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¿Cómo se interpretan los artículos 333 Y 350 de la Constitución?; por José Ignacio Hernández

El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la

Por José Ignacio Hernández G. | 21 de junio, 2017

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El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la Constitución, y que luego avanzó a través de la fraudulenta e ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas de este anuncio. O en otras palabras: ¿cómo se aplican estos artículos de la Constitución?

1.- Entendiendo el artículo 333 de la Constitución

 El artículo 333 indica que la Constitución, como es la “norma jurídica suprema”, no puede ser desconocida o derogada de manera indebida. Si ello sucediere, ese artículo ordena a ciudadanos y funcionarios a“colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo que sucede en casos de golpe de Estado, o lo que es igual, ruptura del orden constitucional o del hilo constitucional.

Precisamente, desde el 2016 la Asamblea Nacional ha declarado que en Venezuela hay un golpe de Estado, con ocasión a las decisiones de la Sala Constitucional que invalidaron sus competencias, y luego, con ocasión a la suspensión del referendo revocatorio. En 2017 esa conclusión se reiteró frente a las sentencias 155 y 156, y posteriormente ante la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente. La Fiscal General de la República también ha afirmado conclusiones similares.

2.- Entendiendo el artículo 350 de la Constitución

El artículo 350 de la Constitución reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado por Juan Germán Roscio: el derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución.

Mientras que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega, la República iniciada en 1810 se basó en la obediencia racional: el ciudadano debe obediencia al Gobierno solo si éste actúa dentro de la Constitución. Pero si el Gobierno actúa fuera de sus facultades, invadiendo la libertad, entonces, el deber de obediencia cesa.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que el artículo 350 permitía invocar la desobediencia cumpliendo con tres esas condiciones: (i) debe existir un Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho, lo que es una tarea inútil: el derecho a la desobediencia existe, incluso, frente a sentencias que arbitrariamente pretendan limitarlo.

3.- ¿Cómo se aplican en la práctica los artículos 333 y 350?

 Los artículos 333 y 350 son dos caras de una misma moneda. Tal y como Roscio lo explicó hace doscientos años, frente a Gobiernos despóticos, el ciudadano tiene dos derechos: (i) un derecho pasivo que consiste en no obedecer o colaborar con ese Gobierno (artículo 350) y (ii) un derecho activo que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución (artículo 333). Ambas facetas parten del desconocimiento jurídico del Gobierno que actúa al margen de la Constitución, y que por ende, no debe ser obedecido.

El derecho a la desobediencia, como derecho pasivo, tiene un contenido específico: no obedecer órdenes o mandatos derivados de Gobiernos que actúan al margen de la Constitución. Ese derecho debe ser ejercido por los ciudadanos por medio de mecanismos de no-cooperación, mucho de los cuales ya se han venido cumpliendo en el marco de las recientes protestas. Por ejemplo, cuando la UCAB y otras universidades decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente, estaban actuando al amparo de este artículo, aun cuando no haya sido formalmente invocado.

Para los funcionarios, este derecho es ampliado en el artículo 29 constitucional, el cual reconoce el derecho a no obedecer órdenes violatorias de derechos humanos. Aquí, la desobediencia tiene un grado de eficacia mayor, pues en definitiva, las ordenes contrarias a la Constitución (desde la represión a manifestantes hasta las elecciones de la “constituyente”) requieren de actuaciones de funcionarios, quienes legítimamente pueden negarse a colaborar con esos procesos, impidiendo de esa manera la vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, el contenido del artículo 333 es más amplio. En realidad, esa norma solamente establece una obligación de resultado: si la Constitución es desconocida, su eficacia debe ser restablecida. Pero la Constitución no explica cómo puede lograrse ese restablecimiento, lo que es lógico, pues esa norma rige frente a situaciones de hecho excepcionales en las cuales las normas constitucionales han perdido eficacia.

Por ello, para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, bajo dos límites: (i) la acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer, en la práctica, la vigencia de la Constitución, y (ii)  no pueden vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia, así como los derechos humanos. Por ello, el artículo 333 no es un cheque en blanco.

4.- ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional?

 La Asamblea Nacional cumple un rol importante en la aplicación del artículo 333 constitucional, pues en su condición de representante del pueblo, tiene legitimidad democrática suficiente para emprender cualquier acción necesaria para restablecer la vigencia de la Constitución, dentro de los límites ya señalados.

Ese rol debe ser cumplido tomando en cuenta dos particularidades.

Lo primero que debe considerarse es que el artículo 333 se aplica para incidir en las condiciones materiales que impiden que la Constitución tenga vigencia plena. No basta, por ello, con decisiones jurídicas dictadas por la Asamblea: es necesario que en la práctica esas decisiones sean cumplidas.

Lo segundo que debe tomarse en cuenta es que la derogatoria de hecho de la Constitución de 1999 no responde a una única causa, sino a causas complejas. Por lo tanto, para restablecer la vigencia de la Constitución deben adoptarse decisiones complejas, planificadas y articuladas para lograr el objetivo querido por el artículo 333.

Como se  observa, la aplicación del artículo 333 por la Asamblea no requiere simplemente de un acto que se cumpla de manera instantánea, sino más bien de un proceso a través del cual la actual situación de hecho actual pase a ser una situación de Derecho regida efectivamente por la Constitución.

Ese proceso, en suma, es un proceso de transición hacia la democracia, o lo que es igual, un proceso de transición democrática, al cual recientemente se refirió Luis Ugalde. Fue en este sentido que la Asamblea, en mayo pasado, decidió crear la Comisión de Garantías para la Transición.

De esa manera, la Asamblea Nacional, como legítimo representante del pueblo, es a quien le corresponde planificar y coordinar el proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución. Para ello, ciertamente, es necesario continuar con los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal y de los rectores del CNE, entre otras accionesorientadasa la transición hacia una democracia constitucional estable.

Pero nuevamente debo advertir que esas decisiones de la Asamblea, en sí mismas, serían insuficientes, pues se requiere que ademássean cumplidas en la práctica. Para garantizar esa aplicación práctica no solo se precisa del apoyo de la sociedad civil (a través de métodos de protesta y no-cooperación), sino también de los funcionarios, quienes de acuerdo con los artículos 29 y 333 de la Constitución, deben colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución, como ya ha hecho la Fiscal.

Precisamente, como anunció la Asamblea al crear la citada Comisión de Garantías para la Transición, es necesario establecer incentivos para que los funcionarios desconozcan los actos que configuran el golpe de Estado y colaboren en el restablecimiento de la Constitución.

Sobre estas ideas estaré profundizando en nuevos artículos.

Decisión del TSJ: el intento de remover a la Fiscal; por José Ignacio Hernández

En la tarde del 20 de junio de 2017 medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó iniciar el proceso de “antejuicio de mérito” en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Como veremos, en realidad, lo que decidió el

Por José Ignacio Hernández G. | 20 de junio, 2017

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En la tarde del 20 de junio de 2017 medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó iniciar el proceso de “antejuicio de mérito” en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Como veremos, en realidad, lo que decidió el Tribunal no es iniciar el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal, sino iniciar el procedimiento que podría culminar con su remoción.

1. Entendiendo lo que pasó

La velocidad de los últimos acontecimientos dificulta tener el panorama claro de lo que está sucediendo.

Como expliqué en un anterior artículo en Prodavinci, el 13 de junio de 2017 el señor Pedro Carreño solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designar a una “junta médica” con la intención de iniciar el procedimiento de remoción de la Fiscal General.

Luego, el señor Carreño volvió a acudir al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente el 16 de junio, a fin de solicitar al Tribunal calificar si hay o no mérito para enjuiciar a la Fiscal, por supuestas faltas graves cometidas. Precisamente, el Tribunal Supremo de Justicia informó a través de una nota de prensa que había iniciado el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal como consecuencia de esa solicitud.

Este es el origen de la confusión. Los medios y el propio TSJ han anunciado que lo que se ordenó fue el inicio del “antejuicio” en contra de la Fiscal, pero en realidad, lo que se ordenó fue iniciar el procedimiento a través del cual la Fiscal podría ser removidade su cargo. Se trata de dos procedimientos con consecuencias muy distintas.

Así, el “antejuicio de mérito” es, en términos sencillos, la autorización que la Sala Plena del TSJ puede otorgar para enjuiciar penalmente a altos funcionarios, incluida la Fiscal General. Junto a esa figura, encontramos la autorización que la Sala Plena debe otorgar para iniciar el procedimiento para la remoción de la Fiscal. Como se observa, se trata de dos procedimientos distintos: el primero es para enjuiciar penalmente a la Fiscal; el segundo, es para autorizar el inicio del procedimiento por el cual la Fiscal podría ser removida.

El origen de la confusión es un error del Legislador, que en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano alude a la autorización del Tribunal para “enjuiciar” a la Fiscal, a fin de decidir sobre su remoción. Pero en realidad, no se trata de un “antejuicio de mérito” sino del control previo que el TSJ debe ejercer, según el citado artículo 22, para iniciar el procedimiento de remoción de la Fiscal.

Eso fue, precisamente, lo que decidió el TSJ. Es por esto que lo que está en juego no es un posible juicio penal en contra de la Fiscal General, sino su posible remoción del cargo.

2. ¿Y qué puede pasar?

De acuerdo con el artículo 279 de la Constitución, para remover a la Fiscal se requiere seguir dos procedimientos: uno ante el Tribunal Supremo de Justicia y otro ante la Asamblea Nacional.

Según las noticias, lo que el Tribunal Supremo de Justicia acordó fue iniciar el primer procedimiento a fin de decidir si la Fiscal incurrió en alguna de las faltas graves tipificadas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Para esto, el TSJ deberá otorgar oportunidad a la Fiscal para defenderse.

Luego de que la Fiscal se defienda, el TSJ podrá adoptar una de dos decisiones:

1. Negar que la Fiscal haya incurrido en alguna falta grave, caso en el cual el procedimiento llegaría a su fin o

2. Aceptar que la Fiscal incurrió en una falta grave, caso en el cual deberá remitir el expediente a la Asamblea Nacional, para que ésta decida si remueve o no la Fiscal.

Esto quiere decir que sólo la Asamblea Nacional puede remover a la Fiscal. Con lo cual el TSJ lo único que puede hacer es autorizar a la Asamblea a que remueva a la Fiscal, si considera que ella ha incurrido en una falta grave.

Sin embargo, un escenario muy probable es que la Sala Constitucional, considerando que la Asamblea Nacional está en “desacato”, asuma el ejercicio de esa competencia y pase a decidir, ella misma, la remoción de la Fiscal.

¿Es posible esto? De acuerdo con la Constitución no. Pero la Constitución ha sido sistemáticamente desconocida por la Sala Constitucional y no hay muchas probabilidades de que, en este caso, esa Sala decida seguir una línea contraria.

Por lo tanto, es probable que, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, sea la Sala Constitucional la que decida remover a la Fiscal.

El golpe de Estado, como se dice en criollo, pica y se extiende.

Sobre la solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional

En la mañana del mates 13 de junio de 2017, tres noticias se generaron desde las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 1. La primera noticia es que la Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, solicitud formulada ante la Sala Plena del

Por José Ignacio Hernández G. | 13 de junio, 2017

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En la mañana del mates 13 de junio de 2017, tres noticias se generaron desde las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):

1. La primera noticia es que la Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, solicitud formulada ante la Sala Plena del Tribunal. Cabe aclarar que la Sala Plena está integrada por todos los magistrados del Tribunal Supremo.

2. La segunda noticia es que el Defensor del Pueblo solicitó a la Sala Constitucional aclarar sus competencias relacionadas con investigaciones por violaciones a derechos humanos.

3. La tercera y última noticia es que Pedro Carreño solicitó al Tribunal Supremo la conformación de una junta médica para evaluar mentalmente a la Fiscal General.

Tres noticias que forman parte de una completa estrategia de la cual los espectadores tan solo conocemos una parte.

1. La solicitud de antejuicio presentada por la Fiscal

La solicitud presentada por la Fiscal ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se conoce como “antejuicio de mérito”. Así, antes de iniciar un proceso penal en contra de ciertos funcionarios, la Fiscal debe solicitarle a la Sala Plena que determine si hay méritos o razones válidas para ese proceso.

Precisamente, la Ortega Díaz considera que los magistrados de la Sala Constitucional que suscribieron las sentencias que han sido calificadas como una ruptura del orden constitucional, cometieron el delito de ruptura del orden republicano (artículo 132 del Código Penal). Los magistrados contra quienes tal solicitud fue formulada son José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

¿Qué puede pasar ahora? Lo primero que tiene que decidir la Sala Plena es si inicia o no el antejuicio. Para esto, los magistrados de la Sala Constitucional que han sido denunciados deberán inhibirse, o sea, separarse del conocimiento del caso.

Si la Sala Plena inadmite la solicitud, ésta será archivada y el antejuicio no se iniciará. Pero si la Sala Plena admite la solicitud, entonces, deberá iniciar el antejuicio en el cual los magistrados de la Sala Constitucional deberán defenderse. Y allí hay dos posibles decisiones:

1. Que la Sala Plena estime que no hay méritos para el procedimiento penal, caso en el cual archivará el expediente;

2. Que la Sala Plena estime que sí hay méritos, caso en el cual remitirá las actuaciones a la Fiscal para que el inicio del correspondiente procedimiento penal en contra de los magistrados.  En ese supuesto, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, los magistrados quedarán suspendidos e inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante el proceso penal.

Como se ve, esta solicitud de la Fiscal no conduciría a la remoción de los magistrados, remoción que –conviene recordarlo– fue solicitada por la Asamblea Nacional pero obstruida por la mayoría del Consejo Moral Republicano. Lo que está en juego es determinar si esos magistrados incurrieron en delitos que podrían aparejar penas de hasta 16 años.

Estas son las opciones. ¿Cuál es la más probable? Si las estadísticas del TSJ se cumplen, entonces, la solicitud de la Fiscal sería desestimada, muy probablemente inadmitiéndola.

Por esto, en el fondo, la solicitud de la Fiscal plantea un conflicto que hasta ahora no se había formulado. Me refiero al conflicto entre la Sala Plena del Tribunal, compuesta por todos los magistrados, y la Sala Constitucional.

2. ¿Y la solicitud de interpretación constitucional
interpuesta por el Defensor del Pueblo?

Poco después de las declaraciones de la Fiscal, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, acudió a la Sala Constitucional para solicitar que interprete las facultades de la Defensoría en materia de derechos humanos.

¿Cuál es el verdadero propósito de esta solicitud? No creo que el interés del Defensor del Pueblo sea tener una visión más clara de sus competencias. El objetivo probable, en este juego de ajedrez, parece ser procurar una “interpretación” de la Sala Constitucional conforme al cual solo la Defensoría del Pueblo podría adelantar investigaciones en materia de derechos humanos, materia en la cual el Ministerio Público perdería sus competencias.

Ya me dirán que esa sentencia desconocería la Constitución. Ante lo cual responderé: no sería la primera vez que tal cosa suceda. De hecho, cuando la Sala Constitucional negó la competencia de la Fiscal para aclarar la sentencia que avaló la fraudulenta constituyente, comenzó el proceso para inhabilitar a la Fiscal (como se hizo con la Asamblea).

3. ¿Pueden destituir a la Fiscal?

La solicitud de Pedro Carreño apunta a la destitución de la Luisa Ortega Díaz. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Fiscal puede ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, por “manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional”.

De esa manera, lo que Carreño solicitó es que la Sala Plena nombre la junta médica que deberá evaluar la salud mental de la Fiscal, en una clara maniobra fraudulenta por separarla de su cargo.

Esa solicitud tendría un obstáculo: que la remoción de la Fiscal solo puede ser acordada por la Asamblea. Sin embargo, no sería de extrañar que la Sala Constitucional, alegando el “desacato” de la Asamblea, asuma la función de permitir la destitución de la Fiscal, lo que sería, claramente, otro fraude constitucional.

4. Un complejo juego de ajedrez

Presenciamos, como dije, una compleja estrategia que parece un juego de ajedrez. Hemos visto, hasta ahora, un conjunto de acciones de la Fiscal orientadas a evidenciar una conclusión: que en Venezuela no existen garantías del Estado de Derecho que permitan frenar la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Un objetivo en el que también ha avanzado la Asamblea Nacional.

Una trama compleja, sin duda, que me hace recordar el poema de Borges:

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonía?

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Sobre la demanda de la Fiscal pidiendo la nulidad de la designación de los magistrados

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue noticia el lunes 12 de junio de 2017 por dos hechos: 1. Por la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por ella; y 2. Por la decisión de la Fiscal de demandar la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de junio, 2017
Fotografía de LUIS ROBAYO para AFP

Fotografía de LUIS ROBAYO para AFP

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, fue noticia el lunes 12 de junio de 2017 por dos hechos: 1. Por la sentencia de la Sala Electoral que declara inadmisible la demanda electoral presentada por ella; y 2. Por la decisión de la Fiscal de demandar la nulidad de la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados en diciembre de 2015.

¿Qué está pasando?

1. La decisión de la Sala Electoral

En la mañana del 12 de junio la Sala Electoral informó que, mediante sentencia número 67, declaró “inadmisible por inepta acumulación” la demanda electoral de nulidad interpuesta por la Fiscal General.

En términos sencillos, esto implica que para la Sala Electoral, Luisa Ortega Díaz se equivocó al formular su demanda pues pidió la nulidad de actos que sólo pueden ser atacados ante la Sala Constitucional, junto con la nulidad de actos que pueden ser impugnados ante la Sala Electoral. Por esto, para la sentencia, la Sala acumuló indebidamente demandas que han debido ser presentadas en tribunales distintos.

La realidad, sin embargo, es otra: Ortega Díaz, en su demanda, fue muy clara en señalar que ella solo estaba demandando la nulidad de actos y actuaciones electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin cuestionar directamente los decretos dictados por el Gobierno Nacional en torno a la fraudulenta constituyente.

En consecuencia, se trató de una simple excusa. La Sala Electoral, en realidad, optó por el camino más rápido –y más inconstitucional– el cual es negar el inicio del juicio promovido por la Fiscal.

¿Puede hacer algo más la Fiscal? Hay varias estrategias que podría emprender, con muy pocas probabilidades de éxito. Apunto dos:

1. Solicitar a la Sala Constitucional la revisión de la sentencia emitida por la Sala Electoral, a fin de que la Sala Constitucional anule esa sentencia.

2. Intentar de nuevo la demanda, aclarando –todavía más– que únicamente está demandando la nulidad de actos electorales.

En todo caso, esta decisión de la Sala comprueba que el TSJ no es un órgano imparcial que favorece el acceso a la justicia. Esto, precisamente, permite comprender mejor la nueva acción judicial intentada por Ortega Díaz.

2. La demanda de nulidad de la designación de los Magistrados
realizada por la Asamblea Nacional en 2015

En la tarde del 12 de junio, la Fiscal General anunció en el programa radial de Maripili Hernández que había demandado, ante el TSJ, la nulidad de la designación de los Magistrados realizada por la Asamblea Nacional (AN) en 2015. Para la Ortega Díaz, la desincorporación de esos Magistrados es condición necesaria para permitir que el TSJ pueda asegurar el derecho de acceso a la justicia.

Recordemos un poco la historia.

En diciembre de 2015 la AN violando el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, designó a 13 magistrados del TSJ y otros tantos suplentes, lo que califiqué en un artículo publicado aquí Prodavinci como una clara violación a la Constitución.

La AN instalada el 5 de enero de 2016 asumió, dentro de sus primeras funciones, la investigación de tales designaciones. Estas investigaciones culminaron con un informe aprobado en julio de 2016, en el cual se declaró que esas designaciones, al violar la Constitución, eran nulas e inexistentes (como también expliqué en otro artículo).

La Sala Constitucional, en sentencia número 614/2016, declaró la nulidad de esas investigaciones y del informe aprobado por la AN como parte de las decisiones por medio de las cuales la Sala desconoció a esa Asamblea. Pese a esto, la AN ha continuado con el procedimiento para designar a los Magistrados llamados a sustituir a quienes fueron inconstitucionalmente incorporados en diciembre de 2015.

Además, también se recordará que con ocasión a las sentencias número 155 y 156, la Asamblea Nacional acordó iniciar el procedimiento para remover a los magistrados de la Sala Constitucional, procedimiento que fue obstruido por el Consejo Moral Republicano.

En esa entrevista la Fiscal General hizo referencia a todos estos antecedentes y mencionó que había intentado una demanda de nulidad en contra del Acuerdo de la Asamblea Nacional –publicado en Gaceta Oficial 40.819 el 29 de diciembre de 2015–, en el cual se nombró inconstitucionalmente a los magistrados del TSJ. Asimismo, informó que solicitó también una medida preventiva de amparo orientada a lograr la desincorporación de esos magistrados. Finalmente, solicitó a los magistrados designados que se abstuvieran de firmar cualquier decisión al estar cuestionada su incorporación y calificada de ilegítima.

Lo interesante es que, en sus declaraciones, Ortega Díaz informó que sólo recientemente tuvo acceso a las actas del Consejo Moral Republicano que acreditaban las irregularidades cometidas en la designación de esos magistrados, lo que explica porqué ahora es que cuestiona las designaciones efectuadas en diciembre de 2015. Esas pruebas, presentadas ahora por la Fiscal General, corroborarían las irregularidades asociadas a la designación de esos magistrados.

¿Qué puede pasar con esta demanda de nulidad?

Si el TSJ sigue sus estadísticas, esta nueva demanda será desechada por cualquier formalidad. Pero lo importante no es en realidad esa eventual decisión.

Lo importante es que la Fiscal General de la República ha coincidido en señalar, como antes hiciera la Asamblea Nacional, que la designación de los magistrados efectuados en diciembre de 2015 violó la Constitución, todo lo cual –junto con otras consideraciones más– permite concluir que el TSJ es un “obstáculo para la paz del país”, como la propia Ortega Díaz declaró luego de que el TSJ desechara sus recientes actuaciones ante esa instancia.

En todo caso, mientras el TSJ procesa esta nueva demanda de la Fiscal General , la AN continuará con el procedimiento de designación de magistrados a través de la Comisión de Postulaciones Judiciales, como se puede leer en el orden del día del 13 de junio.

Y mientras todo esto sucede, la fraudulenta propuesta de la constituyente avanza ahora teniendo claro –para quienes podían tener dudas– de que no hay garantías mínimas de control judicial de tal proceso.

Frente a esta situación, correspondería a los ciudadanos –como también ha advertido la Fiscal General de la República– con fundamento en los artículos 333 y 350 de la Constitución, oponerse a tal fraudulenta propuesta y contribuir al restablecimiento del orden constitucional.

Por su parte, la AN y a la Fiscal General también deben contribuir con ese restablecimiento como lo reflejan las acciones a las cuales he hecho mención en este artículo. En los próximos días veremos si nuevas instituciones del Estado se unen a este propósito.

¿Qué significa adherirse al recurso de la Fiscal contra la constituyente?; por José I. Hernández

En la tarde del 8 de junio de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que había presentado una demanda ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de las reglas electorales que están aplicando para la Asamblea Nacional Constituyente “convocada”, en claro fraude, por el Gobierno Nacional.

Por José Ignacio Hernández G. | 8 de junio, 2017
Fotografía de Verónica Canino para AVN

Fotografía de Verónica Canino para AVN

En la tarde del 8 de junio de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que había presentado una demanda ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de las reglas electorales que están aplicando para la Asamblea Nacional Constituyente “convocada”, en claro fraude, por el Gobierno Nacional.

De igual manera, pidió a todos los venezolanos hacerse parte en esa demanda, a fin de contribuir al restablecimiento efectivo de la Constitución, tal y como ésta ordena en su artículo 333.

¿Qué implicaciones tiene esta demanda? ¿Cómo pueden los venezolanos hacerse parte?

1. Entendiendo la demanda de la Fiscal

El nombre técnico de la demanda intentada por la Fiscal es el “recurso contencioso electoral”, esto es, la demanda interpuesta contra actos de naturaleza electoral, relacionados con el derecho al sufragio y demás derechos políticos.

De acuerdo con la Fiscal, se ha solicitado a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad de los actos de naturaleza electoral relacionados con la fraudulenta constituyente ciudadana convocada por el Gobierno Nacional. Esto incluye la nulidad de todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE); de las bases comiciales y de las postulaciones.

Para solicitar esa nulidad, la Fiscal consideró –acertadamente– que esas reglas electorales violan los principios constitucionales y legales del derecho al sufragio, pues las reglas electorales fijadas por el Gobierno y por el CNE, como ya he explicado en Prodavinci, son arbitrarias.

Con esta demanda, además, la Fiscal reivindica sus competencias constitucionales y legales, luego de que la Sala Constitucional, en sentencia del 7 de junio, decidió que la Fiscal no podía actuar en el proceso judicial por el cual se “interpretó” la convocatoria a la “constituyente ciudadana” realizada por el Gobierno. Con esa sentencia la Sala Constitucional desconoció las funciones de la Fiscal, en un claro intento por “inhabilitar” a ese órgano.

2. ¿Qué puede pasar?

El próximo paso es que la Sala Electoral decida si inicia o no el juicio. Se trata de una decisión bastante simple por la cual se ordena el inicio del juicio a fin de decidir si en efecto los actos electorales de la “constituyente” son ilegales. Asimismo, la Sala debe solicitar al CNE y al Gobierno todos los antecedentes de estos actos electorales.

Una vez iniciado el juicio, cualquier elector podrá hacerse parte para apoyar la solicitud de la Fiscal. Luego de ello podrán promoverse pruebas, luego de lo cual todas las partes presentarán sus conclusiones. Cumplida esta etapa, la Sala decidirá la demanda.

Pero mientras tanto la Sala Electoral puede dictar lo que se conoce como “medida cautelar”, esto es, una sentencia preliminar que, sin decidir la demanda, sin embargo, dicta algunas medidas para evitar daños irreparables a los derechos de los electores. Pudiera así la Sala, por ejemplo, suspender el procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

3. ¿Y cómo pueden hacerse parte los interesados?

Cualquier interesado puede hacerse parte en este juicio, es decir, puede pedir que se admita su participación para ayudar a la Fiscal en su demanda.

¿Quiénes son interesados? Como lo que está en discusión son derechos electorales, cualquier elector puede hacerse parte en este juicio para defender sus derechos políticos.  

Para ello, bastará con presentar un escrito muy sencillo explicando por qué se quiere participar en este juicio y por qué se apoya al recurso de la Fiscal.

¿Y cuándo puede presentarse ese escrito? Por la naturaleza del proceso, cualquier elector, en su condición de parte interesada y en defensa de sus derechos, puede hacerse parte en cualquier momento, hasta tanto no haya sentencia. Sin embargo, hay un lapso de cinco días dentro del juicio, dentro del cual cualquier persona podrá también intervenir en el mismo, luego de cumplir con ciertas formalidades.

4. ¿La última oportunidad?

Ahora toca a la Sala Electoral decidir. Como expliqué, tiene dos opciones: admitir la demanda o inadmitirla.

Si la admite, estará cumpliendo con la Constitución y, además, estará iniciando la que podría ser la última oportunidad judicial para detener el fraudulento proceso constituyente y así, contribuir al restablecimiento efectivo de la Constitución.

Pero si inadmite esta demanda, además de violar la Constitución, la Sala Electoral estaría cerrando esa última oportunidad judicial, lo que empeorará las condiciones de convivencia de los venezolanos.  

En todo esto, por supuesto, no debemos perder de vista a la Sala Constitucional, quien como ya sucedió en 2004, podría intentar obstruir este juicio, asumiendo su conocimiento e incluso, revisando cualquier sentencia de la Sala Electoral.

Los próximos días son, por ello, fundamentales.

5. ¿Pueden los electores participar en el recurso de la Fiscal antes de que la Sala Electoral admita la demanda?

Los electores pueden hacerse parte en este juicio de inmediato, sin necesidad de esperar a que la Sala Electoral admita el la demanda presentada por la Fiscal. Veamos por qué.

En los juicios electorales, la Sala Electoral (siguiendo una larga tradición jurisprudencial), ha diferenciado dos  tipos de personas que pueden intervenir en los juicios, a quienes se les llama “terceros”. Por un lado está el que solo quiere ayudar al demandante pero sin defender sus propios derechos. A esa persona se le llama “tercero coadyuvante”, pues apoya o ayuda al demandante. Por el otro, está el tercero que quiere defender sus propios derechos. A esa persona se le llama “tercero parte” pues defiende sus propios derechos, a pesar de que no inició el juicio. Entre otras, puedo citar la sentencia de la Sala Electoral de 10 de marzo de 2000, caso Allan Brewer. Más recientemente puedo citar la sentencia de 8 de octubre de 2014, caso SINTRAPEL.

Esta diferencia es muy importante pues como ha señalado la jurisprudencia, quien quiere defender derechos propios puede intervenir “con posterioridad a la presentación de la respectiva demanda –que es cuando comienzan los juicios (artículo 339 del Código de Procedimiento Civil)- y no solo durante el lapso de comparecencia”. Ese lapso para comparecer, que solo es después de la admisión, solo aplica para quienes quieren apoyar la demanda pero no defender derechos propios.

La demanda de la Fiscal invoca, entre otros, la violación de los derechos de participación ciudadana y al sufragio (artículos 62 y 62 de la Constitución). ¿Quiénes son los titulares de esos derechos? La respuesta es clara: los electores.

Por ello, los electores pueden intervenir como partes en ese juicio desde que la demanda fue presentada, pues ellos están defendiendo sus derechos electorales violados por las reglas arbitrarias de la constituyente, sin necesidad de esperar la admisión de esa demanda.

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Quien ejerce la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, declaró el 6 de junio de 2017 que no quería “ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”. Igualmente indicó que “el que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia del

Por José Ignacio Hernández G. | 7 de junio, 2017

CAR01 CARACAS (VENEZUELA),18/9/2015. Fotografía cedida por prensa de Miraflores del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, mientras da declaraciones hoy, viernes 18 de septiembre del 2015, en Caracas (Venezuela). Padrino informó hoy de que se precipitó a tierra un avión Sukhoi-30 de la Aviación Militar Bolivariana en la región "noroccidental" fronteriza con Colombia, sin que hasta el momento se conozca si los dos pilotos sobrevivieron a la caída. EFE/PRENSA MIRAFLORES/ NO VENTAS/ SOLO USO EDITORIAL

Quien ejerce la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, declaró el 6 de junio de 2017 que no quería “ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”. Igualmente indicó que “el que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia del respeto de los derechos humanos y que no se comporte como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”.

No se tratan de meras declaraciones públicas más o menos retóricas. Por el contrario, estas declaraciones tienen importantes implicaciones jurídicas.

Veamos.

1. Se reconocen los abusos de la Guardia Nacional Bolivariana

Al declarar que no quiere “ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”, el general Padrino López está reconociendo que ha visto a guardias cometiendo “atrocidades”: esto es, abusos.

No sólo el general Padrino ha visto esos abusos. Los hemos podido ver todos, ante la gran difusión que tales abusos han tenido en registros gráficos: guardias disparando bombas lacrimógenas de forma horizontal; guardias abusando de las bombas lacrimógenas y demás armas no letales, violando los derechos a la integridad física y a la vida; guardias ocasionando incendios; uso de armas de fuego y, en especial, guardias cometiendo hurtos. Estos son sólo algunos de los abusos que han quedado registrados ampliamente en los medios.

Lo peculiar que es el general Padrino aceptó que él conoce de estos abusos, despejando cualquier duda que pudiese haber existido. Al reconocer esto, el general Padrino también reconoce su responsabilidad: o actúa de inmediato para el cese de esas “atrocidades”, o asume su responsabilidad por tolerar –por acción u omisión– estos actos que él mismo ha condenado.

2. Deben iniciarse procedimientos disciplinarios e informar al Ministerio Público

De acuerdo con las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, de 2015, el general Padrino debe iniciar procedimientos disciplinarios en contra de los guardias que han cometido y ordenado estas atrocidades, y además, debe informar sobre esto al Ministerio Público.

Precisamente, estas declaraciones constituyen una prueba de que el Ministerio Público debe considerar en el marco de las investigaciones adelantadas por presuntos delitos cometidos por guardias al abusar de sus funciones. Ya no es solo la Fiscal Luisa Ortega Díaz quien califica esos abusos: también los califica la máxima autoridad del Ministerio de la Defensa y jerarca responsable de la conducta de los guardias nacionales.

3. La responsabilidad institucional de la GNB

Estas declaraciones no se limitan a señalar la responsabilidad de los guardias que han cometido las “atrocidades”. Según las comentadas Normas de 2015, además, estas declaraciones comprometen la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana como institución.

Pues no se trata de “atrocidades” aisladas. Antes, por el contrario, lo que demuestran los registros periodísticos, las denuncias de diversas ONG y las propias investigaciones del Ministerio Público, es que estamos ante abusos cometidos de manera general y sistemática, con lo cual, es la responsabilidad de la GNB como institución la que está en juego.

4. La responsabilidad internacional por violación de derechos humanos

Lo que el general Padrino califica de “atrocidades”, son en realidad violaciones a los derechos humanos cometidos de manera sistemática y general por guardias nacionales. Tal y como el profesor Carlos Ayala explicó aquí en Prodavinci, esas violaciones comprometen la responsabilidad internacional de quienes han participado en tales acciones.

5. La desobediencia debida de los guardias nacionales

Al reconocer el general Padrino que hay guardias que están cometiendo “atrocidades”, y exigirles reconocer la preeminencia de los derechos humanos, está justificando el deber de los guardias de desobedecer toda orden que implique violaciones a derechos humanos.

La obediencia y disciplina son cualidades esenciales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica que rige a esa Fuerza. Pero el deber de obediencia tiene un límite, claramente señalado por el artículo 25 de la Constitución: los integrantes de la FANB no pueden obedecer órdenes que impliquen violaciones de derechos humanos, pues de hacerlo, serán personalmente responsables.

Es por esto que estas declaraciones ratifican que los integrantes de la Fuerza Armada tienen el derecho y el deber de desobedecer cualquier orden violatoria de los derechos humanos, relacionadas, entre otras, con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública, incluso, impidiendo el paso de las manifestaciones pacíficas, así como el abuso en la utilización de armas no letales como bombas lacrimógenas, la llamada “ballena” y la escopeta de perdigones.

De manera especial, los integrantes de la GNB están obligados a desobedecer cualquier orden que implique violar los estándares de actuación en manifestaciones, resumidos en las citadas normas de 2015.

En pocas palabras: a partir del 6 de junio, los integrantes de la GNB para obedecer al general Padrino, deben desobedecer toda orden violatoria a derechos humanos, mediante cualquiera de los actos de represión que han sido ampliamente registrados en los medios y que ahora son calificados de “atrocidad”.

6. ¿Y qué pasa si continúa la represión?

No tardaremos mucho en conocer si las declaraciones del general Padrino son o no acatadas. Si en la próxima manifestación pública –ya convocada para el 7 de junio– vuelven a repetirse actos de represión como los que hemos visto en los últimos días quedaran claras tres cosas.

La primera, que pese a las declaraciones del general Padrino, las atrocidades y violaciones a los derechos humanos continúan.

La segunda, que la responsabilidad del general Padrino quedará igualmente demostrada con sus propias palabras: pese a reconocer que se cometen atrocidades, no ha iniciado los procedimientos legales para impedirlas de manera efectiva.

La tercera, que todo aquel que ordene, tolere o permita esas atrocidades, así reconocidas por el general Padrino, será responsable personalmente, en los términos del artículo 25 constitucional, sin que pueda excusarse en el cumplimiento de órdenes superiores.

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El ministro Padrino López y el vocablo “atrocidad”; por Willy McKey

La fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constitución; por José I. Hernández

  El pasado 1 de junio el Gobierno Nacional declaró su intención de proponer que la nueva Constitución aprobada por la “constituyente” sea sometida a “referendo aprobatorio”. El 5 de junio, el así llamado “Comando Zamora 200” solicitó al Consejo Nacional Electoral modificar las bases comiciales, a fin de “exhortar” a la “asamblea nacional constituyente”

Por José Ignacio Hernández G. | 5 de junio, 2017

 

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El pasado 1 de junio el Gobierno Nacional declaró su intención de proponer que la nueva Constitución aprobada por la “constituyente” sea sometida a “referendo aprobatorio”. El 5 de junio, el así llamado “Comando Zamora 200” solicitó al Consejo Nacional Electoral modificar las bases comiciales, a fin de “exhortar” a la “asamblea nacional constituyente” a que someta a referendo el texto que se apruebe.

¿Esto cambia algo?

La respuesta es negativa. No solo este cambio no modifica en nada la propuesta, sino que además, es un cambio engañoso y por tanto fraudulento.

Una consulta popular que no está en la Constitución

Antes de explicar este punto, conviene aclarar que el proceso constituyente pasa por dos consultas populares: una previa, para que el pueblo decida si convoca o no a una constituyente, y otra posterior, para someter a aprobación la nueva Constitución.

Ya sabemos que el Gobierno ignoró la primera. Lo que ahora está prometiendo es que sí se hará la segunda consulta, o sea, que la Constitución que apruebe la “constituyente ciudadana” sí sería sometida a referendo.

Este anuncio del Gobierno es peculiar, pues la Constitución de 1999 nada dice sobre la necesidad de someter a referendo aprobatorio la Constitución aprobada por la asamblea nacional constituyente. Este silencio no es casual. Durante los debates de la constituyente de 1999, Elías Jaua opinó que la Constitución no podía limitar al poder constituyente, con lo cual, solo el poder constituyente podía decidir si la nueva Constitución sería aprobada en referendo.

Esto no significa, aclaro, que exista una prohibición de someter a consulta la Constitución aprobada por la asamblea nacional constituyente. Lo que quiero decir es que solo esta puede tomar la decisión de hacer esa consulta posterior, sin que el Gobierno pueda prometer u ofrecer nada en nombre de la misma, ni siquiera, modificando las bases comiciales.

Un exhorto inútil

Además, cuando leemos con atención las declaraciones del llamado “Comando Zamora 200”, podemos notar que la modificación de las bases se limita a “exhortar” a la “constituyente ciudadana” a someter a referendo la nueva Constitución.

¿Esto qué significa? Que la modificación de las bases solo consiste en una “sugerencia” o “recomendación” a la “constituyente ciudadana” para que ésta decida si debe o no someter a referendo la nueva Constitución. No solo estamos ante una modificación engañosa, sino además inútil, ya que en nada modifica la situación actual: será la “constituyente ciudadana” quien decidirá si la nueva Constitución será aprobada en referendo.

Una consulta inconstitucional

Además, mal podría someterse a referendo popular la aprobación de un texto en fraude a la Constitución de 1999. En efecto, cualquier acto que dicte la fraudulenta asamblea nacional constituyente será tan ilegítimo como la propia constituyente. De aprobarse una nueva Constitución, en realidad, estaremos ante un acto que pretende modificar la Constitución por mecanismos no previstos en ella.

Por ello, es engañoso prometer que se hará una consulta sobre una Constitución que, en caso de que se dicte, será parte del procedimiento constituyente ilegítimo orientado a derogar, por la fuerza, la Constitución de 1999.

Una consulta que puede tardar

La modificación de las bases comiciales es engañosa, además, pues omite reconocer que lo último que hará la ilegítima constituyente ciudadana es aprobar una nueva Constitución. En realidad, con esta propuesta, el Gobierno Nacional solo pretende consolidar el golpe de Estado concentrando todas las funciones del Estado. Un objetivo que podrá lograr apenas se instale la nueva asamblea, que como “poder originario”, adoptará cualquier decisión, incluyendo la remoción de la Fiscal General de la República, como ya se ha adelantado.

El verdadero objetivo del Gobierno Nacional no es dictar una nueva Constitución sino consolidar el golpe de Estado a través de la ilegítima constituyente. Bajo este panorama, ofrecer que la nueva Constitución que se dicte será sometida a referendo es engañoso y fraudulento: para cuando la nueva Constitución sea dictada, ya la propia “constituyente ciudadana” habrá cambiado las reglas de forma tal de hacer irrelevante tal consulta democrática.

Una consulta contradictoria

Cabe la última crítica, que es más bien una pregunta: ¿por qué el Gobierno “promete” hacer una consulta sobre la nueva Constitución, pero obvia la consulta al pueblo para decidir sobre la convocatoria de la constituyente? La respuesta es clara: el verdadero propósito de esta “constituyente” es secuestrar la soberanía popular, lo que el Gobierno pretende hacer usurpando el ejercicio del poder constituyente que reside solo en el pueblo. Por ello, lo que se promete es que al final de ese proceso, cuando se dicte la nueva Constitución (si es que en algún momento se dicta), la asamblea constituyente decidirá si somete o no a referendo la nueva Constitución.

Lo único que razonablemente cabe esperar es que esa asamblea, que nació usurpando la soberanía popular, mantenga esa usurpación y falsee cualquier consulta verdaderamente democrática. Tanto más cuando la “constituyente ciudadana” se basa en el Estado Comunal, dentro del cual la participación ciudadana es limitada y condicionada.

Una (posible) respuesta a la Fiscal que es un nuevo fraude

La promesa de “exhortar” a la “constituyente ciudadana” a que someta a referendo la nueva Constitución, fue realizada en el mismo momento en que la Fiscal General de la República concluyó –acertadamente- que la convocatoria a la constituyente obviando la consulta popular, y la sentencia de la Sala Constitucional N° 378 de la Sala Constitucional, vulneran los principios de la democracia constitucional.

Por ello, es razonable concluir que con tal promesa, el Gobierno Nacional intentó salirle al paso a la Fiscal y demostrar que la “constituyente ciudadana” sí es democrática, pues la nueva Constitución será sometida a referendo.

Sin embargo, disimular una constituyente que usurpa la soberanía popular con engañosas promesas de consultas electorales futuras es un vano intento. Ya nadie ignora que el lobo tiene piel de oveja.

¿Qué decidió la Sala Constitucional en relación con Henrique Capriles?; por José Ignacio Hernández

La Sala Constitucional, muy activa en los últimas días, dictó el 1 de junio de 2017 una sentencia (Nro. 389) en la cual admite una demanda contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. Tal y como sucedió en el reciente caso de los alcaldes, al cual me referí en un artículo publicado aquí en

Por José Ignacio Hernández G. | 2 de junio, 2017
Henrique Capriles retratado por Roberto Mata

Henrique Capriles retratado por Roberto Mata

La Sala Constitucional, muy activa en los últimas días, dictó el 1 de junio de 2017 una sentencia (Nro. 389) en la cual admite una demanda contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. Tal y como sucedió en el reciente caso de los alcaldes, al cual me referí en un artículo publicado aquí en Prodavinci, la Sala dictó diversas órdenes de amparo en contra del Gobernador, cuyo contenido es indeterminado. Además, la Sala le recordó al Gobernador que, en caso de incumplir esas órdenes, aplicaría el delito de desacato.

¿Qué puede pasar?

1. Alcaldes y gobernadores de oposición en la mira

Esta nueva sentencia de la Sala Constitucional no debe interpretarse de manera aislada. Por el contrario, es parte de la misma estrategia a través de la cual la Sala ha dictado imprecisas órdenes de amparo en contra de ocho alcaldes de oposición, como las del pasado 24 de mayo. Otras órdenes similares fueron dictadas el 25 de mayo en contra del alcalde del municipio Sucre y el 31 de ese mismo mes la Sala dictó dos nuevas sentencias en contra de los alcaldes de los municipios Barinas y Lic. Diego Bautista Urbaneja. Además, el 26 de mayo un Tribunal local dictó una medida similar en contra del alcalde del municipio El Morro.

Ahora se suma el gobernador del estado Miranda a esta lista de funcionarios de elección popular que se enfrentan a la amenaza de penas privativas de libertad y eventualmente de separación del cargo. Todos esos funcionarios, además, son de la oposición, lo cual no es casual: es muestra un sesgo que confirma que no estamos, realmente, ante procesos judiciales sino ante el uso instrumental de la justicia con fines políticos.

2. Las órdenes en contra del gobernador Capriles

La nueva sentencia de la Sala es un calco de las sentencias anteriores. La narrativa es la misma: ante la demanda interpuesta por un grupo de supuestos vecinos que alegan la violación a sus derechos y consideran una negligente conducta del gobernador en el marco de protestas en el estado Miranda, la Sala Constitucional ordenó iniciar un juicio en contra del Gobernador, pero además, dictó siete órdenes de amparo constitucional que emplazan al Gobernador a adoptar determinadas acciones.

Así, se trata de imprecisas órdenes referidas a:

1.  Evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos;

2.  Proceder a la inmediata remoción de obstáculos para mantener las vías y zonas adyacentes libres de barricadas;

3. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos;

4. Impedir reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito;

5. Ejercer la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes;

6. Velar por la protección del ambiente y

7.  Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo de sus deberes.

Cualquier lector podrá ver que se trata de medidas amplias e indeterminadas, como lo son las sentencias dictadas en contra de los alcaldes. Por lo tanto, esas medidas otorgan a la Sala Constitucional un poder discrecional para decidir cuándo ellas han sido cumplidas o no.

Además, se trata de órdenes que exceden las competencias del estado Miranda. Muestra de esto es que se trata de las mismas órdenes dictadas en contra de alcaldes opositores de municipios que pertenecen al mismo estado Miranda. ¿Cómo es posible que alcaldes y gobernadores queden obligados exactamente a las mismas conductas, siendo que su ámbito territorial de competencia es distinto?

Por lo tanto, el gobernador Capriles queda sometido a un control no jurídico por parte de la Sala Constitucional, pues sólo la Sala podrá decidir cuándo sus imprecisas órdenes han sido incumplidas. Y en tal caso, como la propia sentencia se encarga de recordar, aplicaría el delito de desacato previsto en la Ley Orgánica de Amparo, sancionado con prisión de 6 a 15 meses. De hecho, la sentencia cita el fallo de 2014 dictado en contra del alcalde y del Director General de Policía del Municipio San Diego, fallo a consecuencia del cual ambos funcionarios fueron condenados a penas privativas por la Sala.

3. ¿Y el antejuicio de mérito?

Sin embargo, la Sala Constitucional, de considerar incumplidas sus órdenes, no podría condenar a prisión al gobernador Henrique Capriles. No lo podría hacer en ningún caso: sólo el Juez Penal –con previa acusación del Ministerio Público– podría determinar el delito de desacato.

Pero tampoco podría hacerlo pues de conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a los artículos 376 y 381 del Código Orgánico Procesal Penal, el gobernador Capriles no puede ser sometido a proceso penal mientras el Ministerio Público no solicite a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que califique previamente el delito. Esto es lo que se conoce como “antejuicio de mérito”.

En pocas palabras: sólo el Ministerio Público podría iniciar el proceso penal en contra del gobernador Capriles, si se considera que éste, al incumplir las imprecisas órdenes, incurrió en el delito de desacato.

4. La Sala Constitucional sigue en contra de la democracia

En apenas unos días, la Sala Constitucional ha dictado 12 sentencias que ponen en riesgo a funcionarios de elección popular de la oposición, con base en imprecisas e indeterminadas órdenes.

Como ya hemos señalado, estas sentencias son consecuencia de un claro abuso de poder de la Sala Constitucional, pues lejos de efectuar un control jurídico en los temas de su competencia nacional, ha ejercido un control impreciso y ambiguo en asuntos estadales.

Esta nueva sentencia en contra del gobernador del estado Miranda, es, en resumen, parte del golpe de Estado continuado perpetrado por la Sala Constitucional, como ya lo anunció la Fiscal General de la República.

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Alcaldes en la mira: ¿qué decidió la Sala Constitucional del TSJ?; por José Ignacio Hernández

Decisión 378: el intento de aniquilar lo que queda de República; por José Ignacio Hernández

Finalmente la Sala Constitucional se pronunció en relación con la “convocatoria” de la “Asamblea Nacional Constituyente ciudadana” realizada por el Gobierno Nacional. Y lo hizo siguiendo su tendencia a decidir en favor del Gobierno: para la Sala, no es necesario consultar al pueblo —titular del poder constituyente— sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. La

Por José Ignacio Hernández G. | 31 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

Finalmente la Sala Constitucional se pronunció en relación con la “convocatoria” de la “Asamblea Nacional Constituyente ciudadana” realizada por el Gobierno Nacional. Y lo hizo siguiendo su tendencia a decidir en favor del Gobierno: para la Sala, no es necesario consultar al pueblo —titular del poder constituyente— sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La decisión, identificada con el Nro. 378 y fechada 31 de marzo de 2017, convalida el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente y cierra todo mecanismo institucional para detener tal propuesta.

¿Y ahora qué?

1. Las cuatro falacias de la Sala Constitucional

La decisión Nro. 378 —para justificar la conclusión según la cual es posible convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al poder constituyente— acude a cuatro razones que, al examinarlas, están repletas de contradicciones.

En primer lugar, la Sala observa que en 1999 fue necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la constituyente, pues la Constitución de 1961 nada preveía al respecto. Esta razón ya había sido asomada por Aristóbulo Istúriz.

Pero tal razón es falsa. En 1999 se consultó al pueblo sobre la convocatoria de la constituyente, pues el entonces presidente Chávez, asesorado entre otros por Hermann Escarrá, concluyó que solo el pueblo tiene derecho a decidir sobre la convocatoria de la constituyente, incluso, asumiendo que ese derecho ni siquiera puede ser desconocido por la Constitución.

Por esto, en realidad, si en 1999 se consultó al pueblo, fue porque se consideró que el pueblo es el soberano. Y si en 2017 se pretende obviar esa consulta, sencillamente, es porque se quiere usurpar la soberanía popular.

En segundo lugar, la Sala Constitucional observa que la Constitución de 1999 sí contempla la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, pero nada dice sobre el referendo popular para decidir su convocatoria. Y cita, en este sentido, el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

Esto también es falso. Como ya expliqué en Prodavinci, de ese diario de debates se puede concluir que la Constitución no aludió al referendo popular (pues no lo consideró necesario) al prevalecer la tesis del entonces constituyente Elías Jaua, quien esgrimió que la Constitución no podía regular al poder constituyente pues tal poder pertenece exclusivamente al pueblo.

También es falso lo que la Sala Constitucional señala, en cuanto a que había sido negada, en este debate, la propuesta del entonces constituyente Manuel Quijada de que la convocatoria de la constituyente fuese decidida mediante referendo.

Lo que pasó en realidad —y allí está el diario de debates para que cualquiera pueda leerlo— es que la propuesta de Quijada de reglamentar en detalle a la Asamblea Nacional Constituyente fue negada, pues de acuerdo con Jaua la Constitución no puede regular dicho poder al ser éste la esencia de la soberanía popular. Esto es, justamente lo contrario a lo que ahora dice la Sala Constitucional: que la Constitución sí puede regular el poder constituyente hasta el punto de impedir su ejercicio por el pueblo.

En tercer lugar, la Sala Constitucional asume la defensa del Gobierno al justificar que vistas las “circunstancias objetivas sobrevenidas” actuales en Venezuela, ante una “aguda situación de la crisis política”, el Gobierno puede convocar a una constituyente para “poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social” sin consultarle al pueblo.

Como en toda falacia, aquí salta la contradicción: ¿cómo puede ponerse de acuerdo a un país sin consultar para ello al pueblo? Además, la constituyente no se previó para resolver crisis políticas como falsamente alegan la Sala y el Gobierno. Se creó para dictar una nueva Constitución.

En cuarto lugar, la Sala observó que aun cuando la Constitución reconoce el principio de soberanía popular —artículo 5— lo cierto es que esa soberanía se ejerce no sólo de manera directa sino también de manera indirecta a través de sus representantes. Con lo cual, para la Sala, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, puede ejercer indirectamente esa soberanía y decidir convocar a una constituyente sin que sea necesario consultar al pueblo.

De todas las falacias de esta decisión, ésta, sin duda, es la más grave.

Es falso lo señalado por la Sala —con pretendido apoyo en cierta doctrina que, a decir verdad, en nada sostiene la tesis de ese tribunal— en cuanto a que la soberanía popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser ejercida por el pueblo y que únicamente puede ser ejercida por el representante del pueblo, o sea, por el Gobierno Nacional.

La Sala olvidó mencionar que, en el artículo 5 constitucional, se indica que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y como la Sala debería saber, intransferiblemente significa que no puede ser transferido. Y como también la Sala debería saber (pues ha debido leer el libro de Hermann Escarrá Democracia: reforma constitucional y asamblea constituyente), el ejercicio del poder constituyente, como manifestación de la soberanía, en ningún caso puede ser cedido a los representantes, pues el pueblo mantiene intacto su derecho a decidir, soberanamente, y aprobar su propia Constitución. Precisamente eso fue lo que concluyó la antigua Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 19 de enero de 1999, que la Sala Constitucional cita pero para contradecirla.

Con lo cual, la Sala Constitucional –en su intento por justificar lo injustificable– confunde la democracia participativa con la democracia representativa. La democracia representativa no implica que los representantes “hablen por el pueblo”, pues ella sólo permite elegir a los representantes del pueblo dejando intacta la democracia participativa: esto es el derecho exclusivo del pueblo a decidir su destino mediante el ejercicio del poder constituyente.

Al exponer ese argumento, además, la Sala contradice su anterior sentencia —comentada aquí en Prodavinci— en la que justificó la eliminación del derecho al voto. En esa oportunidad la Sala concluyó que el derecho a la participación justificaba eliminar la representación, pero ahora la Sala dice que la representación justifica eliminar la participación. La contradicción no puede ser mayor.

En resumen: en varias páginas de la decisión, la Sala trata de argumentar por qué no es necesario consultar al pueblo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la verdad emerge con claridad de los artículos 5 y 347 de la Constitución: el pueblo es titular de la soberanía y depositario del poder constituyente y en tal sentido es el único que puede decidir sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

3. ¿Y ahora qué?

Esta decisión de la Sala Constitucional cierra el único cauce institucional que existía para controlar la usurpación de la soberanía popular, ratificando de esa manera el golpe de Estado permanente que la propia Sala inició en 2015 en apoyo al Gobierno Nacional.

Luego de esto, el Gobierno pretenderá seguir con las fraudulentas “elecciones” de la asamblea que, como ya ha sido explicado por Héctor Briceño aquí en Prodavinci, se regirán por las ilegítimas reglas diseñadas por el Gobierno para controlar totalmente a la asamblea.

Logrado ese objetivo, el Gobierno, a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente sometida a su control, pretende acumular el poder absoluto y así remover todo obstáculo a ese poder, incluyendo la destitución de la Fiscal General de la República, la ratificación de la disolución de la Asamblea Nacional y la criminalización de toda protesta (tal y como lo ha dejado ver en recientes declaraciones).

Finalmente, alcanzados todos esos objetivos, el Gobierno pretenderá “autoaprobar” su Constitución calcada del Plan de la Patria. Nueva Constitución que, no nos quepa duda alguna, no será sometida a consulta popular porque será decidido por la “soberana” Asamblea Nacional Constituyente, como ya ha sido anunciado por varios voceros.⁠⁠⁠⁠

Por esto, he explicado que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no sólo es un fraude más. Es, en realidad, el intento de aniquilar lo que queda de República.

¿Y qué pueden hacer los ciudadanos?

La respuesta está en los artículos 333 y 350 de la Constitución de 1999, normas que desde 1811 han estado presentes en nuestra vida republicana como legado de grandes pensadores como Juan Germán Roscio.

Esto es: desconocer el fraudulento proceso constituyente y restaurar la vigencia de la Constitución de 1999.

Sobre ello estaré escribiendo en un próximo artículo.

Alcaldes en la mira: ¿qué decidió la Sala Constitucional del TSJ?; por José Ignacio Hernández

A través de ocho sentencias dictadas el miércoles 24 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de amparo constitucional en contra de los alcaldes de los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, así como los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías

Por José Ignacio Hernández G. | 24 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

A través de ocho sentencias dictadas el miércoles 24 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de amparo constitucional en contra de los alcaldes de los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, así como los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías del estado Mérida.

Estas medidas de amparo fueron dictadas en el marco de diversas demandas presentadas en contra de estos alcaldes, en las cuales se alegó el incumplimiento de sus deberes al no cuidar el orden público en el marco de protestas desarrolladas en los municipios.

¿Qué puede pasar?

1. Un antecedente peligroso

Existe un importante antecedente que conviene recordar, de acuerdo a lo que expliqué en su momento aquí en Prodavinci. En 2014, en el marco de protestas ciudadanas, la Sala Constitucional dictó medidas de amparo similares a las que este miércoles fueron acordadas. Como resultado de esas medidas, la Sala consideró que ciertos alcaldes –Ceballos y Scarano– habían incumplido las medidas de amparo y como consecuencia ordenó su privación de libertad y destitución.

Este es el riesgo al que se enfrentan estos ocho alcaldes: ser apresados y destituidos por la Sala Constitucional.

2. ¿Qué ordenó la Sala Constitucional?

Las ocho demandas presentadas, según las sentencias, tienen un contenido similar: se alega que en los municipios se han desarrollados protestas y trancas contrarias al orden público, sin que los alcaldes hayan adoptado medidas efectivas para controlar tales desórdenes.

Al admitir esas demandas, la Sala Constitucional consideró que era necesario proteger los derechos humanos afectados por estos desórdenes. En total, dictó siete medidas de amparo:

1. Realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2. Proceder a la inmediata remoción de obstáculos para mantener las vías y zonas adyacentes libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4. Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5. Ejercer la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías.

6. Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario

7. Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo de sus deberes. En especial, se ordenó desplegar las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promover estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

3. ¿Qué riesgos tienen estas medidas?

Estas medidas coinciden en un punto: su imprecisión. Cualquier lector podrá ver que se trata de medidas amplias e indeterminadas. Por lo tanto, esas medidas otorgan a la Sala Constitucional un poder discrecional para decidir cuándo éstas han sido cumplidas o no (tal y como sucedió en 2014).

Es importante recordar que las obligaciones municipales a las cuales alude la sentencia, son obligaciones de “medio”, no de “resultado”. Esto lo que significa es que el deber de los alcaldes es actuar con diligencia, pero ellos no pueden asegurar que no se perturbe el orden público en el municipio pues tal perturbación –de ocurrir– es causada por terceros.

En resumen: con estas sentencias, los alcaldes quedan sometidos a un control amplio por parte de la Sala Constitucional del cual depende no sólo su libertad sino su permanencia en el cargo. Si la Sala considera que se han incumplido sus medidas, en claro abuso de poder, podrá ordenar la privación de libertad de los alcaldes y su destitución (tal y como sucedió en 2014).

4. ¿Y qué puede hacer la policía municipal?

Como en 2014, la Sala Constitucional ordenó a las alcaldías intervenir con cuerpos de policías. Sin embargo, las policías municipales no pueden intervenir para controlar el orden público, pues su actuación se limita a prevenir y controlar delitos.

La policía municipal no puede, ni está preparada, para “desmontar” por el uso de la fuerza protestas y barricadas, actuando contra los vecinos. Si a pesar de todos los esfuerzos de la alcaldía, los vecinos deciden protestar y hacen barricadas, la policía municipal no puede actuar por la fuerza contra esos vecinos. Primero: esto no es competencia de la policía municipal (como vimos). Segundo: esa policía no está ni equipada ni preparada para esto. Tercero y lo más importante: una acción directa de policías municipales para “desmontar” barricadas con vecinos presentes, sería una clara violación a los derechos humanos.

5. La Sala Constitucional en contra de la democracia

Como sucedió en 2014, estas ocho nuevas sentencias de la Sala Constitucional suponen un grave riesgo para la democracia, pues someten a alcaldes electos popularmente a controles discrecionales de los cuales dependen no solo su libertad sino su permanencia en el cargo.

Estas sentencias son consecuencia de un claro abuso de poder de la Sala Constitucional y lejos de efectuar un control jurídico en los temas de su competencia nacional, ha ejercido un control impreciso y ambiguo en asuntos municipales. Como resultado de esto, solo la Sala Constitucional puede decidir si sus imprecisas órdenes fueron o no cumplidas. De ese juicio, insisto, dependerá la libertad de los alcaldes y su permanencia en el cargo.

Es por esto que las sentencias comentadas también restringen arbitrariamente el derecho a la protesta y lo condicionan a órdenes imprecisas y ambiguas.

Bases comiciales: otro golpe a la democracia; por José Ignacio Hernández

En la tarde del 23 de mayo de 2017 el Gobierno presentó al Consejo Nacional Electoral las “bases” para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, que el propio Gobierno convocó el pasado 1 de mayo. Estas bases son otro golpe a la democracia. Así, tres elementos destacan: (i) la usurpación

Por José Ignacio Hernández G. | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

En la tarde del 23 de mayo de 2017 el Gobierno presentó al Consejo Nacional Electoral las “bases” para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ciudadana, que el propio Gobierno convocó el pasado 1 de mayo.

Estas bases son otro golpe a la democracia. Así, tres elementos destacan: (i) la usurpación de la soberanía popular, pues el Gobierno no solo convocó a la constituyente sino que además impone sus condiciones de elección; (ii) la elección de los constituyentes, parcialmente, será por sectores, lo que viola el derecho al sufragio universal y (iii) se anuncia la intención de la constituyente de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

1. Las bases: otra usurpación de la soberanía popular

El Gobierno no solo usurpó la soberanía popular al convocar la Asamblea Nacional Constituyente, sino que además, usurpó esa soberanía al imponer las condiciones de elección de los constituyentes.

Hasta ahora, el Gobierno ha dado un argumento muy pobre para justificar jurídicamente su proceder: de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, el Presidente de la República en Consejo de Ministros tiene la iniciativa para la convocatoria de la constituyente. Por ello, el Gobierno sostiene que él puede decidir la convocatoria de la constituyente y además, imponer sus bases o condiciones de elección.

Con ello, el Gobierno confunde deliberadamente la “iniciativa” para convocar la constituyente (artículo 348 de la Constitución) con la “convocatoria” de la constituyente (artículo 347). El artículo 347 es muy claro: el pueblo, como depositario del poder constituyente, es quien decide sobre su convocatoria. Y el artículo 5 de la Constitución es todavía más claro: la soberanía reside en el pueblo, y nadie –incluyendo al Gobierno– puede quitarle al pueblo esa soberanía.

Lo que ha hecho el Gobierno es ignorar esas normas constitucionales y usurpar la soberanía popular, primero, al convocar la constituyente y ahora, al imponer sus bases de funcionamiento.

Esa usurpación es todavía más evidente, si repasamos lo que opinaban, sobre este punto, quienes hoy justifican la convocatoria de la constituyente sin consultar al poder constituyente. Así, en 1995 Hermann Escarrá publicó un libro (Democracia: reforma constitucional y asamblea constituyente), en el cual sostuvo que solo el pueblo puede decidir si convoca o no la constituyente, conclusión que reiteró en un discurso de 2013. Por su parte, como ya expliqué aquí en Prodavinci, Elías Jaua, en el debate constituyente de 1999, sostuvo que solo el pueblo podía decidir sobre la constituyente, y que esa decisión era inatacable.

Esta contradicción lo que evidencia es que la convocatoria de la constituyente, y las bases impuestas por el Gobierno, son ilegítimas, pues no son resultado de la consulta a la voluntad del pueblo.

Hay un argumento adicional. Las bases propuestas por el Gobierno limitan el derecho de participación ciudadana al regular quiénes podrán postularse al cargo de constituyente. Sin embargo, solo la voluntad popular puede limitar a la propia soberanía popular. Por ello, precisamente, las bases de la constituyente deben ser aprobadas por el voto. Al no contar con esa aprobación, nos encontramos ante una limitación ilegítima al derecho de participación ciudadana impuesta por el Gobierno en clara usurpación de funciones.

2. Una Asamblea Nacional Constituyente sectorial

Parte de los constituyentes, de acuerdo con las ilegítimas bases, serán electos entre sectores previamente designados por el Gobierno. De esa manera, dentro de cada sector podrán postularse candidatos, de lo cual resulta una clara limitación al derecho al sufragio: los electores no podrán postularse libremente, sino que tendrán que postularse a través de sectores. Consecuentemente, el elector pierde su libertad: podrá escoger, ciertamente, pero solo entre los postulados de los sectores definidos por el Gobierno.

Además, basta revisar el listado de sectores para comprobar cómo muchos de ellos operan bajo el control del Gobierno, como sucede con los consejos comunales y comunales, que por Ley, solo pueden existir para apoyar el modelo socialista del Gobierno.

Ciertamente, hay constituyentes electos por circunscripciones municipales, siendo evidente aquí, también, importantes distorsiones. Sin embargo, que existan constituyentes electos por sectores supone de por sí una arbitraria limitación al derecho al sufragio, pues no existirá libertad de postulación y, en consecuencia, libertad de selección.

La constituyente sectorial viola el derecho al sufragio universal y rompe con el principio de igualdad de voto, pues solo algunos podrán postular candidatos, si cumplen con las condiciones prefijadas por el Gobierno. De acuerdo con estas bases, por ello, y como diría George Orwell, hay unos electores “más iguales que otros”.

3. Una Asamblea Nacional Constituyente con poder absoluto

Las bases afirman que la Asamblea Nacional Constituyente será originaria, lo que implica que no quedará vinculada a la Constitución de 1999, ni a ninguno de los Poderes Públicos previstos en ella.

Por ello, en la práctica, la Asamblea Nacional Constituyente podrá decidir sobre el destino del resto de los Poderes Públicos, que en la práctica, quedarían subordinados a ella.

Esto permitiría a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, remover ilegítimamente a los representantes de los Poderes Públicos, como por ejemplo, la Fiscal General de la República, quien ya se manifestó en contra de esta iniciativa.

Lo propio podría suceder con la Asamblea Nacional. De hecho, las bases disponen que la asamblea constituyente va a sesionar en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea Nacional. Esto es un buen indicio de cuál será el destino de esa Asamblea, si en efecto, esta fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente se instala.

4. ¿Y ahora?

Ahora corresponde al CNE decidir si acata o no las espurias bases y organiza la elección tal y como el Gobierno Nacional ordenó que se hiciera. Aquí, me temo, no habrá sorpresa: la mayoría de los rectores del CNE acatarán la voluntad del Gobierno y procederán a organizar esta elección, en claro fraude a la Constitución.

Con tal proceder, la mayoría del CNE pondrá en evidencia su claro sesgo a favor del Gobierno. Recordemos todas las ilegítimas trabas puestas por el CNE para tramitar el referendo revocatorio del mandato presidencial; la ilegítima suspensión de las elecciones regionales y la ilegítima ilegalización de los partidos políticos de oposición. Al recibir estas bases, sin embargo, el CNE –como ya adelantó su Presidente y la Rectora D’Amelio– probablemente actuará con gran diligencia, traicionando así su objetivo de salvaguardar el derecho de participación ciudadana.

Pues esta Asamblea Nacional Constituyente “ciudadana” supone el mayor atentado al derecho de participación que se ha cometido en los tiempos recientes en Venezuela, y el mayor golpe que se pueda dar a la democracia constitucional.

Así, lo que el Gobierno está usurpando es, ni más ni menos, la esencia de la soberanía popular, cual es el llamado poder constituyente originario. Consumada esa usurpación, solo quedará la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente ciudadana como poder de facto que eliminará todo vestigio de la democracia constitucional en Venezuela.

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La Sala Constitucional justifica la eliminación del derecho al voto; por José Ignacio Hernández

I La sentencia de la Sala Constitucional Número 355/2017 del 16 de mayo resolvió, seis años después, diversas demandas de nulidad intentadas en contra de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010. Las demandas habían sido interpuestas al considerarse que esa Ley violaba la autonomía municipal, al obligar al Municipio a actuar de

Por José Ignacio Hernández G. | 22 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

I

La sentencia de la Sala Constitucional Número 355/2017 del 16 de mayo resolvió, seis años después, diversas demandas de nulidad intentadas en contra de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010.

Las demandas habían sido interpuestas al considerarse que esa Ley violaba la autonomía municipal, al obligar al Municipio a actuar de acuerdo con las instancias del Estado Comunal, controladas por el Gobierno.

La Sala Constitucional declaró improcedentes todos esos recursos, considerando que no era inconstitucional subordinar el Municipio al Estado Comunal. Con ello, la Sala Constitucional justificó la desnaturalización del Municipio, que dejó de ser la unidad política básica del Estado, lugar que tiende a ser sustituido por la comuna socialista.

II

Pero de esa sentencia lo que me interesa destacar ahora es que la Sala Constitucional justificó la eliminación del derecho al voto para elegir a los miembros de las Juntas Parroquiales, al aceptar que esa elección se realice de manera indirecta.

Tomando en cuenta que la propuesta de la fraudulenta constituyente también se basa en desconocer el derecho al voto, interesa explicar lo que dijo la Sala Constitucional.

III

Antes de la reforma de 2010, la Junta Parroquial era un órgano del Municipio cuyas autoridades eran electas por el voto directo, secreto y universal. La Junta Parroquial se creó, así, para facilitar la gestión de asuntos municipales dentro del territorio del Municipio, facilitando a los ciudadanos interactuar con autoridades electas cercanas a su domicilio.

En el 2005 se realizaron, por última vez, las elecciones parroquiales. En diciembre de 2010 la Asamblea Nacional —en los últimos días de su período— reformó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y decidió que los miembros de la Junta Parroquial serían electos por los voceros de los consejos comunales. Además, la Ley terminó el mandato popular de los miembros de esas Juntas.

En efecto, de conformidad con el Artículo 35 de la Ley de 2010, los miembros de la Junta Parroquial son electos “por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quienes en dicha elección deberán ser fiel expresión del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos y ciudadanas”.

Esto es lo que se conoce como una elección indirecta o de segundo grado. Así, la elección directa es aquella en la cual el elector elige directamente a su representante, siendo que cualquier elector podrá postularse como candidato: antes, cualquier elector podía elegir a los miembros de la Junta, y cualquier elector podía postularse como candidato.

En la elección de segundo grado, por el contrario, el elector no elige al represente: éste es electo por otra persona. Por ello es una elección indirecta, y por lo tanto, menos democrática.

De esa manera, quien elige a los miembros de las Juntas Parroquiales son los voceros de los consejos comunales, los cuales a su vez son designados por la asamblea de ciudadanos. Esta designación, observo, no es una elección, pues no está presente el principio del voto universal : solo puede ser escogido como vocero alguien que pertenece al consejo.

El resultado práctico de lo anterior es que los venezolanos perdieron el derecho al voto para elegir a la Junta Parroquial, la cual pasó a ser designada por los voceros de los consejos comunales. Por ello, el nombre de esa Junta cambió, pues comenzó a denominarse “Junta Parroquial Comunal”. La palabra “comunal” implica la eliminación del derecho al voto, pues en el Estado Comunal  no hay voto ni elecciones.

IV

Esta reforma, como elimina el derecho al voto, es inconstitucional. Sin embargo, en su sentencia Número 355/2017, la Sala Constitucional sostuvo lo contrario. Para la Sala, el derecho a la participación ciudadana es más importante que el derecho al sufragio. Con lo cual, puede eliminarse el derecho al voto a fin de permitir que los ciudadanos participen directamente.

Tal razonamiento de la Sala parte de una clara manipulación: sostener que el derecho al sufragio es distinto al derecho de participación, cuando en realidad se trata de un solo derecho. Según el Artículo 62 de la Constitución, todos los ciudadanos  pueden participar libremente, lo que abarca el derecho al voto, de acuerdo con los Artículos 5 y 63. Por ello, eliminar el derecho al voto no favorece el derecho de participación: en realidad viola tal derecho.

V

La oportunidad en la cual se dicta esta sentencia es importante, pues la fraudulenta propuesta de la constituyente promovida por el Gobierno se basa precisamente en eliminar el derecho al sufragio para promover una elección sectorial, o sea, una elección en la cual no existirá el derecho general de postularse al cargo de constituyente, ni el derecho general de votar por el candidato de su preferencia. Por el contrario, la postulación en la elección sectorial estará condicionada a la pertenencia a ciertos sectores previamente definidos por el Gobierno.

Esta forma de designación de los constituyentes no es resultado del voto directo, secreto y universal, con lo cual, viola el derecho a la participación ciudadana y al sufragio. Es por ello que esa constituyente ha sido calificada de “comunal”: en lo comunal, recuerdo, no hay voto ni elecciones.

Esta nueva sentencia de la Sala Constitucional justificaría la eliminación del derecho al voto para la designación sectorial de los constituyentes, bajo el falso argumento según el cual debe prevalecer el derecho a la participación ciudadana.

La realidad es otra. La fraudulenta propuesta de la constituyente se basa en el secuestro de la soberanía popular, negando el derecho de los venezolanos a participar libremente a fin de decidir si quieren o no convocar una constituyente, así como el derecho a decidir libremente por qué candidato votar.

Por ello, tanto la fraudulenta propuesta de la constituyente como la nueva sentencia de la Sala Constitucional, pretenden mantener la negación del derecho a la libre participación ciudadana y el derecho al voto. Ese derecho se desconoció al ignorarse el resultado electoral del 6 de diciembre de 2015; al suspenderse arbitrariamente el referendo revocatorio y al diferirse —también arbitrariamente— las elecciones regionales.

Con su nueva sentencia, la Sala Constitucional abre las puertas para desconocer ese derecho, ahora, con ocasión a la propuesta de la constituyente comunal.

Una constituyente que, de prosperar, eliminará con toda seguridad el derecho al voto para imponer sistemas comunales de designación de cargos públicos.

Las 5 razones por las cuales la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”; por José I. Hernández

El pasado 17 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República remitió una comunicación al Ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, en la que enumera las razones por las cuales se opone a la convocatoria de la “asamblea nacional constituyente ciudadana”. De esa carta pueden extraerse cinco

Por José Ignacio Hernández G. | 19 de mayo, 2017
Fotografía de Verónica Canino para AVN

Fotografía de Verónica Canino para AVN

El pasado 17 de mayo de 2017, la Fiscal General de la República remitió una comunicación al Ministro de Educación y presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, en la que enumera las razones por las cuales se opone a la convocatoria de la “asamblea nacional constituyente ciudadana”.

De esa carta pueden extraerse cinco argumentos en contra de la “constituyente ciudadana”:

La primera razón parte de una comparación con el proceso constituyente de 1999. Tal proceso, como bien recuerda la Fiscal, inició con la consulta al pueblo venezolano para que éste decidiera, mediante referendo, si quería o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Aun cuando la constituyente de 1999 estuvo rodeada de diversas opiniones encontradas, al menos en este punto hubo unanimidad: como la soberanía reside en el pueblo, solo éste puede decidir si convoca o no una constituyente.

La segunda razón apunta al método de elección de los constituyentes, que la Fiscal califica como una elección sectorial o corporativa. La palabra “corporativa” se emplea para aludir la designación de ciertos cargos a través de corporaciones o gremios, que es precisamente lo que se pretende hacer con esta constituyente, negando así el derecho al sufragio libre, secreto, directo y universal.

Así, como expliqué en Prodavinci, la propuesta del Gobierno consiste en que al menos la mitad de los constituyentes sean electos solo dentro de ciertos sectores previamente definidos por el propio Gobierno. Esto es lo opuesto al voto universal, que en pocas palabras, implica “un elector un voto”.

La tercera razón por la cual la Fiscal se opone a la “constituyente ciudadana”, es por cuanto la actual crisis venezolana –que la Fiscal califica como una crisis “sin precedentes– no requiere sancionar una nueva Constitución.

En este punto ha habido contradicción por parte del Gobierno. Así, se ha pretendido hacer ver que la constituyente no sustituirá la Constitución de 1999. Esto contradice el artículo 347, conforme al cual, la Asamblea Nacional Constituyente permite dictar una nueva Constitución. Pero además, esto permite afirmar que para el Gobierno, la “constituyente ciudadana” es simplemente un medio para alcanzar objetivos fuera de la Constitución, todo lo cual conforma un claro fraude constitucional.

En cualquier caso, como bien señala la Fiscal, la actual crisis venezolana no es causada por la Constitución de 1999 sino por el sistemático desconocimiento de esa Constitución, en lo que la propia Fiscal calificó como una ruptura del orden constitucional.

La cuarta razón expuesta por la Fiscal, es que esta “constituyente ciudadana” amenaza con desconocer los estándares de protección a derechos humanos reconocidos en la Constitución de 1999.

La Constitución de 1999 puede ser criticada. Pero no puede negarse que en esa Constitución se consolidaron conquistas importantes en materia de derechos humanos y democracia constitucional. Al tratarse de una “constituyente” fraudulentamente convocada, con propósitos distintos a los que orientan el ejercicio del poder constituyente, existe por lo tanto el riesgo de que la nueva Constitución desconozca tales conquistas: por ejemplo, reduciendo –o eliminando– el derecho al sufragio, para imponer un sistema corporativo de elección de cargos públicos.

La quinta y última razón, que resume todas las anteriores, es que la “constituyente ciudadana”, lejos de solucionar la actual crisis, amenaza seriamente con agravarla. Pues una “constituyente” impuesta por la vía de la coacción y la represión, negando toda consulta abierta al pueblo, solo incrementará la conflictividad en Venezuela.

Se trata, como puede verse, de razones que apuntan, en definitiva, a la ausencia de criterios constitucionales y racionales que justifican, en estos momentos, la “constituyente ciudadana” propuesta por el Gobierno. Razones que además han sido expuestas por el titular de uno de los órganos más importantes del Estado, quien le correspondería incluso ejercer acciones o investigaciones relacionadas con esta fraudulenta constituyente (en el supuesto en que ésta siga adelante).

Esta carta me permite recordar lo que hace algún tiempo escribí aquí en Prodavinci: la mejor reforma constitucional que Venezuela necesita es hacer cumplir la Constitución.

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Lo que dice el diario de debates de la Constituyente (1999) sobre la convocatoria de una Constituyente; por José I. Hernández

Con ocasión de la decisión del Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consulta previa al pueblo de Venezuela, conviene repasar los debates generados al momento de aprobar los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999. En esos debates, como se verá, quedó muy claro que solo el

Por José Ignacio Hernández G. | 18 de mayo, 2017

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Con ocasión de la decisión del Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin consulta previa al pueblo de Venezuela, conviene repasar los debates generados al momento de aprobar los artículos 347 y 348 de la Constitución de 1999. En esos debates, como se verá, quedó muy claro que solo el pueblo, mediante consulta, podía decidir si convocaba o no a una Constituyente.

Así, la discusión sobre la figura de la Asamblea Nacional Constituyente como órgano encargado de dictar una nueva Constitución inició el 9 de noviembre de 1999 en la Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente, en lo que era el artículo 390, se disponía que “el pueblo, como constituyente originario, puede convocar a una Asamblea Constituyente”. A propuesta de Guillermo García Ponce, se le agregó a esa norma —como puede leerse en el actual artículo 347 de la Constitución— que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario.

Luego, al momento de discutir sobre la iniciativa para la convocatoria, se planteó el debate acerca de cómo el pueblo podía convocar una Constituyente. Al responder la pregunta que en tal sentido formulara el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquilena, Manuel Quijada indicó que el pueblo podía convocar la Constituyente por medio de un referendo. De hecho, en los artículos propuestos inicialmente —que eran muy detallados, siendo que luego se decidió abreviar su contenido— se aludía incluso al referendo de la convocatoria.

Sin embargo, en el debate entonces generado prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no podía limitar la Asamblea Nacional Constituyente, pues ésta, al ser expresión directa de la soberanía popular, no admitía limitaciones. Con lo cual, se consideró que no era necesario aclarar cómo el pueblo convoca a la Constituyente, pues el artículo aprobado —entonces, el 390, actual artículo 347— era claro en cuanto a que solo el pueblo puede convocarla.

Elías Jaua, al intervenir en ese debate, resaltó la importancia de atender a los principios de la democracia liberal, que parten de reconocer la supremacía de la soberanía popular. Según Jaua, los artículos aprobados —actuales artículos 347 y 348— expresan “el reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea Constituyente”. En su opinión, era innecesario por ello regular en exceso la convocatoria y actuación de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue ésa la posición que prevaleció, en el sentido de que las normas aprobadas se limitaron a (i) reconocer que el pueblo de Venezuela convoca a una Asamblea Nacional Constituyente; (ii) regular quiénes tenían la iniciativa para solicitarle al pueblo esa convocatoria y (iii) reiterar que los Poderes constituidos no podían obstruir la actividad de la asamblea nacional constituyente.

Como concluye Allan Brewer-Carias (quien fue miembro de la Asamblea de 1999), de estos debates se deriva que, para la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la convocatoria sólo puede realizarse mediante un “referendo de convocatoria”. Si ello no quedó expresamente regulado en la Constitución, simplemente, fue por cuanto era innecesario —como opinó Jaua— regular en detalle a la Constituyente.

El punto común en todas las intervenciones realizadas el día 9 de noviembre de 1999, fue entonces la soberanía popular: el poder Constituyente, como expuso Elías Jaua, es expresión directa de esa soberanía, que no puede ser limitada o condicionada por ningún Poder Público. De acuerdo con Jaua:

“Cuando la voluntad de un pueblo se manifiesta no hay derecho positivo que pueda detenerla, simplemente tiene que adecuarse o sucumbir ante la voluntad, ante el huracán constituyente de los pueblos cuando se deciden a refundar sus repúblicas y sus instituciones”

Con lo cual, para los constituyentes de 1999, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, esto es, la decisión de convocar a tal asamblea, solo corresponde al pueblo en ejercicio de su soberanía, la cual no puede ser limitada, ni siquiera, por la Constitución. Por ello, la “iniciativa para la convocatoria”, que corresponde entre otros al Presidente de la República en Consejo de Ministros, era el mecanismo a través del cual podía solicitarse al pueblo que decidiera si quería o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

En su intervención del 9 de noviembre, el propio Elías Jaua hizo esa distinción, al señalar que la Constitución solo podía regular:

“El reconocimiento de la voluntad de un pueblo de convocar a esa Asamblea, y la manera cómo puede convocarla —que es importante para que tenga una referencia— (…)”

Esta intervención de Jaua permite comprender la diferencia entre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la iniciativa para la convocatoria. La convocatoria es la expresión de la voluntad del pueblo de convocar a esa asamblea, en el entendido que solo el pueblo soberano y depositario de esa soberanía, puede expresar esa voluntad. La iniciativa es la manera —o el procedimiento— a través del cual esa voluntad puede ser expresada. Es decir, el procedimiento a través del cual se tiene la iniciativa de consultar al pueblo si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con estos debates, por lo tanto, el Presidente de la República en Consejo de Ministros solo tiene la iniciativa para consultar la voluntad del pueblo sobre si quiere o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en modo alguno el Presidente puede tomar esa decisión, pues ésta corresponde exclusivamente al pueblo.

¿Qué cambia con el nuevo decreto de estado de excepción?; por José Ignacio Hernández

El 16 de mayo de 2017 circuló la Gaceta Oficial Nro. 6.298 –fechada en realidad tres días antes– con el Decreto Nro. 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. ¿Cambia algo en este nuevo Decreto de estado de excepción? La respuesta es negativa:

Por José Ignacio Hernández G. | 16 de mayo, 2017

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El 16 de mayo de 2017 circuló la Gaceta Oficial Nro. 6.298 –fechada en realidad tres días antes– con el Decreto Nro. 2.849, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional.

¿Cambia algo en este nuevo Decreto de estado de excepción? La respuesta es negativa: salvo algunos detalles, se trata del mismo Decreto publicado en enero de 2017, que a la vez, es bastante similar a los Decretos dictados desde enero del pasado año.

Esto es, se trata de un Decreto motivado de manera genérica y retórica, que pretende atribuir al Presidente de la República poderes ilimitados, desconociendo las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

Un estado de excepción que es ya la regla

Siguiendo un reciente trabajo de Gabriel Sira al respecto, el Decreto Nro. 2.849 viene a ser el cuarto Decreto de Estado de excepción dictado desde enero de 2016, Decretos que han contado con tres prórrogas. Esto significa que el estado de excepción tiene ya un año y cuatro meses de vigencia.

Más que excepcional, tal situación pasó a ser la regla. Así, desde enero de 2016 el Presidente concentra funciones extraordinarias que desconocen las competencias de la Asamblea Nacional, y que pretenden justificar restricciones a derechos humanos sobre la base de conceptos tan amplios como la protección de la patria. Todo ello en clara violación a la Constitución, no solo por la amplitud de estos Decretos, sino además, por cuanto éstos fueron objetados por la Asamblea Nacional. Con lo cual, en estricto sentido jurídico, en Venezuela el estado de excepción no es una situación de Derecho sino de hecho. O lo que es igual: parte del golpe de Estado permanente.

Entre asedios, ataques y fraudes

Como los anteriores, el Decreto Nro. 2.849 apela a una motivación grandilocuente. Así, se alude al “asedio contra la recuperación de la economía venezolana, manifestando nuevas y perversas formas de ataques, como: destrucción de instalaciones públicas y privadas, agresión a estudiantes y trabajadores que desean llegar a su jornada diaria (…) el bloqueo permanente de vías de comunicación…”. También se mencionan los ataques que han afectado la circulación de dinero en efectivo y la actitud “desestabilizadora contra la República” por parte de los diputados de la Asamblea Nacional.

Se trata de expresiones claramente arbitrarias, que lejos de describir hechos objetivos, responden a la sesgada visión según la cual hay diversos ataques, complots, conspiraciones y confabulaciones en marcha. Esto no es más que la expresión del “contrapoder” al cual se apela para justificar, en claro fraude a la Constitución, un estado de excepción que pasó a ser la regla.

Lo (poco) que cambia

Partiendo de estas expresiones retóricas, el Decreto reitera, en su artículo 2, la habilitación ilimitada al Presidente de la República para que adopte cualquier restricción a las garantías constitucionales. Se trata, en términos sencillos, de un cheque en blanco: el Presidente se “auto-atribuye” poderes absolutos, invocando la necesidad de salvar a la patria.

La enumeración de estos “súper-poderes” es, por ello, meramente descriptiva. Con todo, el artículo 2 reconoce específicamente algunos poderes nuevos al Presidente, en comparación con el Decreto de enero de 2017:

“Conformar estructuras organizativas que garanticen a nuestro pueblo y al sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales que impidan campañas de desestabilización y distorsión a la economía, impulsadas por factores nacionales y foráneos a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio”. Esto pudiera indicar que el Gobierno planea modificar el régimen cambiario en vigor a través del estado de excepción, por ejemplo, implementando el anunciado DICOM.

“Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de los procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar”. Esto pudiera justificar mayores controles sobre alimentos, medicamentos, cosméticos y otros productos de consumo masivo.

“Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productor, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional”. En realidad, se trata de una variante de la competencia anterior.

Tampoco es necesario leer las letras pequeñas de este Decreto. Como su propósito, en claro fraude a la Constitución, es atribuir “súper-poderes”, al final, el Presidente considerará que más allá de las competencias del artículo 2, él siempre podrá adoptar cualquier medida de restricción sobre los derechos humanos.

¿Y la constituyente?

El nuevo Decreto de estado de excepción no hace alusión a la fraudulenta constituyente que pretende ser convocada.

Sin embargo, de prosperar esta iniciativa, con toda seguridad, el estado de excepción pasará a ser asumido desde la fraudulenta asamblea nacional constituyente. Es decir, que ya ni siquiera sería necesario simular la existencia de estados de excepción mediante Decretos que de cuando en cuanto son publicados en Gaceta Oficial: la fraudulenta asamblea nacional constituyente, ante los asedios, ataques, conspiraciones y demás confabulaciones, otorgaría todos los “súper-poderes” al Presidente de la República para salvar la patria.

El Estado soy yo, dicen que dijo Luis XIV en Francia. Ya sabemos quién podría decir algo similar en Venezuela.

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