Blog de Rafael Rojas

Ataques sónicos: un misterio útil; por Rafael Rojas

Desde noviembre de 2016, antes de la elección de Donald Trump y de la muerte de Fidel Castro, el Departamento de Estado en Washington comenzó a recibir información sobre diplomáticos suyos, acreditados en La Habana, que habrían sido víctimas de ataques a la salud con secuelas reconocibles: náuseas, cefaleas, amnesia, pérdida de audición y daños

Por Rafael Rojas | 9 de octubre, 2017
Embajada de Estados Unidos en La Habana. Yamil Lage para AFP

Embajada de Estados Unidos en La Habana. Fotografía de Yamil Lage para AFP

Desde noviembre de 2016, antes de la elección de Donald Trump y de la muerte de Fidel Castro, el Departamento de Estado en Washington comenzó a recibir información sobre diplomáticos suyos, acreditados en La Habana, que habrían sido víctimas de ataques a la salud con secuelas reconocibles: náuseas, cefaleas, amnesia, pérdida de audición y daños neurológicos. Durante la primera mitad de este año, exactamente hasta el mes de agosto, los casos siguieron reproduciéndose hasta alcanzar a 22 diplomáticos, incluido un canadiense.

Oficialmente, Cuba no ha negado la veracidad de los informes del Departamento de Estado. Raúl Castro se reunió personalmente con el embajador en funciones en la isla, Jeffrey De Laurentis, un diplomático nombrado por Barack Obama y John Kerry y claramente comprometido con el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, y ofreció plena colaboración con las investigaciones del FBI. Durante su más reciente intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller cubano Bruno Rodríguez reiteró dicha disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han acusado al gobierno cubano de estar involucrado en los ataques y han insinuado que el responsable podría ser un tercer gobierno: Rusia, Irán, Corea del Norte… Sin embargo, tanto el secretario Tillerson como el presidente Trump han aludido a que los ataques se produjeron en residencias y hoteles operados por el gobierno cubano, lo cual podría implicar fallas de seguridad, negligencia o complicidad. Los congresistas cubano-americanos, naturalmente, no hacen esos matices y acusan directamente al gobierno de la isla.

El misterio de los ataques sónicos se vuelve un mecanismo de política exterior en manos de quienes nunca respaldaron el restablecimiento de relaciones y llevan dos años haciendo lo imposible por regresar al diferendo de medio siglo. No sólo los congresistas cubano-americanos, también el sector más inmovilista del gobierno cubano, que controla la estructura mediática del país, aprovecha esta crisis para atizar el conflicto. En Granma, Cubadebate y Juventud Rebelde hemos leído artículos que afirman o sugieren que todo es una fantasía, orientada a boicotear las flamantes relaciones.

El resultado es que las embajadas están vaciándose y reduciendo su personal al mínimo, lo que equivale a una situación de congelamiento del vínculo bilateral. Luego de 53 años de ruptura diplomática, Estados Unidos y Cuba habrían pasado a una brevísima normalización que, al cabo de dos años, vuelve a interrumpirse. Es evidente que el segmento más ortodoxo del gobierno cubano se alegra tanto de esta reversa como sus rivales en la clase política cubanoamericana. Quienes sufrirán los rigores de la crisis serán, como siempre, las familias cubanas en ambos lados del estrecho de la Florida, que verán sus planes de viaje y reunificación postergados.

Cataluña y la secesión democrática; por Rafael Rojas

En Cataluña se ha planteado uno de los problemas centrales de la política en tiempos de globalización: la fricción entre dos o más soberanías, la del pueblo y la de la nación, la de los ciudadanos y la de las comunidades. El secesionismo actual, en cualquier país occidental que se presente, es un producto de

Por Rafael Rojas | 29 de septiembre, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

En Cataluña se ha planteado uno de los problemas centrales de la política en tiempos de globalización: la fricción entre dos o más soberanías, la del pueblo y la de la nación, la de los ciudadanos y la de las comunidades.

El secesionismo actual, en cualquier país occidental que se presente, es un producto de la democracia. De una vieja democracia como la británica, en el caso de Escocia, o de una democracia nueva —nueva de cuarenta años, quiero decir—, en el caso de Cataluña. Es por ello que en ambos se recurre a un mecanismo típicamente democrático, el referéndum, pero que con frecuencia alienta el absolutismo de una minoría.

Durante siglos, las secesiones e independencias se dirimieron a sangre y fuego. Todos los separatismos americanos, en Estados Unidos, Haití y las naciones hispanoamericanas, recurrieron a la vía armada. Incluso en Brasil, Cuba y Filipinas, a fines del siglo XIX, debieron volver a las armas, a pesar de que había más condiciones para avanzar hacia alguna modalidad de autogobierno. En México y Estados Unidos, en el siglo XIX, los intentos de secesión desembocaron en guerras civiles. Hasta bien entrada la Guerra Fría, los nacionalismos republicanos en Irlanda y el País Vasco no optaban por otra ruta que no fuera la violencia.

Lo que está sucediendo en Cataluña sería inimaginable sin la democracia y sin la globalización. Los líderes del nacionalismo y el independentismo catalán legitiman su demanda de referéndum con argumentos democráticos. Y piensan, con o sin razón, que en la era global son mayores las posibilidades de éxito de una pequeña nación soberana, aunque integrada a la Unión Europea. Piensan que esa nación, bien conectada globalmente, puede sortear con fortuna el diferendo con España, que se agravará cualquiera que sea el desenlace del referéndum del 1 de octubre.

El nacionalismo, el independentismo y el republicanismo catalanes, que son cosas distintas, como siempre nos recuerda el historiador Pep Fradera, tienen raíces profundas en la historia del norte de la península. Responsabilizar de su crecimiento al gobierno de Mariano Rajoy es superficial. Pero no es menos cierto que en la última etapa del conflicto, Madrid ha actuado de manera autoritaria, cerrando puertas a la negociación política y llegando al colmo de pedir el respaldo de Donald Trump.

No se trata de una responsabilidad única de la derecha. Los tres grandes partidos nacionales han descuidado la cuestión catalana: el PP por centralismo, el PSOE por ineptitud y Podemos por oportunismo. Pablo Iglesias reiteró que no concordaba con la independencia, pero que respaldaba el referéndum tal cual, sin garantías.

Pero su prioridad, en medio de la crisis, ha sido la revocación del gobierno de Rajoy. A la vista del giro confrontacional de las últimas semanas es inevitable dar la razón a quienes, desde la esfera pública, llevaban tres años sugiriendo una negociación del referéndum, a cambio de una reforma de la Constitución de 1978.

El desastre y la solidaridad; por Rafael Rojas

Este 19 de septiembre, en una inquietante coincidencia, un severo terremoto ha golpeado Morelos, Puebla, la Ciudad de México y su periferia, como hace exactamente 32 años. Y como entonces, una poderosa corriente de solidaridad se ha movilizado desde la ciudadanía a ayudar a los rescatistas, los bomberos y la policía. En mi barrio, la

Por Rafael Rojas | 21 de septiembre, 2017
Fotografía de Alfredo ESTRELLA / AFP

Fotografía de Alfredo ESTRELLA / AFP

Este 19 de septiembre, en una inquietante coincidencia, un severo terremoto ha golpeado Morelos, Puebla, la Ciudad de México y su periferia, como hace exactamente 32 años. Y como entonces, una poderosa corriente de solidaridad se ha movilizado desde la ciudadanía a ayudar a los rescatistas, los bomberos y la policía.

En mi barrio, la Condesa, en las cuadras que median entre el Parque México y la avenida Nuevo León, se reunieron cientos de jóvenes en la tarde y noche a abastecer de víveres y mantas a los damnificados.

Cada 19 de septiembre, los medios mexicanos se llenan de rememoraciones de aquellas jornadas del 85. Las crónicas de Carlos Monsiváis, en los Cuadernos Políticos recogidos luego por la editorial Era, siguen leyéndose como un testimonio de primera mano. Aquel fue un sismo más devastador: magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, más de 10 mil muertos —aunque el propio Monsiváis aseguraba que fueron más de 20 mil—, cientos de viviendas reducidas a escombros. La concurrencia de voluntarios fue tal que la burocracia gubernamental se vio rápidamente rebasada y la sorpresa puso a circular el concepto de “sociedad civil” en la opinión pública mexicana.

Monsiváis anotaba que la capacidad de movilización que mostró entonces la sociedad civil del DF escenificaba la emergencia de un sujeto oculto tras la larga historia del autoritarismo post-revolucionario.

Solidaridad era el sentimiento que impulsaba a miles de personas a colaborar en las acciones de socorro, salvamento y ayuda a los damnificados. Es algo muy característico de la cultura cívica en México y, específicamente, en esta capital: una ciudad atestada de problemas —tráfico, contaminación, corrupción, violencia…—, pero con una de las experiencias más plenas de acceso a derechos civiles y políticos que se conoce en América Latina.

En estos días se ha confirmado aquel testimonio. En la escuela Enrique Rébsamen de Coapa fueron civiles los que rescataron a los primeros niños sepultados por la mole. En un edificio de la calle Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, también fueron voluntarios quienes asistieron inicialmente a los topos para salvar la vida de más de 20 personas. En la Ciudad de México hay una red de asistencia ciudadana que, espontáneamente, se moviliza antes que las instituciones oficiales de protección civil y de las delegaciones del gobierno local. Cuando llegan la Marina y el Ejército ya una parte de la labor ha sido realizada.

La reportera Krupskaia Alís, de CNN en español, relató la cadena humana que un grupo de civiles creó en un edificio derrumbado en la calle Sonora, también en la Condesa. Paola Rojas, de Televisa, contó la tragedia de una fábrica de textiles en la Colonia Obrera, donde los vecinos pasaron horas cargando escombros, antes de la llegada de los bomberos. Como en septiembre de 1985, sin la intervención de esos ciudadanos, los muertos y los damnificados serían muchos más. Ahora han sido 249 y se les recordará siempre.

El dilema catalán; por Rafael Rojas

Finalmente se ha producido lo que tantos deseaban o temían: un eventual choque de trenes entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la Generalitat y el Parlamento catalanes, de mayoría separatista. Desde la presidencia anterior, encabezada por Artur Mas, la lógica política catalana se mueve en dirección de un referéndum vinculante que ponga fin

Por Rafael Rojas | 18 de septiembre, 2017
Fotografía de Toni Albir para EPA

Fotografía de Toni Albir para EPA

Finalmente se ha producido lo que tantos deseaban o temían: un eventual choque de trenes entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la Generalitat y el Parlamento catalanes, de mayoría separatista. Desde la presidencia anterior, encabezada por Artur Mas, la lógica política catalana se mueve en dirección de un referéndum vinculante que ponga fin a la pertenencia de Cataluña a España y de paso a la fundación de una república independiente en esa rica región del nordeste de la península ibérica.

Ya el 9 de noviembre de 2014 se celebró en Cataluña un referéndum, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal, y que reseñamos en esta columna. Los resultados oficiales arrojaron que de un censo de unos 6 300 000 votantes, sólo sufragaron más de 2 300 000: cerca de un 37% de los electores. De ellos, más de 1 800 000, es decir, menos del 30% del padrón, votó por el sí. Los separatistas ganaron ampliamente el referéndum porque la mayoría de los ciudadanos catalanes con derecho a voto se abstuvo de participar en un ejercicio que consideraban ilegal o ilegítimo.

¿Qué pasará este 1º de octubre? Más o menos lo mismo, aunque, tal vez, con un resultado más favorable al sí. Difícilmente los partidarios de la separación rebasarán el 50% del electorado, pero, a todas luces, ganarán el referéndum. Por anacrónico que nos parezca, el nacionalismo está en ascenso en Cataluña y no necesariamente porque la cultura política de esa zona de España o de Europa gire a la izquierda. Carles Puidgemont, actual líder de la Generalitat, como antes Artur Mas, proviene de un partido de derechas, Convergència y Unió (CIU), la misma organización de Jordi Pujol, que gobernó Cataluña por veintitrés años consecutivos.

El nacionalismo crece en Cataluña como crece en Escocia y en la Padania italiana, en la Baviera alemana y en la Alsacia francesa. Se trata de un secesionismo excluyente, en el que se mezclan mitos rancios de nacionalismo cultural con vanas predicciones de milagrería económica en el siglo XXI. Lo curioso es que ese nacionalismo conservador es hoy respaldado por partidos de izquierda como Esquerra Republicana de Catalunya, la legendaria asociación de Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas, que encabezan Oriol Junqueras y Marta Rovira, sumada, tras las elecciones parlamentarias de 2015, a la coalición Juntos por el Sí.

Cataluña es ahora mismo el más evidente laboratorio de la disolución de la izquierda y la derecha, no en la globalización, como se pronosticaba hace pocos años, sino en el nacionalismo. Si a nivel ideológico, los críticos del nacionalismo tendrán siempre las de ganar, a nivel político no necesariamente es así. Los nacionalistas se aferrarán a un derecho democrático —decidir por referéndum el status de una soberanía— y colocarán al gobierno español en una posición defensiva y autoritaria. Cualquiera que sea el resultado el próximo 1º de octubre, la victimización del nacionalismo seguirá creciendo en Cataluña.

Errejón en Buenos Aires; por Rafael Rojas

  El líder de Podemos, Íñigo Errejón, viajó a Buenos Aires, donde intervino en el Foro para la Construcción de una Mayoría Popular, junto al exministro de economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof, y la diputada nacional kirchnerista Juliana di Tullio. Durante su gira argentina, el líder español hizo abierta diplomacia opositora, al denunciar al

Por Rafael Rojas | 31 de agosto, 2017

 

Fotografía de ES Fotografía y Che Cámara

Fotografía de ES Fotografía y Che Cámara

El líder de Podemos, Íñigo Errejón, viajó a Buenos Aires, donde intervino en el Foro para la Construcción de una Mayoría Popular, junto al exministro de economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof, y la diputada nacional kirchnerista Juliana di Tullio. Durante su gira argentina, el líder español hizo abierta diplomacia opositora, al denunciar al gobierno de Mauricio Macri por presidir la restauración neoliberal y el retroceso de los derechos humanos.

Estudioso del proyecto plurinacional de Evo Morales, Álvaro García Linera y el MAS en Bolivia, Errejón usa el mismo lenguaje de la izquierda bolivariana. Los gobiernos “nacionales populares” iniciaron un “ciclo progresista” que en los últimos años es revertido por una “reacción conservadora”, entiéndase, neoliberal. América Latina, según Errejón, se encuentra ante la disyuntiva entre una opción nacional popular, revolucionaria y verdaderamente democrática, y otra conservadora y neoliberal que intenta restaurar el régimen de las transiciones de los 80 y 90.

Se trata de una traslación del relato histórico de Podemos sobre la España de fines del siglo XX, a América Latina. Si en la península el pacto de la Moncloa, la Constitución del 78 y la transición produjeron una continuidad del franquismo por otros medios, en esta parte del mundo el tránsito democrático, desde diversos autoritarismos, fue también la prolongación de las dictaduras y, sobre todo, el despegue de las políticas neoliberales.

Para Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y sus seguidores en España y América Latina el pasado a negar no es la dictadura o los regímenes autoritarios de la Guerra Fría, sino el neoliberalismo de fin de siglo. Esa narrativa tiene, sin duda, receptividad en sectores de la izquierda latinoamericana, pero corre el riesgo de forzar continuidades y establecer equivalencias arbitrarias. Presentar a Mauricio Macri como reencarnación de Videla o Galtieri es un despropósito: asumirlo como nuevo Menem o De la Rúa también es equivocado.

En su discurso ante el foro de la Universidad de Buenos Aires, Errejón, que se ha distinguido del radicalismo de Iglesias por medio de una propuesta de transversalidad, pareció advertir esas posibles fricciones cuando sostuvo que los nuevos gobiernos de derecha en América Latina no proceden a desmantelar todo el sector público heredado de las izquierdas en el poder. Asegura, sin pruebas, que ese desmantelamiento es su propósito, pero que la propia derecha debe respetar ciertos límites en su política económica para no afectar derechos sociales.

La ponderación debe resultar herética a la izquierda más extremista y autoritaria —la venezolana y la cubana, por ejemplo—, que identifica derecha con imperialismo, golpismo y fascismo. Pero todavía carga con prejuicios y simplificaciones que se originan en un entendimiento limitado de las transiciones a la democracia en la región y las reformas constitucionales de las últimas décadas del siglo XX.

Trump en Yuma; por Rafael Rojas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escogido la ciudad de Yuma, en Arizona, como plataforma de lanzamiento de lo que ya se entiende como una adelantada campaña de reelección. Está en el manual del fascismo y el populismo del siglo XX que el caudillo debe reafirmar su legitimidad, demagógicamente, por medio de ejercicios

Por Rafael Rojas | 28 de agosto, 2017
Fotografía de A. Brandon para Reuters

Fotografía de A. Brandon para Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escogido la ciudad de Yuma, en Arizona, como plataforma de lanzamiento de lo que ya se entiende como una adelantada campaña de reelección. Está en el manual del fascismo y el populismo del siglo XX que el caudillo debe reafirmar su legitimidad, demagógicamente, por medio de ejercicios propagandísticos que lo mantengan en el centro de la esfera pública. Eso es lo que ha hecho el mandatario en los últimos días, en lo que se perfila como el nuevo estilo de una política de derechas en el siglo XXI.

Una regla no escrita del sistema norteamericano sugiere que al concluir el segundo año de mandato aparecen las primeras señales de intención reeleccionista. Señales que se reflejan, primero, sutilmente, mientras se negocia y logra la mayoría del partido. Luego, una vez conseguida ésta última, se lanza la propuesta en la convención republicana o demócrata. Trump, que de candidato no respetó esos rituales, ganándose la simpatía no sólo de un segmento conservador, desencantado de la democracia en ese país, sino de algunos gobiernos resistentes a la política internacional de Barack Obama —Rusia, Venezuela, Cuba…— vuelve a presentarse como outsider del sistema y adelanta el proceso electoral.

En medio de una sensible renegociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), en que México y Canadá intentan preservar un arreglo favorable a los tres países, que sólo Trump y su gobierno ven como desventajoso a Estados Unidos, el presidente aprovecha el mitin demagógico en un estado fronterizo para reiterar los tópicos de su campaña presidencial. Tópicos basados en el racismo y una visión áspera o abiertamente confrontacional de la vecindad entre Estados Unidos y México, que por lo visto marcará su estrategia mediática de aquí a 2020, coincidiendo con las elecciones y la sucesión en México.

Fresca está en la memoria pública, la transcripción del diálogo telefónico entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, en el que el primero hace la insólita petición al presidente mexicano de que no ventile en los medios de comunicación que México se niega a pagar el muro fronterizo. Daba a entender Trump, con ese ardid, que la construcción de la “maravillosa supervalla” era una fantasía, un bluff, que se lanzaba para aumentar su popularidad interna, dentro de la base conservadora norteamericana, y no un verdadero proyecto que pondría en riesgo la relación entre Estados Unidos y México.

Lo cierto es que, a pesar de las filtraciones y los verdaderos motivos, a Trump lo moviliza la conquista y permanencia de un respaldo popular reaccionario, que de asegurarse, podría llevarlo a un desastroso segundo periodo. Mientras esa amenaza se mantenga al nivel de la demagogia doméstica y no transgreda ciertos límites en términos de la política de defensa en relación con Corea del Norte o Afganistán, el muro con México o el techo de la deuda, las relaciones con Rusia o el conflicto comercial con China, los costos serían administrables.

Todo parece indicar, sin embargo, que con tal de preservar o renovar un electorado conservador, Trump está dispuesto a cualquier cosa: a sostener posiciones ambivalentes sobre el supremacismo blanco o a recaer en el monstruoso antisemitismo de siempre o en el racismo puro y duro contra los afroamericanos o los latinos. Por si fuera poco, no se quedará ahí y complicará la relación de Estados Unidos con diversas regiones del mundo, a la vez. En los próximos meses, el gobierno de México deberá actuar con extrema inteligencia para contrarrestar la amenaza de un Trump en adelantada campaña reeleccionista.

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Reforma y contrarreforma en Cuba; por Rafael Rojas

La filtración de un video en que el vicepresidente Miguel Díaz Canel, primera figura en la línea de sucesión de Raúl Castro, aparece acusando de “subversión” a la política de Barack Obama y a buena parte del reformismo cubano, confirma los análisis que, desde el VII Congreso del Partido Comunista, en abril del 2016, observaban

Por Rafael Rojas | 24 de agosto, 2017
De izquierda a derecha:

De izquierda a derecha: Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Fotografía de AP

La filtración de un video en que el vicepresidente Miguel Díaz Canel, primera figura en la línea de sucesión de Raúl Castro, aparece acusando de “subversión” a la política de Barack Obama y a buena parte del reformismo cubano, confirma los análisis que, desde el VII Congreso del Partido Comunista, en abril del 2016, observaban una reacción contrarreformista en la isla. En un principio, dicha reacción se percibió como control de daños simbólicos tras el viaje de Obama, pero poco a poco ha tomado forma como un giro conservador, que podría acompañar la sucesión de febrero de 2018.

La contrarreforma cubana avanza, por lo menos, en cuatro áreas. En la política económica se traduce en una serie de mecanismos destinados a contraer el trabajo por cuenta propia, la pequeña y mediana empresa y el mercado interno. En política exterior, busca privilegiar la red ideológica y geopolítica de Cuba (Venezuela, ALBA, Rusia, Irán, Corea del Norte…), por encima de vínculos más pragmáticos con Asia, Europa y América. En la ideología, los contrarreformistas plantean una preservación del legado intransigente de Fidel Castro y la descalificación de todas las voces que desde la sociedad civil demandan apertura. En la esfera cultural, la ofensiva se dirige contra la autonomía y la crítica, recurriendo abiertamente a la censura de películas, obras de arte y libros que cuestionan el inmovilismo.

Desde principios de este año, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la contrarreforma cubana se intensificó a través de una campaña en los medios oficiales de comunicación contra lo que denominan “centrismo”. Se trata de un conjunto heterogéneo de instituciones y espacios relativamente autónomos en la esfera pública (Cuba Posible, Cuba Emprende, On Cuba, Periodismo de Barrio, La Joven Cuba, Havana Times…), que apoyó el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y contribuyó, decisivamente, a difundir en el exterior el proyecto reformista del segundo gobierno de Raúl Castro.

Una revisión del trabajo de esos medios, entre 2012 y 2016, evidencia la colaboración y respaldo de sectores del gobierno cubano, especialmente de los ministerios económicos, la cancillería insular y algunas instituciones culturales al proyecto reformista. La idea de que en Cuba crecía el sector no estatal, la autonomización de la sociedad civil, la tolerancia a la crítica y un realismo diplomático, destinado a la captación de créditos e inversiones, fue lanzada por el propio gobierno de Raúl Castro.

Fue Castro quien habló de paternalismo estatal, del error de responsabilizar por todo “al bloqueo”, de la importancia de una prensa crítica y de la necesidad de una relación respetuosa con Estados Unidos, a pesar de las asimetrías. Esos llamados alentaron un reformismo que hoy se quiere presentar como “contrarrevolucionario” o, lo que es lo mismo, como enemigo, para cerrar filas en la cúpula antes de la próxima sucesión de poderes.

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Crímenes contra la diversidad; por Rafael Rojas

Neonazis en Charlottesville y yihadistas en Barcelona: dos formas de movilización de identidades asesinas contra la diversidad. El atentado en Las Ramblas, como el del paseo marítimo de Niza, el verano pasado, confirma que los terroristas han elegido como blanco las comunidades turísticas de Europa. No matan a europeos específicamente: matan turistas, provenientes de cualquier

Por Rafael Rojas | 19 de agosto, 2017
Varias personas observan las ofrendas de flores y velas depositadas en Las Ramblas de Barcelona. Fotografía de EFE

Ofrendas de flores y velas depositadas en Las Ramblas de Barcelona. Fotografía de EFE

Neonazis en Charlottesville y yihadistas en Barcelona: dos formas de movilización de identidades asesinas contra la diversidad. El atentado en Las Ramblas, como el del paseo marítimo de Niza, el verano pasado, confirma que los terroristas han elegido como blanco las comunidades turísticas de Europa. No matan a europeos específicamente: matan turistas, provenientes de cualquier lugar del mundo.

El racismo no se dirige únicamente contra una u otra raza, contra una u otra civilización. Siempre ha existido en el racismo un odio especial contra el mestizaje, contra el contacto y la vecindad de lo distinto. Los supremacistas blancos, en su marcha de antorchas al pie de la estatua de Robert E. Lee, coreaban consignas contra afroamericanos, judíos e hispanos, indistintamente. Pero en el fondo, gritaban contra lo que entienden como la contaminación de la pureza nacional anglosajona por el avance de la migración y el multiculturalismo.

El pacto multicultural de fines del siglo XX, resultado de la diversificación social y el incremento de las migraciones, ha sido uno de los fenómenos más resistidos por las ideologías reaccionarias en las últimas décadas. Las resistencias del racismo o del terrorismo son las más evidentes, pero hay otras, silenciosas o imperceptibles, desde los nacionalismos o populismos de derecha e izquierda, que propician una retroalimentación con el terror fundamentalista.

Hay en unos y otros, en los neonazis y los yihadistas, una misma voluntad de restablecer, por la fuerza, la homogeneidad perdida. En su libro póstumo, el filósofo polaco Zygmunt Bauman identificaba esa lógica de la reacción con lo que llamaba “retrotopía”, esto es, la localización de un mundo ideal en el pasado y la lucha por imponerlo al presente. Lo que define la retrotopía es el deseo de negar, a la vez, el presente y el futuro de la humanidad.

Las identidades asesinas, de las que hablaba el escritor libio Amin Maalouf, parten del diagnóstico correcto de que la diversidad marca el sentido de la historia contemporánea global. El mundo avanza hacia la diversidad, hacia el viaje y la mixtura, y el terrorismo quiere impedir que esa tendencia se consolide. Apuestan no sólo al exterminio sino a la reacción autoritaria de Occidente, a la militarización y la seguritización del orden democrático.

Los crímenes contra la diversidad son, stricto sensu, el método del terrorismo.

La finalidad es el colapso de las democracias por obra del despotismo y la restricción de las libertades. Lo hemos visto en Estados Unidos luego del derribo de las Torres Gemelas y en Francia tras el atentado en la sala Bataclan de París. Cuando las democracias entran en estados de emergencia y limitan derechos públicos, el terrorismo cree haber vencido.

Porque al final el terrorismo es un tipo de violencia ejercida para subordinar la libertad a la seguridad. En eso coincide con todos los autoritarismos, que aspiran a que los estados de excepción se vuelvan rutinarios. Para el terrorista, como para el dictador, siempre hay una causa mayor, una amenaza más profunda, que relativiza los derechos humanos. La muerte o la cárcel son datos menores, cuando se actúa en nombre de Alá o de la patria.

Toda la irresponsable andanada contra el multiculturalismo y la corrección política, que por años le hemos escuchado al conservadurismo occidental —y también a la extrema izquierda—, ya da resultados atroces ante los ojos de quien quiera ver. Las normas jurídicas de la diversidad siguen siendo defectuosas, pero no hay otras para asegurar la convivencia pacífica de un mundo cada vez más diferente e interconectado.

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Ida y vuelta de Mike Pence; por Rafael Rojas

La gira del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile y Panamá, contiene dos temas relevantes: Venezuela y el libre comercio. Si las ideas que trae Pence sobre ambos temas, son las mismas que Donald Trump formuló en su campaña presidencial, contra el TLCAN o el TPP, o las

Por Rafael Rojas | 17 de agosto, 2017
De izquierda a derecha:

De izquierda a derecha: Mauricio Macri, Juan Carlos Varela, Mike Pence, Juan Manuel Santos y Michelle Bachelet

La gira del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por cuatro países latinoamericanos, Colombia, Argentina, Chile y Panamá, contiene dos temas relevantes: Venezuela y el libre comercio. Si las ideas que trae Pence sobre ambos temas, son las mismas que Donald Trump formuló en su campaña presidencial, contra el TLCAN o el TPP, o las que declaró a la prensa la semana pasada, en relación con una posible “opción militar” para Venezuela, me temo que regresará a Washington contrariado por la perspectiva de sus colegas del hemisferio.

Los cuatro gobiernos y las cuatro cancillerías que visita Pence son defensores del libre comercio, en el Atlántico y en el Pacífico. Y los cuatro son claramente críticos de lo que entienden como “ruptura del hilo constitucional” en Venezuela, a partir de los intentos de transferir la autoridad legislativa de la Asamblea Nacional opositora al Tribunal Supremo de Justicia y, sobre todo, de la elección —denunciada como fraudolenta no sólo por la oposición sino por Smartmatic, la empresa encargada del cómputo electoral— de una Asamblea Constituyente de más de 500 representantes, partidarios todos del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, los presidentes con los que se reúne Pence, Juan Manuel Santos, Mauricio Macri, Michelle Bachelet y Juan Carlos Varela, también se han pronunciado firmemente, sobre todo en la última semana, contra cualquier solución militar que pretenda impulsarse en Estados Unidos. Desde el inicio de la crisis, esos gobiernos han llamado al diálogo entre Maduro y la oposición y a la búsqueda de una salida negociada, a partir de los propios mecanismos que ofrece la Constitución de 1999: referéndums, comicios locales y regionales o adelanto de elecciones presidenciales.

Ni siquiera en el tema de las sanciones económicas y el aislamiento internacional de Venezuela, encuentra Pence pleno respaldo en los cuatro gobiernos. Es de suponer, por ejemplo, que Michelle Bachelet y la cancillería chilena expresen al Vicepresidente su rechazo a la aplicación de embargos o políticas punitivas contra algún gobierno latinoamericano. No sólo el chileno, también el colombiano, el argentino y el panameño son abiertamente favorables a la integración de Cuba a la comunidad hemisférica y al fin del embargo comercial de Estados Unidos contra la isla.

Desde que estalló el conflicto venezolano y la oposición se vio obligada a salir a las calles, por el cierre de vías institucionales para su acción, los medios oficiales de Caracas y La Habana han promovido la interpretación de que los gobiernos latinoamericanos no afiliados a la Alianza Bolivariana (ALBA) son cómplices o instrumentos de la política de Trump hacia Venezuela. La verdad —palabra de la que tanto abusan esos medios y sus aliados en América Latina— es otra: la posición mayoritaria de la región, sobre Venezuela, es diferente y anterior a la de la Casa Blanca y tiene su origen en la reacción autónoma y genuina contra una dictadura.

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El apocalipsis en Guam; Rafael Rojas

La televisión única de Corea del Norte repite y repite la imagen: Kim Jong Un, desbordando una pequeña silla rodante, frente a una gran pantalla de computadora, digita una tecla y una lluvia de misiles se dispara contra la isla de Guam. A su alrededor, un pequeño grupo de jóvenes uniformados salta de alegría y

Por Rafael Rojas | 12 de agosto, 2017
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

La televisión única de Corea del Norte repite y repite la imagen: Kim Jong Un, desbordando una pequeña silla rodante, frente a una gran pantalla de computadora, digita una tecla y una lluvia de misiles se dispara contra la isla de Guam. A su alrededor, un pequeño grupo de jóvenes uniformados salta de alegría y agita los brazos en el aire, como si celebraran el triunfo de las invencibles tropas del camarada Kim Il Sung contra los perversos japoneses.

Corea del Norte ha perfeccionado a tal grado los ardides de la Guerra Fría que hace de la amenaza de conflicto nuclear en el Pacífico un espectáculo de realidad virtual. Habría que estudiar mejor ese mecanismo de cohesión interna, basado en la inminencia, ya no de una invasión extranjera sino de una hecatombe nuclear, en la Unión Soviética y Cuba. Más allá de los paralelismos, en ninguno de esos países se llegó a los extremos de una capitalización mediática del horror, como en la nación asiática.

El programa nuclear de Corea del Norte ha sido durante décadas un arma de presión de la dinastía gobernante sobre la comunidad internacional. Pero si en la Guerra Fría, la URSS utilizaba la carrera armamentista para ganar posiciones a nivel global, a costa del tenso entendimiento con Estados Unidos, ahora Corea del Norte la utiliza para conseguir, no legitimidad mundial, que no le interesa, sino consenso interno y coartadas para la represión. Pyongyang es el caso paradigmático del paria internacional que se acomoda a su status y saca ventajas del aislamiento.

Ventajas que no son, propiamente, geopolíticas, en términos globales o regionales. La agresividad de Corea del Norte no le gana mayores apoyos de China o Rusia, como se ha visto en las últimas semanas. Moscú y Beijing han respaldado las más recientes sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Corea del Norte. El único gobierno que, explícitamente, mantiene su respaldo, no sólo al programa nuclear, sino a toda la política de Pyongyang, es Cuba. Los estudiosos de las relaciones internacionales cubanas, absortos en el análisis del vínculo con Estados Unidos, nunca se detienen en esa rareza, que forma parte del mismo conflicto bilateral.

Tal vez, Kim Jong Un y sus asesores piensen que llevando la fantasía al paroxismo, como el escenario de un ataque nuclear contra las bases norteamericanas en Guam, lograrán que China y Rusia se enfrenten a Estados Unidos, Japón, India y Corea del Sur, que desde hace años trabajan en una alianza militar para el momento en que la pesadilla se vuelva realidad. Pero, en la práctica, la única ganancia que obtiene la dinastía comunista es la de la unidad doméstica contra la amenaza externa.

¿Es eso suficiente para gobernar un país como Corea del Norte? Ciertamente no, pero, como sabemos, hay gobernantes y gobernantes y los norcoreanos han hecho de la precariedad en las condiciones de vida de la mayoría de la población, una virtud. El PIB per cápita de Corea del Norte se mueve alrededor de los 500 dólares, mientras que el de Corea del Sur está cercano a los 30 000 dólares, tres veces por encima del de México y otros países latinoamericanos.

La nueva amenaza nuclear de Corea del Norte llega cuando en la Casa Blanca reside Donald Trump. Como si las sanciones del Consejo de Seguridad fueran poca cosa, Trump entra en el mismo juego, pueril y macabro, de imaginar el apocalipsis y promete “furia” y “fuego”, “como el mundo nunca ha visto”. La frase está inspirada, al parecer, por una canción insufrible del grupo de rock cristiano Skillet, en la que un corazón ardiente destruye témpanos de hielo.

Lenín Moreno, el sucesor incómodo; por Rafael Rojas

En dos países latinoamericanos, cuyos gobiernos se adscribieron al “socialismo del siglo XXI” —descarto a Cuba porque su socialismo nunca ha salido del siglo XX o, más específicamente, de la Guerra Fría— tienen lugar sucesiones: Venezuela y Ecuador. Pero entre ambos existe una diferencia sustancial: en Ecuador, el líder de la llamada “Revolución Ciudadana” vive

Por Rafael Rojas | 10 de agosto, 2017
De izquierda a derecha: Lenín Moreno y Rafael Correa. Créditos fotográficos:

De izquierda a derecha: Lenín Moreno y Rafael Correa. Créditos fotográficos: AFP y Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica

En dos países latinoamericanos, cuyos gobiernos se adscribieron al “socialismo del siglo XXI” —descarto a Cuba porque su socialismo nunca ha salido del siglo XX o, más específicamente, de la Guerra Fría— tienen lugar sucesiones: Venezuela y Ecuador. Pero entre ambos existe una diferencia sustancial: en Ecuador, el líder de la llamada “Revolución Ciudadana” vive y, desde su residencia en Bélgica, mantiene una intervención permanente en la esfera pública del país andino.

En las últimas semanas, el presidente Moreno ha acentuado su tendencia a la diferenciación con Correa, especialmente, en dos áreas: la política económica y la estrategia anticorrupción. Le interesa conectar más plenamente la economía ecuatoriana con las fuentes de créditos e inversiones internacionales, por medio de un reordenamiento de las finanzas y el abandono del rentismo. Y le interesa dotar de transparencia a un gobierno que, por diez años, estuvo inmerso en la red del proselitismo bolivariano.

La destitución de Jorge Glas, vicepresidente del último tramo de Correa, que pasó a la nueva administración como garantía de continuidad, parece marcar el punto de no retorno en la ruptura entre el expresidente y su sucesor. Correa, en su tradicional lenguaje, ha acusado a Moreno de “demagogo, incompetente, payaso y mentiroso”. No se refiere únicamente al proyecto de transparencia de Moreno, uno de cuyos capítulos es la investigación sobre las operaciones de Odebrecht en Ecuador, pero es evidente que se trata de lo que más irrita al exmandatario.

En un video difundido por O Globo, aparecen el excontralor de Ecuador Carlos Pólit y José Conceicao dos Santos, ejecutivo de Odebrecht, y éste último asegura que Glas le pidió cuantiosas sumas de dinero para contratos familiares, a cargo de Ricardo Rivera, y para la última campaña presidencial. Luego se dio a conocer el audio de otra conversación, esta vez entre el propio Glas y Conceicao, durante el pasado proceso electoral, en la que Odebrecht ofrecía varios millones al vicepresidente de Ecuador.

Aunque los videos, especialmente el de Rivera y Conceicao, son bastante explícitos, Correa y Glas niegan las acusaciones. Hablamos de contratos, préstamos o sobornos millonarios que se transfirieron durante la última administración de Correa, a favor de su vicepresidente, por lo que la responsabilidad del mandatario se vuelve más probable aún. La reacción del expresidente ha sido, sin embargo, descalificar a su sucesor, abriendo una brecha cada vez más insalvable.

Una posible consecuencia de la ruptura tal vez sea que Moreno profundice el destape de la trama Odebrecht y coloque a Correa en una posición comprometida. La fractura también podría proyectarse sobre la política exterior de Ecuador, en un momento tan sensible como el que vive la región ante el conflicto venezolano. Habrá que leer con cuidado, en la próxima cumbre del ALBA, que se programa en San Salvador, el lenguaje de Quito.

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El constitucionalismo vulgar; por Rafael Rojas

La teoría jurídica y política más avanzada, en las últimas décadas, ha desafiado la sacralidad y el fetichismo que la doctrina liberal clásica atribuía a las constituciones modernas. Especialmente en el área iberoamericana, autores como Bartolomé Clavero, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau se identificaron con los procesos constitucionales de Venezuela en 1999, Bolivia

Por Rafael Rojas | 9 de agosto, 2017
Fotografía de Wilmer Errades para AVN

Fotografía de Wilmer Errades para AVN

La teoría jurídica y política más avanzada, en las últimas décadas, ha desafiado la sacralidad y el fetichismo que la doctrina liberal clásica atribuía a las constituciones modernas. Especialmente en el área iberoamericana, autores como Bartolomé Clavero, Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau se identificaron con los procesos constitucionales de Venezuela en 1999, Bolivia en 2008 y Ecuador en 2009. Encontraban ahí una radicalización del pluralismo político, por medio de la introducción de mecanismos de democracia directa, y una extensión de nuevos derechos a la ciudadanía.

Esos constitucionalistas españoles y muchos latinoamericanos que los siguieron veían en la proclamación de aquellas cartas magnas una señal del colapso de paradigmas heredados de las transiciones a la democracia, desde las dictaduras de la Guerra Fría, en los años 80 y 90 del siglo pasado. Las constituciones del “socialismo del siglo XXI” eran vistas, además, como una afirmación de la importancia de las leyes y las instituciones en procesos políticos de amplia participación popular. Con los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana se aspiraba a la construcción de un nuevo orden social y las constituciones reflejaban ese propósito.

La Asamblea Constituyente impuesta a Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, por lo visto, no tiene en su origen la ruptura con el paradigma constitucional anterior ni el proyecto de un nuevo orden social. Según Maduro y sus pocos defensores en la región, dicho organismo preservará las premisas centrales del texto de 1999. Se trata, por tanto, de una nueva representación legislativa con poderes constituyentes que sólo reformará la Constitución actual. Está por ver cuáles serán los artículos a reformar, pero podría suponerse que una de las reformas será el cambio del sistema de representación política, introducido en la elección del nuevo cuerpo parlamentario.

Maduro vulgariza el constitucionalismo hispanoamericano porque convierte el proceso constituyente en un mero recurso del poder, para salir de una inmanejable situación de mayoría legislativa opositora. Si todos los gobiernos latinoamericanos hicieran eso, los países tendrían una nueva constitución cada quince o veinte años. Algo que, en su tiempo, recomendaba Thomas Jefferson pero, no para remover despóticamente un congreso legítimo, sino para adaptar las leyes e instituciones de la democracia a los intereses y valores de las nuevas generaciones.

Es curioso: los dos países que han protagonizado los mayores cismas políticos regionales en sesenta años, Cuba y Venezuela, son aliados que se ubican en las antípodas del constitucionalismo latinoamericano. En Cuba, la Constitución no se reforma, a pesar de sus crecientes discordancias con la sociedad real de la isla, y el debate constitucional es sumamente reducido. En Venezuela, el constitucionalismo se reproduce de manera tan indiscriminada que hasta sirve para resolver crisis coyunturales del gobierno. Si en Cuba persiste el fetichismo constitucional, de tipo soviético, en Venezuela se ha llegado al otro extremo.

El constitucionalismo vulgar es, acaso, la ruptura más evidente del madurismo con el chavismo. La prueba tangible de que Nicolás Maduro y sus seguidores son incapaces de respetar las reglas del juego creadas por la “república bolivariana” y el “socialismo del siglo XXI”. El defecto de aquellas reglas, según ellos, reside justamente en los márgenes democráticos que preserva el texto del 99 y que permitieron el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015.

La canibalización de la democracia en Polonia; por Rafael Rojas

Desde hace dos años, el partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski, que controla el parlamento y el gobierno de Polonia, encabezado por Beata Szydlo, ha comenzado a desmantelar o a conducir autoritariamente la democracia en ese país de Europa del Este. La vía elegida es la subordinación del Poder Judicial al gobierno, luego de

Por Rafael Rojas | 24 de julio, 2017
Fotografía de Jakub Kamiski para Polska Agencja Prasowa

Jaroslaw Kaczynski. Fotografía de Jakub Kamiski para la Agencia de Prensa Polaca

Desde hace dos años, el partido Ley y Justicia de Jaroslaw Kaczynski, que controla el parlamento y el gobierno de Polonia, encabezado por Beata Szydlo, ha comenzado a desmantelar o a conducir autoritariamente la democracia en ese país de Europa del Este. La vía elegida es la subordinación del Poder Judicial al gobierno, luego de consolidar la mayoría legislativa en el parlamento. María R. Sahuquillo, en El País, ha definido ese proceso como la construcción de una “democracia caníbal”.

A la canibalización de la democracia se puede llegar por la izquierda, como en Venezuela, o por la derecha, como en Polonia. En esencia se trata del mismo fenómeno, que sucede cuando un partido o un líder llega al poder con una mayoría absoluta e inicia la erosión de la división de poderes hasta alcanzar un monopolio o una sujeción despótica de los tres y, por lo tanto, una supresión de facto del pluralismo político y el imperio de la ley.

La diferencia entre una vía u otra de reversión autoritaria la establece la ideología, es decir, la declaración de fines del gobierno. En Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro emprendieron esa deriva despótica en nombre del “socialismo del siglo XXI” y de un revolucionarismo de fuerte inspiración fidelista. En Polonia, los hermanos Kaczynski alentaron la vuelta a los valores católicos tradicionales, a la jerarquía social y al nacionalismo cerrado de la Polonia precomunista.

El partido Ley y Justicia parte del diagnóstico de que la democracia occi-dental produce una decadencia de los valores patrióticos, de la cultura católica y genera un clima favorable a la tolerancia y el multiculturalismo, que amenaza la identidad nacional polaca. Su visión del tránsito democrático desde el régimen comunista, en los 90, por momentos, llega a ser más negativa que la propia experiencia del comunismo hasta la caída del Muro de Berlín.

Adam Michnik, el legendario editor de La Gazeta Wyborcza, ha llamado la atención sobre los efectos negativos de ese relato desencantado de la transición, que vertebra, en el caso de la nueva derecha polaca, una idea nostálgica de la grandeza nacional en el siglo XIX y la primera mitad del XX: la “buena época de los abuelos”, dice Kaczynski, de 68 años. Esa idealización es caldo de cultivo para la rearticulación de una derecha poscomunista, con elementos neofascistas, que está dispuesta a restringir libertades con tal de enfrentar, a la vez, el individualismo liberal y el socialismo democrático.

Como en Rusia, la canibalización de la democracia asume sentidos xenófobos y homofóbicos. El gobierno polaco es, junto al húngaro de Viktor Orbán, uno de los que más resistencia ha hecho al programa europeo de refugiados del Medio Oriente y que ha impulsado leyes más severas contra el aborto y contra el matrimonio igualitario. La retórica de Kaczynski y Szydlo se vuelve cada vez más aislacionista y antieuropeísta, produciendo, por la derecha, un reclamo de desentendimiento de las normas internacionales en materia de nuevos derechos.

Al igual que en otros populismos contemporáneos, en la Polonia de los gemelos Kaczynski el control del Poder Judicial es, supuestamente, un medio del combate a la corrupción. Pero también, o ante todo, una vía de dotación de poderes absolutos para conducir al país de acuerdo con una misión ideológica. Se trata de una lógica de reinvención del autoritarismo, en el siglo XXI, que observamos en buena parte del mundo, con el ascenso de los nuevos populismos, pero que en Polonia, como en Rusia y otros países de Europa del Este, tiene a su favor el relanzamiento del nacionalismo que siguió al colapso soviético.

Una peligrosa minoría hegemónica; por Rafael Rojas

El plebiscito de la oposición venezolana, el pasado 16 de julio, arrojó, según la Mesa de Unidad Democrática, que más de 7 millones 600 mil ciudadanos están contra la nueva Asamblea Constituyente que intenta imponer el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra es, como se ha reseñado en estas páginas, superior al total de votos

Por Rafael Rojas | 20 de julio, 2017
Fotografía de Maura Morandi. Haga clic en la imagen para ir a la fotogalería completa

Venezolanos participan en la consulta popular del 16 de julio de 2017. Fotografía de Maura Morandi. Haga clic en la imagen para ir a la fotogalería completa

El plebiscito de la oposición venezolana, el pasado 16 de julio, arrojó, según la Mesa de Unidad Democrática, que más de 7 millones 600 mil ciudadanos están contra la nueva Asamblea Constituyente que intenta imponer el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra es, como se ha reseñado en estas páginas, superior al total de votos que llevaron a Maduro al poder en 2014 y el doble de los que respaldaron la Constitución de Hugo Chávez en 1999.

Tal y como se esperaba, el resultado no rebasó la mitad del padrón electoral. Pero eso era lo mismo que sucedía en los referéndums que organizaba Chávez a mediados de la década pasada. Un 40% del padrón electoral, descontando la abstención y ponderando el hecho de que se trató de una consulta sin apoyo de la autoridad electoral, apunta a una mayoría activa favorable a la oposición que, sumada a la minoría pasiva o indecisa, que rechaza al gobierno sin respaldar a la MUD, podría rondar entre el 60 por ciento y el 70 por ciento del electorado.

El ejercicio del 16 de julio pudo confirmar lo que desde el año pasado sugieren decenas de encuestas, que hablan de una disminución de la popularidad de Maduro a cerca de un 20%. La constatación de ese estrechamiento de su base social explica la negativa del gobierno a convocar las elecciones regionales previstas por la Constitución y a satisfacer la demanda legítima de un referéndum revocatorio del poder presidencial por parte de la Asamblea Nacional.

La oposición considera que los resultados del pasado domingo le confieren un mandato y se apresta a proceder a la elección de nuevas autoridades electorales y judiciales. Comienza entonces la construcción del escenario, previsto por muchos analistas, de dos gobiernos paralelos. En diez días serán electos los delegados a la nueva Asamblea Constituyente y de ese organismo saldrá no sólo una nueva Constitución sino un nuevo poder legislativo. Es evidente que esto último, el reemplazo de una Asamblea opositora por otra leal, ha sido el objetivo central del proceso constituyente.

¿Qué opciones tiene una minoría hegemónica en una crisis como la venezolana? Pocas y todas muy peligrosas, ya que difícilmente podrá lograr sus objetivos sin usar la fuerza. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la actual Asamblea Nacional se resiste a ser desplazada? ¿Cómo reaccionará el gobierno a los paros y las protestas, que se multiplicarán tras la instalación del nuevo constituyente? A todo esto habría que agregar la presión internacional, que ya, lamentablemente, comienza a salirse de tono con las más recientes declaraciones de Donald Trump.

Si la declaración del gobierno venezolano como “amenaza extraordinaria”, por la administración de Barack Obama, fue contraproducente, mucho más lo sería cualquier sanción unilateral de parte de la actual administración. La oposición venezolana necesita la solidaridad de las democracias del hemisferio, pero no una acción hostil que fácilmente puede convertirse en subterfugio para la represión y la dictadura.

La nueva inestabilidad latinoamericana; por Rafael Rojas

Si alguien quiere convencerse de que lo que sucede en América Latina es algo que escapa a la supuesta revancha de una derecha “golpista”, que mire a Brasil. Esta semana, coincidiendo con el veredicto contra Lula da Silva, la Comisión de Constitución y Justicia del congreso decidirá si la demanda por soborno contra el presidente

Por Rafael Rojas | 13 de julio, 2017
De izquierda a derecha: Michel Temer y Lula Da Silva

De izquierda a derecha: Michel Temer y Lula Da Silva

Si alguien quiere convencerse de que lo que sucede en América Latina es algo que escapa a la supuesta revancha de una derecha “golpista”, que mire a Brasil.

Esta semana, coincidiendo con el veredicto contra Lula da Silva, la Comisión de Constitución y Justicia del congreso decidirá si la demanda por soborno contra el presidente Michel Temer, impulsada por el fiscal Rodrigo Janot, es avalada por el poder legislativo.

El presidente brasileño lleva dos meses en un limbo jurídico, rechazado por la mayoría de la población de ese gran país y confrontado por un ministerio público con la suficiente autonomía como para no cejar en el empeño de llevar al mandatario a la justicia. La precaria situación de Temer es la mejor refutación de la simplista tesis de que en Brasil hay un golpe de Estado en curso. ¿Cuándo se ha visto un golpismo tan débil?

La capacidad de negociación de Temer, dentro de una clase política extendidamente corrupta, ha sido la clave de su supervivencia. Pero esos medios pueden agotarse en los próximos días si la mayoría de los 40 diputados que integran la comisión dan crédito a las acusaciones de Janot. De ser así, Temer sería destituido por 180 días, el tiempo previsto para el juicio político del presidente.

Aún cuando Temer burle el cerco de la justicia, a Brasil le quedará un año de inestabilidad. El mandatario no rebasa el 7% de popularidad y los principales actores políticos ya están ocupados en el próximo proceso electoral. Pero las elecciones de octubre de 2018 no necesariamente implicarían un fin de la inestabilidad, ya que ninguno de los candidatos, ni siquiera Lula da Silva, proyecta una mayoría sólida, aunque su popularidad puede crecer tras la condena a prisión.

Todas las encuestas de Datafolha apuntan a que en las elecciones de 2018 deberá recurrirse a una segunda vuelta. Por debajo de Lula, que estaría en un 30%, los demás candidatos, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro…, oscilan entre el 10% y el 15% de los estimados. El próximo gobierno brasileño, incluido uno más de Lula, se enfrentaría a un fuerte dilema de legitimidad popular y a un arduo proceso de negociación política.

La crisis brasileña y la venezolana son las dos caras de la nueva inestabilidad política en América Latina. Frente al periodo de las transiciones democráticas de los 80 y 90 o al del ascenso de las izquierdas bolivarianas en los 2000, la segunda década del siglo XXI da muestras cada vez más claras del agotamiento paralelo de dos modelos de organización de la sociedad y el Estado: el neoliberal y el neopopulista.

Los gobiernos de Lula y Dilma dilataron el gasto social e implementaron una política exterior creativa, pero no avanzaron en la reforma del Estado, en la democratización del sistema político y en el combate a la corrupción. Ahora esas asignaturas pendientes pasan factura al régimen brasileño, de la misma manera que las grandes limitaciones institucionales de un chavismo sin Chávez han llevado a Maduro a un callejón sin salida.

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