Blog de José Ignacio Hernández

Sobre la “legalización” de los partidos y la “suspensión” de las elecciones; por José I. Hernández

Una de las noticias más comentadas en los últimos días es el llamado “procedimiento de legalización” de los partidos políticos. Técnicamente el nombre es impreciso. En realidad, el procedimiento que inició el Consejo Nacional Electoral es de “renovación de nómina de militantes” de los partidos políticos. Las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para

Por José Ignacio Hernández G. | 13 de febrero, 2017
Una de las colas para entrar a un centro de votación en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en Venezuela. Fotografía de Will Riera.

Una de las colas para entrar a un centro de votación en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en Venezuela. Fotografía de Will Riera. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa

Una de las noticias más comentadas en los últimos días es el llamado “procedimiento de legalización” de los partidos políticos. Técnicamente el nombre es impreciso. En realidad, el procedimiento que inició el Consejo Nacional Electoral es de “renovación de nómina de militantes” de los partidos políticos.

Las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para el procedimiento de renovación de nómina de los Partidos, como explica Eugenio Martínez aquí en Prodavinci, son arbitrarias, pues se establecieron condiciones muy difíciles de cumplir.

Sin embargo, y dejando a salvo esto, hay que hacer una pregunta previa: ¿es constitucional la exigencia impuesta a los Partidos Políticos de renovar sus nóminas?

Aquí explico por qué esa exigencia es inconstitucional, pues parte de una errada interpretación del marco jurídico de los partidos políticos. Asimismo, explico por qué esa exigencia es igualmente inconstitucional, al responder a una desviación de poder. Pues este trámite no es más que una excusa para suspender, indefinidamente, el derecho al sufragio y a la participación política en Venezuela.

1. ¿Por qué los Partidos deben renovar sus nóminas?

Los partidos políticos deben renovar su nómina pues así lo decidió la Sala Constitucional en su sentencia Nro. 01/2016. Al interpretar el Artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Sala Constitucional concluyó que el partido que no haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados, “deberá renovar la nómina de integrantes para su legitimidad”.

Esta interpretación de la Sala Constitucional no fue casual. Como se recordará, la estrategia de la oposición en Venezuela ha consistido en postular candidatos a través del partido político conocido como “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD). Con lo cual, hay partidos que no han participado directamente en elecciones y que por esto, deberán renovar su nómina.

Tal y como explica Eugenio Martínez en el trabajo ya citado, con esta sentencia, la Sala Constitucional puso en duda la legitimidad de todos los partidos políticos que “dejaron de participar en la elección presidencial de 2013 y en las elecciones parlamentarias de 2015, o a las organizaciones que participaron en estos procesos y no lograron obtener más de 1% del total de votos tipo lista emitidos en ambos procesos”.

 2. ¿Y qué dice la Ley?

La norma que interpretó la Sala Constitucional es el Artículo 25 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. El objeto de ese artículo es establecer el deber de los partidos políticos de renovar su nómina de inscritos “en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%)”, en “el curso del año en que comience cada período constitucional”. Sin embargo, el parágrafo único de ese artículo exime de ese deber a “los partidos que hubieren obtenido en las elecciones nacionales correspondientes el uno por ciento (1%) de los votos emitidos”.

La Sala Constitucional interpretó ese artículo en el sentido de que los partidos que no participaron en eventos electorales nacionales, debían renovar su nómina pues no habían obtenido el mínimo del 1% exigido. En concreto, para la Sala, ese mínimo debía considerarse a partir del voto lista obtenido en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2016.

Esto afectó de manera particular a los partidos de oposición, que no obtuvieron ninguna votación lista al no haber participado directamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

3. ¿La Sala Constitucional interpretó adecuadamente la Ley?

La Sala Constitucional hizo una interpretación fuera de contexto de la Ley, que no tomó en cuenta la interpretación más favorable al derecho de participación ciudadana en asuntos políticos.

En efecto, como observó la Sala Constitucional, el citado Artículo 25 de la Ley debe interpretarse a partir del concepto de partido político definido en el Artículo 2 de esa Ley, según el cual, el partido es una “agrupación de carácter permanente”. Esto significa que el partido debe ser una organización que de manera continua participa políticamente. Con esto, la Ley distingue a los partidos de las organizaciones que pueden constituirse para fines específicos y temporales.

El citado Artículo 25 obliga a los partidos a renovar su nómina al inicio de cada período constitucional, precisamente, para controlar que esos partidos sean una organización permanente. Si hay partidos que no han obtenido el mínimo del 1% en la elección correspondiente (que es, para la Sala, la elección de la Asamblea Nacional), entonces, el deber de renovación aplica a través de la recolección de apoyo de sus militantes, en proporción cuando menos igual el cero como cinco por ciento (0,5%) de electores.

Si esta norma se interpreta de manera aislada, puede en efecto concluirse que los partidos que no participaron en la elección parlamentaria del 6 de diciembre pueden haber perdido su carácter “permanente”. Sin embargo, lo cierto es que esos partidos sí participaron en esa elección, pero postulando candidatos a través de la MUD, o lo que es igual, adhiriéndose a los candidatos postulados por la MUD.

Como la norma citada protege el principio de permanencia, entonces, debe reconocerse que hay partidos que no participaron directamente en la elección del 6 de diciembre y que, sin embargo, sí actúan como organizaciones políticas permanentes. Para comprobar esto bastará con hacer seguimiento a los debates de la Asamblea Nacional.

Pero además, y en todo caso, la Sala Constitucional agregó al Artículo 25 algo que el Artículo 25 no dice: exigir que la recolección del 0,5% debía efectuarse al menos en doce estados de acuerdo al registro de electores por estado.

Por último, la Sala Constitucional agregó Al Artículo 25 algo que tampoco ese artículo dispone: que mientras se lleva a cabo la renovación, los partidos políticos quedan temporalmente inhabilitados de participar en asuntos políticos. Lo cierto es que hasta tanto no se cancele el registro del partido —bajo los supuestos del Artículo 32 de la Ley— el partido puede ejercer plenamente sus derechos.

4. ¿Y las elecciones regionales?

El trámite de renovación de la nómina de los partidos tampoco puede interpretarse de manera aislada de otro hecho: las elecciones regionales.

Según declaraciones atribuidas a la rectora Tania D’Amelio, las elecciones regionales se encuentran “suspendidas” hasta tanto no se culmine el trámite de renovación de los partidos políticos.

Esto viola la Constitución.

En efecto, lo primero que hay que recordar es que el Consejo Nacional Electoral está violando la Constitución al no haber convocado a elecciones regionales en el 2016, a pesar de que los mandatos de las autoridades regionales vencieron en diciembre de ese año. Con su omisión, el Consejo Nacional Electoral hizo algo que nadie puede hacer: “prorrogar” un mandato popular, negando el derecho al sufragio para la elección de nuevas autoridades.

Lo segundo que hay que señalar es que el Consejo Nacional Electoral no puede diferir su deber —ya violado— de convocar a elecciones regionales, excusándose en el trámite de renovación de las nóminas. Primero, insisto, pues el deber de convocar elecciones no puede diferirse. Segundo, pues a todo evento, el trámite de renovación de nómina no afecta los derechos de los partidos que deben renovar sus nóminas ni por supuesto, los derechos de los partidos que no deben cumplir con ese trámite (como el PSUV y la MUD).

5. La desviación de poder (o el elefante en la habitación)

Si tratamos de valorar todos los hechos anteriores de manera conjunta, podemos ver cómo hay suficientes indicios de que nos encontramos ante lo que se conoce como desviación de poder.

Así, el trámite de renovación de la nómina de los partidos no es más que una excusa para diferir las elecciones regionales. Hay que recordar que ese trámite está impuesto en la Ley a comienzos de cada período, y que desde el 5 de enero de 2016 la Sala había establecido los parámetros para cumplir con esa renovación. ¿Por qué esperó tanto el Consejo Nacional Electoral?

El retraso del Consejo Nacional Electoral en adelantar el trámite de renovación ahora permite “diferir” la ya diferida convocatoria de elecciones regionales.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que no puede definirse con precisión cuándo el Consejo Nacional Electoral concluirá el trámite de renovación. Ciertamente, según se informó, el cronograma de ese trámite culmina a fines de abril. Pero también es cierto que el Consejo Nacional Electoral suele diferir plazos con nuevos trámites, como demostró durante el fallido proceso del Referendo Revocatorio 2016. Y no hay que descartar que, como también sucedió con el revocatorio, la recolección del 0,5% esté rodeada de obstáculos e impugnaciones.

Desde el punto de vista de la democracia constitucional, lo importante no es entonces el —inconstitucional— trámite de renovación de nómina de los partidos. Lo verdaderamente importante —o lo que es igual: el elefante en la habitacion— es que en Venezuela el derecho al sufragio y a la participación política se encuentran suspendidos indefinidamente.

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El TSJ y la criminalización de la Asamblea Nacional; por José Ignacio Hernández

La noticia generó suspicacia: mediante una sentencia del 26 de enero de 2017, la Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por diputados oficialistas en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del Presidente. ¿Implicaba esto un respaldo a la decisión de la Asamblea Nacional? Nada

Por José Ignacio Hernández G. | 31 de enero, 2017

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La noticia generó suspicacia: mediante una sentencia del 26 de enero de 2017, la Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por diputados oficialistas en contra de la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del Presidente.

¿Implicaba esto un respaldo a la decisión de la Asamblea Nacional?

Nada más lejos de la verdad. Cuando la sentencia de la Sala Constitucional fue finalmente publicada, pudo comprobarse la verdadera razón por la cual el recuso de nulidad contra la declaratoria de abandono del cargo fue declarado inadmisible: ya la Sala Constitucional había anulado esa declaratoria en su sentencia Nro. 2 del 2017, como expliqué aquí en Prodavinci. Y como no se puede anular lo que ya fue anulado, entonces, la Sala declaró inadmisible el nuevo recurso de nulidad.

Pero en su nueva sentencia del 26 de enero la Sala Constitucional no se quedó allí. Por el contrario, podemos encontrar dos nuevos pronunciamientos que conviene resumir.

Así, a pesar de que la declaratoria de abandono del cargo ya había sido anulada, la Sala Constitucional no quiso perder la oportunidad de explicar por qué la Asamblea Nacional no puede declarar el abandono del cargo invocando la supuesta omisión en el ejercicio de las funciones presidenciales. Para la Sala, ese abandono solo procede cuando física y voluntariamente el Presidente se separa del cargo. Esa conclusión fue aprovechada por la Sala para aclarar, de paso, que Nicolás Maduro, desde que tomó posesión del cargo de Presidente “ha dado pleno ejercicio de sus funciones constitucionales”.

Pero hay más. Luego de decidir que la Asamblea Nacional no podía —como lo hizo— declarar el abandono del cargo, la Sala se encargó de enfatizar cómo la mayoría de esa Asamblea se encontraba al margen de la Constitución. Para esto la Sala no ahorró calificativos: la “mayoría opositora al Gobierno Nacional en la Asamblea Nacional”, concluye la Sala, está en “omisión de su deber de cumplir la Constitución como norma suprema”. Esa mayoría, además, no está acatando las decisiones del resto de Poderes Públicos, con lo cual esa Asamblea “se encuentra en ‘anomia’ constitucional”, todo lo cual “degenera el caos que se ha procurado para sí misma, en su afán de inquirir la inestabilidad para el Estado, su gobierno y su pueblo soberano”.

El listado de señalamientos en contra de la Asamblea Nacional continúa. Según la Sala Constitucional, los Diputados de la Asamblea Nacional que conforman la mayoría opositora al Gobierno Nacional violaron “el deber jurídico y ético fundamental de cumplir y acatar esta Constitución”. Es por esto que la Sala recuerda que la Junta Directiva de la Asamblea electa el 5 de enero pasado es ilegítima, con lo cual, todos sus actos son nulos de nulidad absoluta.

Luego de todos estos señalamientos, la Sala acordó remitir copia de su sentencia a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, y a la Procuraduría General de la República, para que investiguen sobre el uso y disposición de los bienes públicos de la Nación que se encuentran en la sede de la Asamblea Nacional.

Además, ordenó al Consejo Moral Republicano iniciar “la investigación que determine la responsabilidad penal individual de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad, por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como, por la presunta usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución”.

¿Esto último qué significa? Que para la Sala Constitucional, los diputados de la MUD pudieron haber incurrido en dos tipos de delitos: (i) el desacato al mandamiento de amparo que “suspendió” a los diputados de Amazonas, y además, (ii) el delito de “conspiración para destruir la forma republicana”, según el Artículo 132 del Código Penal. Este es el delito que, en el Derecho Penal, aplica a lo que en el lenguaje común se denomina golpe de Estado. Es decir, que para la Sala Constitucional, la Asamblea Nacional no solo violó la Constitución sino que, además, pretende destruir la forma republicana establecida en la Constitución.

En teoría, cualquier investigación penal en contra de los diputados por este delito se enfrenta al obstáculo de la inmunidad parlamentaria, que para ser levantada, requiere de la decisión de la propia Asamblea. En la práctica, sin embargo, ya esa inmunidad ha sido desconocida, a partir de una interpretación muy reducida de su ámbito de protección. Y además, no es de extrañar que la Sala Constitucional sostenga que la inmunidad parlamentaria ya no rige pues la Asamblea, al estar en desacato, no puede ejercer sus funciones válidamente.

¿Es seria esta amenaza? Desde que la tesis del desacato apareció en la escena, la Sala Constitucional ha reiterado las amenazas a los supuestos delitos en que estarían incurriendo los diputados. La amenaza, por esto, no es nueva y, hasta la fecha, no se ha materializado.

Pero también es cierto que en esta nueva sentencia la Sala ha ido más allá, al anunciar la posible comisión del delito que, en el Derecho Penal, aplica a quienes dan o intentar dar golpes de Estado.

Ahora corresponde al Ministerio Público responder a esta orden iniciando la investigación. De ser el caso, también corresponderá al propio Tribunal de Supremo de Justicia decidir si existen méritos para iniciar el juicio, lo que luce paradójico, si se toma en cuenta que el juicio, de iniciarse, habría sido impulsado por el propio Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Constitucional.

Asimismo, corresponderá a la Contraloría General de la República iniciar las investigaciones que podrían concluir no solo en multa, sino en la inhabilitación política de los diputados.

El resultado penal de esas investigaciones, si prospera, sería la criminalización de todos los diputados de la MUD. Y aún cuando no se encarcele a los diputados, éstos podrán ser inhabilitados para participar en futuras elecciones. Si a esto le agregamos la precaria situación jurídica de los partidos de oposición y los riesgos que pesan sobre la propia MUD, el panorama que luce es sombrío para cualquier elección que se convoque en el futuro.

Ello, por supuesto, asumiendo que se convoque a alguna elección en el futuro.

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¿Son nulos los contratos celebrados por el gobierno en el Arco Minero del Orinoco?; por José I. Hernández

Una de las muchas discusiones constitucionales que nos dejó el 2016, tiene que ver con los contratos celebrados por el Gobierno Nacional sin el control previo de la Asamblea Nacional. Así, el pasado 26 de mayo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo en el cual señaló que todo contrato de interés público celebrado

Por José Ignacio Hernández G. | 24 de enero, 2017

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Una de las muchas discusiones constitucionales que nos dejó el 2016, tiene que ver con los contratos celebrados por el Gobierno Nacional sin el control previo de la Asamblea Nacional.

Así, el pasado 26 de mayo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo en el cual señaló que todo contrato de interés público celebrado sin la autorización previa de la Asamblea es nulo e inexistente. Posteriormente, en Acuerdo de 9 de junio de 2016, la Asamblea Nacional desconoció la creación del Arco Minero del Orinoco por el Gobierno, negando la “autorización constitucional” para crear ese arco.

¿Son nulos los contratos firmados en el Arco Minero del Orinoco? Responder a esta pregunta puede ser complicado, tomando en cuenta el conjunto de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han desconocido las funciones de control de la Asamblea. Pero, más allá de esta situación, es importante responder a esta pregunta de acuerdo con lo que dispone el Derecho venezolano.

1. ¿Qué es el Arco Minero del Orinoco?

En términos sencillos, el Arco Minero del Orinoco es un área del territorio nacional dentro de la cual el Gobierno Nacional diseñó un plan para promover actividades mineras. El nombre técnico es “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional”. Para esos fines, en febrero de 2016 el Gobierno creó esa Zona, comprometiéndose a dictar medidas de fomento, como la simplificación de trámites y beneficios fiscales.

Según el Decreto que crea al Arco Minero del Orinoco, dentro de los minerales presentes en el área destacan la bauxita, el diamante, el oro y el coltán. De todos ellos, el coltán es el que mayor interés presenta para el Gobierno.

2. ¿Qué es el coltán?

El coltán no es, en estrictos términos, un mineral, sino más bien la mezcla natural de dos minerales: columbita y tantalita. El nombre “coltán” es de origen africano, y se utiliza para resumir —por sus primeras letras— la combinación de esos dos minerales.

Económicamente, el coltán es muy importante pues es la principal materia prima para extraer la tantalita o tántalo. Fue Ekeberg, en 1802, quien colocó ese nombre a un mineral que tenía, como principal característica, ser muy resistente a la corrosión pese a estar inmerso en otras sustancias. Ekeberg tomó el nombre de la mitología griega: Tántalo era hijo de Zeus y Pluto. Debido a su conducta, Zeus decidió torturarlo, sumergiéndolo en un lago hasta la barbilla, incapaz de tomar agua. Igual que el mineral, que podía estar sumergido sin perder sus atributos.

Debido a esas características, el tántalo es utilizado para fabricar condensadores de uso frecuente en celulares y computadoras. A inicios del 2000 su precio comenzó a incrementarse en los mercados internacionales, lo que avivó el interés por su explotación. Así, en la República Democrática del Congo ese mineral ha sido señalado como una de las causas de los conflictos civiles y ambientales por lo que atraviesa el país.

3. El coltán en Venezuela

Desde el 2009 el Gobierno venezolano ha anunciado que Venezuela tiene grandes reservas de coltán, lo que ha justificado diseñar políticas públicas para promover su explotación, tal y como puede leerse en el Plan de la Patria.

Para ello, en agosto de 2016 el Gobierno decidió que el coltán era un “mineral estratégico”, de acuerdo con el Decreto-Ley que rige a esos minerales. En la práctica, esto implicó que las actividades de exploración y explotación del coltán solo podían llevarse a cabo por el Gobierno directamente, o a través de empresas mixtas, o sea, sociedades en las cuales el Estado participa junto con la iniciativa privada. En todo caso, el Gobierno siempre debe tener la mayoría en esas sociedades.

4. Las empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco

Con base en ese marco jurídico, en noviembre de 2016 el Gobierno creó diversas empresas mixtas para explotar el coltán, dentro de las medidas de promoción que aplican en el Arco Minero del Orinoco.

Ni la creación del Arco Minero del Orinoco, ni los contratos por medio de los cuales el Gobierno creó a esas empresas mixtas fueron autorizados por la Asamblea Nacional. De allí, precisamente, la duda en cuanto a la constitucionalidad de esos contratos.

5. ¿Tenía la Asamblea Nacional que autorizar previamente
la creación del Arco Minero del Orinoco y los contratos de empresas mixtas de coltán?

Como ya he explicado aquí en Prodavinci, el principio general en el Derecho Constitucional venezolano es que el Gobierno puede dictar actos y celebrar contratos sin necesidad de contar con la autorización previa de la Asamblea Nacional. Este principio se justifica en la separación de poderes: como regla, el Gobierno no necesita el control previo de la Asamblea para dictar actos y celebrar contratos propios de su actividad.

Solo excepcionalmente, cuando la Constitución y la Ley así lo establezcan, es que esos actos y contratos deben ser previamente controlados por la Asamblea.

De esa manera, el Decreto-Ley que regula a la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” no establece el control previo de la Asamblea para crear esa Zona, tal y como sucedió con el Arco Minero del Orinoco. Ello, por lo demás, ha sido la tradición en Venezuela: la creación de zonas o regiones económicas para implementar políticas económicas, es una función propia del Gobierno que no debe ser sometida al control previo de la Asamblea.

Por su parte, para celebrar contratos con inversionistas privadas, como son los contratos de las empresas mixtas creadas para aprovechar el coltán, tampoco el Gobierno necesita autorización previa de la Asamblea, salvo cuando así lo establezca la Ley, o cuando se trata de “contratos de interés públicos”.

El Decreto-Ley que regula la creación de empresas mixtas para aprovechar minerales estratégicos no somete esos contratos al control previo de la Asamblea. Ello tampoco es inusual: la creación de empresas mixtas, y en general, la asignación de derechos mineros, es una función propia del Gobierno que puede ser ejercida sin necesidad de control previo.

¿Los contratos para crear empresas mixtas son contratos de interés público? El concepto de contrato de interés público nunca ha estado muy bien definido en el Derecho Constitucional venezolano. En todo caso, puedo concluir que esa categoría solo aplica excepcionalmente a ciertos contratos que puedan comprometer la soberanía nacional con intensidad, típicamente debido a los compromisos financieros del Gobierno.

No es ése el caso de los contratos para crear empresas mixtas para el aprovechamiento del coltán. Se trata, por el contrario, de contratos ordinarios para la gestión de derechos mineros, en los cuales el Gobierno no contrae compromisos económicos. Por el contrario, esos contratos favorecen la inversión privada en actividades mineras.

 6. ¿Son constitucionales los contratos
celebrados por el Gobierno en el Arco Minero del Orinoco?

Una de las muchas consecuencias negativas del conflicto (in)constitucional del 2016, es que resulta muy difícil separar el grano de la paja, o sea, saber exactamente cuándo se está violando la Constitución al desconocerse funciones de la Asamblea y cuándo no. El instinto lleva a considerar que siempre se están desconociendo las funciones de la Asamblea y que, por lo tanto, los actos y contratos celebrados por el Gobierno son nulos.

Pero el instinto —y las apariencias— fallan muchas veces. Tal es el caso que nos ocupa: en contra de las apariencias, el Gobierno Nacional no violó la Constitución al celebrar acuerdos para la explotación del coltán en el Arco Minero del Orinoco sin autorización previa de la Asamblea. Por el contrario, y como se desprende de la Constitución, el Gobierno actuó en el ámbito propio de sus competencias, celebrando contratos ordinarios a las tareas que le corresponden.

Quizás muchos no estén de acuerdo con esa solución, pero es la solución que se desprende de la Constitución, siguiendo nuestra tradición. En Venezuela rige un sistema presidencialista atenuado, lo que significa que como regla, el Gobierno no requiere la autorización previa de la Asamblea, aun cuando sí queda sometido a otros controles parlamentarios. Por eso es que los contratos del Arco Minero del Orinoco no se someten el control previo de la Asamblea.

No estoy diciendo, aclaro, que esos contratos no deben ser controlados. Solo he dicho que no deben ser controlados previamente por la Asamblea, según la Constitución. Fuera de ello, rigen los controles generales a toda actividad minera, como en especial se deriva del control sobre el impacto ambiental de esas actividades.

Asimismo, la Asamblea Nacional puede ejercer sus funciones de control posterior sobre esos contratos. Esas funciones de control le permiten investigar la conveniencia de esos contratos; su impacto en la economía y su incidencia en el medio ambiente, por ejemplo. Sin embargo, el control posterior de la Asamblea no podría derivar en la nulidad de los contratos —algo que solo los Tribunales o la propia Administración puede declarar— ni en general, en su ejecución —la cual queda sometida a las potestades de la Administración, en temas tales y como el control ambiental. Asimismo, la Asamblea puede solicitar la intervención de los órganos del Poder Ciudadano, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público—.

TSJ reitera desacato de la AN y anula la declaración de abandono del cargo presidencial; por José Ignacio Hernández

De manera predecible, en sus sentencias número 2 y 3 del 2017, la Sala Constitucional ratificó que la Asamblea Nacional (AN) permanece en desacato, con lo cual, (i) anuló todos los actos dictados por la AN los días 5 y 9 de enero, y (ii) permitió al Presidente de la República presentar su memoria y cuenta

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de enero, 2017
Fotografía del Tribunal Supremo de Justicia

Fotografía del Tribunal Supremo de Justicia

De manera predecible, en sus sentencias número 2 y 3 del 2017, la Sala Constitucional ratificó que la Asamblea Nacional (AN) permanece en desacato, con lo cual, (i) anuló todos los actos dictados por la AN los días 5 y 9 de enero, y (ii) permitió al Presidente de la República presentar su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Las sentencias, para cuando escribo estas líneas, no han sido publicadas, aun cuando en una “nota de prensa” el Tribunal aclara el sentido de estas decisiones.

¿Y ahora?

1. ¿La Asamblea Nacional sigue en desacato? 

Como se recordará, en la sesión del 9 de enero la plenaria de la Asamblea Nacional votó a favor de la desincorporación de los diputados de Amazonas, que se había producido el 15 de noviembre. Con esto se intentó, inútilmente, cumplir con la orden de la Sala Constitucional según la cual esa desincorporación tenía que realizarse de manera formal.

De acuerdo con la comentada nota de prensa, sin embargo, la Sala Constitucional consideró que el inicio del primer período de sesiones fue nulo, pues para ese momento la AN se encontraba en desacato. Con lo cual, todo lo actuado con posterioridad es igualmente nulo. Esto incluye la designación de la Junta Directiva y la sesión del 9 de enero de 2017, en la cual se declaró el abandono del cargo del Presidente.

Para hacer cesar efectivamente el desacato, lo que se exige a la AN es que, con la Junta Directiva del año 2016, se convoque a una sesión —cumpliendo con las normas internas del Parlamento— para aprobar formalmente la desincorporación de los diputados. Solo a partir de entonces la AN podría actuar válidamente.

Esta exigencia es arbitraria. El hecho cierto es que, desde el 15 de noviembre de 2015, los diputados de Amazonas no están incorporados a la AN, con lo cual, no se justifica establecer formalidades adicionales. Mucho menos cuando ya aprobó formalmente esa desincorporación.

Pero no debemos caer en engaños. Ya he explicado que la tesis del desacato del Amazonas es, al fin y al cabo, una simple excusa. Existen suficientes evidencias para sostener que, más allá de lo que la Asamblea Nacional haga, sus decisiones serán anuladas.

2. ¿Y qué pasó con la Junta Directiva?

La designación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, según la Sala Constitucional, es nula, lo que implica que se mantendría en el ejercicio del cargo la Junta Directiva del 2016. Esto, mientras se mantenga el desacato.

3. ¿Y qué pasó con la declaratoria de abandono del cargo?

La nota de prensa nada dice al respecto, salvo mencionar que se declaró la nulidad de todos los actos adoptados el 9 de enero. Esto incluiría, por ello, a la declaratoria de abandono del cargo del Presidente, lo que era una opción claramente predecible.

5. ¿Se produjo la falta absoluta del Presidente antes del 10 de enero de 2017?

Tampoco la noticia comentada se pronuncia sobre este punto. Pero si la declaratoria de abandono del cargo fue anulada, entonces, no se produjo la falta absoluta del Presidente antes del 10 de enero de 2017.

Esto quiere decir que, pase lo que pase, no será posible ya realizar elecciones presidenciales antes de 2018, salvo que se logre modificar la Constitución.

6. ¿Y qué pasa con la presentación de la memoria y cuenta?

La Sala permitió al Presidente presentar la memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Con lo cual —una vez más— la Sala asigna, al TSJ, funciones exclusivas de la AN, que es el único órgano que representa al pueblo. La rendición de cuenta se hace frente al representante del pueblo, que es la Asamblea. Carece de relevancia —jurídica y democrática— que esa rendición se realice frente a un órgano que, como el TSJ, no tiene origen democrático.

7. ¿Y ahora?

Si alguien podía tener alguna duda, estas nuevas sentencias evidencian que la Asamblea Nacional no puede ejercer sus funciones jurídicamente ni tiene poder para hacer cumplir las decisiones que adopte, como ya expliqué.

¿Y si la AN cumple con la nueva exigencia de la Sala, y la Junta Directiva del 2016 convoca a una sesión para aprobar formalmente la desincorporación de los diputados? La AN puede hacer eso fácilmente, sin duda. Pero sería iluso pensar que esto bastará para rehabilitar jurídicamente a la Asamblea.

Para decirlo en lenguaje claro: los antecedentes de la Sala Constitucional demuestran que, más allá de lo que haga la Asamblea Nacional, sus funciones serán desconocidas y sus actos anulados y suspendidos. Seguir insistiendo en ejercicio jurídico de esas funciones solo producirá el mismo resultado. Una y otra vez.

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A propósito de la detención arbitraria del diputado Gilber Caro; por José Ignacio Hernández G.

  Al mediodía del miércoles 11 de enero de 2017, se informó que el diputado Gilber Caro fue detenido “por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el peaje Guacara-San Joaquín”. En la tarde, el Vicepresidente Ejecutivo de la República confirmó “la detención del ciudadano Gilber Caro, en horas de la mañana en

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de enero, 2017

 

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Al mediodía del miércoles 11 de enero de 2017, se informó que el diputado Gilber Caro fue detenido “por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el peaje Guacara-San Joaquín”. En la tarde, el Vicepresidente Ejecutivo de la República confirmó “la detención del ciudadano Gilber Caro, en horas de la mañana en el estado Carabobo, por fomentar actos terroristas, en el marco del Plan Antigolpe que adelanta el Ejecutivo nacional”.  Según tal información, el diputado habría sido detenido con “un fusil perteneciente a la FANB con 20 cartuchos sin percutar”.

Para el Presidente de la Asamblea Nacional, esta detención viola la inmunidad parlamentaria del diputado.

¿Es arbitraria esta detención?

1. Entendiendo la inmunidad parlamentaria

De acuerdo con el Artículo 200 de la Constitución, los diputados de la Asamblea Nacional “gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo”. Eso significa que los diputados no pueden ser detenidos o enjuiciados mientras estén en ejercicio de sus funciones. Esa inmunidad solo puede ceder si el Tribunal Supremo de Justicia considera que hay méritos para enjuiciar al diputado, siempre y cuando la Asamblea autorice ese enjuiciamiento, en lo que se conoce como “levantamiento de la inmunidad parlamentaria”.

Por ello, con toda claridad, el citado Artículo 200 de la Constitución señala que el Tribunal Supremo de Justicia es la “única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención”

2. ¿El diputado Gilber Caro tiene inmunidad?

Según la información, Caro es diputado proclamado y en ejercicio de la Asamblea Nacional, con lo cual sí goza de inmunidad. Esa inmunidad rige en el ejercicio de las funciones de ese cargo, lo que quiere decir que rige en la medida en que el diputado proclamado esté incorporado a la Asamblea Nacional. El diputado ejerce el mandato conferido de manera permanente, esté o no en el recinto de la Asamblea Nacional. Por ello, la inmunidad se extiende durante su mandato.

Al momento de la detención, según la información, el diputado se trasladaba por la Autopista Regional del Centro. ¿Implica ello que al momento de su detención no estaba en ejercicio de sus funciones? Para nada. Cuando la Constitución alude al ejercicio de funciones, se refiere al ejercicio de la función parlamentaria, que todo diputado ejerce —permanentemente— durante su mandato. El diputado no pierde su condición de representante del pueblo cuando se encuentra fuera del recinto de la Asamblea. Por ello, la inmunidad es permanente a la representación.

3. ¿La detención del diputado Gilber Cario violó su inmunidad?

La detención  del diputado Caro violó su inmunidad, al incumplirse las reglas definidas en el Artículo 200 constitucional: ni el Tribunal Supremo de Justicia autorizó el enjuiciamiento, ni la Asamblea Nacional levantó su inmunidad. Es, por ello, una detención arbitraria.

Cabe recordar que de acuerdo con el Artículo 200, los funcionarios públicos “que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”.

4. ¿La detención del diputado Gilber Caro fue en flagrancia?

Aun cuando, según entiendo, ello no ha sido alegado, no es de extrañar que se intente justificar la detención del diputado por flagrancia. Como ya expliqué en Prodavinci, la flagrancia implica que la persona es apresada en el momento mismo en que el delito se está cometiendo. Como sea que, según la información, el diputado Caro habría sido detenido supuestamente con armas, podría intentar justificarse su detención en el hecho que, al momento de su detención, estaba cometiendo un delito.

Eso sería una simple excusa. Pues incluso si se admite que existía flagrancia, el Artículo 200 de la Constitución dispone que la autoridad competente únicamente podrá colocar al diputado “bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”. Sin embargo, eso no fue lo que pasó: el diputado Caro no está detenido en su domicilio, con lo cual, la tesis de la flagrancia no convalidaría la violación de la inmunidad parlamentaria.

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Declarado el abandono del cargo: ¿y ahora qué?; por José Ignacio Hernández

Como ya había sido anunciado, en la sesión de la Asamblea Nacional del 9 de enero de 2017 se declaró el abandono del cargo del Presidente de la República. Esa decisión fue justificada por la Asamblea Nacional en las reiteradas omisiones del Presidente de la República al cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Ese

Por José Ignacio Hernández G. | 9 de enero, 2017
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Fotografía de la Asamblea Nacional

Como ya había sido anunciado, en la sesión de la Asamblea Nacional del 9 de enero de 2017 se declaró el abandono del cargo del Presidente de la República. Esa decisión fue justificada por la Asamblea Nacional en las reiteradas omisiones del Presidente de la República al cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Ese mismo día, en “nota de prensa”, el Tribunal Supremo de Justicia adelantó que la Asamblea Nacional no podía declarar ese abandono ni destituir al Presidente.

¿Qué viene ahora?

1. Entendiendo el abandono del cargo

Lo primero que debemos tener claro es en qué consiste el abandono del cargo. El Artículo 233 de la Constitución regula las faltas absolutas del Presidente, esto es, los casos en los cuales quien ocupa la Presidencia cesa definitivamente en el ejercicio del cargo. Una de esas faltas es “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.

El abandono del cargo es una figura distinta a la responsabilidad política del Presidente, pues ésta no produce efectos jurídicos, mientras que el abandono es una figura jurídica que hace cesar al Presidente del cargo. Como tal se le diferencia de la “destitución”, pues de acuerdo con el citado Artículo 233, el único que puede “destituir” al Presidente es el Tribunal Supremo de Justicia.

En resumen: la declaratoria de abandono del cargo es la decisión exclusiva de la Asamblea Nacional por la cual remueve definitivamente al Presidente de la República.

2. ¿Cuándo hay abandono del cargo?

La Constitución no dice cuándo hay abandono del cargo. Este es el “talón de Aquiles” de esta figura, pues el abandono del cargo siempre dependerá de la interpretación del Artículo 233 de la Constitución.

Hay dos posibles interpretaciones. Bajo la primera tesis, el abandono del cargo solo procede cuando el Presidente, físicamente, se ha separado del cargo de manera definitiva, pero sin renunciar. La segunda tesis considera que el abandono del cargo lo declara la Asamblea Nacional cuando jurídica y políticamente considere que existen las condiciones adecuadas, incluso, en caso de abandono derivado la omisión del Presidente en el cumplimiento de sus deberes. Como tal, sería un supuesto distinto a la simple ausencia física del Presidente, pues ello solo generaría una falta temporal, que únicamente puede dar lugar a falta absoluta si se extiende por más de 90 días, de acuerdo con el Artículo 234 de la Constitución.

3. ¿Cuál es la consecuencia de la declaratoria de abandono del cargo?

La consecuencia de la declaratoria del abandono del cargo, como expliqué, es que produce la falta absoluta del Presidente. En la medida en que esa declaratoria se produjo antes del cuarto año del período presidencial (o sea, antes del 10 de enero de 2017) la falta absoluta genera como consecuencia la convocatoria a elecciones presidenciales, dentro de los 30 días consecutivos siguientes.

Es importante aclarar que la convocatoria a esa elección presidencial únicamente puede ser realizada por el Consejo Nacional Electoral, a quien también corresponderá organizar los comicios.

4. ¿La declaratoria de abandono del cargo debe ser publicada en Gaceta Oficial?

Aquí encontramos un primer obstáculo. Muy probablemente el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia consideren que el acto de la Asamblea Nacional por el cual se declara el abandono del cargo, para surtir efectos jurídicos, debe ser publicado en Gaceta Oficial de acuerdo con la Ley de Publicaciones Oficiales. Solo a partir de ese momento es que la declaratoria de abandono del cargo produciría las dos consecuencias ya señaladas, a saber, la falta absoluta y la convocatoria de elecciones.

Con lo cual, si el acto por el cual la Asamblea declara el abandono del cargo no es publicado en Gaceta Oficial, el Gobierno probablemente considere que ese acto no puede producir efectos jurídicos, lo que equivale a decir que la declaratoria de abandono no implicaría la remoción del Presidente.

5. ¿Para declarar el abandono del cargo la Asamblea Nacional cumplió
con las condiciones exigidas por la Sala Constitucional para que cesara al desacato?

Antes de la declaratoria de abandono del cargo, los diputados de la Asamblea votaron a favor de la desincorporación de los diputados de Amazonas. Esto se hizo a fin de cumplir con la exigencia de la Sala Constitucional según la cual, el cese del desacato exigía una decisión formal de la Asamblea.

¿Implica ello que la Asamblea Nacional cesó en el desacato? La respuesta depende de cómo la Sala Constitucional interprete la actuación de la Asamblea Nacional en relación con la desincorporación de los diputados de Amazonas. No obstante, lo cierto es que desde el 15 de noviembre de 2016 la Asamblea sesiona sin esos diputados, con lo cual, mal puede hablarse de desacato, más allá de la votación formal realizada el día de hoy para ratificar esa desincorporación.

6. ¿Qué dijo en su nota de prensa el Tribunal Supremo de Justicia?

En nota de prensa del 9 de enero de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia informó que (i) mediante sentencia 948/2016, se ordenó la suspensión del procedimiento para declarar la responsabilidad política al Presidente y que (ii) la Asamblea no tiene facultad para declarar el abandono del cargo. La nota termina con una exhortación del Tribunal “a utilizar la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas”.

Esta nota de prensa es jurídicamente irrelevante, y demuestra que el Tribunal Supremo de Justicia carece de objetividad para valorar cualquier controversia relacionada con el abandono del cargo, al punto que los magistrados de la Sala Constitucional deberían inhibirse de conocer cualquier controversia futura relacionada con este tema.

Así, la nota de prensa no puede ser empleada por el TSJ para emitir “interpretaciones” de la Constitución ni para decir qué puede y qué no puede hacer la Asamblea. Y en todo caso, la referencia a la suspensión del procedimiento para declarar la responsabilidad política es irrelevante, pues como ya expliqué, esa responsabilidad política es una figura distinta al abandono del cargo.

7. ¿La Sala Constitucional puede anular la declaratoria de abandono del cargo?

Más allá de la nota de prensa, lo más probable —como ya expliqué en Prodavinci— es que la Sala Constitucional anule o en su caso, suspenda esta decisión de la Asamblea Nacional, lo que impedirá jurídicamente que se produzca la falta absoluta del Presidente, al menos, antes del 10 de enero de 2017.

Para anular o suspender ese acuerdo la Sala Constitucional no tiene que invocar la tesis del desacato: más de la mitad de las sentencias que han inhabilitado a la Asamblea Nacional se han basado en causas distintas a ese desacato.

Con lo cual, incluso si la Sala Constitucional considera que cesó el desacato, lo más probable es que suspenda o anule la declaratoria de abandono del cargo, por ejemplo, alegando el incumplimiento a las nuevas reglas de debate interno impuestas a la Asamblea, o considerando que el Poder Legislativo no puede declarar —bajo las condiciones en las cuales lo hizo— el abandono del cargo.

Sobre la propuesta de elecciones generales realizada por el presidente de la AN; por José I. Hernández

En su discurso del 5 de enero de 2017, el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, formuló como propuesta la realización de elecciones generales en Venezuela. ¿Cuáles son los pasos que, según la Constitución, permitirían realizar esas elecciones generales? 1. El contexto en el cual se formuló la propuesta En su discurso,

Por José Ignacio Hernández G. | 6 de enero, 2017
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Fotografía de EFE

En su discurso del 5 de enero de 2017, el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, formuló como propuesta la realización de elecciones generales en Venezuela.

¿Cuáles son los pasos que, según la Constitución, permitirían realizar esas elecciones generales?

1. El contexto en el cual se formuló la propuesta

En su discurso, el Presidente de la Asamblea Nacional afirmó que la única forma para solucionar la crisis en Venezuela es a través del voto. Para esto, y entre otros mecanismos, se anunció que “en los próximos días aprobaremos por mayoría la Declaratoria de Abandono del Cargo por parte de Nicolás Maduro”. Luego, indicó que “con esta decisión, la Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones generales en todos los niveles y ramas del Poder Público, gobernadores, alcaldes, Presidente de la República y ¿por qué no? Asamblea Nacional”.

Es decir, que en realidad, se hicieron dos propuestas: (i) la declaratoria de abandono de cargo del Presidente y, a partir de allí (ii) la realización de elecciones generales, esto es, elecciones no solo del Presidente sino además, de todos los Poderes Públicos.

Estas dos propuestas tienen procedimientos e implicaciones que conviene explicar. Cabe advertir que solo analizaré esas opciones, sin considerar —aquí— cómo puede incidir la actual situación del Consejo Nacional Electoral en esas elecciones.

2. El abandono del cargo y la elección presidencial

De acuerdo con el Artículo 233 de la Constitución, es una falta absoluta del Presidente de la República “el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”. En una próxima entrega explicaré en qué consiste esa figura. Por ahora, es suficiente con señalar que, de acuerdo con lo anunciado, la Asamblea Nacional procederá a ejercer esa atribución, a fin de declarar el abandono del cargo y producir así la falta absoluta del Presidente.

Para que esa falta absoluta genere una nueva elección, según el citado Artículo 233, es necesario que ella se produzca antes de que finalice el cuarto año del período presidencial, o sea, antes del 10 de enero de 2017. Solo en ese caso sería posible convocar a elecciones presidenciales dentro de los treinta días siguientes. Por el contrario, si la falta absoluta por abandono del cargo se produce después del 10 de enero de 2017, asumirá como Presidente el Vicepresidente Ejecutivo, esto es, no habría elecciones presidenciales.

Esto permite extraer una primera conclusión: para poder realizar elecciones presidenciales es necesario que la Asamblea Nacional declare el abandono del cargo antes del martes 10 de enero de 2017.

3. Las elecciones generales

El supuesto anterior solo conduciría a elecciones presidenciales, no a elecciones generales. Como expliqué en Prodavinci, solo es posible realizar elecciones generales modificando la Constitución de 1999, típicamente, a través de una enmienda constitucional.

¿Y qué haría falta para aprobar esa enmienda? Recordando lo que ya expliqué en Prodavinci, para aprobar la enmienda necesaria para realizar elecciones generales, debería seguirse el siguiente procedimiento: 

1. La iniciativa de la enmienda puede provenir del 30% de los diputados, o sea, 50 diputados.

2. En esa iniciativa debería modificarse la Constitución a fin de (i) recortar el mandato de todos los Poderes Públicos de elección popular y (ii) disponer la realización de nuevas elecciones generales, como de manera similar ocurrió en 2000 al aprobarse la vigente Constitución. En realidad, solo podría recortarse el período del Presidente, de la Asamblea y de las autoridades locales, pues el período de las autoridades regionales ya está vencido.

3. Presentada la iniciativa de enmienda, ella será discutida por el procedimiento de formación de las Leyes, que incluye dos discusiones.

4. Una vez aprobada por la Asamblea, la enmienda debe ser sometida a referendo aprobatorio. Si el resultado es favorable, se publicará en Gaceta Oficial, lo que permitiría al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales.

4. ¿Son compatibles las opciones
del abandono del cargo y la enmienda?

 Las opciones del abandono del cargo y la enmienda son compatibles e intercambiables.

De esa manera, la Asamblea puede (i) declarar el abandono del cargo antes del 10 de enero de 2017, lo que implicará la convocatoria a elecciones presidenciales en treinta días. Luego, la Asamblea puede (ii) aprobar la enmienda para realizar elecciones regionales (cuyo período está ya vencido), elecciones municipales y elecciones de la Asamblea. Lo más probable es que la elección presidencial y las otras elecciones no se realicen en el mismo día.

Pero también es posible, por ejemplo, (iii) aprobar la enmienda del Artículo 233 constitucional a fin de permitir que toda falta absoluta del Presidente de la República luego del 10 de enero de 2017 permita la convocatoria a elecciones. Ello permitiría, por ejemplo, que puedan realizarse elecciones presidenciales si la Asamblea declara el abandono del cargo luego del 10 de enero de 2017 e incluso, si luego de esa fecha se logra reactivar el referendo revocatorio.

Por último, es posible también (iv) aprobar una enmienda que incluya no solo el recorte de los otros mandatos sino también, el recorte del período presidencial, como ya hizo la Asamblea al aprobar en primera discusión el proyecto de enmienda número 2 de la Constitución. Esto permitiría, en una sola enmienda, recortar los períodos no vencidos y convocar, en un solo acto, la elección presidencial, regional, municipal y de la Asamblea Nacional. Aquí sí podría realizarse en un solo día elecciones generales.

Esto permite afirmar una segunda conclusión: opciones constitucionales para lograr elecciones hay muchas.

5. ¿Y la Sala Constitucional?

 El “pero” de todo lo anterior es la Sala Constitucional. Como expliqué en mi más reciente Artículo en Prodavinci, la Asamblea Nacional tiene legitimidad democrática y diversas funciones constitucionales que le permitirían acordar la realización de elecciones, tal y como acabamos de explicar. Pero la Asamblea Nacional no tiene el poder de ejercer esas funciones, pues ese poder ha sido desconocido por la Sala Constitucional.

De esa manera, según la Sala Constitucional, todo lo actuado por la Asamblea es nulo, en función al desacato. Esto bastaría para anular la declaratoria de abandono del cargo y la enmienda.

Si la Asamblea cumple con lo indicado por la Sala para hacer cesar el desacato (aprobando mediante Acuerdo la desincorporación formal de los diputados de Amazonas), muy probablemente la Sala anularía la declaratoria de abandono del cargo y la enmienda, al considerar que la Asamblea incumplió las nuevas reglas de debate por ella establecidas.

Pero incluso si la Asamblea se ajusta a esas nuevas reglas, lo más probable es que la Sala Constitucional —como ya hizo con el proyecto de enmienda número 2— considere que la Asamblea no puede modificar la Constitución para adelantar elecciones. Y en cuanto al abandono del cargo, lo más probable es que sea igualmente anulado por la Sala Constitucional, quien ya ha impedido a la Asamblea declarar la responsabilidad política del Presidente.

De allí la tercera conclusión: si no se soluciona el “pero” de la Sala Constitucional, ninguna decisión jurídica de la Asamblea permitirá realizar elecciones.

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¿Qué dijo la Sala Constitucional sobre la “familia homoparental”?; por José Ignacio Hernández

La sentencia de la Sala Constitucional N° 1.187/2016, del 15 de diciembre, resolvió una controversia surgida con ocasión al matrimonio celebrado en Argentina entre las venezolanas Migdelis Miranda Rondón y Ginyveth Soto Quinta. En el texto, la Sala Constitucional concluyó que el hijo procreado en el marco de ese —a través de un método de

Por José Ignacio Hernández G. | 27 de diciembre, 2016
Tribunal Supremo de Justicia. Fotografía de la página oficial del TSJ

Sede del Tribunal Supremo de Justicia.

La sentencia de la Sala Constitucional N° 1.187/2016, del 15 de diciembre, resolvió una controversia surgida con ocasión al matrimonio celebrado en Argentina entre las venezolanas Migdelis Miranda Rondón y Ginyveth Soto Quinta. En el texto, la Sala Constitucional concluyó que el hijo procreado en el marco de ese —a través de un método de reproducción asistida— debía ser reconocido legalmente en Venezuela como hijo de esas ciudadanas. Para afirmar esto, la Sala Constitucional modificó el concepto constitucional de familia —así como el concepto derivado de las distintas Leyes que regulan esa materia— a fin de afirmar que ese concepto aplica también a la “familia homoparental”, esto es, aquella conformada por la unión de personas de un mismo sexo.

En este artículo no analizo el fondo de la controversia, referido, como explicaré, a la protección del derecho a la identidad del menor. Por el contrario, solo me interesa el análisis constitucional de esta sentencia, para evidenciar cómo —nuevamente— la Sala Constitucional ha optado por asumir el rol de Legislador —y eventualmente, de constituyente— a fin de modificar todo el ordenamiento jurídico con una sola sentencia.

1. Un caso complejo

La sentencia N° 1.187/2016 de la Sala Constitucional es consecuencia de un caso muy complejo, que fue explicado en Prodavinci. Trataré de resumirlo.

Giniveth Soto y Migdely Miranda, dos venezolanas, contrajeron matrimonio en Argentina. No lo hicieron en Venezuela pues el Derecho de Familia de nuestro país solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Luego decidieron procrear un hijo por el método de “ovodonación”: luego de la fecundación in-vitro de un óvulo de Ginyveth Soto Quintana, el cigoto fue implantado en el útero de Migdely Miranda, quien dio a luz en Argentina a un niño.

En Venezuela, intentaron —sin éxito— lograr el reconocimiento legal del niño como hijo del matrimonio realizado en Argentina. Luego del asesinato de Giniveth Soto, la situación legal del niño se complicó. Por esto, Migdely Miranda decidió ejercer una acción de amparo en contra de la Oficina Nacional de Registro Civil, el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del referido Circuito Judicial de Protección, ante la negativa al reconocimiento de su hijo como producto de la unión con Giniveth Soto. Entre otros aspectos, no se logró el reconocimiento de ese niño como heredero de Soto.

2. El exceso de la Sala Constitucional

El caso comentado no versaba sobre la unión entre Giniveth Soto y Migdely Miranda. Tampoco el objeto de ese amparo era determinar la validez de esa unión de cara al concepto constitucional de matrimonio en Venezuela, reducido —en el Artículo 77 de la Constitución— a la unión de Derecho entre un hombre y una mujer. Tampoco ese amparo tenía como propósito determinar si el concepto constitucional de familia —en el Artículo 75— debía limitarse al concepto de unión establece entre un hombre y una mujer, o si podía extenderse a otras uniones.

El caso, por el contrario, era muy específico: garantizar los derechos del menor de edad que, de acuerdo con el alegato de Miranda, había sido procreado en el marco de su unión con Soto.

Es por esto que para resolver ese caso lo único que debía considerar la Sala Constitucional es que el derecho a la identidad del menor de edad existe más allá de la unión en el cual haya sido procreado. Eso es lo que se llama el supremo interés del menor, término que en Venezuela existe, al menos, desde 1939. Esto quiere decir que toda controversia en la cual esté involucrado un menor debe resolverse a favor de este, más allá de las específicas condiciones de tal controversia.

Pero la Sala Constitucional, retomando una tendencia que ya he criticado en Prodavinci, decidió excederse de sus facultades, y aprovechando el caso concreto, optó por introducir reformas sustanciales a la Constitución y la Legislación venezolana en materia de familia.

Así, en su sentencia N° 1.187/2016, y con base en el antecedente contenido en la sentencia N° 693/2015, la Sala Constitucional hizo algo que sabe hacer muy bien: cambiar el contenido y sentido de la Constitución. Esto es lo que se conoce como una “mutación” constitucional: al interpretar la Constitución, el intérprete, en realidad, está cambiando la Constitución.

Esta mutación constitucional se basa en la separación entre el concepto constitucional de familia (Artículo 75) y el concepto constitucional de matrimonio (Artículo 77). La solución adoptada en la Constitución es que la intervención del Estado en la unión estable de un hombre y una mujer solo se justifica para la protección constitucional de la familia. Por eso el Artículo 77 de la Constitución condicionó el concepto de matrimonio no solo a la unión entre un hombre y una mujer, sino que además exigió que esa unión fuese estable. ¿Por qué? Por cuanto la estabilidad de esa unión es, para la Constitución, una condición necesaria —pero no suficiente— para proteger la familia.

Ese es el sentido de la frase final del Artículo 75. Cuando esa norma señala que el “Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”, está reconociendo que la base de la familia cuya protección constitucional se asume, es la unión entre un hombre (padre) yuna mujer (madre), al margen de que exista matrimonio, pues también la Constitución reconoció la tutela de la unión de hecho. La expresión “jefatura de la familia” no puede, por esto, alterar el concepto constitucional de familia, y solo puede aludir a aquellos casos en los cuales no existe el padre o la madre.

Se podrá estar o no de acuerdo con ese concepto. Pero al final, es el concepto asumido por la Constitución y que, como tal, resulta vinculante para todos los Poderes Públicos.

Pero la Sala Constitucional, asumiendo el —que no le corresponde— de “máximo y último intérprete” de la Constitución, decidió cambiar el concepto constitucional de familia, a fin de concluir que ese concepto de familia se extendía también a la “familia homoparental”, esto es, aquella conformada por la unión de personas del mismo sexo.

Como expliqué, y como se afirma en el voto salvado de la sentencia, para resolver el caso sometido a su consideración —la tutela de los derechos del menor de edad involucrado— la Sala Constitucional no tenía que cambiar el concepto constitucional de familia. La protección de esos derechos era posible a través de los remedios legales apropiados, sin necesidad de cambiar diversas normas del ordenamiento jurídico venezolano.

Al proceder de esa vía, la Sala Constitucional deja, tras su sentencia, más preguntas que respuestas. El derecho a la identidad del menor, en efecto, fue protegido, pero a un costo muy alto: cambiar las bases fundamentales del Derecho a la Familia con una sentencia.

3. La relación entre el Estado y la familia, según la Sala Constitucional

El ilegítimo cambio del concepto constitucional de la familia es aprovechado por la Sala Constitucional para cambiar también el rol que el Estado debe cumplir en relación con la familia.

De esa manera, la Sala Constitucional, al cambiar el concepto de familia, amplió la justificación para la intervención del Estado en relaciones entre particulares. ¿El resultado? Que la Sala Constitucional modifica también el rol del Estado respecto de la familia, afirmando el principio de “co-responsabilidad”. Esto quiere decir que la “jefatura de la familia” ya no solo responde a quienes conforman el ampliado concepto de familia, sino también al Estado y a la sociedad.

Para la Sala Constitucional, el Estado es también jefe de familia, es por esto que, por ejemplo, también educa de acuerdo con los postulados políticos del plan de la patria. Una afirmación que es propia de aquellos regímenes totalitarios que no reconocen la separación entre el Estado y la sociedad.

4. De nuevo, sobre los riesgos de la Sala Constitucional

La sentencia N° 1.187/2016 es buen ejemplo del riesgo al cual ya me he venido refiriendo, acerca de la desnaturalización del rol de la Sala Constitucional. En su sentencia, la Sala conoce y decide sobre aspectos básicos de toda sociedad: la familia, el matrimonio, la bioética, los derechos de los menores de edad, todos temas que en un Estado de Derecho deben ser objeto de un debate democrático, conducido por el Poder Legislativo, siempre bajo el marco constitucional.

Pero la misma Sala Constitucional que ha asumido el rol de interpretar en monopolio la Constitución para cambiarla a su antojo, en este caso, ha emitido interpretaciones “vinculantes” en todas esas materias delicadas del Derecho de Familia en Venezuela, al margen del debate democrático ajustado a la Constitución.

Es por esto que es preciso recordar que la Sala Constitucional carece de la legitimidad jurídica y democrática para cambiar el ordenamiento jurídico venezolano, como ahora ha hecho con el concepto de familia. Solo el Poder —a través de la Asamblea Nacional— puede dictar y modificar Leyes, en el marco de la Constitución. Una función que, desde hace ya algún tiempo, la Sala ha usurpado.

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La designación de los rectores del CNE por la AN y los 109 diputados; por José Ignacio Hernández

En la sesión de la Asamblea Nacional convocada para el 15 de diciembre, a fin de designar a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se logró el quórum necesario al haber faltado tres diputados de la oposición, según informaron los medios de comunicación. ¿Puede la Asamblea Nacional designar a esos dos rectores? ¿Implicaría

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de diciembre, 2016
Todo lo que necesita saber sobre la Ley Orgánica de Referendos aprobada por la Asamblea Nacional; por José Ignacio Hernández 640

Fotografía de EFE

En la sesión de la Asamblea Nacional convocada para el 15 de diciembre, a fin de designar a dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), no se logró el quórum necesario al haber faltado tres diputados de la oposición, según informaron los medios de comunicación.

¿Puede la Asamblea Nacional designar a esos dos rectores? ¿Implicaría ello que el CNE tendría siete rectores?

Trataré de explicar los hechos, para entender lo que puede pasar con este tema.

Como expliqué en Prodavinci, el 13 de diciembre la Sala Constitucional designó a dos rectores del CNE —más suplentes— al considerar que la Asamblea, al estar en desacato, había omitido esa designación. Los rectores así designados fueron juramentados por el TSJ el 14 de diciembre.

Sin embargo, la Asamblea Nacional anunció que procedería a designar a esos rectores. Esto fue lo que intentó hacerse en la sesión del 15 de diciembre, pero —como vimos— no hubo quórum para ello.

¿Puede la Asamblea Nacional designar a esos rectores? En el deber ser, sí puede. En la práctica, no puede.

En efecto, la designación realizada por la Sala Constitucional, además de partir de un falso supuesto —como es el “desacato” de la Asamblea— solo puede tener carácter temporal, tal y como la propia Sala decidió en 2003. Esto es, que la Sala solo podría haber designado a esos rectores, de ser el caso, mientras la Asamblea no realiza la designación formal.

Con lo cual, la Asamblea puede designar a esos rectores, pero para ello se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea, de acuerdo con el Artículo 296 de la Constitución. Esto es, se requiere un total de 112 diputados, de los 167 diputados que integran a la Asamblea.

Pero la oposición solo cuenta con 109 diputados, debido a la desincorporación de los tres diputados de Amazonas. Sin embargo, la Asamblea interpreta que la “suspensión” de los cuatro diputados de Amazonas obliga a considerar el quórum de la Asamblea sobre un total de 163 diputados. Con lo cual, las dos terceras partes de ese total equivaldrían a 109 diputados.

Es por esto que la Asamblea consideró que en la sesión del 15 de diciembre no contaba con el quórum requerido, esto es, 109 diputados, que sería las dos terceras partes de la Asamblea, sobre un total —reducido— de 163 diputados.

De lograr el quórum de 109 diputados, entonces, la Asamblea podría designar a los rectores, lo que implicaría el cese de funciones de los rectores que fueron designados por el CNE.

Pero es altamente improbable que esto suceda, debido a la interpretación que ya ha sostenido la Sala Constitucional.

Por un lado, para la Sala Constitucional —como lo ha asomado en alguna sentencia— el total de integrantes de la Asamblea sigue siendo de 167 diputados, con lo cual se requiere el voto de 112 diputados para designar a los rectores del CNE. Una votación de 109 diputados sería, por ello, insuficiente. De hecho, fue por lo anterior que en el Acuerdo Gobierno-MUD del 11 de noviembre, ambas partes acordaron la designación “conjunta” de los rectores, pues se requiere el acuerdo para lograr esos 112 votos.

Pero además, la Sala Constitucional, en su sentencia del 13 de diciembre, advirtió que la designación realizada era definitiva y que ella debía ser acatada. Con lo cual, si la Asamblea logra designar a esos rectores, esa designación será anulada por la Sala al considerar incumplida su sentencia de 13 de diciembre.

En resumen: para la Sala Constitucional, no puede la Asamblea designar a los rectores del CNE, muchos menos, con el voto de 109 diputados. Cualquier designación que logre hacer la Asamblea tendrá el mismo destino que buena parte de sus decisiones: se enfrentará al muro de la Sala Constitucional.

Un muro que, por ahora, ha resultado ser infranqueable.

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Sobre la designación de los rectores del CNE por el TSJ; por José Ignacio Hernández

Como podía anticiparse, la Sala Constitucional, en sentencia N° 1.086, de 13 de diciembre, designó a dos rectores del CNE, al considerar que la Asamblea Nacional había omitido realizar esa designación. En realidad, lo que hizo la Sala fue designar nuevamente a quienes ya ocupaban esos cargos: Tania D’Amelio y Socorro Hernández fueron “ratificadas” en

Por José Ignacio Hernández G. | 13 de diciembre, 2016

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Como podía anticiparse, la Sala Constitucional, en sentencia N° 1.086, de 13 de diciembre, designó a dos rectores del CNE, al considerar que la Asamblea Nacional había omitido realizar esa designación. En realidad, lo que hizo la Sala fue designar nuevamente a quienes ya ocupaban esos cargos: Tania D’Amelio y Socorro Hernández fueron “ratificadas” en sus cargos.

¿Por qué la Sala Constitucional designó a los Rectores del CNE?

Como ya había explicado aquí en Prodavinci, la Sala Constitucional insistió en que la Asamblea Nacional no puede dictar ninguna decisión, pues se mantiene la situación de “desacato”. Por lo tanto, la Sala Constitucional consideró que el procedimiento iniciado por la Asamblea para designar a los Rectores es nulo. Además, consideró que la Asamblea, al estar el “desacato”, no podía designar a los Rectores, razón por la cual correspondía a la Sala ejercer esa función.

¿Puede la Sala Constitucional nombrar a los Rectores?

La Sala Constitucional no tiene competencia para designar a los Rectores del CNE. Tal y como ya expliqué en 2014, cuando la Sala designó a tres Rectores, la Constitución solo permite a la Sala declarar cuándo la Asamblea ha omitido el cumplimiento de sus funciones, y señalar los términos y condiciones para subsanar esa omisión. Pero en modo alguno puede la Sala Constitucional sustituirse en funciones propias de la Asamblea Nacional.

Hay, además, otra razón. Al establecer que los Rectores del CNE deben ser designados por la Asamblea, la Constitución quiso que esa designación fuese realizada por los representantes del pueblo, a fin de dotarla de cierta legitimidad democrática.

La Sala Constitucional carece de esa legitimidad democrática, pues no es un órgano de elección popular. Por ello, mal puede la Sala dictar decisiones que solo pueden ser dictadas por quien representa al pueblo, que es la Asamblea Nacional.

Estamos, por ello, ante (otra) usurpación de la representación popular, que a pesar de residir en la Asamblea, ha sido secuestrada por la Sala Constitucional.

¿Puede la Asamblea Nacional revocar estas designaciones?

La propia Sala, en la sentencia comentada, se encargó de advertir que ningún órgano —incluyendo a la Asamblea— podría desconocer esa sentencia. Esto quiere decir que, para la Sala, la Asamblea Nacional no puede revocar o desconocer la designación de estos Rectores.

Asimismo, la Sala acotó que la designación de estos Rectores es por el período completo, esto es, que no es una designación temporal.

Con lo cual, toda decisión de la Asamblea Nacional dirigida a designar a los Rectores, desconociendo o revocando las designaciones realizadas por la Sala, será inmediatamente anulada por esta.

¿Y entonces?

Si alguien todavía tiene alguna duda, esta nueva sentencia viene a aclarar lo que, creo, es el punto central de la situación político-constitucional de Venezuela: mientras la Sala Constitucional mantenga la posición que ha asumido desde inicios de este año, la Asamblea Nacional, en el plano jurídico, no podrá adoptar ninguna decisión relevante. Lo del desacato de Amazonas es, por ello, una simple excusa: ni repitiendo elecciones en ese estado podrá cambiarse esa situación, si no hay un cambio en la Sala Constitucional.

Esto vale, por supuesto, para la reciente decisión de la Asamblea de declarar la responsabilidad política del Presidente de la República: como acaba de decidir en su sentencia N° 1.086, la Sala Constitucional, con toda probabilidad, ratificará que esa declaratoria de responsabilidad política es nula y no genera ningún efecto. Ese es el destino de cualquier decisión que, en el plano jurídico, pueda adoptar la Asamblea.

Lo cual quiere decir que el ping-pong constitucional podría estar llegando a su fin.

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Sobre la reforma curricular en Venezuela; por José Ignacio Hernández G.

En la Gaceta Oficial N° 41.044 del pasado 2 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación publicó las Resoluciones N° 0142 y 0143, que modifican el currículo educativo. La Resolución N° 0142 reguló el proceso de transformación curricular de la educación media general, únicamente en la modalidad de jóvenes, adultos y adultas.

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de diciembre, 2016

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En la Gaceta Oficial N° 41.044 del pasado 2 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación publicó las Resoluciones N° 0142 y 0143, que modifican el currículo educativo.

La Resolución N° 0142 reguló el proceso de transformación curricular de la educación media general, únicamente en la modalidad de jóvenes, adultos y adultas. Por su parte, la Resolución N° 0143 establece los lineamientos para la “transformación curricular en todos los niveles y modalidades”. Esto es, la Resolución define el procedimiento por medio del cual, a través del año escolar 2016-2017, deberá implementarse la reforma general de la educación en Venezuela. A pesar de que su ámbito es general, la Resolución adelantó el cambio del plan de estudio del nivel de educación media.

Más que analizar el detalle de estos cambios, me interesa explicar (i) qué fue lo que decidió el Ministerio; (ii) por qué se implementaron esas decisiones; (iii) cómo esos cambios deben ser adoptados; (iv) cuál es el nuevo plan de estudios de la educación media, y, por último, explicar (v) por qué estamos ante un cambio curricular que viola la Constitución.

¿Qué fue lo que se decidió?

En las Resoluciones N° 0142 y 1043, el Ministerio del Poder Popular para la Educación adoptó tres decisiones: (i) definió el procedimiento a través del cual deberá adelantarse la transformación curricular en todos los niveles y modalidades de educación; (ii) implementó la modificación de la modalidad especial de educación de jóvenes, adultos y adultas y (iii) adelantó el nuevo plan de estudio del nivel de educación media general (que conduce al título de bachiller).

¿Por qué se implementaron esas decisiones?

Estas tres decisiones forman parte de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, sobre la cual publiqué, aquí en Prodavinci, un análisis.

Resumiendo un tema muy complejo, puedo señalar que la Consulta Nacional tiene por objeto analizar las necesidades y cambios de la educación en Venezuela, pero con un propósito específico: adecuar esa educación al Plan de la Patria. Por esto, ese Plan se cita en las dos Resoluciones dictadas por el Ministerio, las cuales insisten en la necesidad de que la educación promueva la “construcción de una sociedad igualitaria y justa”.

Más allá de las palabras —que se manipulan, con la intención de esconder el verdadero propósito de la reforma— esto significa que la educación debe cambiar para que sea una educación para el socialismo, como este se define en el Plan de la Patria.

En el pasado, el Gobierno trató de presentar a la Consulta Nacional como una propuesta técnica. Esto, eliminó inicialmente toda mención al Plan de la Patria de esa Consulta, como expliqué en Prodavinci.

Pero el Plan de la Patria volvió en las Resoluciones N° 0142 y 0143, y con él, el verdadero propósito de la propuesta de cambio curricular: adecuar la educación venezolana al modelo socialista, como este fue definido en el Plan de la Patria, el cual —erradamente— ha sido considerado una Ley.

¿Cómo estos cambios deben ser adoptados?

El caso de la modalidad de jóvenes, adultos y adultas, el cambio curricular ya implementado en la Resolución N° 0142, será efectivo en un año. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el plan de estudios anterior, de 1987.

En el caso de los lineamientos para la transformación curricular, la Resolución N° 0143 ordena continuar con la Consulta Nacional, especialmente a través del Consejo Educativo, para evaluar los cambios curriculares que se incorporarán al finalizar el año 2016-2017.

Sin embargo, dentro de esos lineamientos, la citada Resolución N° 0143 ya adelantó el nuevo plan de estudios del nivel de educación media general (Artículo 8). En los establecimientos públicos, ese cambio regirá de inmediato; en los centros educativos privados, estos podrán diferir la aplicación del nuevo plan de estudios hasta el próximo año escolar (2017-2018).

Esto significa que, salvo los cambios del plan de estudios del nivel de educación media general en establecimientos públicos, el resto de cambios contenidos en las citadas Resoluciones no es de aplicación inmediata. Esto es importante, pues al menos durante el presente año escolar estos cambios no serán efectivos.

¿Cuál es el nuevo plan de estudios de la educación media?

La Resolución N° 0143 establece un nuevo plan de estudio para el nivel de educación media general, en dos modalidades de turno integral y medio turno. Tal y como ya había adelantado el Ministerio en un documento de septiembre de 2015, el principal cambio consiste en abandonar el plan basado en asignaturas, para pasar a un plan basado en “áreas de formación”. Con ello, según explicó el Ministerio en el documento citado, se pretende una formación más integral, que potencie la capacidad creativa. Para esto, la Resolución insiste en la definición de unos “referentes éticos”. Algunas de esas áreas serán comunes, mientras que otras podrán ser seleccionadas de acuerdo con la vocación de los estudiantes.

Para los establecimientos públicos este cambio es ya una realidad. Los centros privados, por el contrario, pueden decidir implementar este cambio para el próximo año.

Esto revela un desorden importante en el Ministerio del Poder Popular de la Educación: ¿tiene sentido cambiar el plan de estudio, cuando ha avanzado el año educativo 2016-2017? Para los centros privados esto es suficiente para diferir la aplicación de este plan para el año siguiente.

¿Por qué este cambio es inconstitucional?

Al analizar las dos Resoluciones, no podemos caer en el error de ver el árbol y no ver el bosque. No niego que algunos de estos cambios, desde un punto de vista educativo, puedan tener sentido. Quizás sea mejor que la educación media se imparta por áreas y no por asignaturas. Pero esto no es lo importante, ni lo que debería llamar nuestra atención.

Lo importante es que las dos Resoluciones comentadas insisten en la “ideologización” de la educación, al pretender convertir a esta en un instrumento para el socialismo, según ese socialismo es regulado en el Plan de la Patria.

Basta leer las Resoluciones, y en especial, el citado documento del 2015, para comprobar esa ideologización, que es violatoria de la Constitución y, más todavía, del derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, como ya he señalado aquí en Prodavinci.

Así, en la Resoluciones no solo se invoca al Plan de la Patria, sino que se insiste en que la educación debe orientarse al “fortalecimiento del Sistema Productivo Nacional”. O sea, al fortalecimiento del sistema productivo socialista, basado en controles arbitrarios e inconstitucionales.

De igual manera, en el documento de 2015, en el cual el Ministerio adelanta el detalle de lo que sería el nuevo plan de estudio, se evidencia esta “ideologización”:

—Se promueve el reconocimiento de los nuevos “espacios geográficos”, como las comunas y los consejos comunales. Es decir, que frente a la división político-territorial establecida en la Constitución de 1999, el nuevo plan de estudio vincula la educación al Estado Comunal, cuyo único propósito es el socialismo.

—En el estudio de los modelos de producción, se contrapone el capitalismo con el socialismo, que lleva a una sociedad igualitaria (tal y como lo prevé el Plan de la Patria). Por supuesto, no falta la mención a la revolución cubana y la revolución pacífica en Venezuela.

—El plan enseña que en 1999 nació la Quinta República, en contraposición con la Cuarta República, calificada de oligárquica.

—En tal documento se reivindica al Plan de la Patria, junto a la Constitución y la Ley Orgánica de Educación, como uno de los fundamentos de la reforma, en lo que se define como “mandatos del poder popular”.

La figura de Chávez está, por supuesto, presente. El nuevo plan de estudio incluye analizar el “legado histórico del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías”. Dentro de la bibliografía comentada, se incluye su Libro Azul.

Las dos Resoluciones comentadas, y en especial, el nuevo plan de estudio propuesto para la educación media, demuestran que el Gobierno persiste en su intención —inconstitucional— de convertir en la educación en un instrumento para la construcción del socialismo. Esto demuestra el contenido totalitario de esta propuesta, que desconociendo que la educación no está condicionada políticamente, como dispone el Artículo 102 constitucional, pretende imponer la educación por y para el socialismo.

Irónicamente, en el documento citado del Ministerio —como también se reflejan en las Resoluciones— se insiste que estas reformas quieren promover una educación crítica, especialmente, para que el adolescente exprese su propio pensamiento.

La realidad es otra: con estas reformas, como en general sucede con la Consulta Nacional, el Gobierno quiere que los estudiantes solo piensen como el Gobierno quiere que piensen: por y para el socialismo.

El elefante y los escenarios constitucionales del diálogo; por José Ignacio Hernández

 1. Las vicisitudes del diálogo Después del fraude constitucional que llevó al Consejo Nacional Electoral a suspender el referendo revocatorio, y del inicio del procedimiento parlamentario para declarar la responsabilidad política del Presidente, el anuncio del diálogo con el Gobierno llevó a la MUD a cambiar la intensidad de sus acciones. Así, luego del 30 de

Por José Ignacio Hernández G. | 5 de diciembre, 2016
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Fotografía de AFP

 1. Las vicisitudes del diálogo

Después del fraude constitucional que llevó al Consejo Nacional Electoral a suspender el referendo revocatorio, y del inicio del procedimiento parlamentario para declarar la responsabilidad política del Presidente, el anuncio del diálogo con el Gobierno llevó a la MUD a cambiar la intensidad de sus acciones. Así, luego del 30 de octubre, el escenario constitucional basado en el llamado juicio político al Presidente dio paso a un escenario orientado a explorar puntos de acuerdo para una salida consensuada a la crisis.

Tras una nueva reunión, celebrada entre el 11 y el 12 de noviembre, fue anunciado el acuerdo Gobierno-MUD, en el cual se definieron las acciones a emprender, de cara a la próxima reunión, prevista para el 6 de diciembre. Aun cuando el lenguaje de ese acuerdo es ciertamente confuso, en lo que respecta al escenario constitucional, las acciones acordadas incluían “superar” la situación de desacato de la Asamblea, a fin de rehabilitar el ejercicio de sus funciones. Logrado ese objetivo, se procedería a designar, por acuerdo, a los dos Rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo período venció a inicios de diciembre. Según el comunicado de la MUD, esas acciones incluían la realización de elecciones en Amazonas y el respeto a la autonomía, constitucionalidad y atribuciones de la Asamblea Nacional.

El 15 de noviembre los diputados de Amazonas se desincorporaron de la Asamblea Nacional, con lo cual se corrigió la situación que llevó al TSJ a declarar en desacato a la Asamblea, esto es, la realización de sesiones con los diputados de Amazonas incorporados. Sin embargo, el Gobierno, y haciendo eco, la Sala Constitucional, consideraron que esa desincorporación era insuficiente para subsanar el desacato, tal y como expliqué en Prodavinci.

Frente a ello, en un comunicado del primero de diciembre, la MUD exigió al Gobierno cumplir con el Acuerdo. En el plano constitucional, instaron a la Sala Constitucional del TSJ “a restituir las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, dejando sin efecto la condición del falso “desacato” y las sentencias que durante meses han restringido al poder legislativo nacional”. Además, exigieron “nombrar dos rectores del CNE y sus respectivos suplentes, de común acuerdo entre las partes, de manera que comiencen a ejercer el 4 de Diciembre de 2016 cuando vence el plazo constitucional de las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio”.

Si para el 6 de diciembre esas condiciones no se cumplen, la MUD valorará si acude o no a la reunión pautada para ese día.

No es cuestión de ser pesimistas. Pero considerando los antecedentes, es muy poco probable que para el 6 de diciembre esas condiciones se cumplan. De hecho, desde un inicio, esas condiciones eran difíciles de cumplir.

2. El desacato y los diputados de Amazonas: solo una excusa

El Acuerdo Gobierno-MUD centró todas las acciones relacionadas con la Asamblea en superar el “desacato” declarado por el TSJ, todo lo cual pasaba por solucionar la situación de los diputados de Amazonas. Para al MUD, ello implicaba realizar elecciones en Amazonas.

Esos objetivos eran —y siguen siendo—bastante imprecisos.

En efecto, la primera imprecisión fue haber considerado que el “desacato” de la Asamblea se relaciona con la incorporación de los diputados de Amazonas. Ciertamente, la Sala Electoral y la Sala Constitucional consideran que la Asamblea está desacatando la medida cautelar que suspendió la proclamación de esos Diputados. Como resultado de ese desacato, el TSJ considera nulas todas las decisiones de las Asamblea.

Pero no se trata del único desacato declarado por la Sala Constitucional ni, tampoco, de la única causa por la cual se declaró la nulidad de las actuaciones de la Asamblea. Así, la Sala Constitucional también declaró en desacato a la Asamblea al incumplir las limitaciones arbitrarias impuestas para la realización de las sesiones parlamentarias. Además, en muchas otras sentencias, la Sala ha anulado lo actuado por la Asamblea, simplemente por considerar—sin razones jurídicas valederas—que la Asamblea viola la Constitución. Así, de todas las sentencias que han anulado a la Asamblea, al día de hoy, el 75% se basa en causas distintas a los diputados de Amazonas.

Por ello, el cuestionamiento a la incorporación de los diputados de Amazonas es una excusa: incluso estando esos diputados desincorporados, la Sala Constitucional ha anulado a la Asamblea.

Como ejemplo de lo anterior, cabe mencionar que la Sala Constitucional dictó el 25 de noviembre tres nuevas sentencias anulando tres nuevas Leyes de la Asamblea. Para ello no solo invocó el desacato, sino que además, consideró—sin fundamento—que las Leyes aprobadas por la Asamblea violaban la Constitución.

¿Qué quiere decir esto? Que el reconocimiento de la Asamblea Nacional no se condiciona a superar la tesis del desacato relacionada con Amazonas. Mucho menos se condiciona a la realización de nuevas elecciones en Amazonas. Por cierto, esta es otra imprecisión: las elecciones en Amazonas es un evento futuro e incierto, con lo cual, no puede ser una condición de ningún Acuerdo.

3. El dilema de la Asamblea Nacional

El Gobierno y la Sala Constitucional ya han advertido que además de acatar la orden de desincorporación de los diputados de Amazonas, la Asamblea debe acatar todas las demás sentencias de la Sala Constitucional, si quiere ser reconocida como Poder Legislativo.

Esto evidencia el dilema, sin solución, en el que se encuentra la Asamblea.

Si la Asamblea no cumple todas y cada una de las sentencias de la Sala, probablemente el Gobierno y la Sala insistan en desconocer a la Asamblea.

Pero si la Asamblea cumple con todas y cada una de la sentencias de la Sala, entonces, ella misma estará desconociéndose. Pues la única posibilidad de cumplir con la Sala Constitucional es reduciendo la Asamblea Nacional a un órgano meramente protocolar, sin funciones constitucionales efectivas. Pues la Sala Constitucional, recordamos, (i) ha anulado la casi totalidad de Leyes dictadas por la Asamblea; (ii) ha desconocido las funciones de control de la Asamblea y (iii) ha reducido la deliberación política de la Asamblea.

4. ¿Y la designación de los dos Rectores del CNE?

 Otro de los puntos del Acuerdo fue la designación “conjunta” de dos Rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo período venció a comienzos de diciembre. Para designar a esos Rectores se necesitan 112 votos, lo cual deja solo dos alternativas: (i) que los Rectores sean designados por los 112 diputados de la MUD o (ii) que sean designados por acuerdo entre diputados del Gobierno y de la MUD. Hoy día, sin embargo, ninguna de las dos alternativas es viable jurídicamente, a pesar de que se anunció que la Asamblea designaría a esos Rectores el próximo 6 de diciembre.

Así, si la MUD designa a esos Rectores con sus 112 Diputados, la Sala Constitucional anulará esa designación al ser consecuencia del “desacato”. Pero tampoco se logrará un arreglo con los diputados del Gobierno para designar a los Rectores, pues estos insisten en que la MUD está incumpliendo las sentencias de la Sala Constitucional (y no solo la sentencia sobre Amazonas).

¿Qué significa ello? Que salvo que los diputados de la MUD decidan cumplir con todas las sentencias de la Sala Constitucional (y por ende, aceptar el desconocimiento del Poder Legislativo) la Asamblea no podrá designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Por ello, los diputados del Gobierno han demandado a la Asamblea Nacional por “omisión”, o sea, por no haber designado a esos Rectores, solicitando que esa designación sea efectuada por la Sala Constitucional.

Tal y como sucedió en 2014, y antes, en el 2003, lo más probable es que la Sala Constitucional designe a esos dos Rectores considerando que la Asamblea Nacional incurrió en omisión, debido al desacato a sus sentencias. Una designación que, me temo, puede ser inminente.

5. ¿El diálogo fue un error?

 Al llegar a este punto, más de uno dirá que todo lo que he explicado sirve para afirmar que el diálogo Gobierno-MUD fue un error.

Desde un punto de vista constitucional—que es solo el pequeño aporte que puedo hacer a una situación bastante compleja—nunca el diálogo es un error. Uno de los valores superiores de la Constitución es el pluralismo político. Y pluralismo político implica integrar visiones opuestas para lograr una visión común, algo que solo se hace mediante el diálogo.

El diálogo es, constitucionalmente, indispensable. Pero si algo queda claro de los recientes acontecimientos, es que el diálogo tiene que basarse en puntos de acuerdos claros y realizables, pues de lo contrario, estaremos ante un falso diálogo, que es algo tan peligroso como la ausencia de diálogo.

Como el Acuerdo del 12 de noviembre no fue muy preciso, el Gobierno se ha escudado en la Sala Constitucional para alegar que la Asamblea persiste en desconocer la Constitución. Tan es así que la posición institucional de la Asamblea, luego del inicio del diálogo, ha empeorado. Basta considerar, para ello, que desde el 11 de noviembre, la Sala Constitucional ha publicado ocho nuevas sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Además, hay que recordar que luego del inicio del diálogo, el Gobierno demandó a la Asamblea Nacional por intentar un golpe de Estado.

Si esto evidencia algo, es que el Gobierno no va a ceder posiciones en el debate constitucional, sin incentivos claros que lo lleven a cambiar de posición. La MUD cedió su posición constitucional, al suspender el procedimiento para declarar la responsabilidad política del Presidente y desincorporar a los diputados de Amazonas. Pero el Gobierno no cedió nada. Por el contrario, lo que pide ahora es la rendición completa de la Asamblea, al exigir que se someta a las más de 30 sentencias que la Sala Constitucional ha dictado en su contra.

6. ¿Hay alguna mecanismo constitucional
que permita una solución democrática a la actual crisis?

Los resultado del diálogo Gobierno-MUD no solo demuestran que el Gobierno no está dispuesto a ceder. También corroboran que cualquier mecanismo constitucional que se intente chocará contra el muro de la Sala Constitucional.

Hay, por supuesto, distintas alternativas constitucionales a la cual podría acudir la MUD, especialmente, a través de la Asamblea Nacional. Entre otras, cabe mencionar la continuación del procedimiento para declarar la responsabilidad política del Presidente de la República; la designación de Rectores del Consejo Nacional Electoral, o la aprobación de enmiendas a la Constitución. A través de la enmienda, por ejemplo, la Asamblea podría adelantar elecciones. Asimismo, la Asamblea, mediante una enmienda, podría facilitar la realización del referendo revocatorio, estableciendo que, en caso de revocatoria del mandato, siempre se procederá a una nueva elección presidencial. Hay otras muchas alternativas intermedias, que podrían derivar incluso en soluciones aceptables para el Gobierno y la MUD.

Pero ninguna de esas soluciones será efectiva si no hay un cambio drástico de las condiciones actuales. Esto es, ningún mecanismo será viable en lo jurídico, sin un desbloqueo de la Asamblea Nacional desde la Sala Constitucional. De hecho, sin ese desbloqueo, no sería posible ninguna solución democrática a futuro: así como, inconstitucionalmente, se suspendió el referendo revocatorio y las elecciones regionales, de manera igualmente inconstitucional—pero amparado en alguna formalidad jurídica—podría diferirse la elección presidencial de 2018. Y así sucesivamente.

El Acuerdo Gobierno-MUD prestó atención a detalles que, sin dejar de ser importantes, son solo detalles. Más allá de ello, y como dice el dicho inglés, hay un elefante en la habitación al cual debe dirigirse toda la atención. Si eso no se hace, es difícil pensar en acuerdos políticos viables, al menos, en el corto plazo.

La virtud democrática: a propósito del centenario del natalicio de Ramón J. Velásquez; por José Ignacio Hernández

I Hace cien años, en San Juan de Colón, estado Táchira, nació Ramón J. Velásquez. Historiador, político, periodista y jurista, fue uno de los actores esenciales de nuestro siglo. Como concluyen Catalina Banko y Ramón González Escorihuela, en la biografía publicada este año dentro de la Biblioteca Biográfica Venezolana, cuando “se haga el necesario balance

Por José Ignacio Hernández G. | 28 de noviembre, 2016
Ramon J.Velasquez.Luis Beltran Prieto Figueroa y Hugo Briceño Salas.Congreso Nacional.Años 60

De izquierda a derecha: Ramon J. Velásquez, Luis Beltran Prieto Figueroa y Hugo Briceño Salas. Congreso Nacional. Años 60. Imagen cortesía del Archivo de Fotografía Urbana

I

Hace cien años, en San Juan de Colón, estado Táchira, nació Ramón J. Velásquez. Historiador, político, periodista y jurista, fue uno de los actores esenciales de nuestro siglo. Como concluyen Catalina Banko y Ramón González Escorihuela, en la biografía publicada este año dentro de la Biblioteca Biográfica Venezolana, cuando “se haga el necesario balance de la Venezuela del siglo XX, la figura de Ramón J. Velásquez resaltará con nitidez en el claroscuro de la escena histórica”.

De la labor de historiador, resalta su legado en la preservación de nuestra memoria histórica. Dentro de esa obra, y además del Archivo Histórico de Miraflores, destaca en especial las colecciones destinadas a la recopilación del Pensamiento político venezolano de los siglos XIX y XX.

El empeño puesto por Ramón J. Velásquez en la recopilación y estudio del pensamiento político venezolano me parece una obra fundamental por muchas razones. Una de ellas —que creo, es de vital importancia en estos tiempos— es comprender mejor eso que Velásquez llamó la “virtud democrática” del pueblo venezolano.

II

En su último libro, Caudillos, historiadores y pueblo, Ramón J. Velásquez reflexionó sobre cómo se ha transformado el pueblo venezolano, y cómo el pueblo venezolano ha promovido la transformación del medio político y social.

El libro se inicia con un ensayo sobre El Congreso Constituyente de 1811. Más que estudiar los hechos relevantes de aquel Congreso, interesa al autor estudiar cómo el Congreso de 1811 ocupa un lugar central en la configuración histórica de la virtud democrática del pueblo venezolano.

Sobre ese Congreso, y en especial, sobre nuestra primera Constitución de 1811, pesa todavía el juicio que considera a tal Constitución como una simple quimera. Hace no mucho, en un coloquio en el que participé en la Universidad Católica Andrés Bello, un prestigioso profesor me decía que vista la efímera vigencia de esa Constitución, era inútil pretender reflexionar sobre la influencia de tal texto.

El error de esa conclusión —que me temo, es muy común en nuestras Escuelas de Derecho— lo pone en evidencia Ramón J. Velásquez en el texto que comento: el Congreso de 1811 se desarrolló en un tiempo en el cual “se perfilaron las tendencias fundamentales del proceso histórico nacional”.

1811 es, de esa manera, la época en la cual se definieron nuestras tendencias fundamentales. Tales tendencias son resumidas al señalarse la “virtud democrática” del pueblo venezolano. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de nuestra historia, el pueblo venezolano ha procurado la transformación de nuestro entorno social y político por medio de “normas legales”, o sea, a través del Estado de Derecho. De esas normas, sobresale la importancia dada a la Constitución.

III

Cuando algún alumno me pregunta cuántas Constituciones ha tenido Venezuela, suelo responder que demasiadas: 26 textos constitucionales son, a no dudarlo, todo un récord mundial. ¿Por qué ese empeño en ordenar nuestra sociedad a través de la Constitución?

Hay en ello un “drama nacional”: a lo largo de nuestra vida republicana, las constituciones han tenido fugaz existencia. En no pocas ocasiones, la Constitución no ha tenido ninguna aplicación práctica, lo que lleva a Ramón J. Velásquez a formular esta pregunta:

“¿Por qué a un pueblo como el nuestro le ha costado tantos años y tanta lucha canalizar sus aspiraciones por las vías del derecho y la justicia?”

Al estudiar nuestras constituciones —todas, derivadas del modelo asumido en la Constitución de 1811— aparece un claro divorcio entre lo que la Constitución plantea como el deber ser y la realidad que deriva del modelo político imperante. Como lo apunta Velásquez: ha habido a lo largo de nuestro proceso histórico evidentes desacuerdos entre nuestra realidad, siempre cambiante, y las normas que nos rigen.

IV

¿Acaso implica ello que nuestras muchas constituciones han sido, simplemente, una mentira? Es esta una conclusión en exceso simplista. Por el contrario, y como reflejan las páginas comentadas de Ramón J. Velásquez, nuestras muchas constituciones demuestran el infatigable esfuerzo del pueblo venezolano por procurar las transformaciones necesarias bajo los principios democráticos y del Estado de Derecho.

Por esta razón, el hilo de la historia —escribe Velásquez— lo lleva en sus manos el pueblo venezolano, lo cual se traduce en “una constante alentadora de nuestra vida nacional, dirigida a conquistar, consolidar y mantener los objetivos fundamentales que un día de 1811 un grupo de héroes civiles, ideológicos y políticos, entregó a Venezuela como programa y bandera para su organización permanente”.

En pocas palabras: la historia del pueblo venezolano se explica a través del largo camino de lucha contra el despotismo. Un camino que ha tenido altos y bajos, paradas y arranques. También, desviaciones importantes. Pero un camino, en fin, continuo, orientado a transformar nuestra realidad de acuerdo con los principios que quedaron condensados en 1811.

V

Esto ayuda a entender la utilidad de la historia: ella permite el registro de ese largo camino, que fluye —en palabras de Velásquez— como una corriente permanente. Por esta razón “constituye casi una obligación el estudio de la historia”.

Si se prescinde de la historia, si se desechan nuestros anteriores esfuerzos republicanos como simples experimentos sin relevancia alguna, el panorama no solo es desolador. De hecho, es algo peor: un brumoso panorama en el cual no se tiene registro del camino recorrido.

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Esta bruma empaña nuestra visión histórica, sin la cual, no podemos tener plena consciencia de lo que hoy somos.

Por el contrario, la consciencia histórica del camino recorrido nos permite comprender, en palabras de Ramón J. Velásquez, que en materia histórica no hay fenómenos prematuros”. Son las circunstancias, derivadas de ese empuje del pueblo venezolano, las que determinan los cambios históricos. Y tales circunstancias se dan en el momento oportuno: ni antes ni después.

El centenario del nacimiento de Ramón J. Velásquez es ocasión propicia para renovar ese esfuerzo por comprender mejor la infatigable virtud democrática del pueblo venezolano, que hoy —como ayer— avanza en la larga lucha contra el despotismo.

Los trabajos citados de Ramón J. Velásquez aparecen en su libro Caudillos, historiadores y pueblo, publicado por Fundación Bancaribe en 2013.

El TSJ volvió a declarar en desacato a la AN a pesar de la desincorporación de los diputados; por José I. Hernández

Casi en simultáneo con los los rumores sobre el congelamiento del diálogo Gobierno-MUD y con el llamado del Gobierno para que la MUD cumpla con los acuerdos anunciados el pasado 12 de noviembre, la Sala Constitucional publicó su sentencia N° 952/2016, en la cual no sólo ratificó la constitucionalidad de la prórroga del Decreto de

Por José Ignacio Hernández G. | 24 de noviembre, 2016

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Casi en simultáneo con los los rumores sobre el congelamiento del diálogo Gobierno-MUD y con el llamado del Gobierno para que la MUD cumpla con los acuerdos anunciados el pasado 12 de noviembre, la Sala Constitucional publicó su sentencia N° 952/2016, en la cual no sólo ratificó la constitucionalidad de la prórroga del Decreto de Emergencia Económica, sino que además, reiteró que la Asamblea Nacional está en desacato, a pesar de la desincorporación de los diputados de Amazonas. Veamos el caso:

1. ¿Cuál fue el acuerdo en relación con los diputados de Amazonas?

Conviene recordar que en el texto del acuerdo Gobierno-MUD se “acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia”. La redacción es muy poco clara y deja muchas preguntas abiertas. Lo único que parece claro es que ambas partes aluden a las decisiones de la Sala Electoral y a la Sala Constitucional que declararon a la Asamblea Nacional en desacato, al sesionar con los diputados de Amazonas incorporados. Una situación de desacato que, recuerdo, ha llevado a la Sala Constitucional a anular toda la actuación de la Asamblea.

Lo que no quedó claro es qué quiere decir la frase “avanzar en la superación de la situación de desacato”. ¿Cómo se “supera” esa situación? En el comunicado de la MUD sobre el diálogo con el Gobierno se indicó dentro de los logros alcanzados la realización de elecciones en Amazonas. Sin embargo, por ahora, ello no es posible: ni los diputados de Amazonas han renunciado, ni la Sala Electoral ha concluido el juicio de nulidad en contra de esas elecciones.

En realidad, el mecanismo a través del cual la MUD “superó” la situación de desacato fue a través de la desincorporación de los diputados de Amazonas, lo que sucedió el pasado 15 de noviembre.

¿Esa desincorporación es suficiente para “superar” la situación de desacato? Sí es suficiente. Recordemos que lo que ha objetado el TSJ es que la Asamblea Nacional sesione con los diputados de Amazonas incorporados. Luego, si esos diputados se desincorporan –por así manifestarlo a la Asamblea Nacional- cesa la condición que, según el TSJ, generó el desacato.

2. Cuando el río suena… 

Sin embargo, el domingo 20 de noviembre el Gobierno advirtió que la MUD no estaba dando cumplimiento al acuerdo, pues la desincorporación de los diputados de Amazonas debía hacerse en “plenaria y por escrito”.

Resulta ser que la desincorporación de esos diputados cumplió esas dos condiciones: los diputados anunciaron por escrito su desincorporación, la cual fue leída en plenaria junto con el orden del día. Ciertamente, esa desincorporación no se sometió a votación de la Asamblea, simplemente pues no era necesario: solo los diputados podían decidir desincorporarse, sin que la Asamblea pueda aceptar o negar esa desincorporación.

Como en muchos otros casos, esta advertencia del Gobierno fue, más bien, el anticipo del actual conflicto.

3. La Sala Constitucional respalda al Presidente. 

La sentencia N° 952/2016 de la Sala, que fue aprobada el 21 de noviembre, pero en realidad, fue publicada después, respalda, casi que literalmente, la advertencia formulada por el Presidente el 20 de noviembre: la Asamblea Nacional sigue en desacato, a pesar de la desincorporación de los diputados de Amazonas.

Para la Sala Constitucional, el 11 de enero de 2016, mediante “un acto formal realizado en la Asamblea Nacional y sometido a previa consideración y decisión de ese órgano” se habría acordado la desincorporación formal de esos diputados. Inclusive, para la Sala, ese día se habrían dejado “sin efecto los actos por ese cuerpo legislativo dictados desde su instalación”.

Como la desincorporación de los diputados de Amazonas anunciada el 15 de noviembre no fue formalmente aprobada en la Asamblea, esa desincorporación no produciría efectos. Con lo cual se mantendría el desacato.

Es decir, la Sala Constitucional, en su sentencia, respaldó casi textualmente lo que el Gobierno había advertido el 20 de noviembre, y que fue luego reiterado el 23, al señalarse que la MUD no estaba dando cumplimiento al acuerdo.

4. ¿En verdad se mantiene el desacato?

Ni la posición del Gobierno, ni mucho menos, la sentencia de la Sala Constitucional, interpretan adecuadamente los hechos.

En efecto, el 11 de enero, al contrario de lo que dice la sentencia de la Sala Constitucional, no se realizó ningún acto formal de desincorporación. Como pude explicar aquí en Prodavinci, lo que sucedió fue que el martes 12 de enero los diputados de Amazonas anunciaron a la Junta Directiva de la Asamblea, por escrito, su decisión de desincorporarse. Luego, en la sesión del 13 de enero, se leyó el dispositivo de la sentencia de la Sala Electoral que había declarado el desacato y ordenado la desincorporación de los diputados. Como puede verse en el video de esa sesión, luego de leerse esa sentencia, el Presidente de la Asamblea admitió que la Asamblea estaba acatando, cumpliendo u observando esa sentencia.

Y eso fue todo.

Nunca hubo, pues, ningún acuerdo de la Asamblea aprobando la desincorporación de esos diputados. El asunto, ciertamente, fue planteado en el pleno de la Asamblea, pero sin que ello respondiese a la necesidad de aprobar un acto formal de desincorporación.

En todo caso, la Asamblea Nacional no tiene competencia para aprobar la “desincorporación” de los diputados de Amazonas, simplemente, pues esa figura de “desincorporación” no existe, como ya explique en Prodavinci. La desincorporación de esos diputados es una decisión personal, que en modo alguno tiene que ser “aprobada” por la Asamblea.

5. ¿Se reconocerá a la Asamblea Nacional si cumple con esta nueva exigencia? 

Si abordamos este problema desde una perspectiva práctica, sin duda, podríamos concluir que no es eficiente que la Asamblea Nacional discuta este punto con la Asamblea: en el ping-pong constitucional que tenemos desde enero, la Sala se impondrá para exigir que la desincorporación sea aprobada formalmente.

Con lo cual, una solución práctica sería que la Asamblea “apruebe formalmente” la desincorporación de los diputados de amazonas, a fin de poner fin a la “situación de desacato” y lograr así reconocimiento de ese órgano.

Sin embargo, sería un error pensar que eso sería suficiente.

En efecto, más del 80% de las sentencias que la Sala Constitucional ha dictado en contra de la Asamblea, no se basan en tesis del desacato. Esto significa que, incluso superado ese desacato, la Sala Constitucional podría mantener su línea de anular y desconocer todo lo actuado por la Asamblea.

Para muestra, un botón: la propia sentencia N° 952/2016. Como expliqué, la Sala señaló que la Asamblea se mantenía en desacato, con lo cual, la improbación del Decreto de Emergencia Económica era nulo.

¿Significa ello que de no haber estado en desacato, según dijo la Sala, se hubiesen reconocido los efectos jurídicos de esa improbación? La respuesta es negativa: la propia sentencia se encargó de recordar que, más allá del desacato, y en cualquier caso, la improbación del Decreto por la Asamblea no genera efectos jurídicos.

Es decir: a la Asamblea, si no la agarra el chingo, la agarra el sin nariz. Aun cuando la Asamblea apruebe formalmente la desincorporación de los diputados de Amazonas y la Sala Constitucional considere que la situación de desacato se superó, esta podrá seguir desconociendo las funciones de la Asamblea Nacional, invocando cualquier otra razón. Así lo ha hecho en más del 80% de los casos.

¿Conclusión? Que más allá del detalle formal de la desincorporación de los diputados de Amazonas, para lograr el reconocimiento de la Asamblea es necesario que la Sala Constitucional cambie de criterio, o que se cambie a la Sala Constitucional.

 

La Sala Constitucional insiste en anular a la AN: ¿y el diálogo?; por José Ignacio Hernández

Muy poco tiempo tardó la Sala Constitucional en resolver la demanda en contra de la Asamblea Nacional presentada por la Procuraduría General de la República. Como ya lo había anticipado aquí en Prodavinci, la Sala Constitucional (en su sentencia N° 948 dictada el 15 de noviembre) dictó diversas medidas que insisten en la anulación de

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de noviembre, 2016

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Muy poco tiempo tardó la Sala Constitucional en resolver la demanda en contra de la Asamblea Nacional presentada por la Procuraduría General de la República. Como ya lo había anticipado aquí en Prodavinci, la Sala Constitucional (en su sentencia N° 948 dictada el 15 de noviembre) dictó diversas medidas que insisten en la anulación de la Asamblea Nacional.

Lo que dijo la Sala Constitucional

La Procuraduría había intentado una acción de amparo constitucional en contra de la Asamblea, que de haber sido analizada con objetividad, ha debido ser declarada inadmisible: la acción de amparo solo sirve para proteger derechos fundamentales, no para resolver supuestos conflictos entre Poderes Públicos.

Pero la Sala Constitucional decidió “enmendar la plana” a la Procuraduría, a fin de cambiar la naturaleza de la demanda: ya no se trató así de una acción de amparo, sino de una “acción de protección constitucional”, ambigua figura a la que se acude cada vez que no se está seguro de lo se está demandando.

Además de admitir esta demanda, e iniciar así el juicio, la Sala Constitucional estimó conveniente dictar tres órdenes preventivas en contra de la Asamblea:

a) La Sala ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse “de continuar con el pretendido juicio político”. Es decir, que la Sala suspendió el procedimiento que adelanta la Asamblea Nacional para declarar la responsabilidad política del Presidente. Algo curioso, si se recuerda que fue la Asamblea Nacional la que había decidido diferir ese procedimiento, en virtud de las conversaciones que la oposición mantiene con el Gobierno.

b) Además, la Sala Constitucional prohibió a los diputados de la Asamblea “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”. La imprecisión de esas órdenes no es casual: al dictar esas medidas indeterminadas, la Sala Constitucional pretende coartar el ejercicio de la representación que corresponde a los diputados de la Asamblea. Pues solo la Sala podrá decidir cuándo su imprecisas órdenes han sido incumplidas.

c) Además, se ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea desplegar “las acciones necesarias para dar fiel cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia”. La orden es nuevamente imprecisa: ¿cómo saber cuáles son las acciones necesarias para cumplir órdenes indeterminadas?

Con estas medidas, la Sala Constitucional ratifica la que ha sido su doctrina en el 2016: someter a la Asamblea Nacional a su control, no con base en estrictas motivaciones jurídicas, sino sobre la base de indeterminadas sentencias que, en el fondo, han vaciado de competencia  a la Asamblea Nacional.

Reiterando el desacato

Buena parte de la sentencia se basa en el pretendido “desacato” de la Asamblea Nacional, al sesionar con los diputados de Amazonas incorporados.

Para la Sala Constitucional, este desacato coloca a la Asamblea Nacional en contra del orden público, del interés general y de la paz social, todo lo cual determina la nulidad de cualquier acto o decisión de la Asamblea. Además, la Sala recuerda que tal desacato “generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales”. La Sala resume esta situación señalando que el “desacato” de la Asamblea es una “acción sin precedentes en la historia republicana”.

En realidad, es la  Sala Constitucional la que ha adelantado una “acción sin precedentes” consistente en desconocer sistemáticamente a la Asamblea Nacional, y con ello, eliminar —de facto— al único órgano que representa al pueblo venezolano.

Muestra de ello es la sentencia que comentamos: sin mayor razonamiento jurídico, la Sala Constitucional impide a la Asamblea Nacional controlar al Presidente de la República, como poco antes había impedido controlar a PDVSA. Y además, la Sala impide a los diputados ejercer su mandato de representación, con órdenes imprecisas.

¿Y qué pasó con el acuerdo entre la MUD y el Gobierno?

 Muchos se preguntarán, al leer estos comentarios, si esta sentencia de la Sala Constitucional no contradice el acuerdo anunciado por la MUD y consistente en lograr el “respeto a la autonomía, constitucionalidad y atribuciones de la Asamblea Nacional”.

La verdad es que esta sentencia de la Sala Constitucional no respeta ni la autonomía, ni la constitucionalidad ni las atribuciones de la Asamblea Nacional. Todo lo contrario.

Lo que sucede es que el logro anunciado por la MUD es, más bien, una acción futura, que depende de las complejas condiciones precisadas en el acuerdo MUD-Gobierno, según el cual, debe avanzarse “en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia”. ¿Cómo se “avanza” en esa dirección? Según el acuerdo, para ello es necesario “instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios”. Todo pasa por “resolver” la “situación” del los diputados de Amazonas.

Ciertamente, como se evidencia de la sentencia N° 948, el “desacato” de la Asamblea Nacional es una causa invocada por la Sala Constitucional para desconocer a la Asamblea.

Pero si revisamos las estadísticas, podremos comprobar cómo el 82% de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional en contra de la Asamblea Nacional, no se han basado en el “desacato” sino en un control indebido sobre la Asamblea. De lo cual resulta que, en realidad, el “desacato” no es más que una excusa: la Sala Constitucional ha desconocido a la Asamblea Nacional, incluso, cuando los diputados de Amazonas no estaban incorporados.

Por los momentos, el ping-pong constitucional continúa y con ello, el bloqueo a la Asamblea Nacional.