, en los últimos 40 años, es comparable al retroceso que, en términos de liderazgo mundial, está produciendo Donald Trump desde la Casa Blanca.

La primera gira internacional del presidente, diseñada para limar asperezas con sus pares europeos, terminó empeorando las cosas. Theresa May quedó molesta por la filtración del material de inteligencia relacionado con los atentados de Manchester. Angela Merkel, que se había reunido con Barack Obama, en la mañana en Berlín, llegó con mala cara al encuentro de la OTAN, en Bruselas, y pocos días después hizo la insólita declaración de que Europa ya no puede seguir confiando en Estados Unidos y debe trazar su propio camino.

El clímax de este desencuentro en el Atlántico llegó con el anuncio del retiro de Estados Unidos del acuerdo de París sobre el cambio climático, realizado hace dos días por el presidente. Las reacciones de los principales líderes europeos, incluyendo a Theresa May, han sido elocuentes y han reforzado en Merkel y, sobre todo, en Emmanuel Macron, la decisión de avanzar hacia un rediseño del pacto europeo que no descanse sobre la expectativa de buen entendimiento con Washington. La desconfianza que se abre entre Europa y Estados Unidos es más profunda o va más allá de la simple sospecha de que hay sintonías o arreglos ocultos entre Trump y Putin.

A la Casa Blanca ha llegado una derecha que siente repulsión por el libre comercio, la globalización, los nuevos derechos del siglo XXI, la protección del medio ambiente y, por si fuera poco, la defensa común del Atlántico norte. Una derecha que, en una carambola de la historia que habrá que explicar, coincide con los nuevos autoritarismos del siglo XXI —el ruso, el sirio, el turco, el venezolano, el nicaragüense— y con los dos únicos totalitarismos de la Guerra Fría que quedan en el planeta —el norcoreano y el cubano—, en un rechazo visceral a la reconfiguración del mundo que siguió al fin de la URSS y el colapso del socialismo real en Europa del Este.

Nada más revelador de esta convergencia que el hecho de que Estados Unidos comparta, únicamente, con Siria y Nicaragua su oposición al acuerdo de París, o que en ninguno de los medios de la izquierda oficial venezolana o cubana se haya leído, en estos días, una crítica consistente del abandono, por parte de Washington, del principal protocolo de concertación de políticas contra el calentamiento global. En el siglo XXI, Trump coloca a Estados Unidos en el lugar que el siglo XIX reservaba a las monarquías conservadoras.

Noriega: dictadura e invasión; por Rafael Rojas

Ha muerto Manuel Antonio Noriega, general que en los años 80 controló el gobierno de Panamá, y el repaso histórico de su figura reaviva el debate sobre el autoritarismo centroamericano y caribeño en la Guerra Fría. Hablamos de una región de América Latina, marcada por el choque entre el intervencionismo norteamericano y el nacionalismo revolucionario,

Por Rafael Rojas | 2 de junio, 2017

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Ha muerto Manuel Antonio Noriega, general que en los años 80 controló el gobierno de Panamá, y el repaso histórico de su figura reaviva el debate sobre el autoritarismo centroamericano y caribeño en la Guerra Fría. Hablamos de una región de América Latina, marcada por el choque entre el intervencionismo norteamericano y el nacionalismo revolucionario, pero también por una extraña intersección de ambos, que hizo que algunos caudillos pasaran rápidamente del entendimiento al conflicto con Washington.

Antes que Noriega, Rafael Trujillo en República Dominicana o Fulgencio Batista en Cuba fueron dictadores primero mimados y luego aborrecidos por Estados Unidos. Washington apoyó a Trujillo durante los años 30 y 40, pero a mediados de los 50, especialmente tras el asesinato en Nueva York de Jesús Galíndez, el intelectual antitrujillista de origen vasco, el Departamento de Estado y la CIA rompieron con Trujillo y contribuyeron a su ejecución en 1961.

Batista también fue un importante aliado de Estados Unidos en la región hasta 1958. En la geopolítica centroamericana y caribeña, Batista formaba parte de una alianza regional de dictadores anticomunistas (Trujillo, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Somoza) que comenzó a deshacerse con la caída de Rojas Pinilla en 1957 y de Pérez Jiménez en 1958. Ya para este año, Washington miraba con mayor simpatía a gobiernos democráticos como el de Rómulo Betancourt en Venezuela.

Tras su derrocamiento, en diciembre de 1958, Batista se refugió con su amigo Trujillo en República Dominicana y luego se trasladó a Portugal y a España, donde lo protegieron los dictadores Antonio de Oliveira Salazar, Marcelo Caetano y Francisco Franco. Hasta su muerte en 1973, Batista nunca pudo establecer residencia en Estados Unidos, donde vivieron sus hijos y donde tenía propiedades en Daytona Beach.

La historia de Noriega sigue un ciclo parecido, pero más dramático aún. Desde los 70, el oficial panameño colaboraba con la CIA en actividades de contrainsurgencia en Nicaragua y El Salvador, en la persecución de comunistas centroamericanos y en la naciente lucha contra el narcotráfico. Pero cuando se hizo de todo el poder en Panamá comenzó a operar el tráfico de drogas por su cuenta, y se alió a Pablo Escobar en Colombia, a los sandinistas en Nicaragua y al gobierno de Fidel Castro, a quien visitó varias veces a mediados de los 80.

El giro de Estados Unidos contra Noriega se verificó entre 1986 y 1988, durante el tránsito del gobierno de Ronald Reagan al de George Bush. En diciembre del 89, una terrible invasión derrocó al general, quien se refugió por unos días en la Nunciatura apostólica, para luego entregarse a la DEA y ofrecer información a cambio de su vida. Noriega fue, sin dudas, un caudillo autoritario, que ejecutó y desapareció opositores. Pero la invasión, última en su tipo, también fue letal: la Iglesia Católica y asociaciones de derechos humanos calculan entre 600 y miles de víctimas civiles.

Otro que no renuncia; por Rafael Rojas

El presidente brasileño, Michel Temer, que era investigado por corrupción desde antes del juicio político contra su antecesora, Dilma Rousseff, está envuelto en otra denuncia de soborno, según reporta O Globo. La noticia conmociona a la opinión pública brasileña, pero no genera mayores disrupciones. Una parte considerable de la ciudadanía de ese gran país sabe

Por Rafael Rojas | 25 de mayo, 2017
Fotografía de AFP

Fotografía de AFP

El presidente brasileño, Michel Temer, que era investigado por corrupción desde antes del juicio político contra su antecesora, Dilma Rousseff, está envuelto en otra denuncia de soborno, según reporta O Globo. La noticia conmociona a la opinión pública brasileña, pero no genera mayores disrupciones. Una parte considerable de la ciudadanía de ese gran país sabe que, prácticamente, toda la clase política está implicada en redes de corrupción. De ahí que las crecientes demandas de renuncia a Temer tengan poco impacto.

La respuesta del presidente a esas demandas trasmite una seguridad insólita, desafiante: “No renunciaré, que me derriben”. Si el presidente, que carece de vicepresidente, renuncia, quien le sigue en la línea de sucesión es el líder de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Pero Maia, como su predecesor Eduardo Cunha, también ha sido acusado de corrupción y lavado de dinero por el Procurador General de la República Rodrigo Janot. Esa deslegitimación generalizada, paradójicamente, se vuelve un arma de Temer: la ausencia de credibilidad cierra las vías de sucesión y protege al mandatario.

Frente al callejón sin salida, una opción sería adelantar las elecciones presidenciales del próximo año. Pero para llegar ahí no basta la exigencia del sector partidista de la izquierda: se precisa de una movilización popular pacífica y sostenida, que tal vez los movimientos sociales y el PT no sean capaces de encabezar. En caso de que lo consigan, veremos a esa misma izquierda regional, que hoy profesa una lealtad dogmática a Nicolás Maduro y que criminaliza las protestas sociales en Venezuela, salir en defensa de los manifestantes brasileños. Y entonces tendrán razón, como ahora la tienen quienes se solidarizan con la ciudadanía venezolana, a la que el régimen madurista ha cerrado todas las vías democráticas de solución del conflicto.

El caso brasileño confirma que la peor combinación que aqueja la vida política latinoamericana es la del autoritarismo y la corrupción. Una síntesis perversa, que lo mismo amenaza a las derechas que a las izquierdas en el poder. A estas alturas, poco sentido tiene localizar el origen de ambos males en alguna tara de la cultura política regional y no admitir que tanto la fragilidad de la democracia como el afianzamiento de intereses particulares en la política nacional responden a un insuficiente desarrollo de las instituciones del estado de derecho y a una falta de protección de la autonomía del poder judicial.

Justamente, en Brasil, hemos visto, junto a la emergencia de una trama de corrupción sumamente extendida, la resistencia de un sector del poder judicial, decidido a revelar a todos los implicados. El autoritarismo de Temer, o su decisión de aferrarse al poder, aparecen como recursos de la impunidad contra el ejercicio autónomo del aparato de justicia. Como en la mayoría de los países latinoamericanos, en Brasil la corrupción conspira contra la solidez del orden democrático.