Blog de Michael Penfold

Los verdaderos dilemas de la negociación; por Michael Penfold

Ante el sorpresivo anuncio de una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana la pregunta más importante que surge es si el gobierno y la oposición venezolana de verdad tienen un interés real en acordar que haya elecciones competitivas. La pregunta no es retórica. Los múltiples fracasos de las negociaciones anteriores hace pensar que la probabilidad

Por Michael Penfold | 11 de noviembre, 2017
Fotografía de Federico Parra para AFP

Fotografía de Federico Parra para AFP

Ante el sorpresivo anuncio de una nueva ronda de negociaciones en República Dominicana la pregunta más importante que surge es si el gobierno y la oposición venezolana de verdad tienen un interés real en acordar que haya elecciones competitivas. La pregunta no es retórica. Los múltiples fracasos de las negociaciones anteriores hace pensar que la probabilidad de otro fiasco que profundice aún más la crisis económica, política y social es muy alta.  

En esta ocasión los incentivos parecen ser diferentes. El gobierno por primera vez en mucho tiempo tiene un interés concreto en realizar elecciones pues percibe que tiene capacidad de ganarlas ante una oposición dividida y sin liderazgo y un control institucional y clientelar cada vez más grande. Hasta hace poco, el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueaba sistemáticamente el calendario electoral. Ahora, más bien, lo acelera.

El presidente Maduro sabe que solo será reconocido por la comunidad internacional para un nuevo periodo presidencial si las elecciones cuentan con el aval del resto del mundo. Esta legitimidad es particularmente importante en un momento en el que le urge acceder a los mercados internacionales para asegurar financiamiento. El gobierno además de legitimidad también necesita que le levanten las sanciones económicas. Lo segundo no va a pasar sin lo primero. Tampoco es claro si esas concesiones para mejorar las condiciones electorales serán lo suficientemente significativas como para que los comicios sean efectivamente competitivos, las inhabilitaciones queden definitivamente removidas y los presos políticos finalmente liberados.

Resulta más bien evidente que el gobierno, a pesar de las presiones externas, tan sólo aceptará un acuerdo que le permita asegurar elecciones semi-competitivas con inhabilitaciones incluidas. Las encuestas si bien muestran un liderazgo opositor que pierde terreno y una aprobación de la gestión oficial que no es deleznable, el presidente Maduro continua siendo claramente minoritario y el venezolano sigue buscando desesperadamente un cambio político. El hecho que el país haya entrado oficialmente en hiperinflación también complica el prospecto de un triunfo oficialista sin contar con una cancha relativamente inclinada a su favor que compense su amplia debilidad en la opinión pública.  El prospecto de unas elecciones competitivas son ilusorias pero algunas concesiones deberán ser otorgadas para que la comunidad internacional pueda bendecir el proceso.

El impacto de las sanciones representa otro factor decisivo para que el gobierno quiera negociar. Ante la crisis de la deuda externa que ha contribuido al colapso del crecimiento económico, que en estos momentos tiene un peso de más de 150 por ciento del PIB y cuyo monto total representa 450 por ciento de las exportaciones petroleras anuales, el gobierno ha optado por recortar indiscriminadamente las importaciones y liquidar la mayor parte de sus activos financieros para continuar cumpliendo con sus compromisos externos. Sin embargo, es poco lo que puede continuar recortando el gobierno nacional en materia de importaciones. Asimismo, los mayores activos que quedan por liquidar son activos reales en el sector petrolero para lo cual los inversionistas extranjeros requieren de aprobaciones de una Asamblea Nacional que en la práctica, a pesar de la instalación de la Asamblea Constituyente, no han logrado controlar. Es así como bajo las sanciones económicas existentes es imposible para el ejecutivo nacional refinanciar e incluso reestructurar la deuda externa por más que diga que desea hacerlo. Sus únicas opciones reales son seguir pagando o repudiar la deuda. Si opta por repudiar entonces los riesgos legales, sobre todo para PDVSA, son enormes. Una acción de este tipo complicaría aún más el desfavorable escenario internacional para el chavismo y aceleraría el declive vertiginoso de la producción petrolera en un momento de recuperación de precios. Para refinanciar o reestructurar la deuda el gobierno debe lograr o que los Estados Unidos eliminen las sanciones económicas o llegar a un acuerdo político con la Asamblea Nacional.

La oposición, en cambio, tiene incentivos diametralmente opuestos. Esta vez la oposición llega a la negociación porque sin un cambio en las condiciones electorales no puede competir. La grave derrota sufrida durante las elecciones regionales del 15-O mostró a un chavismo dispuesto a utilizar todo su poder institucional, y a movilizar un aparato clientelar muy sofisticado tanto en logística, tecnología y en su capacidad de condicionamiento social del voto.

La oposición se sabe en desventaja. Las elecciones municipales del 10-D prometen dejar a la oposición aún más desmoralizada y dividida y a un paso de la desintegración. Tan solo una negociación, con una comunidad internacional desplegada para apoyar la integridad de este proceso, puede promover un cambio en las terribles condiciones electorales existentes. Esta negociación bajo la veeduría internacional es su única opción disponible y por lo tanto asiste a esta cita porque no tiene alternativas.

La negociación será inevitablemente compleja para todos los actores pero muy especialmente para la MUD. Las divisiones internas (la aparición aún incipiente de dos bloques entre AD, UNT y AP por un lado y de PJ y VP por el otro) van a inducir que el acuerdo potencial sea un proceso alcanzado a múltiples bandas con AD jugando como pivote central en cualquier potencial pacto con el chavismo. Si efectivamente los líderes de la oposición mantienen en funcionamiento estos polos, entonces la dinámica podría ser verdaderamente explosiva. Para comenzar, un acuerdo parcial en la mesa de negociación podría ser validado en la Asamblea Nacional por una mayoría simple de diputados pertenecientes a AD, UNT, AP votando con la bancada del PSUV. Este acuerdo dejaría por fuera a VP y PJ y sería inevitablemente validado por la comunidad internacional debido a que habría sido refrendado por la Asamblea Nacional.

El costo político de este tipo de acuerdo parcial (que no haya sido debidamente consensuado) sería altísimo y básicamente comprometería la capacidad de cualquier candidato de uno de los polos opositores (sea Ramos, Rosales o Falcón) de ganar la presidencia sin el apoyo del otro bloque que fue excluido del acuerdo (obligando a López y Capriles a buscar una tercera candidatura que no esté sometida a la inhabilitación). Resulta evidente que la única forma lógica que tiene la oposición de frenar esta dinámica tan perversa es delegar en un sólo negociador creíble el control de todo el proceso. El negociador tendría que consultar con todos los partidos políticos de la MUD la aprobación del acuerdo una vez que haya sido alcanzado una propuesta razonable con el chavismo: en latín “e pluribus unum” (de muchos uno).  A pesar de este riesgo, los partidos opositores están aceptando ir cada uno con una representación propia de sus organizaciones, incrementando así las probabilidades que el proceso de negociación termine por dividirlos. Este es sin duda el mayor riesgo que enfrenta la coalición opositora.

Es innegable, que en principio, ambos bandos necesitan alcanzar un acuerdo pero que no lo van a lograr sin un tercero. El gobierno necesita legitimar su cuestionada reputación política internacionalmente para resolver su precaria viabilidad económica y financiera y así tener un mayor chance de prolongarse en el poder. Y la oposición, que se vuelca sobre este proceso en una posición de franca debilidad por sus absurdos conflictos internos, no tiene otra alternativa si quiere sobrevivir.

Lo que resulta aun mas evidente es que sin la comunidad internacional ninguno va a ganar. El papel de la comunidad internacional (y en especial de los cancilleres) es fundamental para darle seriedad a un proceso de negociación que se ha caracterizado por una gran informalidad “caribeña”. Adicionalmente, se necesita de un arbitro que garantice que los acuerdos se cumplan. Sin este acoplamiento político, la capacidad de obtener concesiones sustantivas por parte del gobierno, tanto en materia electoral como en los temas de las habilitaciones y la liberación de los presos políticos, se verá sensiblemente afectado.

Es por ello que en esta oportunidad es de esperar que el gobierno suspenda el proceso de negociación si percibe que esas restricciones internacionales son inamovibles y si la oposición logra en paralelo rescatar la unidad. El dilema de la negociación es profundo. Si el gobierno le otorga a la oposición lo que pide va a perder electoralmente.  Si el gobierno no cede tampoco se legitima internacionalmente y las sanciones se vuelven “pegajosas”. El conflicto venezolano continúa siendo existencial.

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El martes 21 de noviembre, Prodavinci realizará un evento en el teatro Chacao en el que Yorelis Acosta, Asdrúbal Oliveros, Michael Penfold y Ángel Alayón compartirán sus visiones sobre la situación en Venezuela y las perspectivas para el año 2018. Haga click acá para entrar en Ticketmundo y comprar las entradas.

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El nuevo Leviatán venezolano: entendiendo el #15OCT; por Michael Penfold

Comprender con exactitud lo que ocurrió el 15-O durante las elecciones regionales en Venezuela constituye para muchos un verdadero misterio. Para otros no existe ninguna sorpresa. Los resultados ya estaban predeterminados pues las condiciones para ir a votar no eran las adecuadas. Hay quienes piensan que la trampa fue electrónica. Otros mencionan diversas irregularidades tales como

Por Michael Penfold | 22 de octubre, 2017
Venezuelans look for their names in an electoral roll during regional elections in Caracas' municipality of Sucre, where people choose the governor for the state of Miranda, on October 15, 2017. Venezuelans headed to the polls Sunday in regional elections seen as a crucial test for President Nicolas Maduro and the opposition alike after months of deadly street protests failed to unseat him. An estimated 18 million people are eligible to elect governors to four-year terms in 23 states. / AFP PHOTO / Juan BARRETO

Venezolanos buscan sus nombres durante las elecciones regionales en el municipio de Sucre, en Caracas. 15 de octubre de 2017. Fotografía de Juan Barreto para AFP

Comprender con exactitud lo que ocurrió el 15-O durante las elecciones regionales en Venezuela constituye para muchos un verdadero misterio. Para otros no existe ninguna sorpresa. Los resultados ya estaban predeterminados pues las condiciones para ir a votar no eran las adecuadas.

Hay quienes piensan que la trampa fue electrónica. Otros mencionan diversas irregularidades tales como las reubicaciones y las sustituciones. Y finalmente hay quienes endilgan la responsabilidad de la derrota opositora en los abstencionistas. También hay quienes prefieren aceptar cualquier explicación –pero en el fondo no quieren entender la verdadera causa detrás del fenómeno– al afirmar que fue una combinación de todos estos factores.

El enredo es ciertamente monumental.

Distintas interpretaciones abren caminos radicalmente diferentes: un fraude clausuraría definitivamente el camino electoral, las irregularidades conducen a incrementar las presiones nacionales e internacionales para mejorar las “condiciones” y la abstención señala que existe un problema de estrategia, organización y liderazgo que debe ser resuelto para poder competir efectivamente con el chavismo.

Los líderes políticos opositores han adoptado distintas posiciones con respecto a este tipo de argumentos, lo cual hace que se dividan entre los que quieren insistir y los que proponen abandonar la participación electoral –no sólo a las venideras elecciones municipales sino incluso a las presidenciales–. Este choque de visiones ha terminado por confundir aún más a todos los ciudadanos que desean promover cuanto antes un cambio político en el país.

El chavismo ve su recuperación electoral de otra manera. Algunos señalan que el 15-O marcó un triunfo de la paz frente a las protestas de los últimos cuatro meses. Otros mencionan que su alta votación fue reflejo de un rechazo a las sanciones, lo cual supuestamente confirma en la mente de la población que el país efectivamente enfrenta una guerra económica. Según esta narrativa, ante la amenaza de ser expulsados del poder por el imperialismo, el chavismo se aglutinó para defender el “bolivarianismo” y salió a votar por convicción: es la confirmación de la más simple de las épicas revolucionarias.

¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuál de estas posibles explicaciones es la verdadera? ¿Cómo es que en un contexto de alta inflación que este año va a terminar en más de 1200 por ciento, con altos niveles de escasez y con la mayor contracción económica de nuestra historia, pudo el chavismo obtener 18 gobernaciones e incrementar su votación en prácticamente todos los estados del país? ¿Qué fue lo que hizo o dejó de hacer la oposición, en unas elecciones en las que sus candidatos enfrentaron todo tipo de irregularidades, para dejar de ganar por lo menos 15 gobernaciones que habían sido proyectadas como seguras? ¿Por qué terminaron tan sólo con 5 entidades? ¿Por qué perdieron una cantidad de votos tan significativa con respecto a las legislativas? ¿Si efectivamente hubo fraude, salvo en el caso de Bolívar, donde existen evidencias físicas de un número de actas que fueron ilegalmente forjadas, cómo es que en el resto del país estas actas terminaron siendo congruentes? Todas estas preguntas merecen ser respondidas.

El tema de la abstención

Uno de los primeros argumentos que se han utilizado para explicar por qué el chavismo obtuvo 18 gobernaciones (independientemente de las irregularidades y los delitos electorales observados) es la abstención. Según esta explicación, la oposición fue derrotada porque la abstención terminó favoreciendo a los candidatos chavistas frente a una sociedad que decidió desmovilizarse.

Algunos reputados analistas y politólogos –e incluso diversos voceros de los partidos de oposición– han recurrido a esta variable como recurso para identificar las razones por las que en algunos estados perdió el candidato opositor mientras que en otros ganó el chavismo. Los mismos se basan en las encuestas previas a los comicios que revelaban que el chavismo estaba mucho más motivado a ir a votar que la oposición. Se ha llegado incluso a esgrimir el argumento de que la clase media se abstuvo de forma significativa, lo cual minó la votación opositora, especialmente en los centros urbanos y por lo tanto en los estados de mayor tamaño e importancia.

Los datos de los resultados electorales, por lo menos a nivel de los estados, no parece respaldar completamente este tipo de argumentos y tampoco favorece abiertamente la idea de aquellos que hablan de abstención georreferenciada. Quizás pueda haber referencia puntual en algunos municipios que reflejen lo que se encontró en los estudios de opinión; pero en términos generales, los resultados arrojan algunas dudas iniciales sobre la utilidad de este tipo de afirmaciones.

La abstención nacional para estos comicios regionales (38.9%) fue mucho menor que la observada en la elección para gobernadores del 2012 (46.1%), y un poco mayor a la registrada en el 2007 (34.5%). La abstención en gran parte de las regiones del país tampoco evidencia una desviación muy alta con respecto a la media, lo que en la práctica sugiere que la abstención no tuvo un claro sesgo político. Curiosamente, la oposición logró obtener un triunfo en el Zulia que fue el estado con la mayor abstención observada en toda Venezuela (44.3%). ¿Si la abstención es la variable explicativa, cómo es que podemos comprender a través de ella el triunfo opositor en este caso tan relevante? Asimismo, la oposición perdió en estados como Cojedes y Lara que presentaron una de las menores tasas de abstención (30% y 36% respectivamente) y en cambio ganó en Mérida (con un 35.2% de abstención) que fue una región que mostró uno de los niveles de participación más alta.

Estos resultados parecieran indicar más bien que la distribución de preferencias entre los que participaron y los que se abstuvieron se distribuyen de una forma similar en los distintos estados. Simplemente, la evidencia empírica inicial no respalda el poder tan fuerte que se le atribuye a este tipo de variable sobre diferencias relativas en la participación por grupo político, tal como apuntaban las encuestas. Es probable que los datos más detallados a nivel municipal e incluso a nivel parroquial contravengan esta afirmación. Sin embargo, en el agregado estadal, la idea de que la oposición perdió en aquellas provincias donde los votantes se quedaron en sus casas luce un tanto débil. Algunos mencionan municipios puntuales para refutar esta idea, tales como Baruta y Chacao. Sin embargo, estos municipios mostraron tasas de abstención elevadas quizás porque fueron territorios que estuvieron sujetos a una dosis muy intensiva de reubicaciones, y a los incrementos muy elevados en los costos de movilización.

En la opinión pública venezolana este tipo de afirmaciones se han afianzado a pesar de ser extremadamente problemáticas: trasladan la responsabilidad de la derrota opositora a la sociedad y no logran identificar sus verdaderas causas. La realidad que muestran las estadísticas que presenta el CNE (que evidentemente deben ser cuestionadas) es que la sociedad venezolana salió a votar y no lo hizo de una forma muy diferente a como lo ha hecho en el pasado.

Al relativizar la abstención como variable crítica, una potencial explicación alternativa podría radicar en variaciones de los patrones de votación entre aquellos ciudadanos que efectivamente decidieron salir a votar. Como veremos, estos cambios son notorios pero también resultan extremadamente complejos de interpretar, en especial porque muestran una elevada efectividad en la votación del chavismo en todo el territorio nacional.

Diferencias relativas en la movilización

Es fundamental partir de una comparación adecuada con otros comicios para poder tener una fotografía exacta de lo que ocurrió el 15-O. Esta comparación permite establecer cómo fue que creció o decreció en número de votantes, con respecto a elecciones anteriores, tanto el voto chavista como el voto opositor en cada uno de los estados durante las elecciones regionales. La única forma de garantizar que esta estimación sea comparable, es normalizando la comparación por el nivel de abstención en todas las regiones. De lo contrario, la comparación puede llevar a conclusiones erróneas debido al potencial efecto negativo que ha tenido la emigración de venezolanos al exterior y podría terminar subestimando o sobrestimando el verdadero esfuerzo de movilización y cooptación del voto de los distintos partidos políticos entre aquellos que decidieron salir a participar el 15-O.

La tabla que a continuación publicamos presenta el crecimiento tanto en votos como en porcentajes de la votación chavista como opositora. Para ello se recalculó la votación de las elecciones legislativas de 2015 por estado, tomando como referencia la abstención observada en las elecciones regionales. Esta comparación de la participación normalizada por abstención permite estimar el crecimiento en términos reales de la votación, así como el esfuerzo efectivo de movilización; dicho de otra manera, captura los verdaderos cambios en la votación de ambos bandos, independientemente de la abstención y de la cantidad de venezolanos que en los últimos dos años se hubiesen mudado al exterior.

cuadro

Los resultados son importantes y muestran cambios significativos en los patrones de votación. En términos generales, con respecto a las elecciones legislativas, el chavismo en las elecciones regionales, logró aumentar su votación en términos reales en todos los estados del país (salvo Apure). Por primera vez desde que se inició el periodo presidencial de Maduro, este crecimiento incluye incluso a todos los estados urbanos más grandes de Venezuela. Existen cinco estados que muestran tasas muy altas de crecimiento, entre 15 a 25 por ciento, tales como Mérida, Miranda, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Yaracuy. En Amazonas, el chavismo creció en más de un 44 por ciento.

Al analizar estos indicadores, en el papel, la maquinaria chavista fue particularmente efectiva en lograr capturar la votación entre los que salieron a ejercer su derecho al voto en algunos estados urbanos de mayor tamaño y también en los estados rurales más pobres. Este comportamiento refleja un contraste novedoso con respecto a elecciones anteriores, en los que la maquinaria chavista más bien había mostrado una alta efectividad en los estados medianos así como en los estados pequeños.

La oposición, en cambio, muestra un patrón de decrecimiento en todos los estados (salvo Delta Amacuro) con tasas de baja efectividad de votación en los principales estados del país. Los datos también denotan un decrecimiento muy alto de la votación opositora en los estados urbanos que hasta hace poco habían sido su bastión electoral de mayor apoyo.

En principio, la historia que emerge de esta evidencia estadística es una en la que el chavismo fue sustancialmente más exitoso que la oposición en movilizar y cooptar a aquellos venezolanos que decidieron participar en el proceso electoral, especialmente en el cono urbano centro occidental, que es donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Cómo logró el chavismo capturar el voto urbano? Muy probablemente esto fue resultado del efecto del gasto clientelar a través de los CLAPS y el uso de mecanismos de control social por medio de los puntos rojos y el carnet de la patria. Aun si aceptamos el efecto clientelar de la compra de votos, los datos también revelan que la oposición dejó de ser competitiva en los principales centros urbanos y que su oferta fue mucho menos exitosa que en las elecciones legislativas. Esta realidad solo hay una forma de explicarla: votantes que habían optado por la oposición en las elecciones legislativas pasaron a votar por el chavismo durante los comicios regionales. En términos reales, es decir, una vez que se controla por la abstención, la oposición perdió más de 2 millones de votos y el chavismo ganó 656.000 votos que solo pudo haber obtenido quitándoselos a su contrincante. Por lo tanto, la oposición dejó de movilizar 1.350.000 votos con respecto a las legislativas aún normalizando por abstención. Estos datos sugieren que la oposición tuvo en estos comicios un enorme problema de organización que no se presentó en las legislativas.

Esta transformación en los patrones de movilización pudo haber ocurrido por varias razones: el votante cambio de preferencias (votaron en contra de las sanciones y las protestas) o el votante le fue comprado su voto clientelarmente (CLAPS, Puntos Rojos y Carnet de la Patria). Otra posibilidad es que la identidad de los votantes haya sido usurpada electrónicamente (lo que en Venezuela llamamos el “voto puyao”).

Todas estas hipótesis son perfectamente legítimas. ¿Pero cómo podemos explicar un crecimiento tan acentuado de la votación chavista y una efectividad en la votación tan baja de la oposición? ¿Cómo es que en los estados Miranda y Carabobo la votación chavista creció en 17.4% y 10% respectivamente?

Resulta un tanto sospechoso que en el contexto de la mayor contracción económica de la historia del país y con un proceso hiperinflacionario en pleno desarrollo, el gobierno obtuviese 54 por ciento de la votación nacional y que el voto castigo no hubiese operado en la mayoría de las entidades. Resulta tremendamente sospechoso, así mismo, que los candidatos de oposición mostraran altos niveles de intención de voto en todos los sondeos de opinión, al menos en los estados de mayor concentración urbana como Miranda, Carabobo, Lara y Aragua. Sin embargo, en todas estas regiones la oposición perdió contra el chavismo, salvo en el caso del Zulia (donde hubo la mayor abstención pero en donde la oposición lideró en los sondeos con una amplia ventaja). Este cuadro electoral plantea un acertijo que tiene que ser debidamente explicado.

De ahí que sea fundamental establecer si el cambio en el patrón de la votación chavista fue resultado de un crecimiento orgánico o si fue inflado por medio de irregularidades y delitos electorales que hayan podido alterar de forma definitiva los resultados en alguna de las regiones. Algunos analistas han dicho que esto se puede explicar por medio de una pequeña sumatoria de efectos (sustituciones, reubicaciones, voto puyao, etc.). Sin embargo, el cambio el patrón de votación del chavismo en todo el territorio nacional es de tal magnitud que solo un efecto muy grande que refleje algún cambio político o incluso de preferencias electorales puede explicar este tipo de fenómeno. El efecto parcial de estos factores luce demasiado pequeño como para explicar el tamaño del cambio observado. Una tesis que puede ayudar a responder muchas de estas preguntas está relacionado con el uso masivo del clientelismo y la intimidación.

Los puntos rojos y el carnet de la patria

La principal diferencia entre las condiciones que rodearon las elecciones legislativas con respecto a las regionales no fueron la conformación del CNE ni el uso clientelar de los CLAPS sino la masificación del despliegue de los puntos rojos el 15-O y la entrega masiva de los carnets de la patria. Otra diferencia con respecto a estos comicios anteriores fueron las sustituciones y las reubicaciones; pero como veremos más adelante, en términos generales (salvo para Bolívar y Miranda) los efectos de este tipo de trucos fueron limitados.

De modo que la verdadera diferencia radica en los puntos rojos y el uso de mecanismos electrónicos para acceder al subsidio alimenticio. Durante la elección legislativa del 2015, el carnet de la patria aún no estaba operativo. En la actualidad estos carnets electrónicos son fundamentales para acceder a los CLAPS y en caso que no hayan sido renovados se les puede limitar a las personas el acceso a su principal fuente de alimentación subsidiado. En la práctica, este plástico electrónico permite ejercer un control social y potencialmente político sobre el acceso de los individuos a los diversos programas del gobierno pero en particular a los CLAPS. Según diversas encuestas, casi el 70 por cuento de la población dice acceder a los CLAPS aunque de forma irregular. Esto supone que por lo menos 3.700.000 hogares pudieron efectivamente ser registrados para utilizar el carnet de la patria. Evidentemente, la mayor parte de estos hogares se encuentra en zonas urbanas y de bajos ingresos. El carnet también es presentado por los líderes nacionales y comunitarios del chavismo como un mecanismo de control electrónico sobre el comportamiento de las familias.

Los puntos rojos fueron instalados el día de las elecciones regionales anexo a múltiples centros en todo el país. Según diversos testimonios opositores, estos puntos rojos tuvieron conexión a Internet inalámbrico para renovar el uso del carnet de la patria el 15-O. Estos mismos testimonios afirman que en muchos puntos rojos, la renovación del carnet estuvo condicionado a que la persona (y por lo tanto la familia) acudiera a votar (aunque en Venezuela el voto no es obligatorio). Si efectivamente esto ocurrió a gran escala, algo que no se puede afirmar a ciencia cierta, el diseño clientelar de este mecanismo le garantizó al PSUV una movilización prácticamente automática del voto a un muy bajo costo (pues debió reducir el uso de despliegues de autobuses y Jeeps para ir a buscar a las personas).

Otros testimonios sugieren que el carnet era dejado en el punto rojo mientras los individuos iban a votar y luego de haber depositado su voto debían pasar a recoger en las afueras del centro la renovación del carnet. El hecho que todo esto ocurriera minutos antes de entrar a los centros de votación –y a través de un mecanismo electrónico que lograba exacerbar el mensaje que los votantes estaban siendo observados– pudo haber condicionado de forma evidente la forma como los ciudadanos en diversos sectores populares y de clase media baja terminaron votando. La posibilidad de perder acceso a los CLAPS por no renovar el carnet de la patria pudo haber llegado a generar un potente condicionamiento del voto y también pudo haber garantizado una mayor movilización.

Al final de la tarde del 15-0, los puntos rojos tenían la capacidad de chequear en tiempo real quienes habían dejado de renovar el carnet de la patria. Estos individuos eran contactados inmediatamente para que asistieran a renovar su carnet y por lo tanto para que salieran a votar. El CNE extendió el horario de votación en algunos centros, sobre todo en los sectores populares, incluso hasta las 9 de la noche, lo cual expandió la efectividad de este mecanismo clientelar. La expulsión violenta que reportan algunos testigos opositores a los que fueron sujetos dejaron que este mecanismo operara con menores controles en los centros en los que se presentó este tipo de problemas.

Contrario a lo que creen muchos, las tarjetas de la patria no fueron entregadas tan solo a los chavistas. Muchos votantes opositores después de las elecciones legislativas recibieron su carnet de la patria por lo que fueron repartidos a diversos grupos de la población indistintamente de su credo político. Sin embargo, la renovación del acceso pudo llegar a responder al cumplimiento de expectativas sobre el comportamiento tanto social como político del beneficiario, sobre todo en momento en los que el gobierno enfrenta un evento electoral. Este fenómeno pudiese explicar cómo fue que el chavismo logró crecer el voto en zonas urbanas de bajos ingresos y en estados de gran tamaño –con altos niveles de descontento social– pero también cómo fue que lograron “voltear” alguno de los votos de la oposición con respecto a las elecciones legislativas. La efectividad de este mecanismo de coerción social, en un contexto hiperinflacionario, es realmente pasmoso.

Si este mecanismo llegó a tener una tasa de efectividad por ejemplo del 30 por ciento sobre el número de votantes que utilizan el mencionado carnet, entonces es posible explicar no solo el cambio en la movilización de la votación chavista, sino incluso por qué no se materializaron las predicciones de las encuestas en cuanto al comportamiento del voto opositor. Pareciera que en las encuestas los ciudadanos revelaron sus verdaderas preferencias pero durante el día de la votación el nuevo sistema los entubó.

El gobierno ha logrado crear una versión 2.0 de las misiones del 2004 (es imposible olvidar la famosa lista Maisanta y la expansión del gasto social a través de diversos programas) pero con unos resultados aún más impresionantes debido a su sofisticación tecnológica y la forma de condicionamiento del voto a través de los puntos rojos. Este mecanismo pareciera ser incluso inmune al descontento social y la inflación. Todavía más importante para el chavismo: este es un mecanismo “limpio” desde el punto de vista de las actas y las auditorias que está obligado a realizar el CNE. Evidentemente, el proceso no es limpio ni justo ni libre desde el punto de vista del votante, pues su voto no solo es sometido a una práctica clientelar cuestionable (que es muy común en todos los países latinoamericanos) sino que es sometido a una forma de coerción social a través del mecanismo de los puntos rojos en el momento de ejercer su derecho al voto (algo que sería impensable en cualquier democracia del hemisferio occidental).

No es exagerado afirmar, después de haber estudiado por décadas estos sistemas en diversas partes del mundo, que hemos llegado a la instauración del clientelismo más desarrollado tecnológicamente de toda América Latina; es además sin duda uno de los más autoritarios. Es indudable que el gobierno pudiese haber logrado generar un cambio en el patrón de movilización de una gran parte de la población por medio de una tecnología de control social que pareciera ser efectiva en el condicionamiento del voto y que es altamente inmune incluso a un ambiente de adversidad económica. El efecto de este sistema es tan grande que en diversos centros electorales de Miranda, el candidato del chavismo, Héctor Rodríguez, obtuvo 50 por ciento más de votación que el mismo Hugo Chávez Frías en su mejor momento. La tasa de participación en algunos de esos centros fue hasta de 85 por ciento. Es posible también que en estos mismos centros operará el “voto puyao” pero para comprobarlo sería necesario auditar los cuadernos y las captahuellas.

El efecto de las reubicaciones

Las reubicaciones fueron diseñadas como un instrumento adicional –una especie de estocada– para definir las elecciones en el margen. En aquellos estados en los que la dosis de puntos rojos y carnets de la patria lograron inflar la votación, las reubicaciones hubiesen permitido hacer la diferencia electoral. La tabla anterior muestra el efecto porcentual de las reubicaciones en cada uno de los estados que fueron sujetos a este tipo de tratamiento. Este cálculo puede estar sujeto a errores pues fue realizado sobre una muestra de centro electorales reubicados en el Estado Carabobo y extrapolado al resto del país. En Miranda el efecto de las reubicaciones debe ser más alta que lo aquí estimado pues fue un estado con una dosis muy alta en este tipo de cambios que afectó a más de 200 mil electores. Sin embargo, la estimación, con todas sus limitaciones, permite ilustrar el punto.

Al analizar el efecto de las reubicaciones, en el contexto de las diferencias porcentuales de la votación, vemos que las reubicaciones quizás no tuvieron un efecto decisivo en los estados en los que perdió la oposición salvo en el Estado Bolívar (en donde el triunfo del candidato del PSUV fue una consecuencia combinada del forjamiento fraudulento de actas así como de las reubicaciones). La diferencia en Bolívar fue tan estrecha que este efecto de las reubicaciones pudo haber impactado.  En el Estado Miranda, las reubicaciones también jugaron un papel fundamental a favor del chavismo; la misma debe ser mucho más alta que el cálculo aquí reflejado pues la intensidad en el uso de este truco fue significativamente más elevado que en Carabobo. Ahora bien, más que las reubicaciones, en casi todos los estados del país pareciera que la variable explicativa del triunfo chavista pudo haber sido el mecanismo de cooptación social que generaron los puntos rojos y el carnet de la patria. El efecto fue tan grande que en la mayoría de los estados en donde se aplicaron –salvo Bolívar y Miranda– no hizo falta utilizar las reubicaciones para cobrar el triunfo.

Táchira y Zulia

Los estados Táchira y Zulia muestran un comportamiento diferente al resto de las regiones del país. Quizás por ser estados fronterizos, la dinámica del tema alimentario y la dependencia de las familias de los carnets de la patria y el acceso a los CLAPS sea un tanto diferente. En la frontera el contrabando provee alternativas que no tienen disponibles la población que habita en otras provincias del país. En estos estados el valor transaccional del carnet de la patria probablemente sea distinta al resto de Venezuela. Pero lo cierto es que tanto en el Táchira como en el Zulia la efectividad de los carnets de la patria parecieran haber sido menor (o porque no funcionaron o quizá no les entregaron los suficientes plásticos) lo cual permitió que los votantes opositores que revelaran sus preferencias con menores restricciones. En todos los sondeos ambos candidatos de oposición lideraban en las encuestas con una amplia diferencia, lo cual les permitió blindarse frente a este tipo de instrumentos. Algo parecido pudo haber ocurrido en Anzoátegui con Aristóbulo Istúriz. Tampoco es posible descartar que la “cultura” tachirense, zuliana e incluso merideña (que es una cultura recia) no les haya dejado a los votantes opositores dejarse chantajear por este tipo de mecanismo clientelar.

Los testigos, las actas y las auditorías

Un último punto a considerar es la capacidad que tiene la oposición de tener testigos en todas las mesas y de recolectar las actas. La importancia de esto se hizo patente en el Estado Bolívar. La ausencia de testigos o su expulsión por medios violentos o coercitivos facilita varios tipos de irregularidades que pueden afectar los resultados de una elección, que no pueden descartarse hayan ocurrido en esta ocasión, aunque nadie haya podido probarlo. En este sentido, una lucha adicional sobre las condiciones electorales debe ser el diseño y la implementación de un nuevo sistema de auditorías que permita minimizar la posibilidad de modificacion de resultados por esta vía. Ha llegado la hora de que se pueda auditar incluso los cuadernos de votación.

Lo que viene

El chavismo pareciera haber mutado a un nuevo mecanismo de coacción y condicionamiento del voto que es altamente efectivo y que luce logística y tecnológicamente muy sofisticado. Los resultados del 15-0 muestran que electoralmente este sistema le funcionó al chavismo pero lo hizo minando tanto las condiciones electorales como los derechos de los votantes. ¿Cómo competir con semejante sistema? Difícil saberlo. No existe ninguna experiencia global que posea un sistema con una tecnología de esta naturaleza. En principio las diversas consecuencias políticas e incluso también electorales que conlleva la introducción y la ampliación de una tecnología clientelar con estas características son las siguientes:

1. Este nuevo sistema clientelar permite explicar cómo fue que el chavismo logró movilizar su base electoral aún en un contexto histórico social, económico y políticamente desfavorable como el que hemos vivido en los últimos años. El costo de movilización del votante cae estrepitosamente gracias a la infraestructura logística (puntos rojos) así como a la infraestructura tecnológica y los mecanismos de control social provistos por el carnet de la patria durante el día de las elecciones, lo cual logra a su vez condicionar psicológicamente el voto a cambio del acceso continuo a los CLAPS.

2. Esta tecnología plantea una asimetría aún más grande entre la infraestructura de movilización del voto que existe entre el gobierno y la oposición. Las tradicionales apuestas del 1 x 10 e incluso la logística de transporte se van a hacer cada vez menos competitivos frente a esta innovación. El clientelismo clásico ha sido definitivamente enterrado por el chavismo.

3. El chavismo se va a sentir cada vez más cómodo, gracias a esta tecnología, en llamar e incluso adelantar elecciones. Es de esperar que la Asamblea Nacional Constituyente decida mover las elecciones de alcaldes para Diciembre y quizás también acelere las elecciones presidenciales para el primer semestre del año entrante. También es de esperar que Maduro apueste a la reelección. Sus probabilidades de obtener un triunfo, luego de este experimento, seguramente van a crecer dramáticamente. Este sistema, una vez que el PSUV pueda organizar más elecciones con este tipo de tecnología clientelar, se volverá cada vez más sofisticado.}

4. En caso que el Presidente Maduro decida no ir a la reelección, especialmente para impedir un escalamiento de las sanciones internacionales, el candidato del chavismo contará con una plataforma formidable para vencer a cualquier candidato opositor.

5. Este sistema clientelar no sólo fue efectivo para movilizar la base chavista sino que también ayudó a cooptar el voto castigo opositor. Los 656.000 votos que se voltearon entre las legislativas y las regionales a favor del chavismo pudieron perfectamente ser un resultado del funcionamiento de este tipo de mecanismos (y en especial el de los puntos rojos). Esto solo se puede impedir con un CNE independiente. Aquellos partidos opositores que bregan por un director adicional lamentablemente se van a quedar cortos pues con 3 directores oficialistas y dos opositores y ninguno independiente es imposible desmontar estos arreglos.

6. Es por ello que para la oposición también es fundamental presionar para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto: no tanto para vencer el tema de abstención sino porque independientemente de su ideología estos votantes no están expuestos a este tipo de tratamiento clientelar. Sin el voto de los venezolanos que viven en el extranjero es aún más cuesta arriba derrotar electoralmente a este tipo de sistema.

7. El gobierno va a fomentar el crecimiento capilar de este fenómeno a través de sus nuevos gobernadores. No es casual que uno de los primeros anuncios del Presidente Maduro, después del 15-O, haya sido descentralizar la distribución del carnet de la patria a las regiones. Es un paso previo que revela que el chavismo ya se está preparando tanto para las elecciones de alcaldes como para las presidenciales.

8. La única forma cómo la oposición puede competir electoralmente con este sistema tan robusto es por medio de un cambio de condiciones tanto electorales como en el uso de los recursos del Estado. Adicionalmente, la oposición requiere urgentemente de una verdadera unidad política que sea capaz de movilizar emocionalmente a toda su base ciudadana de una forma voluntaria. Tan solo un liderazgo altamente carismático en conjunto con una gran alianza social puede llegar a alcanzar semejante objetivo. Aquellos partidos que afirman en privado que pueden llegar a correr en unas elecciones presidenciales de una forma tradicional y sin un relanzamiento de la unidad, que le permita conectar con los sectores populares, viven en una absoluta quimera.

Si esto fue lo que realmente ocurrió el 15-O es indudable que este nuevo Leviatán venezolano es simplemente colosal.

Las tres preguntas que marcan el futuro de Venezuela; por Michael Penfold

El país está atascado en la parte más baja de un atolladero. La manera en la que salgamos de esta trampa histórica, si es que escapamos, va a determinar el tipo de sociedad en la que viviremos en un futuro próximo. El lugar en el que nos encontramos en estos momentos es totalmente inhóspito. Es

Por Michael Penfold | 29 de septiembre, 2017
Fotografía de Giovanna Mascetti

Fotografía de Giovanna Mascetti

El país está atascado en la parte más baja de un atolladero. La manera en la que salgamos de esta trampa histórica, si es que escapamos, va a determinar el tipo de sociedad en la que viviremos en un futuro próximo. El lugar en el que nos encontramos en estos momentos es totalmente inhóspito. Es una comarca que carece de las condiciones mínimas para ser habitado por los simpatizantes del gobierno y mucho menos por la oposición y el resto de los venezolanos. Quedarse en este punto muerto es prohibitivo para todos.

El gobierno ineludiblemente tratará en los próximos meses de consolidar un proyecto autoritario a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello a pesar de que la población, la oposición y el mundo no reconocen a la Constituyente como legítima. Ante esta falta de legalidad, el gobierno acude, por la vía de los hechos, a la negociación bajo la mediación internacional en busca de su reconocimiento formal. En contraposición, la oposición se debate estérilmente entre una salida electoral sin condiciones y resucitar la calle, sabiendo que si las protestas son activadas serán reprimidas salvajemente. Esta realidad política los obliga, ante la ausencia de un árbitro electoral creíble, a gravitar hacia la negociación para que sea la comunidad internacional la que garantice, por medio de presiones cada vez más grandes, unos comicios regionales y presidenciales medianamente competitivos que apunten hacia una posible transición. Mientras tanto, el país se aísla, fallece.

Tres preguntas alrededor de tres temas cruciales determinarán la modalidad que nos permita salir de la actual coyuntura histórica. El primer tema tiene que ver con la restricción financiera internacional que enfrenta el país. A pesar de un conjunto de políticas económicas ineficientes y corruptas, que condenaron a Venezuela a experimentar innecesariamente la contracción económica más importante de su historia, tanto el gobierno como Pdvsa continúan cumpliendo con sus elevados compromisos externos. Pero más allá de su voluntad de pago es evidente que esta estrategia tiene sus limitaciones. La caída tan rápida de la producción petrolera, la liquidación de la mayor parte de los activos financieros disponibles, las limitaciones legales para vender activos reales tanto petroleros como no petroleros sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional y la aparición de sanciones por parte de los Estados Unidos que le impedirían a la actual administración entrar en un proceso de reestructuración o de refinanciamiento de su deuda, se han convertido en restricciones reales que hacen pensar que es cuestión de meses antes de que Venezuela se vea obligada a dejar de pagar sus compromisos externos. Los costos sociales de mantener el modelo actual de controles son cada vez más altos. La irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la política económica hace inevitable que el país enfrente en el futuro inmediato algún tipo de reestructuración de su deuda.

La pregunta más importante es si ese proceso va a ser ordenado o más bien caótico. ¿La cesación de pagos ocurrirá bajo la administración de Maduro de una forma desordenada? ¿O durante un gobierno diferente en el marco de un programa de estabilización económica? Las características comerciales y petroleras de Venezuela, así como la estructuración legal de los bonos que se cotizan en los mercados de capitales internacionales, podrían hacer que un default dispare una serie de conflictos legales por parte de los tenedores de estos papeles, que pueden llegar a vulnerar los activos y los flujos de ingresos tanto del gobierno como de Pdvsa. El impacto de este nuevo conflicto sería desestabilizante no solo para el actual régimen sino también para un potencial gobierno de transición. Desde una perspectiva estrictamente legal, este proceso será tremendamente engorroso y por lo tanto riesgoso, no solo financiera y económicamente sino también políticamente. Por si fuera poco, la existencia de cláusulas cruzadas con el financiamiento bilateral que Venezuela recibe de China obligaría al país asiático, si se diera una cesación de pagos, a acelerar el cierre de una de las pocas líneas de crédito que el país mantiene abierta.

Ante un evento crediticio de esta naturaleza hace una diferencia si Venezuela entra en default en el marco de una transición política, así como de un cambio creíble de política económica, que modifique a su vez el manejo de la industria petrolera. También es fundamental saber si el país hace el default con el apoyo de los organismos multilaterales y buscando un acuerdo rápido y transparente con el mercado. En cambio, si el default ocurre en el marco de un gobierno sujeto a sanciones internacionales que decidió irresponsablemente terminar de aislar económicamente a la población, o incluso bajo un gobierno de transición políticamente débil que realice cesaciones de pagos selectivos sobre ciertos tipos de bonos, aumentaría la incertidumbre política como consecuencia del conflicto legal que pudiese activarse con los tenedores de bonos, en especial con los fondos buitres. Los mayores gurús de las reestructuraciones de deuda a nivel mundial, Lee Buchheit y Mitu Gulati, afirman sin tapujos que la crisis de la deuda venezolana si no es bien gestionada financiera, política y legalmente pudiese llegar a ser comparable con la crisis de la deuda mexicana durante la década de los ochenta e incluso mucho más compleja que la que vivió Argentina a comienzos del milenio.

El segundo conjunto de preguntas gira alrededor del tema de las sanciones internacionales. ¿Pueden seguir escalando? Es indudable que las sanciones pueden perfectamente continuar aumentando en la medida en que la comunidad internacional perciba que el gobierno profundiza la senda autoritaria que decidió transitar con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la disolución fáctica de la Asamblea Nacional y la delicada situación en materia de derechos humanos que enfrentan los presos políticos.

También es evidente que el gobierno venezolano aceptó participar en el proceso de negociación que se intenta llevar a cabo en República Dominicana, en parte, aunque no exclusivamente, como una táctica dilatoria para evitar un escalamiento mayor de las sanciones. Uno de los objetivos del gobierno con la negociación es disuadir a la Casa Blanca de activar otra serie de medidas económicas que terminen de afectar negativamente el funcionamiento comercial de la industria petrolera. En una primera etapa, pareciera que estas sanciones estarán cada vez mejor coordinadas con Europa, Canadá y América Latina. Probablemente su escalamiento esté centrado exclusivamente en medidas individuales más que económicas. En una segunda etapa, en caso que la negociación en Dominicana no avance en la dirección correcta, que sería la de garantizar procesos electorales confiables y competitivos, Estados Unidos procederá a introducir nuevas medidas económicas y financieras.

La fecha límite para evaluar esa situación será a comienzos del segundo trimestre de 2018. El gobierno entiende que el efecto marginal de cualquier sanción económica adicional sobre Venezuela será devastador ante su propia debilidad financiera. Estas medidas lo obligarían a cesar los pagos de deuda y lo llevarían a asumir el costo político, económico y social de una crisis externa aún más severa. Para el gobierno de Maduro ya es evidente que las restricciones externas tanto políticas como financieras son reales. Una nueva ronda de sanciones económicas podrían convertirse a su vez en una perfecta excusa para suspender o posponer hasta abril de 2019 los comicios presidenciales.

El tercer grupo de preguntas están vinculadas con las características del ciclo electoral. ¿Qué tan competitivas o no van a ser las elecciones para gobernadores, alcaldes y Presidente? Las condiciones electorales técnicas (software, mesas y totalización) se han deteriorado dramáticamente y aun así la oposición aceptó participar en condiciones mucho más desventajosas que las que ha enfrentado en el pasado. Los principales candidatos presidenciales de la oposición también han sido inhabilitados. De modo que unas elecciones medianamente competitivas dependen casi de forma exclusiva de la presión internacional y del mismo proceso de negociación para poder resolver, o por lo menos aminorar, ambos problemas.

El chavismo, por su parte, también enfrentará algunos dilemas. El principal de estos es si Nicolás Maduro aspirará o no a la reelección. Esta decisión es quizás la más importante. En caso que decida optar por la reelección, es improbable que la comunidad internacional termine reconociendo un supuesto triunfo electoral oficialista ‒pues difícilmente Maduro podría ganar unas elecciones que sean competitivas en un ambiente hiperinflacionario‒ y también es poco probable suponer que las sanciones serán retiradas una vez que se mantenga en la presidencia, pues las mismas parecieran estar centradas exclusivamente en su permanencia en el poder.

Una reelección de Maduro implica tanto para el chavismo como para el resto del país una profundización segura de la crisis. Esta es una realidad que debe preocupar a toda la base de apoyo político que lo sostiene. En este sentido, Maduro enfrenta el mismo dilema de Boris Yeltsin en Rusia a finales de los noventa, quien ante su baja popularidad y su exigua viabilidad política tuvo que fabricar, a través de su control sobre el aparato estatal, un candidato alternativo como lo fue Vladimir Putin, quien fue elevado mediáticamente desde el más absoluto anonimato a la presidencia. En el caso venezolano, resolver este dilema es mucho más difícil, pues un candidato chavista alternativo va a tener que luchar contra el pasivo de una pésima gestión y un ambiente hiperinflacionario.

Si el chavismo decide optar por una candidatura alternativa, igualmente tendrá que decidir si tolerará elecciones competitivas. El chavismo quizás apueste a que estos comicios sean significativamente menos competitivos para poder garantizar el triunfo de un “delfín” o de una “transición controlada”. La comunidad internacional tendrá que evaluar si acepta o no la validez legal de estos comicios. También deberá valorar si acepta el retiro de las sanciones en caso que haya un cambio de política económica y una mayor liberalización política. En este escenario, la comunidad internacional podría estar modificando su deseo de “cambio de sistema” (regime change) por un “cambio de comportamiento” (regime behavior). La posibilidad de que el país alcance unas elecciones verdaderamente competitivas, en el contexto de un chavismo que decidió entrar nuevamente en etapa de “sucesión”, va a depender exclusivamente sobre qué tan integral sea el compromiso de la comunidad internacional con la restauración de la democracia venezolana.

Las respuestas a todas estas interrogantes son totalmente inciertas pero serán verdaderamente determinantes en el devenir de los acontecimientos del país. ¿Cuándo ocurre el default? ¿Cómo escalan las sanciones? ¿Aspira el oficialismo a la reelección o prefiere más bien la sucesión? Se aceptan apuestas.

Las consecuencias no intencionadas de las sanciones económicas; por Michael Penfold

Las sanciones económicas recientemente anunciadas por la Casa Blanca hacia Venezuela implican un profundo cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta política estuvo centrada en la utilización de sanciones individualizadas a funcionarios gubernamentales orientadas a restaurar la democracia en el país y condenar la violación de derechos humanos –conjuntamente

Por Michael Penfold | 29 de agosto, 2017

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Las sanciones económicas recientemente anunciadas por la Casa Blanca hacia Venezuela implican un profundo cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta política estuvo centrada en la utilización de sanciones individualizadas a funcionarios gubernamentales orientadas a restaurar la democracia en el país y condenar la violación de derechos humanos –conjuntamente con un aumento multilateral de la presión internacional–, y comienza ahora a mostrar una estrategia orientada a utilizar restricciones financieras y potencialmente comerciales que buscan limitar la capacidad del gobierno de adquirir nuevos endeudamientos o de vender activos a través de inversionistas internacionales en el mercado norteamericano.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ya había anunciado días antes en la comunidad de El Doral en Florida el objetivo de este cambio de política exterior, al señalar que los Estados Unidos estaba plenamente comprometido a utilizar “todas las medidas económicas y diplomáticas disponibles hasta que la democracia en Venezuela fuese completamente restaurada”. Sin embargo, la utilización de sanciones económicas no necesariamente garantiza el cumplimento de este objetivo. Aplicar sanciones de este tipo puede más bien terminar ayudando de una forma no intencionada al gobierno en Caracas, sobre todo pues ya antes de la publicación de las mismas, Venezuela vivía en un ambiente económico y financiero marcado por las mismas consecuencias que buscan ocasionar este tipo de acciones gracias a la incompetencia y la corrupción de la política económica actual del gobierno venezolano. Es un hecho que sin las sanciones recientes, Venezuela ya estaba económicamente aislada y en ruinas y sin acceso a los mercados internacionales de capitales.

La pista del aeropuerto de Maiquetía desde hace varios meses atrás está prácticamente vacía. Hasta hace unos pocos años, Alitalia, Lufthansa, KLM, British Airways, Air Canadá, así como otras múltiples líneas aéreas internacionales, tenían vuelos diarios a Venezuela. United, Delta y American volaban varias veces al día directamente a Miami, Houston, Dallas y Nueva York. En estos momentos, hay diez veces más vuelos de los Estados Unidos a La Habana que a la misma Caracas, que es un mercado petrolero y comercial mucho más relevante que Cuba. La falta de pagos de la deuda comercial ocasionada por el control cambiario, los problemas técnicos en el aeropuerto y las fallas en los protocolos de seguridad, reflejan mejor que ninguna otra imagen, como el país está en la práctica completamente aislado.

La industria automotriz es otro perfecto espejo de esa realidad. En medio de la bonanza petrolera de comienzos del milenio, en Venezuela se estaban vendiendo casi 400.000 vehículos de los cuales casi la mitad eran ensamblados en el país. Desde que Maduro llegó a la presidencia en el 2013, la contracción económica ha sido tan severa –con más de un tercio del PIB evaporado– que el sector automotriz apenas alcanza a ensamblar unas 20.000 unidades vehiculares. General Motors decidió cerrar su planta en Valencia, que era una de las más importantes en América Latina, y empresas como Ford y Toyota se encuentran prácticamente paralizadas.

Estos son tan solo dos ejemplos de muchos otros que muestran cómo un país rico en petróleo fue empobrecido por un sistema económico marcado por la corrupción, los controles y la violación de los derechos de propiedad. El uso de sanciones económicas por parte de los EEUU hacia Venezuela solo puede contribuir a que una situación que era precaria se convierta en una realidad mucho más catastrófica. Sin sanciones, gracias al recorte indiscriminado de importaciones por parte del gobierno venezolano para poder cumplir con los compromisos de pago de deuda en el exterior, y a la insistencia de mantener un régimen cambiario absolutamente perverso, las proyecciones eran que Venezuela se iba a contraer en más de un 12 por ciento en el 2017. Con las sanciones, ese proceso posiblemente se acelere aún más.

Los estudios académicos sobre las sanciones económicas son bastante elocuentes en cuanto a los resultados mixtos del uso de este tipo de políticas para modificar comportamientos de otras naciones o incluso como instrumento para desestabilizar los regímenes políticos. En estos momentos, países como Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y ahora Venezuela, entre algunas otras naciones, son sujetos de este tipo de medidas. En términos generales, la evidencia empírica muestra que las sanciones económicas tienen una probabilidad más alta de modificar comportamientos cuando son utilizados en contra de otras democracias y tienen efectos menos probables de alcanzar ese objetivo sobre sistemas autoritarios. Los gobiernos autoritarios logran aislar de forma efectiva a los grupos políticos más leales de los efectos de este tipo de sanciones y también hacen que los grupos políticos opositores, así como su base de apoyo poblacional, paguen un costo más alto. La evidencia empírica también muestra que estas medidas son más efectivas cuando tienen un alto grado de credibilidad y cuando logran ser coordinadas de manera multilateral. Por ejemplo, en el caso de Irán las sanciones económicas solo tuvieron algún efecto cuando la Unión Europea comenzó a colaborar en su implementación. Es por ello, que los países que utilizan sanciones, lo hacen de una forma “inteligente” (SMART), tratando de individualizar su efecto a las personalidades y las entidades claves dentro de la coalición gubernamental; y cuando se deciden utilizar restricciones comerciales o financieras, lo hacen también dentro de un esfuerzo de coordinación internacional que lo haga mucho más creíble. La literatura sobre democratización también encuentra evidencia muy robusta sobre la importancia de los factores domésticos –en especial de la existencia de grupos de oposición bien organizados y de la relevancia de los medios de comunicación y las redes sociales– como factores incluso de mayor importancia que las mismas variables internacionales. En un esfuerzo de democratización, la esfera internacional es un complemento pero nunca un sustituto a las variables domésticas.

No es descabellado argumentar que imponer sanciones sobre Venezuela puede llegar a tener un efecto opuesto a lo que la política exterior busca alcanzar. Para empezar, el anuncio realizado por los Estados Unidos es poco creíble (pues básicamente formaliza una realidad que ya existía en los mercados internacionales de capitales) y tampoco logra coordinar sus acciones en un marco multilateral. El anuncio básicamente limita la capacidad del gobierno venezolano de emitir nueva deuda en el mercado norteamericano, restringe la posibilidad de utilizar activos para refinanciar deuda existente, impide a CITGO entregar dividendos y sanciona la posibilidad de que compañías norteamericanas aumenten su capital accionario en empresas estatales venezolanas (lo cual está dirigido fundamentalmente al sector petrolero y minero). Las sanciones económicas por lo tanto dejan intacto el mercado secundario de bonos venezolanos –incluyendo las polémicas operaciones de FINTECH, Goldman Sachs y Nomura–.

En el fondo, las sanciones traen poco “colmillo” pues ya era un hecho que antes de los anuncios de la Casa Blanca los mercados de capitales estaban cerrados para el país –la prima de riesgo es absolutamente prohibitiva para Venezuela gracias a la nefasta política económica existente–. También era una realidad la imposibilidad de obtener un nuevo refinanciamiento a través de CITGO pues ya la empresa estaba totalmente afectada luego de la oferta de swap de PDVSA y la operación de Rosneft en el 2016. Y era otra realidad que tan solo las empresas rusas y chinas (ninguna empresa de los Estados Unidos) estaba explorando la posibilidad de incrementar su posición accionaria en los empresas mixtas en el sector petrolero o minero. Finalmente, el único bono para el cual las sanciones prohíben explícitamente su transacción es el del 2036 emitido ilegalmente a finales del año pasado pues no tenía al aval de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno curiosamente estuvo intentando liquidar estos papeles hace unos meses a un descuento absurdo pero el mercado secundario lo encontró poco atractivo por sus propias características institucionales y más bien lo veía como altamente tóxico. Tan es así, que el gobierno decidió utilizar más bien estos papeles como garantía para alcanzar un acuerdo con una empresa canadiense para cerrar un litigio de arbitraje internacional e incorporarlo como parte del otorgamiento de una licencia para operar en el arco minero.

Los principales efectos de las sanciones económicas resultan más bien curiosos. Primero, aumenta el poder de negociación de los rusos y los chinos frente al gobierno y PDVSA pues ahora son más dependientes de ellos de lo que eran antes para poder obtener nuevo financiamiento. De modo que Estados Unidos ha logrado profundizar aún más esta relación geopolítica y podría estar aumentando la esfera de influencia de ambos países en Venezuela. Tanto China como Rusia ahora van a poder adquirir activos financieros, petroleros y mineros a una tasa de descuento aún mayor que las que Rosneft había obtenido recientemente, que eran astronómicos. Segundo, las sanciones hacen aún más atractivos los bonos que fueron sujetos de un swap con el aval de CITGO pues el balance financiero de la filial de PDVSA mejora al no poder entregar dividendos. Finalmente, el gobierno tiene ahora aún menos incentivos para modificar su política económica, pues si lo hiciese no podría acceder a los mercados, lo que es sin duda uno de los pocos incentivos que podría tener el chavismo para modificar su modelo. En general, estas sanciones –al menos que sigan escalando en el tiempo, lo cual es probable– lo que logran es garantizarle a PDVSA acceso al mínimo capital de trabajo necesario para que en el mejor de los casos pueda mantener su producción petrolera actual, pero con aún mayores problemas de liquidez, y le limita severamente la posibilidad de acceder a la inversión requerida para crecer su producción en el futuro. En otras palabras, las sanciones económicas anunciadas tienen sin duda un efecto financiero pues le restan oxígeno a Venezuela pero lo logra formalizando una realidad previa que “de facto” tenía estas mismas características. De modo que el efecto es esencialmente marginal.

En el plano político las consecuencias son aún más evidentes. Las sanciones le permiten al gobierno en el plano discursivo mover la culpa de la crisis económica y social hacia los Estados Unidos. Este cambio deja a la oposición venezolana en una posición aún más vulnerable frente a la profundización de la represión pues serán “ellos” los que asuman la responsabilidad frente a la “intervención gringa”. Ciertamente, la represión salvaje –tal como se vivió durante los últimos meses– era una realidad antes de las sanciones económicas, pero también es probable que estas acciones le permiten al gobierno tratar de bajar el costo frente a la opinión pública y sobre todo entre sus propios seguidores sobre la conveniencia de cerrar aún más el sistema político venezolano. El chavismo ha mostrado en el pasado que saben exprimir el provecho a las llamadas “agresiones imperiales”. Cerca de 55 por ciento de la población dice rechazar estas medidas, lo cual hace aún más atractivo para el Palacio de Miraflores ahondar en este tipo de discurso tan retrogrado. En la mente del gobierno, esta acción confirma todas las sospechas que estaban aguardando para justificar intensificar la ola de represión y permitirle a la Asamblea Constituyente aprobar mayores restricciones sobre la actividad política, sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Tan solo en los últimos cuatro meses, el número de prisioneros políticos ha aumentado exponencialmente hasta llegar a 645 sin incluir varias centenas más que sin ser considerados como tal continúan estando detenidos. Pocos días después del anuncio de las sanciones económicas, el gobierno respondió cerrando varias cadenas de radio, sacando del aire a un par de canales internacionales por cable, anunció potenciales restricciones a las redes sociales y llamó a investigar a varios líderes opositores; por lo que no debe sorprendernos si este tipo de acciones continúa acelerándose.

Además de alimentar los sentimientos antinorteamericanos en Venezuela, expiar los problemas de escasez de productos de primera necesidad y darle oportunidad al chavismo de aglutinarse frente a una amenaza externa, este tipo de sanciones pueden de una manera no previsible terminar fortaleciendo políticamente al movimiento opositor en el exilio, especialmente aquellos que viven en los Estados Unidos, a expensas de los partidos políticos y de los activistas democráticos que han estado asumiendo el liderazgo y el costo de las protestas ciudadanas en el país. En muchos sentidos, utilizar sanciones económicas pudiese convertirse en un “replay” de las sanciones contra Cuba durante la década de los sesenta que terminó produciendo una oposición débil en la isla y una diáspora fuerte en Florida. En el caso cubano, las sanciones terminaron de erosionar la legitimidad de una oposición clandestina que era perseguida por un régimen totalitario y terminó en cambio por hacer más robusta a la oposición en el exilio que creyó podía promover la democracia exclusivamente a través de acciones internacionales.

Hasta los momentos, en el caso venezolano, la oposición continúa siendo un movimiento político muy fuerte, a pesar de sus fisuras internas y del esfuerzo del gobierno de dividir a su liderazgo. Y esto es especialmente cierto si la oposición logra mantenerse unida y socialmente movilizada (que sin duda es un reto después del 16J) pues seguirá representando una amenaza política y electoral seria a un sistema abiertamente autoritario. Pero el riesgo que el poder político de la oposición migre hacia el exterior, simplemente porque se imponga la visión que no hay nada que hacer en el plano doméstico, es un riesgo muy alto y cuyas consecuencias podrían ser atroces. Rómulo Betancourt, durante su exilio en Costa Rica, optó por dejar que la resistencia que llevaban adelante los jóvenes adecos contra la dictadura perezjimenista fueran los que fijaran la estrategia del partido, y nunca pretendió imponer desde el exterior sus lineamientos sino más bien apoyarlos como fuera posible. Tan solo a su regreso a Caracas pretendió retomar control del partido. Las memorias de Carlos Andrés Pérez, quien fuera su secretario privado durante el exilio, deja muy claro semejante integridad del principal líder histórico de la democracia venezolana. Todos los venezolanos, tanto los adentro como los de afuera, debemos aceptar que los retos son colosales y que afinar la complementariedad entre la estrategia política en el plano internacional y nacional es un factor clave para el restablecimiento de la democracia venezolana.

Es innegable que la internacionalización del conflicto venezolano es una acción necesaria para poder restaurar la democracia y reconstruir al país. A la luz de más de 160 muertes que dejó la reciente ola de protestas ciudadanas, Venezuela pasó a ser el principal centro del debate en toda la región. Pero la internacionalización del conflicto venezolano debe darse en un marco multilateral muy bien coordinado y tampoco puede darse a costa de sacrificar el plano doméstico de la lucha política. Estados Unidos le hace un flaco favor a la causa democrática venezolana asumiendo este tipo de sanciones económicas en vez de profundizar, conjuntamente con la Unión Europea y el resto de los países latinoamericanos, el uso de acciones “inteligentes” que realmente fisuren la coalición gubernamental y abran espacios para un proceso de negociación creíble que promueva una transición democrática. El Presidente Trump a veces pareciera estar redescubriendo América Latina con un discurso propio de la Guerra Fría. Por ejemplo, si los Estados Unidos insiste en México en construir la muralla fronteriza, continúa haciendo esfuerzos por restaurar el bloqueo total a Cuba y además acelera el uso de sanciones económicas en Venezuela, va a terminar debilitando el sentimiento de acciones urgentes que la mayoría de los líderes de la región aceptan se requiere para afrontar el caso venezolano. Para ello es fundamental, romper también los espacios de influencia en el Caribe pues sorprende que Caracas pueda influir más en la política exterior de Santo Domingo que lo que termina influyendo Washington, Ciudad de México o Bogotá. También es fundamental alinear los intereses de China –que es un gran inversor en Argentina, Perú, Brasil y Colombia y no solo en Venezuela– para que este poder internacional emergente entienda que está en su mejor interés contribuir en una solución democrática a la crisis del país. Este tipo de acciones diplomáticas prometen ser mucho más efectivas que acciones unilaterales como las que fueron anunciadas recientemente desde Washington. Las sanciones económicas para el caso venezolano parecieran ser simplemente una mala idea.

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Por Michael Penfold | 17 de julio, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

De izquierda a derecha los rectores Francisco José Virtuoso, Raúl López, Cecilia García Arocha, Jessy Divo y Benjamín Scharifker. Fotografía de Leo Álvarez

La identidad venezolana es profundamente democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una Constituyente  fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez que se le impidió a los ciudadanos firmar para poder activar un referéndum revocatorio y una crisis constitucional que se agudizó con la indefinición de un cronograma electoral así como con la disolución de facto, a través de una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa con una mayoría calificada en el 2015.

Lo que vimos este domingo en la consulta popular fue una sociedad autónoma, con una capacidad organizativa enorme, desplegada globalmente y dispuesta a utilizar esa misma cultura democrática, herencia de un país que en su historia contemporánea siempre ha resuelto sus conflictos por la vía electoral, y que lo único que solicita es restaurar pacíficamente el orden constitucional. Son casi 7.2 millones de venezolanos que salieron en todo el territorio nacional, en todo el planeta e indistintamente de su condición socioeconómica, a otorgar un mandato transparente al liderazgo del país, orientado a poner en funcionamiento la democracia y el estado de derecho. Son casi 7.2 millones de ciudadanos que salieron a respaldar más de 100 días de protestas, a elevar su indignación frente al colapso económico y social y que exigen se liberen inmediatamente a todos los presos políticos y que se detenga la violación de los derechos humanos. Son casi 7.2 millones de voluntades que se manifestaron a pesar de tener en contra a toda la institucionalidad electoral, a pesar del cerco comunicacional y el ejercicio de la censura, y a pesar de no contar con suficientes recursos para organizar una jornada de esta naturaleza en menos de dos semanas. Esto hace que las comparaciones con otros procesos electorales más formales puedan resultar un tanto espurias y superficiales. El domingo vimos a una ciudadanía que fundamentalmente lo que quiere es ser libre.

El gobierno intentará minimizar el efecto de este mandato. Va a amenazar con insistir en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y argumentará que el proceso de consulta fue ilegal; pero lo cierto es que simbólicamente la fuerza de la sociedad venezolana ahora es más grande que hace algunas semanas atrás, el mandato que acaba de otorgarle a la dirigencia es legítimo y democrático pero sobre todo es una petición perfectamente razonable. Si el gobierno insiste en avanzar con la Constituyente se encontrará con una sociedad aún más rebelde que no dudará en salir a defender sus derechos con más fuerza . Y es muy probable que esta situación genere aún más resistencia al interior del aparato estatal; pues si los riesgos de quiebre eran altos antes de la consulta popular -debido tanto a las protestas como a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia-, ahora las probabilidades de que esas rupturas se profundicen son mucho más elevadas. Después de esta consulta, seguir insistiendo en una convocatoria Constituyente que viola los preceptos constitucionales pone al mundo militar en una posición institucional cada vez más compleja que supone ineludiblemente reprimir a una escala aún mayor: ya no a unas protestas sino a toda una sociedad. Con los resultados de la consulta popular, el costo de la represión aumentó exponencialmente.

La única alternativa que le garantiza al  gobierno una transición ordenada es retirar la Constituyente y ofrecer una negociación. El problema que tiene el Presidente Maduro es que esa negociación ocurriría en el contexto de un mandato democrático de restauración del orden constitucional. Y por lo tanto, para el gobierno, la negociación no podrá ser una excusa para evadir las restricciones constitucionales, tal como ocurrió en Octubre del 2016 cuando el proceso revocatorio fue suspendido arbitrariamente  y el gobierno logró también evadir las elecciones regionales. En esta oportunidad, la comunidad internacional será mucho más exigente en cuanto a las condiciones de este proceso de negociación y también será más cuidadoso en documentar los acuerdos para poder verificar su implementación. La oposición, por su parte, debe saber administrar este mandato ciudadano. Tiene dos semanas para avanzar pero debe abrir un compás activo para ver si el gobierno mantiene o retira su amenaza de continuar con la Constituyente. La oposición también debe permitir que aumente la presión internacional y se materialicen las ofertas de mediación que se vienen construyendo desde el exterior. Si no hay respuestas, el país volverá inevitablemente a la senda de escalada del conflicto que la viene caracterizando y a una mayor profundización de su crisis de gobernabilidad. En esta nueva etapa, la sociedad terminará de dar el resto por la protección de sus derechos y la restauración del orden democrático, pues detrás de este evento cívico no hay sólo votos y la manifestación de una mayoría, sino hay, sobre todo, un enorme compromiso de lucha ciudadana.

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Existen varias maneras de analizar el anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a la decisión de organizar un plebiscito el 16 de julio como mecanismo de consulta para presionar al gobierno a revertir la Asamblea Nacional Constituyente. La primera lectura de ese acuerdo es una visión estática que describe una oposición que logró un consenso amplio, entre una diversidad de agrupaciones partidistas que aceptaron públicamente operacionalizar un proceso de desobediencia civil a través de un mecanismo refrendario, que aún sin ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, sino a través de una ciudadanía que se abroga el artículo 333 y 350, intenta legitimar su ambición de reestablecer el orden constitucional.

Con esta iniciativa, la oposición intenta retomar la ofensiva política ante un gobierno que logró durante las últimas semanas mostrar sin pudor tanto su capacidad de control institucional como su músculo militar. Con esta decisión unitaria, la calle ahora se organiza en torno a un objetivo diferente y no simplemente en función de una movilización social guiada por la protesta. Aunque la oposición sigue sin engranarse políticamente con el chavismo disidente —pues el acuerdo no incluyó a ninguna agrupación política distinta a las que ya hacían vida en la Unidad—, esta opción abre un nuevo espacio que ahora tiene el reto de probar que tiene una amplia acogida popular y que puede ser articulado con sectores más amplios de la sociedad. En paralelo, tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía General de la República, continúan en su esfuerzo por remover a los magistrados del TSJ para romper el control del Ejecutivo sobre el poder Judicial.

La segunda lectura del acuerdo es dinámica. La oposición tomó la decisión de organizar un plebiscito sin la venia del CNE como una forma de escalar el conflicto ante la arremetida del gobierno tanto en el uso de la represión como en su compromiso de continuar avanzando con la convocatoria de la Constituyente. Frente a este cambio estratégico, el gobierno seguramente ahora pasará a tratar de desmontar esta iniciativa consultiva que constitucionalmente correspondía ser organizado para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo más probable es que el gobierno responda nuevamente con un ataque político dirigido a la Fiscal General de la República; por lo que nadie se debe sorprender si esta semana o la próxima el TSJ decide separarla del cargo, usurpando nuevamente las prerrogativas de la Asamblea Nacional. A esta acción, que la oposición ya debe haber anticipado, se anunciará otra batería de respuestas para poder hacerle frente a esta nueva agresión institucional, lo cual continuará intensificando aún más el conflicto venezolano… Y así sucesivamente hasta que ocurra algún nuevo quiebre político.

Lo cierto es que el país acelera su espiral de enfrentamiento y por lo tanto de violencia política. Es indudable que el gobierno va a seguir insistiendo en su opción Constituyente aún si ello supone incrementar la represión, remover a la Fiscal General, bloquear la realización del plebiscito el 16 de julio y blindar el proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral a realizarse el 30 de julio. La oposición apuesta a que incluso a partir de estos anuncios cualquiera de las acciones anteriores por parte del gobierno pueda generar reacciones inesperadas de diversos actores, tanto en el plano nacional como internacional, que precipiten una serie de eventos que permitan profundizar las grietas tanto dentro del mundo chavista como en la esfera militar y facilitar así un proceso de cambio político.

La apuesta es sin duda riesgosa. Esta iniciativa coloca al gobierno frente a una serie de decisiones que podrían terminar de deslegitimar lo que ya luce como un proceso arbitrario e inconstitucional de convocatoria a una Constituyente. Por el contrario, si el gobierno no logra reaccionar, y se realiza el plebiscito el 16 de julio, la oposición habrá obtenido un triunfo simbólico.

A estas alturas para todos los actores nacionales relevantes es evidente lo que está ocurriendo en el país: acabamos de entrar en una fase aún más peligrosa en la confrontación política, en una lucha que es cada vez más enconada y sin la mediación de ninguna institución creíble, y que tan solo un actor internacional, con mucha filigrana diplomática, va a poder desmontar. En otras palabras: continúa la escalada y se profundiza la crisis de gobernabilidad. Se aceleran los tiempos. Y se elevan las apuestas.

El hervidero y la constituyente: Otra calle ciega; por Michael Penfold

Mariano Picón Salas, con la perspicacia ensayística que le caracterizó como historiador, describió a la Venezuela del siglo XIX como un cuero seco, haciéndose eco de Antonio Guzmán Blanco: lo pisas por un lado y se levanta por otro. En pocas semanas, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, ese cuero llamado Venezuela,

Por Michael Penfold | 20 de junio, 2017
Manifestante opositora en la marcha "Todos a Caracas" del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Manifestante opositora en la marcha “Todos a Caracas” del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Mariano Picón Salas, con la perspicacia ensayística que le caracterizó como historiador, describió a la Venezuela del siglo XIX como un cuero seco, haciéndose eco de Antonio Guzmán Blanco: lo pisas por un lado y se levanta por otro. En pocas semanas, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, ese cuero llamado Venezuela, se habrá secado nuevamente y habremos logrado recrear nuestro propio símil histórico como un perro que se muerde la cola.

El país se desliza con prisa a lo que será sin duda la peor crisis de gobernabilidad que hayamos experimentado en nuestra historia contemporánea. Esta tragedia es la secuencia lógica de un colapso que se inició en la esfera económica —con la insistencia de mantener un esquema de controles de cambio y de precios que multiplicó los desequilibrios macroeconómicos que heredamos de un período de bonanza petrolera manejado sin controles fiscales—, seguido por un colapso social que es el reflejo de una feroz aceleración inflacionaria que pulverizó en poco tiempo los salarios reales de todos los venezolanos y que culmina ahora con un colapso institucional en el que el país carece de árbitros y mecanismos electorales para dirimir sus conflictos políticos democráticamente.

La esperanza es gratis. Algunos piensan, utilizando todo tipo de subterfugios dialécticos, que este conflicto es inevitable y que de esta fricción social va a emerger un claro ganador y que es sólo cuestión de tiempo para observar el desgaste triunfal de este tipo de enfrentamientos. El chavismo, en su afán por sobrevivir políticamente, incluso recurriendo crecientemente a mecanismos represivos cada vez más letales, busca aferrarse a la más elemental de estas lógicas: el conflicto es el corazón del progreso revolucionario y por eso redobla su apuesta por impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que luce más como un fortín que como una convención constitucional. Y la oposición se abraza a un deseo un tanto más mundano de soñar con una transición política —como si realmente estuviésemos a puertas de un cambio democrático—, cuando lo cierto es que enfrentamos una amenaza de profundización de un modelo claramente autoritario.

Ante semejante disyuntiva, la sociedad venezolana, que ha resistido ya por más de ochenta días, no tiene más opciones que responder con una mayor movilización ciudadana. La presión de calle es lo único que puede obligar a que el gobierno, como consecuencia de los quiebres internos tanto militares como partidistas, acepte revertir una convocatoria constituyente que de lo contrario va a terminar de hundir al país en la más absoluta anarquía. Es así como asistimos boquiabiertos a una verdadera escalada del conflicto político que no es otra cosa sino nuestro reencuentro express con la historia decimonónica venezolana.

Es indudable que el chavismo apostará contra viento y marea a instaurar la constituyente; pero aún si la lograse instalar, probablemente tampoco tenga la capacidad para imponer sus decisiones pues este poder originario es tan sólo la manifestación de una minoría tanto política como electoral. Resulta evidente que para el gobierno del Presidente Maduro será muy difícil aderezar su “poder de facto” con su “poder de jure” sin terminar apelando más bien a las armas y a sus grupos de choque para poder hacer cumplir sus distintos decretos constituyentes. En este sentido, el esfuerzo de la Fiscalía General de la República de retar abiertamente la constitucionalidad de esta iniciativa, se convirtió en una acción subversiva que minó cualquier posibilidad para que esa fusión entre lo político y lo jurídico se materialice, lo cual a su vez impide barnizar de legitimidad a una idea que es desde su inception intrínsecamente dictatorial. La Asamblea Nacional Constituyente, como consecuencia de estas oportunas intervenciones de la Fiscal, es ahora simplemente otro golpe de Estado más; un golpe que es la piedra de toque de una operación mucho más amplia de desmontaje de todo el aparataje constitucional bolivariano.

Ciertamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha rechazado todos los recursos interpuestos por la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la continuidad de la convocatoria constituyente, pero a pesar de este bloqueo, el daño jurídico y democrático de este proceso ya está hecho y es un daño muy profundo. En estos momentos, la constituyente es para el PSUV, pero sobre todo para el madurismo, tan solo una ficha, una excusa para obtener un mayor poder de negociación, un refugio para resistir, pero probablemente también termine siendo un filoso boomerang político.

La oposición por su parte —gracias a las fracturas que comienzan a emerger en el seno del chavismo—, gana más “poder de jure” pero carece todavía del “poder de facto” para hacer cumplir sus iniciativas y terminar de precipitar un desenlace. Una vez que la Fiscal General catalogó como nulos los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ, la Asamblea Nacional decidió iniciar el proceso para seleccionar a estos jueces, ¿pero tiene la Asamblea el “poder de facto” para garantizar que estos nuevos altos funcionarios puedan entrar físicamente a la sede del TSJ e instalarse en la Sala Plena? Esta pregunta tan elemental nos permite vislumbrar que hay un peligro, una vez que la constituyente se haya instalado a comienzos de agosto, que terminemos con dos Asambleas, dos Fiscales, dos Tribunales y quién sabe, también con dos Presidentes; un riesgo que no es deleznable y lo cierto es que cualquier observador perspicaz aceptaría reconocer que estamos avanzando en una dirección que conlleva inevitablemente a este tipo de resultado. Coloquemos como aderezo a esta potencial realidad, una economía que este año continuará contrayéndose en un 8% del PIB, una inflación que terminará sobrepasado el umbral hiperinflacionario de 500% y unos índices de pobreza que superarán el 80% de la población. Tan sólo entonces podremos visualizar con claridad el dramatismo del mundo futuro al que remamos con tanta rapidez.

El mayor riesgo asociado a esta situación de ingobernabilidad es indudablemente una mayor intensidad en el uso por parte del gobierno de la violencia estatal y paraestatal. Ya observamos como aún no llegamos al 30 de julio y vemos con estupor el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para tratar de contener la ola de protesta ciudadana —y asesinar incluso— lo cual es una realidad cada vez más cruel y aterradora. Esta es la razón fundamental por la que el proceso constituyente debe ser detenido cuanto antes; pero para poder revertirlo la movilización ciudadana debe continuar ampliándose —pasar de ser un movimiento de protesta opositor a ser un frente nacional que incluya también a grupos de otro orden político y social—. En la medida en que las fracturas dentro del chavismo y la esfera militar se profundicen, en esa misma medida el gobierno se verá obligado a revertir esta convocatoria. En cambio, si el gobierno no percibe esa amenaza como algo real (una amenaza que pueda incluso desalojarlo del poder) entonces difícilmente retrocederá. Por el contrario, si esa presión aumenta, entonces el gobierno no tendrá otra alternativa que detenerla.

Una vez que esa reversión ocurra entraremos en una nueva coyuntura histórica: iniciaremos por descarte una negociación política. Un proceso que probablemente sea facilitado por la comunidad internacional a través de un “grupo contacto”, todo ello a pesar del esfuerzo de la cancillería venezolana de escurrirle el bulto a la OEA, tal como lo han intentado articular de buena fe un conjunto de países latinoamericanos. Es evidente que a esta negociación nadie va a asistir voluntariamente; todos, absolutamente todos, irán porque no perciben ninguna otra alternativa como viable. Y muy probablemente le tocará a la comunidad internacional exigirle al gobierno algunas condiciones previas para poder hacer que esta negociación sea creíble (y evitar de esta forma que el proceso sea manipulado como en octubre pasado). Y una de las pocas concesiones significativas que pudiesen hacer que esta negociación sea percibida como irreversible es la liberación de todos los presos políticos. En particular, es imposible abordar un proceso de esta naturaleza con uno de los principales líderes políticos del país tras las rejas y con su partido político prácticamente ilegalizado. Y también es imposible enfrentar esta negociación sin reconocer que todos los grupos del chavismo, incluso aquellos que son considerados como los más duros, deben estar plenamente representados y deben ser igualmente reconocidos.

La negociación es relativamente simple: garantías a cambio de votos. El chavismo va a querer obtener garantías amplias (léase amnistía penal y fiscal) para todos sus grupos y la oposición va a buscar condiciones para poder materializar una salida electoral a cambio de importantes restricciones constitucionales adicionales (eliminación de la reelección indefinida, reducción del período presidencial, aumento de la proporcionalidad del sistema electoral, incremento del fuero militar, mayores restricciones a la prohibición de la extradicción de nacionales así como mayores limitaciones a los cambios constitucionales). Por su parte, la oposición va a exigir la remoción de las inhabilitaciones, la declaración de nulidad de los nombramientos recientes de los magistrados del TSJ y de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la incorporación de la segunda vuelta para la elección del presidente y la investigación y compensación a todas aquellas personas y familias afectadas por la violación de derechos humanos durante las últimas décadas. La única forma que ambas partes pueden garantizar la implementación de este tipo de acuerdos va a ser a través de una reforma constitucional consensuada que sea votada posteriormente por toda la población y que abra paso a su vez a una elección general (para el presidente y Asamblea Nacional) que pudiese realizarse a lo largo del 2018 conjuntamente con las elecciones locales. La reforma constitucional pudiese ser votada en un referéndum aprobatorio conjuntamente con las elecciones regionales en diciembre de 2017.

Es fácil anticipar que la introducción en la agenda de negociación de temas relacionados con los distintos tipos de amnistías así como los puntos vinculados con los esquemas de justicia transicional, van a ser asuntos que sin duda van a dividir al electorado. A pesar de esas críticas, otorgar esas concesiones a cambio de obtener una verdadera división de poderes, en especial, que la Asamblea Nacional pueda designar a los magistrados del TSJ y a los rectores del CNE de una manera independiente, es una ganancia enorme de largo plazo para Venezuela. El país estaría otorgando una amnistía (muy polémica sin duda) a cambio del fortalecimiento del Estado de derecho (“a partir de hoy y en adelante”) lo cual garantizaría el pleno funcionamiento de la justicia y la democracia. En el fondo, esta reforma constitucional podría asegurar la viabilidad futura tanto del desarrollo político como económico y social del país.

Venezuela, pero sobre todo el chavismo, debe aceptar este camino como inevitable. La oposición también debe explorar esta opción con realismo. Y debemos anticipar que la población en general probablemente se mantenga escéptica frente a las verdaderas posibilidades que los políticos logren fabricar un resultado de este tipo e incluso de la capacidad del liderazgo nacional para encarar su eventual ejecución. Las razones para ser escépticos son obvias: el chavismo, pero muy especialmente el gobierno, no ha mostrado ningún interés en explorar este tipo de alternativas; por el contrario, su interés desde la elección legislativa de 2015 ha sido desarrollar todo tipo de estratagemas para impedir una salida constitucional a la crisis. Si el país no logra remover estas barreras a una potencial negociación, presenciaremos el afianzamiento de una cultura cada vez más primitiva de la política venezolana, una cultura que busca resolver problemas complejos a través de la imposición y la violencia.

En palabras de Mariano Picón Salas: el país ahora es ese cuero que se seca.

La constituyente en el contexto internacional; por Michael Penfold

El tema internacional es fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de un cambio democrático

Por Michael Penfold | 30 de mayo, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Fotografía de Leo Álvarez

El tema internacional es fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de un cambio democrático que la población reclama con ahínco. Ciertamente, la resolución del problema venezolano pasa por factores estrictamente nacionales, pero la legitimidad de cualquier solución que pueda surgir del conflicto político nacional –una pugna que en la medida que pase el tiempo probablemente se tornará cada vez más violenta y con ribetes autoritarios más profundos–, va a depender parcialmente de esa misma comunidad internacional que contempla con estupor la tragedia que vivimos. Esa violencia surge sobre todo porque una sociedad movilizada en la calle es vista por el gobierno, así como por ciertos componentes de la fuerza armada, como una amenaza insurgente a la cual se debe reprimir ferozmente y no como una ola de protesta ciudadana frente al bloqueo constitucional y electoral al que ha estado sometida la población desde la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio y ahora a la aberrante imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que una Constituyente sin un referéndum consultivo previo, con un sistema electoral violatorio de los principios constitucionales y sin un referéndum aprobatorio posterior, es un adefesio inaceptable tanto para los venezolano como para el resto del mundo. Y una negociación política sin una comunidad internacional que pueda facilitar y verificar cualquier acuerdo entre el chavismo y la oposición, precisamente ante el colapso institucional que experimentamos, es también una quimera.

Estos mismos factores internacionales serán fundamentales no solo en lo político sino también en lo económico e incluso en lo social. Ante la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y el tamaño de la emergencia social, el país no puede retomar el crecimiento económico y aliviar la situación de indefensión que experimentan los sectores más excluidos, ante los problemas de escasez de alimentos y medicamentos, sin haber garantizado el apoyo de los organismos multilaterales y el financiamiento externo de diversas fuentes. Esta realidad va a ser cierta para cualquier gobierno transitorio (chavista, opositor o de algún tercero) por lo que todos los grupos políticos tendrán que prestarle particular atención a la relevancia de estos apoyos. El desastre económico y social que ha dejado el gobierno del Presidente Maduro es de tales proporciones –que equivale a los efectos de un conflicto armado como la vivida por los países Centroamericanos durante la década de los ochenta– a la cual si bien en la práctica aún no hemos llegado en cuanto a su intensidad sí la estamos viviendo en cuanto a su efecto negativo sobre el desarrollo económico, social e institucional. Durante nuestra generosa historia petrolera, Venezuela ha estado acostumbrada tradicionalmente, en momentos de bonanza, a financiar el resto del mundo, mientras que ahora en momentos de vacas flacas y en el contexto de un colapso institucional, debemos enfrentar la necesidad de utilizar este tipo de apoyo para reconstruir el país.

Afortunadamente, el mundo cada vez converge con mayor rapidez hacia una visión común en torno a la situación venezolana, que más allá de la descripción de sus causas y las etiquetas utilizadas para definirla, pareciera compartir la necesidad de apostar por una salida electoral como el único mecanismo que le permitirá al país estabilizarse políticamente y rescatar así su gobernabilidad democrática y el funcionamiento del estado de derecho. Tanto los gobiernos de izquierda –como los de Uruguay y Ecuador– así como los de derecha –como los de Argentina y Perú– ven en el mecanismo electoral la mejor vía para alcanzar este objetivo. El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, ha dicho de una forma muy diáfana, que la realización de elecciones representa la única solución viable para el país. El Papa Francisco ha reconocido que una salida de este tipo va a requerir de unas condiciones previas que deberían incluir la liberación de los presos políticos. Rafael Correa, justo antes de finalizar su mandato presidencial, afirmó públicamente, que unos comicios de común acuerdo entre el chavismo y la oposición, es el camino más eficiente para restaurar la gobernabilidad política, económica y social de Venezuela. Juan Manuel Santos, quien hasta hace pocos meses había adoptado una política exterior un tanto instrumental hacia Venezuela, para favorecer el proceso de paz con las FARC por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, también ha hecho esfuerzos importantes por buscar una vía diplomática que facilite este tipo de resultado. El Presidente Santos ha llegado incluso hasta el punto de retirar temporalmente su embajador y afirmar públicamente que comparte la idea de una transición democrática para Venezuela. Sorpresivamente, algunos países del Caribe, que antes era incondicionales del gobierno venezolano, comienzan a converger hacia esta misma visión.

El problema angular que confronta la comunidad internacional no es la idea de unas elecciones que surjan de potenciales acuerdos como el principal objetivo sino la forma como llegar a ellas. Este es un camino totalmente incierto ante la ruptura constitucional que vive el país. Semejante resultado depende ahora exclusivamente de un nuevo acuerdo político que parece muy distante sin que ocurra un cambio de gobierno, un cambio que idealmente debe surgir dentro del marco de la actual constitución. La iniciativa del gobierno nacional de imponer aceleradamente una Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales que contravienen la carta magna, complica aún más el panorama. La Constituyente pasa a ser una muestra más de un gobierno reincidente que no quiere explorar ninguna salida democrática. Infelizmente para el gobierno, es difícil, por no decir imposible, que la comunidad internacional acepte los términos de esa convocatoria. En la práctica, las bases comiciales de la Constituyente lo único que garantizan es la formalización de un sistema autoritario por medio de una minoría electoral. La comunidad internacional percibe correctamente, no solo que la convocatoria es inoportuna, sino que además va a profundizar aún más el conflicto venezolano. El problema de gobernabilidad del país no se va a resolver con la Constituyente; por el contrario, se va a profundizar.

¿Cómo llegar entonces a unas elecciones libres con un gobierno que ha roto la constitucionalidad? ¿Cómo llegar a ellas con un chavismo que teme la competencia electoral y la idea de perder el poder? ¿Cómo llegar a una negociación con grupos tan heterogéneos tanto del lado del gobierno como de la oposición? Estas son las preguntas centrales que van a abordar los cancilleres el 31 de Mayo en la reunión convocada por la OEA. El gobierno venezolano va a tener que tomar la decisión de participar o no en la reunión. Sería sorprendente que lo haga sobre todo después de haber manifestado su decisión de salirse de la organización. Pero al mismo tiempo si Rex Tillerson asiste como representante de los Estados Unidos es también un buen foro para que el gobierno redoble su discurso antiimperial, su denuncia ante las sanciones y alerte sobre cómo es que Venezuela es víctima de una gran conspiración internacional. Sin embargo, más allá del espectáculo político, los cancilleres latinoamericanos abordarán el problema venezolano, a través de varias decisiones que serán tremendamente relevantes para el país. Todas son decisiones que se vienen cocinando diplomáticamente en un esfuerzo por generar consensos amplios entre gobiernos ideológicamente diversos y en los que probablemente también hayan estado participando el Vaticano.

El primer cambio es que serán los gobiernos y no los expresidentes (Zapatero et al) los que van a impulsar directamente la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Existe un consenso bastante amplio que cualquier esfuerzo de mediación es inconveniente delegarlo en terceros sobre todo luego del quiebre de las negociaciones en Octubre y Noviembre pasado pues esa experiencia estuvo técnica y políticamente muy mal gestionada. Segundo, pareciera que existe un acuerdo entre los países (sobre todo por petición de naciones como Colombia, Ecuador y Uruguay) que la mejor vía de impulsar la mediación para promover una salida negociada en Venezuela no va a ser a través de una activación formal de la Carta Democrática sino a través de la creación de un grupo de países amigos tal como ocurrió con el Grupo Contadora en Centroamérica. Esta decisión permitiría que países de izquierda como Ecuador, Uruguay y Chile se involucren formalmente en un ejercicio de “diplomacia pendular” sin tener que activar expresamente la Cláusula Democrática. Bajo esta perspectiva, la Secretaria General de la OEA, continuará jugando un papel cada vez más activo en la “diplomacia pública” con miras a impulsar a través de su vocería la protección de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, tal como lo ha hecho, pero no como una instancia políticamente aceptable para mediar en el proceso. Esta decisión también parece contar con el respaldo de República Dominicana, que hasta los momentos, se ha mantenido ambivalente frente al problema venezolano cada vez que se ha sido discutido el tema en el seno de la OEA. Esta decisión también permite reducir convenientemente la influencia política de Venezuela sobre el Caribe, algo que las islas también ven con buenos ojos ante la presión tan intensa que reciben desde Caracas. Esto va a implicar que el gobierno venezolano, en caso de aceptar esta iniciativa, va a tener que abandonar la mediación de los expresidentes y la oposición muy probablemente tendrá que darle el beneficio de la duda a esta nueva propuesta.

En tercer lugar, los cancilleres seguramente van a alertar los riesgos reales que tiene el país de seguir experimentando una escalada en los niveles de violencia, rechazarán la profundización del uso de la represión para frenar las protestas, repudiarán el uso inapropiado de instancias militares para procesar penalmente a civiles y recordarán la obligación internacional que tienen todos los órganos del Estado de garantizar la protección de los derechos humanos. Esta declaración será un complemento y un recordatorio a lo que ya ha dicho en el plano nacional la Fiscalía General de la República. Finalmente, los cancilleres probablemente exhortarán al gobierno nacional a suspender la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por considerarla inoportuna ante los altos grados de conflictividad en el país; argumentarán que esta iniciativa solo va a profundizar los problemas políticos y dirán que la falta de controles al proceso podría imponer riesgos aún mayores para el funcionamiento de la democracia.

Lamentablemente, el gobierno nacional no va a escuchar ninguna de estas peticiones. Retroceder con la Constituyente implica aceptar la negociación o la salida del poder. La intención del chavismo oficial será continuar acelerando la convocatoria aun si enfrentan resistencia interna y también social. El país probablemente entrará en una nueva ola de protestas y el gobierno tratará de reprimirlas infructuosamente. Quizás, al igual que con las sentencias 155 y 156 del TSJ, la Fiscal declare que las bases comiciales violan los principios constitucionales y que esta iniciativa del ejecutivo nacional implica otra nueva ruptura del orden constitucional. Hasta ahora la Fiscalía solo se ha pronunciado sobre su inconveniencia política pero una vez hechas publicas las bases comiciales no se pronunciado sobre su contenido. El chavismo disidente también se pronunciará más abiertamente sobre el costo político de insistir con este proceso. El mundo militar, al igual que los otros sectores del país, terminará resquebrajado. La crisis de gobernabilidad del país habrá llegado a su verdadero clímax. Tan sólo en ese momento quizás recordemos la pertinencia del camino que sugiere el mundo internacional. Por ahora, la profundización del conflicto parece inevitable.

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Las bases comiciales para la constituyente: comentarios para su análisis; por Michael Penfold

Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la

Por Michael Penfold | 24 de mayo, 2017

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Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la responsabilidad de escribir un nuevo texto constitucional, sino también de regular e incluso suspender el funcionamiento del resto de los poderes públicos. Me gustaría resumir mis comentarios sobre dichas bases comiciales en tres bloques diferentes. Cada una de las implicaciones de estos distintos bloques tiene consecuencias normativas, jurídicas (pero sobre todo políticas) muy diferentes; implicaciones que los expertos constitucionalistas y los partidos políticos, así como la sociedad civil, tendrán que sopesar para tomar la decisión sobre si participan o no en este proceso. No me corresponde y tampoco quisiera adelantar una recomendación, pero la misma me parece evidente. Me corresponde aquí tan solo apuntar de manera muy general algunas consideraciones que pueden ser relevantes ahora que contamos con mayores detalles sobre las reglas y el sistema electoral que plantea el Ejecutivo Nacional para convocar directamente la elección de un poder constituyente.

El primer elemento es que las bases comiciales excluyen tanto la realización de un referéndum consultivo para activar la convocatoria, así como la necesidad de realizar un referéndum para aprobar una futura Carta Magna. En ningún momento las bases comiciales incluyen la consulta a la población como cuerpo soberano, en el que reside la voluntad popular, para secundar la iniciación del proceso constituyente en los términos que propone el Ejecutivo Nacional y tampoco lo hace obligatorio para validar el nuevo texto constitucional. Este factor contrasta con el proceso constituyente anterior, en el año 1999, que no solo conllevó al chavismo a legitimar popularmente con el 72% de aprobación el actual entramado constitucional, sino que también contradice abiertamente las consideraciones establecidas en la Constitución vigente para su modificación. En el fondo, estas bases comiciales le permitan al presidente tener el poder para iniciar el proceso constituyente y también lo faculta para fijar los términos de la convocatoria sin ningún tipo de consultas democráticas (algo que está expresamente prohibido por el texto constitucional actual diseñado por el mismo chavismo). Según las bases comiciales, en principio, la nueva Carta Magna no tendría que ser sujeta a la aprobación popular, sino que la misma Asamblea Constituyente definirá ese requisito a su propia discreción una vez que haya terminado sus funciones. En otras palabras, las bases comiciales aprobadas por el presidente Maduro abren la posibilidad de que el proceso constituyente no cuente con ningún tipo de controles democráticos más allá de la simple elección de sus representantes.

El segundo bloque de comentarios está referido al sistema electoral para escoger los 540 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Un número de 312 miembros serán electos a través de un sistema mayoritario en cada uno de los municipios existentes del país. Estos asambleístas serán escogidos por mayoría simple en cada una de los territorios municipales. Es así como todos los municipios, indistintamente de su tamaño poblacional, terminan siendo igualados con un representante por cada entidad. Este sistema electoral es un esquema que sobrerrepresenta a las unidades territoriales independientemente de su tamaño poblacional. En Venezuela, los municipios menos poblados suelen ser rurales y los más poblados tienden a ser urbanos. También es cierto que los municipios menos poblados tienden a ser los más pobres. En el fondo, este sistema electoral implica que aun perdiendo la votación nacional, un partido político con presencia mayoritaria en los municipios más pequeños puede llegar a obtener una representación significativamente más alta que su apoyo electoral a nivel nacional. Este tipo de esquemas permiten direccionar el gasto clientelar de manera muy eficiente pues ayuda a garantizar un rédito político muy alto en función de la baja población del municipio y también del bajo nivel de ingreso que hace que este tipo de estrategia sea particularmente efectiva. En el caso del Distrito Capital (Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta) y los otros 23 estados del país, el sistema electoral es modificado para garantizar un sistema proporcional de 2 puestos por cada entidad. En principio, la adopción de este sistema proporcional con un tamaño de dos puestos por estado federal implica que los dos candidatos más votados, aún siendo de partidos diferentes, tendrán una probabilidad muy alta de ser seleccionados. Tanto el chavismo como la oposición (en caso que ambos coordinen sus candidatos adecuadamente) se repartirán con una probabilidad muy alta equitativamente estos puestos de representación, al menos que la oposición logre en algunos estados más que duplicar la votación del chavismo o viceversa. En cuanto al municipio Libertador, el número de representantes aumenta a 7 puestos, los cuales también serán seleccionados a través de un sistema de representación proporcional.

En términos generales, el sistema electoral descrito en las bases comiciales implica que para poder ganar la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el gobierno como la oposición, van a tener que ser muy competitivos en los municipios menos poblados del país. Los incentivos creados por el sistema electoral son muy claros: dada la sobrerrepresentación que tienen estos municipios serán estas pequeñas entidades las que hagan la diferencia. Esto amerita una buen simulación para estimar el efecto de este sesgo. Por otro lado, el haber fijado en 2 puestos por estado el tamaño de los distritos con un sistema proporcional, le asegura al gobierno que aun sin ganar la elección mayoritaria en las distintas entidades federales tendrá garantizado por lo menos la mitad de los curules. Tan sólo si la oposición dobla su votación puede mitigar este otro sesgo, algo que quizás logre en estados como Táchira o Zulia, pues en estos casos se llevaría ambos puestos a pesar de la proporcionalidad.

El resto de la Asamblea Nacional (prácticamente un tercio) será seleccionado a través de un sistema corporativista sectorial. El sistema electoral es por lista, pero queda por definir si el sistema es uno en el que se seleccionan los más votados individualmente o por planchas presentadas por grupos diferentes. Lo más sorprendente de este sistema es que adopta un esquema de representación sectorial (la circunscripción territorial tan solo se mantiene para la elección de los indígenas) e introduce un registro electoral para cada uno de los sectores (que no es un registro que está en manos del Consejo Nacional Electoral). La definición de los electores para cada uno de los sectores probablemente dependa de otros registros distintos al padrón existente: un registro que está en control de otras instancias gubernamentales y sociales (como por ejemplo el seguro social, inces, cámaras, gremios, etc). Por lo tanto, estos registros no han sido auditados por la autoridad electoral y se asumen como perfectamente representativos del sector seleccionado. Sorprende igualmente la arbitrariedad en la escogencia de los sectores (estudiantes, empresarios, pescadores y campesinos, discapacitados, comunas, trabajadores y pensionados) pues se excluyen otros que tanto por su tamaño como por su pertinencia social son igualmente importantes (academia, trabajadores informales, microempresarios, amas de casas y comunidad LGBT). La implementación de este sistema va a ser un dolor de cabeza para el Consejo Nacional Electoral, pues su adopción es cuestionable tanto por la integridad de la base electoral como por su representatividad. Este sistema es tan absurdo que en un país que se hace llamar socialista los empresarios van a tener más votos que un LGBT o una ama de casa. Todo esto sin mencionar el carácter corporativista y por lo tanto antidemocrático de semejante esquema de representación política.

El tercer bloque de comentarios se refiere a la inclusión en la base comicial del estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como las reglas que deben en principio regir provisionalmente el funcionamiento de la nueva constituyente. Este estatuto establece claramente que todos los poderes públicos que están en funcionamiento quedan sujetos a esta instancia por lo que pueden ser suspendidos mientras culmina el proceso de redacción y la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió con el Congreso de la República que fue electo en 1998 y que luego fue sustituido por la nueva Asamblea Nacional electa en el año 2000. Aunque las bases comiciales no establecen la fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el Presidente como la Presidenta del Consejo Nacional Electoral han dicho que se realizará a finales de julio. Ambas autoridades también han hecho saber su intención de aceptar la convocatoria de las elecciones para gobernadores a finales de este mismo año. Esta decisión seguramente planteará un dilema para la oposición sobre si participa o no en este proceso (ya algunos líderes partidistas han anunciado su decisión de no avalarlo), pues sería percibido como contradictorio renunciar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y aceptar simultáneamente competir en las elecciones regionales de diciembre. Esto implica una gran disyuntiva política para la oposición y la decisión marcará sin duda un antes y un después.

El principal desafío del gobierno es demostrar internacionalmente pero también dentro de las mismas filas del chavismo, sobre todo entre los grupos insatisfechos, que una constituyente sin controles democráticos ex-ante y ex-post es verdaderamente legítimo; pero sobre todo que es perfectamente chavista y protectora del “legado del comandante”. La oposición enfrenta otro tipo de desafío, más ahora que el gobierno propone un cronograma electoral tanto para la constituyente como para las regionales. Este desafío es el que debe poder comunicar con eficacia y coherencia tanto en el exterior como en sus bases de apoyo ciudadano —independientemente de su decisión sobre su participación—, el quiebre del funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en el país.

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Los cuatro escenarios políticos en Venezuela; por Michael Penfold

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera condición es que la movilización

Por Michael Penfold | 9 de mayo, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Fotografía de Leo Álvarez

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social. Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible. Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa. Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social. En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada. Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino. Esto es lo que algunos llaman el costo de salida. Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo. Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable. Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición. Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables. Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas. Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país. Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos. Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia. Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada. Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país. Mi respuesta siempre es la misma: el cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela. En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio. Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

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La Negociación: Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual. Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta. Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente. El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas. La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial. Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”. El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas: Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional. Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos. El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen. La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE. También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas. Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social. Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición: En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada. El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur. La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso: El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado. Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril de 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica. El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros. El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción: La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición. El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos. Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción. El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado. Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

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Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política. Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva. Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–. De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario. Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

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La Constituyente: Venezuela es oficialmente un berenjenal; por Michael Penfold

El Gobierno huye hacia adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la OEA, anticipando

Por Michael Penfold | 2 de mayo, 2017
Fotografía de Gabriel Méndez

Fotografía de Gabriel Méndez

El Gobierno huye hacia adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la OEA, anticipando la posibilidad de que se activase la Carta Democrática. Al apelar a los artículos 347, 348 y 349 que le permiten al Presidente convocar vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro prefirió hacer una apuesta aún más incierta que, incluso, continuar profundizando el conflicto de desgaste que mantiene con la oposición. Esto es en sí mismo sorprendente.

Quizás las presiones internas e internacionales fueron tan grandes sobre el Gobierno para convocar algún tipo de elección –regionales o probablemente una mega elección–, y ante la certeza de tenerlas perdidas, es muy probable que estas mismas presiones terminaran obligándolo a impulsar este tipo de convocatoria precisamente para continuar posponiendo, esta vez formalmente, el calendario electoral. El argumento político del oficialismo es bastante obvio: mientras haya un proceso Constituyente quedan oficialmente suspendidos todos los comicios para gobernadores, alcaldes y también para presidente. La Constituyente ayuda así a darle un barniz “legal” a la situación de facto que nos cobija: que el chavismo ya no gana elecciones y que dejó de estar dispuesto a medirse bajo sus propias reglas constitucionales y electorales.

Sin embargo, tanto para el chavismo como para el presidente utilizar este instrumento constitucional es políticamente muy riesgoso. Puede perfectamente representar un quiebre irreparable. Las constituyentes sirven para promover un cambio institucional, incluso uno que permita concentrar más poder en la Presidencia como lo logró la revolución bolivariana a finales del siglo pasado, pero pocas veces para atrincherarse, sobre todo en medio de un colapso económico como el que experimentamos, y con unas protestas sociales y políticas como las que se presentan en la actualidad.

Evidentemente, el carácter corporativista e incluso de representación indirecta que asoman las bases comiciales que diseña el Ejecutivo le va a restar cualquier viso de constitucionalidad y legitimidad a ese proceso; pero sobre todo es difícil, por no decir imposible, explicarles a los ciudadanos de a pie cómo es que una constituyente ayuda a resolver los problemas económicos y sociales del país. Mi impresión es que esta convocatoria es un boomerang que puede terminar haciendo al Gobierno aún más impopular (y no sólo más autoritario) pues va a terminar de confirmar en la opinión publica lo irreparable que resulta su propia ineficiencia y, más aún, su afán de mantenerse en el poder a cualquier costo.

¿Cómo es que una Constituyente resuelve los problemas de abastecimiento e inflación por los que protestan los sectores populares en el oeste de Caracas? La Constituyente va a hacer que en la opinión publica el chavismo parezca aún más desconectado de sus propias bases electorales y sociales. La idea de que el carácter corporativista de la constituyente –misiones, obreros, sectores productivos, comunas, etc.– va a dinamizar esa conexión, me parece que es un acto de fe más que un cálculo político realista. Tratar de ejercer el control político a través de este mecanismo es una propuesta no solo temeraria sino tremendamente irresponsable.

Esta decisión gubernamental también va a profundizar la presión internacional. El Gobierno va a tratar de venderle a la comunidad internacional que la decisión es perfectamente constitucional y que abre además un camino electoral que es precisamente lo que la oposición ha venido solicitando. Y evidentemente muy pronto el Gobierno también contará con el respaldo de la Sala Constitucional del TSJ para blindar aún más sus argumentos. Pero el Vaticano debe estar sorprendido –así como los países de la región que estaban dispuestos a buscar una solución negociada fuera de la esfera de influencia de la OEA–, de cómo es que un Gobierno que viene hablando de negociación y diálogo como una condición necesaria para lograr la paz, impone repentinamente una salida corporativista de este tipo.

En la mente de los actores internacionales esta convocatoria profundiza más bien la ruptura constitucional y le resta más credibilidad al Gobierno. Tampoco nos debería sorprender que las fisuras internas dentro del chavismo a partir de ahora comiencen a hacerse cada día más evidentes. En la medida en que la convocatoria vaya siendo rechazada en la opinión pública, en esa misma medida actores internos se van a ir deslindando. La sociedad, por su parte, conjuntamente con los partidos políticos de oposición, continuará protestando en las calles. La sociedad percibe que esta es su responsabilidad existencial frente a un Gobierno que hace rato perdió el compás moral y político.

Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal.

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La sociedad contra el estado en Venezuela; por Michael Penfold

  La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que

Por Michael Penfold | 21 de abril, 2017

 

Fotografía de Leo Álvarez / Haga click en la foto para ver la galería completa

Fotografía de Leo Álvarez / Haga click en la foto para ver la galería completa

La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que el conflicto venezolano es mucho más amplio: representa una sociedad que decidió rebelarse frente a un Estado autoritario que ha optado reiteradas veces por frenar cualquier posibilidad de cambio a través de un uso cada vez más intensivo de la represión. Los eventos de San Félix, hace unas pocas semanas atrás, también ilustraron esa misma dinámica del descontento, con otro repertorio de protesta, que reflejó igualmente la profundidad del malestar que aqueja a la población y su disposición a manifestar activamente.

Pero el hecho de que la sociedad haya logrado irrumpir de forma definitiva en el escenario político venezolano, con un brío que probablemente vaya desbordando tanto al gobierno como a la misma dirigencia opositora, no quiere decir que la sociedad tenga su victoria asegurada. Tampoco quiere decir que el cambio sea inmediato o inevitable y mucho menos que el proceso sea pacífico, predecible y lineal. Es indudable que la manifestación del 19 de Abril simboliza una ciudadanía que durante más de cuarenta años ha acumulado una cultura política centrada en el voto (aquí manda el pueblo) que el gobierno ha conculcado de una forma tan aberrante que ha causado una gran indignación, incluso dentro de las mismas bases chavistas. Los venezolanos claramente están diciendo que no están dispuestos a entregar involuntariamente (al menos sin ningún costo) sus derechos constitucionales para mantener en el poder a un gobierno que luce cada vez más extractivo, represivo y desconectado de sus necesidades más elementales. La concentración del 19 de Abril mostró a una sociedad que percibe su lucha como un dilema existencial.

Es por ello que para comprender las implicaciones de este evento tan significativo no basta con las comparaciones –que si la marcha fue más grande que la del 1 de Septiembre del año pasado, que si la gente ahora está más resteada que antes– sino que se hace necesario analizar la naturaleza cualitativa que convierte a esta nueva reaparición de la sociedad venezolana (con toda su heterogeneidad social y valorativa, con sus cambios demográficos y toda su carga histórica) en un fenómeno singular. Lo primero es que este evento sorprende sobre todo por su escala nacional. Fue una movilización muy diferente a lo que el gobierno pretendía etiquetar al tratar de enmarcarla en su tradicional retórica revolucionaria: es evidente que esto no fue un asunto estrictamente urbano ni caraqueño ni mucho menos del este contra el oeste de la ciudad capital. Aquí las regiones, incluso las provincias más golpeadas por la crisis económica como los andes y el oriente venezolano, mostraron su fibra ciudadana y también su indignación frente al atropello y el olvido. El gobierno insiste en el ritornelo de la polarización entre chavistas y antichavistas, como si el asunto fuera una competencia de masas, “mi marcha frente a la tuya”, y por eso terminaron taponeándose en la Avenida Bolívar, cuando lo cierto era que la protesta social adquirió a lo largo de todo el territorio una escala que los debe haber tomado por sorpresa. De ahí que limitar el acceso a Caracas se haya hecho irrelevante frente a la penetración territorial de la protesta. El mensaje ciudadano es simple para quienes ejercen el poder: se llama clamor nacional. El 19 de Abril mostró a una sociedad tercamente empeñada, frente a la imposibilidad de utilizar su derecho al voto, a elevar su voz de protesta para defender su libertad.

Sería muy tentador tratar de darle un contenido sólo político y electoral a la movilización y ponerle un rótulo exclusivamente opositor, que lo tiene, cómo negarlo, pero que tampoco lo define exclusivamente. La movilización mostró una ambición ciudadana orientada fundamentalmente a refundar el estado de derecho y la democracia. Este punto es crucial pues algunos actores pueden estar tentados a darle una lectura instrumental a la irrupción de la sociedad y pretender usar la movilización como una pieza más dentro de sus juegos de poder y sus cálculos electorales. En la medida en que la calle tenga más autonomía tendrá mayor legitimidad y será mucho más poderosa. Y eso pareciera estar ocurriendo, aunque todavía de una forma muy incipiente. No es casual que la movilización ciudadana apareció justo después de que uno de los poderes del Estado, a través de la Fiscalía General de la República, haya declarado la ruptura del orden constitucional y luego también de varias semanas de una represión creciente que aumentó el número de presos políticos y que terminó por activar una mayor solidaridad entre la población. Uno quisiera ver estos fenómenos sociales como algo que puede ser controlado, dirigido y ajustado –como parte de una estrategia– pero lo cierto es que estos procesos son intrínsecamente efervescentes y no siempre moldeables.

El país quiere un desenlace. Villa Rosa. El 1 de septiembre. El Referéndum. El billetazo. San Felix. Y ahora el 19 de abril. Y no llega. El asunto es que queremos que ese desenlace, que involucra una sociedad movilizada en la calle, se ajuste a una expectativa preestablecida que tenemos en la cabeza, un evento único, definitivo, que tampoco es realista. Más bien el efecto pareciera ser acumulativo. Y pareciera también que esos eventos en los que la sociedad se ha pronunciado, cada uno con sus respectivas particularidades, va marcando una grieta que si bien no produce una ruptura va minando. Y debilita tanto, que la estructura de poder del gobierno no encuentra otra respuesta que promover la violencia: una represión cruda y brutal. Pero esa respuesta gubernamental tampoco es sostenible. Me recuerda aquel brevísimo y maravilloso cuento del gran Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Pero claro: ¡ya despertó!

El nuevo juego de poder en Venezuela: de la ruptura al impasse constitucional; por Michael Penfold

El gobierno subestimó las consecuencias que tendría en el plano internacional, y también dentro del chavismo, las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional, que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional. El hecho que las deliberaciones de la OEA, que se realizaron a comienzos de esta

Por Michael Penfold | 1 de abril, 2017

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El gobierno subestimó las consecuencias que tendría en el plano internacional, y también dentro del chavismo, las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional, que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional. El hecho que las deliberaciones de la OEA, que se realizaron a comienzos de esta semana para discutir el informe de Almagro sobre Venezuela, hubiesen terminado con una declaración conjunta de 20 países en vez de una resolución definitiva para activar la Carta Democrática, fue interpretado equivocadamente como un gran triunfo de la revolución así como una gran oportunidad para terminar de abrogarse a través del sistema judicial todos los poderes políticos y financieros de la Asamblea Nacional.

La reacción e indignación internacional frente a la evidente ruptura constitucional que implicó, tan sólo horas después de finalizar la sesión de la OEA, la liquidación de una institución legislativa que ya se encontraba en terapia intensiva, tomó al gobierno por sorpresa. En poco tiempo, el gobierno descubrió que la restricción internacional era mucho más severa de lo que ellos mismos se imaginaban. Incluso, países como Colombia, que habían mostrado por razones evidentes mucha cautela en el manejo del asunto venezolano, promovió una protesta abierta comunicada por el propio Presidente Santos sobre la gravedad de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, catalogándola como inaceptable. La Presidente Bachelet, quien también se había mantenido en silencio frente al colapso democrático del país —a pesar de que su cancillería había adoptado una actitud vocal más crítica frente al desarrollo de los eventos venezolanos— terminó por aceptar durante una visita oficial a España, lo delicado de la situación.

Pero lo que el gobierno nunca se imaginó es que la restricción más importante vendría desde el interior del mundo chavista. El gobierno subestimó, mucho más que el nivel de irritación internacional, el impacto que las fricciones generadas por la disolución de la Asamblea Nacional podía llegar a producir dentro de sus propias esferas de poder, encontrándose con una Fiscal General de la República que inmediatamente ventiló su opinión sobre las implicaciones tan atroces que se derivaban de unas sentencias judiciales que alteraban de raíz el orden constitucional. Evidentemente, la Fiscal General no emitió esta opinión sin el apoyo político de otros factores relevantes, que seguramente compartían las mismas inquietudes frente a la desviaciones del gobierno nacional.

Todo esto hace pensar que el universo chavista comienza a parecerse cada día más al peronismo argentino, con facciones internas cada vez más encontradas y con opiniones contrapuestas, pero siempre compartiendo la sempiterna marca de la revolución bolivariana. Pero para quienes dentro del mundo opositor dudaban de la existencia de los moderados chavistas: pareciera que dentro de la revolución continúan anidándose algunas importantes fuerzas democráticas. Y es evidente que estas corrientes del chavismo prefieren a un poder ejecutivo restringido por algunas reglas básicas que a un presidente sin ningún tipo de controles legislativos.

El presidente Maduro ahora tiene que enfrentar una realidad sumamente compleja y a un grupo chavista que probablemente sea mucho más poderoso que la misma oposición (cuyos partidos lamentablemente muestran un gran músculo electoral, pero hasta ahora han revelado muy poco tino político). Después de la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio ocurrida el 20 de octubre del 2016, la oposición optó por desconectarse irracionalmente de su propia base de apoyo ciudadano, y frente a la magnitud de la nueva crisis que implicaba la disolución definitiva del Parlamento, no pudo movilizar rápidamente a la sociedad venezolana que cada vez se muestra más confundida y agobiada por la crisis económica nacional. Si bien la oposición venezolana no tiene un problema de popularidad —todos sus candidatos están en capacidad de ganar una elección presidencial—, comienza a experimentar un profundo problema de credibilidad.

Es así como el gobierno del presidente Maduro no tiene otra alternativa que manejar políticamente la opinión emitida por Luisa Ortega Díaz. La confrontación no será amigable pero tampoco será un conflicto directo. El gobierno ha escogido el Consejo de Defensa de la Nación para dirimir esta controversia interna. La consecuencia o el riesgo más grave para el gobierno es que las palabras de Ortega Díaz le permita a los organismos internacionales contar con la opinión autorizada, nada menos que de la Fiscalía General de la República, para declarar formalmente el colapso de la división de poderes y el cese del funcionamiento de la democracia en Venezuela. Es por ello, que no es descabellado pensar, que en un esfuerzo dirigido a disminuir los altos costos internacionales en los que comienza a incurrir el gobierno nacional, el chavismo se vea obligado a retractarse así sea parcialmente. De modo que a nadie le debería sorprender, si el Tribunal Supremo de Justicia en pleno, revoca o suspende por algún tecnicismo interpretativo las sentencias de la Sala Constitucional. Y esto es precisamente lo que explica por qué el presidente Maduro en cadena nacional, en la noche del 31 de Marzo de 2017, aceptó que lo que ocurrió como consecuencia de las abyectas sentencias que terminaron por disolver la Asamblea Nacional —que fueron ampliamente avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia así como abiertamente criticadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz y que él mismo como Presidente de la República dice ahora desconocer en detalle—, fue un impasse y no una ruptura del hilo constitucional.

Lamentablemente, la resolución de este problema no es un asunto semántico que pueda aclararse simplemente con distinguir entre impasse y ruptura: pues detrás de todo estos trágicos eventos comienza a reflejarse un importante cambio en el juego de poder. Un juego en el que el madurismo, en su esfuerzo por concentrar cada vez más poder político en la presidencia, pareciera comenzar a estar más restringido por las fuerzas internacionales y por las mismas fisuras internas del chavismo, que por la propia capacidad de movilización de la oposición. Y esta es sin duda la paradoja más llamativa del momento histórico en el que vivimos. Una paradoja que para todos continúa siendo un misterio: sobre todo para la sociedad venezolana en su conjunto.

Venezuela no es Nicaragua: una explicación a la ausencia de elecciones; por Michael Penfold

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión. Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial

Por Michael Penfold | 20 de marzo, 2017
Fotografía de Miguel Angulo para AFP

Fotografía de Prensa Presidencial

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión.

Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial el presidente Daniel Ortega, han sido capaces de ganar elecciones reduciendo la competencia partidista a través de un férreo control sobre el sistema electoral y el poder judicial; y el esfuerzo del chavismo de hacer lo propio a través del proceso de validación de los partidos políticos y su capacidad de postergar elecciones a su antojo violando todo tipo de reglas constitucionales.

El problema inherente a este tipo de comparaciones es que en Nicaragua el sandinismo sigue siendo electoralmente competitivo, aún bajo un sistema en el que desde hace varios años dejaron de operar las garantías democráticas. En cambio, en Venezuela, durante la presidencia de Nicolás Maduro –debido fundamentalmente a un pésimo desempeño económico–, el chavismo perdió la capacidad de ganar cualquier tipo de comicios futuros, incluso aquellos en los que logre impedir la participación de varios de sus más enconados contrincantes.

Cuando se compara los procesos políticos de Nicaragua con los de Venezuela, lo que sorprende es la importancia de esta diferencia tan básica y no la similitud compartida que tienen en el uso arbitrario de los controles institucionales para reducir a su mayor conveniencia la competencia electoral.

El punto central es que el chavismo decidió suspender elecciones simplemente porque no las puede ganar aún si lograra reducir considerablemente la competitividad de sus rivales electorales, algo que puede hacer gracias al control institucional y el apoyo militar que mantiene sobre el sistema político venezolano. En Nicaragua, el control institucional que ejerce la presidencia sobre el sistema electoral, que se manifiesta a través de su control directo sobre el poder judicial, asegura que las fuerzas sandinistas puedan garantizar “en el margen” tanto su triunfo electoral, como la continuidad de su propia hegemonía, dado el nivel respetable de popularidad de Daniel Ortega.

Con unos niveles de aprobación que tan sólo sobrepasan el 21 por ciento, la única forma en que Nicolás Maduro podría ganar unas elecciones en Venezuela es reduciendo al máximo los niveles de competencia electoral, o lo que es lo mismo, que ilegalice a todos los partidos políticos relevantes de oposición y también inhabilite a todos sus candidatos presidenciales. Aunque esta decisión podría ser implementada, colocaría al chavismo internacionalmente en una situación más delicada que la que ya enfrenta en estos momentos.

Esta diferencia es lo que explica por qué en el fondo el chavismo prefiere postergar cualquier evento electoral, sea nacional, estadal o local, antes de convocar uno con bajos niveles de competencia. De ahí que en estos momentos el objetivo político más importante del chavismo –al menos durante el 2017- sea seguir ganando tiempo en espera de un milagro que les permita aumentar su popularidad antes de la finalización formal del período presidencial en enero de 2019. Un deseo que luce bastante improbable como consecuencia de la magnitud de una recesión económica que ha borrado más de un tercio del Producto Interno Bruto del país. Un colapso que ha llevado a la población a experimentar una crisis social que no sólo sorprende por haber logrado revertir todos los avances en la lucha contra la pobreza que trajo el boom petrolero de la primera década del milenio, sino que además alarma por la rapidez de su deterioro: en tres años retrocedieron todos los indicadores sociales a niveles incluso más bajos que los registrados a la llegada del chavismo al poder en 1999.

La elocuencia de las encuestas ayuda a ilustrar este dilema político. En prácticamente todos los sondeos, Maduro pierde la elección presidencial aún con una oposición dividida participando con sus tres principales candidatos: Leopoldo López, Henrique Capriles y Henri Falcón. Maduro terminaría de cuarto detrás de todos sus contrincantes. Este resultado es curioso pues si bien el mandatario pierde fácilmente ante cualquier opción opositora, el PSUV se mantiene en estas mismas encuestas como la principal minoría partidista del país seguido por Voluntad Popular, que tiene porcentajes de apoyo mayores a los de la MUD, que a su vez está seguido por otras agrupaciones como Primero Justicia y Acción Democrática. Estos datos revelan claramente que Maduro está en una posición de mayor debilidad que la de su propio partido político y que los simpatizantes de la oposición también viven a su vez un fuerte proceso de realineación en sus preferencias partidistas, incluyendo un aumento en el número de ciudadanos que se denominan independientes.

Esto quiere decir que la única forma que el chavismo tiene para aumentar su competitividad electoral es forzando internamente la sustitución de Maduro como candidato a la reelección. Pero en estos momentos no existe ninguna figura dentro del chavismo que tenga niveles de aceptación más altos que los del presidente y tampoco existe un ambiente interno dentro del PSUV para retar su liderazgo. De modo que el chavismo pareciera tener que confrontar dos problemas de cierta envergadura: uno que tiene que ver con la competitividad electoral del gobernante y otro relacionado con la necesidad de precipitar la alternabilidad en su liderazgo. Sin una resolución definitiva a ambos problemas, el control institucional que pueda utilizar el chavismo para reducir la competencia electoral será un poder irrelevante a la hora de ganar cualquier votación, pero servirá sin duda para posponer su realización, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela.

Esta realidad electoral contrasta mucho con la de Nicaragua. Ortega no ha tenido nunca una crisis de competitividad electoral desde que volvió al poder y mucho menos de liderazgo como el que enfrenta Maduro en la actualidad. Todo ello gracias a que la economía nicaragüense experimenta altas tasas de crecimiento y posee un sector empresarial que se mantiene al margen del conflicto político a cambio de continuar impulsando la inversión privada y la apertura comercial del país, que incluye un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Esta gran diferencia en el desempeño económico de Nicaragua y la convergencia en el apoyo financiero del sector privado con los intereses políticos de la nueva élite sandinista –así como la presencia de una oposición que permanece dividida y que carece de mecanismos de coordinación electoral como los que existen en Venezuela–, hace que la comparación sea un tanto espuria, por no decir superficial.

Esta realidad también contrasta con el autoritarismo competitivo del PRI durante buena parte del Siglo XX en México. Dos reglas le permitieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) lidiar con una problemática similar a la que enfrenta el PSUV en estos momentos: la prohibición de la reelección y el uso del “dedazo” como mecanismo institucional para resolver el problema de alternabilidad en la presidencia. La prohibición constitucional a la reelección presidencial en México obligaba al PRI a promover una alternabilidad “controlada” a través del uso de elecciones poco competitivas o cuando era necesario del fraude. Sin embargo, para disminuir el conflicto interno entre las distintas facciones que peleaban por controlar la sucesión a finales de cada sexenio, el PRI adoptó el “dedazo” como la regla que delegaba en el gobernante saliente el monopolio para la selección de su propio sucesor. Esta práctica fue lo que Vargas Llosa llamó el “autoritarismo perfecto” y que el gran economista político Daniel Cosío Villegas describió con tanta lucidez cuando documentó la dinámica del poder presidencial en México.

El chavismo en Venezuela no goza de estas mismas reglas de las que tanto disfrutó el PRI: la reelección es indefinida (así fue diseñado por Hugo Chávez) y nadie sabe si Maduro también quiera aprovecharla para mantenerse en el poder (todos los políticos son ambiciosos). El PSUV tampoco cuenta con un mecanismo institucional aceptado por todas las facciones internas para escoger un sustituto. Ciertamente, Chávez instauró el “dedazo” cuando designó a Maduro como su sucesor presidencial antes de su viaje final a La Habana en diciembre de 2012 –tenía la condición de padre fundador de la revolución para hacer semejante nombramiento–, pero aún es muy temprano para saber si Maduro tiene esa misma legitimidad y si las otras facciones internas le van a conferir el mismo poder. Las posibilidades reales que tiene el chavismo de resolver estos dilemas podrían llegar a ser muy limitados, pues cualquier intento de resolverlos podría generar fricciones de alto voltaje dentro del mismo partido de gobierno. Ante la intensidad de este potencial conflicto político interno, el chavismo probablemente prefiera continuar posponiendo, al menos en el corto plazo, la resolución a estos problemas, es decir, evitando cualquier evento electoral.

¿Pero habrá elecciones en un futuro cercano en Venezuela así sean poco competitivas? ¿Se atreverá el chavismo a convocarlas?

La respuesta es que el chavismo aceptará voluntariamente realizar cualquier tipo de elecciones tan sólo si dos condiciones políticas se cumplen. La primera condición es que el chavismo mejore sus niveles de competitividad electoral sea porque Maduro mejoró en las encuestas sustancialmente (o que el chavismo logró acordar un sustituto que le asegura un mejor desempeño en la opinión pública). Esta primera condición es necesaria más no suficiente para que el chavismo acepte fijar un nuevo calendario electoral.

La segunda condición es que el chavismo logre inducir a través de distintos mecanismos jurídicos o estratagemas políticas una división completa o parcial de la oposición. Hasta ahora esa condición no se ha materializado a pesar de las tensiones evidentes que se anidan dentro del mundo opositor. La oposición se ha mantenido firme en proteger su voluntad política en torno a la unidad y ha pactado acuerdos informales para mitigar cualquier esfuerzo del gobierno en esa dirección. En la medida en que las tensiones entre los diversos partidos opositores logren resquebrajar la unidad electoral, sea porque el chavismo decida aumentar los costos de coordinación a través de las inhabilitaciones políticas tanto de los partidos como de sus candidatos, el chavismo se verá más animado a lanzarse al ruedo electoral. Sin embargo, también es cierto que en la medida en que la unidad de la oposición se fortalezca, los incentivos del gobierno de convocar voluntariamente una elección se reducen significativamente, incluso aún si las mismas no fueran competitivas, pues con dificultad el chavismo en estos momentos podría hacerle frente a una oposición unificada.

Existe otra vía que también permitiría que apareciera una nueva salida electoral en el país. Esta alternativa no depende de una decisión unilateral del chavismo, sino que las elecciones surgirían como resultado de un proceso de negociación política. Este proceso de negociación, bajo la mediación y verificación de la comunidad internacional, le otorgaría garantías políticas y electorales tanto a los chavistas como a los opositores, introduciría profundas reformas institucionales y fijaría acuerdos mínimos para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, la emergencia social y la liberación de los presos políticos. Si bien esta negociación supone una mediación activa en el plano internacional del conflicto venezolano, también asume una sociedad movilizada, demandando el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales. Este es sin duda el mejor escenario en el largo plazo para el país; pero es una vía que asume algo que luce improbable: una oposición que negocia con unidad de criterios y un gobierno que reconoce abiertamente el tamaño de la crisis histórica que ha creado y que acepta abandonar sus pretensiones hegemónicas sobre el resto de la sociedad venezolana.

Es así como el ejercicio comparativo con la realidad política nicaragüense arroja algunas luces que nos permiten analizar el caso venezolano pero más por sus diferencias que por sus similitudes. Aquellos que insisten en que la salida en Venezuela son “elecciones ya” al parecer tendrán que esperar a que las condiciones del chavismo cambien radicalmente. Esto puede llegar a tomar algún tiempo. Es difícil pensar que el chavismo acepte ir voluntariamente (es decir sin presión externa) a una salida electoral sin antes haber mejorado su competitividad electoral y sin antes haber forzado una división de la oposición. La alternativa a esta posibilidad es acelerar una negociación política con apoyo internacional. Esto sólo se puede hacer si hay movilización ciudadana y voluntad política de ambas partes. Con todos sus problemas, este escenario de negociación es menos divisivo tanto para la oposición como para el gobierno. Es indudable que una negociación semejante podría dar como resultado mejores garantías para todos los actores políticos y sociales, pero no hay duda que el proceso puede ser mucho más lento y también mucho más incierto.

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La fragilidad estructural del diálogo en Venezuela; por Michael Penfold

1 El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es

Por Michael Penfold | 7 de noviembre, 2016

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El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es evidente que el camino para alcanzar estos objetivos es precario, incluso con la participación de El Vaticano.

El gobierno todavía no ha mostrado algún gesto de buena voluntad significativo que le dé credibilidad a todo el proceso y la oposición se mantiene ambivalente y dividida frente a la idea de entablar una negociación luego de experimentar la forma tan descarnada e inconstitucional como fue bloqueado el Referendo Revocatorio.

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Diversos factores juegan a favor y en contra de un posible acuerdo. Los elementos que más la favorecen son fundamentalmente externos. Algunos son bastantes obvios y otros más insospechados.

1. La Comunidad Internacional. Éste es sin duda un factor  habilitador, pues induce una mayor cooperación entre las partes. Todos los actores regionales relevantes, incluyendo aquellos más críticos del gobierno como Estados Unidos, Brasil o Argentina, apoyan el proceso de diálogo. Incluso, el Secretario General de la OEA ha manifestado la necesidad de plegarse, abandonando temporalmente su intención de activar la Carta Democrática. Por si fuera poco, la inclusión de El Vaticano como mediador consensuado por ambas partes ha terminado de blindar este apoyo. La Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, pasa a jugarse su reputación no sólo frente a las partes sino sobre todo ante sus feligreses venezolanos como principal garante de la integridad del proceso. Es difícil pensar que El Vaticano haya decidido entrar en el diálogo sin un previo compromiso mínimo. El problema es cuán creíbles son estos compromisos, porque las partes llegan a la mesa con tanta desconfianza como con agendas radicalmente divergentes, de modo que el conflicto político continúa siendo estrictamente existencial.

2. La Restricción Financiera. El contexto país tiene una población exhausta y empobrecida frente a la incompetencia económica, el desabastecimiento, la aceleración de la espiral inflacionaria y el colapso del sistema de salud.  Cualquier aumento futuro del precio petrolero tan sólo serviría para compensar temporalmente la abrupta caída de la producción de PDVSA. El gobierno prácticamente ha utilizado la mayor parte de sus activos líquidos para financiar un modelo desquiciado. Y todas las fuentes de financiamiento externo están cerradas. Los prestamistas (no sólo los mercados de capitales internacionales, sino incluso los chinos y los rusos) y también los organismos multilaterales comienzan a pedir lo mismo para acceder a nuevos financiamientos: cambio de política económica, aprobación de créditos públicos por parte de la Asamblea Nacional y mayor transparencia. De ahí la urgencia por parte del gobierno de introducir el tema económico en la negociación, no sólo porque es conveniente compartir los costos de un posible cambio de rumbo (por más gradual que estos cambios puedan llegar a ser), sino además por la necesidad de contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para poder aprobarlos. Este factor, curiosamente, se va a convertir en la mayor palanca de negociación por parte de la oposición, mucho más poderosa que su fuerza política.

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3. Los militares. Es difícil escudriñar los intereses de una institución como las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A pesar de la retórica lealtad revolucionaria, los militares pueden tener incentivos a presionar por una salida acordada, siempre que preserve sus intereses, se les garantice el uso del fuero constitucional que los protege y se le otorguen garantías jurídicas a los chavistas con quienes han compartido el ejercicio del poder durante casi dos décadas. Adicionalmente, las divisiones internas (especialmente entre los eslabones más bajos de la institución) probablemente sean cada vez más acentuadas. Quizás los militares aceptaron acatar la arbitraria suspensión del Referendo Revocatorio a cambio de que el gobierno aceptara iniciar un proceso de esta naturaleza y minimizar así los diversos riesgos para la institución castrense.

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Existen otros factores que obstaculizan cualquier acuerdo, de modo que también vale la pena enumerarlos:

1. El tiempo: la dimensión temporal de la negociación es compleja pues ambos actores tienen tasas de descuentos muy diferentes.  El tiempo juega a favor del gobierno, sobre todo después de que se cruce el umbral del 10 de enero de 2017, cuando una renuncia o un referendo no llegaría a precipitar elecciones presidenciales, al tiempo que el gobierno obtiene grandes réditos manteniéndose en la mesa sin necesariamente otorgar concesiones significativas a las primeras de cambio. Obviamente, los costos para el gobierno de que la oposición abandone unilateralmente la mesa comienzan a caer dramáticamente una vez que se inicia el nuevo año.

2. Los radicales chavistas son creíbles: el chavismo ha mostrado que su ala más dura es más poderosa que sus facciones más moderadas. La forma en la que se suspendió el Referendo Revocatorio mostró de forma muy cruenta sus fortalezas. En la oposición ocurre totalmente lo opuesto: el ala moderada pareciera tener mayor control político que los más radicales. En el fondo, en el chavismo los llamados “moderados” no son claramente visibles, por lo que los moderados opositores van a tener que hacer muchas concesiones para poder llegar a un acuerdo aceptable para los duros chavistas, lo cual podría como consecuencia enajenar una base de apoyo popular muy relevante para la oposición.

3. La oposición no tiene una amenaza creíble: al aceptar desmovilizar temporalmente la protesta en las calles y posponer en la Asamblea Nacional la votación sobre la responsabilidad política del Presidente, como respuesta a la crisis constitucional que supuso el bloqueo del referendo, la oposición perdió su poder de negociación más importante. Lo único que mantiene en sus manos es su capacidad de formalizar ante la OEA y Mercosur la ruptura del hilo constitucional que ha ocurrido en Venezuela, algo que tampoco va a poder realizar en estos momentos, al menos hasta tanto continúe operando una mesa de diálogo respaldada por la comunidad internacional.

4. Nuestra cultura política: en Venezuela se ha instaurado una cultura política que favorece el lenguaje de guerra, el clientelismo, la impunidad, la corrupción y la confrontación directa. Además, privilegia el uso de las redes como mecanismo de comunicación directa entre los actores y estigmatiza la política, la negociación, la discusión racional de las políticas publicas y los acuerdos. Es una herencia del chavismo que varios en la oposición imitan con el mismo fervor. Estos elementos de la cultura política venezolana se agravan con el uso de la violencia: tanto la estatal como la paraestatal. Esto se hace evidente en el uso de la represión para perseguir y silenciar a los factores de oposición que más les irrita. De ahí que el tema de los presos políticos tenga tanta importancia: en todos los procesos de conciliación, la amnistía política es un paso previo a cualquier negociación. Es la señal de buena voluntad por excelencia. En Venezuela, López Contreras legalizó a todos los partidos políticos para poder acordar los pasos de una apertura democrática gradual. Rafael Caldera hizo lo mismo con la izquierda venezolana después de la cruenta insurgencia de los sesenta.

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La mesa de diálogo, incluso con la presencia del El Vaticano, es una iniciativa importante pero extremadamente frágil.

En el papel pareciera que es el mejor camino disponible para generar resultados, tanto políticos como económicos y sociales, que incluso en el corto plazo podrían llegar a ser estables y concretar una salida electoral para Venezuela.

Sería absolutamente irresponsable no explorarla, sobre todo porque las alternativas parecieran ser irreales y probablemente terminarían dándole  aún más poder al estamento militar, algo de lo que ya gozan en abundancia.

En otro artículo publicado aquí en Prodavinci señalé las características ideales de una posible negociación, pero reconozco que esto es tan sólo un deseo teórico que dista mucho de la realidad. Es necesario reconocer con honestidad que los factores internos que caracterizan a este proceso no auguran un acuerdo favorable para la oposición.

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Su mayor bondad es que internacionaliza la crisis venezolana y por lo tanto restringe más al chavismo (por ser gobierno) que a la oposición. Sin embargo, es evidente que cualquier texto que surja del seno de estas mesas va a estar caracterizado por concesiones muy limitadas, debido a las amenazas creíbles que tiene el segmento más duro dentro del chavismo, a la falta de congruencia temporal entre ambos grupos y a la asimetría en el poder de negociación.

El acuerdo, si es que se materializa, tendrá entonces como resultado garantías parciales con concesiones sustantivas, sobre todo en el ámbito electoral, incluyendo la formalización de un cronograma y el otorgamiento de algunas garantías electorales. Y quizás ofrezca algunos avances en la esfera económica. Pero sólo la presión externa va a poder compensar la debilidad negociadora de la oposición, más allá de su mayoría electoral actual, e inducir al gobierno a que ceda en algunos otros puntos igualmente críticos.

Es indudable que las probabilidades de que todo este esfuerzo colapse son muy altas. Y si eso ocurre, se van a profundizar el conflicto, la crisis económica y la crisis social en la que todos estamos inmersos.

Venezuela es una grieta y el país se encuentra atascado en la parte más baja de la montaña, pero también en la parte más dura. Vivimos en una nación donde la ferocidad del verbo, la ausencia de instituciones, la irresponsabilidad económica, las armas, la represión y la falta de confianza conspiran permanentemente contra la tolerancia y el desarrollo.

En ese contexto, el diálogo es apenas eso: una esperanza muy tenue.