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Venezuela no es Nicaragua: una explicación a la ausencia de elecciones; por Michael Penfold

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión. Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial

Por Michael Penfold | 20 de marzo, 2017
Fotografía de Miguel Angulo para AFP

Fotografía de Prensa Presidencial

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión.

Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial el presidente Daniel Ortega, han sido capaces de ganar elecciones reduciendo la competencia partidista a través de un férreo control sobre el sistema electoral y el poder judicial; y el esfuerzo del chavismo de hacer lo propio a través del proceso de validación de los partidos políticos y su capacidad de postergar elecciones a su antojo violando todo tipo de reglas constitucionales.

El problema inherente a este tipo de comparaciones es que en Nicaragua el sandinismo sigue siendo electoralmente competitivo, aún bajo un sistema en el que desde hace varios años dejaron de operar las garantías democráticas. En cambio, en Venezuela, durante la presidencia de Nicolás Maduro –debido fundamentalmente a un pésimo desempeño económico–, el chavismo perdió la capacidad de ganar cualquier tipo de comicios futuros, incluso aquellos en los que logre impedir la participación de varios de sus más enconados contrincantes.

Cuando se compara los procesos políticos de Nicaragua con los de Venezuela, lo que sorprende es la importancia de esta diferencia tan básica y no la similitud compartida que tienen en el uso arbitrario de los controles institucionales para reducir a su mayor conveniencia la competencia electoral.

El punto central es que el chavismo decidió suspender elecciones simplemente porque no las puede ganar aún si lograra reducir considerablemente la competitividad de sus rivales electorales, algo que puede hacer gracias al control institucional y el apoyo militar que mantiene sobre el sistema político venezolano. En Nicaragua, el control institucional que ejerce la presidencia sobre el sistema electoral, que se manifiesta a través de su control directo sobre el poder judicial, asegura que las fuerzas sandinistas puedan garantizar “en el margen” tanto su triunfo electoral, como la continuidad de su propia hegemonía, dado el nivel respetable de popularidad de Daniel Ortega.

Con unos niveles de aprobación que tan sólo sobrepasan el 21 por ciento, la única forma en que Nicolás Maduro podría ganar unas elecciones en Venezuela es reduciendo al máximo los niveles de competencia electoral, o lo que es lo mismo, que ilegalice a todos los partidos políticos relevantes de oposición y también inhabilite a todos sus candidatos presidenciales. Aunque esta decisión podría ser implementada, colocaría al chavismo internacionalmente en una situación más delicada que la que ya enfrenta en estos momentos.

Esta diferencia es lo que explica por qué en el fondo el chavismo prefiere postergar cualquier evento electoral, sea nacional, estadal o local, antes de convocar uno con bajos niveles de competencia. De ahí que en estos momentos el objetivo político más importante del chavismo –al menos durante el 2017- sea seguir ganando tiempo en espera de un milagro que les permita aumentar su popularidad antes de la finalización formal del período presidencial en enero de 2019. Un deseo que luce bastante improbable como consecuencia de la magnitud de una recesión económica que ha borrado más de un tercio del Producto Interno Bruto del país. Un colapso que ha llevado a la población a experimentar una crisis social que no sólo sorprende por haber logrado revertir todos los avances en la lucha contra la pobreza que trajo el boom petrolero de la primera década del milenio, sino que además alarma por la rapidez de su deterioro: en tres años retrocedieron todos los indicadores sociales a niveles incluso más bajos que los registrados a la llegada del chavismo al poder en 1999.

La elocuencia de las encuestas ayuda a ilustrar este dilema político. En prácticamente todos los sondeos, Maduro pierde la elección presidencial aún con una oposición dividida participando con sus tres principales candidatos: Leopoldo López, Henrique Capriles y Henri Falcón. Maduro terminaría de cuarto detrás de todos sus contrincantes. Este resultado es curioso pues si bien el mandatario pierde fácilmente ante cualquier opción opositora, el PSUV se mantiene en estas mismas encuestas como la principal minoría partidista del país seguido por Voluntad Popular, que tiene porcentajes de apoyo mayores a los de la MUD, que a su vez está seguido por otras agrupaciones como Primero Justicia y Acción Democrática. Estos datos revelan claramente que Maduro está en una posición de mayor debilidad que la de su propio partido político y que los simpatizantes de la oposición también viven a su vez un fuerte proceso de realineación en sus preferencias partidistas, incluyendo un aumento en el número de ciudadanos que se denominan independientes.

Esto quiere decir que la única forma que el chavismo tiene para aumentar su competitividad electoral es forzando internamente la sustitución de Maduro como candidato a la reelección. Pero en estos momentos no existe ninguna figura dentro del chavismo que tenga niveles de aceptación más altos que los del presidente y tampoco existe un ambiente interno dentro del PSUV para retar su liderazgo. De modo que el chavismo pareciera tener que confrontar dos problemas de cierta envergadura: uno que tiene que ver con la competitividad electoral del gobernante y otro relacionado con la necesidad de precipitar la alternabilidad en su liderazgo. Sin una resolución definitiva a ambos problemas, el control institucional que pueda utilizar el chavismo para reducir la competencia electoral será un poder irrelevante a la hora de ganar cualquier votación, pero servirá sin duda para posponer su realización, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela.

Esta realidad electoral contrasta mucho con la de Nicaragua. Ortega no ha tenido nunca una crisis de competitividad electoral desde que volvió al poder y mucho menos de liderazgo como el que enfrenta Maduro en la actualidad. Todo ello gracias a que la economía nicaragüense experimenta altas tasas de crecimiento y posee un sector empresarial que se mantiene al margen del conflicto político a cambio de continuar impulsando la inversión privada y la apertura comercial del país, que incluye un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Esta gran diferencia en el desempeño económico de Nicaragua y la convergencia en el apoyo financiero del sector privado con los intereses políticos de la nueva élite sandinista –así como la presencia de una oposición que permanece dividida y que carece de mecanismos de coordinación electoral como los que existen en Venezuela–, hace que la comparación sea un tanto espuria, por no decir superficial.

Esta realidad también contrasta con el autoritarismo competitivo del PRI durante buena parte del Siglo XX en México. Dos reglas le permitieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) lidiar con una problemática similar a la que enfrenta el PSUV en estos momentos: la prohibición de la reelección y el uso del “dedazo” como mecanismo institucional para resolver el problema de alternabilidad en la presidencia. La prohibición constitucional a la reelección presidencial en México obligaba al PRI a promover una alternabilidad “controlada” a través del uso de elecciones poco competitivas o cuando era necesario del fraude. Sin embargo, para disminuir el conflicto interno entre las distintas facciones que peleaban por controlar la sucesión a finales de cada sexenio, el PRI adoptó el “dedazo” como la regla que delegaba en el gobernante saliente el monopolio para la selección de su propio sucesor. Esta práctica fue lo que Vargas Llosa llamó el “autoritarismo perfecto” y que el gran economista político Daniel Cosío Villegas describió con tanta lucidez cuando documentó la dinámica del poder presidencial en México.

El chavismo en Venezuela no goza de estas mismas reglas de las que tanto disfrutó el PRI: la reelección es indefinida (así fue diseñado por Hugo Chávez) y nadie sabe si Maduro también quiera aprovecharla para mantenerse en el poder (todos los políticos son ambiciosos). El PSUV tampoco cuenta con un mecanismo institucional aceptado por todas las facciones internas para escoger un sustituto. Ciertamente, Chávez instauró el “dedazo” cuando designó a Maduro como su sucesor presidencial antes de su viaje final a La Habana en diciembre de 2012 –tenía la condición de padre fundador de la revolución para hacer semejante nombramiento–, pero aún es muy temprano para saber si Maduro tiene esa misma legitimidad y si las otras facciones internas le van a conferir el mismo poder. Las posibilidades reales que tiene el chavismo de resolver estos dilemas podrían llegar a ser muy limitados, pues cualquier intento de resolverlos podría generar fricciones de alto voltaje dentro del mismo partido de gobierno. Ante la intensidad de este potencial conflicto político interno, el chavismo probablemente prefiera continuar posponiendo, al menos en el corto plazo, la resolución a estos problemas, es decir, evitando cualquier evento electoral.

¿Pero habrá elecciones en un futuro cercano en Venezuela así sean poco competitivas? ¿Se atreverá el chavismo a convocarlas?

La respuesta es que el chavismo aceptará voluntariamente realizar cualquier tipo de elecciones tan sólo si dos condiciones políticas se cumplen. La primera condición es que el chavismo mejore sus niveles de competitividad electoral sea porque Maduro mejoró en las encuestas sustancialmente (o que el chavismo logró acordar un sustituto que le asegura un mejor desempeño en la opinión pública). Esta primera condición es necesaria más no suficiente para que el chavismo acepte fijar un nuevo calendario electoral.

La segunda condición es que el chavismo logre inducir a través de distintos mecanismos jurídicos o estratagemas políticas una división completa o parcial de la oposición. Hasta ahora esa condición no se ha materializado a pesar de las tensiones evidentes que se anidan dentro del mundo opositor. La oposición se ha mantenido firme en proteger su voluntad política en torno a la unidad y ha pactado acuerdos informales para mitigar cualquier esfuerzo del gobierno en esa dirección. En la medida en que las tensiones entre los diversos partidos opositores logren resquebrajar la unidad electoral, sea porque el chavismo decida aumentar los costos de coordinación a través de las inhabilitaciones políticas tanto de los partidos como de sus candidatos, el chavismo se verá más animado a lanzarse al ruedo electoral. Sin embargo, también es cierto que en la medida en que la unidad de la oposición se fortalezca, los incentivos del gobierno de convocar voluntariamente una elección se reducen significativamente, incluso aún si las mismas no fueran competitivas, pues con dificultad el chavismo en estos momentos podría hacerle frente a una oposición unificada.

Existe otra vía que también permitiría que apareciera una nueva salida electoral en el país. Esta alternativa no depende de una decisión unilateral del chavismo, sino que las elecciones surgirían como resultado de un proceso de negociación política. Este proceso de negociación, bajo la mediación y verificación de la comunidad internacional, le otorgaría garantías políticas y electorales tanto a los chavistas como a los opositores, introduciría profundas reformas institucionales y fijaría acuerdos mínimos para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, la emergencia social y la liberación de los presos políticos. Si bien esta negociación supone una mediación activa en el plano internacional del conflicto venezolano, también asume una sociedad movilizada, demandando el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales. Este es sin duda el mejor escenario en el largo plazo para el país; pero es una vía que asume algo que luce improbable: una oposición que negocia con unidad de criterios y un gobierno que reconoce abiertamente el tamaño de la crisis histórica que ha creado y que acepta abandonar sus pretensiones hegemónicas sobre el resto de la sociedad venezolana.

Es así como el ejercicio comparativo con la realidad política nicaragüense arroja algunas luces que nos permiten analizar el caso venezolano pero más por sus diferencias que por sus similitudes. Aquellos que insisten en que la salida en Venezuela son “elecciones ya” al parecer tendrán que esperar a que las condiciones del chavismo cambien radicalmente. Esto puede llegar a tomar algún tiempo. Es difícil pensar que el chavismo acepte ir voluntariamente (es decir sin presión externa) a una salida electoral sin antes haber mejorado su competitividad electoral y sin antes haber forzado una división de la oposición. La alternativa a esta posibilidad es acelerar una negociación política con apoyo internacional. Esto sólo se puede hacer si hay movilización ciudadana y voluntad política de ambas partes. Con todos sus problemas, este escenario de negociación es menos divisivo tanto para la oposición como para el gobierno. Es indudable que una negociación semejante podría dar como resultado mejores garantías para todos los actores políticos y sociales, pero no hay duda que el proceso puede ser mucho más lento y también mucho más incierto.

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La fragilidad estructural del diálogo en Venezuela; por Michael Penfold

1 El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es

Por Michael Penfold | 7 de noviembre, 2016

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El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es evidente que el camino para alcanzar estos objetivos es precario, incluso con la participación de El Vaticano.

El gobierno todavía no ha mostrado algún gesto de buena voluntad significativo que le dé credibilidad a todo el proceso y la oposición se mantiene ambivalente y dividida frente a la idea de entablar una negociación luego de experimentar la forma tan descarnada e inconstitucional como fue bloqueado el Referendo Revocatorio.

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Diversos factores juegan a favor y en contra de un posible acuerdo. Los elementos que más la favorecen son fundamentalmente externos. Algunos son bastantes obvios y otros más insospechados.

1. La Comunidad Internacional. Éste es sin duda un factor  habilitador, pues induce una mayor cooperación entre las partes. Todos los actores regionales relevantes, incluyendo aquellos más críticos del gobierno como Estados Unidos, Brasil o Argentina, apoyan el proceso de diálogo. Incluso, el Secretario General de la OEA ha manifestado la necesidad de plegarse, abandonando temporalmente su intención de activar la Carta Democrática. Por si fuera poco, la inclusión de El Vaticano como mediador consensuado por ambas partes ha terminado de blindar este apoyo. La Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, pasa a jugarse su reputación no sólo frente a las partes sino sobre todo ante sus feligreses venezolanos como principal garante de la integridad del proceso. Es difícil pensar que El Vaticano haya decidido entrar en el diálogo sin un previo compromiso mínimo. El problema es cuán creíbles son estos compromisos, porque las partes llegan a la mesa con tanta desconfianza como con agendas radicalmente divergentes, de modo que el conflicto político continúa siendo estrictamente existencial.

2. La Restricción Financiera. El contexto país tiene una población exhausta y empobrecida frente a la incompetencia económica, el desabastecimiento, la aceleración de la espiral inflacionaria y el colapso del sistema de salud.  Cualquier aumento futuro del precio petrolero tan sólo serviría para compensar temporalmente la abrupta caída de la producción de PDVSA. El gobierno prácticamente ha utilizado la mayor parte de sus activos líquidos para financiar un modelo desquiciado. Y todas las fuentes de financiamiento externo están cerradas. Los prestamistas (no sólo los mercados de capitales internacionales, sino incluso los chinos y los rusos) y también los organismos multilaterales comienzan a pedir lo mismo para acceder a nuevos financiamientos: cambio de política económica, aprobación de créditos públicos por parte de la Asamblea Nacional y mayor transparencia. De ahí la urgencia por parte del gobierno de introducir el tema económico en la negociación, no sólo porque es conveniente compartir los costos de un posible cambio de rumbo (por más gradual que estos cambios puedan llegar a ser), sino además por la necesidad de contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para poder aprobarlos. Este factor, curiosamente, se va a convertir en la mayor palanca de negociación por parte de la oposición, mucho más poderosa que su fuerza política.

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3. Los militares. Es difícil escudriñar los intereses de una institución como las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A pesar de la retórica lealtad revolucionaria, los militares pueden tener incentivos a presionar por una salida acordada, siempre que preserve sus intereses, se les garantice el uso del fuero constitucional que los protege y se le otorguen garantías jurídicas a los chavistas con quienes han compartido el ejercicio del poder durante casi dos décadas. Adicionalmente, las divisiones internas (especialmente entre los eslabones más bajos de la institución) probablemente sean cada vez más acentuadas. Quizás los militares aceptaron acatar la arbitraria suspensión del Referendo Revocatorio a cambio de que el gobierno aceptara iniciar un proceso de esta naturaleza y minimizar así los diversos riesgos para la institución castrense.

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Existen otros factores que obstaculizan cualquier acuerdo, de modo que también vale la pena enumerarlos:

1. El tiempo: la dimensión temporal de la negociación es compleja pues ambos actores tienen tasas de descuentos muy diferentes.  El tiempo juega a favor del gobierno, sobre todo después de que se cruce el umbral del 10 de enero de 2017, cuando una renuncia o un referendo no llegaría a precipitar elecciones presidenciales, al tiempo que el gobierno obtiene grandes réditos manteniéndose en la mesa sin necesariamente otorgar concesiones significativas a las primeras de cambio. Obviamente, los costos para el gobierno de que la oposición abandone unilateralmente la mesa comienzan a caer dramáticamente una vez que se inicia el nuevo año.

2. Los radicales chavistas son creíbles: el chavismo ha mostrado que su ala más dura es más poderosa que sus facciones más moderadas. La forma en la que se suspendió el Referendo Revocatorio mostró de forma muy cruenta sus fortalezas. En la oposición ocurre totalmente lo opuesto: el ala moderada pareciera tener mayor control político que los más radicales. En el fondo, en el chavismo los llamados “moderados” no son claramente visibles, por lo que los moderados opositores van a tener que hacer muchas concesiones para poder llegar a un acuerdo aceptable para los duros chavistas, lo cual podría como consecuencia enajenar una base de apoyo popular muy relevante para la oposición.

3. La oposición no tiene una amenaza creíble: al aceptar desmovilizar temporalmente la protesta en las calles y posponer en la Asamblea Nacional la votación sobre la responsabilidad política del Presidente, como respuesta a la crisis constitucional que supuso el bloqueo del referendo, la oposición perdió su poder de negociación más importante. Lo único que mantiene en sus manos es su capacidad de formalizar ante la OEA y Mercosur la ruptura del hilo constitucional que ha ocurrido en Venezuela, algo que tampoco va a poder realizar en estos momentos, al menos hasta tanto continúe operando una mesa de diálogo respaldada por la comunidad internacional.

4. Nuestra cultura política: en Venezuela se ha instaurado una cultura política que favorece el lenguaje de guerra, el clientelismo, la impunidad, la corrupción y la confrontación directa. Además, privilegia el uso de las redes como mecanismo de comunicación directa entre los actores y estigmatiza la política, la negociación, la discusión racional de las políticas publicas y los acuerdos. Es una herencia del chavismo que varios en la oposición imitan con el mismo fervor. Estos elementos de la cultura política venezolana se agravan con el uso de la violencia: tanto la estatal como la paraestatal. Esto se hace evidente en el uso de la represión para perseguir y silenciar a los factores de oposición que más les irrita. De ahí que el tema de los presos políticos tenga tanta importancia: en todos los procesos de conciliación, la amnistía política es un paso previo a cualquier negociación. Es la señal de buena voluntad por excelencia. En Venezuela, López Contreras legalizó a todos los partidos políticos para poder acordar los pasos de una apertura democrática gradual. Rafael Caldera hizo lo mismo con la izquierda venezolana después de la cruenta insurgencia de los sesenta.

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La mesa de diálogo, incluso con la presencia del El Vaticano, es una iniciativa importante pero extremadamente frágil.

En el papel pareciera que es el mejor camino disponible para generar resultados, tanto políticos como económicos y sociales, que incluso en el corto plazo podrían llegar a ser estables y concretar una salida electoral para Venezuela.

Sería absolutamente irresponsable no explorarla, sobre todo porque las alternativas parecieran ser irreales y probablemente terminarían dándole  aún más poder al estamento militar, algo de lo que ya gozan en abundancia.

En otro artículo publicado aquí en Prodavinci señalé las características ideales de una posible negociación, pero reconozco que esto es tan sólo un deseo teórico que dista mucho de la realidad. Es necesario reconocer con honestidad que los factores internos que caracterizan a este proceso no auguran un acuerdo favorable para la oposición.

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Su mayor bondad es que internacionaliza la crisis venezolana y por lo tanto restringe más al chavismo (por ser gobierno) que a la oposición. Sin embargo, es evidente que cualquier texto que surja del seno de estas mesas va a estar caracterizado por concesiones muy limitadas, debido a las amenazas creíbles que tiene el segmento más duro dentro del chavismo, a la falta de congruencia temporal entre ambos grupos y a la asimetría en el poder de negociación.

El acuerdo, si es que se materializa, tendrá entonces como resultado garantías parciales con concesiones sustantivas, sobre todo en el ámbito electoral, incluyendo la formalización de un cronograma y el otorgamiento de algunas garantías electorales. Y quizás ofrezca algunos avances en la esfera económica. Pero sólo la presión externa va a poder compensar la debilidad negociadora de la oposición, más allá de su mayoría electoral actual, e inducir al gobierno a que ceda en algunos otros puntos igualmente críticos.

Es indudable que las probabilidades de que todo este esfuerzo colapse son muy altas. Y si eso ocurre, se van a profundizar el conflicto, la crisis económica y la crisis social en la que todos estamos inmersos.

Venezuela es una grieta y el país se encuentra atascado en la parte más baja de la montaña, pero también en la parte más dura. Vivimos en una nación donde la ferocidad del verbo, la ausencia de instituciones, la irresponsabilidad económica, las armas, la represión y la falta de confianza conspiran permanentemente contra la tolerancia y el desarrollo.

En ese contexto, el diálogo es apenas eso: una esperanza muy tenue.

La escalada; por Michael Penfold

1 El bloqueo del Referendo Revocatorio es un punto de quiebre tanto para el gobierno como para la oposición. El chavismo ha provocado una ruptura constitucional que lo lleva ineludiblemente a la profundización de un sistema autoritario, pero además borra cualquier salida electoral a la crisis venezolana, al menos en el corto plazo. Así se

Por Michael Penfold | 27 de octubre, 2016
La escalada por Michael Penfold

Distribuidor Altamira (vista este-oeste). Fotografía de Diego Vallenilla.

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El bloqueo del Referendo Revocatorio es un punto de quiebre tanto para el gobierno como para la oposición. El chavismo ha provocado una ruptura constitucional que lo lleva ineludiblemente a la profundización de un sistema autoritario, pero además borra cualquier salida electoral a la crisis venezolana, al menos en el corto plazo. Así se plantea un problema de gobernabilidad muy serio para el chavismo en su conjunto, y no sólo para Nicolás Maduro, pues el gobierno ha roto incluso con las propias reglas bajo las cuales funcionaba la revolución. Al parecer sólo les queda el apoyo de los militares para mantenerse en el poder.

Al negar la salida electoral, el chavismo también negó su origen popular. Ya la revolución no es cívico-militar, sino un asunto estrictamente castrense, por lo que también deja de ser estrictamente chavista. Si el chavismo más radical pensó que el Referendo Revocatorio podía poner en riesgo el legado revolucionario, entonces también es cierto que la decisión de frenar su realización fulminó ese mismo legado que lo justifica.

Y no será sencillo para el chavismo convivir con esta decisión: la procesión va por dentro y semejante acontecimiento debe haber producido enormes fisuras.

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La oposición también ha entrado en otro juego político, uno que es sustancialmente diferente a la visión bajo la cual venían operando: han pasado de un camino electoral donde ya es mayoría aunque sus poderes públicos sean sistemáticamente vaciados de contenido, a un camino de rebelión ciudadana orientando a aumentar la protesta social para forzar el restablecimiento del hilo constitucional.

La movilización de calle a nivel nacional, la presión internacional y la necesidad de cuestionar el ejercicio de la presidencia a través de un juicio de responsabilidad política pasan a ser ahora esfuerzos que buscan precipitar una crisis interna dentro de la coalición oficialista, todo con miras a resquebrajar el sistema actual o al menos obligar a una posible negociación que asegure la restauración de la gobernabilidad democrática del país.

La estrategia de la oposición se conoce como blitzkrieg, con miras a hacer tan alto el costo de la represión a la movilización popular que obligue al gobierno a considerar la posibilidad de retractarse de la suspensión del referendo, adelante unas elecciones generales o acepte un colapso final del sistema.

El alto rechazo popular del gobierno como consecuencia de la crisis económica, el amplio triunfo de la oposición en las elecciones legislativas y haber cumplido con los requisitos iniciales para activar el referendo les permite hacer esa apuesta.

El gobierno, por su parte, redobla su dependencia del estamento militar y su control sobre las instituciones del Estado como mecanismo disuasivo ante la ofensiva opositora. Un sendero que implica el endurecimiento de la represión (sobre todo la represión selectiva) de una sociedad que se va a mostrar rebelde, pues permanece frustrada ante su incapacidad de producir un cambio político y económico por medio del uso de su propia Constitución.

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El sustrato de esta dinámica es una escalada del conflicto venezolano que supone, ineludiblemente, una nueva espiral de violencia. Muchos argumentarán que era previsible, dada la naturaleza intransigente del chavismo. Sin embargo, lo triste es que no sabemos si podremos salir de este proceso pues esta lógica sólo termina cuando alguna de las partes logre imponerse, bien sea a través de la presión popular o a través de la violencia.

Lo cierto es que el CNE, al bloquear la activación del único derecho constitucional que permitía promover un cambio democrático en el corto plazo, (incluso luego de condicionarlo con todo tipo de reglamentaciones) pasó a exacerbar la tragedia venezolana: al acatar la decisión de una instancia penal estadal sobre una competencia electoral nacional, mostró su lado más oscuro y complaciente del ejercicio del poder y abdicó sus funciones.

En medio de este contexto aparece El Vaticano como facilitador de una mesa de diálogo y negociación, pero cuya agenda va a tener que cambiar debido a la abrupta suspensión del revocatorio. Y aunque ambas partes reconocen a este actor internacional como un facilitador legítimo, todos ven este proceso con suspicacia. La mesa se convierte por lo tanto en un factor que divide a todo el espectro político del país.

Es decir: el diálogo y la negociación están comprometidos porque nadie los quiere, pero ambas partes lo necesitan.

El gobierno no quiere negociar, pero dialogar le permite ganar tiempo. Y la oposición quiere negociar sin dialogar para poder obtener las concesiones que reclama.

Y si bien algunos creen que los tiempos de Dios son perfectos, los de la Iglesia podrían ser diferentes.

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El país está entrampado.

La posibilidad real de que surjan unas elecciones generales adelantadas como resultado de acuerdos alcanzados en esta mesa es una opción realista, al menos en la medida en que la situación sea socialmente tan efervescente que obligue a los militares a imponer un acuerdo y una salida democrática.

Del diálogo mediado por El Vaticano puede resucitar también el revocatorio, pero esta vez con un mapa que contenga un potencial gobierno interino y la liberación de los presos políticos, a cambio de algunas garantías para el chavismo. Es lo que buscaría precipitar la oposición con las acciones que ha anunciado y es lo que una parte del chavismo aceptaría.

¿Y si la mesa se convierte en otro fracaso, como los que ya hemos experimentado en el pasado? Ante la magnitud del conflicto político venezolano, la intransigencia de las partes y el apoyo del sector militar al gobierno a la hora de contener a la sociedad sin la necesidad de convocar a elecciones, eso sería un triunfo para el gobierno, aunque igualmente tendrán que pagar un costo muy alto a nivel internacional.

Si eso pasa, Venezuela puede quedar aislada regionalmente.

Es cierto que Venezuela ya entró en una nueva coyuntura histórica. Incierta. Volátil. Riesgosa. Incluso marcada por la escalada de un conflicto que determinará, sin duda alguna, la relación futura entre el Estado y la Sociedad.

Es seguro que este país no volverá a ser el mismo.

Los nuevos dilemas del Referendo Revocatorio: una verdadera tragedia griega; por Michael Penfold

Ulises en su odisea tuvo que confrontar decisiones difíciles para poder llegar en su viaje en barco a su destino final: Ítaca. Hoy Venezuela enfrenta dilemas similares a los del héroe griego: el CNE ha colocado al país exactamente en esa misma encrucijada. En uno de sus trances más complejos, Ulises debió escoger entre dos

Por Michael Penfold | 23 de septiembre, 2016

Los nuevos dilemas del Referendo una verdadera tragedia griega por Michael Penfold

©Fotografía de Andrés Kerese [01/09/2016]. Haga click en la imagen para ver la cobertura de 100 fotografías hechas por cuatro fotógrafos en exclusiva para Prodavinci.

Ulises en su odisea tuvo que confrontar decisiones difíciles para poder llegar en su viaje en barco a su destino final: Ítaca.

Hoy Venezuela enfrenta dilemas similares a los del héroe griego: el CNE ha colocado al país exactamente en esa misma encrucijada.

En uno de sus trances más complejos, Ulises debió escoger entre dos males mayores. Al tratar de cruzar el Estrecho de Messina, debió optar entre virar a un lado y enfrentar un remolino y cruzar al otro y ser cercado por un monstruo marino. Y entendió que la solución no era escoger entre ambos obstáculos, pues ninguno podría ser sorteado individualmente, sino que debía inclinar su nave parcialmente hacia alguna de las opciones para pasar sigilosamente entre ambas amenazas. Así Ulises inclinó levemente su barco en dirección hacia el monstruo marino y logró así sortear el peligro que representaba el remolino sin caer presa de los tentáculos de semejante ogro náutico.

Nadie discute actualmente que en Venezuela la reciente decisión del CNE sobre las condiciones para activar el Referendo Revocatorio están políticamente sesgadas. Y todos sabemos que claramente limitan el derecho constitucional a la participación ciudadana. Las condiciones también reducen la capacidad de los votantes para revocar el mandato del Presidente así como su derecho de seleccionar democráticamente a un potencial sustituto.

¿Quién esperaba algo distinto? Argumentar que es necesario abstenerse de continuar atravesando esta ruta pues la decisión del CNE es inconstitucional y porque muestra el verdadero fuelle del gobierno es un razonamiento espurio que niega un principio básico en política: la realidad que impone el contrincante, que en este caso, tiene el control institucional, y que evidentemente, va a utilizar todo ese poder a su favor por simple instinto de supervivencia.

Como Ulises, siempre supimos que estábamos en aguas turbulentas.

Ulises sirenas

Ulises y las sirenas (1891) de John William Waterhouse

Si aceptamos esta realidad, entonces debemos pasar a interpretar las condiciones del Referendo Revocatorio impuestas por el CNE como una restricción y como una decisión política que debe ser interpretada también desde ese punto de vista. Curiosamente, hasta ahora, esa decisión ha sido analizada desde un punto de vista técnico, constitucional e incluso moral. Ese análisis es válido y permite compartir mucha de la indignación ciudadana.  Sin embargo, ese análisis no es siempre iluminador y tampoco otorga suficiente apertura como para descubrir las claves que permitan descifrar la complejidad del momento.

La primera condición que aprobó el CNE fue la necesidad de obtener 20% de las manifestaciones de voluntades en cada uno de los estados del país. Esta condición es aberrante sin duda alguna, pero tampoco es un requerimiento nuevo. Ciertamente, por el simple hecho de que el Presidente es electo directamente en una circunscripción nacional, las manifestaciones de voluntades para el revocatorio de su mandato deberían ser agregadas para el país como un todo. La Constitución en este punto es muy claro y este mismo criterio había sido aplicado con anterioridad para el Referendo presidencial del 2004.

Sobre la incostitucional decision del cen en cuanto al 20Sin embargo, para la recolección del 1% de las voluntades que se realizó en julio de este año, la oposición aceptó esa misma condición estadal y logró superarla sin muchos problemas. Algunos mencionan el caso de Nueva Esparta y las dificultades que se vivieron; pero al final, esas dificultades fueron libradas exitosamente. No veo razón por la cual no pueda ser superado este obstáculo nuevamente, aunque muchos sospechen que las presiones, sobre todo en estados pequeños, como Delta Amacuro, Amazonas o Trujillo, puedan incrementarse.

Lo que sí es muy cierto es que el requerimiento estadal para obtener la manifestación de voluntad del 20% del electorado sí exige una mayor capacidad de movilización por parte de la oposición en cada una de las regiones. Es indudable que la MUD va a tener que poder movilizar en algunos casos más del 70% de su base electoral (tomando como referencia las elecciones del 6 de diciembre) para alcanzar el resultado.

Y también es evidente que en los estados más rurales, va a resultar más difícil alcanzar la meta debido a la importancia relativa que tiene el sector público en esas regiones. Pero también es palpable que el descontento social y económico en estos momentos es aún mayor que el que existía en muchos de los estados del país para las elecciones legislativas del año pasado. Esto también da pie para ser un poco más optimistas sobre la disposición voluntaria que tiene la población de movilizarse incluso en las zonas más apartadas del país.

La segunda condición que es considerada como problemática es el número de maquinas y su distribución en los distintos centros electorales. La utilización de tan solo 5.392 maquinas limitan la capacidad de todos los venezolanos de poder manifestar su voluntad y aumenta significativamente los costos, tanto en tiempo como en movilización, para que cada ciudadano manifieste su voluntad. Esto es bastante obvio y, evidentemente, también es algo muy grave. Sin embargo, con una situación similarmente adversa, también se logró validar la identidad de los ciudadanos para la recolección del 1% de la manifestación de voluntades en julio pasado. Si se extrapola los resultados que se alcanzaron para ese último proceso, ajustando tanto en numero de maquinas como en horas de apertura de los centros y los números de días que van a permanecer abiertos; es posible proyectar a ojo de buen cubero que con 5.392 maquinas se podrían obtener más de 4,2 millones de voluntades.

analisis del sesgoEsto es apenas 8% por encima del requerimiento necesario de 3,89 millones, lo cual hace que la obtención de la meta sea algo técnicamente muy ajustado. Es por eso que la eficiencia de las colas, y el tiempo de uso de las maquinas, va a ser la variable clave. A mi manera de ver, el CNE escogió ese número de maquinas pues, aunque pone muy difícil la posibilidad de alcanzar el objetivo, tampoco lo hace imposible.

Vale la pena subrayar que el CNE, con este número tan bajo de maquinas, se está comprando un problema que es también un gran riesgo para el gobierno y para las mismas Fuerzas Armadas. Las colas para manifestar la voluntad de revocar el mandato presidencial puede pasar a ser una enorme fuente de presión ciudadana y no será fácil cerrar los centros —especialmente durante el último día— sin dejar que los ciudadanos puedan ejercer su más elemental derecho de participación política.  Ésta es una fuente de incertidumbre para el CNE, pues limitar ese derecho puede generar malestar social. Sin embargo, también puede ser una gran oportunidad para que la oposición ejerza presión y cambie parcialmente las condiciones de apertura y cierre de los centros electorales.

La ultima condición que ha sido criticada es el anuncio del CNE que el revocatorio, en caso de ser activado, tendría lugar en el primer trimestre del 2017. Bajo esta premisa, si el Presidente es efectivamente revocado, entonces sería el Vicepresidente quien tendría constitucionalmente que culminar el resto del periodo presidencial, por haberse cumplido más de cuatro años del actual ejercicio. En otras palabras, el chavismo no tendría que enfrentar unas elecciones presidenciales y podría transitar hacia una renovación, tanto de su liderazgo, como de sus políticas públicas sin necesidad de tener que confrontar unas elecciones que la oposición ganaría fácilmente.

El CNE, con la imposición de esta condición, estaría obligando a que la oposición acepte que, de ganarse el Referendo, tendrían que conceder enfrentarse a una transición compartida con el chavismo. Ésta es una condición que claramente molesta a buena parte de la oposición, pero también es un búmeran para el madurismo.  Y la razón es que la decisión del CNE hace que la idea del revocatorio sea atractiva para una buena parte del chavismo y, por lo tanto, más apetecible la posibilidad de un cambio político. Quizás, sin saberlo, o muy probablemente sabiéndolo, el CNE optó por una condición que va a llevar a la base descontenta del PSUV a participar en el proceso, sin tener que asumir el riesgo de perder todo el poder.

Es probable que esta decisión, de una forma no intencionada, sea una fuente que permita la aproximación de los grupos más moderados de ambos bandos del espectro político venezolano. De ahí que la oposición deba centrar su campaña en una propuesta de Unidad Nacional de Ancha Base para poder incorporar a estos actores y aprovechar la movilización de calle para comunicar inclusión política y social.

Esto me lleva a mi ultimo punto. Las condiciones que está imponiendo el CNE son claramente desfavorables para la oposición, pero tampoco son imposibles de superar. El CNE tomó una decisión que satisface al madurismo, pues las condiciones que han escogido son muy adversas para la oposición y la cantidad de obstáculos que estos deben superar son múltiples. Es evidente que estas condiciones le permiten al madurismo aumentar considerablemente sus probabilidades de quedarse en el poder. Pero tampoco cumple con lo que ellos querían: eliminar toda probabilidad de éxito.

Por el contrario, a pesar del bajo número de maquinas y la exigencia estadal, es posible que se obtenga el resultado esperado. Adicionalmente, la fecha del 2017 podría permitir (dependiendo de cómo se maneja la comunicación política) incorporar al chavismo descontento de una forma activa en la activación final del proceso revocatorio. Es bastante evidente desde un punto de vista político que esta decisión del CNE ayuda a una parte del chavismo (que también quiere salir del madurismo pero que desea un cambio político controlado) a participar en el proceso de forma soterrada, así implique alguna cohabitación posterior con la misma oposición.

Venezuela está enfrentando una coyuntura histórica que no va a ser fácil resolver. La oposición, como Ulises, tiene que escoger entre opciones adversas. Ninguna es perfecta y todas tienen costos muy altos. Mi impresión es que la forma como la oposición logre generar alianzas con una parte del chavismo, y logre ganarse la confianza del mundo militar, así como su capacidad de presentar una visión incluyente del futuro, será el aspecto central para sortear los distintos obstáculos que enfrentará durante esta nueva etapa que, muy posiblemente, culmine con la activación del Referendo Revocatorio.  Ulises prefirió virar levemente hacia el monstruo marino, no hacia el remolino: quizás algo similar tenga que hacer la oposición. Ahí puede estar la clave.

El referendo tiene vida propia; por Michael Penfold

  El Referendo Revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio —aunque relevante— no será necesariamente el factor definitivo. Y todos los eventos que lo anteceden

Por Michael Penfold | 10 de septiembre, 2016
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Manifestante protesta delante de un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. ©Fotografía de Giovanna Mascetti. [01/09/2016]. Haga click en la imagen para ver la cobertura de 100 fotografías hechas por cuatro fotógrafos en exclusiva para Prodavinci

El Referendo Revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio —aunque relevante— no será necesariamente el factor definitivo. Y todos los eventos que lo anteceden son tan importantes políticamente como su consumación.

Aunque avance lentamente, el referendo va dejando secuelas que son cada vez más determinantes. Es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. La marcha del 1 de septiembre pareciera reflejar un punto sin retorno y lo que sucedió en Villa Rosa demuestra un efecto de esa misma bola de nieve que ya alcanza a los estratos más bajos de la población.

Analisis del 1S que viene ahora 320x100Si el chavismo hubiese querido detener el referendo a través del Tribunal Supremo de Justicia ya lo hubiese hecho. Es precisamente lo que el “madurismo” hubiese querido sentenciar hace meses, pero que curiosamente no ha podido materializar. Ha sido mas fácil para el gobierno disolver (en la práctica) a la Asamblea Nacional, a través de la Sala Constitucional, que impedir definitivamente los avances procedimentales para su convocatoria.

Las razones son evidentes: el referendo tiene amplio apoyo entre todos los venezolanos, ha sido bien encauzado políticamente por la oposición y tiene simpatizantes dentro del mismo chavismo y del mundo militar.

En estos momentos tan delicados, el país está unido en torno al Referendo Revocatorio y la inminente necesidad de estabilizar la economía. Mas de 85% de los venezolanos quiere un referendo, según las encuestas más serias del país. La población se aferra a esta esperanza, incluso si implica aguardar con penurias para ver cumplida su materialización. Ese mismo 85% de la población reconoce que el desabastecimiento y la inflación son los principales problemas nacionales, incluso superando el tema de la inseguridad. La gente entiende que el cambio económico implica una transformación política que debe tener un carácter tanto pacífico como electoral. Este fue el principal mensaje detrás de la masiva movilización ciudadana del 1-S.

¿Qué puede pasar después de tener el 20% de las voluntades?

Una vez que se hayan reunido las voluntades, tanto el Presidente como su anillo de poder más cercano van a quedar políticamente aislados. Con una economía en ruinas, es imposible que Maduro gane alguna consulta. Y la verdad es que el debate sobre los tecnicismos que rodean la forma de recoger manifestaciones de voluntad es algo que quedará como material para un buen seminario sobre reglas electorales. Pero lo cierto es que a estas alturas tienen poca relevancia política. Sin importar qué tipo de reglas bizantinas sean seleccionadas (seguramente regulaciones absurdas, como a las que nos tiene acostumbrado el CNE), la meta del 20% va a ser superada y reflejará una mayoría abrumadora.

El “madurismo” anticipa, por lo tanto, que no puede impedir la recolección de las manifestaciones de voluntad y que tampoco puede ganar el referendo. Y por eso reacciona con tanta vehemencia. Su única tabla de salvación es una confrontación violenta que permita justificar la suspensión del proceso. Pero ese evento no lo quiere nadie: ni la oposición, ni el mismo chavismo y mucho menos los militares. Tampoco lo quiere la sociedad en su conjunto.

A estas alturas todos los actores relevantes sospechan un desenlace. Lo que se desconoce es cuál va a ser su modalidad. El Presidente Maduro, una vez que la oposición haya recogido el 20% a finales de octubre, apostará a la abstención. Tratará de convencer a su propia militancia de que, si bien no puede ganar el referendo, puede impedir que la oposición consiga suficientes votos para revocarlo. Pero el chavismo luce agotado después de una resistencia fútil y es muy probable que lo abandonen públicamente. Maduro pasará a ser una apuesta sin sentido alguno para el PSUV y para sus satélites organizacionales.

Y en caso que el chavismo continúe resistiendo incondicionalmente, el PSUV corre un riesgo real de dividirse ante la negativa de encarar la magnitud de un crisis política y económica sin precedentes.

¿Y qué puede pasar con el chavismo y los militares?

El chavismo tratará de contener las aguas crecidas hasta comienzos del próximo año —quizás con algún tipo de apoyo militar— y pretenderá controlar un proceso de cambio de gobierno para impulsar una renovación de su propio liderazgo, preferiblemente sin activar ningún proceso electoral. La fórmula sería la renuncia del Presidente a comienzos del 2017 (antes de la realización del referendo). Y eso tendría como corolario el nombramiento de un vicepresidente que satisfaga los intereses de grupos muy diversos.

Bajo estas circunstancias, el chavismo aceptaría la necesidad de articular un nuevo programa económico, buscaría renovar el liderazgo de su partido e intentaría rescatar simbólicamente un legado revolucionario y un capital político que ha sido dilapidado por la peor gestión que haya experimentado el país en su historia republicana.

Es una apuesta que luce complicada, pero no es una propuesta desquiciada.

Los militares enfrentan una encrucijada similar. Las Fuerzas Armadas han venido, deliberadamente, tomando el control de todas las esferas de gobierno para lograr dos objetivos: el primero, aumentar su poder de negociación con cualquiera de los factores políticos (sean chavistas, maduristas u opositores) para poder garantizar así su continuidad histórica y minimizar los daños colaterales que un proceso de cambio pueda producir; el segundo, los militares (en especial los más institucionales) buscan quedar en una posición de poder que les permita definir la modalidad del proceso de cambio que experimentaremos en los próximos meses.Y esa modalidad no es única, sino más bien múltiple y perfectamente puede mutar en el tiempo.

El país puede desviarse por distintos senderos o incluso cruzarse nuevamente. Y todos estos caminos llevan a resultados muy diferentes.

Estamos entrando en un delta turbulento.

¿Cuáles son esos cambios que pueden venir?

Una de las tantas modalidades de cambio puede implicar un control directo del sistema político y económico por parte de las mismas Fuerzas Armadas, sin ningún tipo de intermediación política una vez que tomen control de la vicepresidencia y, posteriormente, de la presidencia. Todo esto por vía constitucional. Otra modalidad supone una renovación del chavismo con apoyo militar, sin necesariamente permitir una apertura democrática hacia la oposición. Tampoco es descartable que los militares decidan sacrificar al chavismo y precipiten el Referendo Revocatorio, así como unas elecciones presidenciales. Y, finalmente, existe un escenario en el cual los militares pueden convertirse en un factor determinante para impulsar un acuerdo amplio entre el chavismo y la oposición para restaurar tanto la democracia como el estado de derecho.

Es difícil anticipar qué opción prefieren los verdeoliva. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas se han convertido en el actor silente que va a mover el país por un sendero u otro. Y es indudable que las condiciones objetivas (tanto políticas como sociales) influirán en su decisión, pues su principal objetivo será preservar la institución, así como todos (sí: todos) sus privilegios.

No en vano, el expresidente Ramón J. Velásquez, quien además era un gran historiador, hablaba del partido histórico: es imposible contabilizar y entender cualitativamente los cambios políticos venezolanos sin tomar en cuenta la influencia de esta institución tan particular.

¿Cómo se percibirían estos escenarios?

La primera modalidad de cambio es internacionalmente inaceptable, pero tampoco es inverosímil: tenemos como muestra a Egipto con Al-Sisi. La segunda supone un relanzamiento de una coalición cívico-militar chavista bajo un presidente interino, quien asumiría después de enero de 2017 pero que continuaría cercando a la oposición y al Parlamento nacional. Y la última consiste en que sean los mismos militares quienes obliguen —bajo la cooperación internacional— a un proceso de negociación entre chavismo y oposición que culmine con un gobierno de cohabitación dirigido por una figura de consenso con perfil chavista. Este gobierno conllevaría a la restauración de la Asamblea Nacional, a la elección de gobernadores y alcaldes y, muy posiblemente también incluiría una profunda reforma constitucional. Esta última modalidad de cambio implica el otorgamiento de garantías mutuas a todos los actores políticos relevantes.

La-encrucijada-del-revocatorio-José-Ignacio-Hernandez 320x100Frente a esta realidad, la oposición tiene una sola posibilidad: continuar ejerciendo presión a través de la movilización social para acelerar la velocidad del referendo e incrementar, simultáneamente, su poder de negociación frente al chavismo y la esfera militar. Después del 1 de septiembre, la oposición logró romper con la idea que era un actor que podía ser manipulado por los factores disidentes chavistas para activar el referendo y que podría ser ignorado posteriormente durante el proceso de cambio al posponer su realización hasta el año entrante. Para el chavismo no madurista, pareciera evidente que la oposición es una fuerza plural que no sólo tiene una gran fuerza electoral —con control de la Asamblea Nacional— sino que también comienza a ser un factor de poder que es fundamental para poder estabilizar el país.

¿Cuáles son los escenarios que abre la oposición?

De modo que la movilización social abre dos escenarios potenciales para la oposición. El primer escenario es uno en el que, gracias a la presión de calle, se logra adelantar el Referendo Revocatorio antes de fin de año y se precipita una nueva elección presidencial que sin duda alguna ganarán cómodamente. El otro escenario conlleva a que esa misma presión social obligue a los militares a forzar al chavismo a aceptar la mediación internacional (bajo otras condiciones) para convenir los nuevos términos políticos y constitucionales de una convivencia democrática que provea garantías mutuas entre las partes.

El primer escenario implica un colapso del chavismo como consecuencia de la movilización popular. El segundo es lo que en ciencia política conocemos como un cambio por “extricación”: implica una negociación para lograr concesiones por parte de quienes tienen un control absoluto sobre el ejercicio del poder a cambio de protecciones institucionales. De hecho, estas concesiones muchas veces implican aceptar mecanismos no democráticos para proteger a quienes ceden espacios de poder a cambio del restablecimiento de derechos políticos y civiles.

Aunque el revocatorio no haya ocurrido aún, sus consecuencias comienzan a ser notorias: el cambio en Venezuela es inevitable pero su direccionalidad es incierta. Existen múltiples modalidades que pueden activarse una vez que se recojan las manifestaciones de voluntad y que son modalidades que pueden ir mutando con el paso de los meses. Uno de esos tantos caminos puede implicar un proceso con las características democráticas que muchos deseamos pero también pueden abrirse otros senderos mucho más sombríos.

Ciertamente, una oposición movilizada y con una gran fuerza electoral aumenta considerablemente los probabilidades de un cambio que precipite un proceso de negociación creíble tanto con el chavismo como con el mundo militar. Un chavismo descontento y dispuesto a abrir un diálogo creíble también ayuda en este mismo sentido. Eso sería lo mejor para Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que ya estamos en una coyuntura histórica definitiva y la forma cómo el liderazgo chavista, militar, pero también opositor, afronten políticamente el conflicto actual marcará la vida del país durante las próximas décadas: para bien o para mal.

Venezuela: los desplazados del interior; por Michael Penfold

En la Venezuela de hoy, nacer en el interior del país es vivir una condena. Todos los venezolanos han sido impactados directamente por la alta inflación, el agobiante desabastecimiento y el racionamiento eléctrico, pero estos flagelos comienzan a tener un claro sesgo territorial. Y ese sesgo es por diseño gubernamental y no corresponde a una

Por Michael Penfold | 25 de julio, 2016
Los desplazados del interior; por Michael Penfold

Fotografía de Rodrigo Picón

En la Venezuela de hoy, nacer en el interior del país es vivir una condena. Todos los venezolanos han sido impactados directamente por la alta inflación, el agobiante desabastecimiento y el racionamiento eléctrico, pero estos flagelos comienzan a tener un claro sesgo territorial. Y ese sesgo es por diseño gubernamental y no corresponde a una realidad geográfica, ni mucho menos histórica o cultural. Los diversos tipos de controles, pero muy especialmente aquellos vinculados con los temas de distribución de alimentos, medicinas y acceso a servicios básicos como la electricidad, están pensados políticamente para que los grandes centros urbanos como Caracas no protesten ni se levanten.

Caracas puede sufrir, pero según esta lógica Ciudad Bolívar debe sufrir aún más. Vivir en Clarines o Lagunillas —o incluso en un pueblo más remoto, como Timotes o Elorza— es un pasaporte inequívoco a la desigualdad y a la pobreza.

El actual conjunto de políticas públicas es tan absurdo que ese activo geográfico que supone habitar en alguno de estos hermosos lugares, dotados de todo tipo de recursos, ha sido convertido por el gobierno en un pasivo insuperable.

El actual modelo económico es tan moralmente injusto que la población no sólo se está haciendo cada vez más pobre como consecuencia de la inflación y el desabastecimiento, sino que además la desigualdad en todas sus dimensiones (individuales, pero también territoriales) ha adquirido carices verdaderamente aberrantes. Nunca ha sido históricamente más triste ser caraqueño que en esta época de escasez en la que empezamos a reconocer la ubicuidad de estas inequidades en el interior de Venezuela.

Varias noticias corroboran el desespero ante semejantes desequilibrios. En una estación de radio colombiana que reportó diligentemente la magnitud del número de personas que esperó la primera reapertura del puente Simón Bolívar para apertrecharse del otro lado de la frontera, una periodista describió detalladamente la cantidad de autobuses que venían desde el oriente del país. Las más de treinta mil personas concentradas en el puente no eran sólo tachirenses, ni merideños ni zulianos, sino que eran venezolanos de ciudades y pueblos lejanos dispuestos a cruzar todo el territorio nacional para encontrar alimentos y regresar a sus casas un poco más aliviados.

Hace varias semanas, una cadena de supermercados en Acarigua recibió productos regulados de forma abundante. En pocas horas, la fila de ciudadanos rebasó las diez cuadras llaneras, tal como son el tamaño de las manzanas en esa ciudad. Miles de personas aguardaron pacientemente la entrega de los números para acceder al automercado por orden de llegada. Las autoridades se inquietaron y comenzaron a indagar de dónde venía tanta gente. Para sorpresa de ellos, no se habían trasladado únicamente de lugares aledaños como San Carlos, Tinaco, Guanare, Ospino o Tinaquillo, sino que habían arribado desde lugares más distantes como El Sombrero, San Fernando de Apure y Barinitas. Para las autoridades, era evidente que se trataba de una operación de “bachaqueros” que venían de otras partes del país.

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Fotografía de Rodrigo Picón

Inmediatamente, las fuerzas de orden público ordenaron traer unos autobuses para llevarse presos a varios de estos “abusadores” y amedrentarlos para que no osaran comportarse nuevamente de esta forma. En pocas horas, después de interrogarlos, se les hizo evidente que aquellas personas no eran “saboteadores de oficio”: se trataba de venezolanos de diversos estratos sociales adoptando estrategias de viaje cada vez más dramáticas y estrambóticas para poder superar la situación de escasez. Las autoridades —en un acto de sensatez— los dejaron en libertad.

Hace unos días un comentarista, Javier Liendo, quien además es fotógrafo y le gustan los ejercicios digitales y cartográficos, escribió un artículo muy interesante utilizando datos sobre los linchamientos y los saqueos a nivel nacional para observar su distribución espacial. El mapa refleja que estos eventos parecieran estar concentrados fundamentalmente en zonas urbanas. Esto corrobora, para Venezuela, lo que es una regularidad empírica a nivel global: cuando hay situaciones de escasez los saqueos ocurren precisamente en zonas más urbanas, pues es donde están concentrados los comercios formales. Según este mapa, en las zonas rurales todo parece estar normal.

La película, sin embargo, está incompleta: el ejercicio no contabiliza las llamadas protestas por comida en zonas apartadas. En estas áreas geográficas las protestas no siempre se transforman en saqueos, pues no hay comercios formales (lo cual no implica que no haya descontento). En las zonas rurales el fenómeno adquiere otra tonalidad. Aparecen otras formas de protestas que tienen una lógica diferente: en algunos casos son bloqueos pacíficos de vías para lograr que el gobierno atienda a la población y en otros casos los bloqueos derivan en actos violentos. Estas protestas buscan, por medio de diversos mecanismos, llamar la atención del gobierno para lograr ser atendidos y mitigar la emergencia alimentaria.

En Mucuchíes, a mediados de junio, los habitantes del páramo decidieron protestar enardecidamente por falta de comida, cerrando la carretera y quemando objetos. Rápidamente, el gobierno regional y el REDI de Mérida tuvieron que atender la demanda de la población.

En Choroní, los campesinos que habitan en el Parque Nacional Henri Pittier se vieron forzados a hacer lo mismo cerrando el acceso a los turistas. La gobernación de Aragua tuvo que responder.

Estos ejemplos, sin duda alguna aislados, ilustran cómo las poblaciones que viven en zonas remotas aprenden velozmente que las protestas por comida son un instrumento de lucha social efectivo. Representan formas de protestas legítimas que le permiten a los pobladores encender las alarmas ante las enormes fallas de unos sistemas de distribución que han sufrido como consecuencia de los controles de precios y los controles logísticos que el mismo gobierno ha estimulado.

Cuando el gobierno tarda en responder, como ocurrió en Cumaná, en Aroa o en Tucupita, que claramente no corresponden a espacios estrictamente rurales pero sí a zonas urbanas en transición, las protestas escalan a situaciones más violentas e incluso se transforman en saqueos. Y luego viene la represión y la búsqueda de los “culpables”.

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Fotografía de Carlos Guaimare, tomada en Cumaná la mañana del viernes 17 de junio de 2016 tras la jornada de saqueos. Haga click en la imagen para ver la galería completa.

Estas fallas en los sistemas de distribución son el resultado inequívoco de los controles de precios, así como de la imposibilidad del sector privado de atender la demanda por la falta de un sistema cambiario que les permita acceder libremente a las divisas para poder producir localmente o comercializar productos importados.

En el fondo, entonces, la delicada situación venezolana es una crisis de abastecimiento inducida por un modelo económico draconiano. Y precisamente por lo extendido de estos controles tan absurdos y bizantinos, esta crisis se ha convertido además en una crisis de distribución. Y esta crisis de distribución ha impactado a su vez la desigualdad en el acceso, no sólo individual sino también territorial, a los alimentos y a los productos de cuidado personal e higiene.

Hay tres fenómenos que explican por qué el colapso económico se está exacerbando y por qué se han hecho más severos los problemas de distribución en el interior del país. Ciertamente, el problema no está circunscrito a los bachaqueros, quienes controlan parcialmente la desviación del comercio como ha subrayado Luis Vicente León. Tampoco se trata sólo de “llenar las tuberías de agua” como lo ilustra metafóricamente Ricardo Haussman de manera correcta en un reciente artículo que pueden leer aquí en Prodavinci. Mejorar el abastecimiento sería algo que sin duda alguna ayudaría, pero resulta que en algunas zonas del país ya ni siquiera se cuenta con esta infraestructura. Han desaparecido las tuberías: el sistema de distribución está quebrado y ha perdido su capilaridad.

El primer problema que aumenta la resonancia social del desabastecimiento es que el gobierno, al expropiar a diversas cadenas mayoristas, terminó acabando con este canal de distribución, acusándolos de acaparadores o metiéndolos presos por estar desviando productos regulados. El sector comercial, al igual que el sector productivo, ha sufrido por nacionalizaciones y confiscaciones que los han llevado a la ruina. Y el resultado es que los comercios pequeños y medianos en el interior del país, tanto formales como informales, que se surtían con los mayoristas para adquirir productos regulados, ahora no pueden hacerlo pues estos locales ya no existen. Esos comercios ahora tienen que acudir a aquellos canales minoristas de cierta escala que no hayan quebrado y que, en su mayoría, continúan operando fundamentalmente en los principales centros urbanos del país. Y por eso es que el bodeguero de Santo Domingo ahora tiene que hacer fila junto con los habitantes de Mérida para poder comprar en las diferentes cadenas de automercados pues ya no puede comprarle a su antiguo aliado mayorista. Así se explica por qué las colas en este tipo de cadenas se están haciendo cada vez más largas y por qué la gente está dispuesta a hacer enormes recorridos geográficos para poder surtirse. Pero además nos ayuda a comprender por qué hay mayores niveles de protestas e incluso de saqueos: cada vez son más personas compitiendo por menos productos en menos comercios.

El segundo problema es que el gobierno ha optado por crear regulaciones que permiten compensar a los trabajadores mediante beneficios en cestatickets o mecanismos similares, incluso siendo mayor la cantidad que perciben por tickets de alimentación que por el pago del salario. Todo esto para minimizar las incidencias del aumento salarial sobre los pasivos laborales. Esta realidad es particularmente patente en el sector público, aunque algo similar está ocurriendo en el sector privado. Los beneficios no salariales con los que cuenta un venezolano que trabaja en el sector formal pueden llegar incluso a ser mucho más altos que su compensación salarial, pero esta distorsión laboral tiene un problema: sólo se pueden utilizar los cestatickets en cierto tipo de comercios formales. Y el efecto de esto es doble: ahora más personas persiguen menos productos regulados con más cestastickets, pero sólo pueden pagar estos víveres en un número aún menor de comercios formales (que son los únicos que aceptan este instrumento de pago). Y es evidente que este tipo de comercios son más numerosos en ciudades como Maracay o Puerto La Cruz que en La Victoria o El Tigre. El resultado es el mismo: filas significativamente más largas en este tipo de establecimientos en todas las ciudades; pero incluso más largas en aquellas ciudades intermedias del interior en las que los comercios que aceptan cestatickets se llegan a contar con los dedos de la mano. Esta tragedia es todavía más dramática para una persona que trabaja para el sector público en una zona rural, pues no tiene alternativa: tiene que viajar inexorablemente a otras ciudades para poder comprar su mercado.

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Fotografía de Rodrigo Picón

Por si fuera poco, como las personas no pueden utilizar cestatickets para comprar productos en el mercado negro controlados por los bachaqueros (pues ellos no aceptan esta forma de pago), no pueden surtirse informalmente aun si quisieran pagar más por el mismo producto regulado. De modo que los cestatickets terminan haciendo a las personas más dependientes de estos productos y sólo pueden acceder a ellos en un número cada vez menor de establecimientos.

Es un círculo vicioso que se ha intensificado.

Una de las consecuencias de este cambio en la dinámica del mercado informal de los bachaqueros es que este comerciante informal ya no provee servicios a la gente que antes atendía. Ahora compite directamente con sus antiguos clientes y, por lo tanto, entra en un conflicto abierto con ellos por el acceso a los productos regulados. Por eso el comportamiento de este grupo de individuos se ha vuelto cada vez más violento en las colas: los bachaqueros ahora también enfrentan la escasez causada por menos productos y más personas (muchos de los cuales antes eran sus clientes) demandando los mismos productos en la mismas tiendas minoristas.

El conflicto, por lo tanto, también se ha concentrado.

El tercer problema es el transporte y ya se ha tornado muy complejo. No sólo es cada vez menos atractivo comercialmente para los transportistas abastecer poblaciones que están más apartadas de los principales centros logísticos del país, sino que además es cada vez más inseguro. La probabilidad de que un camión sea saqueado o asaltado en el camino es más alta y, mientras más lejos sea el destino, más probable es que ocurra un evento de esta naturaleza. La consecuencia es que cada vez haya menos transportistas dispuestos a cubrir ciertas rutas, a menos que se les asegure protección. Es frecuente escuchar noticias de camioneros que llevan productos regulados hacia ciertas zonas del país (especialmente hacia Oriente) y piden ser escoltados por fuerzas militares. Este aumento de la inseguridad induce una profundización tanto del desabastecimiento como de la inequidad en la distribución, pues los transportistas por razones perfectamente justificables terminan favoreciendo ciertas rutas más seguras así como aquellos centros urbanos más cercanos.

Venezuela está sumida en un juego diabólico que ha terminado por hundir la condición humana de los ciudadanos del interior. El sistema de controles que se ha impuesto en Venezuela (por razones económicas y por razones morales) debe ser desmantelado. Es una aberración que nadie puede justificar socialmente. Sólo aquellos funcionarios que se benefician de la corrupción que genera semejante esquema pueden defenderlo. Y no hay duda de que quienes más han padecido esta situación tan absurda y abyecta son las provincias del interior.

Sin embargo, en todo esto hay algo más profundo, algo más humano: los venezolanos que viven lejos de los centros urbanos son muchas veces más aguerridos que quienes vivimos en la capital. No son objetos que pueden ser manipulado para que los habitantes de Caracas no protesten, para que en la Zona Metropolitana no se tenga que racionar la electricidad, para que en los principales centros urbanos se experimente una escasez de alimentos o de productos de cuidado personal menor. Esta situación tan desigual requiere ser revertida inmediatamente y reestablecer los derechos individuales de todos los venezolanos: esos mismos derechos que establece la Constitución Bolivariana. Sí, el mismísimo librito azul.

Porque ya este problema no es un asunto económico. Es un asunto de dignidad.

7 propuestas para salir de la crisis política en Venezuela; por Michael Penfold

El diálogo, que es un eufemismo para hablar de negociación, es un espacio incierto que se abre desde la dimensión internacional en el contexto actual del conflicto político venezolano. En las próximas semanas veremos si efectivamente la comunidad internacional continuará asumiendo un simple papel de facilitador o más bien se verá obligada a mediar directamente

Por Michael Penfold | 16 de junio, 2016
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Fotografía de Jorge Silva©/Reuters. Parte de la serie La Torre de David. Haga click en la imagen para ver la galería completa aquí en Prodavinci

El diálogo, que es un eufemismo para hablar de negociación, es un espacio incierto que se abre desde la dimensión internacional en el contexto actual del conflicto político venezolano.

En las próximas semanas veremos si efectivamente la comunidad internacional continuará asumiendo un simple papel de facilitador o más bien se verá obligada a mediar directamente para buscar una alternativa que contribuya a resolver la actual coyuntura política, económica y social en Venezuela.

La región tiene un reto: las instituciones internacionales disponibles, sea la OEA o UNASUR, son organizaciones bastante disfuncionales y con poca capacidad de articulación política y con bajos niveles de legitimidad.

Distintos países latinoamericanos favorecen estas distintas instancias dependiendo de la temática o de los intereses que están en juego. Intercambian cada uno de estos espacios en la medida en que las coaliciones regionales se van transformando.

Esto es claramente lo que ha salido a relucir nuevamente con el caso venezolano.

Tanto Luis Almagro en la OEA como Ernesto Samper en UNASUR, si bien persiguen agendas diferentes en el plano internacional, cuando se refieren a la situación venezolana, han terminado asumiendo estilos similares que no siempre facilitan un papel mediador. Ambos han utilizado lo que se denomina “la diplomacia pública” para aumentar su visibilidad y competir por el protagonismo sobre el mejor tratamiento para atender el quiebre institucional del país, cuando más bien debieron haber optado por una movilización diplomática igualmente activa pero mucho más soterrada.

De ahí que en la medida en que la crisis venezolana se siga profundizando, lo cual luce inevitable, veremos cómo estos mismos espacios regionales, aunque frágiles, van a tener que involucrarse crecientemente en la resolución del conflicto venezolano. No obstante, por sus debilidades, estas mismas organizaciones tendrán que ser complementadas por instituciones o actores extra-regionales, como la ONU o el Vaticano, que puedan mediar de una forma más efectiva.

No puede ser de otra forma: la magnitud de la crisis política, económica y social en Venezuela no sólo es profunda sino que plantea literalmente un dilema existencial de supervivencia para los diversos grupos en pugna. Unos grupos que, durante más de una década, gracias a la retórica revolucionaria y el uso excesivo de un lenguaje de guerra, se han acostumbrado a concebir la política como todo o nada, en la que el diálogo es tan solo un mecanismo de tregua y no la base institucional que garantiza la convivencia democrática.

Es por ello que no debe sorprender a nadie que todos los actores relevantes, sobre todo aquellos cercanos al mundo opositor, mantengan la desconfianza y el escepticismo; y que, a pesar del gesto de aceptar el diálogo, ninguno de ellos esté convencido que la situación política pueda ser transformada a través de semejante mecanismo diplomático. Para muchos, y con razones de sobra, el pasado continúa siendo el mejor predictor del futuro: hasta ahora la historia reciente ha mostrado que el diálogo para el chavismo es tan solo una forma de postergar su verdadero objetivo revolucionario.

Un paso para atrás para dar dos hacia adelante.

De modo que es lógico anticipar, en medio de semejante escenario, que cada grupo intentará mantener vivo su mejor amenaza creíble para incrementar su poder de negociación en el plano internacional, si es que esa posibilidad de diálogo realmente se materializa.

El gobierno insistirá en su control institucional y político sobre los poderes públicos para dilatar o impedir una salida constitucional. La oposición insistirá en la necesidad de materializar la activación del referendo revocatorio a través de la movilización social. Y, por si fuera poco, la sociedad, cada vez más insatisfecha y cada vez más dispuesta a acudir a las calles a protestar, continuará aguardando desesperadamente en largas filas soluciones diarias frente a la escasez de alimentos y medicinas.

El panorama es claro: el chavismo representa un gobierno débil, sin fuerza electoral y con una seria amenaza de un desbordamiento social, pero con un férreo control institucional. En cambio, la oposición es electoralmente fuerte pero dispersa políticamente y sin capacidad relativa de capitalizar definitivamente el creciente descontento de los venezolanos.

El resultado de esta equación es un país que no posee mecanismos políticos ni institucionales ni electorales para dirimir sus conflictos; y por lo tanto, tampoco tiene capacidad para abordar y resolver los problemas estructurales que enfrenta tanto en el plano económico como social.

De ahí que la preocupación internacional por la crisis venezolana sea genuina. Sería estúpido pensar de otra forma.

El colapso económico, y por estas mismas razones, las altas probabilidades de un derrumbe definitivo en el sector petrolero, tendrían serias consecuencias, no sólo para el futuro del país, sino para la seguridad hemisférica en general.

La crisis en la frontera con Colombia, como consecuencia de las distorsiones cambiarias y los controles de precio, es socialmente cada vez más aguda. Pronto, el flujo migratorio venezolano, el desplazamiento del comercio, el continuo declive de las remesas y la capacidad de absorber a los mismos inmigrantes colombianos que se quieran regresar a su país de origen, va a implicar tensiones crecientes que el gobierno neogranadino va a tener dificultades para atender y que pudiesen comprometer parcialmente muchos de los avances que han logrado.

Centroamérica y el Caribe es otra fuente de preocupación. La dependencia energética de estos países y su gran vulnerabilidad frente a un cambio en los niveles de subsidio y provisión petrolera; plantea una profundización de la crisis tanto fiscal como externa, que muchas de estas pequeñas islas y naciones están padeciendo. Si bien Petrocaribe ha sido un mecanismo petrolero de cooptación diplomática por parte del gobierno venezolano, no es menos cierto que los caribeños y centroamericanos tienen que ver una resolución del caso venezolano como algo estratégico, pues el chavismo por si solo ya no puede proveer tanta filantropía. Esto supone una posición menos servicial y más constructiva por parte de estas pequeñas naciones, que ya ven en los Estados Unidos y México aliados mas confiables pero tampoco muy generosos.

Y un colapso social, sin que el país pueda reestablecer el orden político, algo que no es descabellado imaginarse, implica un fenómeno de gran desestabilización, pues la violencia, el crimen organizado y las actividades ilegales del narcotráfico, el secuestro y el lavado de dinero, encontrarían un contexto aún más atractivo para continuar creciendo a tasas aún mayores.

Es obvio: el asunto venezolano tiene ramificaciones insospechadas que son regionalmente relevantes.

Eso no quiere decir que el desenlace se decida en ese espacio internacional.

Los factores domésticos, en especial, las protestas populares, la profundización de la contracción económica, el papel de las Fuerzas Armadas, la amenaza de una disolución arbitraria de la Asamblea Nacional y la presión del referendo revocatorio, seguirán marcando el destino de una coyuntura que está en un punto muerto por no decir irresoluble.

También es sencillo concluir que el último esfuerzo de facilitación internacional, que lideró el ex-presidente Zapatero a través de UNASUR, se tropezó con las mismas limitaciones que han tenido este tipo de iniciativas en el pasado: la imposibilidad de llegar a acuerdos bilaterales entre gobierno y oposición.

Este fracaso muy probablemente obligue a elevar la mediación internacional hacia otras instancias que trasciendan a América Latina, como lo puede ser el Vaticano, para buscar alternativas.

Y muy posiblemente la ONU, quizá con una secretaria general en manos de Argentina, quien sabe, también pueda jugar un papel destacado.

Pero todo eso será más adelante. La primera fase, que es facilitar la construcción de una agenda y un espacio de diálogo y negociación, lo debe cumplir UNASUR. La OEA pareciera haber quedado relegada a la espera de activar la Carta Democrática en caso que la situación se continúe deteriorando. Luis Almagro mostró sus dotes morales pero también su poca pericia política. Si bien la secretaría general de UNASUR, en manos del ex-presidente Ernesto Samper, es una fuente de preocupación para la oposición ante su generosidad discursiva frente al chavismo, también es cierto que Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia y Uruguay son una fuente de control.

Sin embargo, la verdadera disyuntiva para la comunidad internacional es si realmente hay alternativas para resolver el asunto venezolano. ¿Existe algún acuerdo, más allá de lo que cada uno los actores desean individualmente, que sea satisfactorio para ambas partes?

Si somos honestos, semejante opción no es implausible.

Sin embargo, esta posibilidad, aunque remota, requiere de un acto de buena voluntad, un acuerdo político, una reforma constitucional y un acompañamiento internacional para su verificación.

Una opción de esa naturaleza supone un chavismo que abdica definitivamente su pretensión hegemónica, especialmente frente a la Asamblea Nacional, y consecuentemente, abandone el control sobre los poderes públicos para restaurar el Estado de Derecho.

Un acuerdo semejante también supone una oposición dispuesta a convivir con el chavismo como fuerza política y a aplazar sus aspiraciones presidenciales inmediatas por un corto periodo de tiempo.

El acto de buena voluntad sería remover los obstáculos que el gobierno ha colocado a la convocatoria del referendo revocatorio y permitir que la recolección de firmas continúe su camino sin mayores dilaciones.

El acuerdo, en cambio, estaría orientado a dar garantías mutuas para ambas partes y podría tener clausulas como las siguientes:

1. Una reforma constitucional votada tanto por chavistas como opositores para reducir el periodo presidencial de seis a cinco años y prohibir la reelección de la primera magistratura. Esta reforma sería aplicada retroactivamente.

2. Una extensión del periodo de los gobernadores y alcaldes de cuatro a cinco años con una reelección inmediata, también aplicada retroactivamente.

3. Una amnistía concebida en términos muy amplios para chavistas y opositores y que se extienda al estamento militar.

4. Una renovación de todos los poderes públicos de acuerdo a los lineamientos constitucionales establecidos.

5. La implementación de un programa de estabilización económica y protección social con acceso inmediato a financiamiento internacional.

6. El acuerdo debe ser ratificado popularmente y la consulta realizada concomitantemente con el referendo revocatorio en caso que logre ser activado.

7. La comunidad internacional, a través del Vaticano, se encargaría de la verificación del cumplimiento del acuerdo.

Esta negociación lograría otorgar garantías mutuas a todos los grupos relevantes. Aseguraría la alternabilidad electoral tanto a los chavistas como a los opositores y también le permitiría al país una salida pacífica y rápida a la dramática situación económica actual.

Para el chavismo, el acuerdo permite que el efecto del referendo revocatorio no precipite unas elecciones presidenciales, pues, al reducir a cinco años el periodo presidencial, ya se habría pasado el umbral de cuatro años para su convocatoria. El chavismo, a través del Vice-presidente (en caso que la oposición gane el referendo revocatorio), mantendría el control del poder ejecutivo y contaría con poco más de un año para estabilizar la economía en el marco de un acuerdo nacional. El chavismo también lograría posponer las elecciones presidenciales, regionales y locales hasta finales del 2017. El chavismo garantizaría, aún perdiendo las elecciones presidenciales del 2017, que un presidente opositor no pueda optar por la reelección, lo cual aumentaría significativamente sus probabilidades de volver a controlar la presidencia en un futuro próximo.

La oposición también obtiene grandes ganancias a través de este acuerdo. Garantiza que se active el referendo revocatorio. Logra instaurar el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos, así como la libertad de los presos políticos. Le permite adelantar la elección presidencial en más de un año. Y garantiza adicionalmente las condiciones electorales para ganar la Presidencia de la Republica por un periodo de cinco años. Adicionalmente, la prohibición de la reelección para la presidencia, también le permitiría a los distintos lideres de la oposición, frecuentemente enfrentados por ver quien lidera la transición, contar con un mecanismo efectivo que aumente la alternabilidad entre ellos.

Sin embargo, el verdadero ganador sería la sociedad venezolana. El país lograría resolver por mucho tiempo su problema de gobernabilidad y aseguraría de este modo la estabilidad democrática. El acuerdo le daría un nuevo marco institucional a la sociedad venezolana para dirimir sus conflictos políticos, garantizaría el funcionamiento del Estado de Derecho y adicionalmente generaría un acuerdo nacional que permita abordar los enormes desequilibrios económicos con miras a promover el crecimiento y proteger socialmente a los sectores más vulnerables.

Obviamente, una negociación de este tipo, mediado por la comunidad internacional, es un acuerdo histórico pero también uno que quizás sea un sueño.

La realidad es siempre más dura y en el caso venezolano: mucho más rebelde.