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Las consecuencias no intencionadas de las sanciones económicas; por Michael Penfold

Las sanciones económicas recientemente anunciadas por la Casa Blanca hacia Venezuela implican un profundo cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta política estuvo centrada en la utilización de sanciones individualizadas a funcionarios gubernamentales orientadas a restaurar la democracia en el país y condenar la violación de derechos humanos –conjuntamente

Por Michael Penfold | 29 de agosto, 2017

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Las sanciones económicas recientemente anunciadas por la Casa Blanca hacia Venezuela implican un profundo cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Hasta hace poco esta política estuvo centrada en la utilización de sanciones individualizadas a funcionarios gubernamentales orientadas a restaurar la democracia en el país y condenar la violación de derechos humanos –conjuntamente con un aumento multilateral de la presión internacional–, y comienza ahora a mostrar una estrategia orientada a utilizar restricciones financieras y potencialmente comerciales que buscan limitar la capacidad del gobierno de adquirir nuevos endeudamientos o de vender activos a través de inversionistas internacionales en el mercado norteamericano.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ya había anunciado días antes en la comunidad de El Doral en Florida el objetivo de este cambio de política exterior, al señalar que los Estados Unidos estaba plenamente comprometido a utilizar “todas las medidas económicas y diplomáticas disponibles hasta que la democracia en Venezuela fuese completamente restaurada”. Sin embargo, la utilización de sanciones económicas no necesariamente garantiza el cumplimento de este objetivo. Aplicar sanciones de este tipo puede más bien terminar ayudando de una forma no intencionada al gobierno en Caracas, sobre todo pues ya antes de la publicación de las mismas, Venezuela vivía en un ambiente económico y financiero marcado por las mismas consecuencias que buscan ocasionar este tipo de acciones gracias a la incompetencia y la corrupción de la política económica actual del gobierno venezolano. Es un hecho que sin las sanciones recientes, Venezuela ya estaba económicamente aislada y en ruinas y sin acceso a los mercados internacionales de capitales.

La pista del aeropuerto de Maiquetía desde hace varios meses atrás está prácticamente vacía. Hasta hace unos pocos años, Alitalia, Lufthansa, KLM, British Airways, Air Canadá, así como otras múltiples líneas aéreas internacionales, tenían vuelos diarios a Venezuela. United, Delta y American volaban varias veces al día directamente a Miami, Houston, Dallas y Nueva York. En estos momentos, hay diez veces más vuelos de los Estados Unidos a La Habana que a la misma Caracas, que es un mercado petrolero y comercial mucho más relevante que Cuba. La falta de pagos de la deuda comercial ocasionada por el control cambiario, los problemas técnicos en el aeropuerto y las fallas en los protocolos de seguridad, reflejan mejor que ninguna otra imagen, como el país está en la práctica completamente aislado.

La industria automotriz es otro perfecto espejo de esa realidad. En medio de la bonanza petrolera de comienzos del milenio, en Venezuela se estaban vendiendo casi 400.000 vehículos de los cuales casi la mitad eran ensamblados en el país. Desde que Maduro llegó a la presidencia en el 2013, la contracción económica ha sido tan severa –con más de un tercio del PIB evaporado– que el sector automotriz apenas alcanza a ensamblar unas 20.000 unidades vehiculares. General Motors decidió cerrar su planta en Valencia, que era una de las más importantes en América Latina, y empresas como Ford y Toyota se encuentran prácticamente paralizadas.

Estos son tan solo dos ejemplos de muchos otros que muestran cómo un país rico en petróleo fue empobrecido por un sistema económico marcado por la corrupción, los controles y la violación de los derechos de propiedad. El uso de sanciones económicas por parte de los EEUU hacia Venezuela solo puede contribuir a que una situación que era precaria se convierta en una realidad mucho más catastrófica. Sin sanciones, gracias al recorte indiscriminado de importaciones por parte del gobierno venezolano para poder cumplir con los compromisos de pago de deuda en el exterior, y a la insistencia de mantener un régimen cambiario absolutamente perverso, las proyecciones eran que Venezuela se iba a contraer en más de un 12 por ciento en el 2017. Con las sanciones, ese proceso posiblemente se acelere aún más.

Los estudios académicos sobre las sanciones económicas son bastante elocuentes en cuanto a los resultados mixtos del uso de este tipo de políticas para modificar comportamientos de otras naciones o incluso como instrumento para desestabilizar los regímenes políticos. En estos momentos, países como Rusia, Cuba, Irán, Corea del Norte y ahora Venezuela, entre algunas otras naciones, son sujetos de este tipo de medidas. En términos generales, la evidencia empírica muestra que las sanciones económicas tienen una probabilidad más alta de modificar comportamientos cuando son utilizados en contra de otras democracias y tienen efectos menos probables de alcanzar ese objetivo sobre sistemas autoritarios. Los gobiernos autoritarios logran aislar de forma efectiva a los grupos políticos más leales de los efectos de este tipo de sanciones y también hacen que los grupos políticos opositores, así como su base de apoyo poblacional, paguen un costo más alto. La evidencia empírica también muestra que estas medidas son más efectivas cuando tienen un alto grado de credibilidad y cuando logran ser coordinadas de manera multilateral. Por ejemplo, en el caso de Irán las sanciones económicas solo tuvieron algún efecto cuando la Unión Europea comenzó a colaborar en su implementación. Es por ello, que los países que utilizan sanciones, lo hacen de una forma “inteligente” (SMART), tratando de individualizar su efecto a las personalidades y las entidades claves dentro de la coalición gubernamental; y cuando se deciden utilizar restricciones comerciales o financieras, lo hacen también dentro de un esfuerzo de coordinación internacional que lo haga mucho más creíble. La literatura sobre democratización también encuentra evidencia muy robusta sobre la importancia de los factores domésticos –en especial de la existencia de grupos de oposición bien organizados y de la relevancia de los medios de comunicación y las redes sociales– como factores incluso de mayor importancia que las mismas variables internacionales. En un esfuerzo de democratización, la esfera internacional es un complemento pero nunca un sustituto a las variables domésticas.

No es descabellado argumentar que imponer sanciones sobre Venezuela puede llegar a tener un efecto opuesto a lo que la política exterior busca alcanzar. Para empezar, el anuncio realizado por los Estados Unidos es poco creíble (pues básicamente formaliza una realidad que ya existía en los mercados internacionales de capitales) y tampoco logra coordinar sus acciones en un marco multilateral. El anuncio básicamente limita la capacidad del gobierno venezolano de emitir nueva deuda en el mercado norteamericano, restringe la posibilidad de utilizar activos para refinanciar deuda existente, impide a CITGO entregar dividendos y sanciona la posibilidad de que compañías norteamericanas aumenten su capital accionario en empresas estatales venezolanas (lo cual está dirigido fundamentalmente al sector petrolero y minero). Las sanciones económicas por lo tanto dejan intacto el mercado secundario de bonos venezolanos –incluyendo las polémicas operaciones de FINTECH, Goldman Sachs y Nomura–.

En el fondo, las sanciones traen poco “colmillo” pues ya era un hecho que antes de los anuncios de la Casa Blanca los mercados de capitales estaban cerrados para el país –la prima de riesgo es absolutamente prohibitiva para Venezuela gracias a la nefasta política económica existente–. También era una realidad la imposibilidad de obtener un nuevo refinanciamiento a través de CITGO pues ya la empresa estaba totalmente afectada luego de la oferta de swap de PDVSA y la operación de Rosneft en el 2016. Y era otra realidad que tan solo las empresas rusas y chinas (ninguna empresa de los Estados Unidos) estaba explorando la posibilidad de incrementar su posición accionaria en los empresas mixtas en el sector petrolero o minero. Finalmente, el único bono para el cual las sanciones prohíben explícitamente su transacción es el del 2036 emitido ilegalmente a finales del año pasado pues no tenía al aval de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el gobierno curiosamente estuvo intentando liquidar estos papeles hace unos meses a un descuento absurdo pero el mercado secundario lo encontró poco atractivo por sus propias características institucionales y más bien lo veía como altamente tóxico. Tan es así, que el gobierno decidió utilizar más bien estos papeles como garantía para alcanzar un acuerdo con una empresa canadiense para cerrar un litigio de arbitraje internacional e incorporarlo como parte del otorgamiento de una licencia para operar en el arco minero.

Los principales efectos de las sanciones económicas resultan más bien curiosos. Primero, aumenta el poder de negociación de los rusos y los chinos frente al gobierno y PDVSA pues ahora son más dependientes de ellos de lo que eran antes para poder obtener nuevo financiamiento. De modo que Estados Unidos ha logrado profundizar aún más esta relación geopolítica y podría estar aumentando la esfera de influencia de ambos países en Venezuela. Tanto China como Rusia ahora van a poder adquirir activos financieros, petroleros y mineros a una tasa de descuento aún mayor que las que Rosneft había obtenido recientemente, que eran astronómicos. Segundo, las sanciones hacen aún más atractivos los bonos que fueron sujetos de un swap con el aval de CITGO pues el balance financiero de la filial de PDVSA mejora al no poder entregar dividendos. Finalmente, el gobierno tiene ahora aún menos incentivos para modificar su política económica, pues si lo hiciese no podría acceder a los mercados, lo que es sin duda uno de los pocos incentivos que podría tener el chavismo para modificar su modelo. En general, estas sanciones –al menos que sigan escalando en el tiempo, lo cual es probable– lo que logran es garantizarle a PDVSA acceso al mínimo capital de trabajo necesario para que en el mejor de los casos pueda mantener su producción petrolera actual, pero con aún mayores problemas de liquidez, y le limita severamente la posibilidad de acceder a la inversión requerida para crecer su producción en el futuro. En otras palabras, las sanciones económicas anunciadas tienen sin duda un efecto financiero pues le restan oxígeno a Venezuela pero lo logra formalizando una realidad previa que “de facto” tenía estas mismas características. De modo que el efecto es esencialmente marginal.

En el plano político las consecuencias son aún más evidentes. Las sanciones le permiten al gobierno en el plano discursivo mover la culpa de la crisis económica y social hacia los Estados Unidos. Este cambio deja a la oposición venezolana en una posición aún más vulnerable frente a la profundización de la represión pues serán “ellos” los que asuman la responsabilidad frente a la “intervención gringa”. Ciertamente, la represión salvaje –tal como se vivió durante los últimos meses– era una realidad antes de las sanciones económicas, pero también es probable que estas acciones le permiten al gobierno tratar de bajar el costo frente a la opinión pública y sobre todo entre sus propios seguidores sobre la conveniencia de cerrar aún más el sistema político venezolano. El chavismo ha mostrado en el pasado que saben exprimir el provecho a las llamadas “agresiones imperiales”. Cerca de 55 por ciento de la población dice rechazar estas medidas, lo cual hace aún más atractivo para el Palacio de Miraflores ahondar en este tipo de discurso tan retrogrado. En la mente del gobierno, esta acción confirma todas las sospechas que estaban aguardando para justificar intensificar la ola de represión y permitirle a la Asamblea Constituyente aprobar mayores restricciones sobre la actividad política, sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Tan solo en los últimos cuatro meses, el número de prisioneros políticos ha aumentado exponencialmente hasta llegar a 645 sin incluir varias centenas más que sin ser considerados como tal continúan estando detenidos. Pocos días después del anuncio de las sanciones económicas, el gobierno respondió cerrando varias cadenas de radio, sacando del aire a un par de canales internacionales por cable, anunció potenciales restricciones a las redes sociales y llamó a investigar a varios líderes opositores; por lo que no debe sorprendernos si este tipo de acciones continúa acelerándose.

Además de alimentar los sentimientos antinorteamericanos en Venezuela, expiar los problemas de escasez de productos de primera necesidad y darle oportunidad al chavismo de aglutinarse frente a una amenaza externa, este tipo de sanciones pueden de una manera no previsible terminar fortaleciendo políticamente al movimiento opositor en el exilio, especialmente aquellos que viven en los Estados Unidos, a expensas de los partidos políticos y de los activistas democráticos que han estado asumiendo el liderazgo y el costo de las protestas ciudadanas en el país. En muchos sentidos, utilizar sanciones económicas pudiese convertirse en un “replay” de las sanciones contra Cuba durante la década de los sesenta que terminó produciendo una oposición débil en la isla y una diáspora fuerte en Florida. En el caso cubano, las sanciones terminaron de erosionar la legitimidad de una oposición clandestina que era perseguida por un régimen totalitario y terminó en cambio por hacer más robusta a la oposición en el exilio que creyó podía promover la democracia exclusivamente a través de acciones internacionales.

Hasta los momentos, en el caso venezolano, la oposición continúa siendo un movimiento político muy fuerte, a pesar de sus fisuras internas y del esfuerzo del gobierno de dividir a su liderazgo. Y esto es especialmente cierto si la oposición logra mantenerse unida y socialmente movilizada (que sin duda es un reto después del 16J) pues seguirá representando una amenaza política y electoral seria a un sistema abiertamente autoritario. Pero el riesgo que el poder político de la oposición migre hacia el exterior, simplemente porque se imponga la visión que no hay nada que hacer en el plano doméstico, es un riesgo muy alto y cuyas consecuencias podrían ser atroces. Rómulo Betancourt, durante su exilio en Costa Rica, optó por dejar que la resistencia que llevaban adelante los jóvenes adecos contra la dictadura perezjimenista fueran los que fijaran la estrategia del partido, y nunca pretendió imponer desde el exterior sus lineamientos sino más bien apoyarlos como fuera posible. Tan solo a su regreso a Caracas pretendió retomar control del partido. Las memorias de Carlos Andrés Pérez, quien fuera su secretario privado durante el exilio, deja muy claro semejante integridad del principal líder histórico de la democracia venezolana. Todos los venezolanos, tanto los adentro como los de afuera, debemos aceptar que los retos son colosales y que afinar la complementariedad entre la estrategia política en el plano internacional y nacional es un factor clave para el restablecimiento de la democracia venezolana.

Es innegable que la internacionalización del conflicto venezolano es una acción necesaria para poder restaurar la democracia y reconstruir al país. A la luz de más de 160 muertes que dejó la reciente ola de protestas ciudadanas, Venezuela pasó a ser el principal centro del debate en toda la región. Pero la internacionalización del conflicto venezolano debe darse en un marco multilateral muy bien coordinado y tampoco puede darse a costa de sacrificar el plano doméstico de la lucha política. Estados Unidos le hace un flaco favor a la causa democrática venezolana asumiendo este tipo de sanciones económicas en vez de profundizar, conjuntamente con la Unión Europea y el resto de los países latinoamericanos, el uso de acciones “inteligentes” que realmente fisuren la coalición gubernamental y abran espacios para un proceso de negociación creíble que promueva una transición democrática. El Presidente Trump a veces pareciera estar redescubriendo América Latina con un discurso propio de la Guerra Fría. Por ejemplo, si los Estados Unidos insiste en México en construir la muralla fronteriza, continúa haciendo esfuerzos por restaurar el bloqueo total a Cuba y además acelera el uso de sanciones económicas en Venezuela, va a terminar debilitando el sentimiento de acciones urgentes que la mayoría de los líderes de la región aceptan se requiere para afrontar el caso venezolano. Para ello es fundamental, romper también los espacios de influencia en el Caribe pues sorprende que Caracas pueda influir más en la política exterior de Santo Domingo que lo que termina influyendo Washington, Ciudad de México o Bogotá. También es fundamental alinear los intereses de China –que es un gran inversor en Argentina, Perú, Brasil y Colombia y no solo en Venezuela– para que este poder internacional emergente entienda que está en su mejor interés contribuir en una solución democrática a la crisis del país. Este tipo de acciones diplomáticas prometen ser mucho más efectivas que acciones unilaterales como las que fueron anunciadas recientemente desde Washington. Las sanciones económicas para el caso venezolano parecieran ser simplemente una mala idea.

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El significado de la consulta ciudadana; por Michael Penfold

La identidad venezolana es profundamente democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una Constituyente  fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez que se le impidió

Por Michael Penfold | 17 de julio, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

De izquierda a derecha los rectores Francisco José Virtuoso, Raúl López, Cecilia García Arocha, Jessy Divo y Benjamín Scharifker. Fotografía de Leo Álvarez

La identidad venezolana es profundamente democrática. Son casi seis décadas ejerciendo el derecho al voto y el derecho a la participación que el gobierno ahora quiere eliminar a través de una Constituyente  fraudulenta y que de ocurrir consolidará un sistema autoritario en Venezuela. Una identidad democrática que quedó cercenada una vez que se le impidió a los ciudadanos firmar para poder activar un referéndum revocatorio y una crisis constitucional que se agudizó con la indefinición de un cronograma electoral así como con la disolución de facto, a través de una serie de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, de una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa con una mayoría calificada en el 2015.

Lo que vimos este domingo en la consulta popular fue una sociedad autónoma, con una capacidad organizativa enorme, desplegada globalmente y dispuesta a utilizar esa misma cultura democrática, herencia de un país que en su historia contemporánea siempre ha resuelto sus conflictos por la vía electoral, y que lo único que solicita es restaurar pacíficamente el orden constitucional. Son casi 7.2 millones de venezolanos que salieron en todo el territorio nacional, en todo el planeta e indistintamente de su condición socioeconómica, a otorgar un mandato transparente al liderazgo del país, orientado a poner en funcionamiento la democracia y el estado de derecho. Son casi 7.2 millones de ciudadanos que salieron a respaldar más de 100 días de protestas, a elevar su indignación frente al colapso económico y social y que exigen se liberen inmediatamente a todos los presos políticos y que se detenga la violación de los derechos humanos. Son casi 7.2 millones de voluntades que se manifestaron a pesar de tener en contra a toda la institucionalidad electoral, a pesar del cerco comunicacional y el ejercicio de la censura, y a pesar de no contar con suficientes recursos para organizar una jornada de esta naturaleza en menos de dos semanas. Esto hace que las comparaciones con otros procesos electorales más formales puedan resultar un tanto espurias y superficiales. El domingo vimos a una ciudadanía que fundamentalmente lo que quiere es ser libre.

El gobierno intentará minimizar el efecto de este mandato. Va a amenazar con insistir en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y argumentará que el proceso de consulta fue ilegal; pero lo cierto es que simbólicamente la fuerza de la sociedad venezolana ahora es más grande que hace algunas semanas atrás, el mandato que acaba de otorgarle a la dirigencia es legítimo y democrático pero sobre todo es una petición perfectamente razonable. Si el gobierno insiste en avanzar con la Constituyente se encontrará con una sociedad aún más rebelde que no dudará en salir a defender sus derechos con más fuerza . Y es muy probable que esta situación genere aún más resistencia al interior del aparato estatal; pues si los riesgos de quiebre eran altos antes de la consulta popular -debido tanto a las protestas como a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia-, ahora las probabilidades de que esas rupturas se profundicen son mucho más elevadas. Después de esta consulta, seguir insistiendo en una convocatoria Constituyente que viola los preceptos constitucionales pone al mundo militar en una posición institucional cada vez más compleja que supone ineludiblemente reprimir a una escala aún mayor: ya no a unas protestas sino a toda una sociedad. Con los resultados de la consulta popular, el costo de la represión aumentó exponencialmente.

La única alternativa que le garantiza al  gobierno una transición ordenada es retirar la Constituyente y ofrecer una negociación. El problema que tiene el Presidente Maduro es que esa negociación ocurriría en el contexto de un mandato democrático de restauración del orden constitucional. Y por lo tanto, para el gobierno, la negociación no podrá ser una excusa para evadir las restricciones constitucionales, tal como ocurrió en Octubre del 2016 cuando el proceso revocatorio fue suspendido arbitrariamente  y el gobierno logró también evadir las elecciones regionales. En esta oportunidad, la comunidad internacional será mucho más exigente en cuanto a las condiciones de este proceso de negociación y también será más cuidadoso en documentar los acuerdos para poder verificar su implementación. La oposición, por su parte, debe saber administrar este mandato ciudadano. Tiene dos semanas para avanzar pero debe abrir un compás activo para ver si el gobierno mantiene o retira su amenaza de continuar con la Constituyente. La oposición también debe permitir que aumente la presión internacional y se materialicen las ofertas de mediación que se vienen construyendo desde el exterior. Si no hay respuestas, el país volverá inevitablemente a la senda de escalada del conflicto que la viene caracterizando y a una mayor profundización de su crisis de gobernabilidad. En esta nueva etapa, la sociedad terminará de dar el resto por la protección de sus derechos y la restauración del orden democrático, pues detrás de este evento cívico no hay sólo votos y la manifestación de una mayoría, sino hay, sobre todo, un enorme compromiso de lucha ciudadana.

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La escalada se intensifica; por Michael Penfold

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Por Michael Penfold | 4 de julio, 2017

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Existen varias maneras de analizar el anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a la decisión de organizar un plebiscito el 16 de julio como mecanismo de consulta para presionar al gobierno a revertir la Asamblea Nacional Constituyente. La primera lectura de ese acuerdo es una visión estática que describe una oposición que logró un consenso amplio, entre una diversidad de agrupaciones partidistas que aceptaron públicamente operacionalizar un proceso de desobediencia civil a través de un mecanismo refrendario, que aún sin ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, sino a través de una ciudadanía que se abroga el artículo 333 y 350, intenta legitimar su ambición de reestablecer el orden constitucional.

Con esta iniciativa, la oposición intenta retomar la ofensiva política ante un gobierno que logró durante las últimas semanas mostrar sin pudor tanto su capacidad de control institucional como su músculo militar. Con esta decisión unitaria, la calle ahora se organiza en torno a un objetivo diferente y no simplemente en función de una movilización social guiada por la protesta. Aunque la oposición sigue sin engranarse políticamente con el chavismo disidente —pues el acuerdo no incluyó a ninguna agrupación política distinta a las que ya hacían vida en la Unidad—, esta opción abre un nuevo espacio que ahora tiene el reto de probar que tiene una amplia acogida popular y que puede ser articulado con sectores más amplios de la sociedad. En paralelo, tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía General de la República, continúan en su esfuerzo por remover a los magistrados del TSJ para romper el control del Ejecutivo sobre el poder Judicial.

La segunda lectura del acuerdo es dinámica. La oposición tomó la decisión de organizar un plebiscito sin la venia del CNE como una forma de escalar el conflicto ante la arremetida del gobierno tanto en el uso de la represión como en su compromiso de continuar avanzando con la convocatoria de la Constituyente. Frente a este cambio estratégico, el gobierno seguramente ahora pasará a tratar de desmontar esta iniciativa consultiva que constitucionalmente correspondía ser organizado para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo más probable es que el gobierno responda nuevamente con un ataque político dirigido a la Fiscal General de la República; por lo que nadie se debe sorprender si esta semana o la próxima el TSJ decide separarla del cargo, usurpando nuevamente las prerrogativas de la Asamblea Nacional. A esta acción, que la oposición ya debe haber anticipado, se anunciará otra batería de respuestas para poder hacerle frente a esta nueva agresión institucional, lo cual continuará intensificando aún más el conflicto venezolano… Y así sucesivamente hasta que ocurra algún nuevo quiebre político.

Lo cierto es que el país acelera su espiral de enfrentamiento y por lo tanto de violencia política. Es indudable que el gobierno va a seguir insistiendo en su opción Constituyente aún si ello supone incrementar la represión, remover a la Fiscal General, bloquear la realización del plebiscito el 16 de julio y blindar el proceso electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral a realizarse el 30 de julio. La oposición apuesta a que incluso a partir de estos anuncios cualquiera de las acciones anteriores por parte del gobierno pueda generar reacciones inesperadas de diversos actores, tanto en el plano nacional como internacional, que precipiten una serie de eventos que permitan profundizar las grietas tanto dentro del mundo chavista como en la esfera militar y facilitar así un proceso de cambio político.

La apuesta es sin duda riesgosa. Esta iniciativa coloca al gobierno frente a una serie de decisiones que podrían terminar de deslegitimar lo que ya luce como un proceso arbitrario e inconstitucional de convocatoria a una Constituyente. Por el contrario, si el gobierno no logra reaccionar, y se realiza el plebiscito el 16 de julio, la oposición habrá obtenido un triunfo simbólico.

A estas alturas para todos los actores nacionales relevantes es evidente lo que está ocurriendo en el país: acabamos de entrar en una fase aún más peligrosa en la confrontación política, en una lucha que es cada vez más enconada y sin la mediación de ninguna institución creíble, y que tan solo un actor internacional, con mucha filigrana diplomática, va a poder desmontar. En otras palabras: continúa la escalada y se profundiza la crisis de gobernabilidad. Se aceleran los tiempos. Y se elevan las apuestas.

El hervidero y la constituyente: Otra calle ciega; por Michael Penfold

Mariano Picón Salas, con la perspicacia ensayística que le caracterizó como historiador, describió a la Venezuela del siglo XIX como un cuero seco, haciéndose eco de Antonio Guzmán Blanco: lo pisas por un lado y se levanta por otro. En pocas semanas, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, ese cuero llamado Venezuela,

Por Michael Penfold | 20 de junio, 2017
Manifestante opositora en la marcha "Todos a Caracas" del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Manifestante opositora en la marcha “Todos a Caracas” del 19 de junio. Fotografía de Leo Álvarez

Mariano Picón Salas, con la perspicacia ensayística que le caracterizó como historiador, describió a la Venezuela del siglo XIX como un cuero seco, haciéndose eco de Antonio Guzmán Blanco: lo pisas por un lado y se levanta por otro. En pocas semanas, una vez que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, ese cuero llamado Venezuela, se habrá secado nuevamente y habremos logrado recrear nuestro propio símil histórico como un perro que se muerde la cola.

El país se desliza con prisa a lo que será sin duda la peor crisis de gobernabilidad que hayamos experimentado en nuestra historia contemporánea. Esta tragedia es la secuencia lógica de un colapso que se inició en la esfera económica —con la insistencia de mantener un esquema de controles de cambio y de precios que multiplicó los desequilibrios macroeconómicos que heredamos de un período de bonanza petrolera manejado sin controles fiscales—, seguido por un colapso social que es el reflejo de una feroz aceleración inflacionaria que pulverizó en poco tiempo los salarios reales de todos los venezolanos y que culmina ahora con un colapso institucional en el que el país carece de árbitros y mecanismos electorales para dirimir sus conflictos políticos democráticamente.

La esperanza es gratis. Algunos piensan, utilizando todo tipo de subterfugios dialécticos, que este conflicto es inevitable y que de esta fricción social va a emerger un claro ganador y que es sólo cuestión de tiempo para observar el desgaste triunfal de este tipo de enfrentamientos. El chavismo, en su afán por sobrevivir políticamente, incluso recurriendo crecientemente a mecanismos represivos cada vez más letales, busca aferrarse a la más elemental de estas lógicas: el conflicto es el corazón del progreso revolucionario y por eso redobla su apuesta por impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que luce más como un fortín que como una convención constitucional. Y la oposición se abraza a un deseo un tanto más mundano de soñar con una transición política —como si realmente estuviésemos a puertas de un cambio democrático—, cuando lo cierto es que enfrentamos una amenaza de profundización de un modelo claramente autoritario.

Ante semejante disyuntiva, la sociedad venezolana, que ha resistido ya por más de ochenta días, no tiene más opciones que responder con una mayor movilización ciudadana. La presión de calle es lo único que puede obligar a que el gobierno, como consecuencia de los quiebres internos tanto militares como partidistas, acepte revertir una convocatoria constituyente que de lo contrario va a terminar de hundir al país en la más absoluta anarquía. Es así como asistimos boquiabiertos a una verdadera escalada del conflicto político que no es otra cosa sino nuestro reencuentro express con la historia decimonónica venezolana.

Es indudable que el chavismo apostará contra viento y marea a instaurar la constituyente; pero aún si la lograse instalar, probablemente tampoco tenga la capacidad para imponer sus decisiones pues este poder originario es tan sólo la manifestación de una minoría tanto política como electoral. Resulta evidente que para el gobierno del Presidente Maduro será muy difícil aderezar su “poder de facto” con su “poder de jure” sin terminar apelando más bien a las armas y a sus grupos de choque para poder hacer cumplir sus distintos decretos constituyentes. En este sentido, el esfuerzo de la Fiscalía General de la República de retar abiertamente la constitucionalidad de esta iniciativa, se convirtió en una acción subversiva que minó cualquier posibilidad para que esa fusión entre lo político y lo jurídico se materialice, lo cual a su vez impide barnizar de legitimidad a una idea que es desde su inception intrínsecamente dictatorial. La Asamblea Nacional Constituyente, como consecuencia de estas oportunas intervenciones de la Fiscal, es ahora simplemente otro golpe de Estado más; un golpe que es la piedra de toque de una operación mucho más amplia de desmontaje de todo el aparataje constitucional bolivariano.

Ciertamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha rechazado todos los recursos interpuestos por la Fiscalía, con el objetivo de garantizar la continuidad de la convocatoria constituyente, pero a pesar de este bloqueo, el daño jurídico y democrático de este proceso ya está hecho y es un daño muy profundo. En estos momentos, la constituyente es para el PSUV, pero sobre todo para el madurismo, tan solo una ficha, una excusa para obtener un mayor poder de negociación, un refugio para resistir, pero probablemente también termine siendo un filoso boomerang político.

La oposición por su parte —gracias a las fracturas que comienzan a emerger en el seno del chavismo—, gana más “poder de jure” pero carece todavía del “poder de facto” para hacer cumplir sus iniciativas y terminar de precipitar un desenlace. Una vez que la Fiscal General catalogó como nulos los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ, la Asamblea Nacional decidió iniciar el proceso para seleccionar a estos jueces, ¿pero tiene la Asamblea el “poder de facto” para garantizar que estos nuevos altos funcionarios puedan entrar físicamente a la sede del TSJ e instalarse en la Sala Plena? Esta pregunta tan elemental nos permite vislumbrar que hay un peligro, una vez que la constituyente se haya instalado a comienzos de agosto, que terminemos con dos Asambleas, dos Fiscales, dos Tribunales y quién sabe, también con dos Presidentes; un riesgo que no es deleznable y lo cierto es que cualquier observador perspicaz aceptaría reconocer que estamos avanzando en una dirección que conlleva inevitablemente a este tipo de resultado. Coloquemos como aderezo a esta potencial realidad, una economía que este año continuará contrayéndose en un 8% del PIB, una inflación que terminará sobrepasado el umbral hiperinflacionario de 500% y unos índices de pobreza que superarán el 80% de la población. Tan sólo entonces podremos visualizar con claridad el dramatismo del mundo futuro al que remamos con tanta rapidez.

El mayor riesgo asociado a esta situación de ingobernabilidad es indudablemente una mayor intensidad en el uso por parte del gobierno de la violencia estatal y paraestatal. Ya observamos como aún no llegamos al 30 de julio y vemos con estupor el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para tratar de contener la ola de protesta ciudadana —y asesinar incluso— lo cual es una realidad cada vez más cruel y aterradora. Esta es la razón fundamental por la que el proceso constituyente debe ser detenido cuanto antes; pero para poder revertirlo la movilización ciudadana debe continuar ampliándose —pasar de ser un movimiento de protesta opositor a ser un frente nacional que incluya también a grupos de otro orden político y social—. En la medida en que las fracturas dentro del chavismo y la esfera militar se profundicen, en esa misma medida el gobierno se verá obligado a revertir esta convocatoria. En cambio, si el gobierno no percibe esa amenaza como algo real (una amenaza que pueda incluso desalojarlo del poder) entonces difícilmente retrocederá. Por el contrario, si esa presión aumenta, entonces el gobierno no tendrá otra alternativa que detenerla.

Una vez que esa reversión ocurra entraremos en una nueva coyuntura histórica: iniciaremos por descarte una negociación política. Un proceso que probablemente sea facilitado por la comunidad internacional a través de un “grupo contacto”, todo ello a pesar del esfuerzo de la cancillería venezolana de escurrirle el bulto a la OEA, tal como lo han intentado articular de buena fe un conjunto de países latinoamericanos. Es evidente que a esta negociación nadie va a asistir voluntariamente; todos, absolutamente todos, irán porque no perciben ninguna otra alternativa como viable. Y muy probablemente le tocará a la comunidad internacional exigirle al gobierno algunas condiciones previas para poder hacer que esta negociación sea creíble (y evitar de esta forma que el proceso sea manipulado como en octubre pasado). Y una de las pocas concesiones significativas que pudiesen hacer que esta negociación sea percibida como irreversible es la liberación de todos los presos políticos. En particular, es imposible abordar un proceso de esta naturaleza con uno de los principales líderes políticos del país tras las rejas y con su partido político prácticamente ilegalizado. Y también es imposible enfrentar esta negociación sin reconocer que todos los grupos del chavismo, incluso aquellos que son considerados como los más duros, deben estar plenamente representados y deben ser igualmente reconocidos.

La negociación es relativamente simple: garantías a cambio de votos. El chavismo va a querer obtener garantías amplias (léase amnistía penal y fiscal) para todos sus grupos y la oposición va a buscar condiciones para poder materializar una salida electoral a cambio de importantes restricciones constitucionales adicionales (eliminación de la reelección indefinida, reducción del período presidencial, aumento de la proporcionalidad del sistema electoral, incremento del fuero militar, mayores restricciones a la prohibición de la extradicción de nacionales así como mayores limitaciones a los cambios constitucionales). Por su parte, la oposición va a exigir la remoción de las inhabilitaciones, la declaración de nulidad de los nombramientos recientes de los magistrados del TSJ y de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la incorporación de la segunda vuelta para la elección del presidente y la investigación y compensación a todas aquellas personas y familias afectadas por la violación de derechos humanos durante las últimas décadas. La única forma que ambas partes pueden garantizar la implementación de este tipo de acuerdos va a ser a través de una reforma constitucional consensuada que sea votada posteriormente por toda la población y que abra paso a su vez a una elección general (para el presidente y Asamblea Nacional) que pudiese realizarse a lo largo del 2018 conjuntamente con las elecciones locales. La reforma constitucional pudiese ser votada en un referéndum aprobatorio conjuntamente con las elecciones regionales en diciembre de 2017.

Es fácil anticipar que la introducción en la agenda de negociación de temas relacionados con los distintos tipos de amnistías así como los puntos vinculados con los esquemas de justicia transicional, van a ser asuntos que sin duda van a dividir al electorado. A pesar de esas críticas, otorgar esas concesiones a cambio de obtener una verdadera división de poderes, en especial, que la Asamblea Nacional pueda designar a los magistrados del TSJ y a los rectores del CNE de una manera independiente, es una ganancia enorme de largo plazo para Venezuela. El país estaría otorgando una amnistía (muy polémica sin duda) a cambio del fortalecimiento del Estado de derecho (“a partir de hoy y en adelante”) lo cual garantizaría el pleno funcionamiento de la justicia y la democracia. En el fondo, esta reforma constitucional podría asegurar la viabilidad futura tanto del desarrollo político como económico y social del país.

Venezuela, pero sobre todo el chavismo, debe aceptar este camino como inevitable. La oposición también debe explorar esta opción con realismo. Y debemos anticipar que la población en general probablemente se mantenga escéptica frente a las verdaderas posibilidades que los políticos logren fabricar un resultado de este tipo e incluso de la capacidad del liderazgo nacional para encarar su eventual ejecución. Las razones para ser escépticos son obvias: el chavismo, pero muy especialmente el gobierno, no ha mostrado ningún interés en explorar este tipo de alternativas; por el contrario, su interés desde la elección legislativa de 2015 ha sido desarrollar todo tipo de estratagemas para impedir una salida constitucional a la crisis. Si el país no logra remover estas barreras a una potencial negociación, presenciaremos el afianzamiento de una cultura cada vez más primitiva de la política venezolana, una cultura que busca resolver problemas complejos a través de la imposición y la violencia.

En palabras de Mariano Picón Salas: el país ahora es ese cuero que se seca.

La constituyente en el contexto internacional; por Michael Penfold

El tema internacional es fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de un cambio democrático

Por Michael Penfold | 30 de mayo, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Fotografía de Leo Álvarez

El tema internacional es fundamental para el país. Es un elemento central para resolver una coyuntura histórica que se ha vuelto tremendamente compleja no solo por los niveles de conflictividad y crispación social que experimentamos sino también por la ausencia de instituciones creíbles que pueden funcionar de árbitros ante la demanda de un cambio democrático que la población reclama con ahínco. Ciertamente, la resolución del problema venezolano pasa por factores estrictamente nacionales, pero la legitimidad de cualquier solución que pueda surgir del conflicto político nacional –una pugna que en la medida que pase el tiempo probablemente se tornará cada vez más violenta y con ribetes autoritarios más profundos–, va a depender parcialmente de esa misma comunidad internacional que contempla con estupor la tragedia que vivimos. Esa violencia surge sobre todo porque una sociedad movilizada en la calle es vista por el gobierno, así como por ciertos componentes de la fuerza armada, como una amenaza insurgente a la cual se debe reprimir ferozmente y no como una ola de protesta ciudadana frente al bloqueo constitucional y electoral al que ha estado sometida la población desde la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio y ahora a la aberrante imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Es por ello que una Constituyente sin un referéndum consultivo previo, con un sistema electoral violatorio de los principios constitucionales y sin un referéndum aprobatorio posterior, es un adefesio inaceptable tanto para los venezolano como para el resto del mundo. Y una negociación política sin una comunidad internacional que pueda facilitar y verificar cualquier acuerdo entre el chavismo y la oposición, precisamente ante el colapso institucional que experimentamos, es también una quimera.

Estos mismos factores internacionales serán fundamentales no solo en lo político sino también en lo económico e incluso en lo social. Ante la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y el tamaño de la emergencia social, el país no puede retomar el crecimiento económico y aliviar la situación de indefensión que experimentan los sectores más excluidos, ante los problemas de escasez de alimentos y medicamentos, sin haber garantizado el apoyo de los organismos multilaterales y el financiamiento externo de diversas fuentes. Esta realidad va a ser cierta para cualquier gobierno transitorio (chavista, opositor o de algún tercero) por lo que todos los grupos políticos tendrán que prestarle particular atención a la relevancia de estos apoyos. El desastre económico y social que ha dejado el gobierno del Presidente Maduro es de tales proporciones –que equivale a los efectos de un conflicto armado como la vivida por los países Centroamericanos durante la década de los ochenta– a la cual si bien en la práctica aún no hemos llegado en cuanto a su intensidad sí la estamos viviendo en cuanto a su efecto negativo sobre el desarrollo económico, social e institucional. Durante nuestra generosa historia petrolera, Venezuela ha estado acostumbrada tradicionalmente, en momentos de bonanza, a financiar el resto del mundo, mientras que ahora en momentos de vacas flacas y en el contexto de un colapso institucional, debemos enfrentar la necesidad de utilizar este tipo de apoyo para reconstruir el país.

Afortunadamente, el mundo cada vez converge con mayor rapidez hacia una visión común en torno a la situación venezolana, que más allá de la descripción de sus causas y las etiquetas utilizadas para definirla, pareciera compartir la necesidad de apostar por una salida electoral como el único mecanismo que le permitirá al país estabilizarse políticamente y rescatar así su gobernabilidad democrática y el funcionamiento del estado de derecho. Tanto los gobiernos de izquierda –como los de Uruguay y Ecuador– así como los de derecha –como los de Argentina y Perú– ven en el mecanismo electoral la mejor vía para alcanzar este objetivo. El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, ha dicho de una forma muy diáfana, que la realización de elecciones representa la única solución viable para el país. El Papa Francisco ha reconocido que una salida de este tipo va a requerir de unas condiciones previas que deberían incluir la liberación de los presos políticos. Rafael Correa, justo antes de finalizar su mandato presidencial, afirmó públicamente, que unos comicios de común acuerdo entre el chavismo y la oposición, es el camino más eficiente para restaurar la gobernabilidad política, económica y social de Venezuela. Juan Manuel Santos, quien hasta hace pocos meses había adoptado una política exterior un tanto instrumental hacia Venezuela, para favorecer el proceso de paz con las FARC por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, también ha hecho esfuerzos importantes por buscar una vía diplomática que facilite este tipo de resultado. El Presidente Santos ha llegado incluso hasta el punto de retirar temporalmente su embajador y afirmar públicamente que comparte la idea de una transición democrática para Venezuela. Sorpresivamente, algunos países del Caribe, que antes era incondicionales del gobierno venezolano, comienzan a converger hacia esta misma visión.

El problema angular que confronta la comunidad internacional no es la idea de unas elecciones que surjan de potenciales acuerdos como el principal objetivo sino la forma como llegar a ellas. Este es un camino totalmente incierto ante la ruptura constitucional que vive el país. Semejante resultado depende ahora exclusivamente de un nuevo acuerdo político que parece muy distante sin que ocurra un cambio de gobierno, un cambio que idealmente debe surgir dentro del marco de la actual constitución. La iniciativa del gobierno nacional de imponer aceleradamente una Asamblea Nacional Constituyente, con unas bases comiciales que contravienen la carta magna, complica aún más el panorama. La Constituyente pasa a ser una muestra más de un gobierno reincidente que no quiere explorar ninguna salida democrática. Infelizmente para el gobierno, es difícil, por no decir imposible, que la comunidad internacional acepte los términos de esa convocatoria. En la práctica, las bases comiciales de la Constituyente lo único que garantizan es la formalización de un sistema autoritario por medio de una minoría electoral. La comunidad internacional percibe correctamente, no solo que la convocatoria es inoportuna, sino que además va a profundizar aún más el conflicto venezolano. El problema de gobernabilidad del país no se va a resolver con la Constituyente; por el contrario, se va a profundizar.

¿Cómo llegar entonces a unas elecciones libres con un gobierno que ha roto la constitucionalidad? ¿Cómo llegar a ellas con un chavismo que teme la competencia electoral y la idea de perder el poder? ¿Cómo llegar a una negociación con grupos tan heterogéneos tanto del lado del gobierno como de la oposición? Estas son las preguntas centrales que van a abordar los cancilleres el 31 de Mayo en la reunión convocada por la OEA. El gobierno venezolano va a tener que tomar la decisión de participar o no en la reunión. Sería sorprendente que lo haga sobre todo después de haber manifestado su decisión de salirse de la organización. Pero al mismo tiempo si Rex Tillerson asiste como representante de los Estados Unidos es también un buen foro para que el gobierno redoble su discurso antiimperial, su denuncia ante las sanciones y alerte sobre cómo es que Venezuela es víctima de una gran conspiración internacional. Sin embargo, más allá del espectáculo político, los cancilleres latinoamericanos abordarán el problema venezolano, a través de varias decisiones que serán tremendamente relevantes para el país. Todas son decisiones que se vienen cocinando diplomáticamente en un esfuerzo por generar consensos amplios entre gobiernos ideológicamente diversos y en los que probablemente también hayan estado participando el Vaticano.

El primer cambio es que serán los gobiernos y no los expresidentes (Zapatero et al) los que van a impulsar directamente la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Existe un consenso bastante amplio que cualquier esfuerzo de mediación es inconveniente delegarlo en terceros sobre todo luego del quiebre de las negociaciones en Octubre y Noviembre pasado pues esa experiencia estuvo técnica y políticamente muy mal gestionada. Segundo, pareciera que existe un acuerdo entre los países (sobre todo por petición de naciones como Colombia, Ecuador y Uruguay) que la mejor vía de impulsar la mediación para promover una salida negociada en Venezuela no va a ser a través de una activación formal de la Carta Democrática sino a través de la creación de un grupo de países amigos tal como ocurrió con el Grupo Contadora en Centroamérica. Esta decisión permitiría que países de izquierda como Ecuador, Uruguay y Chile se involucren formalmente en un ejercicio de “diplomacia pendular” sin tener que activar expresamente la Cláusula Democrática. Bajo esta perspectiva, la Secretaria General de la OEA, continuará jugando un papel cada vez más activo en la “diplomacia pública” con miras a impulsar a través de su vocería la protección de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, tal como lo ha hecho, pero no como una instancia políticamente aceptable para mediar en el proceso. Esta decisión también parece contar con el respaldo de República Dominicana, que hasta los momentos, se ha mantenido ambivalente frente al problema venezolano cada vez que se ha sido discutido el tema en el seno de la OEA. Esta decisión también permite reducir convenientemente la influencia política de Venezuela sobre el Caribe, algo que las islas también ven con buenos ojos ante la presión tan intensa que reciben desde Caracas. Esto va a implicar que el gobierno venezolano, en caso de aceptar esta iniciativa, va a tener que abandonar la mediación de los expresidentes y la oposición muy probablemente tendrá que darle el beneficio de la duda a esta nueva propuesta.

En tercer lugar, los cancilleres seguramente van a alertar los riesgos reales que tiene el país de seguir experimentando una escalada en los niveles de violencia, rechazarán la profundización del uso de la represión para frenar las protestas, repudiarán el uso inapropiado de instancias militares para procesar penalmente a civiles y recordarán la obligación internacional que tienen todos los órganos del Estado de garantizar la protección de los derechos humanos. Esta declaración será un complemento y un recordatorio a lo que ya ha dicho en el plano nacional la Fiscalía General de la República. Finalmente, los cancilleres probablemente exhortarán al gobierno nacional a suspender la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por considerarla inoportuna ante los altos grados de conflictividad en el país; argumentarán que esta iniciativa solo va a profundizar los problemas políticos y dirán que la falta de controles al proceso podría imponer riesgos aún mayores para el funcionamiento de la democracia.

Lamentablemente, el gobierno nacional no va a escuchar ninguna de estas peticiones. Retroceder con la Constituyente implica aceptar la negociación o la salida del poder. La intención del chavismo oficial será continuar acelerando la convocatoria aun si enfrentan resistencia interna y también social. El país probablemente entrará en una nueva ola de protestas y el gobierno tratará de reprimirlas infructuosamente. Quizás, al igual que con las sentencias 155 y 156 del TSJ, la Fiscal declare que las bases comiciales violan los principios constitucionales y que esta iniciativa del ejecutivo nacional implica otra nueva ruptura del orden constitucional. Hasta ahora la Fiscalía solo se ha pronunciado sobre su inconveniencia política pero una vez hechas publicas las bases comiciales no se pronunciado sobre su contenido. El chavismo disidente también se pronunciará más abiertamente sobre el costo político de insistir con este proceso. El mundo militar, al igual que los otros sectores del país, terminará resquebrajado. La crisis de gobernabilidad del país habrá llegado a su verdadero clímax. Tan sólo en ese momento quizás recordemos la pertinencia del camino que sugiere el mundo internacional. Por ahora, la profundización del conflicto parece inevitable.

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Las bases comiciales para la constituyente: comentarios para su análisis; por Michael Penfold

Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la

Por Michael Penfold | 24 de mayo, 2017

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Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la responsabilidad de escribir un nuevo texto constitucional, sino también de regular e incluso suspender el funcionamiento del resto de los poderes públicos. Me gustaría resumir mis comentarios sobre dichas bases comiciales en tres bloques diferentes. Cada una de las implicaciones de estos distintos bloques tiene consecuencias normativas, jurídicas (pero sobre todo políticas) muy diferentes; implicaciones que los expertos constitucionalistas y los partidos políticos, así como la sociedad civil, tendrán que sopesar para tomar la decisión sobre si participan o no en este proceso. No me corresponde y tampoco quisiera adelantar una recomendación, pero la misma me parece evidente. Me corresponde aquí tan solo apuntar de manera muy general algunas consideraciones que pueden ser relevantes ahora que contamos con mayores detalles sobre las reglas y el sistema electoral que plantea el Ejecutivo Nacional para convocar directamente la elección de un poder constituyente.

El primer elemento es que las bases comiciales excluyen tanto la realización de un referéndum consultivo para activar la convocatoria, así como la necesidad de realizar un referéndum para aprobar una futura Carta Magna. En ningún momento las bases comiciales incluyen la consulta a la población como cuerpo soberano, en el que reside la voluntad popular, para secundar la iniciación del proceso constituyente en los términos que propone el Ejecutivo Nacional y tampoco lo hace obligatorio para validar el nuevo texto constitucional. Este factor contrasta con el proceso constituyente anterior, en el año 1999, que no solo conllevó al chavismo a legitimar popularmente con el 72% de aprobación el actual entramado constitucional, sino que también contradice abiertamente las consideraciones establecidas en la Constitución vigente para su modificación. En el fondo, estas bases comiciales le permitan al presidente tener el poder para iniciar el proceso constituyente y también lo faculta para fijar los términos de la convocatoria sin ningún tipo de consultas democráticas (algo que está expresamente prohibido por el texto constitucional actual diseñado por el mismo chavismo). Según las bases comiciales, en principio, la nueva Carta Magna no tendría que ser sujeta a la aprobación popular, sino que la misma Asamblea Constituyente definirá ese requisito a su propia discreción una vez que haya terminado sus funciones. En otras palabras, las bases comiciales aprobadas por el presidente Maduro abren la posibilidad de que el proceso constituyente no cuente con ningún tipo de controles democráticos más allá de la simple elección de sus representantes.

El segundo bloque de comentarios está referido al sistema electoral para escoger los 540 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Un número de 312 miembros serán electos a través de un sistema mayoritario en cada uno de los municipios existentes del país. Estos asambleístas serán escogidos por mayoría simple en cada una de los territorios municipales. Es así como todos los municipios, indistintamente de su tamaño poblacional, terminan siendo igualados con un representante por cada entidad. Este sistema electoral es un esquema que sobrerrepresenta a las unidades territoriales independientemente de su tamaño poblacional. En Venezuela, los municipios menos poblados suelen ser rurales y los más poblados tienden a ser urbanos. También es cierto que los municipios menos poblados tienden a ser los más pobres. En el fondo, este sistema electoral implica que aun perdiendo la votación nacional, un partido político con presencia mayoritaria en los municipios más pequeños puede llegar a obtener una representación significativamente más alta que su apoyo electoral a nivel nacional. Este tipo de esquemas permiten direccionar el gasto clientelar de manera muy eficiente pues ayuda a garantizar un rédito político muy alto en función de la baja población del municipio y también del bajo nivel de ingreso que hace que este tipo de estrategia sea particularmente efectiva. En el caso del Distrito Capital (Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta) y los otros 23 estados del país, el sistema electoral es modificado para garantizar un sistema proporcional de 2 puestos por cada entidad. En principio, la adopción de este sistema proporcional con un tamaño de dos puestos por estado federal implica que los dos candidatos más votados, aún siendo de partidos diferentes, tendrán una probabilidad muy alta de ser seleccionados. Tanto el chavismo como la oposición (en caso que ambos coordinen sus candidatos adecuadamente) se repartirán con una probabilidad muy alta equitativamente estos puestos de representación, al menos que la oposición logre en algunos estados más que duplicar la votación del chavismo o viceversa. En cuanto al municipio Libertador, el número de representantes aumenta a 7 puestos, los cuales también serán seleccionados a través de un sistema de representación proporcional.

En términos generales, el sistema electoral descrito en las bases comiciales implica que para poder ganar la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el gobierno como la oposición, van a tener que ser muy competitivos en los municipios menos poblados del país. Los incentivos creados por el sistema electoral son muy claros: dada la sobrerrepresentación que tienen estos municipios serán estas pequeñas entidades las que hagan la diferencia. Esto amerita una buen simulación para estimar el efecto de este sesgo. Por otro lado, el haber fijado en 2 puestos por estado el tamaño de los distritos con un sistema proporcional, le asegura al gobierno que aun sin ganar la elección mayoritaria en las distintas entidades federales tendrá garantizado por lo menos la mitad de los curules. Tan sólo si la oposición dobla su votación puede mitigar este otro sesgo, algo que quizás logre en estados como Táchira o Zulia, pues en estos casos se llevaría ambos puestos a pesar de la proporcionalidad.

El resto de la Asamblea Nacional (prácticamente un tercio) será seleccionado a través de un sistema corporativista sectorial. El sistema electoral es por lista, pero queda por definir si el sistema es uno en el que se seleccionan los más votados individualmente o por planchas presentadas por grupos diferentes. Lo más sorprendente de este sistema es que adopta un esquema de representación sectorial (la circunscripción territorial tan solo se mantiene para la elección de los indígenas) e introduce un registro electoral para cada uno de los sectores (que no es un registro que está en manos del Consejo Nacional Electoral). La definición de los electores para cada uno de los sectores probablemente dependa de otros registros distintos al padrón existente: un registro que está en control de otras instancias gubernamentales y sociales (como por ejemplo el seguro social, inces, cámaras, gremios, etc). Por lo tanto, estos registros no han sido auditados por la autoridad electoral y se asumen como perfectamente representativos del sector seleccionado. Sorprende igualmente la arbitrariedad en la escogencia de los sectores (estudiantes, empresarios, pescadores y campesinos, discapacitados, comunas, trabajadores y pensionados) pues se excluyen otros que tanto por su tamaño como por su pertinencia social son igualmente importantes (academia, trabajadores informales, microempresarios, amas de casas y comunidad LGBT). La implementación de este sistema va a ser un dolor de cabeza para el Consejo Nacional Electoral, pues su adopción es cuestionable tanto por la integridad de la base electoral como por su representatividad. Este sistema es tan absurdo que en un país que se hace llamar socialista los empresarios van a tener más votos que un LGBT o una ama de casa. Todo esto sin mencionar el carácter corporativista y por lo tanto antidemocrático de semejante esquema de representación política.

El tercer bloque de comentarios se refiere a la inclusión en la base comicial del estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como las reglas que deben en principio regir provisionalmente el funcionamiento de la nueva constituyente. Este estatuto establece claramente que todos los poderes públicos que están en funcionamiento quedan sujetos a esta instancia por lo que pueden ser suspendidos mientras culmina el proceso de redacción y la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió con el Congreso de la República que fue electo en 1998 y que luego fue sustituido por la nueva Asamblea Nacional electa en el año 2000. Aunque las bases comiciales no establecen la fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el Presidente como la Presidenta del Consejo Nacional Electoral han dicho que se realizará a finales de julio. Ambas autoridades también han hecho saber su intención de aceptar la convocatoria de las elecciones para gobernadores a finales de este mismo año. Esta decisión seguramente planteará un dilema para la oposición sobre si participa o no en este proceso (ya algunos líderes partidistas han anunciado su decisión de no avalarlo), pues sería percibido como contradictorio renunciar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y aceptar simultáneamente competir en las elecciones regionales de diciembre. Esto implica una gran disyuntiva política para la oposición y la decisión marcará sin duda un antes y un después.

El principal desafío del gobierno es demostrar internacionalmente pero también dentro de las mismas filas del chavismo, sobre todo entre los grupos insatisfechos, que una constituyente sin controles democráticos ex-ante y ex-post es verdaderamente legítimo; pero sobre todo que es perfectamente chavista y protectora del “legado del comandante”. La oposición enfrenta otro tipo de desafío, más ahora que el gobierno propone un cronograma electoral tanto para la constituyente como para las regionales. Este desafío es el que debe poder comunicar con eficacia y coherencia tanto en el exterior como en sus bases de apoyo ciudadano —independientemente de su decisión sobre su participación—, el quiebre del funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en el país.

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Los cuatro escenarios políticos en Venezuela; por Michael Penfold

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera condición es que la movilización

Por Michael Penfold | 9 de mayo, 2017
Fotografía de Leo Álvarez

Fotografía de Leo Álvarez

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social. Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible. Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa. Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social. En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada. Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino. Esto es lo que algunos llaman el costo de salida. Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo. Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable. Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición. Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables. Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas. Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país. Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos. Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia. Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada. Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país. Mi respuesta siempre es la misma: el cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela. En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio. Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

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La Negociación: Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual. Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta. Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente. El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas. La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial. Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”. El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas: Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional. Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos. El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen. La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE. También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas. Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social. Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición: En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada. El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur. La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso: El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado. Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril de 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica. El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros. El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción: La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición. El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos. Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción. El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado. Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

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Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política. Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva. Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–. De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario. Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

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La Constituyente: Venezuela es oficialmente un berenjenal; por Michael Penfold

El Gobierno huye hacia adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la OEA, anticipando

Por Michael Penfold | 2 de mayo, 2017
Fotografía de Gabriel Méndez

Fotografía de Gabriel Méndez

El Gobierno huye hacia adelante. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente, luce como un acto desesperado. Es una decisión política tan destemplada como la salida de la OEA, anticipando la posibilidad de que se activase la Carta Democrática. Al apelar a los artículos 347, 348 y 349 que le permiten al Presidente convocar vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro prefirió hacer una apuesta aún más incierta que, incluso, continuar profundizando el conflicto de desgaste que mantiene con la oposición. Esto es en sí mismo sorprendente.

Quizás las presiones internas e internacionales fueron tan grandes sobre el Gobierno para convocar algún tipo de elección –regionales o probablemente una mega elección–, y ante la certeza de tenerlas perdidas, es muy probable que estas mismas presiones terminaran obligándolo a impulsar este tipo de convocatoria precisamente para continuar posponiendo, esta vez formalmente, el calendario electoral. El argumento político del oficialismo es bastante obvio: mientras haya un proceso Constituyente quedan oficialmente suspendidos todos los comicios para gobernadores, alcaldes y también para presidente. La Constituyente ayuda así a darle un barniz “legal” a la situación de facto que nos cobija: que el chavismo ya no gana elecciones y que dejó de estar dispuesto a medirse bajo sus propias reglas constitucionales y electorales.

Sin embargo, tanto para el chavismo como para el presidente utilizar este instrumento constitucional es políticamente muy riesgoso. Puede perfectamente representar un quiebre irreparable. Las constituyentes sirven para promover un cambio institucional, incluso uno que permita concentrar más poder en la Presidencia como lo logró la revolución bolivariana a finales del siglo pasado, pero pocas veces para atrincherarse, sobre todo en medio de un colapso económico como el que experimentamos, y con unas protestas sociales y políticas como las que se presentan en la actualidad.

Evidentemente, el carácter corporativista e incluso de representación indirecta que asoman las bases comiciales que diseña el Ejecutivo le va a restar cualquier viso de constitucionalidad y legitimidad a ese proceso; pero sobre todo es difícil, por no decir imposible, explicarles a los ciudadanos de a pie cómo es que una constituyente ayuda a resolver los problemas económicos y sociales del país. Mi impresión es que esta convocatoria es un boomerang que puede terminar haciendo al Gobierno aún más impopular (y no sólo más autoritario) pues va a terminar de confirmar en la opinión publica lo irreparable que resulta su propia ineficiencia y, más aún, su afán de mantenerse en el poder a cualquier costo.

¿Cómo es que una Constituyente resuelve los problemas de abastecimiento e inflación por los que protestan los sectores populares en el oeste de Caracas? La Constituyente va a hacer que en la opinión publica el chavismo parezca aún más desconectado de sus propias bases electorales y sociales. La idea de que el carácter corporativista de la constituyente –misiones, obreros, sectores productivos, comunas, etc.– va a dinamizar esa conexión, me parece que es un acto de fe más que un cálculo político realista. Tratar de ejercer el control político a través de este mecanismo es una propuesta no solo temeraria sino tremendamente irresponsable.

Esta decisión gubernamental también va a profundizar la presión internacional. El Gobierno va a tratar de venderle a la comunidad internacional que la decisión es perfectamente constitucional y que abre además un camino electoral que es precisamente lo que la oposición ha venido solicitando. Y evidentemente muy pronto el Gobierno también contará con el respaldo de la Sala Constitucional del TSJ para blindar aún más sus argumentos. Pero el Vaticano debe estar sorprendido –así como los países de la región que estaban dispuestos a buscar una solución negociada fuera de la esfera de influencia de la OEA–, de cómo es que un Gobierno que viene hablando de negociación y diálogo como una condición necesaria para lograr la paz, impone repentinamente una salida corporativista de este tipo.

En la mente de los actores internacionales esta convocatoria profundiza más bien la ruptura constitucional y le resta más credibilidad al Gobierno. Tampoco nos debería sorprender que las fisuras internas dentro del chavismo a partir de ahora comiencen a hacerse cada día más evidentes. En la medida en que la convocatoria vaya siendo rechazada en la opinión pública, en esa misma medida actores internos se van a ir deslindando. La sociedad, por su parte, conjuntamente con los partidos políticos de oposición, continuará protestando en las calles. La sociedad percibe que esta es su responsabilidad existencial frente a un Gobierno que hace rato perdió el compás moral y político.

Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal.

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La sociedad contra el estado en Venezuela; por Michael Penfold

  La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que

Por Michael Penfold | 21 de abril, 2017

 

Fotografía de Leo Álvarez / Haga click en la foto para ver la galería completa

Fotografía de Leo Álvarez / Haga click en la foto para ver la galería completa

La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que el conflicto venezolano es mucho más amplio: representa una sociedad que decidió rebelarse frente a un Estado autoritario que ha optado reiteradas veces por frenar cualquier posibilidad de cambio a través de un uso cada vez más intensivo de la represión. Los eventos de San Félix, hace unas pocas semanas atrás, también ilustraron esa misma dinámica del descontento, con otro repertorio de protesta, que reflejó igualmente la profundidad del malestar que aqueja a la población y su disposición a manifestar activamente.

Pero el hecho de que la sociedad haya logrado irrumpir de forma definitiva en el escenario político venezolano, con un brío que probablemente vaya desbordando tanto al gobierno como a la misma dirigencia opositora, no quiere decir que la sociedad tenga su victoria asegurada. Tampoco quiere decir que el cambio sea inmediato o inevitable y mucho menos que el proceso sea pacífico, predecible y lineal. Es indudable que la manifestación del 19 de Abril simboliza una ciudadanía que durante más de cuarenta años ha acumulado una cultura política centrada en el voto (aquí manda el pueblo) que el gobierno ha conculcado de una forma tan aberrante que ha causado una gran indignación, incluso dentro de las mismas bases chavistas. Los venezolanos claramente están diciendo que no están dispuestos a entregar involuntariamente (al menos sin ningún costo) sus derechos constitucionales para mantener en el poder a un gobierno que luce cada vez más extractivo, represivo y desconectado de sus necesidades más elementales. La concentración del 19 de Abril mostró a una sociedad que percibe su lucha como un dilema existencial.

Es por ello que para comprender las implicaciones de este evento tan significativo no basta con las comparaciones –que si la marcha fue más grande que la del 1 de Septiembre del año pasado, que si la gente ahora está más resteada que antes– sino que se hace necesario analizar la naturaleza cualitativa que convierte a esta nueva reaparición de la sociedad venezolana (con toda su heterogeneidad social y valorativa, con sus cambios demográficos y toda su carga histórica) en un fenómeno singular. Lo primero es que este evento sorprende sobre todo por su escala nacional. Fue una movilización muy diferente a lo que el gobierno pretendía etiquetar al tratar de enmarcarla en su tradicional retórica revolucionaria: es evidente que esto no fue un asunto estrictamente urbano ni caraqueño ni mucho menos del este contra el oeste de la ciudad capital. Aquí las regiones, incluso las provincias más golpeadas por la crisis económica como los andes y el oriente venezolano, mostraron su fibra ciudadana y también su indignación frente al atropello y el olvido. El gobierno insiste en el ritornelo de la polarización entre chavistas y antichavistas, como si el asunto fuera una competencia de masas, “mi marcha frente a la tuya”, y por eso terminaron taponeándose en la Avenida Bolívar, cuando lo cierto era que la protesta social adquirió a lo largo de todo el territorio una escala que los debe haber tomado por sorpresa. De ahí que limitar el acceso a Caracas se haya hecho irrelevante frente a la penetración territorial de la protesta. El mensaje ciudadano es simple para quienes ejercen el poder: se llama clamor nacional. El 19 de Abril mostró a una sociedad tercamente empeñada, frente a la imposibilidad de utilizar su derecho al voto, a elevar su voz de protesta para defender su libertad.

Sería muy tentador tratar de darle un contenido sólo político y electoral a la movilización y ponerle un rótulo exclusivamente opositor, que lo tiene, cómo negarlo, pero que tampoco lo define exclusivamente. La movilización mostró una ambición ciudadana orientada fundamentalmente a refundar el estado de derecho y la democracia. Este punto es crucial pues algunos actores pueden estar tentados a darle una lectura instrumental a la irrupción de la sociedad y pretender usar la movilización como una pieza más dentro de sus juegos de poder y sus cálculos electorales. En la medida en que la calle tenga más autonomía tendrá mayor legitimidad y será mucho más poderosa. Y eso pareciera estar ocurriendo, aunque todavía de una forma muy incipiente. No es casual que la movilización ciudadana apareció justo después de que uno de los poderes del Estado, a través de la Fiscalía General de la República, haya declarado la ruptura del orden constitucional y luego también de varias semanas de una represión creciente que aumentó el número de presos políticos y que terminó por activar una mayor solidaridad entre la población. Uno quisiera ver estos fenómenos sociales como algo que puede ser controlado, dirigido y ajustado –como parte de una estrategia– pero lo cierto es que estos procesos son intrínsecamente efervescentes y no siempre moldeables.

El país quiere un desenlace. Villa Rosa. El 1 de septiembre. El Referéndum. El billetazo. San Felix. Y ahora el 19 de abril. Y no llega. El asunto es que queremos que ese desenlace, que involucra una sociedad movilizada en la calle, se ajuste a una expectativa preestablecida que tenemos en la cabeza, un evento único, definitivo, que tampoco es realista. Más bien el efecto pareciera ser acumulativo. Y pareciera también que esos eventos en los que la sociedad se ha pronunciado, cada uno con sus respectivas particularidades, va marcando una grieta que si bien no produce una ruptura va minando. Y debilita tanto, que la estructura de poder del gobierno no encuentra otra respuesta que promover la violencia: una represión cruda y brutal. Pero esa respuesta gubernamental tampoco es sostenible. Me recuerda aquel brevísimo y maravilloso cuento del gran Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Pero claro: ¡ya despertó!

El nuevo juego de poder en Venezuela: de la ruptura al impasse constitucional; por Michael Penfold

El gobierno subestimó las consecuencias que tendría en el plano internacional, y también dentro del chavismo, las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional, que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional. El hecho que las deliberaciones de la OEA, que se realizaron a comienzos de esta

Por Michael Penfold | 1 de abril, 2017

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El gobierno subestimó las consecuencias que tendría en el plano internacional, y también dentro del chavismo, las decisiones judiciales 155 y 156 emitidas por la Sala Constitucional, que disuelven formalmente las competencias y la autonomía parlamentaria de la Asamblea Nacional. El hecho que las deliberaciones de la OEA, que se realizaron a comienzos de esta semana para discutir el informe de Almagro sobre Venezuela, hubiesen terminado con una declaración conjunta de 20 países en vez de una resolución definitiva para activar la Carta Democrática, fue interpretado equivocadamente como un gran triunfo de la revolución así como una gran oportunidad para terminar de abrogarse a través del sistema judicial todos los poderes políticos y financieros de la Asamblea Nacional.

La reacción e indignación internacional frente a la evidente ruptura constitucional que implicó, tan sólo horas después de finalizar la sesión de la OEA, la liquidación de una institución legislativa que ya se encontraba en terapia intensiva, tomó al gobierno por sorpresa. En poco tiempo, el gobierno descubrió que la restricción internacional era mucho más severa de lo que ellos mismos se imaginaban. Incluso, países como Colombia, que habían mostrado por razones evidentes mucha cautela en el manejo del asunto venezolano, promovió una protesta abierta comunicada por el propio Presidente Santos sobre la gravedad de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, catalogándola como inaceptable. La Presidente Bachelet, quien también se había mantenido en silencio frente al colapso democrático del país —a pesar de que su cancillería había adoptado una actitud vocal más crítica frente al desarrollo de los eventos venezolanos— terminó por aceptar durante una visita oficial a España, lo delicado de la situación.

Pero lo que el gobierno nunca se imaginó es que la restricción más importante vendría desde el interior del mundo chavista. El gobierno subestimó, mucho más que el nivel de irritación internacional, el impacto que las fricciones generadas por la disolución de la Asamblea Nacional podía llegar a producir dentro de sus propias esferas de poder, encontrándose con una Fiscal General de la República que inmediatamente ventiló su opinión sobre las implicaciones tan atroces que se derivaban de unas sentencias judiciales que alteraban de raíz el orden constitucional. Evidentemente, la Fiscal General no emitió esta opinión sin el apoyo político de otros factores relevantes, que seguramente compartían las mismas inquietudes frente a la desviaciones del gobierno nacional.

Todo esto hace pensar que el universo chavista comienza a parecerse cada día más al peronismo argentino, con facciones internas cada vez más encontradas y con opiniones contrapuestas, pero siempre compartiendo la sempiterna marca de la revolución bolivariana. Pero para quienes dentro del mundo opositor dudaban de la existencia de los moderados chavistas: pareciera que dentro de la revolución continúan anidándose algunas importantes fuerzas democráticas. Y es evidente que estas corrientes del chavismo prefieren a un poder ejecutivo restringido por algunas reglas básicas que a un presidente sin ningún tipo de controles legislativos.

El presidente Maduro ahora tiene que enfrentar una realidad sumamente compleja y a un grupo chavista que probablemente sea mucho más poderoso que la misma oposición (cuyos partidos lamentablemente muestran un gran músculo electoral, pero hasta ahora han revelado muy poco tino político). Después de la arbitraria suspensión del referéndum revocatorio ocurrida el 20 de octubre del 2016, la oposición optó por desconectarse irracionalmente de su propia base de apoyo ciudadano, y frente a la magnitud de la nueva crisis que implicaba la disolución definitiva del Parlamento, no pudo movilizar rápidamente a la sociedad venezolana que cada vez se muestra más confundida y agobiada por la crisis económica nacional. Si bien la oposición venezolana no tiene un problema de popularidad —todos sus candidatos están en capacidad de ganar una elección presidencial—, comienza a experimentar un profundo problema de credibilidad.

Es así como el gobierno del presidente Maduro no tiene otra alternativa que manejar políticamente la opinión emitida por Luisa Ortega Díaz. La confrontación no será amigable pero tampoco será un conflicto directo. El gobierno ha escogido el Consejo de Defensa de la Nación para dirimir esta controversia interna. La consecuencia o el riesgo más grave para el gobierno es que las palabras de Ortega Díaz le permita a los organismos internacionales contar con la opinión autorizada, nada menos que de la Fiscalía General de la República, para declarar formalmente el colapso de la división de poderes y el cese del funcionamiento de la democracia en Venezuela. Es por ello, que no es descabellado pensar, que en un esfuerzo dirigido a disminuir los altos costos internacionales en los que comienza a incurrir el gobierno nacional, el chavismo se vea obligado a retractarse así sea parcialmente. De modo que a nadie le debería sorprender, si el Tribunal Supremo de Justicia en pleno, revoca o suspende por algún tecnicismo interpretativo las sentencias de la Sala Constitucional. Y esto es precisamente lo que explica por qué el presidente Maduro en cadena nacional, en la noche del 31 de Marzo de 2017, aceptó que lo que ocurrió como consecuencia de las abyectas sentencias que terminaron por disolver la Asamblea Nacional —que fueron ampliamente avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia así como abiertamente criticadas por la fiscal Luisa Ortega Díaz y que él mismo como Presidente de la República dice ahora desconocer en detalle—, fue un impasse y no una ruptura del hilo constitucional.

Lamentablemente, la resolución de este problema no es un asunto semántico que pueda aclararse simplemente con distinguir entre impasse y ruptura: pues detrás de todo estos trágicos eventos comienza a reflejarse un importante cambio en el juego de poder. Un juego en el que el madurismo, en su esfuerzo por concentrar cada vez más poder político en la presidencia, pareciera comenzar a estar más restringido por las fuerzas internacionales y por las mismas fisuras internas del chavismo, que por la propia capacidad de movilización de la oposición. Y esta es sin duda la paradoja más llamativa del momento histórico en el que vivimos. Una paradoja que para todos continúa siendo un misterio: sobre todo para la sociedad venezolana en su conjunto.

Venezuela no es Nicaragua: una explicación a la ausencia de elecciones; por Michael Penfold

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión. Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial

Por Michael Penfold | 20 de marzo, 2017
Fotografía de Miguel Angulo para AFP

Fotografía de Prensa Presidencial

Hacer comparaciones internacionales en tiempos de una crisis política como la que vive Venezuela es siempre un ejercicio tentador. Pero algunos paralelismos pueden viajar tan rápido que se convierten en destellos: iluminan con tanta intensidad que nublan la visión.

Diversos analistas han esbozado algunas líneas comparativas entre la forma cómo el sandinismo, y en especial el presidente Daniel Ortega, han sido capaces de ganar elecciones reduciendo la competencia partidista a través de un férreo control sobre el sistema electoral y el poder judicial; y el esfuerzo del chavismo de hacer lo propio a través del proceso de validación de los partidos políticos y su capacidad de postergar elecciones a su antojo violando todo tipo de reglas constitucionales.

El problema inherente a este tipo de comparaciones es que en Nicaragua el sandinismo sigue siendo electoralmente competitivo, aún bajo un sistema en el que desde hace varios años dejaron de operar las garantías democráticas. En cambio, en Venezuela, durante la presidencia de Nicolás Maduro –debido fundamentalmente a un pésimo desempeño económico–, el chavismo perdió la capacidad de ganar cualquier tipo de comicios futuros, incluso aquellos en los que logre impedir la participación de varios de sus más enconados contrincantes.

Cuando se compara los procesos políticos de Nicaragua con los de Venezuela, lo que sorprende es la importancia de esta diferencia tan básica y no la similitud compartida que tienen en el uso arbitrario de los controles institucionales para reducir a su mayor conveniencia la competencia electoral.

El punto central es que el chavismo decidió suspender elecciones simplemente porque no las puede ganar aún si lograra reducir considerablemente la competitividad de sus rivales electorales, algo que puede hacer gracias al control institucional y el apoyo militar que mantiene sobre el sistema político venezolano. En Nicaragua, el control institucional que ejerce la presidencia sobre el sistema electoral, que se manifiesta a través de su control directo sobre el poder judicial, asegura que las fuerzas sandinistas puedan garantizar “en el margen” tanto su triunfo electoral, como la continuidad de su propia hegemonía, dado el nivel respetable de popularidad de Daniel Ortega.

Con unos niveles de aprobación que tan sólo sobrepasan el 21 por ciento, la única forma en que Nicolás Maduro podría ganar unas elecciones en Venezuela es reduciendo al máximo los niveles de competencia electoral, o lo que es lo mismo, que ilegalice a todos los partidos políticos relevantes de oposición y también inhabilite a todos sus candidatos presidenciales. Aunque esta decisión podría ser implementada, colocaría al chavismo internacionalmente en una situación más delicada que la que ya enfrenta en estos momentos.

Esta diferencia es lo que explica por qué en el fondo el chavismo prefiere postergar cualquier evento electoral, sea nacional, estadal o local, antes de convocar uno con bajos niveles de competencia. De ahí que en estos momentos el objetivo político más importante del chavismo –al menos durante el 2017- sea seguir ganando tiempo en espera de un milagro que les permita aumentar su popularidad antes de la finalización formal del período presidencial en enero de 2019. Un deseo que luce bastante improbable como consecuencia de la magnitud de una recesión económica que ha borrado más de un tercio del Producto Interno Bruto del país. Un colapso que ha llevado a la población a experimentar una crisis social que no sólo sorprende por haber logrado revertir todos los avances en la lucha contra la pobreza que trajo el boom petrolero de la primera década del milenio, sino que además alarma por la rapidez de su deterioro: en tres años retrocedieron todos los indicadores sociales a niveles incluso más bajos que los registrados a la llegada del chavismo al poder en 1999.

La elocuencia de las encuestas ayuda a ilustrar este dilema político. En prácticamente todos los sondeos, Maduro pierde la elección presidencial aún con una oposición dividida participando con sus tres principales candidatos: Leopoldo López, Henrique Capriles y Henri Falcón. Maduro terminaría de cuarto detrás de todos sus contrincantes. Este resultado es curioso pues si bien el mandatario pierde fácilmente ante cualquier opción opositora, el PSUV se mantiene en estas mismas encuestas como la principal minoría partidista del país seguido por Voluntad Popular, que tiene porcentajes de apoyo mayores a los de la MUD, que a su vez está seguido por otras agrupaciones como Primero Justicia y Acción Democrática. Estos datos revelan claramente que Maduro está en una posición de mayor debilidad que la de su propio partido político y que los simpatizantes de la oposición también viven a su vez un fuerte proceso de realineación en sus preferencias partidistas, incluyendo un aumento en el número de ciudadanos que se denominan independientes.

Esto quiere decir que la única forma que el chavismo tiene para aumentar su competitividad electoral es forzando internamente la sustitución de Maduro como candidato a la reelección. Pero en estos momentos no existe ninguna figura dentro del chavismo que tenga niveles de aceptación más altos que los del presidente y tampoco existe un ambiente interno dentro del PSUV para retar su liderazgo. De modo que el chavismo pareciera tener que confrontar dos problemas de cierta envergadura: uno que tiene que ver con la competitividad electoral del gobernante y otro relacionado con la necesidad de precipitar la alternabilidad en su liderazgo. Sin una resolución definitiva a ambos problemas, el control institucional que pueda utilizar el chavismo para reducir la competencia electoral será un poder irrelevante a la hora de ganar cualquier votación, pero servirá sin duda para posponer su realización, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela.

Esta realidad electoral contrasta mucho con la de Nicaragua. Ortega no ha tenido nunca una crisis de competitividad electoral desde que volvió al poder y mucho menos de liderazgo como el que enfrenta Maduro en la actualidad. Todo ello gracias a que la economía nicaragüense experimenta altas tasas de crecimiento y posee un sector empresarial que se mantiene al margen del conflicto político a cambio de continuar impulsando la inversión privada y la apertura comercial del país, que incluye un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Esta gran diferencia en el desempeño económico de Nicaragua y la convergencia en el apoyo financiero del sector privado con los intereses políticos de la nueva élite sandinista –así como la presencia de una oposición que permanece dividida y que carece de mecanismos de coordinación electoral como los que existen en Venezuela–, hace que la comparación sea un tanto espuria, por no decir superficial.

Esta realidad también contrasta con el autoritarismo competitivo del PRI durante buena parte del Siglo XX en México. Dos reglas le permitieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) lidiar con una problemática similar a la que enfrenta el PSUV en estos momentos: la prohibición de la reelección y el uso del “dedazo” como mecanismo institucional para resolver el problema de alternabilidad en la presidencia. La prohibición constitucional a la reelección presidencial en México obligaba al PRI a promover una alternabilidad “controlada” a través del uso de elecciones poco competitivas o cuando era necesario del fraude. Sin embargo, para disminuir el conflicto interno entre las distintas facciones que peleaban por controlar la sucesión a finales de cada sexenio, el PRI adoptó el “dedazo” como la regla que delegaba en el gobernante saliente el monopolio para la selección de su propio sucesor. Esta práctica fue lo que Vargas Llosa llamó el “autoritarismo perfecto” y que el gran economista político Daniel Cosío Villegas describió con tanta lucidez cuando documentó la dinámica del poder presidencial en México.

El chavismo en Venezuela no goza de estas mismas reglas de las que tanto disfrutó el PRI: la reelección es indefinida (así fue diseñado por Hugo Chávez) y nadie sabe si Maduro también quiera aprovecharla para mantenerse en el poder (todos los políticos son ambiciosos). El PSUV tampoco cuenta con un mecanismo institucional aceptado por todas las facciones internas para escoger un sustituto. Ciertamente, Chávez instauró el “dedazo” cuando designó a Maduro como su sucesor presidencial antes de su viaje final a La Habana en diciembre de 2012 –tenía la condición de padre fundador de la revolución para hacer semejante nombramiento–, pero aún es muy temprano para saber si Maduro tiene esa misma legitimidad y si las otras facciones internas le van a conferir el mismo poder. Las posibilidades reales que tiene el chavismo de resolver estos dilemas podrían llegar a ser muy limitados, pues cualquier intento de resolverlos podría generar fricciones de alto voltaje dentro del mismo partido de gobierno. Ante la intensidad de este potencial conflicto político interno, el chavismo probablemente prefiera continuar posponiendo, al menos en el corto plazo, la resolución a estos problemas, es decir, evitando cualquier evento electoral.

¿Pero habrá elecciones en un futuro cercano en Venezuela así sean poco competitivas? ¿Se atreverá el chavismo a convocarlas?

La respuesta es que el chavismo aceptará voluntariamente realizar cualquier tipo de elecciones tan sólo si dos condiciones políticas se cumplen. La primera condición es que el chavismo mejore sus niveles de competitividad electoral sea porque Maduro mejoró en las encuestas sustancialmente (o que el chavismo logró acordar un sustituto que le asegura un mejor desempeño en la opinión pública). Esta primera condición es necesaria más no suficiente para que el chavismo acepte fijar un nuevo calendario electoral.

La segunda condición es que el chavismo logre inducir a través de distintos mecanismos jurídicos o estratagemas políticas una división completa o parcial de la oposición. Hasta ahora esa condición no se ha materializado a pesar de las tensiones evidentes que se anidan dentro del mundo opositor. La oposición se ha mantenido firme en proteger su voluntad política en torno a la unidad y ha pactado acuerdos informales para mitigar cualquier esfuerzo del gobierno en esa dirección. En la medida en que las tensiones entre los diversos partidos opositores logren resquebrajar la unidad electoral, sea porque el chavismo decida aumentar los costos de coordinación a través de las inhabilitaciones políticas tanto de los partidos como de sus candidatos, el chavismo se verá más animado a lanzarse al ruedo electoral. Sin embargo, también es cierto que en la medida en que la unidad de la oposición se fortalezca, los incentivos del gobierno de convocar voluntariamente una elección se reducen significativamente, incluso aún si las mismas no fueran competitivas, pues con dificultad el chavismo en estos momentos podría hacerle frente a una oposición unificada.

Existe otra vía que también permitiría que apareciera una nueva salida electoral en el país. Esta alternativa no depende de una decisión unilateral del chavismo, sino que las elecciones surgirían como resultado de un proceso de negociación política. Este proceso de negociación, bajo la mediación y verificación de la comunidad internacional, le otorgaría garantías políticas y electorales tanto a los chavistas como a los opositores, introduciría profundas reformas institucionales y fijaría acuerdos mínimos para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, la emergencia social y la liberación de los presos políticos. Si bien esta negociación supone una mediación activa en el plano internacional del conflicto venezolano, también asume una sociedad movilizada, demandando el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales. Este es sin duda el mejor escenario en el largo plazo para el país; pero es una vía que asume algo que luce improbable: una oposición que negocia con unidad de criterios y un gobierno que reconoce abiertamente el tamaño de la crisis histórica que ha creado y que acepta abandonar sus pretensiones hegemónicas sobre el resto de la sociedad venezolana.

Es así como el ejercicio comparativo con la realidad política nicaragüense arroja algunas luces que nos permiten analizar el caso venezolano pero más por sus diferencias que por sus similitudes. Aquellos que insisten en que la salida en Venezuela son “elecciones ya” al parecer tendrán que esperar a que las condiciones del chavismo cambien radicalmente. Esto puede llegar a tomar algún tiempo. Es difícil pensar que el chavismo acepte ir voluntariamente (es decir sin presión externa) a una salida electoral sin antes haber mejorado su competitividad electoral y sin antes haber forzado una división de la oposición. La alternativa a esta posibilidad es acelerar una negociación política con apoyo internacional. Esto sólo se puede hacer si hay movilización ciudadana y voluntad política de ambas partes. Con todos sus problemas, este escenario de negociación es menos divisivo tanto para la oposición como para el gobierno. Es indudable que una negociación semejante podría dar como resultado mejores garantías para todos los actores políticos y sociales, pero no hay duda que el proceso puede ser mucho más lento y también mucho más incierto.

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La fragilidad estructural del diálogo en Venezuela; por Michael Penfold

1 El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es

Por Michael Penfold | 7 de noviembre, 2016

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El diálogo en Venezuela luce como un camino minado y difícil de superar. En teoría, una ruta electoral acordada capaz de restaurar la división de poderes y el estado de derecho, además de darle viabilidad política a un programa de estabilización económica y emergencia social, sería lo mejor para el país. Sin embargo, es evidente que el camino para alcanzar estos objetivos es precario, incluso con la participación de El Vaticano.

El gobierno todavía no ha mostrado algún gesto de buena voluntad significativo que le dé credibilidad a todo el proceso y la oposición se mantiene ambivalente y dividida frente a la idea de entablar una negociación luego de experimentar la forma tan descarnada e inconstitucional como fue bloqueado el Referendo Revocatorio.

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Diversos factores juegan a favor y en contra de un posible acuerdo. Los elementos que más la favorecen son fundamentalmente externos. Algunos son bastantes obvios y otros más insospechados.

1. La Comunidad Internacional. Éste es sin duda un factor  habilitador, pues induce una mayor cooperación entre las partes. Todos los actores regionales relevantes, incluyendo aquellos más críticos del gobierno como Estados Unidos, Brasil o Argentina, apoyan el proceso de diálogo. Incluso, el Secretario General de la OEA ha manifestado la necesidad de plegarse, abandonando temporalmente su intención de activar la Carta Democrática. Por si fuera poco, la inclusión de El Vaticano como mediador consensuado por ambas partes ha terminado de blindar este apoyo. La Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, pasa a jugarse su reputación no sólo frente a las partes sino sobre todo ante sus feligreses venezolanos como principal garante de la integridad del proceso. Es difícil pensar que El Vaticano haya decidido entrar en el diálogo sin un previo compromiso mínimo. El problema es cuán creíbles son estos compromisos, porque las partes llegan a la mesa con tanta desconfianza como con agendas radicalmente divergentes, de modo que el conflicto político continúa siendo estrictamente existencial.

2. La Restricción Financiera. El contexto país tiene una población exhausta y empobrecida frente a la incompetencia económica, el desabastecimiento, la aceleración de la espiral inflacionaria y el colapso del sistema de salud.  Cualquier aumento futuro del precio petrolero tan sólo serviría para compensar temporalmente la abrupta caída de la producción de PDVSA. El gobierno prácticamente ha utilizado la mayor parte de sus activos líquidos para financiar un modelo desquiciado. Y todas las fuentes de financiamiento externo están cerradas. Los prestamistas (no sólo los mercados de capitales internacionales, sino incluso los chinos y los rusos) y también los organismos multilaterales comienzan a pedir lo mismo para acceder a nuevos financiamientos: cambio de política económica, aprobación de créditos públicos por parte de la Asamblea Nacional y mayor transparencia. De ahí la urgencia por parte del gobierno de introducir el tema económico en la negociación, no sólo porque es conveniente compartir los costos de un posible cambio de rumbo (por más gradual que estos cambios puedan llegar a ser), sino además por la necesidad de contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para poder aprobarlos. Este factor, curiosamente, se va a convertir en la mayor palanca de negociación por parte de la oposición, mucho más poderosa que su fuerza política.

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3. Los militares. Es difícil escudriñar los intereses de una institución como las Fuerzas Armadas Bolivarianas. A pesar de la retórica lealtad revolucionaria, los militares pueden tener incentivos a presionar por una salida acordada, siempre que preserve sus intereses, se les garantice el uso del fuero constitucional que los protege y se le otorguen garantías jurídicas a los chavistas con quienes han compartido el ejercicio del poder durante casi dos décadas. Adicionalmente, las divisiones internas (especialmente entre los eslabones más bajos de la institución) probablemente sean cada vez más acentuadas. Quizás los militares aceptaron acatar la arbitraria suspensión del Referendo Revocatorio a cambio de que el gobierno aceptara iniciar un proceso de esta naturaleza y minimizar así los diversos riesgos para la institución castrense.

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Existen otros factores que obstaculizan cualquier acuerdo, de modo que también vale la pena enumerarlos:

1. El tiempo: la dimensión temporal de la negociación es compleja pues ambos actores tienen tasas de descuentos muy diferentes.  El tiempo juega a favor del gobierno, sobre todo después de que se cruce el umbral del 10 de enero de 2017, cuando una renuncia o un referendo no llegaría a precipitar elecciones presidenciales, al tiempo que el gobierno obtiene grandes réditos manteniéndose en la mesa sin necesariamente otorgar concesiones significativas a las primeras de cambio. Obviamente, los costos para el gobierno de que la oposición abandone unilateralmente la mesa comienzan a caer dramáticamente una vez que se inicia el nuevo año.

2. Los radicales chavistas son creíbles: el chavismo ha mostrado que su ala más dura es más poderosa que sus facciones más moderadas. La forma en la que se suspendió el Referendo Revocatorio mostró de forma muy cruenta sus fortalezas. En la oposición ocurre totalmente lo opuesto: el ala moderada pareciera tener mayor control político que los más radicales. En el fondo, en el chavismo los llamados “moderados” no son claramente visibles, por lo que los moderados opositores van a tener que hacer muchas concesiones para poder llegar a un acuerdo aceptable para los duros chavistas, lo cual podría como consecuencia enajenar una base de apoyo popular muy relevante para la oposición.

3. La oposición no tiene una amenaza creíble: al aceptar desmovilizar temporalmente la protesta en las calles y posponer en la Asamblea Nacional la votación sobre la responsabilidad política del Presidente, como respuesta a la crisis constitucional que supuso el bloqueo del referendo, la oposición perdió su poder de negociación más importante. Lo único que mantiene en sus manos es su capacidad de formalizar ante la OEA y Mercosur la ruptura del hilo constitucional que ha ocurrido en Venezuela, algo que tampoco va a poder realizar en estos momentos, al menos hasta tanto continúe operando una mesa de diálogo respaldada por la comunidad internacional.

4. Nuestra cultura política: en Venezuela se ha instaurado una cultura política que favorece el lenguaje de guerra, el clientelismo, la impunidad, la corrupción y la confrontación directa. Además, privilegia el uso de las redes como mecanismo de comunicación directa entre los actores y estigmatiza la política, la negociación, la discusión racional de las políticas publicas y los acuerdos. Es una herencia del chavismo que varios en la oposición imitan con el mismo fervor. Estos elementos de la cultura política venezolana se agravan con el uso de la violencia: tanto la estatal como la paraestatal. Esto se hace evidente en el uso de la represión para perseguir y silenciar a los factores de oposición que más les irrita. De ahí que el tema de los presos políticos tenga tanta importancia: en todos los procesos de conciliación, la amnistía política es un paso previo a cualquier negociación. Es la señal de buena voluntad por excelencia. En Venezuela, López Contreras legalizó a todos los partidos políticos para poder acordar los pasos de una apertura democrática gradual. Rafael Caldera hizo lo mismo con la izquierda venezolana después de la cruenta insurgencia de los sesenta.

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La mesa de diálogo, incluso con la presencia del El Vaticano, es una iniciativa importante pero extremadamente frágil.

En el papel pareciera que es el mejor camino disponible para generar resultados, tanto políticos como económicos y sociales, que incluso en el corto plazo podrían llegar a ser estables y concretar una salida electoral para Venezuela.

Sería absolutamente irresponsable no explorarla, sobre todo porque las alternativas parecieran ser irreales y probablemente terminarían dándole  aún más poder al estamento militar, algo de lo que ya gozan en abundancia.

En otro artículo publicado aquí en Prodavinci señalé las características ideales de una posible negociación, pero reconozco que esto es tan sólo un deseo teórico que dista mucho de la realidad. Es necesario reconocer con honestidad que los factores internos que caracterizan a este proceso no auguran un acuerdo favorable para la oposición.

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Su mayor bondad es que internacionaliza la crisis venezolana y por lo tanto restringe más al chavismo (por ser gobierno) que a la oposición. Sin embargo, es evidente que cualquier texto que surja del seno de estas mesas va a estar caracterizado por concesiones muy limitadas, debido a las amenazas creíbles que tiene el segmento más duro dentro del chavismo, a la falta de congruencia temporal entre ambos grupos y a la asimetría en el poder de negociación.

El acuerdo, si es que se materializa, tendrá entonces como resultado garantías parciales con concesiones sustantivas, sobre todo en el ámbito electoral, incluyendo la formalización de un cronograma y el otorgamiento de algunas garantías electorales. Y quizás ofrezca algunos avances en la esfera económica. Pero sólo la presión externa va a poder compensar la debilidad negociadora de la oposición, más allá de su mayoría electoral actual, e inducir al gobierno a que ceda en algunos otros puntos igualmente críticos.

Es indudable que las probabilidades de que todo este esfuerzo colapse son muy altas. Y si eso ocurre, se van a profundizar el conflicto, la crisis económica y la crisis social en la que todos estamos inmersos.

Venezuela es una grieta y el país se encuentra atascado en la parte más baja de la montaña, pero también en la parte más dura. Vivimos en una nación donde la ferocidad del verbo, la ausencia de instituciones, la irresponsabilidad económica, las armas, la represión y la falta de confianza conspiran permanentemente contra la tolerancia y el desarrollo.

En ese contexto, el diálogo es apenas eso: una esperanza muy tenue.

La escalada; por Michael Penfold

1 El bloqueo del Referendo Revocatorio es un punto de quiebre tanto para el gobierno como para la oposición. El chavismo ha provocado una ruptura constitucional que lo lleva ineludiblemente a la profundización de un sistema autoritario, pero además borra cualquier salida electoral a la crisis venezolana, al menos en el corto plazo. Así se

Por Michael Penfold | 27 de octubre, 2016
La escalada por Michael Penfold

Distribuidor Altamira (vista este-oeste). Fotografía de Diego Vallenilla.

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El bloqueo del Referendo Revocatorio es un punto de quiebre tanto para el gobierno como para la oposición. El chavismo ha provocado una ruptura constitucional que lo lleva ineludiblemente a la profundización de un sistema autoritario, pero además borra cualquier salida electoral a la crisis venezolana, al menos en el corto plazo. Así se plantea un problema de gobernabilidad muy serio para el chavismo en su conjunto, y no sólo para Nicolás Maduro, pues el gobierno ha roto incluso con las propias reglas bajo las cuales funcionaba la revolución. Al parecer sólo les queda el apoyo de los militares para mantenerse en el poder.

Al negar la salida electoral, el chavismo también negó su origen popular. Ya la revolución no es cívico-militar, sino un asunto estrictamente castrense, por lo que también deja de ser estrictamente chavista. Si el chavismo más radical pensó que el Referendo Revocatorio podía poner en riesgo el legado revolucionario, entonces también es cierto que la decisión de frenar su realización fulminó ese mismo legado que lo justifica.

Y no será sencillo para el chavismo convivir con esta decisión: la procesión va por dentro y semejante acontecimiento debe haber producido enormes fisuras.

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La oposición también ha entrado en otro juego político, uno que es sustancialmente diferente a la visión bajo la cual venían operando: han pasado de un camino electoral donde ya es mayoría aunque sus poderes públicos sean sistemáticamente vaciados de contenido, a un camino de rebelión ciudadana orientando a aumentar la protesta social para forzar el restablecimiento del hilo constitucional.

La movilización de calle a nivel nacional, la presión internacional y la necesidad de cuestionar el ejercicio de la presidencia a través de un juicio de responsabilidad política pasan a ser ahora esfuerzos que buscan precipitar una crisis interna dentro de la coalición oficialista, todo con miras a resquebrajar el sistema actual o al menos obligar a una posible negociación que asegure la restauración de la gobernabilidad democrática del país.

La estrategia de la oposición se conoce como blitzkrieg, con miras a hacer tan alto el costo de la represión a la movilización popular que obligue al gobierno a considerar la posibilidad de retractarse de la suspensión del referendo, adelante unas elecciones generales o acepte un colapso final del sistema.

El alto rechazo popular del gobierno como consecuencia de la crisis económica, el amplio triunfo de la oposición en las elecciones legislativas y haber cumplido con los requisitos iniciales para activar el referendo les permite hacer esa apuesta.

El gobierno, por su parte, redobla su dependencia del estamento militar y su control sobre las instituciones del Estado como mecanismo disuasivo ante la ofensiva opositora. Un sendero que implica el endurecimiento de la represión (sobre todo la represión selectiva) de una sociedad que se va a mostrar rebelde, pues permanece frustrada ante su incapacidad de producir un cambio político y económico por medio del uso de su propia Constitución.

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El sustrato de esta dinámica es una escalada del conflicto venezolano que supone, ineludiblemente, una nueva espiral de violencia. Muchos argumentarán que era previsible, dada la naturaleza intransigente del chavismo. Sin embargo, lo triste es que no sabemos si podremos salir de este proceso pues esta lógica sólo termina cuando alguna de las partes logre imponerse, bien sea a través de la presión popular o a través de la violencia.

Lo cierto es que el CNE, al bloquear la activación del único derecho constitucional que permitía promover un cambio democrático en el corto plazo, (incluso luego de condicionarlo con todo tipo de reglamentaciones) pasó a exacerbar la tragedia venezolana: al acatar la decisión de una instancia penal estadal sobre una competencia electoral nacional, mostró su lado más oscuro y complaciente del ejercicio del poder y abdicó sus funciones.

En medio de este contexto aparece El Vaticano como facilitador de una mesa de diálogo y negociación, pero cuya agenda va a tener que cambiar debido a la abrupta suspensión del revocatorio. Y aunque ambas partes reconocen a este actor internacional como un facilitador legítimo, todos ven este proceso con suspicacia. La mesa se convierte por lo tanto en un factor que divide a todo el espectro político del país.

Es decir: el diálogo y la negociación están comprometidos porque nadie los quiere, pero ambas partes lo necesitan.

El gobierno no quiere negociar, pero dialogar le permite ganar tiempo. Y la oposición quiere negociar sin dialogar para poder obtener las concesiones que reclama.

Y si bien algunos creen que los tiempos de Dios son perfectos, los de la Iglesia podrían ser diferentes.

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El país está entrampado.

La posibilidad real de que surjan unas elecciones generales adelantadas como resultado de acuerdos alcanzados en esta mesa es una opción realista, al menos en la medida en que la situación sea socialmente tan efervescente que obligue a los militares a imponer un acuerdo y una salida democrática.

Del diálogo mediado por El Vaticano puede resucitar también el revocatorio, pero esta vez con un mapa que contenga un potencial gobierno interino y la liberación de los presos políticos, a cambio de algunas garantías para el chavismo. Es lo que buscaría precipitar la oposición con las acciones que ha anunciado y es lo que una parte del chavismo aceptaría.

¿Y si la mesa se convierte en otro fracaso, como los que ya hemos experimentado en el pasado? Ante la magnitud del conflicto político venezolano, la intransigencia de las partes y el apoyo del sector militar al gobierno a la hora de contener a la sociedad sin la necesidad de convocar a elecciones, eso sería un triunfo para el gobierno, aunque igualmente tendrán que pagar un costo muy alto a nivel internacional.

Si eso pasa, Venezuela puede quedar aislada regionalmente.

Es cierto que Venezuela ya entró en una nueva coyuntura histórica. Incierta. Volátil. Riesgosa. Incluso marcada por la escalada de un conflicto que determinará, sin duda alguna, la relación futura entre el Estado y la Sociedad.

Es seguro que este país no volverá a ser el mismo.

Los nuevos dilemas del Referendo Revocatorio: una verdadera tragedia griega; por Michael Penfold

Ulises en su odisea tuvo que confrontar decisiones difíciles para poder llegar en su viaje en barco a su destino final: Ítaca. Hoy Venezuela enfrenta dilemas similares a los del héroe griego: el CNE ha colocado al país exactamente en esa misma encrucijada. En uno de sus trances más complejos, Ulises debió escoger entre dos

Por Michael Penfold | 23 de septiembre, 2016

Los nuevos dilemas del Referendo una verdadera tragedia griega por Michael Penfold

©Fotografía de Andrés Kerese [01/09/2016]. Haga click en la imagen para ver la cobertura de 100 fotografías hechas por cuatro fotógrafos en exclusiva para Prodavinci.

Ulises en su odisea tuvo que confrontar decisiones difíciles para poder llegar en su viaje en barco a su destino final: Ítaca.

Hoy Venezuela enfrenta dilemas similares a los del héroe griego: el CNE ha colocado al país exactamente en esa misma encrucijada.

En uno de sus trances más complejos, Ulises debió escoger entre dos males mayores. Al tratar de cruzar el Estrecho de Messina, debió optar entre virar a un lado y enfrentar un remolino y cruzar al otro y ser cercado por un monstruo marino. Y entendió que la solución no era escoger entre ambos obstáculos, pues ninguno podría ser sorteado individualmente, sino que debía inclinar su nave parcialmente hacia alguna de las opciones para pasar sigilosamente entre ambas amenazas. Así Ulises inclinó levemente su barco en dirección hacia el monstruo marino y logró así sortear el peligro que representaba el remolino sin caer presa de los tentáculos de semejante ogro náutico.

Nadie discute actualmente que en Venezuela la reciente decisión del CNE sobre las condiciones para activar el Referendo Revocatorio están políticamente sesgadas. Y todos sabemos que claramente limitan el derecho constitucional a la participación ciudadana. Las condiciones también reducen la capacidad de los votantes para revocar el mandato del Presidente así como su derecho de seleccionar democráticamente a un potencial sustituto.

¿Quién esperaba algo distinto? Argumentar que es necesario abstenerse de continuar atravesando esta ruta pues la decisión del CNE es inconstitucional y porque muestra el verdadero fuelle del gobierno es un razonamiento espurio que niega un principio básico en política: la realidad que impone el contrincante, que en este caso, tiene el control institucional, y que evidentemente, va a utilizar todo ese poder a su favor por simple instinto de supervivencia.

Como Ulises, siempre supimos que estábamos en aguas turbulentas.

Ulises sirenas

Ulises y las sirenas (1891) de John William Waterhouse

Si aceptamos esta realidad, entonces debemos pasar a interpretar las condiciones del Referendo Revocatorio impuestas por el CNE como una restricción y como una decisión política que debe ser interpretada también desde ese punto de vista. Curiosamente, hasta ahora, esa decisión ha sido analizada desde un punto de vista técnico, constitucional e incluso moral. Ese análisis es válido y permite compartir mucha de la indignación ciudadana.  Sin embargo, ese análisis no es siempre iluminador y tampoco otorga suficiente apertura como para descubrir las claves que permitan descifrar la complejidad del momento.

La primera condición que aprobó el CNE fue la necesidad de obtener 20% de las manifestaciones de voluntades en cada uno de los estados del país. Esta condición es aberrante sin duda alguna, pero tampoco es un requerimiento nuevo. Ciertamente, por el simple hecho de que el Presidente es electo directamente en una circunscripción nacional, las manifestaciones de voluntades para el revocatorio de su mandato deberían ser agregadas para el país como un todo. La Constitución en este punto es muy claro y este mismo criterio había sido aplicado con anterioridad para el Referendo presidencial del 2004.

Sobre la incostitucional decision del cen en cuanto al 20Sin embargo, para la recolección del 1% de las voluntades que se realizó en julio de este año, la oposición aceptó esa misma condición estadal y logró superarla sin muchos problemas. Algunos mencionan el caso de Nueva Esparta y las dificultades que se vivieron; pero al final, esas dificultades fueron libradas exitosamente. No veo razón por la cual no pueda ser superado este obstáculo nuevamente, aunque muchos sospechen que las presiones, sobre todo en estados pequeños, como Delta Amacuro, Amazonas o Trujillo, puedan incrementarse.

Lo que sí es muy cierto es que el requerimiento estadal para obtener la manifestación de voluntad del 20% del electorado sí exige una mayor capacidad de movilización por parte de la oposición en cada una de las regiones. Es indudable que la MUD va a tener que poder movilizar en algunos casos más del 70% de su base electoral (tomando como referencia las elecciones del 6 de diciembre) para alcanzar el resultado.

Y también es evidente que en los estados más rurales, va a resultar más difícil alcanzar la meta debido a la importancia relativa que tiene el sector público en esas regiones. Pero también es palpable que el descontento social y económico en estos momentos es aún mayor que el que existía en muchos de los estados del país para las elecciones legislativas del año pasado. Esto también da pie para ser un poco más optimistas sobre la disposición voluntaria que tiene la población de movilizarse incluso en las zonas más apartadas del país.

La segunda condición que es considerada como problemática es el número de maquinas y su distribución en los distintos centros electorales. La utilización de tan solo 5.392 maquinas limitan la capacidad de todos los venezolanos de poder manifestar su voluntad y aumenta significativamente los costos, tanto en tiempo como en movilización, para que cada ciudadano manifieste su voluntad. Esto es bastante obvio y, evidentemente, también es algo muy grave. Sin embargo, con una situación similarmente adversa, también se logró validar la identidad de los ciudadanos para la recolección del 1% de la manifestación de voluntades en julio pasado. Si se extrapola los resultados que se alcanzaron para ese último proceso, ajustando tanto en numero de maquinas como en horas de apertura de los centros y los números de días que van a permanecer abiertos; es posible proyectar a ojo de buen cubero que con 5.392 maquinas se podrían obtener más de 4,2 millones de voluntades.

analisis del sesgoEsto es apenas 8% por encima del requerimiento necesario de 3,89 millones, lo cual hace que la obtención de la meta sea algo técnicamente muy ajustado. Es por eso que la eficiencia de las colas, y el tiempo de uso de las maquinas, va a ser la variable clave. A mi manera de ver, el CNE escogió ese número de maquinas pues, aunque pone muy difícil la posibilidad de alcanzar el objetivo, tampoco lo hace imposible.

Vale la pena subrayar que el CNE, con este número tan bajo de maquinas, se está comprando un problema que es también un gran riesgo para el gobierno y para las mismas Fuerzas Armadas. Las colas para manifestar la voluntad de revocar el mandato presidencial puede pasar a ser una enorme fuente de presión ciudadana y no será fácil cerrar los centros —especialmente durante el último día— sin dejar que los ciudadanos puedan ejercer su más elemental derecho de participación política.  Ésta es una fuente de incertidumbre para el CNE, pues limitar ese derecho puede generar malestar social. Sin embargo, también puede ser una gran oportunidad para que la oposición ejerza presión y cambie parcialmente las condiciones de apertura y cierre de los centros electorales.

La ultima condición que ha sido criticada es el anuncio del CNE que el revocatorio, en caso de ser activado, tendría lugar en el primer trimestre del 2017. Bajo esta premisa, si el Presidente es efectivamente revocado, entonces sería el Vicepresidente quien tendría constitucionalmente que culminar el resto del periodo presidencial, por haberse cumplido más de cuatro años del actual ejercicio. En otras palabras, el chavismo no tendría que enfrentar unas elecciones presidenciales y podría transitar hacia una renovación, tanto de su liderazgo, como de sus políticas públicas sin necesidad de tener que confrontar unas elecciones que la oposición ganaría fácilmente.

El CNE, con la imposición de esta condición, estaría obligando a que la oposición acepte que, de ganarse el Referendo, tendrían que conceder enfrentarse a una transición compartida con el chavismo. Ésta es una condición que claramente molesta a buena parte de la oposición, pero también es un búmeran para el madurismo.  Y la razón es que la decisión del CNE hace que la idea del revocatorio sea atractiva para una buena parte del chavismo y, por lo tanto, más apetecible la posibilidad de un cambio político. Quizás, sin saberlo, o muy probablemente sabiéndolo, el CNE optó por una condición que va a llevar a la base descontenta del PSUV a participar en el proceso, sin tener que asumir el riesgo de perder todo el poder.

Es probable que esta decisión, de una forma no intencionada, sea una fuente que permita la aproximación de los grupos más moderados de ambos bandos del espectro político venezolano. De ahí que la oposición deba centrar su campaña en una propuesta de Unidad Nacional de Ancha Base para poder incorporar a estos actores y aprovechar la movilización de calle para comunicar inclusión política y social.

Esto me lleva a mi ultimo punto. Las condiciones que está imponiendo el CNE son claramente desfavorables para la oposición, pero tampoco son imposibles de superar. El CNE tomó una decisión que satisface al madurismo, pues las condiciones que han escogido son muy adversas para la oposición y la cantidad de obstáculos que estos deben superar son múltiples. Es evidente que estas condiciones le permiten al madurismo aumentar considerablemente sus probabilidades de quedarse en el poder. Pero tampoco cumple con lo que ellos querían: eliminar toda probabilidad de éxito.

Por el contrario, a pesar del bajo número de maquinas y la exigencia estadal, es posible que se obtenga el resultado esperado. Adicionalmente, la fecha del 2017 podría permitir (dependiendo de cómo se maneja la comunicación política) incorporar al chavismo descontento de una forma activa en la activación final del proceso revocatorio. Es bastante evidente desde un punto de vista político que esta decisión del CNE ayuda a una parte del chavismo (que también quiere salir del madurismo pero que desea un cambio político controlado) a participar en el proceso de forma soterrada, así implique alguna cohabitación posterior con la misma oposición.

Venezuela está enfrentando una coyuntura histórica que no va a ser fácil resolver. La oposición, como Ulises, tiene que escoger entre opciones adversas. Ninguna es perfecta y todas tienen costos muy altos. Mi impresión es que la forma como la oposición logre generar alianzas con una parte del chavismo, y logre ganarse la confianza del mundo militar, así como su capacidad de presentar una visión incluyente del futuro, será el aspecto central para sortear los distintos obstáculos que enfrentará durante esta nueva etapa que, muy posiblemente, culmine con la activación del Referendo Revocatorio.  Ulises prefirió virar levemente hacia el monstruo marino, no hacia el remolino: quizás algo similar tenga que hacer la oposición. Ahí puede estar la clave.

El referendo tiene vida propia; por Michael Penfold

  El Referendo Revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio —aunque relevante— no será necesariamente el factor definitivo. Y todos los eventos que lo anteceden

Por Michael Penfold | 10 de septiembre, 2016
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Manifestante protesta delante de un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. ©Fotografía de Giovanna Mascetti. [01/09/2016]. Haga click en la imagen para ver la cobertura de 100 fotografías hechas por cuatro fotógrafos en exclusiva para Prodavinci

El Referendo Revocatorio encierra la siguiente paradoja política: la recolección de las manifestaciones de voluntad del 20% de los electores va a ser tan fulminante como su convocatoria final. Es por eso que el debate sobre la fecha del revocatorio —aunque relevante— no será necesariamente el factor definitivo. Y todos los eventos que lo anteceden son tan importantes políticamente como su consumación.

Aunque avance lentamente, el referendo va dejando secuelas que son cada vez más determinantes. Es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. La marcha del 1 de septiembre pareciera reflejar un punto sin retorno y lo que sucedió en Villa Rosa demuestra un efecto de esa misma bola de nieve que ya alcanza a los estratos más bajos de la población.

Analisis del 1S que viene ahora 320x100Si el chavismo hubiese querido detener el referendo a través del Tribunal Supremo de Justicia ya lo hubiese hecho. Es precisamente lo que el “madurismo” hubiese querido sentenciar hace meses, pero que curiosamente no ha podido materializar. Ha sido mas fácil para el gobierno disolver (en la práctica) a la Asamblea Nacional, a través de la Sala Constitucional, que impedir definitivamente los avances procedimentales para su convocatoria.

Las razones son evidentes: el referendo tiene amplio apoyo entre todos los venezolanos, ha sido bien encauzado políticamente por la oposición y tiene simpatizantes dentro del mismo chavismo y del mundo militar.

En estos momentos tan delicados, el país está unido en torno al Referendo Revocatorio y la inminente necesidad de estabilizar la economía. Mas de 85% de los venezolanos quiere un referendo, según las encuestas más serias del país. La población se aferra a esta esperanza, incluso si implica aguardar con penurias para ver cumplida su materialización. Ese mismo 85% de la población reconoce que el desabastecimiento y la inflación son los principales problemas nacionales, incluso superando el tema de la inseguridad. La gente entiende que el cambio económico implica una transformación política que debe tener un carácter tanto pacífico como electoral. Este fue el principal mensaje detrás de la masiva movilización ciudadana del 1-S.

¿Qué puede pasar después de tener el 20% de las voluntades?

Una vez que se hayan reunido las voluntades, tanto el Presidente como su anillo de poder más cercano van a quedar políticamente aislados. Con una economía en ruinas, es imposible que Maduro gane alguna consulta. Y la verdad es que el debate sobre los tecnicismos que rodean la forma de recoger manifestaciones de voluntad es algo que quedará como material para un buen seminario sobre reglas electorales. Pero lo cierto es que a estas alturas tienen poca relevancia política. Sin importar qué tipo de reglas bizantinas sean seleccionadas (seguramente regulaciones absurdas, como a las que nos tiene acostumbrado el CNE), la meta del 20% va a ser superada y reflejará una mayoría abrumadora.

El “madurismo” anticipa, por lo tanto, que no puede impedir la recolección de las manifestaciones de voluntad y que tampoco puede ganar el referendo. Y por eso reacciona con tanta vehemencia. Su única tabla de salvación es una confrontación violenta que permita justificar la suspensión del proceso. Pero ese evento no lo quiere nadie: ni la oposición, ni el mismo chavismo y mucho menos los militares. Tampoco lo quiere la sociedad en su conjunto.

A estas alturas todos los actores relevantes sospechan un desenlace. Lo que se desconoce es cuál va a ser su modalidad. El Presidente Maduro, una vez que la oposición haya recogido el 20% a finales de octubre, apostará a la abstención. Tratará de convencer a su propia militancia de que, si bien no puede ganar el referendo, puede impedir que la oposición consiga suficientes votos para revocarlo. Pero el chavismo luce agotado después de una resistencia fútil y es muy probable que lo abandonen públicamente. Maduro pasará a ser una apuesta sin sentido alguno para el PSUV y para sus satélites organizacionales.

Y en caso que el chavismo continúe resistiendo incondicionalmente, el PSUV corre un riesgo real de dividirse ante la negativa de encarar la magnitud de un crisis política y económica sin precedentes.

¿Y qué puede pasar con el chavismo y los militares?

El chavismo tratará de contener las aguas crecidas hasta comienzos del próximo año —quizás con algún tipo de apoyo militar— y pretenderá controlar un proceso de cambio de gobierno para impulsar una renovación de su propio liderazgo, preferiblemente sin activar ningún proceso electoral. La fórmula sería la renuncia del Presidente a comienzos del 2017 (antes de la realización del referendo). Y eso tendría como corolario el nombramiento de un vicepresidente que satisfaga los intereses de grupos muy diversos.

Bajo estas circunstancias, el chavismo aceptaría la necesidad de articular un nuevo programa económico, buscaría renovar el liderazgo de su partido e intentaría rescatar simbólicamente un legado revolucionario y un capital político que ha sido dilapidado por la peor gestión que haya experimentado el país en su historia republicana.

Es una apuesta que luce complicada, pero no es una propuesta desquiciada.

Los militares enfrentan una encrucijada similar. Las Fuerzas Armadas han venido, deliberadamente, tomando el control de todas las esferas de gobierno para lograr dos objetivos: el primero, aumentar su poder de negociación con cualquiera de los factores políticos (sean chavistas, maduristas u opositores) para poder garantizar así su continuidad histórica y minimizar los daños colaterales que un proceso de cambio pueda producir; el segundo, los militares (en especial los más institucionales) buscan quedar en una posición de poder que les permita definir la modalidad del proceso de cambio que experimentaremos en los próximos meses.Y esa modalidad no es única, sino más bien múltiple y perfectamente puede mutar en el tiempo.

El país puede desviarse por distintos senderos o incluso cruzarse nuevamente. Y todos estos caminos llevan a resultados muy diferentes.

Estamos entrando en un delta turbulento.

¿Cuáles son esos cambios que pueden venir?

Una de las tantas modalidades de cambio puede implicar un control directo del sistema político y económico por parte de las mismas Fuerzas Armadas, sin ningún tipo de intermediación política una vez que tomen control de la vicepresidencia y, posteriormente, de la presidencia. Todo esto por vía constitucional. Otra modalidad supone una renovación del chavismo con apoyo militar, sin necesariamente permitir una apertura democrática hacia la oposición. Tampoco es descartable que los militares decidan sacrificar al chavismo y precipiten el Referendo Revocatorio, así como unas elecciones presidenciales. Y, finalmente, existe un escenario en el cual los militares pueden convertirse en un factor determinante para impulsar un acuerdo amplio entre el chavismo y la oposición para restaurar tanto la democracia como el estado de derecho.

Es difícil anticipar qué opción prefieren los verdeoliva. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas se han convertido en el actor silente que va a mover el país por un sendero u otro. Y es indudable que las condiciones objetivas (tanto políticas como sociales) influirán en su decisión, pues su principal objetivo será preservar la institución, así como todos (sí: todos) sus privilegios.

No en vano, el expresidente Ramón J. Velásquez, quien además era un gran historiador, hablaba del partido histórico: es imposible contabilizar y entender cualitativamente los cambios políticos venezolanos sin tomar en cuenta la influencia de esta institución tan particular.

¿Cómo se percibirían estos escenarios?

La primera modalidad de cambio es internacionalmente inaceptable, pero tampoco es inverosímil: tenemos como muestra a Egipto con Al-Sisi. La segunda supone un relanzamiento de una coalición cívico-militar chavista bajo un presidente interino, quien asumiría después de enero de 2017 pero que continuaría cercando a la oposición y al Parlamento nacional. Y la última consiste en que sean los mismos militares quienes obliguen —bajo la cooperación internacional— a un proceso de negociación entre chavismo y oposición que culmine con un gobierno de cohabitación dirigido por una figura de consenso con perfil chavista. Este gobierno conllevaría a la restauración de la Asamblea Nacional, a la elección de gobernadores y alcaldes y, muy posiblemente también incluiría una profunda reforma constitucional. Esta última modalidad de cambio implica el otorgamiento de garantías mutuas a todos los actores políticos relevantes.

La-encrucijada-del-revocatorio-José-Ignacio-Hernandez 320x100Frente a esta realidad, la oposición tiene una sola posibilidad: continuar ejerciendo presión a través de la movilización social para acelerar la velocidad del referendo e incrementar, simultáneamente, su poder de negociación frente al chavismo y la esfera militar. Después del 1 de septiembre, la oposición logró romper con la idea que era un actor que podía ser manipulado por los factores disidentes chavistas para activar el referendo y que podría ser ignorado posteriormente durante el proceso de cambio al posponer su realización hasta el año entrante. Para el chavismo no madurista, pareciera evidente que la oposición es una fuerza plural que no sólo tiene una gran fuerza electoral —con control de la Asamblea Nacional— sino que también comienza a ser un factor de poder que es fundamental para poder estabilizar el país.

¿Cuáles son los escenarios que abre la oposición?

De modo que la movilización social abre dos escenarios potenciales para la oposición. El primer escenario es uno en el que, gracias a la presión de calle, se logra adelantar el Referendo Revocatorio antes de fin de año y se precipita una nueva elección presidencial que sin duda alguna ganarán cómodamente. El otro escenario conlleva a que esa misma presión social obligue a los militares a forzar al chavismo a aceptar la mediación internacional (bajo otras condiciones) para convenir los nuevos términos políticos y constitucionales de una convivencia democrática que provea garantías mutuas entre las partes.

El primer escenario implica un colapso del chavismo como consecuencia de la movilización popular. El segundo es lo que en ciencia política conocemos como un cambio por “extricación”: implica una negociación para lograr concesiones por parte de quienes tienen un control absoluto sobre el ejercicio del poder a cambio de protecciones institucionales. De hecho, estas concesiones muchas veces implican aceptar mecanismos no democráticos para proteger a quienes ceden espacios de poder a cambio del restablecimiento de derechos políticos y civiles.

Aunque el revocatorio no haya ocurrido aún, sus consecuencias comienzan a ser notorias: el cambio en Venezuela es inevitable pero su direccionalidad es incierta. Existen múltiples modalidades que pueden activarse una vez que se recojan las manifestaciones de voluntad y que son modalidades que pueden ir mutando con el paso de los meses. Uno de esos tantos caminos puede implicar un proceso con las características democráticas que muchos deseamos pero también pueden abrirse otros senderos mucho más sombríos.

Ciertamente, una oposición movilizada y con una gran fuerza electoral aumenta considerablemente los probabilidades de un cambio que precipite un proceso de negociación creíble tanto con el chavismo como con el mundo militar. Un chavismo descontento y dispuesto a abrir un diálogo creíble también ayuda en este mismo sentido. Eso sería lo mejor para Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que ya estamos en una coyuntura histórica definitiva y la forma cómo el liderazgo chavista, militar, pero también opositor, afronten políticamente el conflicto actual marcará la vida del país durante las próximas décadas: para bien o para mal.