Blog de José Ignacio Hernández

A propósito del decreto de juramentación de los gobernadores ante la constituyente; por José Ignacio Hernández

La ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente aprobó un “Decreto” por medio del cual dispone que todos los gobernadores electos el pasado 15 de octubre deben juramentarse ante ella como condición indispensable para ejercer sus cargos. Además, “prohibió” a los consejos legislativos tomar ese juramento, advirtiéndose que los gobernadores que se abstengan de juramentarse ante

Por José Ignacio Hernández G. | 20 de octubre, 2017
Fotografía de Juan Barreto para AFP

Fotografía de Juan Barreto para AFP

La ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente aprobó un “Decreto” por medio del cual dispone que todos los gobernadores electos el pasado 15 de octubre deben juramentarse ante ella como condición indispensable para ejercer sus cargos. Además, “prohibió” a los consejos legislativos tomar ese juramento, advirtiéndose que los gobernadores que se abstengan de juramentarse ante ella serán “removidos”.

Esta acción no es más que parte del fraude continuado con el cual se desvirtuó la voluntad de los electores en las elecciones del pasado 15 de octubre de 2017, como explico de inmediato.

1.- El fraude electoral continuado

Luego de los resultados del 15 de octubre de 2017, la comunidad internacional, la oposición democrática venezolana y la Asamblea Nacional, denunciaron que tales resultados eran consecuencia del fraude cometido por el gobierno para facilitar la elección de 18 gobernadores oficialistas.

¿Hubo en realidad fraude?

Las elecciones del 15 de octubre, parafraseando una obra de García Márquez, bien pudieran haber sido resumidas como la “crónica de un fraude anunciado”. Como pude explicar aquí, esas elecciones incumplieron las condiciones básicas que garantizan la integridad electoral, esto es, la existencia de elecciones libres y transparentes. Todos los vicios del corrupto sistema electoral venezolano quedaron así en evidencia.

La convocatoria tardía de las elecciones regionales, la modificación del objeto y fecha de las elecciones, el cambio del cronograma electoral, la eliminación del derecho de sustitución de candidatos, las inhabilitaciones a políticos y organizaciones políticas, las modificaciones sobrevenidas al registro electoral, el abuso en la utilización de medios y fondos públicos durante la campaña, la arbitraria modificación de centros electorales, así como las denuncias en cuanto al indebido funcionamiento de ciertos centros con hechos de violencia y coacción, son solo algunos de los elementos que permiten calificar la existencia de un fraude continuado.

En el caso del estado Bolívar, además de todo lo anterior, se han formulado denuncias sobre la alteración de las actas electorales para simular un resultado favorable al candidato oficialista. Una auditoría integral pudiera arrojar nuevas luces sobre posibles inconsistencias en los otros resultados.

Todos esos vicios son resultado de un sistema electoral que no ofrece las garantías mínimas para asegurar elecciones libres, transparentes y confiables, situación que comienza desde la ilegítima composición del CNE, pues sus rectores fueron designados por la Sala Constitucional usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Pero las irregularidades no se acaban allí: se extienden a cada detalle de los procedimientos electorales, incentivadas por un indebido marco regulatorio que fomenta la arbitrariedad del Poder Electoral.

2.- El desconocimiento de la elección de los cinco gobernadores de oposición

Esto es importante aclararlo pues la decisión de la ilegítima constituyente de exigir la juramentación de los gobernadores ante ella, no es más que la continuación del mismo proceso de fraude.

En efecto, como expliqué en Prodavinci, la Ley de Elección y Remoción de Gobernaciones y las Constituciones de los estados claramente señalan que los gobernadores electos prestarán juramento ante los consejos legislativos, y si no se pudiera, ante el Juez. La constituyente no puede tomar juramento alguno. Primero, porque es un órgano de facto, fraudulento e ilegítimo. Segundo, porque el procedimiento de la juramentación de los Gobernadores electos está reglamentado con claridad en Leyes vigentes.

Sin embargo, invocando sus “poderes supra-constitucionales”, esta constituyente obligó a todos los gobernadores electos a juramentarse ante ella. Los candidatos oficialistas aceptaron tal orden, pero los cinco gobernadores de oposición que resultaron adjudicados se han negado a ello, alegando –con toda razón– que la ilegítima constituyente no puede tomar juramento alguno.

Si la ilegítima constituyente insiste su “Decreto”, es más que probable que decida que, ante la falta de juramentación, los gobernadores electos incurrieron en una falta absoluta, todo lo cual permitiría a los Presidentes de los consejos legislativos asumir temporalmente el cargo de Gobernador mientras se organiza una nueva elección, aplicando el procedimiento de falta absoluta usualmente previsto en las Constituciones de los estados. Eso es lo que, según ciertas denuncias, ya sucedió en Táchira.

Ello no sería más que la continuación del fraude electoral. Ni los Consejos Legislativos ni la “ANC” pueden declarar la falta absoluta, pues los Gobernadores electos están plenamente capacitados para ejercer el cargo. Si no se han podido juramentar es por una causa no imputable a ellos, a saber, la ilegítima decisión de los Consejos Legislativos de no tomar el juramento, siguiendo la orden de la “ANC”.

Si los Consejos Legislativos y los Jueces se niegan a tomar juramento, entonces, los Gobernadores deberían quedar relevados del deber de prestar juramento o en su caso, podrían juramentarse ante la Asamblea Nacional, aplicando analógicamente el procedimiento diseñado para elecciones presidenciales. Pero en modo alguno podría declararse la falta absoluta por ausencia de juramentación por causas no imputables a los gobernadores.

Por lo tanto, declarar la falta absoluta de los gobernadores electos será un golpe en contra de esos gobernadores y de los electores que, pese al fraude continuado, lograron expresar su voluntad.

3.- ¿Y ahora qué?

El fraude continuado en las elecciones regionales, junto al intento de la ilegítima constituyente por desconocer la elección de gobernadores de oposición invocando su poder supremo y absoluto, hacen que muchos se planteen la pregunta acerca de qué pudiera pasar, especialmente tomando en cuenta la posible convocatoria a elecciones municipales y de consejos legislativos para el próximo diciembre.

Por lo pronto, hay al menos tres aspectos que deben tenerse en cuenta.

El primero de ellos es que Venezuela no tiene un sistema electoral transparente, libre y confiable, con lo cual, la corrupción y el fraude estarán presentes en toda elección que se realice, sin importar el grado de participación y los controles que puedan implementarse desde la sociedad civil. Esa corrupción impide además que los resultados puedan ser revisados por una instancia independiente.

Lo segundo es que la corrupción del sistema electoral venezolano es estructural. Por lo tanto, para sanear ese sistema hace falta mucho más que la sola designación de los rectores del CNE.

Por último, y en tercer lugar, si el sistema electoral tolera algún resultado favorable a la oposición, este resultado rápidamente será desconocido por la ilegítima asamblea nacional constituyente.  

Luego de la experiencia del 15 de octubre, estos tres aspectos condicionarán toda elección inmediata en Venezuela.

¿Los nuevos gobernadores deberán juramentarse ante la ANC?; por José Ignacio Hernández G.

Faltando pocos días para las elecciones regionales, el Gobierno señaló que los nuevos gobernadores deberán juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pues tal asamblea habría decidido “que los gobernadores (electos) tendrán que juramentarse y subordinarse a la Constituyente como requisito sine qua non, ineludible, para asumir sus cargos”. Por su parte, Gerardo Blyde, alcalde de Baruta y

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de octubre, 2017
El alcalde Gerardo Blyde dijo este jueves 12 de octubre que gobernadores electos de la MUD no se juramentarán ante ANC. Captura de pantalla

El alcalde Gerardo Blyde dijo este jueves 12 de octubre que los gobernadores electos de la MUD no se juramentarán ante ANC. Captura de pantalla

Faltando pocos días para las elecciones regionales, el Gobierno señaló que los nuevos gobernadores deberán juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pues tal asamblea habría decidido “que los gobernadores (electos) tendrán que juramentarse y subordinarse a la Constituyente como requisito sine qua non, ineludible, para asumir sus cargos”. Por su parte, Gerardo Blyde, alcalde de Baruta y jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, declaró que “ningún gobernador de la oposición va a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente”.

Se trata de una confusa situación que debe ser aclarada, como se dice, separando el polvo de la paja:

1.- Entendiendo la juramentación de los gobernadores de estado

La juramentación es un acto formal que debe cumplir todo aquel que inicia el ejercicio de un cargo público, pues permite determinar con certeza el momento en el cual asumió el puesto y las responsabilidades inherentes a este.

Como dispone el artículo 1 de la Ley de Juramento, “ningún empleado podrá entrar en ejercicio de sus funciones sin prestar antes juramento de sostener y defender la Constitución y Leyes de la República y de cumplir fiel y exactamente los deberes de su empleo”.

Por lo tanto, los gobernadores que resulten electos el 15 de octubre deberán prestar juramento para asumir tal cargo.

2.- ¿Ante quién se juramentan los gobernadores de estado?

El artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores dispone, con toda claridad, ante quién deben los gobernadores prestar juramento. Según esa norma, el “gobernador electo tomará posesión del cargo, previo juramento ante la Asamblea Legislativa. Si por cualquier circunstancia no pudiere hacerlo ante la Asamblea Legislativa, lo hará ante un Juez Superior de la correspondiente Circunscripción Judicial”.

Tal disposición, que encontramos reproducida en las constituciones de los estados, sigue el principio general conforme al cual el gobierno electo debe prestar juramento ante el órgano que ejerce la representación popular, o sea, el Poder Legislativo, que en este caso corresponde a las asambleas o consejos legislativos de los estados.

3.-  ¿Puede la ANC exigir a los gobernadores que se juramenten ante ella?

La ANC no puede exigir a los gobernadores electos que se juramenten ante ellos. Primero, pues como he explicado, esa asamblea es un órgano ilegítimo y fraudulento que no puede ejercer ninguna competencia, siquiera para tomar juramento a gobernadores. Segundo, la Ley venezolana es clara: los gobernadores solo deben juramentarse ante los consejos legislativos o en su caso, ante el Poder Judicial.

4.- ¿Qué consecuencias tendría que los gobernadores se nieguen a prestar juramento ante la ANC?

No es osado asumir que la ilegítima y fraudulenta ANC, pretendiendo ejercer poderes “supra-constitucionales”, ordene a los gobernadores electos juramentarse ante ella, como condición necesaria para asumir el cargo.

Tal orden sería jurídicamente inexistente, y frente a ello resultaría aplicable el artículo 350 de la Constitución. Ni la ANC puede ordenar nada a los gobernadores, ni mucho menos puede aplicar “sanciones” en caso de que los gobernadores desconozcan a la ANC y sus supuestas órdenes.

5.- ¿Y qué pasaría si, a pesar de todo, algún gobernador electo decide juramentarse ante la ANC?

Desde un punto de vista jurídico, la sola juramentación de algún gobernador ante la ANC sería irrelevante pues, como dije, la ANC no es un órgano de Derecho, sino un órgano ilegítimo de facto. Con lo cual, jurídicamente, ese juramento tendría la misma relevancia que un juramento prestado a la luna o al sol. Con la gran diferencia de que, al menos, la luna y el sol sí tienen legítima relevancia jurídica.

6.- ¿Si los gobernadores se juramentan ante la ANC esta sería legitimada?

Si algún gobernador decidiese juramentarse ante la ANC, ello en modo alguno cambiaría el hecho de que esa asamblea es un órgano ilegítimo y fraudulento.

En realidad, nada ni nadie puede cambiar esa consecuencia. Pase lo que pase, la ANC ha sido, es y será un órgano ilegítimo, que usurpa funciones constitucionales y que actúa fraudulentamente como un gobierno de facto.

7.- ¿Y qué puede hacer la ANC en retaliación contra los gobernadores que la desconozcan?

Si la ANC insiste en tomar juramento a los gobernadores y estos se niegan, no es de extrañar que pretenda afectar el ejercicio de las funciones de gobernador, en virtud de sus seudos “poderes supra-constitucionales”.

Frente a tal situación, solo a los ciudadanos corresponde defender su voto. Pero recordando que el efectivo ejercicio de las competencias de los nuevos gobernadores solo será posible si se logra deponer a la ANC restableciéndose la Constitución. Por ello, en realidad, las elecciones regionales son solamente un paso más en el proceso de restitución de la democracia constitucional.

¿Qué está pasando con la sustitución de candidatos de elecciones regionales?; por José Ignacio Hernández G.

La sustitución de candidatos en las elecciones regionales ha sido un tema frecuente de discusión en estos días, en especial, luego de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera que el CNE puede definir, a su antojo, el lapso de sustitución. ¿Cuáles son las implicaciones legales de este tema? 1. Entendiendo

Por José Ignacio Hernández G. | 7 de octubre, 2017

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La sustitución de candidatos en las elecciones regionales ha sido un tema frecuente de discusión en estos días, en especial, luego de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera que el CNE puede definir, a su antojo, el lapso de sustitución.

¿Cuáles son las implicaciones legales de este tema?

1. Entendiendo el problema

 Para comprender el problema, primero debo explicar en qué consiste la sustitución de candidatos y cómo ello es regulado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Básicamente, la sustitución de candidatos implica cambiar al candidato originalmente postulado por otro distinto. El artículo 62 de esa ley dispone, en este sentido, que las organizaciones políticas que postularon candidatos podrán sustituir sus candidatos en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales.

El CNE debe permitir el ejercicio del derecho a la sustitución de candidatos, para lo cual, debe admitir los cambios formulados, de manera tal que en el instrumento de votación aparezcan los candidatos que sustituyeron a quienes fueron inicialmente postulados.

Para ello, el artículo 63 de la ley fija un lapso. Voy a copiar la parte relevante de esa norma, para poder comprender mejor la arbitrariedad en la que incurre el CNE con el aval del TSJ:

“Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”.

El texto es claro: la sustitución podrá hacerse en cualquier momento, hasta diez días antes del evento electoral. Como las elecciones regionales fueron convocadas el 15 de octubre, el derecho a sustitución, según la ley, podía hacerse hasta el día 5 de octubre.

Sin embargo, el CNE, al aprobar el cronograma de las elecciones, decidió otorgar solo un día para las sustituciones:

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Esto quiere decir que el lapso para postular venció el 15 de agosto y el lapso de sustitución venció un día después, o sea, el 16 de agosto.

Para la oposición democrática, esto suponía un problema práctico, pues algunos de los candidatos postulados, al no resultar victoriosos en las primarias, declinaron a favor de quienes fueron favorecidos en esa consulta interna. Al impedirse la sustitución, sin embargo, aparecerán en el instrumento electoral todos los candidatos postulados, incluyendo a aquellos que optaron sobrevenidamente por no participar.

2. La corrupción electoral del CNE, secundada por el TSJ

La decisión del CNE de fijar un día para la sustitución de candidatos es abiertamente ilegal. El lector podrá comprobarlo con la simple lectura del citado artículo 63, pues esa norma permite sustituir candidatos hasta el 5 de octubre, sin que la norma permita al CNE fijar a su antojo un lapso menor, y mucho menos, de apenas un día, como explicó el rector Luis Emilio Rondón.

Precisamente, el 5 de octubre la Sala Electoral “interpretó” el artículo 63, a los fines de decidir que “atendiendo al caso concreto”, el CNE podía fijar un lapso menor al indicado en esa norma legal.

Esta decisión de la Sala Electoral es igualmente ilegal, pues insisto, el artículo 63 de la ley es claro: las organizaciones políticas tienen derecho a sustituir candidatos hasta diez días antes de la elección, sin que el CNE o el TSJ puedan modificar ese lapso previsto legalmente.

Pero no estamos solo ante una simple violación de la ley. La conducta del CNE coincide con lo que en Derecho Electoral se conoce como corrupción electoral, esto es, el conjunto de actuaciones ilegítimas y abusivas orientadas a impedir el libre ejercicio del derecho de participación ciudadana.

De hecho, no es ésta la única ilegalidad en la que ha incurrido el CNE, apoyado por el TSJ y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Por mencionar solo algunas violaciones, cabe recordar que el CNE difirió el lapso de las elecciones regionales, y luego decidió separar las elecciones de gobernadores de la elección de las asambleas legislativas; diversos candidatos fueron inhabilitados, mientras que diversas organizaciones políticas fueron impedidas de postular candidatos. El ventajismo electoral del Gobierno también ha estado presente, al designar a candidatos en cargos relacionados con la región en la cual están postulando. Por si fuera poco, la fraudulenta ANC, que no ejerce competencias legítimas, ha pretendido “intervenir” en el proceso electoral.

Por ello, insisto, el CNE y el TSJ no solo violaron el derecho de las organizaciones políticas a sustituir candidatos, en beneficio del derecho de los electores a estar debidamente informados de los candidatos que podrán escoger. Además, el CNE y el TSJ han desplegado una serie de actos de corrupción electoral que violan los derechos políticos de los venezolanos, previstos en la Constitución y reconocidos en tratados y acuerdos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana.

3. ¿Y vale la pena votar en estas condiciones de corrupción electoral?

Llegados a este punto, no es de extrañar que más de un lector me formule esta pregunta: ¿vale la pena votar en estas condiciones?, ¿votar en las regionales no implica convalidar la corrupción electoral?

Respondo con un ejemplo. En Venezuela es conocida la lamentable situación de inseguridad, que expone a robos a cualquiera. ¿Sería racional dejar de adquirir bienes, solo por cuanto hay ladrones dispuestos a apropiarse de ellos? No es esa, por supuesto, la solución. Con lo cual, la solución frente a aquellos que quieren apropiarse del voto de los venezolanos no puede ser dejar de votar.

Ahora hago otra pregunta: ¿por qué el CNE insiste en estos actos de corrupción electoral? Lo hace por la misma razón que los demás regímenes autoritarios incurren en esa práctica: para desestimular la participación electoral y así favorecer el fraude. Con lo cual, dejar de votar no es una reacción en contra de la corrupción electoral. Es, por el contrario, la precisa conducta que la corrupción electoral pretende estimular.

Y la votación en las regionales no puede “convalidar” la corrupción electoral en la que ha incurrido en el CNE, pues de acuerdo con la Constitución, tal corrupción no es convalidable. Por el contrario, la votación solo hace más difícil al CNE (con el apoyo del TSJ y la fraudulenta ANC) seguir avanzando en su corrupción electoral.

En Venezuela no hay una democracia constitucional, ni hay condiciones para realizar elecciones libres y transparentes. Esa es una condición sabida. Como también es sabido que, para remediar esta situación, es preciso insistir en la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, como se precisó en la consulta del 16 de julio de 2017.

Tal es el rol que cumplen, hoy día, las elecciones regionales.  Votar en las elecciones regionales es, así, parte de las acciones necesarias para restablecer la vigencia de la Constitución y defender los derechos humanos, en especial, de naturaleza política.

En pocas palabras: a mayor corrupción electoral del CNE, mayor debe ser la votación.

¿Qué implicaciones tiene la aprobación del presupuesto 2018 por la ANC?; por José I. Hernández

El 27 de septiembre de 2018, el gobierno anunció su intención de presentar el presupuesto 2018 para la autorización de la “ANC”. ¿Qué implicaciones tendría la autorización del presupuesto por la ANC? ¿La deuda pública contratada bajo autorización de la ANC es legítima? ¿Qué impacto tendría ello en una eventual reestructuración de la deuda pública

Por José Ignacio Hernández G. | 28 de septiembre, 2017
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Fotografía de Juan Barreto para AFP

El 27 de septiembre de 2018, el gobierno anunció su intención de presentar el presupuesto 2018 para la autorización de la “ANC”.

¿Qué implicaciones tendría la autorización del presupuesto por la ANC? ¿La deuda pública contratada bajo autorización de la ANC es legítima? ¿Qué impacto tendría ello en una eventual reestructuración de la deuda pública venezolana?

A continuación daré respuesta a esas interrogantes.

1. Recordando algunos principios

No está de más recordar que de acuerdo con la Constitución y la vigente Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Pública, el Gobierno debe presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de presupuesto y de Ley de endeudamiento antes del 15 de octubre, pues solo la Asamblea Nacional, mediante Ley, puede autorizar tanto el presupuesto como el límite máximo del endeudamiento.

Toda autorización del presupuesto y del endeudamiento por mecanismos distintos al señalado, determinará –entre otras muchas consecuencias- la ilegalidad de las operaciones de gasto público y también la nulidad de las operaciones de crédito público, o sea, de endeudamiento público, al violar el principio de la previa autorización de la Asamblea Nacional.

2. La ilegitimidad del presupuesto
autorizado por la “ANC”

 La “ANC” no puede autorizar el presupuesto 2018, ni puede autorizar el endeudamiento máximo de ese ejercicio, pues es un órgano de facto, y por ende ilegítimo, cuyos actos deben reputarse como inexistentes, como ya he explicado en Prodavinci.

Además, la “ANC”no puede ejercer funciones de la Asamblea Nacional. Por el contrario, solo la Asamblea Nacional puede autorizar el presupuesto y autorizar el límite máximo de endeudamiento.

Hay aquí una diferencia muy importante que debe aclararse, y a la cual ya he me he referido en Prodavinci. Me refiero a la diferencia entre la ilegalidad del presupuesto y la ilegitimidad de presupuesto.

El presupuesto y el endeudamiento son ilegales cuando violan el Derecho venezolano, siempre y cuando esa ilegalidad sea declarada por el Poder Judicial. Por ello, hasta tanto esa ilegalidad no sea declarada, terceros de buena fe (como acreedores y tenedores de bonos) podrían actuar amparados en la apariencia de legalidad de los actos de ejecución del presupuesto, siempre atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

Pero cuando el presupuesto y el endeudamiento son ilegítimos, no hay apariencia alguna de legalidad. Esto reduce la posibilidad de que un tercero de buena fe alegue que actuó confiando en la legalidad del presupuesto y del endeudamiento autorizados por la “ANC”.

Precisamente, la autorización del presupuesto y del endeudamiento 2018 por la “ANC”, no solo evidenciarían los argumentos de ilegalidad sino que además, permitirían afirmar que los gastos y la deuda amparados en tal autorización son ilegítimos, lo que es todavía más grave. Pues en caso de ilegitimidad ningún operador económico podrá alegar que actuó de buena fe al contratar con el Estado.

De allí una pregunta, cuya respuesta se me escapa: ¿por qué acudir a la “ANC”, en lugar de repetir el mismo procedimiento del 2016, esto es, autorizar el presupuesto a través del estado de excepción? De hecho, en el vigente Decreto de estado de excepción ya se había anticipado que el presupuesto y el endeudamiento serían aprobados en el marco de tal estado de excepción, sin que se mencionase siquiera a la “ANC”.

3. La ilegitimidad de la deuda
(¿sería odiosa la nueva deuda pública?)

 Todo endeudamiento autorizado por la “ANC” será ilegítimo, pues todo acto que dicte esa asamblea es ilegítimo. Por ello, como arriba señalé, ese endeudamiento tendría que ser considerado ilegítimo e inexistente, como ordena el artículo 312 de la Constitución.

¿Implica lo anterior que la deuda autorizada por la “ANC” sería una deuda odiosa? Ya explique que el concepto de deuda odiosa admite distintos grados, que toman en cuenta la ilegitimidad del gobierno que contrata la deuda; la ilegitimidad del uso dado a los recursos y el conocimiento que el tercero de buena fe tenga acerca de la ilegitimidad de la deuda.

Tomando en cuenta que la deuda autorizada por la “ANC” sería ilegítima, y que esa ilegitimidad ha sido denunciada mayoritariamente por la comunidad internacional, entonces, podemos concluir quetoda deuda autorizada por la “ANC” se aproximará, al menos, al concepto de deuda odiosa. Esto eleva los riesgos de que la deuda venezolana sea desconocida, incluso, por Tribunales extranjeros.

4. ¿Cómo impacta la ilegitimidad de la deuda en
una eventual reestructuración de la deuda pública venezolana?

 La grave crisis económica por la que atraviesa Venezuela ha hecho que el tema de una posible reestructuración de la deuda pública venezolana esté en el debate. Como resume Ricardo Hausmann, ante la caída de los precios del petróleo y de la producción petrolera, el Gobierno venezolano ha recortado cada vez más las importaciones para servir la deuda pública venezolana que creció vertiginosamente en pleno boom petrolero. Esto arroja dudas sobre si la deuda venezolana es sostenible, o sea, si el gobierno puede seguir pagando la deuda, simplemente, recortando las importaciones. Con lo cual, el panorama a corto plazo parece limitarse a dos opciones: o incumplir la deuda (default) o reestructurar la deuda en general.

El principio en el Derecho venezolano es que la reestructuración de la deuda pública no se somete a controles presupuestarios de la Asamblea Nacional, siempre y cuando, en su valoración integral, las condiciones de la reestructuración no sean adversas.

Sin embargo, si la reestructuración compromete una parte importante de los recursos presupuestarios, los contratos de reestructuración podrían ser calificados como contratos de interés público y, por ello, sometidos al control de la Asamblea Nacional.

Además, en la práctica la reestructuración integral de la deuda pública suele implicar modificaciones al ordenamiento jurídico venezolano que deben ser igualmente autorizadas por la Asamblea Nacional.

Por lo anterior, un aspecto que puede dificultar una reestructuración actual de la deuda pública venezolana, como han explicado recientemente Mark Walker y Richard Cooper, es precisamente las dudas en cuanto a la legalidad y legitimidad de toda operación amparada en la “ANC”.

Tanto mayores son los obstáculos, observo, cuando la ilegítima ANC llevó al Gobierno de Estados Unidos a restringir operaciones con ciertos títulos de deuda venezolana, todo lo cual restringe, incluso más, las posibilidades actuales de cualquier reestructuración.

***

En 2015 la Asamblea Nacional aprobó mediante Ley los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. El séptimo principio, intitulado “legitimad”, sostiene la existencia de instituciones y operaciones que respeten “los requisitos de inclusión y el Estado de Derecho”.

Con la ilegítima “ANC” en funciones, este principio es de imposible cumplimiento. Así, si la alternativa actual es entre el default y la reestructuración, la “ANC” aproxima peligrosamente al país a la primera opción.

¿Podría “legitimarse” a la “ANC”?; por José Ignacio Hernández G

Luego de la reunión exploratoria para iniciar el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición democrática venezolana, se generó un debate en torno a la posibilidad de que tal negociación “legitime” a la Asamblea Nacional Constituyente. Muy en especial luego de que el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, afirmó que “la reconciliación

Por José Ignacio Hernández G. | 21 de septiembre, 2017
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Fotografía de Ronaldo Schemidt para AFP

Luego de la reunión exploratoria para iniciar el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición democrática venezolana, se generó un debate en torno a la posibilidad de que tal negociación “legitime” a la Asamblea Nacional Constituyente. Muy en especial luego de que el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, afirmó que “la reconciliación en Venezuela puede avanzar si la coalición de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reconoce a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”.

¿Es posible legitimar o reconocer a la “ANC”? ¿Pueden las negociaciones políticas o las elecciones regionales legitimar la “ANC”?

1. Precisando conceptos

 Lo primero que debo hacer es tratar de aclarar los verbos “legitimar” y “reconocer”.

Ambas expresiones pueden ser tenidas como sinónimos. Así, la “legitimación” se refiere al origen democrático y constitucional de determinada institución. Ese origen pasa por que la institución sea reconocida como una institución legítima, lo que implica —entre otras muchas consecuencias— que sus decisiones son vinculantes. Nótese entonces que el “reconocimiento” es una característica de las instituciones legítimas: se reconocen las instituciones en tanto son legítimas, y se desconocen en tanto son ilegítimas.

¿Quién puede entonces reconocer o declarar que las instituciones son legítimas? En una democracia constitucional, solo el pueblo en el marco de la Constitución puede darle legitimidad a las instituciones. Esto último es muy importante. Hoy en día hay consenso en entender que la democracia no es solo la expresión de la voluntad del pueblo, pues es necesario además que esa expresión se realice en el marco de la Constitución. En definitiva, ningún poder es ilimitado, ni siquiera el poder de la soberanía popular.

2. ¿Quién puede reconocer a la
“ANC” como una institución legítima?

De acuerdo con lo anterior, solo el pueblo de Venezuela —titular de la soberanía— podría reconocer a la “ANC” como una institución legítima, siempre y cuando la “ANC” actúe en el marco de la Constitución.

Sin embargo, la “ANC” es consecuencia de un fraude a la Constitución, a través del cual se usurpó la soberanía popular a través de un régimen dictatorial. Este vicio es tan grave que nada ni nadie podría acomodarlo: la autoridad que surge de una usurpación siempre será autoridad usurpada.

¿Podría el pueblo de Venezuela, en un referendo, legitimar la “ANC”? La respuesta a esta pregunta es compleja. Alguien podrá decir que sí podría, pues el pueblo, como soberano, puede legitimar a cualquier institución. Otros dirán que no, pues el pueblo solo puede expresarse sobre materias que son constitucionales.

Me inclino por la segunda interpretación. Ni siquiera el pueblo podría legitimar a la “ANC”, pues ésta nació de una usurpación a la Constitución. Incluso, ya el pueblo ha expresado su desconocimiento a la “ANC”: lo hizo por medio de la Asamblea Nacional y lo hizo de manera directa en la consulta del 16 de julio.

4. ¿Un matrimonio imposible?

 Lo anterior permite explicar por qué, desde un punto de vista constitucional, la “ANC” no puede “convivir” con la Asamblea Nacional, y por qué ésta no puede “reconocer” a la “ANC”.

En efecto, la “ANC” carece de legitimidad de origen, algo que ni siquiera la Asamblea Nacional podría remediar. Además, la “ANC” fue creada como un poder absoluto e ilimitado, que según sus propios Decretos Constituyentes, controla a todos los Poderes, incluyendo a la Asamblea Nacional.

Esto quiere decir que, en realidad, ha sido la “ANC” quien ha desconocido a la Asamblea Nacional.

Como alternativa, podría plantearse la convivencia entre la “ANC” y la Asamblea Nacional bajo dos condiciones: (i) que la “ANC” se limite a aprobar una nueva Constitución que debe ser aprobada en referendo, renunciando por ello a ejercer sus “súper-poderes”, y que (ii) la Asamblea Nacional sea rehabilitada en su condición de legítimo representante de los venezolanos, para que sea ella quien lidere el proceso de transición hacia la democracia.

Políticamente esto supondría un avance importante, pues la “ANC” dejaría de actuar como un gobierno de facto. Pero queda el problema de la ilegitimidad de la “ANC”, incluso, para discutir una nueva Constitución.

5. ¿Y las regionales?

 Participar —o no participar— en las regionales nada tiene que ver con la “legitimidad” de la “ANC”. Por el contrario, las regionales son unas elecciones que deben realizarse en el marco de la Constitución, cuya protección y rescate fue uno de los puntos aprobados en la consulta popular del 16 de julio.

Por ello, si algo puede legitimarse con la participación popular en las elecciones regionales es precisamente la Constitución. Ello, a pesar de que no existen condiciones que garanticen que esas elecciones serán libres y transparentes.

6. ¿Puede la negociación política reconocer a la “ANC”?

 El solo anuncio de reuniones exploratorias para una negociación entre el gobierno, la “ANC” y la oposición democrática, ha sido considerado por algunos como un reconocimiento de la “ANC”.

¿Negociar con la “ANC” no implica reconocer su existencia?

Vayamos por partes. La “ANC” no existe como una institución jurídica democrática, pero sí existe como un órgano de facto. Desconocer la “ANC” no puede llevarse al extremo de negar su existencia, lo que es un hecho real. La “ANC” existe, sin duda. Como un poderde facto, pero poder al fin.

Por ello, negociar con la “ANC” las condiciones para el restablecimiento de la Constitución no implica reconocer jurídicamente a ese órgano. Por el contrario —como aclaró la MUD— toda negociación con la “ANC” parte de desconocer a ese órgano como una institución legítima. Ni en el comunicado de la MUD, ni en las declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional, se ha asomado que la oposición democrática podría reconocer a la “ANC”. Se insiste, más bien, en lo contrario, esto es, en defender el restablecimiento de la Constitución, cuya vigencia ha sido afectada, precisamente, por la “ANC”.

Con lo cual, negociar con la “ANC” no legitima a ese órgano. Todo lo contrario: la negociación podría justificarse por cuanto ese órgano es ilegítimo.

7. ¿Y por qué negociar?

 Quedaría una última pregunta: ¿por qué hay que negociar la normalización constitucional del país? Hay varias razones que podrían justificar tal negociación, desde un punto de vista constitucional.

Lo primero, es que la comunidad internacional —que ejerce, hoy día, un rol fundamental en la crisis venezolana— ha insistido en una solución negociada. Emmanuel Macron, por ejemplo, ha insistido en promover negociaciones. Una estrategia acertada de la oposición democrática debe ser plantear condiciones mínimas para la negociación —orientadas a la normalización constitucional del país— para que sea el gobierno, o más bien, el régimen de la “ANC”, quien rechace esas condiciones. Esto evidenciaría frente a la comunidad internacional que no hay voluntad política del régimen para contribuir al restablecimiento de la Constitución, lo que podría justificar nuevas medidas orientadas a crear incentivos para promover ese restablecimiento.

Lo segundo, rechazar toda negociación, es apoyar una salida exclusiva por la fuerza. Esto es, derrocar al gobierno y al régimen dictatorial de la “ANC” solamente con el uso de la fuerza, lo que difícilmente conduciría al restablecimiento de la Constitución.

En tercer lugar, la negociación luce como el mejor camino para promover la normalización constitucional hacia la consolidación de un gobierno democrático estable, o como se dijo en la consulta del 16 de julio, un gobierno de unidad nacional. Debo aquí recordar, por cierto, que en ninguno de los puntos de esa consulta se prohibió promover negociaciones políticas, en el entendido de que el cumplimiento de esos puntos puede ser consecuencia, precisamente, de tales negociaciones.

En cuarto y último lugar, la experiencia demuestra que los procesos de transición democrática pasan siempre por negociaciones. A veces esos procesos inician con negociaciones. En otros casos la negociación aparece al final de la crisis política de los regímenes dictatoriales. No está de más recordar que, entre sus muchos significados, la Constitución puede ser entendida como un pacto político, producto precisamente, de negociaciones.

En el caso venezolano hay además una particularidad que puede ser una ventaja: la oposición democrática controla a la Asamblea Nacional, que carece de poder jurídico pero tiene sobrada legitimación democrática para ordenar —y liderar— el proceso de transición en Venezuela hacia una democracia constitucional, tal y como es reconocida por la comunidad internacional.

¿Podría la AN aprobar nueva deuda para atender la crisis humanitaria?; por José I. Hernández G.

En un reciente artículo publicado en Prodavinci, Francisco Rodríguez propuso como opción para paliar los efectos de las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU, que el Gobierno –dentro de las excepciones que admitirían las nuevas sanciones- financie importaciones de comida, medicinas, equipos e insumos médicos y para la agricultura. De esa manera, el

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de septiembre, 2017

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En un reciente artículo publicado en Prodavinci, Francisco Rodríguez propuso como opción para paliar los efectos de las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU, que el Gobierno –dentro de las excepciones que admitirían las nuevas sanciones- financie importaciones de comida, medicinas, equipos e insumos médicos y para la agricultura. De esa manera, el Gobierno podría servir la deuda actual sin aplicar mayores recortes a las importaciones, en el entendido que tales recortes agravaría, todavía más, la crisis humanitaria en Venezuela.

Para ejecutar este nuevo endeudamiento, Francisco Rodríguez señala que “los acreedores podrían solicitar además que los nuevos instrumentos de deuda sean aprobados por la Asamblea Nacional, hoy controlada por la oposición, además de cualquier otra autorización que el gobierno considere legalmente necesaria. Esta aprobación serviría como una garantía para asegurar que esa nueva obligación sea reconocida por un futuro gobierno si la oposición llegase al poder”.

¿Es posible que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos del Gobierno venezolano?

De manera preliminar, quiero apuntar que la preocupación que demuestra Francisco Rodríguez es legítima: las sanciones de EEUU y, en general, las medidas internacionales adoptadas en relación con la crisis política venezolana, deberían repercutir en la menor medida posible a la ya grave crisis humanitaria.

Sin embargo, como explico a continuación, luce muy poco probable organizar los arreglos institucionales para que la Asamblea Nacional apruebe, únicamente, nuevos endeudamientos dirigidos a atender la crisis humanitaria.

1. Recordando lo que dice la
Constitución (y cómo ésta ha sido violada)

Para poder evaluar mejor la propuesta de Francisco Rodríguez, creo pertinente repasar tres puntos:

Primero: la autorización de la Asamblea Nacional para el nuevo endeudamiento no es simplemente una condición que podrían exigir los acreedores; es, por el contrario, un principio constitucional. En todo caso, como ya he explicado en Prodavinci, ese principio tiene algunas excepciones en la vigente Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, principalmente, para el endeudamiento de las empresas del Estado, como PDVSA.

Segundo: el límite máximo de endeudamiento para el ejercicio económico 2017 fue “autorizado” por el Gobierno, violando la Constitución pero amparado en una sentencia de la Sala Constitucional. En esa oportunidad, la Sala Constitucional negó que la Asamblea Nacional, en el futuro, pueda controlar el endeudamiento de 2017.

Tercero: el nuevo Decreto de estado de excepción, vigente hasta diciembre de 2017, reitera los mismos principios con los cuales, en 2016, se obvió el control parlamentario sobre el presupuesto y el endeudamiento. Por ello, cabe suponer que el presupuesto de 2018, nuevamente, será  “autorizado” al margen de la Asamblea Nacional.

Pero hay aquí un dato curioso: este nuevo Decreto no menciona a la ilegítima asamblea nacional constituyente, lo que pudiera indicar que el Gobierno planea repetir la misma metodología de 2016, o sea, “autorizar” el endeudamiento 2018 a través de la Sala Constitucional, sin involucrar a la constituyente. Con lo cual, la ilegitimidad de la constituyente no “contaminaría” al ejercicio económico 2018.

2. ¿Podría la Asamblea Nacional
controlar deuda pública en el ejercicio 2017?

La propuesta Francisco Rodríguez tiene, de entrada, un inconveniente: la Asamblea Nacional, en el estado de facto actualmente imperante en Venezuela, no puede autorizar nuevos endeudamientos, pues según la Sala Constitucional y la ilegítima asamblea nacional constituyente, ella está en “desacato” y por ende, está impedida absolutamente de ejercer sus funciones, incluyendo el control sobre la gestión financiera del Gobierno.

Esto es, hay una condición absoluta que impide, de facto, que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos. Con lo cual, la propuesta de Francisco Rodríguez exigiría remover ese obstáculo absoluto y, por ello, “rehabilitar” a la Asamblea Nacional, lo que es algo que, hasta ahora, no se ha logrado. Por el contrario, el Gobierno, a través de la Sala Constitucional y la ilegítima constituyente, insiste en impedir que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones.

¿Y cómo se podría rehabilitar a la Asamblea Nacional? La respuesta es en apariencia sencilla: la Sala Constitucional y la ilegítima asamblea nacional constituyente deben dejar a un lado la tesis del “desacato” y reconocer que la Asamblea Nacional sí puede ejercer sus funciones. Esto pasa, además, por que la ilegítima asamblea nacional constituyente desista de su intento de asumir “superpoderes” que, de facto, anulan a la Asamblea Nacional.

Pero ello, obviamente, no podría lograrse solo para que la Asamblea Nacional apruebe nuevos endeudamientos. Como el impedimento que afecta a la Asamblea Nacional es absoluto, es preciso removerlo completamente: o la Asamblea Nacional ejerce todas sus competencias o no ejerce ninguna.

Esta solución nos conduce a una paradoja: si la Asamblea Nacional es rehabilitada, es por cuanto se ha iniciado el proceso de restablecimiento de la democracia constitucional, lo que llevaría al Gobierno de EEUU a modificar sus actuales sanciones, eliminando así la causa que conduciría, en un primer momento, a la rehabilitación de la Asamblea Nacional.

3. Estado de Derecho y crisis humanitaria

Esta paradoja permite comprender que la solución de fondo no es lograr nuevos endeudamientos que logren paliar la crisis humanitaria a través del control especial de la Asamblea Nacional. La solución de fondo es restablecer la democracia constitucional en Venezuela a través de un proceso de transición.

Diversos economistas –de manera destacada, Amartya Sen-  han señalado que la democracia y los derechos políticos pueden contribuir a evitar hambrunas y otros desastres económicos. Tanto más, observo, cuando una de las causas determinantes de la crisis humanitaria han sido arbitrarias y autoritarias políticas públicas, como sucede con el caso venezolano.

Esto ratifica que la solución de fondo de la crisis humanitaria en Venezuela pasa, dentro de diversas condiciones, por rehabilitar a la Asamblea Nacional, no de manera parcial sino de manera plena.

Ello, además, tendría otros beneficios, que apuntan al objetivo de la propuesta de Francisco Rodríguez. Así, la Asamblea Nacional rehabilitada, con la legitimidad democrática interna e internacional, pudiera adoptar medidas legislativas necesarias para la apertura de un canal humanitario en Venezuela, como parte del proceso de transición a la democracia.

¿De qué van las nuevas “leyes económicas” propuestas a la “ANC”?; por José Ignacio Hernández

El jueves 7 de septiembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció el “Plan para la Paz y la Prosperidad Económica”, que incluye ocho propuestas de “leyes” que serían aprobadas por la ilegítima, fraudulenta y dictatorial Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”). ¿Qué puede esperarse de ese plan? 1. ¿Puede la “ANC” dictar leyes? Lo primero que

Por José Ignacio Hernández G. | 8 de septiembre, 2017
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Fotografía de Prensa Presidencial

El jueves 7 de septiembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció el “Plan para la Paz y la Prosperidad Económica”, que incluye ocho propuestas de “leyes” que serían aprobadas por la ilegítima, fraudulenta y dictatorial Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”).

¿Qué puede esperarse de ese plan?

1. ¿Puede la “ANC” dictar leyes?

Lo primero que debo recordar es que la ilegítima “ANC” no puede dictar leyes. De acuerdo con la vigente Constitución de 1999, solo el Poder Legislativo –en este caso, la Asamblea Nacional (AN)- puede dictar leyes en su carácter de representante de la voluntad popular.

Lo que sucedió, como ya expliqué aquí en Prodavinci, es que la “ANC” decidió usurpar las competencias de la AN, incluyendo su competencia para legislar en la economía.

Al ser resultado de una usurpación, las “leyes” aprobadas por la “ANC” serán nulas e ineficaces, o sea, inexistentes. Ninguna de esas leyes podrá, por ello, afectar los derechos de libertad económica y propiedad privada reconocidos en la Constitución.

2. ¿Cuáles “leyes” fueron anunciadas?

 Habiendo efectuado esta aclaratoria, cabe explicar brevemente cuál es el contenido anunciado de las ocho “leyes económicas” que la “ANC” aprobaría:

La primera es la “Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados”, que pretende crear “un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público”. En realidad, no es un “nuevo sistema”, sino más bien el reciclaje del mismo sistema centralizado de control de precios iniciado en 2003 y consolidado en 2011, con la Ley de Costos y Precios Justos, luego cambiada por la Ley Orgánica de Precios Justos.

Esto demuestra que la ilegítima “ANC” pretende mantener el mismo modelo de control de precios centralizado, que ha propiciado el desabastecimiento, escasez e inflación en Venezuela.

 La segunda es la “Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”, para formalizar la creación de los CLAP, especialmente, mediante un régimen punitivo.

En realidad, no es necesario dictar leyes para implementar programas sociales. Mucho menos para formalizar a los CLAP, pues como expliqué en Prodavinci, el programa funciona como un mecanismo de discriminación política violatorio de los derechos humanos.

La tercera sería la “Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en Venezuela”a los fines de “dinamizar” la atracción de las divisas extranjeras. Lo curioso es que apenas en 2014 el Gobierno aprobó, mediante “Decreto-Ley”, una Ley de Inversiones Extranjeras, que ahora pretende cambiar por medio de la “ANC”.

En cualquier caso, es poco probable que la “ANC” pueda promover la inversión extranjera. Como ha explicado recientemente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, la promoción de la inversión extranjera, como un componente esencial del desarrollo sustentable, requiere entre otras condiciones la existencia del Estado de Derecho. Justamente lo contrario a lo que promueve la “ANC”, cuyo carácter ilegítimo, fraudulento y dictatorial solo incrementa el riesgo de Venezuela desestimulando las inversiones.

La cuarta es la “Ley de Regulación y Funcionamiento para las Casas de Cambio”, a los fines de promover la apertura de casas de cambio en todo el territorio nacional para complementar el DICOM, en el marco de las políticas orientadas a “mitigar” los efectos del llamado “dólar paralelo”.

Dos cosas habría se señalar. Lo primero es que para promover la apertura de casas de cambio no hace falta una Ley. Lo que hace falta es que el Gobierno, en el marco de las Leyes vigentes, simplifique el otorgamiento de autorizaciones de casas de cambio. Lo segundo, que la causa del dólar paralelo es el régimen cambiario que inconstitucional e ineficientemente se impuso en Venezuela en 2003. Mientras ese control de cambio exista, seguirá existiendo el dólar paralelo.

Y en todo caso, ninguna Ley (y mucho menos, alguna decisión de la “ANC”) podrá atender a las causas que determinan el déficit de divisas actualmente existente en Venezuela.

La quinta sería una “Ley Constituyente de Impuesto a las Grandes Fortunas y Patrimonio”. El anuncio confusamente alude a la investigación de quienes se han enriquecido con la guerra económica. En realidad, pareciera que esta propuesta va en sintonía con un proyecto sobre el cual se ha estado trabajando desde hace tiempo, llamado a sustituir el impuesto sobre sucesiones. Así, el nuestro tributo gravaría bienes patrimoniales con independencia de su ubicación geográfica.

Hay aquí, al menos, dos problemas. El primero es de origen: no hay tributo sin representación, como hace más de doscientos años explicaron quienes pensaron el modelo republicano de la independencia de Estados Unidos. Como la “ANC” no ejerce la representación popular, no puede crear tributo alguno.

El segundo problema es de diseño. Ciertamente podría ser racional sustituir el impuesto sobre sucesiones, pero también en cierto que el sistema tributario venezolano es, actualmente, un sistema hostil a la inversión privada, por la creación desordenada de tributos y contribuciones que se implementan en un régimen punitivo y draconiano. Aumentar la carga tributaria dentro de ese sistema desordenado contribuirá a desincentivar la inversión privada.

La sexta propuesta es la “Ley de Régimen Tributario para Desarrollo Soberano del Arco Minero”, orientada  a establecer un nuevo régimen tributario para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. Reiterando que la “ANC” no puede crear tributos, hay que señalar que esta reforma luce inútil, pues la llamada “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria Definición”, que rige al Arco Minero, permitiría otorgar beneficios fiscales. En cualquier caso, esos beneficios poco contribuirán a promover la inversión privada, pues como expliqué en Prodavinci, las actividades mineras dentro de ese Arco son realizadas exclusivamente por el Estado, por medio de empresas mixtas que actúan bajo su control.

En séptimo lugar se pretende dictar la “Ley de Régimen Especial Tributario para la protección social del pueblo y s’ANC’iones a los delitos a la economía”, con medidas punitivas para la guerra económica, incluso, de naturaleza tributaria.

Reiterando que la “ANC” no puede crear tributos, habría que señalar que el poder tributario del Estado nunca puede ejercerse para s“ANC”ionar. Además, y lo que es más importante, la “ANC” no puede crear delitos y penas, pues solo la Ley como acto legítimo de representación popular, puede crear delitos y penas.

Y en todo caso, esta propuesta no es más que la reiteración del modelo punitivo –propio del Derecho Penal del enemigo- reconocido en la Ley Orgánica de Precios Justos. Un sistema que, recuerdo, ha contribuido al colapso de la economía venezolana.

Finalmente, en octavo lugar, se propuso la “Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur ‘Agrosur’”, a los fines de constituir un ente del Estado que coordine la producción de rubros agrícolas. Frente a ello debo observar que no es preciso dictar una Ley para crear entes del Estado. En cuanto al fondo, esta propuesta insiste en la visión estatista de la agroindustria, lo que en la práctica ha sido un factor determinante para el colapso de la seguridad alimentaria en Venezuela.

3. Reformas gatopardianas que afectan, todavía más, el colapso de la economía venezolana

Como podía anticiparse con el anuncio del “diálogo constituyente” sobre el modelo económico, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional, pretende insistir en el mismo modelo de planificación central vinculante que ha venido instaurándose entre nosotros desde 2005. De allí que las “novedades” de las “leyes” anunciadas son gatopardianas: quieren cambiar todo para que todo siga igual. O más, para que todo quede peor.

Por ello, además de insistir en la ilegitimidad de la “ANC” y de sus “leyes”, es preciso insistir, también, en que las propuestas que han sido presentadas a tal asamblea, lejos de contribuir a la mejora de la economía venezolana, acelerarán su colapso.

Pues precisamente, la causa determinante del colapso económico en Venezuela es el sistema de controles centralizados establecidos con base en un modelo punitivo que marginó el rol de la iniciativa privada y exacerbó el rol del Estado afectando la producción local. Con más controles, que además son ilegítimos, solo se empeorará el desempeño de la economía venezolana.

Lo que demanda la economía venezolana es exactamente lo contrario: políticas públicas que, en el marco del Estado de Derecho, desmonten controles ineficientes e inconstitucionales, y promuevan una economía centrada en el ciudadano, abandonando el modelo económico centrado en el Estado.

Algo que es imposible de lograr con la ilegítima Constituyente.

Sobre el “diálogo constituyente para el perfeccionamiento del modelo económico”; por José I. Hernández

En su más reciente “Decreto Constituyente”, la “Asamblea Nacional Constituyente” ha “instaurado” un “gran diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que requiere la República Bolivariana de Venezuela”. ¿Qué puede esperarse de esto? 1. Aclarando algunos conceptos Debo comenzar recordando que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano ilegítimo

Por José Ignacio Hernández G. | 4 de septiembre, 2017
Fotografía de AVN

Fotografía de AVN

En su más reciente “Decreto Constituyente”, la “Asamblea Nacional Constituyente” ha “instaurado” un “gran diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que requiere la República Bolivariana de Venezuela”.

¿Qué puede esperarse de esto?

1. Aclarando algunos conceptos

Debo comenzar recordando que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano ilegítimo y fraudulento que ha asumido todos los poderes del Estado en un claro caso de usurpación de funciones. Por ende, todas sus actuaciones y “Decretos Constituyentes” deben reputarse como inexistentes.

Con lo cual, esta “Asamblea Nacional Constituyente” no puede convocar ningún “diálogo” ni puede realizar consultas ni, en general, puede adoptar decisiones con relevancia jurídica, siquiera, en la economía.

2. Las razones para convocar al diálogo económico

En su reciente “Decreto Constituyente”, la ilegítima Constituyente resume las razones por las cuales es necesario realizar un diálogo económico en Venezuela. La narrativa empleada en ese Decreto es similar a la que el Gobierno ha asumido en los últimos años: señalar a terceros como responsables de la crisis económica, eludiendo toda responsabilidad en el colapso de la economía venezolana.

Así, basta repasar algunas de las justificaciones plasmadas en la motivación de tal Decreto para encontrar más de una falacia:

1. El “Decreto” critica el modelo adoptado desde principios del siglo XX que se basa en la dependencia de la renta petrolera. En efecto ha sido así. Pero lo que no dice este “Decreto” es que el modelo del socialismo del siglo XXI, iniciado en 2005, fortaleció la dependencia de la economía venezolana del petróleo, tal y como aquí en Prodavinci han explicado Santos, Bustos y Baquero.

2. Negando lo anterior, el “Decreto” señala que la “revolución bolivariana” impulsó la plataforma productiva nacional. La realidad es otra: la “revolución bolivariana” destruyó la plataforma productiva nacional. Lo hizo, al menos, por tres vías: 1. al desestimular la producción nacional promoviendo importaciones con petrodólares subsidiados; 2. a través de arbitrarias expropiaciones y ocupaciones y 3. mediante una arbitraria política de control de precio.

3. El “Decreto” retoma el argumento de la “guerra económica” invocando agresiones domésticas e internacionales. El argumento de la “guerra económica” ha sido utilizado, al menos, desde el “Dazako” del 2013, como recuerda Ángel Alayón. Es el mismo argumento con el cual el Gobierno, ilegítimamente, ha conducido la economía bajo sucesivos “Estados de excepción”. Se trata de un simple argumento que trata de disimular la responsabilidad del Gobierno en el colapso económico. Responsabilidad que es ineludible. Si la guerra económica fuese cierta, el Gobierno sería responsable por su incapacidad de derrotar tal “guerra” en casi cinco años. Y si la tesis de la guerra económica es falsa –como lo es, en efecto– el Gobierno sería igualmente responsable por su capacidad de producir el colapso económico del país.

4. Finaliza el “Decreto” señalando que es necesario un nuevo modelo económico “postpetrolero, mixto, productivo y diversificado que sirva a la igualdad, la prosperidad y el futuro de la Nación”. En este último punto uno podría estar de acuerdo. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, la “Constituyente” nada puede hacer por la economía venezolana, pues es un órgano fraudulento e ilegítimo que carece del reconocimiento institucional mínimo para propiciar reformas a la economía venezolana.

3. ¿Diálogo obligado?

Luego de todas estas justificaciones, el artículo 1 del Decreto “instaura” un “gran diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que requiere la República Bolivariana de Venezuela”.

El lenguaje empleado es revelador. Pues el “Decreto” “instaura” el diálogo, o sea, ordena el inicio del diálogo, para lo cual, serán convocadas “todas las instancias representativas de los sectores económicos y productivos del país”, para que concurran ante “esta soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente a presentar y debatir sus opiniones y propuestas en tomo al modelo económico que nuestra Patria reclama”.

Es, como puede verse, un “diálogo” obligado, que es forzado por la “Constituyente” recordando que ella ejerce poder “soberano y plenipotenciario”, lo que equivale a decir un poder dictatorial. Pues solo las dictaduras son soberanas y ejercen todos los poderes.

No es, por un tanto, un diálogo, en tanto éste se basa en la libertad y reconocimiento mutuo. Es, por el contrario, una farsa de diálogo que solo pretende procurar el reconocimiento de la “Constituyente” por el sector económico venezolano.

4. ¿Y qué puede esperarse del “diálogo constituyente”?

La narrativa del “Decreto” permite anticipar qué tipo de medidas económicas adoptará la “Constituyente”: las mismas medidas que desde el 2013 se han adoptado para atacar la “guerra económica”. O sea, controles centralizados sobre la economía. De hecho, ya se ha anunciado que la “Constituyente” profundizará el control de precios en Venezuela, como recuerdan Abadi y García.

Es importante apuntar que los controles centralizados sobre la economía, impuestos en el marco del “socialismo del siglo XXI”, son contrarios a la Constitución económica venezolana. Hasta ahora, correspondió a la Sala Constitucional “interpretar” esa Constitución para justificar su violación. A partir de ahora, la ilegítima Constituyente, invocando sus poderes “plenipotenciarios”, podrá dictar actos que, de facto, deroguen a la Constitución económica.

5. ¿Puede la “Asamblea Constituyente”
dictar medidas para atender a la crisis económica y social?

Llegados a este punto, podemos concluir que la “Constituyente” está incapacitada para dictar medidas que atienden a la crisis económica y social venezolana.

La incapacidad es, por un lado, conceptual. Mientras la “Constituyente” siga invocando el discurso de la “guerra económica”, solo podremos esperar más controles centralizados.

Pero hay también una incapacidad jurídica: la ilegitimidad de la Constituyente le incapacita para dictar cualquier medida que permita solucionar el colapso de la economía venezolana. En especial, pues el desconocimiento internacional de la Constituyente dificulta, notablemente, el acceso de Venezuela a los mercados internacionales, como expliqué aquí en Prodavinci al comentar el tema de la deuda pública.

Cuando recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel en 1993, Douglass North explicó en su discurso que el Estado de Derecho es una condición necesaria para promover el desarrollo económico a largo plazo ya que garantiza el reconocimiento y la protección de derechos de propiedad, define sistemas eficientes de solución de controversias y crea de esa manera estímulos para la iniciativa privada.

La “Constituyente” no puede alcanzar ninguno de esos objetivos pues es un órgano que niega el Estado de Derecho. Y además, lejos de garantizar derechos de propiedad, es más que probable que avance en medidas de destrucción de la propiedad privada en Venezuela, o más bien, de lo que queda de ella.

Es necesario, sin duda, un drástico cambio del modelo económico en Venezuela que supere la concepción estatista basada en controles centralizados inconstitucionales e ineficientes, y que promueva una visión del desarrollo centrado en el ciudadano. Sin embargo, esto solo puede hacerse desde el Estado de Derecho y la democracia constitucional, algo que, mientras persista la ilegítima Constituyente, será imposible.

¿Es legítima la deuda pública venezolana?; por José Ignacio Hernández

La instalación de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, junto a su decisión de asumir poderes dictatoriales, ha incrementado las reacciones de la comunidad internacional, la cual se inclina por desconocer al régimen venezolano. Este contexto ha agravado las dudas sobre la legitimidad de la deuda venezolana. Así, por ejemplo, en la Declaración de

Por José Ignacio Hernández G. | 28 de agosto, 2017
Fotografía de Pictures of Money

Fotografía de Pictures of Money

La instalación de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, junto a su decisión de asumir poderes dictatoriales, ha incrementado las reacciones de la comunidad internacional, la cual se inclina por desconocer al régimen venezolano.

Este contexto ha agravado las dudas sobre la legitimidad de la deuda venezolana. Así, por ejemplo, en la Declaración de Lima, como explica Mariano de Alba, se señala que “los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”. De igual manera, el 25 de agosto el Gobierno de EEUU prohibió ciertas operaciones con la deuda pública venezolana, considerando entre otros elementos la ilegitimidad de la Constituyente.

Con todos estos antecedentes, debemos preguntarnos si la deuda pública venezolana puede ser considerada como odiosa, ilegítima o inconstitucional.

1. Deuda odiosa, deuda ilegítima, deuda inconstitucional

El concepto de deuda odiosa ha evolucionado con el tiempo. Aun cuando no hay un concepto preciso, puede señalarse que la deuda de cualquier Estado puede ser reputada como odiosa cuando ha sido celebrada por gobiernos ilegítimos, con el propósito de violar derechos humanos o cometer actos de corrupción, siempre y cuando los acreedores conozcan tales condiciones.

Este concepto se aproxima al de deuda ilegítima, solo que aquí el elemento determinante es la legitimidad democrática de la autoridad que contrae la deuda. A este concepto se refiere el artículo 332 de la Constitución venezolana, según el cual “el Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley”. Esta norma es parte de una larga tradición legal y constitucional venezolana, orientada a recalcar que no se reconocerán obligaciones derivadas de autoridades ilegítimas, vale decir, autoridades que no sean electas democráticamente. Se trató de una respuesta al creciente número de reclamaciones formuladas –principalmente por extranjeros– durante el turbulento siglo XIX venezolano.

El concepto de deuda inconstitucional, finalmente, se refiere a la deuda contraída en violación a la Constitución o a las Leyes venezolanas. A este concepto atiende el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, de acuerdo con el cual las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las disposiciones de esa Ley “se considerarán nulas, sin perjuicio de la responsabilidad de quienes las realicen. Las obligaciones que se pretendan derivar de dichas operaciones no serán oponibles a la República, ni a los demás entes públicos”. Si se lee bien ese artículo, podrá comprobarse que no regula el “desconocimiento” de la deuda (que no es un concepto estrictamente jurídico) sino la nulidad de la deuda, que como regla, solo puede ser declarada por el Poder Judicial.

Es importante aclarar que la violación del Derecho venezolano puede ser relevante incluso para la deuda venezolana sometida al derecho extranjero, como han explicado Buchheit y Gulati. Así, el principio es que el gobierno no puede desconocer obligaciones de gobiernos anteriores invocando violaciones al ordenamiento doméstico, pues priva aquí la regla de la sucesión de gobiernos. Sin embargo, en ciertos casos, y de acuerdo con las condiciones que rijan a la deuda, la violación del derecho venezolano puede ser relevante para el derecho internacional. Por ello, calificar de inconstitucional a la deuda venezolana puede ser relevante incluso para la deuda venezolana que es regulada por el derecho extranjero.

Ahora bien, es posible ordenar estos tres conceptos por grados. Así, el caso más grave –y extremo– es la posibilidad de calificar la deuda venezolana como odiosa. En segundo lugar, y con menor grado de dificultad, encontramos la posibilidad de declarar la deuda venezolana como ilegítima. Finalmente, lo menos complejo es calificar la deuda venezolana como inconstitucional.

Estos tres conceptos tienen un punto en común: en esos casos, y bajo ciertas condiciones muy estrictas, el Gobierno podría exceptuarse del cumplimiento de la deuda, calificándola como una deuda odiosa, ilegítima o inconstitucional.

2. ¿En qué casos la deuda debe ser autorizada previamente por la Asamblea Nacional?

La Declaración de Lima permite volver sobre un tema que ya he analizado aquí en Prodavinci: ¿En qué casos la deuda debe ser autorizada previamente por la Asamblea Nacional?

Este es un tema de cierta complejidad, con lo cual me limitaré a exponer las conclusiones, que al ser generales, dejan por fuera detalles importantes. Para esto, es menester señalar que hay un principio general que admite excepciones.

Así, el principio general es que la deuda nacional debe ser previamente autorizada por la Asamblea Nacional, a través de una Ley que fije el límite máximo del endeudamiento público, aprobada conjuntamente con la Ley de Presupuesto (artículo 312 de la Constitución). Esto es importante pues aplica aquí un doble control parlamentario: no puede efectuarse gasto alguno que no esté previsto en la Ley de presupuesto, ni podrán recabarse ingresos para sufragar esos gastos mediante operaciones de endeudamiento no autorizadas por Ley.

Este principio encuentra diversas y desordenadas excepciones en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, cuya última reforma, de 2015, redujo indebidamente el control de la Asamblea Nacional sobre operaciones de crédito público. De acuerdo con el Capítulo II del Título III de esa Ley, y como ha sido la tradición en Venezuela, están exceptuadas del control parlamentario las operaciones de crédito público: (i) de emisión y colocación de letras del tesoro, así como cualesquiera otras operaciones de tesorería cuyo vencimiento no trascienda el ejercicio presupuestario en el que se realicen; (ii) las obligaciones derivadas de la participación de la República en instituciones financieras internacionales en las que ésta sea miembro; (iii) las operaciones de refinanciamiento o reestructuración que tengan como objeto la reducción del tipo de interés pactado, la ampliación del plazo previsto para el pago, la conversión de una deuda externa en interna, la reducción de los flujos de caja, la ganancia o ahorro en el costo efectivo de financiamiento, en beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando, así como (iv) las operaciones realizadas por el BCV, el BANDES; las empresas del Estado dedicadas a la intermediación financiera y de seguros; las empresas públicas creadas en el sector de hidrocarburos, incluyendo a PDVSA; los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, y en general, las sociedades mercantiles del Estado.

Debo advertir que estas excepciones no son una carta abierta. Por el contrario, se trata de excepciones que solo aplican en determinadas y específicas condiciones que deben analizarse caso por caso. Lo que interesa destacar es que, según la Ley, hay un número importante de operaciones de crédito público que pueden realizarse sin autorización de la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que no toda deuda emitida sin autorización de la Asamblea es siempre y necesariamente inconstitucional.

3. La inconstitucionalidad de las operaciones de crédito público del ejercicio 2017

Como ya expliqué en Prodavinci, las operaciones de crédito público del ejercicio 2017 violaron el principio general ya señalado, pues fueron realizadas en ausencia de la Ley de la Asamblea Nacional, amparada dicha violación en una sentencia de la Sala Constitucional.

Esto no significa, sin embargo, que esas operaciones de deuda puedan desconocerse sin mayores requisitos. Así, es importante recordar que la Ley solo regula la nulidad de la deuda, que debe ser declarada por el Juez; hasta tanto ello no suceda, la deuda mantendrá su vigencia. Además, como recuerdan Buchheit y Gulati, los acreedores podrán alegar que ellos actuaron de buena fe, amparados en sentencias y decisiones de autoridades legítimas, aun cuando existan dudas en cuanto a la violación de la Constitución. Por último, en Venezuela se ha admitido, desde hace ya tiempo, que en caso de deudas y contratos ilegales, como serían las operaciones de 2017, el Estado debe responder patrimonialmente para evitar el enriquecimiento sin causa, lo que impediría desconocer toda la deuda emitida en violación a la Constitución.

4. La iegitimidad de la deuda pública
luego de declarada la dictadura por la Asamblea Nacional Constituyente

Asunto del todo distinto es la deuda pública que pueda emitirse en el marco de la dictadura declarada por la Asamblea Nacional Constituyente que asumió las funciones de la Asamblea Nacional, incluso, para autorizar operaciones de crédito público, como también expliqué aquí en Prodavinci. En este caso, no se trata solo de deuda inconstitucional, sino de lo que es más grave: es una deuda ilegítima que, cuando menos, se aproxima bastante al concepto de deuda odiosa.

Esta pueda haber sido una de las razones por las cuales la reciente orden ejecutiva del Gobierno de EEUU, en su Sección 1, literal a) incluyó dentro de sus prohibiciones –para efectos de EEUU– a las operaciones con nueva deuda de PDVSA mayor a 90 días; nueva deuda del Gobierno con vencimiento mayor a 30 días, así como el pago de dividendos al gobierno venezolano por entidades públicas establecidas en EEUU. Se trata, como puede verse, de operaciones realizadas luego de la instauración de la ilegítima constituyente, como lo señala la orden en su exposición de motivos.

Una decisión similar fue la que adoptó Credit Suisse: este banco limitó las transacciones con deuda venezolana alegando riesgo reputacional.

Todo esto quiere decir que las dudas sobre la deuda venezolana surgidas a partir de 2016 aumentaron luego de la dictadura de la Constituyente, pues claramente toda nueva deuda “controlada” por la ilegítima Constituyente no solo será inconstitucional, sino, lo que es más grave, será una deuda ilegítima, frente a la cual ningún acreedor podrá alegar que ha actuado de buena fe.

5. Una deuda que además de ilegítima,
agrava la crisis humanitaria en Venezuela

Las consideraciones anteriores deben complementarse con el análisis del profesor Ricardo Hausmann, quien ha calificado a los bonos venezolanos como los bonos del hambre. Según él, el Gobierno venezolano cuenta cada vez con menos divisas debido no solo a la caída de los precios del petróleo, sino en especial, por la caída de la producción petrolera a cargo de PDVSA, y en general, por la ineficiencia en el gasto público. Pese a esto, el Gobierno prefiere servir la deuda (que creció a un ritmo vertiginoso, en plena época del boom petrolero) antes que remediar la crisis humanitaria, mediante la importación de alimentos y medicinas que no se producen en el país, en buena medida, por la destrucción de riqueza derivada de la arbitraria política de expropiaciones que el Gobierno adelantó, y de sus desastrosas políticas públicas.

De allí la aparente paradoja a la que recientemente se refirió Lisa Abramowicz: en los llamados mercados emergentes, la deuda venezolana presenta unos rendimientos más que atractivos, mucho mayores que los rendimientos de las notas del tesoro de EEUU. Esto es así pues los inversionistas actúan bajo la confianza de que el Gobierno mantendrá su política de servir la deuda, al margen de la crisis humanitaria en Venezuela. No obstante, como explica aquí en Prodavinci Víctor Salmerón, las recientes medidas del Gobierno de EEUU podrían cambiar ese panorama, al elevarse el riesgo de un default.

Las consideraciones de Hausmann tienen un importante impacto jurídico. Pues uno de los elementos clave para calificar a una deuda como odiosa, como vimos, es que los recursos se destinen a la violación de derechos humanos o a la corrupción. Ese estándar no solo aplica cuando la deuda es usada para financiar el gasto público empleado para la represión de civiles, sino también, cuando la deuda contribuye a la violación de derechos económicos y sociales, como sucede precisamente en el caso venezolano. Con lo cual, además de ilegítima, la deuda se aproxima –cuando menos– al concepto de deuda odiosa. Una aproximación que el avance de la Constituyente podrá convertir en realidad.

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¿Qué perpetró la ilegítima Constituyente al asumir funciones de la AN?; por José Ignacio Hernández

El viernes 18 de agosto de 2017, la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional para dictar leyes y demás actos parlamentarios, tomando en cuenta que la Junta Directiva de esa Asamblea no compareció a la convocatoria que la Constituyente le formuló para ese día 18. Quien detenta

Por José Ignacio Hernández G. | 19 de agosto, 2017
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Fotografía de AVN

El viernes 18 de agosto de 2017, la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional para dictar leyes y demás actos parlamentarios, tomando en cuenta que la Junta Directiva de esa Asamblea no compareció a la convocatoria que la Constituyente le formuló para ese día 18.

Quien detenta el cargo de “Presidente” de ese órgano, aclaró en su cuenta twitter que la Asamblea Nacional no había sido disuelta, y que ella sigue en funciones. Con esto se pretende hacer ver que la ilegítima Constituyente solo asumió las funciones de la Asamblea Nacional ante su “desacato”.

¿Qué fue exactamente lo que decidió la Asamblea Constituyente? Los anuncios del 18 de agosto tan solo confirman lo que es un hecho en Venezuela desde el pasado 4 de agosto: que la Asamblea Nacional Constituyente, además de ilegítima y fraudulenta, es un órgano que ejerce poderes absolutos e ilimitados, esto es, poderes dictatoriales, al consumar el golpe de estado iniciado por la Sala Constitucional. En ejercicio de esa dictadura, la Constituyente se limitó a ratificar que ella ejercerá cualquier función de la Asamblea Nacional, lo que de hecho ya había venido realizando.

1. Lo que decidió la Constituyente

 Repitiendo la tesis del desacato, la constituyente consideró que la Asamblea Nacional desconoció el artículo 349 de la Constitución, ante lo cual, ella debe asumir “las competencias para legislar” así como las competencias para “dictar actos parlamentarios en forma de ley”. Lo que quiere decir que la Constituyente no va a redactar una constitución, cual es la tarea de una Constituyente, sino que va a ejercer las funciones que la Constitución de 1999 asigna a la Asamblea Nacional.

2. ¿Disolvió la Asamblea Nacional Constituyente
a la Asamblea Nacional?

 Tratando de explicar el alcance de esta decisión, quien detenta el cargo de “Presidente” de esta Constituyente advirtió que no se había disuelto a la Asamblea Nacional.

Cabe aclarar que la disolución de la Asamblea Nacional no se limita a los casos en los cuales el Poder Legislativo es cerrado por la fuerza. También ese órgano puede ser disuelto cuando se impide el ejercicio de sus funciones, de forma tal que lo único que queda es la apariencia de una Asamblea Nacional que, en el fondo, está vacía.

Desde esta perspectiva, habría que advertir que la Asamblea Nacional ya había sido disuelta por la Sala Constitucional, tribunal que orquestó un golpe de Estado al impedir a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias, e incluso, al usurpar el ejercicio de las mismas, como quedó en evidencia con las sentencias 155 y 156.

De igual manera, ya la ilegítima Constituyente había usurpado funciones de la Asamblea Nacional al remover a la Fiscal y designar al “nuevo titular” del Ministerio Público, así como al dictar una “Ley” para crear una “Comisión de la Verdad”. Desde el mismo momento en que la Constituyente asumió poderes supra-constitucionales, disolvió no solo a la Asamblea Nacional sino a toda la Constitución.

Con lo cual, la Constituyente, con su decisión del 18 de agosto, ratifica lo que ya había hecho la Sala Constitucional y lo que ella misma había decidido con anterioridad: que la Asamblea Nacional no puede ejercer sus funciones, las cuales serán asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente como poder supra-constitucional.

3. ¿Y qué dice el artículo 349 de la Constitución?

 En su intento por justificar su decisión, la ilegítima Constituyente invocó el artículo 349 de la Constitución para explicar por qué asumía funciones de la Asamblea Nacional.

Ninguna norma de la Constitución puede ser interpretada para reconocer poderes dictatoriales, pues la Constitución es un pacto de libertad para limitar al poder, y no una herramienta del poder para limitar la libertad. Esto basta para negar que el artículo 349 justifique el ejercicio de poderes dictatoriales de la Constituyente.

En todo caso, no está de más recordar que, de acuerdo con ese artículo, “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Para interpretar esa norma, hay que aclarar cuál es la “decisión” que puede adoptar una Asamblea Nacional Constituyente legítimamente electa. La respuesta es clara en el artículo 347: la única decisión que esa Asamblea Constituyente puede dictar es una nueva Constitución. Con lo cual, los Poderes Públicos no pueden incidir en la nueva Constitución, pues ésta es la norma suprema.

Pero en modo alguno ese artículo 349 puede ser interpretado en el sentido de reconocer a esta ilegítima y fraudulenta Constituyente poderes absolutos e ilimitados, o sea, poderes dictatoriales. Nada justifica una dictadura, y mucho menos, la Constitución de 1999.

4.- ¿Qué validez tendrán los actos dictados por
la Asamblea Nacional Constituyente en
ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional?

Los actos dictados por la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional serán nulos e ineficaces, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. Esto significa que esos actos deberán tenerse por inexistentes, a consecuencia de lo cual, ellos deben ser desobedecidos de conformidad con los artículos 333 y 350 de la Constitución.

5.- ¿Puede la Constituyente autorizar contratos
y operaciones de crédito público?

 Muy probablemente la ilegítima Constituyente va a pretender usurpar funciones de la Asamblea Nacional, autorizando contratos y operaciones de crédito público que, de acuerdo con la Constitución y las Leyes, deben ser autorizados por la Asamblea Nacional.

Ninguno de esos actos de control tendrá validez alguna, pues ellos son resultados de la usurpación de la soberanía popular y de la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional, con lo cual, deben tenerse como inexistentes.

Esto es relevante para los acreedores de la República, pues cualquier obligación contraída por el Estado de conformidad con controles ejercidos  por la ilegitima Constituyente deberá reputarse como inexistente.

La Comisión para la Verdad: un Tribunal de Inquisición; por José Ignacio Hernández

I La creación de la “Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, por la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, reproduce primitivos mecanismos de violación de derechos humanos mediante la creación de órganos de facto que, con poderes inquisitivos, simulan procesos judiciales que son, en realidad, procesos políticos. Es el

Por José Ignacio Hernández G. | 17 de agosto, 2017
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Fotografía de Marco Bello para Reuters

I

La creación de la “Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, por la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, reproduce primitivos mecanismos de violación de derechos humanos mediante la creación de órganos de facto que, con poderes inquisitivos, simulan procesos judiciales que son, en realidad, procesos políticos.

Es el caso, por ejemplo, del Tribunal del Pueblo, creado en la Alemania nazi para juzgar delitos políticos. Otro ejemplo son los tribunales populares creados en Cuba, en 1959. Mucho antes, en el terror de la revolución francesa, se creó al Comité de Salvación, como instancia de facto que promovió juicios políticos.

En pleno siglo XXI, mientras la civilización se enrumba hacia la era de los derechos humanos, la ilegítima Constituyente hace retroceder a Venezuela a esas épocas primitivas y obscuras, al crear, bajo un nombre confuso, lo que es en realidad un Tribunal de Inquisición.

II

Debo advertir, preliminarmente, que el acto de creación de esta Comisión es consecuencia de la usurpación de la soberanía popular. Así, la ilegítima Constituyente creó a tal Comisión mediante una “Ley constitucional”. La propia denominación dada a tal acto evidencia un claro abuso pues, en primer lugar, la constituyente no puede dictar leyes: solo la Asamblea Nacional puede hacerlo. Además, no existe tal cosa como una “Ley constitucional”: toda ley se subordina a la Constitución. Con esto, lo que la ilegítima Constituyente quiere hacer ver es que ella puede dictar actos con rango constitucional, lo que solo es posible bajo el régimen dictatorial de facto que tal asamblea ha impuesto.

III

Más allá del engañoso nombre, esta Comisión tiene competencias activas para determinar las responsabilidades “a que haya lugar” (numeral 3, artículo 3 y numeral 8 del artículo 11). Esto se extiende a la competencia para “determinar y declarar la responsabilidad moral y política de las personas e instituciones responsables de los hechos objeto de su ámbito de competencia”(numeral 9, artículo 11). En función a ello, el artículo 11 asigna a la Comisión amplias competencias inquisitivas para investigar hechos, mediante visitas, inspecciones y audiencias públicas, entre otros elementos ampliados en los artículos 12 y 13.

Estas funciones, de acuerdo con el artículo 4, se ejercerán respecto de “los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República, durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2017”.

Como puede observarse, estas normas solo reconocen imprecisas competencias judiciales a esta Comisión. Son muchas las preguntas que se derivan de este texto: ¿qué tipo de sanciones puede acordar la Comisión? ¿Cuáles delitos o faltas concretas podrán ser investigadas? ¿Pueden imponerse penas privativas de libertad?

La respuesta a esas preguntas es una sola: la Comisión, como la propia constituyente, podrá hacer lo que quiera, en el sentido que su poder es ilimitado y absoluto, pues es un poder de facto, no un poder de Derecho.

En cualquier caso, sí queda claro que, pese a su nombre, esta no es una Comisión orientada a investigar la verdad histórica como elemento de reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, como sucede con las legítimas “Comisiones de la Verdad”.

En realidad, esta Comisión pretende cumplir, según esta “Ley constitucional”, con un rol diametralmente opuesto: actuar como Tribunal de Inquisición para determinar, a su libre arbitrio, las responsabilidades por delitos de naturaleza política, conduciendo para ello “audiencias públicas”.

IV

Estamos, por ello, ante una grave violación de los derechos humanos asociados al debido proceso, y reconocidos, principalmente, en el artículo 49 de la Constitución, así como en los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Así, esta Comisión es un Tribunal especial creado con posterioridad a los hechos que investigará, y que carece de cualquier tipo de independencia, al obrar bajo el control de un órgano de facto y político, como es la ilegítima constituyente. Además, la actuación de esa Comisión no queda limitada por la Ley, pues de hecho, ella actúa con supuestos poderes supra-constitucionales.

La Comisión es, en resumen, un Tribunal de Inquisición que conducirá procesos políticos cuyo propósito, como lo demuestran los abundantes ejemplos históricos citados, no es más que reprimir cualquier oposición a la actuación del gobierno de facto que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente.

Esto puede marcar el comienzo de una de las épocas más sombrías de la historia reciente venezolana.

La Constituyente declara un régimen político dictatorial; por José Ignacio Hernández

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Precisamente, el “Decreto Constituyente” de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de agosto, 2017
Fotografía de Roberto Gil

Fotografía de Roberto Gil

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Precisamente, el “Decreto Constituyente” de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por medio del cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes constituidos, publicado en la Gaceta Oficial del pasado 8 de agosto, formaliza en Venezuela un régimen político dictatorial, como paso a demostrar de inmediato.

1. El fundamento de las normas

Las normas repiten el discurso político con el cual se ha pretendido justificar a la constituyente, como una instancia llamada a promover la paz en Venezuela, a través del poder constituyente originario.

Para esos fines, las mismas señalan que la Asamblea Nacional Constituyente puede “decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, de cumplimiento inmediato” (artículo 3). Como consecuencia, el artículo afirma que “la Asamblea Nacional Constituyente en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público”.

El artículo quinto ratifica esta decisión: todos los organismos del Poder Público –dice la norma– “quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea”.

Asimismo, el artículo cuarto señala que la Constitución de 1999 mantendrá su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos de la constituyente.

2. Los poderes “supra-constitucionales”

Con este decreto, la ilegítima constituyente asume poderes “supra-constitucionales”, o sea, que se coloca por encima de la Constitución de 1999, al afirmar que ésta podrá ser derogada por las decisiones dictadas por la propia asamblea.

No solo la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y fraudulenta. Con esta declaratoria de poderes “supra-constitucionales” se aparta del artículo 347 de la Constitución, pues de acuerdo con esa norma, lo único que podría hacer una Asamblea Nacional Constituyente legítimamente electa es dictar una nueva Constitución. En modo alguno esa norma faculta a la Constituyente para asumir funciones por encima de la propia Constitución, como pretenden hacer las normas comentadas.

3. La concentración de funciones y el poder absoluto

La ilegítima constituyente ha asumido el poder absoluto del Estado al concentrar todas sus funciones. Como vimos, las normas subordinan todos los Poderes Públicos a la ilegítima constituyente, quien podrá no solo regular su funcionamiento, sino acordar que tales órganos cesen actividades.

¿A qué órganos se refiere la norma? Ella aplica, en general, a todos los órganos del Poder Público. Esto abarca, por un lado, a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ciudadano. Todos estos ahora, se subordinan a la constituyente, quien podrá suprimirlos e incluso, cambiar a sus titulares.

Pero también las normas se extienden a todos los órganos de los poderes públicos de los estados (gobernaciones y consejos legislativos) y municipios (alcaldías y concejos municipales).

Con base en esta disposición, en especial, la ilegítima asamblea constituyente podrá controlar a las gobernaciones de los estados, pudiendo incluso acordar su cese de actividades. Con ello, se pone en evidencia que las elecciones regionales, anunciadas para octubre de 2017, dependerán en última instancia de lo que decida la ilegítima constituyente, quien podrá no sólo controlar a los nuevos gobernadores electos (en el supuesto que se mantenga la elección) sino que además, podrá ordenar el cese de funciones de los nuevos Gobernadores.

4. La dictadura de la Asamblea Nacional Constituyente

Lo anterior permite demostrar que, en estas normas, la ilegítima constituyente asumió la dictadura como forma de gobierno en Venezuela.

En efecto, partiendo de su carácter ilegítimo y fraudulento (en especial, luego de las evidencias que demuestran cómo el CNE simuló resultados electorales), esta Asamblea Nacional Constituyente ha acumulado todas las funciones del Estado, colocándose por encima de la Constitución a través de un poder ilimitado y absoluto. Algo que pudo hacer, en buena medida, debido a la represión que precedió a su fraudulenta “elección”.

Todo lo hecho, además, excediéndose del artículo 347 Constitucional. De haber sido convocada y electa de manera legítima, la constituyente solo hubiese podido aprobar una nueva Constitución. En modo alguno la Constitución puede atribuir, a la Constituyente, el poder de destruir la propia Constitución.

Por lo tanto, la ilegítima constituyente ejerce un gobierno de facto, cuyas decisiones deben reputarse como inexistentes, lo que implica que sus actos no entrañan deber de obediencia. Por el contrario, todo ciudadano, y en especial los funcionarios, deben desconocer a la constituyente, desobedeciendo sus decisiones y colaborando con el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1999, que ha terminado de derogar por la fuerza de los hechos.

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La Sala Constitucional contra los alcaldes: una grave violación de DDHH; por José I. Hernández

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido uno de los grandes artífices del golpe de Estado permanente ejecutado en Venezuela, luego de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Así, y entre otras decisiones, la Sala Constitucional impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias, acudiendo principalmente a la

Por José Ignacio Hernández G. | 8 de agosto, 2017
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De izquierda a derecha: David Smolansky, Ramón Muchacho, Gustavo Marcano y Alfredo Ramos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido uno de los grandes artífices del golpe de Estado permanente ejecutado en Venezuela, luego de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Así, y entre otras decisiones, la Sala Constitucional impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias, acudiendo principalmente a la falsa tesis del desacato. Igualmente, justificó la arbitraria extensión indefinida del Estado de excepción. También justificó la ilegítima y fraudulenta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La destitución y encarcelamiento de alcaldes es el más reciente capítulo de ese golpe de Estado permanente. Al día de hoy, cuatro alcaldes de oposición han sido destituidos por la Sala, que además ha dictado en su contra penas privativas de libertad, luego de que iniciara una serie de procesos orientados a determinar el supuesto incumplimiento de las funciones de los alcaldes en el marco de las protestas iniciadas en marzo pasado.

Con su proceder, la Sala Constitucional ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos que conviene enumerar, para que estos antecedentes queden en el registro histórico de los abusos que han desmantelado el Estado democrático y de Derecho en Venezuela.

1. Violación al juez natural

El derecho al juez natural, reconocido en el artículo 49.4 de la Constitución, así como en los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada por tribunales competentes e independientes.

En los procesos en contra de los Alcaldes, por el contrario, la Sala Constitucional ha actuado sin competencia y con un claro sesgo político.

En efecto, luego de iniciar procesos por las demandas supuestamente presentadas por vecinos afectados por protestas en diversos municipios, la Sala dictó órdenes de amparo constitucional en contra de los alcaldes tan ambiguas, que solo ésta puede declarar cuándo dichas órdenes han sido cumplidas o no. Precisamente, lo que ha hecho la Sala hasta ahora —como hiciera en 2014— es declarar el incumplimiento de esas órdenes (invocando, otra vez, supuestos “desacatos”) y, en consecuencia, ha ordenado penas privativas de libertad, invocando la Ley Orgánica de Amparo.

Ciertamente, la Ley Orgánica de Amparo contempla el delito de desacato por incumplimiento a los mandamientos de amparo. Sin embargo, como la propia Sala lo había declarado antes del 2014, ese delito sólo puede ser declarado previa acusación del Ministerio Público, por los Tribunales Penales.

La Sala Constitucional, sin embargo, usurpó funciones del Ministerio Público al asumir el rol de acusador, y usurpó también funciones de los Tribunales Penales al dictar penas privativas de libertad y, consecuentemente, la inhabilitación y la destitución de los alcaldes.

Con su proceder, la Sala Constitucional violó el derecho al juez natural, pues actuó fuera de su competencia, usurpando funciones del Ministerio Público.

Lo hizo, además, en juicios de evidente contenido político. No es casualidad que estas decisiones sean adoptadas únicamente en contra de alcaldes de oposición. Tampoco que uno de los abogados que demandó al alcalde del Municipio Sucre sea el mismo abogado que demandó ante la Sala Constitucional la nulidad de la reciente designación de magistrados por la Asamblea.

De esa manera, la utilización de procesos judiciales con fines de persecución política es, sin duda, una de las mayores violaciones al derecho del juez natural.

2. La violación del derecho al debido proceso

Como resultado de lo anterior, la Sala Constitucional ha violado el derecho al debido proceso de los alcaldes, reconocido en los numerales 1 y 3 del artículo 49 constitucional, así como en los artículos 10 y 8, respectivamente, de la Declaración Universal y la Convención Interamericana.

Formalmente, la Sala Constitucional realiza audiencias públicas permitiendo a los alcaldes o a sus abogados exponer sus alegatos. Pero todo ello no es más que una simulación, pues en el fondo, no estamos ante procesos judiciales sino ante procesos políticos revestidos de una formalidad para asignarle apariencia de justicia.

Nuevamente, el uso de procesos judiciales con fines políticos es una de las mayores violaciones al derecho al debido proceso.

3. La violación de la libertad personal: detenciones arbitrarias

Las medidas privativas de libertad, acordadas por la Sala, violan el derecho a la libertad personal, reconocido en los artículos 46 constitucional así como en los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal, y 5 y 7 de la Convención.

En efecto, esas medidas son resultado de la usurpación de funciones del Ministerio Público y de los Tribunales Penales, en el marco procesos cuya verdadera naturaleza es política. Por esto, la detención efectiva de los alcaldes —como sucedió con el alcalde Ramos— encuadra en el concepto de detención arbitraria.

En algunos casos, como sucedió con el alcalde Muchacho, la Sala Constitucional ha solicitado la colaboración de la Interpol. Sin embargo, según el artículo 3 del Estatuto de ese organismo, éste no puede actuar en casos de persecuciones políticas, que es evidentemente el caso de los alcaldes.

4. La violación de los derechos electorales

En adición a todo lo anterior, la Sala Constitucional ha aprovechado estos procesos de naturaleza política para acordar la destitución de los alcaldes, al declarar su falta absoluta de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Con lo cual, removió a funcionarios de elección popular, lo cual viola el derecho al sufragio en Venezuela (artículo 63 constitucional) así como los derechos de participación política reconocidos en la Declaración Universal (artículo 21) y en la Convención (artículo 23).

5. ¿Y ahora qué?

Las recientes decisiones en contra de los alcaldes, junto con las próximas audiencias que se convoquen, como es el caso del alcalde Smolansky de El Hatillo, no son consecuencia, como hemos visto, de procesos judiciales imparciales. Tras la apariencia judicial, lo que subyace aquí son procesos de naturaleza política, que avanzan en la persecución política de toda disidencia, precisamente en un momento en el cual la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente ha iniciado funciones.

¿Cómo se comportará ahora la Sala Constitucional? Si bajo la apariencia formal del Estado de Derecho esa Sala actuó en clara violación a la Constitución y a los derechos humanos, solo cabe esperar que, en ausencia de esa apariencia formal, las violaciones a los derechos humanos se incrementen.

Algo, que en todo caso, cambió. Antes del 4 de agosto la Sala Constitucional era el órgano soberano del país, pues tenía siempre la “última palabra”. Ahora ese lugar corresponde a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, a la cual la Sala Constitucional queda subordinada.

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Sobre el intento de remover a la Fiscal General de la República; por José Ignacio Hernández

Los primeros dos días de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente permitieron demostrar que el verdadero propósito tras ese órgano era imponer una dictadura en Venezuela, a través de un poder supremo que concentrase todas las funciones del Estado. Tal era el escenario más probable, como expliqué aquí en Prodavinci. Aun cuando la noticia

Por José Ignacio Hernández G. | 6 de agosto, 2017
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Créditos fotográficos: Marco Bello y Ueslei Marcelino para Reuters

Los primeros dos días de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente permitieron demostrar que el verdadero propósito tras ese órgano era imponer una dictadura en Venezuela, a través de un poder supremo que concentrase todas las funciones del Estado.

Tal era el escenario más probable, como expliqué aquí en Prodavinci. Aun cuando la noticia ha sido la intención de remover a Luisa Ortega Díaz pretendiendo designar en su lugar a quien ejercía de Defensor, estos dos días permiten extraer muchas otras conclusiones.

1. Una Constituyente originaria: el poder absoluto e ilimitado 

Luego de su instalación, la fraudulenta Constituyente decidió aplicar, temporalmente, las reglas de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Como explicó Carlos García Soto aquí en Prodavinci, en la práctica, esto lo que significa es que la ilegítima constituyente asumió su carácter “originario”, reconociendo así que actuará como un poder absoluto e ilimitado.

Una de las falsas conclusiones que hemos venido arrastrando desde 1999, es que la Asamblea Nacional Constituyente es expresión del poder constituyente originario y que, por lo tanto, está por encima de la propia Constitución. Esto es un error, pues como aclara el artículo 347 de la Constitución, el único que puede ejercer tal poder originario es el pueblo de Venezuela al convocar a una Asamblea Constituyente y elegir a sus integrantes. De acuerdo con la Constitución, toda Asamblea Nacional Constituyente legítimamente convocada solo actuará en representación del poder originario.

Esta fraudulenta constituyente, por ello, no puede ejercer el poder originario, ni siquiera, de haber sido resultado de un proceso de consulta popular. Esto último hace que el carácter originario de la ilegítima constituyente sea todavía más grave: la asamblea que hoy se presenta no fue siquiera convocada por una consulta popular. Y su elección, ilegítima de origen, fue resultado de un fraude fabricado por el CNE.

Por ello, desde el 4 de agosto, actúa como un poder originario, esto es, como un poder absoluto e ilimitado. Es ilimitado, pues la constituyente no reconocerá ningún tipo de control, siquiera en la Constitución de 1999. Es absoluto, pues la constituyente pretenderá asumir todas las funciones del Estado.

Basta tomar cualquier manual universitario de formas de gobierno para concluir que todo poder absoluto e ilimitado, que además no deriva de la soberanía popular, tiene un nombre bastante sencillo: dictadura.

2. Un órgano de gobierno dictatorial

Quedó en evidencia que esta ilegítima constituyente no se limitará a dictar una Constitución. Por el contrario, actuará como un verdadero órgano de gobierno, al señalarse que podrá deliberar, incluso, por dos años.

Con lo cual, de facto, quien gobierna a Venezuela desde el 4 de agosto es la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Cuando digo que gobierna de facto, quiero resaltar que el gobierno de esa constituyente no es legítimo, pues es consecuencia de la usurpación de la soberanía popular.

3. El intento de remover a la Fiscal

La primera jugada de este poder de facto, absoluto e ilimitado, era bastante predecible: remover a la Fiscal General de la República y designar en tal cargo,de manera transitoria, a quien ejerce de Defender del Pueblo. Para ello, quiso valerse de una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que habría separado a Luisa Ortega Díaz del cargo.

De haber sido electa conforme a la Constitución, la asamblea nacional constituyente no podría haber tomado esa decisión, pues su única función –así definida en el artículo 347 constitucional– es dictar una nueva Constitución. No puede, por ello, ejercer funciones de los otros órganos del Poder Público, como es la función de la Asamblea Nacional de designar y remover a la Fiscal conforme a la Constitución de 1999.

Al haber sido constituida de manera ilegítima y fraudulenta, menos podría esta asamblea usurpar funciones de la Asamblea a fin de remover a la Fiscal y designar a su sustituto. Con lo cual, tanto la decisión de remoción de la Fiscal como la designación transitoria de quien ejercería tal cargo, son actos nulos e inexistentes, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución.

Por más que la constituyente diga lo contrario, Luisa Ortega Díaz sigue siendo la Fiscal General de la República. Y quien hoy ocupa ese cargo no es más que un funcionario que de hecho usurpa funciones.

4. Lo que viene: ¿dictadura de corte totalitaria?

Con estos antecedentes, lo que viene se corresponde con el escenario más predecible: la constituyente va ejercer, por la fuerza de los hechos, su poder absoluto e ilimitado para gobernar el país, intentando controlar al resto de poderes y a la sociedad civil.

Así, anunció que no solo administrará el Salón Elíptico, pues controlará todo el Palacio Federal Legislativo. Algunos han intentado justificar el uso del Salón Elíptico señalando que este “pertenece” al Ejecutivo. Jurídicamente, esa conclusión es bastante cuestionable, pues ignora que la autonomía de la Asamblea Nacional se extiende, naturalmente, a la custodia exclusiva de su sede, el Palacio Federal Legislativo. Pero además, quien está ocupando ese Salón no es el Ejecutivo, sino un órgano ilegítimo y fraudulento.

Luego de ocupar el Salón Elíptico, y con la voracidad de quien ejerce el poder absoluto, ahora la constituyente querrá controlar todo el Palacio Federal Legislativo. Esta amenaza no solo implicaría dejar a la Asamblea Nacional sin sede. Puede ser, incluso, el antecedente del intento por disolver a la Asamblea.

No solo el poder absoluto e ilimitado será ejercido para controlar a la Asamblea. La constituyente, además, podrá intentar controlar a la sociedad civil, en especial, a los medios de comunicación, empresas privadas, universidades privadas y colegios privados. Para esta constituyente, ya nada es privado.

Con lo cual, no solo la ilegítima y fraudulenta constituyente, como poder de facto, ejercerá un poder absoluto e ilimitado. Es que además, ejercerá un poder total, pretendiendo absorber a la sociedad civil. En los manuales universitarios, esto también tiene nombre: totalitarismo.

Sobre las elecciones regionales; por José Ignacio Hernández

De manera simultánea a los anuncios de la elección de la fraudulenta Constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó también la fecha de las elecciones regionales. De acuerdo con el CNE, las elecciones se realizarán el 10 de diciembre mientras que las postulaciones de candidatos se realizarán entre el 8 y el 12 de agosto. En

Por José Ignacio Hernández G. | 3 de agosto, 2017
Fotografía de Will Riera.

Fotografía de Will Riera.

De manera simultánea a los anuncios de la elección de la fraudulenta Constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó también la fecha de las elecciones regionales. De acuerdo con el CNE, las elecciones se realizarán el 10 de diciembre mientras que las postulaciones de candidatos se realizarán entre el 8 y el 12 de agosto. En la noche del 31 de julio, Maduro “retó” a la oposición a “medirse” en esas elecciones.

Al día de hoy, la página del CNE no refleja ni la convocatoria ni el cronograma de esas elecciones, aún cuando sí han comenzado a publicarse algunas decisiones relacionadas con las mismas. Todo ello plantea una suerte de dilema: ¿debe la oposición participar en esas elecciones?

Más que responder a esta pregunta –que atiende más a consideraciones políticas– queremos presentar los pros y contras que, desde el punto de vista constitucional, implicaría la decisión de participar o no en esas elecciones.  

1. ¿Elecciones sin garantías?

Las elecciones realizadas por el CNE el pasado 30 de julio, junto al anuncio de resultados poco creíbles, terminó de minar la poca credibilidad del CNE. No solo la mayoría de los rectores de ese Consejo convalidaron el fraude de la Constituyente, sino que además, condujeron dicha “elección” violando garantías básicas de todo el proceso electoral. La parcialidad política de esos rectores quedó al descubierto. A ello debe agregársele las declaraciones de la empresa Smartmatic, que demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral.

Debe considerarse también que la mayoría de los partidos se encuentran “ilegalizados” por una fraudulenta decisión de la Sala Constitucional, mientras que una parte importante de los líderes de la oposición se encuentran inhabilitados, arbitrariamente detenidos o exiliados por abusivas decisiones de la Contraloría. Asimismo, es importante recordar que la Asamblea Nacional ha cuestionado la legitimidad de origen de los rectores del CNE. Finalmente, debemos recordar que el actual Tribunal Supremo de Justicia, como ya ha hecho, puede desconocer cualquier resultado electoral, e incluso, fabricar excusas para remover a funcionarios de elección popular.

En estas condiciones institucionales, no parece posible acudir a un proceso electoral regional con garantías mínimas. Vale decir, no es factible que en Venezuela se realicen “elecciones libres y transparentes”, de acuerdo con la tercera pregunta de la consulta del 16 de julio. Para cumplir esas condiciones, haría falta una reforma integral del sistema electoral venezolano, que va más allá de la designación de rectores del CNE.

Sin embargo, diferir toda participación en elecciones a esa reforma electoral integral podría en la práctica llevar a la oposición a no participar en elecciones por una buena temporada, dado que es imposible implementar reformas inmediatas que garanticen elecciones libres y transparentes. Estas condiciones son, más bien, un punto de llegada, luego de un complejo proceso de reformas institucionales.

En conclusión: en Venezuela no existen garantías electorales mínimas que aseguren elecciones regionales libres y transparentes. Pero esa es una condición permanente de nuestro sistema electoral, que más que impedir definitivamente toda participación en elecciones, debe ser tomada en cuenta para planificar, cuidadamente, la ruta de acción sobre qué hacer para proteger, en lo posible, los resultados electorales de las regionales.

2. ¿Son relevantes las elecciones regionales?

De acuerdo con la Constitución, las elecciones regionales constituyen un evento comicial muy relevante, pues se orientan a fortalecer la descentralización, que es una eficaz técnica de democratizar el poder y controlar al Gobierno Nacional.

Pero la Constitución perdió vigencia debido al golpe de Estado permanente promovido desde el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio CNE. Golpe de estado que pretende consolidarse a través de la fraudulenta Constituyente.

Además, téngase en cuenta que desde el 2010, diversas Leyes han reducido la autonomía de las autoridades regionales. Y el poco margen de autonomía que subsiste, con toda seguridad, será eliminado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, pues ésta pretende imponer el modelo del Estado Comunal, en el cual no hay descentralización sino centralización a favor de las llamadas comunas socialistas controladas por quien ejerza el Gobierno.

En este escenario, la relevancia de las elecciones regionales es mucho menor. El objetivo hoy no es fortalecer la descentralización, sino rescatar la vigencia de la Constitución, lo que pasa –entre muchas condiciones– por deponer a la ilegítima Constituyente, como lo ordena el artículo 333 constitucional y como lo reiteró la Asamblea Nacional en el Acuerdo aprobado el 1° de agosto.

Pero una cosa es afirmar que las elecciones regionales hoy no son tan relevantes como el pasado, y otra cosa es creer que son completamente irrelevantes. Ninguna elección es irrelevante, incluso, cuando el marco institucional le resta efectividad.

Esto obliga a cambiar la perspectiva de estas elecciones. Si la oposición decide postular candidatos, no puede hacerlo solamente con base en programas sobre todas las políticas públicas que las autoridades regionales electas implementarán para fortalecer la descentralización. Pues lo más probable es que, si hay elecciones, esas autoridades tengan, a lo sumo, un margen real de competencias muy reducido.

Por el contrario, la participación en las elecciones regionales debería valorarse como un simple instrumento dentro del proceso, más complejo, de restablecer la vigencia de la Constitución. Desde la interpretación del artículo 333 constitucional, no habría aquí contradicción alguna, pues es posible definir una línea de acción basada en el derecho a la rebelión civil que incluya, como medio, la participación en elecciones, así sean fraudulentas.

3. ¿Puede invocarse la desobediencia civil
postulando al mismo tiempo candidatos en elecciones injustas?

La Asamblea Nacional, en reiterados acuerdos, ha invocado el derecho a la desobediencia civil, previsto en los artículos 333 y 350 de la Constitución. De acuerdo con la Asamblea, esto implica desconocer autoridades y procesos inconstitucionales. Ese desconocimiento, incluso, ha alcanzado a los propios rectores del CNE.

Esta desobediencia podría ser contradictoria con la postulación de candidatos en las elecciones regionales, pues esa postulación implicaría no solo reconocer al CNE sino además declarar el compromiso de obedecer las reglas electorales impuestas por el CNE. ¿No es contradictorio desobedecer obedeciendo?

Todo depende de cómo sean valoradas las elecciones regionales. Valorar esas elecciones simplemente como un evento comicial que fortalecer la descentralización constitucionalmente garantizada, implicaría de un claro error, pues en Venezuela no existen garantías constitucionales.

Pero de nuevo, si las elecciones regionales se valoran como un paso más en el complejo proceso de restablecimiento de la vigencia de la Constitución, entonces, la postulación de candidatos podría ser una decisión racional. 

4. ¿Pero en realidad existe un dilema?

Quienes me hayan seguido hasta acá, habrán comprobado que existen argumentos constitucionales racionales a favor y en contra de postular candidatos en las elecciones regionales. Quizás un elemento adicional permita inclinar la balanza hacia alguna de esas dos decisiones.

Creo que en realidad el dilema de participar o no en esas elecciones no existe. En realidad, que las elecciones regionales se realicen el 10 de diciembre no depende de la oposición, ni del CNE y ni siquiera de quienes hoy ocupan el Gobierno: dependerá de la asamblea nacional Constituyente, como reconoció una de las rectoras de ese Consejo.

Con su fraudulento carácter originario (que no es más que una vana excusa por justificar la dictadura de corte totalitario que quiere imponer en Venezuela), la Constituyente podrá decidir que toda elección debe ser “diferida”, en espera de las deliberaciones constituyentes. Incluso, no hay que descartar que la constituyente intente, en el camino, designar a autoridades regionales o formalizar la creación de estructuras paralelas que terminen por minar las competencias de esas autoridades.

¿De qué depende esa decisión de la Constituyente? Básicamente, de lo que haga la oposición. Y este es otro fraude cometido por el CNE.

Al fijar el lapso de inscripción de las regionales en la semana siguiente a la instalación de la Constituyente, con cuatro meses de antelación a las elecciones, el CNE otorgó a la Asamblea Constituyente suficiente tiempo para decidir qué hacer con las elecciones regionales. Si la oposición inscribe candidatos, entonces, con toda seguridad la Constituyente suspenderá esa elección, en cualquier momento de aquí a diciembre. Pero si la oposición decide no participar, entonces tolerará esas elecciones, con la seguridad de que sus candidatos ocuparán la mayoría de las plazas en disputa.

Esto, me parece, disminuye los costos de la decisión de participar en las elecciones. Valorando esa participación simplemente como un paso más dentro del proceso de restablecimiento de la Constitución, la oposición lograría evidenciar, todavía más, el fraudulento carácter de la Asamblea Constituyente, al forzarla a diferir las elecciones regionales ante la decisión de postular candidatos. Y aquí, el lapso fraudulentamente definido por el CNE puede jugar a favor de la oposición: postular candidatos durante la segunda semana de agosto daría tiempo suficiente a la Constituyente para diferir esas elecciones. En cualquier caso, la oposición siempre tendría oportunidad de retirar los candidatos postulados.

5. Sin perder el norte

Ya el lector tiene argumentos constitucionales racionales para decidir si en su opinión, la oposición debe participar o no en las elecciones regionales. Pero todavía falta un último elemento a considerar.

Durante la guerra de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, diversos acontecimientos sucedieron simultáneamente, haciendo muy complejo el proceso de toma de decisiones. En medio de aquella incertidumbre, John Adams insistía en una idea básica: nunca hay que perder de vista el objetivo deseado, cual es materializar la independencia y consolidar el Gobierno republicano. Toda decisión debe orientarse siempre a ese objetivo principal.

Venezuela se encuentra inmersa en un clima institucional anárquico, y que en los próximos días, con el avance de la fraudulenta Constituyente, se volverá más anárquico, impredecible y represivo. Tomar cualquier decisión en este movedizo contexto puede ser una tarea compleja.

De allí la importancia de no perder el norte. El problema de fondo a resolver no es si se participa o no en las elecciones regionales. El objetivo primario hoy día es definir y ejecutar las acciones orientadas a deponer a la fraudulenta Constituyente y a restablecer la vigencia de la Constitución. Frente a eso, todo lo demás es secundario.

Esto nos permite responder, a medias, la pregunta inicial: ¿debe la oposición participar en esas elecciones? La oposición debería participar en esas elecciones postulando candidatos, o por el contrario, debería abstenerse de participar, solo si esa decisión es parte de una estrategia más amplia orientada a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución en los términos definidos en la consulta popular del 16 de julio, y de acuerdo con el artículo 333 constitucional. Una decisión que, finalmente, debería ser tomada en unidad por la oposición, pues, parafraseando a Lincoln: una oposición divida consigo misma no puede subsistir.