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Alcaldes en la mira: ¿qué decidió la Sala Constitucional del TSJ?; por José Ignacio Hernández

A través de ocho sentencias dictadas el miércoles 24 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de amparo constitucional en contra de los alcaldes de los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, así como los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías

Por José Ignacio Hernández G. | 24 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

A través de ocho sentencias dictadas el miércoles 24 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de amparo constitucional en contra de los alcaldes de los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, así como los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías del estado Mérida.

Estas medidas de amparo fueron dictadas en el marco de diversas demandas presentadas en contra de estos alcaldes, en las cuales se alegó el incumplimiento de sus deberes al no cuidar el orden público en el marco de protestas desarrolladas en los municipios.

¿Qué puede pasar?

1. Un antecedente peligroso

Existe un importante antecedente que conviene recordar, de acuerdo a lo que expliqué en su momento aquí en Prodavinci. En 2014, en el marco de protestas ciudadanas, la Sala Constitucional dictó medidas de amparo similares a las que este miércoles fueron acordadas. Como resultado de esas medidas, la Sala consideró que ciertos alcaldes –Ceballos y Scarano– habían incumplido las medidas de amparo y como consecuencia ordenó su privación de libertad y destitución.

Este es el riesgo al que se enfrentan estos ocho alcaldes: ser apresados y destituidos por la Sala Constitucional.

2. ¿Qué ordenó la Sala Constitucional?

Las ocho demandas presentadas, según las sentencias, tienen un contenido similar: se alega que en los municipios se han desarrollados protestas y trancas contrarias al orden público, sin que los alcaldes hayan adoptado medidas efectivas para controlar tales desórdenes.

Al admitir esas demandas, la Sala Constitucional consideró que era necesario proteger los derechos humanos afectados por estos desórdenes. En total, dictó siete medidas de amparo:

1. Realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2. Proceder a la inmediata remoción de obstáculos para mantener las vías y zonas adyacentes libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4. Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5. Ejercer la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías.

6. Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario

7. Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo de sus deberes. En especial, se ordenó desplegar las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promover estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

3. ¿Qué riesgos tienen estas medidas?

Estas medidas coinciden en un punto: su imprecisión. Cualquier lector podrá ver que se trata de medidas amplias e indeterminadas. Por lo tanto, esas medidas otorgan a la Sala Constitucional un poder discrecional para decidir cuándo éstas han sido cumplidas o no (tal y como sucedió en 2014).

Es importante recordar que las obligaciones municipales a las cuales alude la sentencia, son obligaciones de “medio”, no de “resultado”. Esto lo que significa es que el deber de los alcaldes es actuar con diligencia, pero ellos no pueden asegurar que no se perturbe el orden público en el municipio pues tal perturbación –de ocurrir– es causada por terceros.

En resumen: con estas sentencias, los alcaldes quedan sometidos a un control amplio por parte de la Sala Constitucional del cual depende no sólo su libertad sino su permanencia en el cargo. Si la Sala considera que se han incumplido sus medidas, en claro abuso de poder, podrá ordenar la privación de libertad de los alcaldes y su destitución (tal y como sucedió en 2014).

4. ¿Y qué puede hacer la policía municipal?

Como en 2014, la Sala Constitucional ordenó a las alcaldías intervenir con cuerpos de policías. Sin embargo, las policías municipales no pueden intervenir para controlar el orden público, pues su actuación se limita a prevenir y controlar delitos.

La policía municipal no puede, ni está preparada, para “desmontar” por el uso de la fuerza protestas y barricadas, actuando contra los vecinos. Si a pesar de todos los esfuerzos de la alcaldía, los vecinos deciden protestar y hacen barricadas, la policía municipal no puede actuar por la fuerza contra esos vecinos. Primero: esto no es competencia de la policía municipal (como vimos). Segundo: esa policía no está ni equipada ni preparada para esto. Tercero y lo más importante: una acción directa de policías municipales para “desmontar” barricadas con vecinos presentes, sería una clara violación a los derechos humanos.

5. La Sala Constitucional en contra de la democracia

Como sucedió en 2014, estas ocho nuevas sentencias de la Sala Constitucional suponen un grave riesgo para la democracia, pues someten a alcaldes electos popularmente a controles discrecionales de los cuales dependen no solo su libertad sino su permanencia en el cargo.

Estas sentencias son consecuencia de un claro abuso de poder de la Sala Constitucional y lejos de efectuar un control jurídico en los temas de su competencia nacional, ha ejercido un control impreciso y ambiguo en asuntos municipales. Como resultado de esto, solo la Sala Constitucional puede decidir si sus imprecisas órdenes fueron o no cumplidas. De ese juicio, insisto, dependerá la libertad de los alcaldes y su permanencia en el cargo.

Es por esto que las sentencias comentadas también restringen arbitrariamente el derecho a la protesta y lo condicionan a órdenes imprecisas y ambiguas.

Bases comiciales: otro golpe a la democracia; por José Ignacio Hernández

En la tarde del 23 de mayo de 2017 el Gobierno presentó al Consejo Nacional Electoral las “bases” para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, que el propio Gobierno convocó el pasado 1 de mayo. Estas bases son otro golpe a la democracia. Así, tres elementos destacan: (i) la usurpación

Por José Ignacio Hernández G. | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

En la tarde del 23 de mayo de 2017 el Gobierno presentó al Consejo Nacional Electoral las “bases” para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, que el propio Gobierno convocó el pasado 1 de mayo.

Estas bases son otro golpe a la democracia. Así, tres elementos destacan: (i) la usurpación de la soberanía popular, pues el Gobierno no solo convocó a la constituyente sino que además impone sus condiciones de elección; (ii) la elección de los constituyentes, parcialmente, será por sectores, lo que viola el derecho al sufragio universal y (iii) se anuncia la intención de la constituyente de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

1. Las bases: otra usurpación de la soberanía popular

El Gobierno no solo usurpó la soberanía popular al convocar la Asamblea Nacional Constituyente, sino que además, usurpó esa soberanía al imponer las condiciones de elección de los constituyentes.

Hasta ahora, el Gobierno ha dado un argumento muy pobre para justificar jurídicamente su proceder: de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, el Presidente de la República en Consejo de Ministros tiene la iniciativa para la convocatoria de la constituyente. Por ello, el Gobierno sostiene que él puede decidir la convocatoria de la constituyente y además, imponer sus bases o condiciones de elección.

Con ello, el Gobierno confunde deliberadamente la “iniciativa” para convocar la constituyente (artículo 348 de la Constitución) con la “convocatoria” de la constituyente (artículo 347). El artículo 347 es muy claro: el pueblo, como depositario del poder constituyente, es quien decide sobre su convocatoria. Y el artículo 5 de la Constitución es todavía más claro: la soberanía reside en el pueblo, y nadie –incluyendo al Gobierno– puede quitarle al pueblo esa soberanía.

Lo que ha hecho el Gobierno es ignorar esas normas constitucionales y usurpar la soberanía popular, primero, al convocar la constituyente y ahora, al imponer sus bases de funcionamiento.

Esa usurpación es todavía más evidente, si repasamos lo que opinaban, sobre este punto, quienes hoy justifican la convocatoria de la constituyente sin consultar al poder constituyente. Así, en 1995 Hermann Escarrá publicó un libro (Democracia: reforma constitucional y asamblea constituyente), en el cual sostuvo que solo el pueblo puede decidir si convoca o no la constituyente, conclusión que reiteró en un discurso de 2013. Por su parte, como ya expliqué aquí en Prodavinci, Elías Jaua, en el debate constituyente de 1999, sostuvo que solo el pueblo podía decidir sobre la constituyente, y que esa decisión era inatacable.

Esta contradicción lo que evidencia es que la convocatoria de la constituyente, y las bases impuestas por el Gobierno, son ilegítimas, pues no son resultado de la consulta a la voluntad del pueblo.

Hay un argumento adicional. Las bases propuestas por el Gobierno limitan el derecho de participación ciudadana al regular quiénes podrán postularse al cargo de constituyente. Sin embargo, solo la voluntad popular puede limitar a la propia soberanía popular. Por ello, precisamente, las bases de la constituyente deben ser aprobadas por el voto. Al no contar con esa aprobación, nos encontramos ante una limitación ilegítima al derecho de participación ciudadana impuesta por el Gobierno en clara usurpación de funciones.

2. Una Asamblea Nacional Constituyente sectorial

Parte de los constituyentes, de acuerdo con las ilegítimas bases, serán electos entre sectores previamente designados por el Gobierno. De esa manera, dentro de cada sector podrán postularse candidatos, de lo cual resulta una clara limitación al derecho al sufragio: los electores no podrán postularse libremente, sino que tendrán que postularse a través de sectores. Consecuentemente, el elector pierde su libertad: podrá escoger, ciertamente, pero solo entre los postulados de los sectores definidos por el Gobierno.

Además, basta revisar el listado de sectores para comprobar cómo muchos de ellos operan bajo el control del Gobierno, como sucede con los consejos comunales y comunales, que por Ley, solo pueden existir para apoyar el modelo socialista del Gobierno.

Ciertamente, hay constituyentes electos por circunscripciones municipales, siendo evidente aquí, también, importantes distorsiones. Sin embargo, que existan constituyentes electos por sectores supone de por sí una arbitraria limitación al derecho al sufragio, pues no existirá libertad de postulación y, en consecuencia, libertad de selección.

La constituyente sectorial viola el derecho al sufragio universal y rompe con el principio de igualdad de voto, pues solo algunos podrán postular candidatos, si cumplen con las condiciones prefijadas por el Gobierno. De acuerdo con estas bases, por ello, y como diría George Orwell, hay unos electores “más iguales que otros”.

3. Una Asamblea Nacional Constituyente con poder absoluto

Las bases afirman que la Asamblea Nacional Constituyente será originaria, lo que implica que no quedará vinculada a la Constitución de 1999, ni a ninguno de los Poderes Públicos previstos en ella.

Por ello, en la práctica, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decidir sobre el destino del resto de los Poderes Públicos, que en la práctica, quedarían subordinados a ella.

Esto permitiría a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, remover ilegítimamente a los representantes de los Poderes Públicos, como por ejemplo, la Fiscal General de la República, quien ya se manifestó en contra de esta iniciativa.

Lo propio podría suceder con la Asamblea Nacional. De hecho, las bases disponen que la asamblea constituyente va a sesionar en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea Nacional. Esto es un buen indicio de cuál será el destino de esa Asamblea, si en efecto, esta fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente se instala.

4. ¿Y ahora?

Ahora corresponde al CNE decidir si acata o no las espurias bases y organiza la elección tal y como el Gobierno Nacional ordenó que se hiciera. Aquí, me temo, no habrá sorpresa: la mayoría de los rectores del CNE acatarán la voluntad del Gobierno y procederán a organizar esta elección, en claro fraude a la Constitución.

Con tal proceder, la mayoría del CNE pondrá en evidencia su claro sesgo a favor del Gobierno. Recordemos todas las ilegítimas trabas puestas por el CNE para tramitar el referendo revocatorio del mandato presidencial; la ilegítima suspensión de las elecciones regionales y la ilegítima ilegalización de los partidos políticos de oposición. Al recibir estas bases, sin embargo, el CNE –como ya adelantó su Presidente y la Rectora D’Amelio– probablemente actuará con gran diligencia, traicionando así su objetivo de salvaguardar el derecho de participación ciudadana.

Pues esta Asamblea Nacional Constituyente “ciudadana” supone el mayor atentado al derecho de participación que se ha cometido en los tiempos recientes en Venezuela, y el mayor golpe que se pueda dar a la democracia constitucional.

Así, lo que el Gobierno está usurpando es, ni más ni menos, la esencia de la soberanía popular, cual es el llamado poder constituyente originario. Consumada esa usurpación, solo quedará la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente ciudadana como poder de facto que eliminará todo vestigio de la democracia constitucional en Venezuela.

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La Sala Constitucional justifica la eliminación del derecho al voto; por José Ignacio Hernández

I La sentencia de la Sala Constitucional Número 355/2017 del 16 de mayo resolvió, seis años después, diversas demandas de nulidad intentadas en contra de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010. Las demandas habían sido interpuestas al considerarse que esa Ley violaba la autonomía municipal, al obligar al Municipio a actuar de

Por José Ignacio Hernández G. | 22 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

I

La sentencia de la Sala Constitucional Número 355/2017 del 16 de mayo resolvió, seis años después, diversas demandas de nulidad intentadas en contra de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010.

Las demandas habían sido interpuestas al considerarse que esa Ley violaba la autonomía municipal, al obligar al Municipio a actuar de acuerdo con las instancias del Estado Comunal, controladas por el Gobierno.

La Sala Constitucional declaró improcedentes todos esos recursos, considerando que no era inconstitucional subordinar el Municipio al Estado Comunal. Con ello, la Sala Constitucional justificó la desnaturalización del Municipio, que dejó de ser la unidad política básica del Estado, lugar que tiende a ser sustituido por la comuna socialista.

II

Pero de esa sentencia lo que me interesa destacar ahora es que la Sala Constitucional justificó la eliminación del derecho al voto para elegir a los miembros de las Juntas Parroquiales, al aceptar que esa elección se realice de manera indirecta.

Tomando en cuenta que la propuesta de la fraudulenta constituyente también se basa en desconocer el derecho al voto, interesa explicar lo que dijo la Sala Constitucional.

III

Antes de la reforma de 2010, la Junta Parroquial era un órgano del Municipio cuyas autoridades eran electas por el voto directo, secreto y universal. La Junta Parroquial se creó, así, para facilitar la gestión de asuntos municipales dentro del territorio del Municipio, facilitando a los ciudadanos interactuar con autoridades electas cercanas a su domicilio.

En el 2005 se realizaron, por última vez, las elecciones parroquiales. En diciembre de 2010 la Asamblea Nacional —en los últimos días de su período— reformó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y decidió que los miembros de la Junta Parroquial serían electos por los voceros de los consejos comunales. Además, la Ley terminó el mandato popular de los miembros de esas Juntas.

En efecto, de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de 2010, los miembros de la Junta Parroquial son electos “por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quienes en dicha elección deberán ser fiel expresión del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos y ciudadanas”.

Esto es lo que se conoce como una elección indirecta o de segundo grado. Así, la elección directa es aquella en la cual el elector elige directamente a su representante, siendo que cualquier elector podrá postularse como candidato: antes, cualquier elector podía elegir a los miembros de la Junta, y cualquier elector podía postularse como candidato.

En la elección de segundo grado, por el contrario, el elector no elige al represente: éste es electo por otra persona. Por ello es una elección indirecta, y por lo tanto, menos democrática.

De esa manera, quien elige a los miembros de las Juntas Parroquiales son los voceros de los consejos comunales, los cuales a su vez son designados por la asamblea de ciudadanos. Esta designación, observo, no es una elección, pues no está presente el principio del voto universal : solo puede ser escogido como vocero alguien que pertenece al consejo.

El resultado práctico de lo anterior es que los venezolanos perdieron el derecho al voto para elegir a la Junta Parroquial, la cual pasó a ser designada por los voceros de los consejos comunales. Por ello, el nombre de esa Junta cambió, pues comenzó a denominarse “Junta Parroquial Comunal”. La palabra “comunal” implica la eliminación del derecho al voto, pues en el Estado Comunal  no hay voto ni elecciones.

IV

Esta reforma, como elimina el derecho al voto, es inconstitucional. Sin embargo, en su sentencia Número 355/2017, la Sala Constitucional sostuvo lo contrario. Para la Sala, el derecho a la participación ciudadana es más importante que el derecho al sufragio. Con lo cual, puede eliminarse el derecho al voto a fin de permitir que los ciudadanos participen directamente.

Tal razonamiento de la Sala parte de una clara manipulación: sostener que el derecho al sufragio es distinto al derecho de participación, cuando en realidad se trata de un solo derecho. Según el Artículo 62 de la Constitución, todos los ciudadanos  pueden participar libremente, lo que abarca el derecho al voto, de acuerdo con los Artículos 5 y 63. Por ello, eliminar el derecho al voto no favorece el derecho de participación: en realidad viola tal derecho.

V

La oportunidad en la cual se dicta esta sentencia es importante, pues la fraudulenta propuesta de la constituyente promovida por el Gobierno se basa precisamente en eliminar el derecho al sufragio para promover una elección sectorial, o sea, una elección en la cual no existirá el derecho general de postularse al cargo de constituyente, ni el derecho general de votar por el candidato de su preferencia. Por el contrario, la postulación en la elección sectorial estará condicionada a la pertenencia a ciertos sectores previamente definidos por el Gobierno.

Esta forma de designación de los constituyentes no es resultado del voto directo, secreto y universal, con lo cual, viola el derecho a la participación ciudadana y al sufragio. Es por ello que esa constituyente ha sido calificada de “comunal”: en lo comunal, recuerdo, no hay voto ni elecciones.

Esta nueva sentencia de la Sala Constitucional justificaría la eliminación del derecho al voto para la designación sectorial de los constituyentes, bajo el falso argumento según el cual debe prevalecer el derecho a la participación ciudadana.

La realidad es otra. La fraudulenta propuesta de la constituyente se basa en el secuestro de la soberanía popular, negando el derecho de los venezolanos a participar libremente a fin de decidir si quieren o no convocar una constituyente, así como el derecho a decidir libremente por qué candidato votar.

Por ello, tanto la fraudulenta propuesta de la constituyente como la nueva sentencia de la Sala Constitucional, pretenden mantener la negación del derecho a la libre participación ciudadana y el derecho al voto. Ese derecho se desconoció al ignorarse el resultado electoral del 6 de diciembre de 2015; al suspenderse arbitrariamente el referendo revocatorio y al diferirse —también arbitrariamente— las elecciones regionales.

Con su nueva sentencia, la Sala Constitucional abre las puertas para desconocer ese derecho, ahora, con ocasión a la propuesta de la constituyente comunal.

Una constituyente que, de prosperar, eliminará con toda seguridad el derecho al voto para imponer sistemas comunales de designación de cargos públicos.

Las 5 razones por las cuales la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”; por José I. Hernández

El pasado 17 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República remitió una comunicación al Ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, en la que enumera las razones por las cuales se opone a la convocatoria de la “asamblea nacional constituyente ciudadana”. De esa carta pueden extraerse cinco

Por José Ignacio Hernández G. | 19 de mayo, 2017
Fotografía de Verónica Canino para AVN

Fotografía de Verónica Canino para AVN

El pasado 17 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República remitió una comunicación al Ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, en la que enumera las razones por las cuales se opone a la convocatoria de la “asamblea nacional constituyente ciudadana”.

De esa carta pueden extraerse cinco argumentos en contra de la “constituyente ciudadana”:

La primera razón parte de una comparación con el proceso constituyente de 1999. Tal proceso, como bien recuerda la Fiscal, inició con la consulta al pueblo venezolano para que éste decidiera, mediante referendo, si quería o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aun cuando la constituyente de 1999 estuvo rodeada de diversas opiniones encontradas, al menos en este punto hubo unanimidad: como la soberanía reside en el pueblo, solo éste puede decidir si convoca o no una constituyente.

La segunda razón apunta al método de elección de los constituyentes, que la Fiscal califica como una elección sectorial o corporativa. La palabra “corporativa” se emplea para aludir la designación de ciertos cargos a través de corporaciones o gremios, que es precisamente lo que se pretende hacer con esta constituyente, negando así el derecho al sufragio libre, secreto, directo y universal.

Así, como expliqué en Prodavinci, la propuesta del Gobierno consiste en que al menos la mitad de los constituyentes sean electos solo dentro de ciertos sectores previamente definidos por el propio Gobierno. Esto es lo opuesto al voto universal, que en pocas palabras, implica “un elector un voto”.

La tercera razón por la cual la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”, es por cuanto la actual crisis venezolana –que la Fiscal califica como una crisis “sin precedentes– no requiere sancionar una nueva Constitución.

En este punto ha habido contradicción por parte del Gobierno. Así, se ha pretendido hacer ver que la constituyente no sustituirá la Constitución de 1999. Esto contradice el artículo 347, conforme al cual, la Asamblea Nacional Constituyente permite dictar una nueva Constitución. Pero además, esto permite afirmar que para el Gobierno, la “constituyente ciudadana” es simplemente un medio para alcanzar objetivos fuera de la Constitución, todo lo cual conforma un claro fraude constitucional.

En cualquier caso, como bien señala la Fiscal, la actual crisis venezolana no es causada por la Constitución de 1999 sino por el sistemático desconocimiento de esa Constitución, en lo que la propia Fiscal calificó como una ruptura del orden constitucional.

La cuarta razón expuesta por la Fiscal, es que esta “constituyente ciudadana” amenaza con desconocer los estándares de protección a derechos humanos reconocidos en la Constitución de 1999.

La Constitución de 1999 puede ser criticada. Pero no puede negarse que en esa Constitución se consolidaron conquistas importantes en materia de derechos humanos y democracia constitucional. Al tratarse de una “constituyente” fraudulentamente convocada, con propósitos distintos a los que orientan el ejercicio del poder constituyente, existe por lo tanto el riesgo de que la nueva Constitución desconozca tales conquistas: por ejemplo, reduciendo –o eliminando– el derecho al sufragio, para imponer un sistema corporativo de elección de cargos públicos.

La quinta y última razón, que resume todas las anteriores, es que la “constituyente ciudadana”, lejos de solucionar la actual crisis, amenaza seriamente con agravarla. Pues una “constituyente” impuesta por la vía de la coacción y la represión, negando toda consulta abierta al pueblo, solo incrementará la conflictividad en Venezuela.

Se trata, como puede verse, de razones que apuntan, en definitiva, a la ausencia de criterios constitucionales y racionales que justifican, en estos momentos, la “constituyente ciudadana” propuesta por el Gobierno. Razones que además han sido expuestas por el titular de uno de los órganos más importantes del Estado, quien le correspondería incluso ejercer acciones o investigaciones relacionadas con esta fraudulenta constituyente (en el supuesto en que ésta siga adelante).

Esta carta me permite recordar lo que hace algún tiempo escribí aquí en Prodavinci: la mejor reforma constitucional que Venezuela necesita es hacer cumplir la Constitución.

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Lo que dice el diario de debates de la Constituyente (1999) sobre la convocatoria de una Constituyente; por José I. Hernández

Con ocasión de la decisión del Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consulta previa al pueblo de Venezuela, conviene repasar los debates generados al momento de aprobar los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999. En esos debates, como se verá, quedó muy claro que solo el

Por José Ignacio Hernández G. | 18 de mayo, 2017

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Con ocasión de la decisión del Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consulta previa al pueblo de Venezuela, conviene repasar los debates generados al momento de aprobar los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999. En esos debates, como se verá, quedó muy claro que solo el pueblo, mediante consulta, podía decidir si convocaba o no a una Constituyente.

Así, la discusión sobre la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como órgano encargado de dictar una nueva Constitución inició el 9 de noviembre de 1999 en la Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente, en lo que era el artículo 390, se disponía que “el pueblo, como constituyente originario, puede convocar a una Asamblea Constituyente”. A propuesta de Guillermo García Ponce, se le agregó a esa norma —como puede leerse en el actual artículo 347 de la Constitución— que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario.

Luego, al momento de discutir sobre la iniciativa para la convocatoria, se planteó el debate acerca de cómo el pueblo podía convocar una Constituyente. Al responder la pregunta que en tal sentido formulara el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquilena, Manuel Quijada indicó que el pueblo podía convocar la Constituyente por medio de un referendo. De hecho, en los artículos propuestos inicialmente —que eran muy detallados, siendo que luego se decidió abreviar su contenido— se aludía incluso al referendo de la convocatoria.

Sin embargo, en el debate entonces generado prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no podía limitar la Asamblea Nacional Constituyente, pues ésta, al ser expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones. Con lo cual, se consideró que no era necesario aclarar cómo el pueblo convoca a la Constituyente, pues el artículo aprobado —entonces, el 390, actual artículo 347— era claro en cuanto a que solo el pueblo puede convocarla.

Elías Jaua, al intervenir en ese debate, resaltó la importancia de atender a los principios de la democracia liberal, que parten de reconocer la supremacía de la soberanía popular. Según Jaua, los artículos aprobados —actuales artículos 347 y 348— expresan “el reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea Constituyente”. En su opinión, era innecesario por ello regular en exceso la convocatoria y actuación de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue ésa la posición que prevaleció, en el sentido de que las normas aprobadas se limitaron a (i) reconocer que el pueblo de Venezuela convoca a una Asamblea Nacional Constituyente; (ii) regular quiénes tenían la iniciativa para solicitarle al pueblo esa convocatoria y (iii) reiterar que los Poderes constituidos no podían obstruir la actividad de la asamblea nacional constituyente.

Como concluye Allan Brewer-Carias (quien fue miembro de la Asamblea de 1999), de estos debates se deriva que, para la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la convocatoria sólo puede realizarse mediante un “referendo de convocatoria”. Si ello no quedó expresamente regulado en la Constitución, simplemente, fue por cuanto era innecesario —como opinó Jaua— regular en detalle a la Constituyente.

El punto común en todas las intervenciones realizadas el día 9 de noviembre de 1999, fue entonces la soberanía popular: el poder Constituyente, como expuso Elías Jaua, es expresión directa de esa soberanía, que no puede ser limitada o condicionada por ningún Poder Público. De acuerdo con Jaua:

“Cuando la voluntad de un pueblo se manifiesta no hay derecho positivo que pueda detenerla, simplemente tiene que adecuarse o sucumbir ante la voluntad, ante el huracán constituyente de los pueblos cuando se deciden a refundar sus repúblicas y sus instituciones”

Con lo cual, para los constituyentes de 1999, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, esto es, la decisión de convocar a tal asamblea, solo corresponde al pueblo en ejercicio de su soberanía, la cual no puede ser limitada, ni siquiera, por la Constitución. Por ello, la “iniciativa para la convocatoria”, que corresponde entre otros al Presidente de la República en Consejo de Ministros, era el mecanismo a través del cual podía solicitarse al pueblo que decidiera si quería o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

En su intervención del 9 de noviembre, el propio Elías Jaua hizo esa distinción, al señalar que la Constitución solo podía regular:

“El reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea, y la manera cómo puede convocarla —que es importante para que tenga una referencia— (…)”

Esta intervención de Jaua permite comprender la diferencia entre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la iniciativa para la convocatoria. La convocatoria es la expresión de la voluntad del pueblo de convocar a esa asamblea, en el entendido que solo el pueblo soberano y depositario de esa soberanía, puede expresar esa voluntad. La iniciativa es la manera —o el procedimiento— a través del cual esa voluntad puede ser expresada. Es decir, el procedimiento a través del cual se tiene la iniciativa de consultar al pueblo si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con estos debates, por lo tanto, el Presidente de la República en Consejo de Ministros solo tiene la iniciativa para consultar la voluntad del pueblo sobre si quiere o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en modo alguno el Presidente puede tomar esa decisión, pues ésta corresponde exclusivamente al pueblo.

¿Qué cambia con el nuevo decreto de estado de excepción?; por José Ignacio Hernández

El 16 de mayo de 2017 circuló la Gaceta Oficial Nro. 6.298 –fechada en realidad tres días antes– con el Decreto Nro. 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. ¿Cambia algo en este nuevo Decreto de estado de excepción? La respuesta es negativa:

Por José Ignacio Hernández G. | 16 de mayo, 2017

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El 16 de mayo de 2017 circuló la Gaceta Oficial Nro. 6.298 –fechada en realidad tres días antes– con el Decreto Nro. 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional.

¿Cambia algo en este nuevo Decreto de estado de excepción? La respuesta es negativa: salvo algunos detalles, se trata del mismo Decreto publicado en enero de 2017, que a la vez, es bastante similar a los Decretos dictados desde enero del pasado año.

Esto es, se trata de un Decreto motivado de manera genérica y retórica, que pretende atribuir al Presidente de la República poderes ilimitados, desconociendo las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

Un estado de excepción que es ya la regla

Siguiendo un reciente trabajo de Gabriel Sira al respecto, el Decreto Nro. 2.849 viene a ser el cuarto Decreto de Estado de excepción dictado desde enero de 2016, Decretos que han contado con tres prórrogas. Esto significa que el estado de excepción tiene ya un año y cuatro meses de vigencia.

Más que excepcional, tal situación pasó a ser la regla. Así, desde enero de 2016 el Presidente concentra funciones extraordinarias que desconocen las competencias de la Asamblea Nacional, y que pretenden justificar restricciones a derechos humanos sobre la base de conceptos tan amplios como la protección de la patria. Todo ello en clara violación a la Constitución, no solo por la amplitud de estos Decretos, sino además, por cuanto éstos fueron objetados por la Asamblea Nacional. Con lo cual, en estricto sentido jurídico, en Venezuela el estado de excepción no es una situación de Derecho sino de hecho. O lo que es igual: parte del golpe de Estado permanente.

Entre asedios, ataques y fraudes

Como los anteriores, el Decreto Nro. 2.849 apela a una motivación grandilocuente. Así, se alude al “asedio contra la recuperación de la economía venezolana, manifestando nuevas y perversas formas de ataques, como: destrucción de instalaciones públicas y privadas, agresión a estudiantes y trabajadores que desean llegar a su jornada diaria (…) el bloqueo permanente de vías de comunicación…”. También se mencionan los ataques que han afectado la circulación de dinero en efectivo y la actitud “desestabilizadora contra la República” por parte de los diputados de la Asamblea Nacional.

Se trata de expresiones claramente arbitrarias, que lejos de describir hechos objetivos, responden a la sesgada visión según la cual hay diversos ataques, complots, conspiraciones y confabulaciones en marcha. Esto no es más que la expresión del “contrapoder” al cual se apela para justificar, en claro fraude a la Constitución, un estado de excepción que pasó a ser la regla.

Lo (poco) que cambia

Partiendo de estas expresiones retóricas, el Decreto reitera, en su artículo 2, la habilitación ilimitada al Presidente de la República para que adopte cualquier restricción a las garantías constitucionales. Se trata, en términos sencillos, de un cheque en blanco: el Presidente se “auto-atribuye” poderes absolutos, invocando la necesidad de salvar a la patria.

La enumeración de estos “súper-poderes” es, por ello, meramente descriptiva. Con todo, el artículo 2 reconoce específicamente algunos poderes nuevos al Presidente, en comparación con el Decreto de enero de 2017:

“Conformar estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan campañas de desestabilización y distorsión a la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio”. Esto pudiera indicar que el Gobierno planea modificar el régimen cambiario en vigor a través del estado de excepción, por ejemplo, implementando el anunciado DICOM.

“Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de los procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar”. Esto pudiera justificar mayores controles sobre alimentos, medicamentos, cosméticos y otros productos de consumo masivo.

“Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productor, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional”. En realidad, se trata de una variante de la competencia anterior.

Tampoco es necesario leer las letras pequeñas de este Decreto. Como su propósito, en claro fraude a la Constitución, es atribuir “súper-poderes”, al final, el Presidente considerará que más allá de las competencias del artículo 2, él siempre podrá adoptar cualquier medida de restricción sobre los derechos humanos.

¿Y la constituyente?

El nuevo Decreto de estado de excepción no hace alusión a la fraudulenta constituyente que pretende ser convocada.

Sin embargo, de prosperar esta iniciativa, con toda seguridad, el estado de excepción pasará a ser asumido desde la fraudulenta asamblea nacional constituyente. Es decir, que ya ni siquiera sería necesario simular la existencia de estados de excepción mediante Decretos que de cuando en cuanto son publicados en Gaceta Oficial: la fraudulenta asamblea nacional constituyente, ante los asedios, ataques, conspiraciones y demás confabulaciones, otorgaría todos los “súper-poderes” al Presidente de la República para salvar la patria.

El Estado soy yo, dicen que dijo Luis XIV en Francia. Ya sabemos quién podría decir algo similar en Venezuela.

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Otro golpe de Estado: la ‘destitución’ del alcalde Alfredo Ramos; por José Ignacio Hernández

En la noche del 11 de mayo de 2017, cuando escribo estas líneas, los hechos no parecen estar del todo claros en cuanto a la decisión del Concejo Municipal de Iribarren de “destruir” al Alcalde Alfredo Ramos. Repesamos los hechos. El 26 de abril de 2017 se informó de la intención del Concejo Municipal de

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de mayo, 2017
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Fotografía de Noticias Barquisimeto

En la noche del 11 de mayo de 2017, cuando escribo estas líneas, los hechos no parecen estar del todo claros en cuanto a la decisión del Concejo Municipal de Iribarren de “destruir” al Alcalde Alfredo Ramos.

Repesamos los hechos.

El 26 de abril de 2017 se informó de la intención del Concejo Municipal de Iribarren de “destituir” a Ramos, por supuestas denuncias de corrupción. Pocos días después varios concejales denunciaron a Ramos ante el Ministerio Público por supuestos actos terroristas. El propio Alcalde informó que en su contra se habría interpuesto una acción de amparo.

Luego, el 11 de mayo el Concejo Municipal, según el concejal Alejandro Natera, se “aprobó un acuerdo para destituir al alcalde Alfredo Ramos por incumplir con sus funciones como burgomaestre”. Se indicó, sin embargo, que “no hay un documento legal que sustente el Acuerdo”.

Pareciera así que el Concejo Municipal de Iribarren decidió destituir al Alcalde Ramos.

Como ya expliqué aquí en Prodavinci en relación con otro caso similar, el Alcalde, como todo funcionario de elección popular, no puede ser “destituido”. Todo lo contrario, la terminación del mandato popular del Alcalde sólo procede en los supuestos específicos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, conocidos como “ausencia absoluta”.

Por esto, el Concejo Municipal no puede destituir al Alcalde, en tanto no es su superior jerárquico. Lo único que puede hacer el Concejo es declarar la falta absoluta del Alcalde en los casos específicos establecidos en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a saber:

1. La muerte.

2. La renuncia.

3. La incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República.

4. Por revocatoria del mandato.

5. También el artículo permite que la ausencia absoluta se declare cuando la ausencia temporal se extiende más de noventa días.

Como se lee, el Concejo Municipal de Iribarren no puede destituir al Alcalde Ramos. Lo único que podría hacer, en los casos admitidos por la Ley, es declarar su ausencia absoluta. Sin embargo, de los hechos examinados no se deprende que el Alcalde Ramos esté incurso en alguna de esas faltas.

Con lo cual, la “destitución” del Alcalde Ramos desconoce la soberanía popular, y en concreto, la voluntad de quienes eligieron a Ramos. Es por esto que tal destitución no es una medida jurídica sino una medida de facto, o sea, una decisión que por los hechos pretende remover al Alcalde de su cargo.

Estamos ante un golpe de Estado. Más en específico: estamos ante otro capítulo del golpe de Estado continuo por el que atraviesa el país y que gira en torno a un mismo hecho, como es el sistemático desconocimiento de la voluntad popular.

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Civiles ante justicia militar: ¿conflicto entre la Fiscalía y MinDefensa?; por José I. Hernández

El procesamiento de civiles en tribunales militares, al cual me referí en un anterior artículo en Prodavinci, se ha incrementado en los últimos días. Algunos medios informan que más de noventa civiles han sido presentados ante tribunales militares.  Asimismo, se ha destacado que el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares –como sucede especialmente en Valencia-

Por José Ignacio Hernández G. | 10 de mayo, 2017

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El procesamiento de civiles en tribunales militares, al cual me referí en un anterior artículo en Prodavinci, se ha incrementado en los últimos días. Algunos medios informan que más de noventa civiles han sido presentados ante tribunales militares.  Asimismo, se ha destacado que el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares –como sucede especialmente en Valencia- forma parte del llamado Plan Zamora.

Ello ha dado lugar a dos posiciones distintas, defendidas por el Ministro de la Defensa y el Ministerio Público.

¿Quién tiene la razón?

La razón la tiene el Ministerio Público: los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares. La interpretación del Ministro de la Defensa se basa en una Ley que es anterior a la Constitución de 1999, la cual es clara al señalar que la justicia militar solo aplica a delitos militares, los cuales solo pueden ser cometidos por militares activos. Esta conclusión es respaldada por Tratados de Derechos Humanos que –recuerdo- tienen rango constitucional en Venezuela.  En resumen, la Ley tiene que ser interpretada a favor de la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos, a fin de concluir que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares viola los derechos humanos.

Veamos por qué.

La posición del Ministerio Público

Hasta el momento, la posición del Ministerio Público solo se conoce a través de un tweet enviado desde su cuenta oficial, en el cual se informa que el Fiscal N° 41 del estado Zulia “solicitó que 14 detenidos por hechos ocurridos en Villa del Rosario sean juzgados por tribunal civil y no militar”.

El mensaje alude a la detención de catorce personas por protestas en Villa del Rosario (estado Zulia) en la cual fue derribada una estatura de quien fuera presidente, Hugo Chávez. Según los medios, tales personas serían sometidas a la jurisdicción militar por los delitos de  ultraje al centinela y rebelión militar.

El tema de fondo aquí es por qué deberían  ser enjuiciadas estas personas que estaban protestando. Pero a efectos de este artículo, el punto que me interesa destacar es que, para el Ministerio Público, estos civiles solo pueden ser juzgados por tribunales penales y no por tribunales militares.

Asimismo, el Ministerio Público informó que imputará ante tribunales penales a un militar relacionado con el arrollamiento de una persona que protestada en  Calabozo. Como sea que la naturaleza del supuesto delito no es militar, el Ministerio Público consideró que los tribunales competentes eran los penales y no los militares.

En resumen: para el Ministerio Público, solo pueden ser enjuiciados por tribunales militares los militares que cometan delitos de naturaleza militar. Por el contrario, los civiles, y los militares que cometan delitos no militares, solo pueden ser procesados por la justicia penal.

Lo que opina el Ministro de la Defensa

El Ministro de la Defensa, según recogen los medios, sostiene la legalidad del enjuiciamiento de civiles por militares, de acuerdo con el Código Orgánico de Justicia Militar. Se sostiene, en tal sentido, que “todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos”.

Aclarando la situación

Ante la divergencia de opiniones, es bueno recapitular lo antes explicado aquí en Prodavinci sobre este tema. Para ello, hay que tomar en cuenta tres puntos.

Primero. Es cierto, como dice el Ministerio de la Defensa, que el vigente Código Orgánico de Justicia Militar permite que civiles sean procesados ante la justicia militar. En especial, según el numeral 2 del artículo 123 de ese Código:

“Artículo 123

La jurisdicción militar comprende:

(…)
2. Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente”

Es importante destacar que ese Código es producto de una reforma implementada en 1998 al Código de 1967. Es decir, se trata de una Ley anterior a la vigente Constitución de 1999. Este dato, como veremos, es muy importante.

Segundo. Diversos Tratados de Derechos Humanos suscritos por Venezuela, y su interpretación por organismos y tribunales internacionales de defensa de derechos humanos, establecen el derecho al “juez natural”. Esto es, el derecho de las personas a ser juzgadas por sus pares o iguales. Bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ello, la justicia militar es excepcional: solo puede extenderse a ciertos delitos cometidos por militares, pero nunca a civiles.

Por ello, un civil no puede ser juzgado por militares, pues los militares no son “pares” de los civiles. Por lo tanto, juzgar a civiles por tribunales militares viola el derecho humano al juez natural.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución de 1999, estos Tratados son de directa aplicación a Venezuela, tienen rango constitucional y por ello, prevalecen sobre cualquier Ley. Por lo tanto, el Código Orgánico de Justicia Militar debe ser interpretado a favor de los Tratados de Derechos Humanos, a fin de impedir que civiles sean juzgados por militares.

Tercero. El derecho al juez natural es reconocido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de 1999. En relación con ello, el artículo 261 de la Constitución dispone que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Nuevamente, el Código Orgánico de Justicia Militar tiene que ser interpretado a favor de la Constitución, tal y como ordena su artículo 7.

La Sala Constitucional, en sentencia de 24 de abril de 2002, concluyó que ese Código violaba la Constitución, al permitir que civiles fuesen juzgados por militares. La Sala fue muy clara: la justicia militar “sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

Como expliqué en mi anterior artículo, este criterio fue luego abandonado. En caso Francisco Usón, la Sala de Casación Penal, en sentencia de 2 de junio de 2005, afirmó que “la jurisdicción militar, es competente para juzgar a los militares y civiles asimilados por delitos militares, siempre y cuando se encuentren en funciones militares, actos de servicios, en comisiones o con ocasión a ellas”. Cabe acotar que el procesamiento de Usón fue objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisión de 20 de noviembre de 2009, al considerar –entre otros aspectos- que “la aplicación de la justicia militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo”.

Civiles ante militares: una violación a derechos humanos que podría pasar a ser “constitucional” con la fraudulenta constituyente

Como vimos, la opinión del Ministro de la Defensa solo cubre parte de la verdad. La Ley sí permite enjuiciar a civiles por militares, pero esa Ley debe entenderse derogada por la Constitución de 1999. Así lo interpretó en su momento la Sala Constitucional y así lo ha interpretado, en el caso de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Afirmar que es el enjuiciamiento de civiles por militares es legal, implica menospreciar la Constitución, pues la Ley no puede interpretarse por encima de la Constitución. Lo verdaderamente importante es determinar si tal enjuiciamiento es constitucional. Y la respuesta, como vimos, es claramente negativa: la Constitución de 1999, y los Tratados de Derechos Humanos que tienen rango constitucional, no permiten juzgar a civiles por tribunales militares. Y no lo permiten, pues los militares actúan bajo reglas distintas a los civiles. Así, los delitos militares exigen el incumplimiento de deberes militares. Y los civiles no quedan sometidos a tales deberes.

Una advertencia final. De avanzarse en la fraudulenta constituyente, el marco constitucional señalado cambiaría, seguramente, a fin de afirmar que los civiles sí pueden ser juzgados por tribunales militares. La anunciada “constituyente militar” no es más que la pretensión de llevar a la Constitución la llamada “unión cívico-militar”, o sea, la inclusión de la sociedad civil en el ámbito militar (o más bien “pretoriano”). Esto implicaría la eliminación de todas las libertades civiles, sustituidas por deberes militares.

Sobre el extraño caso de la firma del decreto de la “constituyente ciudadana”; por José I. Hernández

En un acto a puertas cerradas en el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de la Presidente de esa institución, y como público, diversos representantes del oficialismo, el Presidente leyó y firmó el Decreto –de tan solo dos artículos– por el cual “activa” el proceso de la asamblea nacional constituyente ciudadana. Esto resulta extraño, pues

Por José Ignacio Hernández G. | 3 de mayo, 2017

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En un acto a puertas cerradas en el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de la Presidente de esa institución, y como público, diversos representantes del oficialismo, el Presidente leyó y firmó el Decreto –de tan solo dos artículos– por el cual “activa” el proceso de la asamblea nacional constituyente ciudadana.

Esto resulta extraño, pues en acto televisado del 1° de mayo, ya el Presidente había firmado el Decreto. ¿Para qué firmarlo dos veces?

Más extraño todavía. Si vemos el video con cuidado, podremos ver que la fecha del Decreto firmado el 1° de mayo es, en realidad del mes de abril, en concreto, del día veintiocho. Pero el Decreto leído y firmado el 3 de mayo tiene fecha 1° de mayo ¿Por qué cambiar el Decreto?

Quizás la respuesta a estas interrogantes se encuentre en el contenido del Decreto leído el 3 de mayo. Además de inconstitucional, tal Decreto es inútil pues no regula cómo estará compuesta la asamblea nacional constituyente. Por el contrario, se anunció que las “bases” de esa asamblea serían entregadas en un momento posterior.

1.- Lo que dice el Decreto

En su primer artículo, y citando los artículos 347, 348, 70 y 236.1 de la Constitución, el Presidente convocó “una asamblea nacional constituyente, ciudadana y de profunda participación ciudadana, para que nuestro pueblo como depositario del poder constituyente originario (…) pueda decidir el futuro de la patria (…)”.

En su segundo artículo, se indica que los integrantes de esa “asamblea nacional constituyente originaria” serán elegidos “en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto (…)”.

2.- El Gobierno usurpa la soberanía popular al convocar a la asamblea nacional constituyente

El artículo 1 del Decreto usurpa la soberanía popular, pues es el Gobierno quien convoca a la asamblea nacional constituyente, cuando esa decisión solo puede tomarla el pueblo, a través del correspondiente referendo.

Para explicar esto, antes debo explicar la diferencia entre la convocatoria de la constituyente y la iniciativa para esa convocatoria.

La convocatoria a la asamblea nacional constituyente consiste en la decisión de acudir a ese mecanismo para dictar una nueva Constitución. El artículo 347 de la Constitución señala que el pueblo de Venezuela “puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”. Esa decisión es expresada de acuerdo con el artículo 5, mediante los mecanismos de participación ciudadana, y entre ellos, el referendo, al cual alude el artículo 70.

Por ello, la decisión de convocar a una asamblea nacional constituyente solamente puede tomarla el pueblo mediante un referendo, mediante el voto directo, secreto y universal. En ese referendo el pueblo deberá decidir si quiere o no acudir a una constituyente.

Ahora bien, ese referendo tiene que ser convocado a solicitud de alguien. Precisamente, ello es regulado en el artículo 348 de la Constitución, norma que señala quiénes tienen la iniciativa para la convocatoria, o lo que es igual, quiénes pueden solicitar que se convoque a un referendo para que el pueblo decida si quiere o no acudir a una constituyente.

La única competencia que tiene el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por ello, es solicitar al Poder Electoral que convoque al referendo popular. Más nada.

Pero en el artículo 1 del Decreto comentado, el Gobierno tomó la decisión de convocar a la asamblea nacional constituyente, a pesar de que no se ha consultado al pueblo si quiere o no acudir a ese mecanismo.

Alguien me replicará que, según el Decreto, el pueblo sí participará en la “elección” de los miembros de la asamblea nacional constituyente. En el punto siguiente atenderé a ese aspecto. Pero incluso así, lo cierto es que “participación” solo permitiría “elegir” a los constituyentes, pero no permitiría al pueblo decidir si quiere o no acudir a una asamblea nacional constituyente.

Por ello, el Decreto usurpa la soberanía popular y es parte del golpe de Estado causado, precisamente, por el sistemático desconocimiento de tal soberanía.

3.- El fraudulento uso de la palabra “universal” y la asamblea nacional constituyente estamental

Si repasamos nuevamente el video del 1° de mayo, podremos ver cómo el Gobierno dijo, ese día, que la asamblea será electa por el pueblo de manera “directa, secreta”. Y hasta allí llegó. Ninguna referencia al carácter universal de esa elección.

Pero en el Decreto firmado el 3 de mayo la palabra universal sí aparece. Sin embargo, el propio artículo 2 desdice esa universalidad cuando advierte que los miembros de la asamblea  serán electos de manera “sectorial y territorial”.

¿Esto qué significa?

Como ya explique aquí en Prodavinci, esto lo que significa es que la esta asamblea no será resultado del derecho al sufragio, sino de un sistema de elección por “sectores”, permitiendo a cada sector definido por el Gobierno (la clase obrera, por ejemplo), designar, dentro de su seno, a los representantes ante la asamblea constituyente. Al menos, como se dijo el 1° de mayo, para la mitad de los constituyentes, lo que garantiza al Gobierno controlar a esta fraudulenta asamblea nacional constituyente.

Esta elección no es universal. De acuerdo con los artículos 62 y siguientes de la Constitución, universal significa que cualquier elector puede postularse al cargo de constituyente y cualquier elector podrá votar por el candidato de su preferencia. Una elección sectorial no es universal, y no es democrática.

Por ello, este Decreto ratifica que no estamos ante una legítima asamblea nacional constituyente, sino ante un fraude constitucional.

4.- ¿Y qué significa lo de “originaria”?

El Decreto también califica a la asamblea nacional constituyente como originaria. Esto quiere decir que esa asamblea asumirá todos los poderes del Estado y que ningún Poder Público podrá afectar su funcionamiento, incluyendo a la Asamblea Nacional.

Por ello, con la fraudulenta asamblea nacional constituyente lo que se pretende es concentrar todos los poderes, y culminar el proceso de disolución de la Asamblea Nacional.

5.- ¿Y qué viene ahora?

El Decreto “convocó” a la asamblea nacional constituyente, pero no reguló sus bases, o sea, las normas que determinan el número de constituyentes, su forma de elección y otros aspectos de organización. Con lo cual, es un Decreto inútil, pues sin esas basas, nada podrá hacer el Consejo Nacional Electoral.

Por ello, el próximo paso debería ser la publicación, mediante Decreto, de las bases de la asamblea nacional constituyente, tal y como se anunció en el acto de 3 de mayo.

Ello implicaría otra usurpación de la soberanía popular, pues esas bases no serían producto de la consulta popular. Solo el pueblo convoca a la constituyente y solo el pueblo aprueba sus bases. Pero como estamos ante un fraude, entonces, esas bases serán dictadas por el Gobierno.

Estaré comentando, aquí, el contenido de bases apenas sean publicadas.

La fraudulenta “constituyente”: Otro golpe a la democracia; por José Ignacio Hernández

En la tarde del 1 de mayo de 2017 el Gobierno anunció su intención de “convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. Por el anuncio, en realidad, queda en evidencia que el Gobierno no pretende convocar a una legítima Asamblea Nacional Constituyente, pues su intención parece ser acudir a un fraudulento mecanismo que consolide el golpe

Por José Ignacio Hernández G. | 1 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

En la tarde del 1 de mayo de 2017 el Gobierno anunció su intención de “convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Por el anuncio, en realidad, queda en evidencia que el Gobierno no pretende convocar a una legítima Asamblea Nacional Constituyente, pues su intención parece ser acudir a un fraudulento mecanismo que consolide el golpe a la democracia.

Veamos.

1. Lo que dijo el Gobierno

En su alocución, el presidente Maduro anunció su intención aplicar el artículo 347 de la Constitución para convocar a una “Asamblea Nacional Constituyente”. Sin embargo, advirtió que se trataría de una constituyente sin partidos, pues sería “de la clase obrera”.

Al formular su anuncio, el Gobierno advirtió que los miembros de la constituyente serían electos “mediante voto directo” dentro de distintos sectores del Poder Popular, como la clase obrera y otros representantes de gremios, así como por parte de líderes comunitarios.

Advirtió, por último, que esta asamblea tendría el poder originario, con lo cual, ningún órgano del Poder Público podría impedir su funcionamiento.

2. La legítima Asamblea Nacional Constituyente

En sus declaraciones, Maduro aludió a una “asamblea nacional constituyente ciudadana”, conformada por clase obrera, campesinos, indígenas, amas de casa, pescadores, estudiantes. Una “Asamblea popular, obrera, campesina”.

Esto es algo completamente distinto a la Asamblea Nacional Constituyente prevista en los artículos 347 y siguientes de la Constitución. Tal Asamblea no es “popular”, en el sentido que no está conformada solo por ciertos sectores, como la clase obrera y demás instancias del llamado Poder Popular. Tal Asamblea, por el contrario, está conformada por los ciudadanos que, mediante el sufragio directo, secreto y universal, son elegidos constituyentes, más allá de la “clase” a la cual pertenecen.

Elecciones en la que todo elector puede participar en ejercicio de su derecho al voto. Esto no es solo una consecuencia natural de las bases constitucionales de la democracia, sino que además es una condición inherente al propio concepto de constituyente previsto en el artículo 347 constitucional: el poder constituyente pertenece al pueblo, con lo cual solo el pueblo, en votaciones directas, secretas y universales, podrá elegir a los miembros de la constituyente.

3. La Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta

Sin embargo, en el discurso del Gobierno, hay indicios suficientes que nos permiten concluir que su intención es simular un proceso constituyente, pero para lograr la elección de un órgano subordinado al Gobierno, principalmente, por medio del poder popular.

En efecto, en su alocución, Maduro advirtió que los constituyentes serían designados mediante “voto directo”, pero solo desde determinada “clase”. Así, de los 500 miembros que esta constituyente tendría, la mitad sería designada mediante los obreros, estudiantes, campesinos y otros sectores, quienes “escogerían” entre ellos a sus representantes. La otra mitad sería escogida mediante un proceso –nada claro– de regionalización. Esa selección podrá ser “directa”, pero en modo alguno es una elección consecuencia del derecho constitucional al voto, ni mucho menos, consecuencia del derecho de todo ciudadano a optar a cargos de elección popular.

Esta idea, de hecho, no es nueva. Recientemente, la palabra “constituyente” se ha utilizado en el marco del llamado “poder popular”, esto es, las instancias controladas y dirigidas por el Gobierno para la promoción del socialismo. Por ejemplo, con ese fin, en 2016, el llamado “Congreso de la Patria” propuso un “proceso popular constituyente”. Una idea similar también había sido asomada en el Decreto que creó la Misión Justicia Socialista.

Es por ello que estamos ante una “simulación” de un proceso constituyente, que perpetrando el secuestro del derecho al voto, permitiría al Gobierno garantizar el control sobre la “asamblea popular” que resulte en definitiva designada.

 4. ¿Y qué puede pasar ahora?

Según se anunció, mañana debería ser publicado en Decreto con la convocatoria al proceso constituyente y las “bases”, esto es, las condiciones para escoger a los constituyentes, de acuerdo con el fraudulento mecanismo de selección que fue anunciado.

Corresponderá entonces al Consejo Nacional Electoral dirigir el proceso de designación de los miembros de la “asamblea nacional constituyente popular”, según lo que dispongan tales bases.

Una vez instalada, y según anunció, esa “asamblea nacional constituyente popular” concentraría todas las funciones, bajo una fraudulenta interpretación del artículo 349 del texto de 1999, según el cual, “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Esto serviría de excusa, por ejemplo, para consolidar la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional.

Además, la Constitución aprobada por la “asamblea nacional constituyente popular”, según el artículo 349 citado, entrará en vigor con su publicación en Gaceta Oficial, sin necesidad de un referendo aprobatorio.

Tomando en cuenta todo esto, podemos entonces valorar el riesgo de esa propuesta: la ilegítima designación de una “asamblea nacional constituyente popular”, en violación al derecho al sufragio directo, secreto y universal, permitiría afectar el funcionamiento de todos los Poderes Públicos y aprobar una nueva Constitución, todo ello, al margen de la democracia.

Por ello, en el fondo, el anuncio de convocar a una “asamblea nacional constituyente popular” no es más que la continuación del golpe de Estado permanente, ahora, en un nivel incluso superior.

Cuando sea publicado el Decreto complementaremos estos comentarios.

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Los gobernadores y la imposibilidad de prohibir el derecho a manifestar; por José Ignacio Hernández

  Algunos Gobernadores del oficialismo (en los estados Yaracuy, Vargas y Táchira) dictaron Decretos que regulan y restringen el derecho a manifestar, lo que ha generado reacciones, al considerarse que tales Decretos violan tal derecho. ¿Pueden los Gobernador prohibir o regular el derecho a manifestar? Lo que establecen los Decretos El 24 de abril los

Por José Ignacio Hernández G. | 30 de abril, 2017
Fotografía de Andrés Kerese / Haga click acá para ver la galería completa

Fotografía de Andrés Kerese / Haga click acá para ver la galería completa

 

Algunos Gobernadores del oficialismo (en los estados Yaracuy, Vargas y Táchira) dictaron Decretos que regulan y restringen el derecho a manifestar, lo que ha generado reacciones, al considerarse que tales Decretos violan tal derecho.

¿Pueden los Gobernador prohibir o regular el derecho a manifestar?

Lo que establecen los Decretos

El 24 de abril los medios de comunicación reseñaron que el Gobernador del estado Yaracuy había dictado el Decreto N° 3.941, que “prohíbe la participación de encapuchados o enmascarados en manifestaciones, colocación de cauchos, basura o demás artefactos que interrumpan las vías públicas, llevar artefactos incendiarios y cualquier otra acción que violente el estado de derecho”. Según las noticias, el Decreto permitiría arrestar a quienes estén encapuchados.

El 28 de abril los medios reflejaron que el Gobernador del estado Vargas, mediante el Decreto N° 051, dictó similares medidas. El Decreto prohíbetoda acción dirigida a la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público mediante manifestaciones de calle que generen violencia”.

Finalmente, ese mismo día los medios señalaron que el Gobernador del estado Táchira, a través del Decreto N° 175, prohibió “las manifestaciones de calle que “generen violencia” a la población de esa entidad regional”.

Pude revisar el Decreto N° 175, pues está cargado en la página web de la Gobernación. Su objeto central, de acuerdo con su artículo 1, es prohibir “toda acción dirigida a la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público, mediante manifestaciones de calle que generen violencia, zozobra y terror a la población, con el propósito de obstaculizar las vías públicas para impedir el libre tránsito e incitando a la perpetración de actos vandálicos que trae como consecuencia que bandas armadas o grupos de delincuencia organizada atente contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada, causando estragos, catástrofes e incendios con el propósito de subvertir el orden constitucional y paralizar el servicio de transporte público o privado”.

También se prohíbe, en el artículo 2.5, “cualquiera acto que pueda poner en peligro los derechos humanos, producir perjuicio emocional, social, económico o de desestabilización en el normal desenvolvimiento de las personas”. El artículo 4, por su parte, prohíbe “realizar manifestaciones o disturbios con ocultamiento de la identidad visible o perceptible de sus ejecutantes mediante el uso de capuchas, pasamontañas o facsímiles de rostros”, pues ello se considerará “como parte de la ejecución de actos vandálicos o terroristas”.

Los Decretos son inconstitucionales pues usurpan funciones del Poder Legislativo

No puede limitarse el derecho a manifestar reconocido en el artículo 68 de la Constitución a través de Decretos, como han hecho las Gobernaciones de los estados Yaracuy, Vargas y Táchira, pues solo la Ley puede limitar ese derecho.

Esto es lo que se llama “reserva legal”: la restricción a los derechos fundamentales, como el derecho a manifestar, solo puede ser acordada por el Poder Legislativo, o sea, mediante Ley. Por lo tanto, los Decretos (que tienen un rango inferior a la Ley) no pueden restringir derechos fundamentales.

Es por ello que la regulación del derecho a manifestar, principalmente, deviene de una Ley, a saber, la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Por lo tanto, estos Decretos, al restringir el derecho a manifestar, usurpan funciones del Poder Legislativo en violación a la Constitución.

Las prohibiciones indeterminadas desconocen el derecho a manifestar

Los Decretos también violan la Constitución, pues desarrollan prohibiciones tan imprecisas que, en el fondo, ellas terminan desconociendo el derecho a manifestar.

Para ello, estos Decretos acuden a uno de los conceptos más imprecisos del Derecho Público: el “orden público”. En el caso del Decreto de Táchira, como vimos, se prohíbe “toda acción dirigida a la alteración de la paz social y el quebrantamiento del orden público, mediante manifestaciones de calle que generen violencia, zozobra y terror a la población”. Cabría preguntar: ¿cuándo una manifestación altera la paz social y el orden público? ¿Cuándo una manifestación puede causar perjuicio emocional?

Una de los métodos empleados para justificar violaciones a derechos humanos es con prohibiciones que son obvias. Cualquier lector desprevenido que lea este Decreto dirá, y con razón, que esas prohibiciones no agregan nada, pues ciertamente, el derecho a manifestar no puede justificar la realización de actos violentos, contrarios al orden público, o actos terroristas.

Ese es el detalle, precisamente. Las “prohibiciones obvias” basadas en la “protección del orden público”, facilitan restricciones a los derechos fundamentales, en la medida en que el “orden público” es un concepto lo suficientemente amplio como para justificar cualquier violación a esos derechos.

Como ejemplo, podría citar la regulación de comunicaciones en la U.R.S.S., que prohibía utilizar el teléfono “para fines contrarios a los intereses del Estado y del orden público”. También puedo recordar que en 1984 de Orwell, el Ministerio del Amor era el encargado de mantener la ley y el orden.

Por ello, una de las justificaciones más usadas para desconocer y desnaturalizar el derecho a manifestar es el orden público. Esto fue lo que sucedió en 2014, cuando la Sala Constitucional quiso desconocer ese derecho para la defensa del orden público, tal y como expliqué aquí en Prodavinci.

No es casual que hace no mucho el Gobierno “aclaró” que su intención no es reprimir el derecho a manifestar, pues sus acciones se orientan a resguardar el orden público. Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta aclaratoria, y los Decretos comentados, evidencian que el orden público es, tan solo, una excusa para reprimir no solo el derecho a manifestar, sino además, el derecho a la vida ya la integridad personal.

La “presunción” de terrorismo

Otra violación presente en estos Decretos es la degeneración de la palabra “terrorismo”, como justificación para desconocer el derecho a manifestar. Esto es evidente en el Decreto de Táchira: usar cualquier elemento que cubra el rostro es considerado “como parte de la ejecución de actos vandálicos o terroristas”.

Es decir, que si usted, amigo lector, acude a una marcha con un pañuelo para protegerse de la represión de las fuerzas públicas mediante el uso abusivo de las bombas lacrimógenas, se convierte de inmediato en un terrorista, lo que podría servir de excusa para practicar detenciones masivas, como ya sucedió en el pasado.

¿Y los derechos humanos?

Estos Decretos, finalmente, solo se enfocan a restringir el derecho a manifestar con base en prohibiciones imprecisas, sin preocuparse en modo alguno por garantizar la protección de los derechos humanos de los manifestantes, como ordena el artículo 19 de la Constitución.

Con lo cual, el verdadero peligro tras estos Decretos es que ellos pretenderían justificar, bajo el paraguas del orden público, la sistemática violación de los derechos humanos que se han realizado en las manifestaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, ante el uso desmedido de la fuerza. Ello no solo viola Tratados de Derechos Humanos y la Constitución, sino incluso, las propias Normas que el Gobierno dictó para asegurar el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

Frente a estos inconstitucionales Decretos, solo cabe recordar lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución: todo acto que viole los derechos constitucionales es nulo, y los funcionarios que lo orden o ejecuten incurren en responsabilidad.

¿Son inconstitucionales las operaciones de swap de oro del BCV?; por José Ignacio Hernández

Según reseñan los medios de prensa, la Asamblea Nacional ha objetado la constitucionalidad de las operaciones de swap de oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), por cuanto tales operaciones no han sido previamente controladas por la Asamblea. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, dirigió una comunicación

Por José Ignacio Hernández G. | 27 de abril, 2017
Fotografía de Cordon Press

Fotografía de Cordon Press

Según reseñan los medios de prensa, la Asamblea Nacional ha objetado la constitucionalidad de las operaciones de swap de oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV), por cuanto tales operaciones no han sido previamente controladas por la Asamblea.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, dirigió una comunicación al Deutsche Bank el pasado 18 de abril de 2017 en la cual indicó que a través de esas operaciones, el Gobierno Nacional pretendería continuar las acciones que ha venido desplegando en violación a la Constitución y los derechos humanos, al procurarse recursos financiaros al margen de la Constitución.

¿Son inconstitucionales estas operaciones?

1. Entendiendo el swap

El swap es una operación por la cual, en términos sencillos, se intercambian bienes. Por ello, se llama permuta financiera, y según los casos, también puede ser concebido como un reporto, que es la compra-venta de valores que incluye el pacto de “recompra” de tales valores. Los bancos centrales vienen ejecutando estas operaciones desde los tiempos del patrón oro.

En concreto, el swap de oro es la operación por medio de la cual el BCV intercambia oro de las reservas internacionales por divisas, con la condición de devolver esas divisas y recuperar el oro al vencimiento del plazo establecido en la operación.

Por ello, en estricto sentido, no se trata de una venta, pues esta operación de intercambio se pacta por un tiempo determinado, transcurrido el cual, el oro será devuelto al BCV, tal y como el propio Instituto Emisor pudo explicar en una nota de prensa de 1998.

Desde esta perspectiva, el swap es una operación normal en todo banco central, pues facilita la mejor administración de las reservas internacionales. Así, el BCV puede decidir realizar la permuta de oro para recibir a cambio divisas que serán mejor invertidas en instrumentos financieros, con lo cual puede mejorar la rentabilidad de sus activos, o procurarse recursos líquidos en situaciones de necesidad coyuntural.

Por ello, se trata de una operación que el BCV puede hacer como administrador de las reservas, de acuerdo con el Artículo 127 de la Ley del Banco Central de Venezuela, según la cual “en su función de administrar las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela atenderá a los criterios generales de liquidez, seguridad y rentabilidad de los instrumentos, en la observación de los mercados financieros internacionales y el análisis de las diversas clases de riesgos existentes en la actividad de inversión”.

El swap de oro, como operación típica de bancos centrales, no está diseñada para generar recursos fiscales, es decir, recursos que puedan ser aplicados para cubrir gastos públicos. Esta operación solo puede servir para realizar un cambio temporal en la estructura de activos del Banco Central.

2. ¿La Asamblea Nacional debe controlar previamente las operaciones de swap?

Como regla, la Asamblea Nacional no debe controlar las operaciones que el BCV realice para el cumplimiento de su objeto.

Sin embargo, de conformidad con el Artículo 150 de la Constitución, la Asamblea Nacional sí debe controlar previamente las operaciones del BCV, incluyendo el swap del oro, cuando esas operaciones sean calificadas como un “contrato de interés público”.

De acuerdo con esa norma, todo contrato de interés público celebrado con una sociedad extranjera, como es el caso de cualquier banco extranjero, debe ser previamente autorizado por la Asamblea. En Venezuela, se entiende que el contrato de interés público es aquel que puede comprometer la “vida económica y social de la Nación”. Esto es, contratos que impliquen compromisos de pagos en más de un ejercicio fiscal y que supongan obligaciones susceptibles de afectar al Estado.

Tal y como expliqué antes en Prodavinci, dentro de las muchas sentencias dictadas por la Sala Constitucional para desnaturalizar las funciones de la Asamblea Nacional, encontramos la sentencia Nro. 618/2016 de 20 de julio, que excluyó al BCV del control de la Asamblea previsto en el citado Artículo 150 constitucional.

Sin embargo, este Artículo 150 sí aplica al BCV, como ente del Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual, más allá de lo que diga la Sala Constitucional, lo cierto es que toda operación de swap de oro celebrado por el BCV con una institución extranjera, y que sea considerada un contrato de interés público, debe ser autorizada previamente por la Asamblea.

Precisamente, lo que invoca la Asamblea Nacional es que estas operaciones de swap constituyen un contrato de interés público que, en los términos del mencionado Artículo 150 de la Constitución, deben ser previamente autorizadas por ella, aun cuando la Sala Constitucional, ilegítimamente, haya tratado de desconocer ese control. La falta del control previo de la Asamblea, implicaría por ello la violación del citado artículo y por ende, la nulidad de la operación.

3. ¿Puede el BCV financiar al Gobierno con recursos provenientes de swap de oro?

Parte de las denuncias formuladas por el Presidente de la Asamblea Nacional es que a través de estas operaciones de swap el BCV financiará al Gobierno.

El BCV no puede financiar al Gobierno con ocasión de operaciones de swap. No puede hacerlo por dos razones. La primera, pues como expliqué, esta operación solo debería perseguir una mejor administración de las reservas, sin que pueda ser empleada como un mecanismo para realizar operaciones de crédito público. Segundo, pues en ningún caso el BCV puede financiar al Gobierno, pues ello violaría no solo su autonomía, sino su función constitucional básica de “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria” (Artículo 318 de la Constitución).

Con lo cual, el swap no puede ser empleado para proveer al Gobierno Nacional de recursos nuevos que no pueden ser captados por medio de operaciones de crédito público, ante la imposibilidad del Gobierno de contratar válidamente operaciones no autorizadas por la Asamblea.

Por lo tanto, como alega la Asamblea, toda operación de swap que permita proveer recursos al Gobierno será inconstitucional, al implicar un financiamiento inconstitucional del BCV al Gobierno.

Además, debo recordar que una observación más general: el presupuesto del ejercicio 2017 no fue aprobado por la Asamblea Nacional, nuevamente, como parte del golpe de Estado permanente materializado por la Sala Constitución, como también expliqué aquí en Prodavinci. Ello solo contribuye a enturbiar, todavía más, el contexto en el cual las operaciones de swap se están realizando.

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El retiro de Venezuela de la OEA sería inconstitucional. Lea aquí por qué; por José I. Hernández

Ante una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre Venezuela, pautada para el 26 de abril, el Gobierno ha señalado que, de efectuarse esa reunión, Venezuela se retirará de la OEA. Sin embargo, el retiro de Venezuela de la OEA sería una violación a la Constitución. Aquí explico por qué. ¿Cómo

Por José Ignacio Hernández G. | 26 de abril, 2017

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Ante una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA para debatir sobre Venezuela, pautada para el 26 de abril, el Gobierno ha señalado que, de efectuarse esa reunión, Venezuela se retirará de la OEA.

Sin embargo, el retiro de Venezuela de la OEA sería una violación a la Constitución. Aquí explico por qué.

¿Cómo se “retira” Venezuela de la OEA?

El principio que rige a la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución, es que la ratificación de tales Tratados, para su incorporación al Derecho venezolano, requiere la aprobación mediante Ley de la Asamblea.

La Constitución no exige esa aprobación de la Asamblea para que el Estado “denuncie” Tratados, esto es, para que el Estado decida retirar la suscripción del Tratado. Por lo tanto, como lo corrobora el Derecho Internacional, la denuncia de un Tratado, como regla, no debe ser aprobada por la Asamblea.

Precisamente, cuando el Gobierno alude al “retiro” de Venezuela de la OEA, a lo que se está refiriendo es a la denuncia de la Carta de la OEA, que es el Tratado constitutivo de esa organización.

De acuerdo con el artículo 143 de la Carta, el Estado –representado por el Gobierno- puede denunciar la Carta de la OEA mediante comunicación enviada a la Secretaría General. Los efectos de esa denuncia, en todo caso, solo se causarán a los dos años, según el citado artículo 143. Con lo cual, luego de la denuncia y por dos años, Venezuela seguiría estando obligada por la Carta y demás normas jurídicas dictadas bajo su amparo.

No obstante, el principio que se deriva del artículo 154 de la Constitución no es aplicable a la Carta de la OEA. Por el contrario, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, esa Carta –y los demás acuerdos internacionales suscritos en el marco de la OEA- tienen rango constitucional, con lo cual, no puede el Estado impedir su aplicación.

La Carta de la OEA tiene rango constitucional

El artículo 23 de la Constitución dispone que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, “tienen jerarquía constitucional”. Incluso, esos acuerdos prevalecen sobre el Derecho venezolano, en la medida en que la regulación sobre derechos humanos sea más favorable.

Precisamente, la Carta de la OEA –y los demás acuerdos suscritos al amparo de esa Organización- contienen normas de protección de derechos humanos.

En efecto, el artículo 106 de la Carta crea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”. Así, la Comisión (CIDH) es responsable, bajo la Carta, de promover la observancia de derechos humanos, como es el caso de los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por ello, la CIDH, de acuerdo con la Carta de la OEA, puede recibir cualquier petición de venezolanos, en la cual se denuncie la violación de sus derechos humanos por parte de Venezuela.

Por lo anterior, la Carta de la OEA, como Tratado que promueve la protección de derechos humanos, tiene rango constitucional. Esto significa que el Estado venezolano no puede “retirarse” de la OEA, pues no puede “retirarse” de la Constitución.

Otras normas de la Constitución respaldan esa conclusión, tal y como explicó en 2012 en Prodavinci el profesor Carlos Ayala Corao.  Así, el artículo 19 de la Constitución reconoce el principio de “progresividad de los derechos humanos”, según el cual, la regulación de esos derechos debe orientarse hacia su mayor protección, pero nunca a reducir esa protección, como sucedería ante la denuncia de la Carta de la OEA. Además, el artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho de todo venezolano a acudir a organismos internacionales para la defensa de derechos humanos, como es el caso de la CIDH. La denuncia de Carta, por ello, violaría el artículo 31 de la Constitución.

En conclusión: Venezuela no puede retirarse de la OEA, pues ello violaría la Constitución. Esa prohibición, acoto, es absoluta: ni siquiera con aprobación de la Asamblea Nacional Venezuela podría retirarse de la OEA, pues –repito- ello equivaldría a retirarse de la Constitución.

¿Y qué pasa si el Gobierno insiste en retirar a Venezuela de la OEA?

Cabe recordar que en 2012 el Gobierno venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, con el deliberado propósito de impedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer casos en contra de Venezuela. Con esa denuncia, el Gobierno venezolano violó la Constitución, pues esa Convención tiene, también, rango constitucional.

Algo similar podría suceder con la Carta. Así, desconociendo la Constitución, el Gobierno podría presentar la denuncia de esa Carta, con el propósito de desvincular a Venezuela de la OEA e impedir así la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

La denuncia de la Carta de la OEA por el Gobierno venezolano sería, por ello, parte del golpe de Estado continuado, pues supondría la derogatoria de facto de los artículos 19, 23 y 31 de la Constitución.

Pero en todo caso, esa inconstitucional denuncia no impediría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. De hecho, esa inconstitucional denuncia sería otra muestra más de la violación de esa Carta.

Como ya expliqué, según la Carta de la OEA, la denuncia de ese Tratado solo surte efectos a los dos años, con lo cual, Venezuela quedaría obligada por la Carta Democrática Interamericana por ese lapso. Por lo tanto, el Consejo Permanente y la Asamblea General podrían interpretar que la denuncia de la Carta forma parte de la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, exigiendo el cumplimiento de la Carta, al menos, durante los dos años siguientes a la inconstitucional denuncia.

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Democracia y secreto: ¿un mensaje de la fiscal?; por José Ignacio Hernández

I En su cuenta de Twitter personal, la Fiscal General de la República recomendó el libro de Norberto Bobbio, Democracia y Secreto, con ocasión al día mundial del libro. Esa recomendación es bastante sugestiva, tomando en cuenta la persona que recomendó el libro y, muy en especial, el contenido de ese libro. II Norberto Bobbio

Por José Ignacio Hernández G. | 23 de abril, 2017

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I

En su cuenta de Twitter personal, la Fiscal General de la República recomendó el libro de Norberto Bobbio, Democracia y Secreto, con ocasión al día mundial del libro.

Esa recomendación es bastante sugestiva, tomando en cuenta la persona que recomendó el libro y, muy en especial, el contenido de ese libro.

II

Norberto Bobbio (1909-2004), fue un jurista italiano, considerado una de las referencias básicas sobre la teoría del Estado en el siglo XX. Participante del movimiento Liberalsocialista, Bobbio sufrió prisión por sus acciones antifascistas. Su experiencia personal lo colocó en una posición única para construir la teoría del Estado tomando en cuenta la práctica política de los gobiernos totalitarios y autocráticos.

Por ello, uno de sus campos de investigación más relevantes dentro de la teoría del Estado es la democracia. En tal sentido, y frente a la perversión del lenguaje de la democracia, Bobbio destacó por sus esfuerzos de depurar dicho lenguaje, identificando con precisión los elementos que diferencian a la verdadera democracia de la falsa democracia.

En su libro El futuro de la democracia (primera edición de 1984), escribió Bobbio que la democracia se puede definir de muchas maneras, pero siempre es necesario definirla desde la “visibilidad o transparencia del poder”. Y nos aporta la siguiente conclusión:

“Es indiscutible que la permanencia de las oligarquías, o de las élites en el poder, se opone a los ideales democráticos”

En este sentido, un tema frecuente en sus reflexiones es lo que Bobbio llamó el poder secreto. Esto es, el poder tras el aparente poder, o lo que es igual, la oligarquía tras el poder con apariencia de democracia. Mientras que el poder aparente tiene un barniz democrático, el verdadero poder –o el poder secreto de las élites– desarrolla un régimen autocrático.

La única forma en que la democracia puede librarse de ese riesgo –concluye Bobbio– es mediante elecciones libres que garanticen la alternancia del poder. Pues la alternancia del poder impide que las élites capturen el poder para desarrollarlo por métodos autocráticos en nombre de la democracia.

III

El tema del libro recomendado por la Fiscal es, precisamente, el del poder invisible. Democracia y Secreto, editado por el Fondo de Cultura Económico, es la traducción al castellano del libro publicado en Italia en 2011, que recopila diversos trabajos de Bobbio publicados sobre este tema desde la década de los setenta del pasado siglo.

Como bien se explica en una reseña del libro publicado en Letras Libres, este libro resume artículos publicados en “un contexto turbulento —matanzas mafiosas, escándalos vinculados a la logia P2, ejecuciones, y encubrimientos”. El libro parte de la preocupación derivada del “gobierno que opera en la penumbra,” esto es, un “subgobierno que actúa “en la oscuridad más perfecta, al que podríamos llamar criptogobierno. Se trata de un poder invisible que se dirige contra el Estado, y que se conforma en el más absoluto secreto para combatirlo”. Tal subgobierno abarca a asociaciones delictivas; grandes organizaciones criminales y sectas políticas secretas. Tales organizaciones –que operan al margen del sistema formal– obtienen así “beneficios ilícitos” y recaban ventajas “no consentidas por una acción a plena luz”.

IV

El problema que estudia Bobbio es propio del siglo XX: tras la fachada democrática de los Gobiernos, se esconden formas autocráticas de poder. Formas, también, violentas del poder. Por ello Bobbio dice que la única forma de combatir la violencia es reconociéndola, cuando ella se esconde “tras la decorosa fachada de las instituciones que defendemos”.

El poder oculto requiere, también, de un contrapoder oculto. La autocracia vestida de democracia requiere del contrapoder oculto para justificar sus acciones. Por ello, escribe Bobbio que la historia de todo régimen autocrático está repleta de “conjuraciones, complots, conspiraciones, golpes de Estado, intrigas en los pasillos del palacio imperial, o bien de sediciones, revueltas o rebeliones”.

Con lo cual, continua Bobbio, “el poder autocrático, además, no solo pretende estar en situación de desvelar el secreto de otros mejor que el poder democrático, sino que cuando es necesario lo inventa, para poder afianzarse, para poder justificar su propia existencia”.

Donde hay tirano hay complot, concluye Bobbio. La autocracia disfrazada de democracia inventa el complot para justificar sus métodos autocráticos de gobierno. La represión, el espionaje, los servicios, la censura, la persecución política, pasan a ser herramientas de defensa de la democracia fingida por la autocracia verdadera.

V

En un momento particular de nuestra historica constitucional, en la cual la Constitución es permanentemente invocada para justificar acciones que implican su derogatoria de facto y la ruptura del orden constitucional, no puedo estar más de acuerdo con recomendar la lectura de Democracia y Secreto de Bobbio.

Es necesario, citando a Bobbio, develar la violencia tras la fachada de la democracia fingida.

Responsabilidad penal y abuso en el empleo de bombas lacrimógenas; por José Ignacio Hernández

La marcha se desplazaba por la autopista Francisco Fajardo. Poco después de la salida a El Rosal, tomó tres rutas distintas: unos siguieron en la autopista, que en esa zona se eleva para empalmar con el distribuidor El Pulpo. Otros optaron por seguir por la avenida Venezuela hacia El Recreo. Otros tomaron la vía de

Por José Ignacio Hernández G. | 20 de abril, 2017
Fotografía de Iñaki Zugasti

Funcionarios de orden público reprimen la manifestación opositora con bombas lacrimógenas. 4 de abril de 2017. Fotografía de Iñaki Zugasti

La marcha se desplazaba por la autopista Francisco Fajardo. Poco después de la salida a El Rosal, tomó tres rutas distintas: unos siguieron en la autopista, que en esa zona se eleva para empalmar con el distribuidor El Pulpo. Otros optaron por seguir por la avenida Venezuela hacia El Recreo. Otros tomaron la vía de la avenida principal de Bello Monte.

Veníamos por esa avenida, un poco después de la estación del metro Bello Monte, que estaba cerrada. El sonido y el olor característico daban cuenta de que, poco más adelante, la Guardia Nacional había comenzado a lanzar bombas lacrimógenas. La imagen del día así lo registra: la marcha de civiles en la autopista es detenida por la Guardia Nacional que, con tanquetas y gases, no solo impidió la continuación de la marcha, sino que además comenzó a dispersarla.

Las bombas se lanzaron sobre la autopista y desde la autopista hacia abajo, tanto a quienes estaban en la avenida Venezuela como a quienes estábamos en la avenida principal de Bello Monte. Aquellos llevaron la peor parte: atrapados entre la multitud y con bombas lacrimógenas cayendo desde arriba, solo tenían una opción: cruzar el Guaire. Algunos pudieron hacerlo utilizando como puente una infraestructura de tuberías. A otros no les quedó más remedio que lanzarse al río y atravesarlo. Como escribe Willy McKey, se trataba de “gente indefensa, sin armas, que sólo quiere llegar una vez hasta la Defensoría del Pueblo como si la ciudad también fuera de ellos”.

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Un grupo de manifestantes huyó a las riberas y a las pútridas aguas del río Guaire para resguardarse del efecto de los gases lacrimógenos. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa del #19Abr. Fotografía de Leo Álvarez

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El alcalde del municipio Baruta, Geraldo Blyde, informó que Salud Baruta atendió a 10 personas lesionadas en el río Guaire. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa del #19Abr. Fotografía de Leo Álvarez

Fue imposible permanecer en Bello Monte. No solo por la cantidad de bombas lacrimógenas empleadas, sino por el claro riesgo de que algunas de esas bombas, lanzadas desde la autopista, pudieran impactar sobre quienes allí estábamos. En algún momento comenzaron a ser lanzadas desde la autopista hacia arriba. La fuerza de gravedad las convertía en letales.

El saldo de estas acciones, reproducidas en el país, fue el de varios heridos y fallecidos.

1

La bomba lacrimógena es un arma química que produce efectos como irritaciones severas en ojos, en la piel y en el sistema respiratorio. La bomba está contenida en un cartucho cilíndrico que es disparado desde una pistola especialmente diseñada para ese fin.

Como expliqué aquí en Prodavinci, estas bombas son consideradas un arma no-letal, pues en condiciones normales de uso no están diseñadas para ocasionar la muerte.

Sin embargo, debido a sus efectos adversos y los riesgos letales de su utilización, el uso de las bombas lacrimógenas ha sido sometido a exigencias especiales, orientadas a proteger los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas, en 1990, dictó unos lineamientos sobre cómo y cuándo deben usarse “armas no letales” en manifestaciones. Así, el uso de tales armas, como es el caso de las bombas lacrimógenas, queda sujeto a cuatro condiciones: (i) su ejercicio debe ser sólo excepcional y en proporción con la gravedad del peligro que desea prevenirse; (ii) su uso no podrá derivar en lesiones o amenazas a la vida; (iii) deberá asegurarse la presencia del personal médico necesario para atender a cualquier herido y (iv) deberán implementarse mecanismos que permitan informar, a familiares y amigos, del estado de salud de las personas que puedan verse afectadas.

De hecho, en los estándares internacionales de protección de derechos humanos, el uso de las “bombas lacrimógenas” se equipara al uso de la fuerza potencialmente letal. Esto quiere decir que las fuerzas de seguridad no pueden hacer un uso desproporcionado, desmedido o arbitrario de bombas lacrimógenas, lo que incluso aconseja que la Legislación de cada Estado limite su uso en el marco de “garantías adecuadas y efectivas contra el abuso arbitrario de la fuerza”.

Estos estándares aplican en Venezuela. De acuerdo con el artículo 46.1 de la Constitución, “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Esto incluye tratos crueles derivados del uso de bombas lacrimógenas.

En especial, el artículo 68 constitucional prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Con lo cual, esas bombas solo pueden emplearse en situaciones no-pacíficas, de alteración del orden público, siguiendo los estándares antes indicados.

2

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en un comunicado emitido el 19 de abril de 2017, recordó todos estos estándares, al señalar lo siguiente:

“Por su parte, los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública”

Esta última acotación responde a un principio básico en materia de derechos humanos: el principio de menor intervención. El uso de la fuerza pública y de las bombas lacrimógenas solo debe emplearse en casos graves de alteración del orden público, una vez hayan sido agotados mecanismos disuasivos menos lesivos, como la negociación.

Una última advertencia. El uso de bombas lacrimógenas solo puede emplearse cuando una manifestación degenera en altercados al orden público, o lo que podría ser considerado una protesta ilegal o violenta. De allí derivan dos consecuencias: (i) que el uso de esas bombas queda prohibido en manifestaciones pacíficas, o sea, que no alteren el orden público, como dispone el artículo 68 constitucional, y que (ii) solo podrán ser usadas, de manera proporcional y gradual, en la estricta medida necesaria para atender altercados al orden público en manifestaciones no-pacíficas.

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Todos estos estándares fueron violados en las manifestaciones del 19 de abril de 2017. Limitando mi análisis al uso de las bombas lacrimógenas en la autopista Francisco Fajardo, que fue el hecho que pude presenciar directamente, el listado de violaciones sería el siguiente:

1. Las bombas lacrimógenas no fueron usadas ante altercados del orden público. Por el contrario, esas bombas se emplearon para dispersar una protesta civil que se estaba desarrollando pacíficamente. Por lo tanto, los funcionarios que emplearon esas bombas, y sus superiores, violaron el artículo 68 de la Constitución, que como vimos, prohíbe el uso de armas tóxicas en manifestaciones pacíficas que no alteren el orden público.

2. Dejando a salvo lo anterior, las bombas lacrimógenas fueron usadas directamente, sin agotar antes mecanismos menos lesivos, como la negociación, tal y como la Fiscal Luisa Ortega Díaz señaló. No hubo, de hecho, negociación alguna entre los funcionarios y los manifestantes: aquéllos pasaron, de inmediato, al uso de bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación pacífica.

3. El uso de estas bombas fue desproporcionado. La cantidad de bombas empleadas fue de tal magnitud que, según vimos, varios medios señalaron que distintos manifestantes sufrieron percances innecesarios en su salud.

4. El uso de esas bombas constituyó un trato denigrante a los manifestantes, contrario al artículo 46.1 constitucional. Ya expliqué cómo varios manifestantes no tuvieron otra opción que lanzarse al Guaire, cuyo deplorable estado sanitario convirtió tal acción en una consecuencia denigrante, e incluso, violatoria al derecho a la salud.

5. Uno de los aspectos más graves: las bombas lacrimógenas fueron empleadas con intención letal, o sea, para infringir daños graves e incluso, la muerte. Muchas de esas bombas fueron disparadas directamente a los manifestantes. Otras se lanzaron al aire, con lo cual, se convirtieron en proyectiles capaces de causar la muerte con su impacto. En mi anterior artículo en Prodavinci expliqué cómo diversos Tribunales de Derechos Humanos han considerado que el uso de esas bombas directamente contra los manifestantes, convierte a éstas en armas potencialmente letales, lo que viola los derechos humanos.

6. Quienes usaron desproporcionadamente estas bombas no se encargaron de proveer asistencia médica. Por el contrario, esa asistencia fue prestada por los servicios médicos de los Municipios.

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¿Qué consecuencias tienen estos actos? Todos aquellos que participaron en el diseño, control y ejecución de estas acciones, enmarcadas en el llamado Plan Zamora, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que sirva de excusas órdenes superiores, como dispone el artículo 25 constitucional.

La Fiscalía General de la República, por su parte, debe iniciar las correspondientes investigaciones, ante el incumplimiento de los lineamientos que la propia Fiscalía resumió.

Por último, la Defensoría del Pueblo debería también ejercer las correspondientes acciones en defensa de los derechos humanos de los manifestantes. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el Defensor adelantó opinión al señalar que durante las manifestaciones del 19 de abril de 2017 se hizo un “uso proporcional de la fuerza policial”, aun cuando para ese momento, no pudo haberse iniciado investigación alguna relacionada con las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.

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