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La Comisión para la Verdad: un tribunal de inquisición; por José Ignacio Hernández

I La creación de la “Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, por la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, reproduce primitivos mecanismos de violación de derechos humanos mediante la creación de órganos de facto que, con poderes inquisitivos, simulan procesos judiciales que son, en realidad, procesos políticos. Es el

Por José Ignacio Hernández G. | 17 de agosto, 2017
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Fotografía de Marco Bello para Reuters

I

La creación de la “Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública”, por la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, reproduce primitivos mecanismos de violación de derechos humanos mediante la creación de órganos de facto que, con poderes inquisitivos, simulan procesos judiciales que son, en realidad, procesos políticos.

Es el caso, por ejemplo, del Tribunal del Pueblo, creado en la Alemania nazi para juzgar delitos políticos. Otro ejemplo son los tribunales populares creados en Cuba, en 1959. Mucho antes, en el terror de la revolución francesa, se creó al Comité de Salvación, como instancia de facto que promovió juicios políticos.

En pleno siglo XXI, mientras la civilización se enrumba hacia la era de los derechos humanos, la ilegítima Constituyente hace retroceder a Venezuela a esas épocas primitivas y obscuras, al crear, bajo un nombre confuso, lo que es en realidad un Tribunal de Inquisición.

II

Debo advertir, preliminarmente, que el acto de creación de esta Comisión es consecuencia de la usurpación de la soberanía popular. Así, la ilegítima Constituyente creó a tal Comisión mediante una “Ley constitucional”. La propia denominación dada a tal acto evidencia un claro abuso pues, en primer lugar, la constituyente no puede dictar leyes: solo la Asamblea Nacional puede hacerlo. Además, no existe tal cosa como una “Ley constitucional”: toda ley se subordina a la Constitución. Con esto, lo que la ilegítima Constituyente quiere hacer ver es que ella puede dictar actos con rango constitucional, lo que solo es posible bajo el régimen dictatorial de facto que tal asamblea ha impuesto.

III

Más allá del engañoso nombre, esta Comisión tiene competencias activas para determinar las responsabilidades “a que haya lugar” (numeral 3, artículo 3 y numeral 8 del artículo 11). Esto se extiende a la competencia para “determinar y declarar la responsabilidad moral y política de las personas e instituciones responsables de los hechos objeto de su ámbito de competencia”(numeral 9, artículo 11). En función a ello, el artículo 11 asigna a la Comisión amplias competencias inquisitivas para investigar hechos, mediante visitas, inspecciones y audiencias públicas, entre otros elementos ampliados en los artículos 12 y 13.

Estas funciones, de acuerdo con el artículo 4, se ejercerán respecto de “los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República, durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2017”.

Como puede observarse, estas normas solo reconocen imprecisas competencias judiciales a esta Comisión. Son muchas las preguntas que se derivan de este texto: ¿qué tipo de sanciones puede acordar la Comisión? ¿Cuáles delitos o faltas concretas podrán ser investigadas? ¿Pueden imponerse penas privativas de libertad?

La respuesta a esas preguntas es una sola: la Comisión, como la propia constituyente, podrá hacer lo que quiera, en el sentido que su poder es ilimitado y absoluto, pues es un poder de facto, no un poder de Derecho.

En cualquier caso, sí queda claro que, pese a su nombre, esta no es una Comisión orientada a investigar la verdad histórica como elemento de reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, como sucede con las legítimas “Comisiones de la Verdad”.

En realidad, esta Comisión pretende cumplir, según esta “Ley constitucional”, con un rol diametralmente opuesto: actuar como Tribunal de Inquisición para determinar, a su libre arbitrio, las responsabilidades por delitos de naturaleza política, conduciendo para ello “audiencias públicas”.

IV

Estamos, por ello, ante una grave violación de los derechos humanos asociados al debido proceso, y reconocidos, principalmente, en el artículo 49 de la Constitución, así como en los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Así, esta Comisión es un Tribunal especial creado con posterioridad a los hechos que investigará, y que carece de cualquier tipo de independencia, al obrar bajo el control de un órgano de facto y político, como es la ilegítima constituyente. Además, la actuación de esa Comisión no queda limitada por la Ley, pues de hecho, ella actúa con supuestos poderes supra-constitucionales.

La Comisión es, en resumen, un Tribunal de Inquisición que conducirá procesos políticos cuyo propósito, como lo demuestran los abundantes ejemplos históricos citados, no es más que reprimir cualquier oposición a la actuación del gobierno de facto que ejerce la Asamblea Nacional Constituyente.

Esto puede marcar el comienzo de una de las épocas más sombrías de la historia reciente venezolana.

La Constituyente declara un régimen político dictatorial; por José Ignacio Hernández

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Precisamente, el “Decreto Constituyente” de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de agosto, 2017
Fotografía de Roberto Gil

Fotografía de Roberto Gil

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Precisamente, el “Decreto Constituyente” de la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, por medio del cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes constituidos, publicado en la Gaceta Oficial del pasado 8 de agosto, formaliza en Venezuela un régimen político dictatorial, como paso a demostrar de inmediato.

1. El fundamento de las normas

Las normas repiten el discurso político con el cual se ha pretendido justificar a la constituyente, como una instancia llamada a promover la paz en Venezuela, a través del poder constituyente originario.

Para esos fines, las mismas señalan que la Asamblea Nacional Constituyente puede “decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público, de cumplimiento inmediato” (artículo 3). Como consecuencia, el artículo afirma que “la Asamblea Nacional Constituyente en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público”.

El artículo quinto ratifica esta decisión: todos los organismos del Poder Público –dice la norma– “quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen dicha Asamblea”.

Asimismo, el artículo cuarto señala que la Constitución de 1999 mantendrá su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos de la constituyente.

2. Los poderes “supra-constitucionales”

Con este decreto, la ilegítima constituyente asume poderes “supra-constitucionales”, o sea, que se coloca por encima de la Constitución de 1999, al afirmar que ésta podrá ser derogada por las decisiones dictadas por la propia asamblea.

No solo la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y fraudulenta. Con esta declaratoria de poderes “supra-constitucionales” se aparta del artículo 347 de la Constitución, pues de acuerdo con esa norma, lo único que podría hacer una Asamblea Nacional Constituyente legítimamente electa es dictar una nueva Constitución. En modo alguno esa norma faculta a la Constituyente para asumir funciones por encima de la propia Constitución, como pretenden hacer las normas comentadas.

3. La concentración de funciones y el poder absoluto

La ilegítima constituyente ha asumido el poder absoluto del Estado al concentrar todas sus funciones. Como vimos, las normas subordinan todos los Poderes Públicos a la ilegítima constituyente, quien podrá no solo regular su funcionamiento, sino acordar que tales órganos cesen actividades.

¿A qué órganos se refiere la norma? Ella aplica, en general, a todos los órganos del Poder Público. Esto abarca, por un lado, a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ciudadano. Todos estos ahora, se subordinan a la constituyente, quien podrá suprimirlos e incluso, cambiar a sus titulares.

Pero también las normas se extienden a todos los órganos de los poderes públicos de los estados (gobernaciones y consejos legislativos) y municipios (alcaldías y concejos municipales).

Con base en esta disposición, en especial, la ilegítima asamblea constituyente podrá controlar a las gobernaciones de los estados, pudiendo incluso acordar su cese de actividades. Con ello, se pone en evidencia que las elecciones regionales, anunciadas para octubre de 2017, dependerán en última instancia de lo que decida la ilegítima constituyente, quien podrá no sólo controlar a los nuevos gobernadores electos (en el supuesto que se mantenga la elección) sino que además, podrá ordenar el cese de funciones de los nuevos Gobernadores.

4. La dictadura de la Asamblea Nacional Constituyente

Lo anterior permite demostrar que, en estas normas, la ilegítima constituyente asumió la dictadura como forma de gobierno en Venezuela.

En efecto, partiendo de su carácter ilegítimo y fraudulento (en especial, luego de las evidencias que demuestran cómo el CNE simuló resultados electorales), esta Asamblea Nacional Constituyente ha acumulado todas las funciones del Estado, colocándose por encima de la Constitución a través de un poder ilimitado y absoluto. Algo que pudo hacer, en buena medida, debido a la represión que precedió a su fraudulenta “elección”.

Todo lo hecho, además, excediéndose del artículo 347 Constitucional. De haber sido convocada y electa de manera legítima, la constituyente solo hubiese podido aprobar una nueva Constitución. En modo alguno la Constitución puede atribuir, a la Constituyente, el poder de destruir la propia Constitución.

Por lo tanto, la ilegítima constituyente ejerce un gobierno de facto, cuyas decisiones deben reputarse como inexistentes, lo que implica que sus actos no entrañan deber de obediencia. Por el contrario, todo ciudadano, y en especial los funcionarios, deben desconocer a la constituyente, desobedeciendo sus decisiones y colaborando con el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1999, que ha terminado de derogar por la fuerza de los hechos.

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La Sala Constitucional contra los alcaldes: una grave violación de DDHH; por José I. Hernández

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido uno de los grandes artífices del golpe de Estado permanente ejecutado en Venezuela, luego de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Así, y entre otras decisiones, la Sala Constitucional impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias, acudiendo principalmente a la

Por José Ignacio Hernández G. | 8 de agosto, 2017
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De izquierda a derecha: David Smolansky, Ramón Muchacho, Gustavo Marcano y Alfredo Ramos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido uno de los grandes artífices del golpe de Estado permanente ejecutado en Venezuela, luego de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Así, y entre otras decisiones, la Sala Constitucional impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus competencias, acudiendo principalmente a la falsa tesis del desacato. Igualmente, justificó la arbitraria extensión indefinida del Estado de excepción. También justificó la ilegítima y fraudulenta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

La destitución y encarcelamiento de alcaldes es el más reciente capítulo de ese golpe de Estado permanente. Al día de hoy, cuatro alcaldes de oposición han sido destituidos por la Sala, que además ha dictado en su contra penas privativas de libertad, luego de que iniciara una serie de procesos orientados a determinar el supuesto incumplimiento de las funciones de los alcaldes en el marco de las protestas iniciadas en marzo pasado.

Con su proceder, la Sala Constitucional ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos que conviene enumerar, para que estos antecedentes queden en el registro histórico de los abusos que han desmantelado el Estado democrático y de Derecho en Venezuela.

1. Violación al juez natural

El derecho al juez natural, reconocido en el artículo 49.4 de la Constitución, así como en los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada por tribunales competentes e independientes.

En los procesos en contra de los Alcaldes, por el contrario, la Sala Constitucional ha actuado sin competencia y con un claro sesgo político.

En efecto, luego de iniciar procesos por las demandas supuestamente presentadas por vecinos afectados por protestas en diversos municipios, la Sala dictó órdenes de amparo constitucional en contra de los alcaldes tan ambiguas, que solo ésta puede declarar cuándo dichas órdenes han sido cumplidas o no. Precisamente, lo que ha hecho la Sala hasta ahora —como hiciera en 2014— es declarar el incumplimiento de esas órdenes (invocando, otra vez, supuestos “desacatos”) y, en consecuencia, ha ordenado penas privativas de libertad, invocando la Ley Orgánica de Amparo.

Ciertamente, la Ley Orgánica de Amparo contempla el delito de desacato por incumplimiento a los mandamientos de amparo. Sin embargo, como la propia Sala lo había declarado antes del 2014, ese delito sólo puede ser declarado previa acusación del Ministerio Público, por los Tribunales Penales.

La Sala Constitucional, sin embargo, usurpó funciones del Ministerio Público al asumir el rol de acusador, y usurpó también funciones de los Tribunales Penales al dictar penas privativas de libertad y, consecuentemente, la inhabilitación y la destitución de los alcaldes.

Con su proceder, la Sala Constitucional violó el derecho al juez natural, pues actuó fuera de su competencia, usurpando funciones del Ministerio Público.

Lo hizo, además, en juicios de evidente contenido político. No es casualidad que estas decisiones sean adoptadas únicamente en contra de alcaldes de oposición. Tampoco que uno de los abogados que demandó al alcalde del Municipio Sucre sea el mismo abogado que demandó ante la Sala Constitucional la nulidad de la reciente designación de magistrados por la Asamblea.

De esa manera, la utilización de procesos judiciales con fines de persecución política es, sin duda, una de las mayores violaciones al derecho del juez natural.

2. La violación del derecho al debido proceso

Como resultado de lo anterior, la Sala Constitucional ha violado el derecho al debido proceso de los alcaldes, reconocido en los numerales 1 y 3 del artículo 49 constitucional, así como en los artículos 10 y 8, respectivamente, de la Declaración Universal y la Convención Interamericana.

Formalmente, la Sala Constitucional realiza audiencias públicas permitiendo a los alcaldes o a sus abogados exponer sus alegatos. Pero todo ello no es más que una simulación, pues en el fondo, no estamos ante procesos judiciales sino ante procesos políticos revestidos de una formalidad para asignarle apariencia de justicia.

Nuevamente, el uso de procesos judiciales con fines políticos es una de las mayores violaciones al derecho al debido proceso.

3. La violación de la libertad personal: detenciones arbitrarias

Las medidas privativas de libertad, acordadas por la Sala, violan el derecho a la libertad personal, reconocido en los artículos 46 constitucional así como en los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal, y 5 y 7 de la Convención.

En efecto, esas medidas son resultado de la usurpación de funciones del Ministerio Público y de los Tribunales Penales, en el marco procesos cuya verdadera naturaleza es política. Por esto, la detención efectiva de los alcaldes —como sucedió con el alcalde Ramos— encuadra en el concepto de detención arbitraria.

En algunos casos, como sucedió con el alcalde Muchacho, la Sala Constitucional ha solicitado la colaboración de la Interpol. Sin embargo, según el artículo 3 del Estatuto de ese organismo, éste no puede actuar en casos de persecuciones políticas, que es evidentemente el caso de los alcaldes.

4. La violación de los derechos electorales

En adición a todo lo anterior, la Sala Constitucional ha aprovechado estos procesos de naturaleza política para acordar la destitución de los alcaldes, al declarar su falta absoluta de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Con lo cual, removió a funcionarios de elección popular, lo cual viola el derecho al sufragio en Venezuela (artículo 63 constitucional) así como los derechos de participación política reconocidos en la Declaración Universal (artículo 21) y en la Convención (artículo 23).

5. ¿Y ahora qué?

Las recientes decisiones en contra de los alcaldes, junto con las próximas audiencias que se convoquen, como es el caso del alcalde Smolansky de El Hatillo, no son consecuencia, como hemos visto, de procesos judiciales imparciales. Tras la apariencia judicial, lo que subyace aquí son procesos de naturaleza política, que avanzan en la persecución política de toda disidencia, precisamente en un momento en el cual la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente ha iniciado funciones.

¿Cómo se comportará ahora la Sala Constitucional? Si bajo la apariencia formal del Estado de Derecho esa Sala actuó en clara violación a la Constitución y a los derechos humanos, solo cabe esperar que, en ausencia de esa apariencia formal, las violaciones a los derechos humanos se incrementen.

Algo, que en todo caso, cambió. Antes del 4 de agosto la Sala Constitucional era el órgano soberano del país, pues tenía siempre la “última palabra”. Ahora ese lugar corresponde a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, a la cual la Sala Constitucional queda subordinada.

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Sobre el intento de remover a la Fiscal General de la República; por José Ignacio Hernández

Los primeros dos días de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente permitieron demostrar que el verdadero propósito tras ese órgano era imponer una dictadura en Venezuela, a través de un poder supremo que concentrase todas las funciones del Estado. Tal era el escenario más probable, como expliqué aquí en Prodavinci. Aun cuando la noticia

Por José Ignacio Hernández G. | 6 de agosto, 2017
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Créditos fotográficos: Marco Bello y Ueslei Marcelino para Reuters

Los primeros dos días de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente permitieron demostrar que el verdadero propósito tras ese órgano era imponer una dictadura en Venezuela, a través de un poder supremo que concentrase todas las funciones del Estado.

Tal era el escenario más probable, como expliqué aquí en Prodavinci. Aun cuando la noticia ha sido la intención de remover a Luisa Ortega Díaz pretendiendo designar en su lugar a quien ejercía de Defensor, estos dos días permiten extraer muchas otras conclusiones.

1. Una Constituyente originaria: el poder absoluto e ilimitado 

Luego de su instalación, la fraudulenta Constituyente decidió aplicar, temporalmente, las reglas de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Como explicó Carlos García Soto aquí en Prodavinci, en la práctica, esto lo que significa es que la ilegítima constituyente asumió su carácter “originario”, reconociendo así que actuará como un poder absoluto e ilimitado.

Una de las falsas conclusiones que hemos venido arrastrando desde 1999, es que la Asamblea Nacional Constituyente es expresión del poder constituyente originario y que, por lo tanto, está por encima de la propia Constitución. Esto es un error, pues como aclara el artículo 347 de la Constitución, el único que puede ejercer tal poder originario es el pueblo de Venezuela al convocar a una Asamblea Constituyente y elegir a sus integrantes. De acuerdo con la Constitución, toda Asamblea Nacional Constituyente legítimamente convocada solo actuará en representación del poder originario.

Esta fraudulenta constituyente, por ello, no puede ejercer el poder originario, ni siquiera, de haber sido resultado de un proceso de consulta popular. Esto último hace que el carácter originario de la ilegítima constituyente sea todavía más grave: la asamblea que hoy se presenta no fue siquiera convocada por una consulta popular. Y su elección, ilegítima de origen, fue resultado de un fraude fabricado por el CNE.

Por ello, desde el 4 de agosto, actúa como un poder originario, esto es, como un poder absoluto e ilimitado. Es ilimitado, pues la constituyente no reconocerá ningún tipo de control, siquiera en la Constitución de 1999. Es absoluto, pues la constituyente pretenderá asumir todas las funciones del Estado.

Basta tomar cualquier manual universitario de formas de gobierno para concluir que todo poder absoluto e ilimitado, que además no deriva de la soberanía popular, tiene un nombre bastante sencillo: dictadura.

2. Un órgano de gobierno dictatorial

Quedó en evidencia que esta ilegítima constituyente no se limitará a dictar una Constitución. Por el contrario, actuará como un verdadero órgano de gobierno, al señalarse que podrá deliberar, incluso, por dos años.

Con lo cual, de facto, quien gobierna a Venezuela desde el 4 de agosto es la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Cuando digo que gobierna de facto, quiero resaltar que el gobierno de esa constituyente no es legítimo, pues es consecuencia de la usurpación de la soberanía popular.

3. El intento de remover a la Fiscal

La primera jugada de este poder de facto, absoluto e ilimitado, era bastante predecible: remover a la Fiscal General de la República y designar en tal cargo,de manera transitoria, a quien ejerce de Defender del Pueblo. Para ello, quiso valerse de una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que habría separado a Luisa Ortega Díaz del cargo.

De haber sido electa conforme a la Constitución, la asamblea nacional constituyente no podría haber tomado esa decisión, pues su única función –así definida en el artículo 347 constitucional– es dictar una nueva Constitución. No puede, por ello, ejercer funciones de los otros órganos del Poder Público, como es la función de la Asamblea Nacional de designar y remover a la Fiscal conforme a la Constitución de 1999.

Al haber sido constituida de manera ilegítima y fraudulenta, menos podría esta asamblea usurpar funciones de la Asamblea a fin de remover a la Fiscal y designar a su sustituto. Con lo cual, tanto la decisión de remoción de la Fiscal como la designación transitoria de quien ejercería tal cargo, son actos nulos e inexistentes, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución.

Por más que la constituyente diga lo contrario, Luisa Ortega Díaz sigue siendo la Fiscal General de la República. Y quien hoy ocupa ese cargo no es más que un funcionario que de hecho usurpa funciones.

4. Lo que viene: ¿dictadura de corte totalitaria?

Con estos antecedentes, lo que viene se corresponde con el escenario más predecible: la constituyente va ejercer, por la fuerza de los hechos, su poder absoluto e ilimitado para gobernar el país, intentando controlar al resto de poderes y a la sociedad civil.

Así, anunció que no solo administrará el Salón Elíptico, pues controlará todo el Palacio Federal Legislativo. Algunos han intentado justificar el uso del Salón Elíptico señalando que este “pertenece” al Ejecutivo. Jurídicamente, esa conclusión es bastante cuestionable, pues ignora que la autonomía de la Asamblea Nacional se extiende, naturalmente, a la custodia exclusiva de su sede, el Palacio Federal Legislativo. Pero además, quien está ocupando ese Salón no es el Ejecutivo, sino un órgano ilegítimo y fraudulento.

Luego de ocupar el Salón Elíptico, y con la voracidad de quien ejerce el poder absoluto, ahora la constituyente querrá controlar todo el Palacio Federal Legislativo. Esta amenaza no solo implicaría dejar a la Asamblea Nacional sin sede. Puede ser, incluso, el antecedente del intento por disolver a la Asamblea.

No solo el poder absoluto e ilimitado será ejercido para controlar a la Asamblea. La constituyente, además, podrá intentar controlar a la sociedad civil, en especial, a los medios de comunicación, empresas privadas, universidades privadas y colegios privados. Para esta constituyente, ya nada es privado.

Con lo cual, no solo la ilegítima y fraudulenta constituyente, como poder de facto, ejercerá un poder absoluto e ilimitado. Es que además, ejercerá un poder total, pretendiendo absorber a la sociedad civil. En los manuales universitarios, esto también tiene nombre: totalitarismo.

Sobre las elecciones regionales; por José Ignacio Hernández

De manera simultánea a los anuncios de la elección de la fraudulenta Constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó también la fecha de las elecciones regionales. De acuerdo con el CNE, las elecciones se realizarán el 10 de diciembre mientras que las postulaciones de candidatos se realizarán entre el 8 y el 12 de agosto. En

Por José Ignacio Hernández G. | 3 de agosto, 2017
Fotografía de Will Riera.

Fotografía de Will Riera.

De manera simultánea a los anuncios de la elección de la fraudulenta Constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó también la fecha de las elecciones regionales. De acuerdo con el CNE, las elecciones se realizarán el 10 de diciembre mientras que las postulaciones de candidatos se realizarán entre el 8 y el 12 de agosto. En la noche del 31 de julio, Maduro “retó” a la oposición a “medirse” en esas elecciones.

Al día de hoy, la página del CNE no refleja ni la convocatoria ni el cronograma de esas elecciones, aún cuando sí han comenzado a publicarse algunas decisiones relacionadas con las mismas. Todo ello plantea una suerte de dilema: ¿debe la oposición participar en esas elecciones?

Más que responder a esta pregunta –que atiende más a consideraciones políticas– queremos presentar los pros y contras que, desde el punto de vista constitucional, implicaría la decisión de participar o no en esas elecciones.  

1. ¿Elecciones sin garantías?

Las elecciones realizadas por el CNE el pasado 30 de julio, junto al anuncio de resultados poco creíbles, terminó de minar la poca credibilidad del CNE. No solo la mayoría de los rectores de ese Consejo convalidaron el fraude de la Constituyente, sino que además, condujeron dicha “elección” violando garantías básicas de todo el proceso electoral. La parcialidad política de esos rectores quedó al descubierto. A ello debe agregársele las declaraciones de la empresa Smartmatic, que demuestran la vulnerabilidad de nuestro sistema electoral.

Debe considerarse también que la mayoría de los partidos se encuentran “ilegalizados” por una fraudulenta decisión de la Sala Constitucional, mientras que una parte importante de los líderes de la oposición se encuentran inhabilitados, arbitrariamente detenidos o exiliados por abusivas decisiones de la Contraloría. Asimismo, es importante recordar que la Asamblea Nacional ha cuestionado la legitimidad de origen de los rectores del CNE. Finalmente, debemos recordar que el actual Tribunal Supremo de Justicia, como ya ha hecho, puede desconocer cualquier resultado electoral, e incluso, fabricar excusas para remover a funcionarios de elección popular.

En estas condiciones institucionales, no parece posible acudir a un proceso electoral regional con garantías mínimas. Vale decir, no es factible que en Venezuela se realicen “elecciones libres y transparentes”, de acuerdo con la tercera pregunta de la consulta del 16 de julio. Para cumplir esas condiciones, haría falta una reforma integral del sistema electoral venezolano, que va más allá de la designación de rectores del CNE.

Sin embargo, diferir toda participación en elecciones a esa reforma electoral integral podría en la práctica llevar a la oposición a no participar en elecciones por una buena temporada, dado que es imposible implementar reformas inmediatas que garanticen elecciones libres y transparentes. Estas condiciones son, más bien, un punto de llegada, luego de un complejo proceso de reformas institucionales.

En conclusión: en Venezuela no existen garantías electorales mínimas que aseguren elecciones regionales libres y transparentes. Pero esa es una condición permanente de nuestro sistema electoral, que más que impedir definitivamente toda participación en elecciones, debe ser tomada en cuenta para planificar, cuidadamente, la ruta de acción sobre qué hacer para proteger, en lo posible, los resultados electorales de las regionales.

2. ¿Son relevantes las elecciones regionales?

De acuerdo con la Constitución, las elecciones regionales constituyen un evento comicial muy relevante, pues se orientan a fortalecer la descentralización, que es una eficaz técnica de democratizar el poder y controlar al Gobierno Nacional.

Pero la Constitución perdió vigencia debido al golpe de Estado permanente promovido desde el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el propio CNE. Golpe de estado que pretende consolidarse a través de la fraudulenta Constituyente.

Además, téngase en cuenta que desde el 2010, diversas Leyes han reducido la autonomía de las autoridades regionales. Y el poco margen de autonomía que subsiste, con toda seguridad, será eliminado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, pues ésta pretende imponer el modelo del Estado Comunal, en el cual no hay descentralización sino centralización a favor de las llamadas comunas socialistas controladas por quien ejerza el Gobierno.

En este escenario, la relevancia de las elecciones regionales es mucho menor. El objetivo hoy no es fortalecer la descentralización, sino rescatar la vigencia de la Constitución, lo que pasa –entre muchas condiciones– por deponer a la ilegítima Constituyente, como lo ordena el artículo 333 constitucional y como lo reiteró la Asamblea Nacional en el Acuerdo aprobado el 1° de agosto.

Pero una cosa es afirmar que las elecciones regionales hoy no son tan relevantes como el pasado, y otra cosa es creer que son completamente irrelevantes. Ninguna elección es irrelevante, incluso, cuando el marco institucional le resta efectividad.

Esto obliga a cambiar la perspectiva de estas elecciones. Si la oposición decide postular candidatos, no puede hacerlo solamente con base en programas sobre todas las políticas públicas que las autoridades regionales electas implementarán para fortalecer la descentralización. Pues lo más probable es que, si hay elecciones, esas autoridades tengan, a lo sumo, un margen real de competencias muy reducido.

Por el contrario, la participación en las elecciones regionales debería valorarse como un simple instrumento dentro del proceso, más complejo, de restablecer la vigencia de la Constitución. Desde la interpretación del artículo 333 constitucional, no habría aquí contradicción alguna, pues es posible definir una línea de acción basada en el derecho a la rebelión civil que incluya, como medio, la participación en elecciones, así sean fraudulentas.

3. ¿Puede invocarse la desobediencia civil
postulando al mismo tiempo candidatos en elecciones injustas?

La Asamblea Nacional, en reiterados acuerdos, ha invocado el derecho a la desobediencia civil, previsto en los artículos 333 y 350 de la Constitución. De acuerdo con la Asamblea, esto implica desconocer autoridades y procesos inconstitucionales. Ese desconocimiento, incluso, ha alcanzado a los propios rectores del CNE.

Esta desobediencia podría ser contradictoria con la postulación de candidatos en las elecciones regionales, pues esa postulación implicaría no solo reconocer al CNE sino además declarar el compromiso de obedecer las reglas electorales impuestas por el CNE. ¿No es contradictorio desobedecer obedeciendo?

Todo depende de cómo sean valoradas las elecciones regionales. Valorar esas elecciones simplemente como un evento comicial que fortalecer la descentralización constitucionalmente garantizada, implicaría de un claro error, pues en Venezuela no existen garantías constitucionales.

Pero de nuevo, si las elecciones regionales se valoran como un paso más en el complejo proceso de restablecimiento de la vigencia de la Constitución, entonces, la postulación de candidatos podría ser una decisión racional. 

4. ¿Pero en realidad existe un dilema?

Quienes me hayan seguido hasta acá, habrán comprobado que existen argumentos constitucionales racionales a favor y en contra de postular candidatos en las elecciones regionales. Quizás un elemento adicional permita inclinar la balanza hacia alguna de esas dos decisiones.

Creo que en realidad el dilema de participar o no en esas elecciones no existe. En realidad, que las elecciones regionales se realicen el 10 de diciembre no depende de la oposición, ni del CNE y ni siquiera de quienes hoy ocupan el Gobierno: dependerá de la asamblea nacional Constituyente, como reconoció una de las rectoras de ese Consejo.

Con su fraudulento carácter originario (que no es más que una vana excusa por justificar la dictadura de corte totalitario que quiere imponer en Venezuela), la Constituyente podrá decidir que toda elección debe ser “diferida”, en espera de las deliberaciones constituyentes. Incluso, no hay que descartar que la constituyente intente, en el camino, designar a autoridades regionales o formalizar la creación de estructuras paralelas que terminen por minar las competencias de esas autoridades.

¿De qué depende esa decisión de la Constituyente? Básicamente, de lo que haga la oposición. Y este es otro fraude cometido por el CNE.

Al fijar el lapso de inscripción de las regionales en la semana siguiente a la instalación de la Constituyente, con cuatro meses de antelación a las elecciones, el CNE otorgó a la Asamblea Constituyente suficiente tiempo para decidir qué hacer con las elecciones regionales. Si la oposición inscribe candidatos, entonces, con toda seguridad la Constituyente suspenderá esa elección, en cualquier momento de aquí a diciembre. Pero si la oposición decide no participar, entonces tolerará esas elecciones, con la seguridad de que sus candidatos ocuparán la mayoría de las plazas en disputa.

Esto, me parece, disminuye los costos de la decisión de participar en las elecciones. Valorando esa participación simplemente como un paso más dentro del proceso de restablecimiento de la Constitución, la oposición lograría evidenciar, todavía más, el fraudulento carácter de la Asamblea Constituyente, al forzarla a diferir las elecciones regionales ante la decisión de postular candidatos. Y aquí, el lapso fraudulentamente definido por el CNE puede jugar a favor de la oposición: postular candidatos durante la segunda semana de agosto daría tiempo suficiente a la Constituyente para diferir esas elecciones. En cualquier caso, la oposición siempre tendría oportunidad de retirar los candidatos postulados.

5. Sin perder el norte

Ya el lector tiene argumentos constitucionales racionales para decidir si en su opinión, la oposición debe participar o no en las elecciones regionales. Pero todavía falta un último elemento a considerar.

Durante la guerra de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, diversos acontecimientos sucedieron simultáneamente, haciendo muy complejo el proceso de toma de decisiones. En medio de aquella incertidumbre, John Adams insistía en una idea básica: nunca hay que perder de vista el objetivo deseado, cual es materializar la independencia y consolidar el Gobierno republicano. Toda decisión debe orientarse siempre a ese objetivo principal.

Venezuela se encuentra inmersa en un clima institucional anárquico, y que en los próximos días, con el avance de la fraudulenta Constituyente, se volverá más anárquico, impredecible y represivo. Tomar cualquier decisión en este movedizo contexto puede ser una tarea compleja.

De allí la importancia de no perder el norte. El problema de fondo a resolver no es si se participa o no en las elecciones regionales. El objetivo primario hoy día es definir y ejecutar las acciones orientadas a deponer a la fraudulenta Constituyente y a restablecer la vigencia de la Constitución. Frente a eso, todo lo demás es secundario.

Esto nos permite responder, a medias, la pregunta inicial: ¿debe la oposición participar en esas elecciones? La oposición debería participar en esas elecciones postulando candidatos, o por el contrario, debería abstenerse de participar, solo si esa decisión es parte de una estrategia más amplia orientada a restablecer la vigencia efectiva de la Constitución en los términos definidos en la consulta popular del 16 de julio, y de acuerdo con el artículo 333 constitucional. Una decisión que, finalmente, debería ser tomada en unidad por la oposición, pues, parafraseando a Lincoln: una oposición divida consigo misma no puede subsistir.

#Constituyente: ¿Qué va a pasar a partir del 30 de julio?; por José Ignacio Hernández

Para muchos, la fecha está marcada en el calendario con cierto aire fatídico. Desde que el gobierno anunció que el 30 de julio se realizaría la elección de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos —y la comunidad internacional— han estado atentos a lo que podría pasar a partir de ese día. Al

Por José Ignacio Hernández G. | 28 de julio, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

Para muchos, la fecha está marcada en el calendario con cierto aire fatídico. Desde que el gobierno anunció que el 30 de julio se realizaría la elección de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos —y la comunidad internacional— han estado atentos a lo que podría pasar a partir de ese día.

Al día de hoy lo más probable es que el 30 de julio se realice la elección de la ilegítima constituyente. A partir de ese día, surgen distintas preguntas sobre lo que podría pasar en el país.

En tal sentido, he resumido las catorce principales preguntas que me han venido haciendo sobre este punto, y he tratado de exponer las respuestas de manera clara y sincera.

1. ¿Cuál es el verdadero motivo de la constituyente?

Lo que pasará a partir del 30 de julio, depende en buena medida de cuál sea el objetivo de la fraudulenta constituyente. Más allá de las formas, es claro que el objetivo no es dictar una nueva Constitución, que es para lo único que sirve una constituyente. Al día de hoy, poco o nada se ha dicho sobre el contenido de la “nueva” Constitución, y más bien se ha señalado, contradictoriamente, que no se pretende modificar el fondo de la Constitución de 1999.

El objetivo probable de esta ilegítima constituyente, por ello, es preservar y consolidar el poder absoluto para una minoría que no se atreve a contarse. Por eso se trata de un fraude: se acudió a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente no para dictar una nueva Constitución (que nadie necesita), sino para consolidar el poder absoluto.

Queda, en todo caso, una importante pregunta: ¿quién consolidará ese poder absoluto? La respuesta evidente (el poder absoluto lo consolidará el Gobierno) es altamente insatisfactoria, pues hay bastantes evidencias para sostener que no hay una sola posición dentro del Gobierno en este sentido (y probablemente en muchos otros), con lo cual, esta fraudulenta e ilegítima Asamblea Constituyente se nos presenta como una especie de evento interno que pretende dilucidar qué grupo dentro del Gobierno intentará consolidar el poder absoluto.

2. ¿Cuándo se instala la Asamblea Nacional Constituyente?

Electa la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, ésta deberá instalarse dentro de las 72 horas siguientes a la proclamación de sus miembros. Asumiendo que el lunes el CNE proclame a los constituyentes, la instalación podría realizarse a partir del martes 1° de agosto.

¿Dónde se va a instalar? Según el artículo 10 del Decreto N° 2.878, la fraudulenta constituyente “tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal”. En realidad, hay allí algo que no cuadra: la asamblea tendrá 545 miembros, que difícilmente caben dentro del Salón Elíptico.

Más allá de ese detalle, ya esta instalación anuncia un primer conflicto, pues el Palacio Federal Legislativo es un inmueble que únicamente puede emplearse como sede del Poder Legislativo. A la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, le corresponde custodiar ese inmueble, aun cuando físicamente esa custodia esté bajo la Unidad Especial de la Guardia Nacional Bolivariana, que en el pasado reciente ha fallado en sus labores de custodia de esas instalaciones.

3. ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento
de la Asamblea Nacional Constituyente?

Luego de su instalación, la fraudulenta constituyente deberá dictar sus estatutos, o sea, sus reglas internas de gobierno, lo que pasa por designar a los miembros de su Junta Directiva, incluyendo a su Presidente.

Y aquí vendrá el segundo conflicto, pues los diversos grupos presentes en esta fraudulenta constituyente intentarán asumir su control a través de su junta directiva. Para ello, al menos, bastará con tener el voto de 273 constituyentes para decidir.

4. ¿La Asamblea Constituyente será originaria?

Instalada la fraudulenta asamblea y dictadas sus reglas de funcionamiento, con toda seguridad, declarará mediante “Acuerdo” su carácter originario, lo que en la práctica significa que tal asamblea asumirá el control absoluto de todos los Poderes Públicos, colocándose —de hecho— por encima de la propia Constitución de 1999.

Ni siquiera de haber sido electa democráticamente la constituyente podría adoptar esa decisión, pues hay un solo poder constituyente originario, y éste reside exclusivamente en la soberanía popular.

Sin embargo, como expliqué, tal carácter “originario” es la verdadera finalidad tras esta Asamblea Nacional Constituyente, pues su verdadero propósito, razonablemente, es legitimar su poder supremo y absoluto invocando su carácter “originario”.

5. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
cambiar al Gobierno?

De acuerdo con la Constitución de 1999, la fraudulenta Asamblea Constituyente no puede adoptar ninguna decisión con relevancia jurídica, pues ella es resultado de un golpe de Estado. Y en caso de haber sido electa democráticamente, esta asamblea solo hubiese podido dictar una nueva Constitución, con lo cual, en el deber ser, la asamblea no puede cambiar al Gobierno.

Pero en la práctica, como expliqué, la fraudulenta constituyente asumirá un poder absoluto, y en tal virtud, podría cambiar al Gobierno. Hace algunas semanas se anunció que Maduro pondría su cargo a la disposición de la constituyente. Así sucedió en 1999, con la importante diferencia que el entonces Presidente Chávez tenía control político sobre aquella constituyente. La incertidumbre es tal que, sin embargo, Maduro podría poner su cargo a la disposición de la fraudulenta constituyente y ésta podría, entonces, designar a un nuevo Presidente.

Esto sería, paradójicamente, un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Maduro, quien promovió la constituyente para ejercer poder absoluto, sería “devorado” por su propia constituyente.

6. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
cambiar a los otros titulares de los Poderes Públicos?

 Apartando el “deber ser”, como dije, la fraudulenta constituyente, invocando su falso carácter originario, podrá remover a cualquiera de los titulares de los Poderes Públicos. Una alta probabilidad es que la constituyente remueva a la Fiscal General de la República, cuya remoción —por alguna razón— no avanzó en el Tribunal. Pero también podría la constituyente, dependiendo del sector que la controle, remover y designar al Defensor del Pueblo, al Contralor y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

7. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente
disolver a la Asamblea Nacional?

Por la vía de los hechos, es probable que la fraudulenta constituyente acuerde la disolución formal de la Asamblea Nacional, lo que entre otras cosas implicaría dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria de los diputados. Para ello le bastará con invocar, falsamente, su carácter originario.

8. ¿Y las elecciones?

La fraudulenta asamblea, si lo desea, puede suspender o diferir cualquier elección, algo probable si recordamos que la convocatoria e instalación de tal asamblea no fue resultado de procesos electorales legítimos. Esto además, sería coherente con la intención de implementar el Plan de la Patria. De acuerdo con ese Plan, la democracia no puede ser representativa sino “participativa”, pero a través de las instancias asamblearias del Estado Comunal controladas por la fraudulenta constituyente.

9. ¿Qué otras decisiones puede adoptar la constituyente?

Como sea que la fraudulenta constituyente asumirá su carácter originario, podrá —en los hechos— adoptar cualquier decisión. De eso se trata, precisamente, el poder absoluto e ilimitado que la fraudulenta constituyente podrá ejercer.

Lo que probablemente sucederá es que Venezuela pase por una suerte de “espejo de Alicia”, conforme al cual, todo lo que hoy es constitucional será inconstitucional, y todo lo que hoy es inconstitucional será constitucional.

Limitándonos a las decisiones más probables, es factible que la fraudulenta constituyente asuma el ejercicio de la función legislativa para dictar nuevas Leyes, como por ejemplo, Leyes de control de precio, como se anunció. Asimismo, es probable que se generalicen los juicios militares, pudiendo la constituyente suprimir formalmente las garantías que, hoy día, son sistemáticamente violadas. El derecho a la protesta sería igualmente regulado para hacerlo desaparecer en la práctica, otorgándole reconocimiento a las prácticas que, hoy día, constituyen técnicas de represión. La libertad de expresión, con toda probabilidad, sería sometida al arbitrio de la constituyente.

10. ¿Y qué podría hacer la constituyente con la economía?

Desde su carácter originario, la fraudulenta constituyente podría adoptar cualquier decisión sobre la economía. Vistos los anuncios y los propios antecedentes, es probable que la constituyente avance en el “sistema económico comunal”, esto es, el modelo basado en el control centralizado de la economía, bajo el cual se reconoce prioritariamente la “propiedad social” sobre activos empresariales, esto es, la propiedad pública.

Asimismo, la fraudulenta constituyente podría asumir también la función de control sobre la gestión presupuestaria y las operaciones de crédito público. Esto contribuirá a elevar más el riesgo país, reduciendo las posibilidades de éste de acceder a los mercados nacionales internacionales en condiciones económicas racionales.

11. ¿Y tendríamos dos Constituciones?

Algunos me han preguntado si luego de la instalación de la fraudulenta constituyente tendríamos dos Constitución en vigor.

En realidad, lo que va a pasar es que no vamos a tener ninguna Constitución. La Constitución de 1999, por la fuerza de los hechos, terminará de ser derogada por la “originaria” constituyente. Y la nueva Constitución, por su parte, solo sería dictada luego de que el grupo que controle la constituyente logre consolidar su poder absoluto. Algo que, como se ha asomado, podría tardar meses, e incluso, años.

12. ¿Y la nueva Constitución sería sometida a referendo?

Es irrelevante analizar si la nueva Constitución sería sometida a referendo, pues al ser todo el proceso producto de un fraude constitucional, la nueva Constitución sería ilegítima, incluso, pasando por ese referendo aprobatorio.

Pero, en cualquier caso, lo más probable es que la nueva Constitución no sea sometida a referendo. Como mucho, sería sometida a fraudulentas “consultas”, en especial, invocando la “transformación” de la democracia, que quedaría reducida a los mecanismos de participación asamblearios del estado comunal.

13. ¿Quién gobernaría en Venezuela?

No debemos preguntarnos solo quién gobernará en Venezuela, pues además, debemos preguntarnos qué se gobernará y cómo se gobernará.

En cuanto a lo primero, como dije, gobernará (o intentará gobernar) el grupo que logre controlar la mayoría de miembros de la fraudulenta constituyente. Además, se gobernará con métodos claramente represivos, con el “barniz de legitimidad” que, en vano intento, pretenderá derivarse de esta fraudulenta asamblea.

Más difícil es responder a la última pregunta. Pues la instalación de esta fraudulenta constituyente debilitará todavía más la gobernabilidad en Venezuela, en un contexto en el que se incrementará no solo la conflictividad política, sino además, la conflictividad económica y social. En este contexto, muy poco quedaría por gobernar.

14. ¿Y qué hacer a partir del 30 de julio?

El panorama a partir del 30 de julio, en el probable evento de que se lleve a cabo la elección de esta fraudulenta constituyente, hará todavía más compleja la precaria situación institucional en Venezuela. Para no perderse en esta maraña, creo importante repetir tres reglas, que son válidas hoy y lo serán todavía más a partir del 30.

Primera regla. Todo el proceso constituyente, incluyendo la elección de la asamblea y su instalación, responden a un intento por derogar la Constitución de 1999 por mecanismos no previstos en ella, con lo cual, todos esos actos deben tenerse como inexistentes. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no tendrá autoridad para imponer órdenes de obligatorio cumplimiento.

Segunda regla. La Constitución formalmente vigente es y será la de 1999. Todos tendremos la obligación de hacerla cumplir, tal y como ordena su artículo 333. Ello incluye en especial a los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada, tal y como se asentó en la consulta popular del 16 de julio.

Tercera regla. La Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 es el legítimo y exclusivo representante del pueblo. La fraudulenta constituyente podrá intentar disolver o afectar el funcionamiento de la Asamblea, pero jurídicamente, insisto, todos esos actos deberán tenerse por inexistentes. Los ciudadanos solo debemos obediencia a la Constitución de 1999 y los actos que, en ejecución de ésta, sean dictados por los legítimos Poderes Públicos, principalmente, por la Asamblea Nacional.

Implicaciones constitucionales de la consulta popular del #16J; por José Ignacio Hernández

El 16 de julio se realizó la consulta popular, en la cual participaron más de siete millones de personas. Al día siguiente, la Mesa de la Unidad Democrática realizó los primeros anuncios. Además de algunas acciones políticas, se informó que la Asamblea procedería a designar nuevos magistrados del TSJ. Finalmente se indicó que si la propuesta

Por José Ignacio Hernández G. | 17 de julio, 2017
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Un manifestante opositor deposita la boleta el 16 de julio durante la consulta popular convocada por la MUD. Fotografía de Maura Morandi. Haga clic en la imagen para ir a la fotogalería completa

El 16 de julio se realizó la consulta popular, en la cual participaron más de siete millones de personasAl día siguiente, la Mesa de la Unidad Democrática realizó los primeros anuncios. Además de algunas acciones políticas, se informó que la Asamblea procedería a designar nuevos magistrados del TSJ. Finalmente se indicó que si la propuesta de la constituyente no se retira, las acciones políticas irán escalando.

En medio de este cuadro, muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿y ahora qué?

1. Vinculante, pero ¿en qué sentido?

En mi anterior artículo expliqué por qué la consulta popular es vinculante, de conformidad con los artículos 5, 70 y 187.4 de la Constitución. Conocidos los resultados, cabe ahora preguntarse: ¿en qué sentido es vinculante?

La consulta es vinculante en el marco del artículo 333 de la Constitución. Lo que demuestra la consulta es que más de siete millones de venezolanos desconocen la fraudulenta e ilegítima asamblea nacional constituyente y que, por ende, están dispuestos a colaborar y a apoyar toda acción cuyo resultado contribuya a restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, como ordena el citado artículo 333. De allí que, en especial, la consulta sea vinculante para la Asamblea Nacional, quien como representante de la soberanía popular debe planificar y organizar el proceso de restablecimiento de la Constitución.

2. Los seis principios que orientan las
acciones derivadas de la consulta

 No hay una sola manera de aplicar el artículo 333 constitucional, como igualmente expliqué aquí en Prodavinci. Hay, así, muchas formas de cumplir con el objetivo de esa norma, el cual es restablecer la vigencia de la Constitución.

Pero lo anterior no implica que cualquier acción sea válida y adecuada bajo el citado artículo 333. La Constitución puede otorgar un marco amplio, pero no por ello ilimitado.

Es muy revelador, en este sentido, el artículo 5 del Acuerdo de la Asamblea Nacional por el cual se aprobó la consulta popular. Mientras muchos se han centrado en las tres preguntas, creo que es importante, también, tomar en cuenta ese artículo 5:

“Luego de recabada la opinión del pueblo de Venezuela, esta Asamblea Nacional adoptará las decisiones jurídicas encaminadas a la aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución, conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social”

Creo que allí está la respuesta a qué es lo que viene a partir de ahora. Reconociendo la amplitud de acción que requiere la aplicación del artículo 333, este artículo 5 identifica los principios que van a orientar los actos jurídicos derivados de la consulta popular del 16 de julio.

En total, se trata de seis principios:

.- El primer principio es que el restablecimiento de la Constitución como mandato derivado de la consulta popular es un “proceso”. En concreto, es un “proceso para la reconstrucción democrática de la Nación”. Esto significa que no es suficiente con un solo acto o decisión, siquiera, de la Asamblea Nacional. O sea: no hay soluciones mágicas. Por el contrario, es necesario concatenar diversos y complejos actos para producir el objetivo deseado. Un proceso que bien podría llamarse de transición a la democracia constitucional.

.- El segundo principio es que este proceso debe enmarcarse dentro del Estado de Derecho, esto es, en el respeto a la supremacía de la Constitución y al imperio de la Ley. Dicho en otros términos: todo lo que se haga como consecuencia de la consulta debe estar dentro de la Constitución, pues mal puede restablecerse la Constitución violándola.

.- El tercer principio es el pluralismo político, que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 2 constitucional. Por ello, el restablecimiento de la Constitución no se asume como una labor exclusiva de la mayoría de los diputados de la MUD, ni siquiera de la propia MUD. Luego del respaldo popular de la consulta del 16 de julio, el restablecimiento de la Constitución es tarea compartida de todos aquellos que asumen posiciones políticas diversas, pero que están unidos por un objetivo: restablecer la vigencia de la Constitución. Cabe recordar que el pluralismo político es un valor constitucional, precisamente por su utilidad para alcanzar acuerdos de gobernabilidad democrática duradera.

.- El cuarto principio atiende a las “garantías para la convivencia pacífica”. Hay aquí presentes dos valores importantes. El primero es el carácter pacífico de las acciones emprendidas en el marco del artículo 333 constitucional. El segundo es la necesidad de garantizar la participación política plural de todos aquellos que decidan atender al resultado de la consulta popular colaborando en el restablecimiento de la Constitución, tal y como la Asamblea había ya decidido.

.- El quinto principio es la preeminencia de los derechos humanos. Este principio realza el carácter pacífico del proceso de restablecimiento de la vigencia de la Constitución y su apego al Estado de Derecho.

.- El sexto y último principio es la justicia social, lo que coloca el énfasis en la crisis económica y social dentro de la cual se desenvuelve la crisis política venezolana. Restablecer la vigencia de la Constitución implica, así, garantizar las condiciones de vida de los venezolanos que han sido severamente erosionadas en el marco de la grave crisis social y económica por la que atraviesa el país.

3. Las consecuencias de las tres preguntas

Estos seis principios definen muy bien el marco de acción para cumplir con las tres preguntas de la consulta popular:

Así, la primera pregunta reitera el desconocimiento popular de la fraudulenta e ilegítima constituyente. Detener esa constituyente es, en todo caso, condición necesaria, pero no suficiente, para el restablecimiento de la Constitución.

La segunda pregunta se basa en la aplicación concordada de los artículos 25, 333 y 350 de la Constitución: los funcionarios, incluyendo aquellos de la Fuerza Armada, deben colaborar al restablecimiento de la Constitución, desobedeciendo toda orden violatoria de derechos humanos. Quienes cumplan con tal deber estarán participando en el proceso de restablecimiento de la Constitución, de conformidad con las garantías de la convivencia pacífica y plural a las cuales alude el Acuerdo de la Asamblea.

La tercera y última pregunta resume tres acciones necesarias para restablecer la vigencia de la Constitución.

La primera acción es la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, como sucede con el nombramiento de los magistrados del TSJ y los Rectores del CNE.

La segunda acción es la realización de elecciones libres y transparentes, como medio para restituir la democracia constitucional representativa. Ello alude no solo a las elecciones regionales (diferidas inconstitucionalmente) y municipales (que tocan en el 2017), sino también a cualquier otra elección que, en el marco de la Constitución, sea necesaria para restablecer su vigencia.

La tercera acción, que es más un resultado de una etapa importante dentro de todo este proceso, es la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional. No se trata, claro está, de conformar tal Gobierno de cualquier manera, sino de conformar a ese Gobierno en el marco de la Constitución de 1999, como acción orientada a cumplir con el mandato del artículo 333.

Todas estas acciones, planificadas por la Asamblea Nacional, permitirán cumplir con el mandato derivado de la consulta popular del 16 de julio, de acuerdo con los seis principios orientadores a los cuales he hecho referencia.

Estudiar derecho en Venezuela: Un acto de rebeldía; por José Ignacio Hernández G.

A mis ahijados de la UCAB, sección 5CD I Corría el año de 1816. La guerra de la independencia en Venezuela estaba en pleno desarrollo, luego de los estragos del año 14, cuando según Bolívar, desparecieron tres siglos de cultura. Cerca de Venezuela, en Jamaica, se encontraba el abogado Juan Germán Roscio, uno de los

Por José Ignacio Hernández G. | 13 de julio, 2017
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Juan Germán Roscio

A mis ahijados de la UCAB, sección 5CD

I

Corría el año de 1816. La guerra de la independencia en Venezuela estaba en pleno desarrollo, luego de los estragos del año 14, cuando según Bolívar, desparecieron tres siglos de cultura. Cerca de Venezuela, en Jamaica, se encontraba el abogado Juan Germán Roscio, uno de los pensadores más notables de nuestra naciente República.

Luego de su destacada participación en los actos fundacionales de nuestra República, Roscio fue apresado junto a los otros “monstruos”, así llamados por Monteverde. Luego de su paso por la prisión de Ceuta, y de un escape que algún día deberá ser narrado con detalles, Roscio alcanza su libertad, y decide viajar a Jamaica, a donde llega aquel año de 1816.

El 26 de noviembre de ese año escribe Bolívar, quien opina que Roscio y sus compañeros deben regresar al “seno de la patria cooperando eficazmente en la construcción del gran edificio de nuestra república”. Pero Roscio no sigue el consejo de Bolívar, y decide quedarse en el extranjero, con un objetivo claro, esto es, librar la batalla más compleja de la independencia: la batalla del pensamiento.

En sus años de prisión, Roscio había llegado al convencimiento de que la independencia exigía un cambio de mentalidad, y que ese cambio se lograba a través de la palabra, que resumiendo los fundamentos jurídicos de la independencia, lograse demostrar las bondades de la República. El “gran edificio de la República”, para Roscio, pasaba por la fundamentación jurídica de la independencia, a fin de contrarrestar el dogma de la obediencia ciega impuesto desde la religión católica, defensora del despotismo.

Así se lo había explicado Roscio a Martín Tovar, algunos meses antes. En carta de 16 de junio, Roscio escribe estas palabras:

“Yo quisiera más bien obrar con las armas en la mano para vengar los agravios de la patria, que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue esta mi profesión; pero ella lo debe ser de todo hombre que ame la libertad y que aspira darla a sus semejantes”

No es suficiente con las armas de la mano. Junto a ello, y con mayor importancia incluso, están las armas de la palabra. Precisamente, Roscio participó en la guerra de la independencia con las armas de la palabra, resultando de ello su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, publicado hace doscientos años.

II

En los últimos años en Venezuela, y muy especialmente en el actual momento, he escuchado más de un comentario que minusvalora la importancia del Derecho. Tanto más si se trata del Derecho Constitucional. Cuando alguien me pregunta qué enseño en las universidades, y para simplificar digo que “Derecho Constitucional”, suelen mirarme con sorna. Con frecuencia, se cuela algún chiste, tomado de Eco: “más te valdría estudiar urbanística gitana”.

Comentarios como éstos se han hecho recurrentes en las últimas semanas. Más de uno rebate mis argumentos señalando que “el problema no es jurídico sino político”, acotando que con “libritos de Derecho” no solucionaremos nuestros problemas. En un grado más extremo, me han apuntado que es inútil actuar y pensar como “abogado constitucionalista” en estos tiempos.

No es de extrañar, por ello, que más de uno piense que estudiar Derecho y graduarse de abogado en Venezuela es, sencillamente, una pérdida de tiempo.

III

La realidad es otra. Hoy más que nunca se requieren abogados en Venezuela, dispuestos a pensar y construir, desde el pensamiento jurídico y la palabra, el “gran edificio de nuestra república”.

Pues si llegamos a este atolladero, en parte, fue por menospreciar el rol del Derecho en la construcción de una República. Imposible entonces superar esta crisis despreciando el Derecho. Por el contrario, con ello solo lograremos hundirnos más, como aquel que, atrapado en arena movediza, comienza a patalear.

Ejemplos sobran. Si Jefferson hubiese pensado que la fundamentación jurídica era una pérdida de tiempo en medio de la guerra de independencia de Estados Unidos, no tendríamos hoy la Declaración de Independencia. Si Roscio hubiese pensado que el problema era solo político, no hubiese escrito El triunfo de la libertad sobre el despotismo, ni Yanes hubiese escrito su Manual Político del Venezolano.

 IV

Basta salir a cualquier marcha, o simplemente, caminar por las calles para percatarse cómo hay signos que respaldan la importancia de estudiar Derecho en Venezuela. La defensa Constitución es hoy, probablemente, una de las banderas que más une a los venezolanos, incluso entre aquellos que piensan distinto.

La defensa de la Constitución es la defensa del Derecho, como herramienta para solucionar conflictos de manera pacífica, partiendo del reconocimiento, la tolerancia, el pluralismo y los derechos humanos, procurando la convivencia social pacífica. No creo necesario señalar que, precisamente, todo esto es lo que hoy día más necesita Venezuela.

Por ello, la única solución a la crisis venezolana actual es a través del Derecho. Obviamente el Derecho por sí solo es insuficiente, pero es un instrumento indispensable para reconstruir, desde el pluralismo, nuestro “gran edificio de la República”.

Así que, en realidad, no solo sobran razones para estudiar Derecho. Es que, en realidad, creo que este es el mejor momento para aprender Derecho en Venezuela. Entre todos, tenemos un gran edificio por construir.

V

Ahora dejemos atrás el año de 1816 y viajemos casi siglo y medio, para llegar al año 1941. El mundo se enfrentaba a la amenaza totalitaria del fascismo. Desde Inglaterra, Winston Churchill, ya Primer Ministro, insistía en los peligros de la amenaza y en la importancia de la resistencia, desde la posición que cada uno debe ocupar.

En octubre de ese año Churchill pronunció uno de sus discursos más célebres. Llamando a la esperanza con un ¡nunca de rindas!, Churchill dijo:

“No nos permitamos hablar de días oscuros: hablemos más bien de días difíciles. No son días obscuros; son éstos días grandiosos –los días más grandiosos que nuestro país ha vivido. Y debemos dar gracias a Dios por la oportunidad de habernos permitido, cada uno de desde nuestras responsabilidades, participar en esos días memorables dentro de la historia de nuestra civilización”

A los que estudian Derecho, a los que se están graduando de abogados —como mis ahijados de la LX promoción de abogados de la UCAB— y a quienes ya se graduaron de abogados, bien vale la pena repetir esa consigna: vivimos todos días grandiosos, pues estamos colaborando a constituir el gran edificio de nuestra República.

Sobre la constitucionalidad de la consulta popular del 16 de julio; por José Ignacio Hernández

En medio del asedio al Palacio Federal Legislativo por grupos armados, la Asamblea Nacional logró aprobar el Acuerdo sobre la consulta popular que se realizará el próximo 16 de julio y que ya había sido anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática el pasado 3 de julio. Sobre esta consulta se han planteado algunas

Por José Ignacio Hernández G. | 6 de julio, 2017
Manifestantes opositores en la marcha "Somos millones". 20 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores en la marcha “Somos millones”. 20 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

En medio del asedio al Palacio Federal Legislativo por grupos armados, la Asamblea Nacional logró aprobar el Acuerdo sobre la consulta popular que se realizará el próximo 16 de julio y que ya había sido anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática el pasado 3 de julio.

Sobre esta consulta se han planteado algunas dudas que conviene despejar

1. ¿Se convocó un referendo o un plebiscito?

La primera confusión surge en torno a la naturaleza de la convocatoria: ¿es una referendo? ¿O es un plebiscito?

Comencemos por las diferencias entre una y otra figura. Manuel García-Pelayo enseña que el referendo es una consulta popular sobre decisiones jurídicas, mientras que el plebiscito es una consulta sobre una decisión política. En el Derecho Constitucional venezolano solo se reconoce de manera expresa al referendo, que abarca a cualquier consulta al electorado incluyendo materias políticas, bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral (artículo 71 de la Constitución).

La consulta que aprobó la Asamblea Nacional no es un referendo, pues no se pretende que el Consejo Nacional Electoral conduzca el proceso. Por el contrario, es una consulta dirigida directamente por la Asamblea Nacional. En este sentido, podría entonces decirse que esta consulta tiene naturaleza plebiscitaria, no solo por el carácter político de la materia a consultar, sino además, por hecho que será conducido por la Asamblea.

2. ¿La Asamblea Nacional puede dirigir la consulta
sin intervención del Consejo Nacional Electoral?

Algunos han opinado que ningún artículo de la Constitución permite la realización de consultas electorales sin participación del Consejo Nacional Electoral. Desde el Gobierno, por su parte, se ha señalado que esta consulta no tiene base constitucional pues no pasa por el Poder Electoral, opinión que muy seguramente será repetida por la Sala Constitucional. Algunos llegan al extremo de calificar a la consulta como golpe de Estado.

Creo que todas estas opiniones están equivocadas.

El artículo 5 de la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo, el cual podrá ejercerá no solo a través del sufragio (democracia representativa) sino también a través de mecanismos de participación ciudadana (democracia participativa). Los artículos 62 y 70 de la Constitución reconocen el derecho de los ciudadanos a participar democráticamente por cualquier medio que no esté expresamente prohibido, y enumeran, en este sentido, algunos de esos medios.

Aquí está el detalle. Quienes objetan la constitucionalidad de esta consulta, parten del criterio según el cual los ciudadanos solo pueden ser consultados por medio del referendo. La realidad es otra: los ciudadanos pueden participar a través de cualquier mecanismo, aún cuando no se trate de un referendo.

Bajo esta óptica, podemos volver a leer el artículo 70 de la Constitución para darnos cuenta de que junto al referendo, la norma también reconoce, entre otros medios de participación, la “consulta popular”.

Precisamente lo que está promoviendo la Asamblea Nacional, en sentido estricto, es una “consulta popular” sobre las decisiones políticas que la Asamblea Nacional debe adoptar en el marco del artículo 333 de la Constitución.

Precisamente dentro de las competencias de la AN, encontramos en el numeral 4 del artículo 187 constitucional lo siguiente: “organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”. Esta competencia es ampliada en el artículo 127 del Reglamento Interior y de Debate.

Por lo tanto, la AN, de acuerdo con sus competencias, puede y debe promover la participación ciudadana mediante consultas populares que no deben pasar por el Consejo Nacional Electoral, pues lo contrario implicaría una violación a la autonomía del Parlamento. De hecho, este tipo de consultas populares son muy comunes, por ejemplo, cuando la Asamblea discute Leyes.

3. ¿Esta consulta es vinculante?

Algunos afirman que esta consulta no tiene carácter legal pues no es vinculante. También aquí creo que se parte de un error.

Cuando se cuestiona el carácter vinculante de la consulta, habría que preguntar: ¿vinculante para quién? Con toda seguridad esta consulta no será vinculante para el Gobierno Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, pues para esos órganos, ni siquiera la Constitución es vinculante.

Pero sin duda, la consulta sí será vinculante para la Asamblea Nacional que al final es el punto verdaderamente importante. Según el Acuerdo aprobado, esta consulta pretende preguntar al pueblo sobre tres aspectos de interés nacional, a los fines de que la Asamblea pueda ejercer sus competencias en el marco del artículo 333 de la Constitución.

4. ¿Sobre qué se está consultando?

El Acuerdo consulta al pueblo sobre tres aspectos.

El primero de ellos es sobre el rechazo y el desconocimiento de la “Constituyente”. Con tal consulta, la Asamblea Nacional buscaría el apoyo democrático a las decisiones que adoptará para desconocer ese fraudulento proceso constituyente, a fin de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución conforme a su artículo 333.

La segunda pregunta consulta al pueblo sobre la exigencia a los funcionarios e integrantes de Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución de 1999, lo que equivale a desobedecer todo acto u orden violatorio de los derechos humanos, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Constitución.

Finalmente, la Asamblea consultará sobre el conjunto de acciones que ella debe promover en el marco del artículo 333 constitucional, esto es, la renovación de los Poderes Públicos, la realización de elecciones libres y transparentes y la conformación de un Gobierno de Unión Nacional.

5. ¿Quiénes pueden participar en la consulta?

Según el artículo tercero del Acuerdo, podrá participar todo venezolano mayor de dieciocho años.

6. ¿Cuántas personas deben participar para que la consulta sea válida?

No hay un número mínimo de personas para que esta consulta tenga validez. La intención, repito, es que la Asamblea conozca el parecer del pueblo sobre las acciones jurídicas por medio de las cuales cumplirá con el artículo 333 de la Constitución.

7. ¿Cómo se hará la consulta?

La organización de la consulta se encomendó a una Comisión Especial que será designada y que tendrá a su cargo la definición de sus reglas técnicas.

8. ¿Y después del 16 de julio qué?

Luego de la consulta, de acuerdo con el Informe que preparará la Comisión, la Asamblea tendrá el parecer del pueblo venezolano sobre las tres preguntas indicadas, lo que le permitirá orientar el proceso orientado a restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, de acuerdo con su artículo 333.

En este sentido, el artículo 5 del Acuerdo define el marco dentro del cual este proceso debe ser conducido. Según esa normas, la Asamblea adoptará “las decisiones jurídicas encaminadas a la aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución, conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social”.

9. ¿Y qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia anula la consulta?

Con toda probabilidad la Sala Constitucional se pronunciará en los próximos días, replicando los alegatos del Gobierno, a fin de señalar que esta consulta es inconstitucional pues no se sometió al Poder Electoral.

Esa sentencia sería irrelevante. La consulta promovida por la Asamblea, como vimos, se enmarca dentro del artículo 333 constitucional, como resultado –entre otras– de las muchas sentencias de la Sala Constitucional que han terminado derogando, por los hechos, la Constitución de 1999. Que la Sala pretenda obstruir la consulta, en realidad, solo evidenciaría la relevancia de la consulta.

Pues por más que la Sala Constitucional quiera decir lo contrario, la soberanía reside en el pueblo, quien en el marco de la Constitución puede –y debe– colaborar con el restablecimiento de la Constitución de 1999.

¿Qué viene luego de la audiencia a la Fiscal General?; por José Ignacio Hernández

Varios acontecimientos sucedieron el 4 de julio en el marco del conjunto de acciones orquestadas desde el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de remover a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República. Ordenaremos dichos acontecimientos para poder explicar, con la mayor claridad posible, los diversos actos de un muy complejo fraude

Por José Ignacio Hernández G. | 4 de julio, 2017
Créditos del collage: Carlos Garcia Rawlins y Vicepresidencia de Venezuela

Créditos de izquierda a derecha: Carlos Garcia Rawlins  y Vicepresidencia de Venezuela

Varios acontecimientos sucedieron el 4 de julio en el marco del conjunto de acciones orquestadas desde el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de remover a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República.

Ordenaremos dichos acontecimientos para poder explicar, con la mayor claridad posible, los diversos actos de un muy complejo fraude constitucional, y los desenlaces posibles.

1. La Sala Constitucional, en usurpación de funciones, designa al Vicefiscal

Sobre las 10 de la mañana, la Sala Constitucional realizó una “audiencia” para pronunciarse sobre la situación jurídica de la Vicefiscalía del Ministerio Público.

En tal audiencia, la Sala Constitucional señaló que la ratificación de Rafael González como Vicefiscal y su aprobación por la Asamblea Nacional eran decisiones nulas por el “desacato” de la Asamblea.

Como resultado de ello, Katherine Harrington fue juramentada como Vicefiscal.

¿Qué validez tiene esta designación?

La designación de Harrington es consecuencia de la usurpación de funciones privativas del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, por lo tanto es nula e ineficaz, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. Esto quiere decir que tal designación no surte efectos jurídicos, pues el legítimo Vicefiscal es, y sigue siendo, Rafael González.

La Sala Constitucional no puede designar funcionarios del Ministerio Público, pues ello es competencia exclusiva del Fiscal General. Tampoco puede la Sala Constitucional cuestionar el control parlamentario ejercido por la Asamblea invocando la falsa tesis del llamado desacato: ni la Asamblea Nacional está en desacato, ni en todo caso puede la Sala asumir decisiones propias de la Asamblea.

2. La declaración de la Fiscal

Poco después la Fiscal General de la República dio una rueda de prensa en la cual señaló que no asistiría a la audiencia fijada por la Sala Plena, al considerar que el juicio seguido en su contra es arbitrario y que el Tribunal Supremo de Justicia está ilegítimamente constituido. Esta denuncia se relacionó, en especial, con la recusación que abogados de la Fiscal habían presentado el día anterior en contra diecisiete magistrados, pese a lo cual, la Sala Plena mantuvo la audiencia.

De igual manera, cuestionó la ilegítima designación del Vicefiscal por parte de la Sala Constitucional, señalando que de acuerdo con sus atribuciones, ya el Ministerio Público lo había designado en la persona de Rafael González, acto ratificado por la Asamblea.

3. La audiencia en la Sala Plena

Simultáneamente a la rueda de prensa de la Fiscal, la Sala Plena condujo la audiencia pública. Como indicamos, el día antes la Fiscal, por medio de sus abogados, había recusado a diecisiete magistrados, quienes debieron separarse mientras sus suplentes eran convocados. Nada de esto se hizo. Según informó la Fiscal, el Tribunal optó por desechar tales recusaciones, lo que constituye otra grave irregularidad procesal.

Al inicio de la audiencia, quien actúa como Presidente del Tribunal explicó que el objeto del juicio era determinar la responsabilidad “ética o moral” de la Fiscal, pero que el procedimiento que se estaba siguiendo era el del antejuicio de mérito previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Esto demuestra el grave desorden procesal al cual ya me he referido aquí en Prodavinci: a pesar de que el Tribunal reconoce que el objeto del juicio no es determinar si la Fiscal incurrió en responsabilidad penal, el proceso que se está siguiendo es el antejuicio de mérito de naturaleza penal.

Es por ello que, ante la inasistencia de la Fiscal, se procedió a designar a un abogado de la defensa pública para que ejerciera la defensa de la Fiscal. En el desorden de ese proceso, sin embargo, el Tribunal pasó por alto que de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal defensor no podía ser designado el mismo día de la audiencia, pues era necesario habilitar “el tiempo necesario para que se imponga de las actas del expediente con suficiente antelación a su celebración”.

Durante el debate, el diputado Carreño explicó –muy vagamente– sus alegatos, mientras que el Defensor del Pueblo se enfocó en supuestas pruebas relacionadas con la designación –inconstitucional– de magistrados del Tribunal en diciembre de 2015. Más que un debate procesal propio de un verdadero litigio, los argumentos expuestos lucieron excesivamente retóricos y, en ciertos puntos, osados. Ejemplo de ello fue la sugerencia del Defensor de someter a la Fiscal a la prueba del polígrafo, o sea, del detector de mentiras. El Contralor, por su parte, propuso un careo.

Al término de la audiencia, la Sala Plena indicó que decidiría tal “juicio” en un lapso de cinco días. Es decir, que para la Sala el juicio ya está cerrado, sin que sea posible practicar “pruebas” como el propio polígrafo sugerido por el Defensor.

4. ¿Qué puede pasar?

 Recordemos que de acuerdo con el artículo 279 de la Constitución, solo la Asamblea Nacional puede remover a la Fiscal, previa calificación de falta grave realizada por el Tribunal.

En tal sentido, la Sala Plena puede tomar una de dos decisiones: que la Fiscal sí incurrió en falta grave, o que la Fiscal no incurrió en falta grave. La opción más probable es, sin duda, la primera.

Una vez que la Sala Plena declare que la Fiscal incurrió en faltas graves, podrían presentarse varios escenarios. Uno, el más probable, que sea la Sala Constitucional quien ejerza la competencia de la Asamblea Nacional de remover a la Fiscal. Para justificar esa usurpación, la Sala Constitucional acudiría a la tesis del desacato.

Cabe otra posibilidad, que es más bien una modalidad del escenario anterior. Dentro del desorden procesal con el cual la Sala Plena condujo este “juicio”, podría estimar aplicables las normas procesales del antejuicio previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Aplicando el artículo 380, la Sala Plena podría acordar la suspensión del cargo de la Fiscal, hasta tanto se resuelva sobre la remoción. Esta modalidad, como puede apreciarse, permitiría separar fraudulentamente a la Fiscal de su cargo, incluso antes de que la Sala Constitucional decida sobre su remoción.

En cualquiera de esos escenarios se produciría una falta de la Fiscal que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sería suplida por el Vicefiscal. Esto es, por el funcionario ilegítimamente designado por la Sala Constitucional en una clara usurpación de funciones.

Esto último es lo que permite concluir que todos estos procesos no son más que un fraude que forma parte del golpe de Estado permanente en ejecución desde diciembre de 2015. Pues al final, los juicios ante la Sala Constitucional y la Sala Plena son meros instrumentos para lograr la separación de la Fiscal y la designación de quien ocupará la máxima jerarquía del Ministerio Público.

En cinco días –o menos– sabremos si estas hipótesis se cumplen.

***

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¿Qué puede pasar en la audiencia de la Fiscal del 4 de julio?; por José Ignacio Hernández

Entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha desatado un ping pong constitucional similar al que se generó entre el TSJ y la Asamblea Nacional en 2016. El objetivo del TSJ luce claro: por medio del uso fraudulento de procesos judiciales se pretende remover a la Fiscal General de la República,

Por José Ignacio Hernández G. | 3 de julio, 2017
Fotografía de la Asamblea Nacional

Fotografía de la Asamblea Nacional

Entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha desatado un ping pong constitucional similar al que se generó entre el TSJ y la Asamblea Nacional en 2016. El objetivo del TSJ luce claro: por medio del uso fraudulento de procesos judiciales se pretende remover a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, interviniendo políticamente al Ministerio Público.

El próximo episodio de este conflicto está pautado para el 4 de julio, cuando se realizará la audiencia pública de la Fiscal ante el TSJ.

¿Qué puede pasar?

Para responder esta pregunta, hay que recordar que actualmente hay tres estrategias en contra de la Fiscal General con un solo propósito: apartarla del cargo para intervenir políticamente al Ministerio Público. Explicaremos cuáles son esas estrategias para detallar lo que podría pasar en la audiencia del 4 de julio.

1. Primera estrategia: la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público paralelo

La primera estrategia consiste en convertir a la Defensoría del Pueblo en una especie de Ministerio Público paralelo gracias a las competencias que le “reconoció” la Sala Constitucional del TSJ en su sentencia 469. El objetivo es debilitar institucionalmente al Ministerio Público y tener “versiones alternas” a las conclusiones a las que llegue la Fiscal en relación con la sistemática violación de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas de 2017.

2. Segunda estrategia: la fraudulenta designación del Vicefiscal

La segunda estrategia consiste en anular la designación del Vicefiscal, cuyo nuevo titular sería impuesto por la Sala Constitucional tal y como ésta lo anunció en su sentencia 470. Con esto, la Sala se aseguraría que luego de la fraudulenta remoción de la Fiscal, sea el Vicefiscal por la sala impuesto quien asuma el cargo de Fiscal, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Para contrarrestar esta estrategia, la Fiscal ratificó al Vicefiscal Rafael González, designación que fue aprobada el 3 de julio por la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 25. 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Con esto se responde a la Sala Constitucional que en su sentencia Nro. 470 quiso justificar la nulidad de la designación del Vicefiscal, señalando que tal designación no había sido ratificada por la Asamblea.

Es por esto que en estricto derecho, la ratificación de Rafael González como Vicefiscal deja sin efecto el intento de la Sala Constitucional por usurpar funciones de la Fiscal para designar a tal funcionario. Sin embargo, las sentencias de la Sala Constitucional que han ejecutado el golpe de Estado permanente no son decisiones de derecho. No obstante, con toda probabilidad, la Sala Constitucional anulará la ratificación del Vicefiscal acudiendo a la falsa tesis del “desacato” de la Asamblea, y consecuentemente, insistirá en designar a ese funcionario.

Pese a esto, el Ministerio Público podría tener dos vicefiscales: el legítimamente designado por la Fiscal y ratificado por la Asamblea, y el ilegítimamente designado por la Sala Constitucional.

¿Qué hacer en ese caso? La respuesta está en el artículo 333 constitucional: desconocer al Vicefiscal designado por la Sala Constitucional, que no sería más que un funcionario de hecho, o sea, ilegítimo.

3. Tercera estrategia: el llamado “antejuicio de mérito” en contra de la Fiscal

La tercera estrategia es el llamado “antejuicio de mérito” iniciado por la Sala Plena del TSJ en sentencia Nro. 43 del pasado 27 de junio. Sin embargo, como ya expliqué aquí en Prodavinci, no se trata de un “antejuicio de mérito” en estricto sentido, o sea, del procedimiento que la Sala Plena debe sustanciar para autorizar el enjuiciamiento penal de altos funcionarios. En realidad, lo que inició la Sala Plena es el procedimiento para determinar si la Fiscal incurrió en alguna falta grave que pudiese justificar su remoción.

La Sala Plena —aprovechando un error en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (que alude a la decisión del TSJ sobre el mérito para “enjuiciar” a los representantes del Poder Ciudadano por faltas graves)—, ha querido darle a ese juicio carácter penal. Por esto dictó en contra de la Fiscal medidas propias de un juicio penal: prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar sus bienes, y congelamiento de todas sus cuentas bancarias.

Estas medidas cautelares adoptadas por la Sala Plena son abusivas y violan el derecho al debido proceso y a la defensa de la Fiscal, pues el juicio que sigue la Sala Plena no tiene naturaleza penal. Por el contrario, su único propósito es determinar si la Fiscal incurrió en faltas graves tipificadas, lo cual solo es relevante para su remoción, pero nunca para su enjuiciamiento penal.

 4. ¿Y cuáles son las supuestas faltas graves en las que habría incurrido la Fiscal?

Según la Sala Plena, el juicio en contra de la Fiscal se basa en las faltas graves previstas en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Esto es por incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes; por atentar en contra de la respetabilidad del Consejo Moral Republicano y de los órganos que representan; por incurrir en grave e inexcusable error, reconocido en sentencia y adoptar decisiones con base en hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron. Asimismo, se le imputan las faltas previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esto es, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución y del derecho y violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución.

En pocas palabras: defender la Constitución de 1999 –que es lo que ha hecho la Fiscal desde su intervención del 31 de marzo– es para la Sala Plena una falta grave.

5. ¿Y qué puede pasar el 4 de julio de 2017?

Al iniciar el juicio para determinar si la Fiscal había incurrido en faltas graves, como vimos, la Sala Plena le dio el tratamiento de “antejuicio de mérito” y, en consecuencia, el procedimiento que está aplicando es el del antejuicio de mérito previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Así pues, lo que está pautado para el 4 de julio es la audiencia pública, en la cual el señor Carreño (quien formuló la solicitud inicial) y cualquier otro interesado podrán participar para exponer alegatos y pruebas.

Luego de esa audiencia, y según el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena podrá decidir si la Fiscal incurrió o no en alguna falta grave.

Con lo cual, es posible que el mismo 4 de julio, luego de la audiencia, la Sala Plena decida que la Fiscal sí incurrió en faltas graves que justifiquen su remoción.

6. ¿Y después?

Una vez que la Sala Plena decida que la Fiscal sí incurrió en faltas graves, de acuerdo con el artículo 279, corresponderá a la Asamblea Nacional decidir si remueve a la Fiscal, con lo cual, el TSJ no puede remover a la Fiscal: solo la Asamblea Nacional puede adoptar esa decisión.

Pero lo que va a suceder, con toda probabilidad, es que la Sala Constitucional va a decidir que como la Asamblea Nacional está en “desacato” –lo que es falso– es a ella a quien corresponde decidir sobre la remoción de la Fiscal. Con lo cual, la Fiscal sería removida por una sentencia de la Sala Constitucional.

7. El golpe de Estado en contra del Ministerio Público

Todo esto no es más que más del golpe de Estado permanente que el TSJ y el Gobierno comenzaron en diciembre de 2015 y al cual luego se unió el CNE. Solo la Asamblea Nacional, legítima representante del pueblo venezolano, puede decidir sobre la remoción de la Fiscal, decisión que no puede ser usurpada por el TSJ como evidentemente quiere hacerse.

¿Y qué pasaría si la Sala Constitucional insiste en remover a la Fiscal permitiendo que el Vicefiscal designado por ella ocupe el cargo de Fiscal?

De acuerdo con el artículo 333 de la Constitución, la remoción de la Fiscal sería una actuación de hecho, carente de legitimidad, con lo cual, deberá ser desconocida por todos los funcionarios y los ciudadanos.

Pese al fraude constitucional gestado desde el TSJ, la Fiscal seguirá siendo Luisa Ortega Díaz, de la misma manera que a pesar del fraude del TSJ, el legítimo representante del pueblo sigue siendo la Asamblea Nacional.

***

Adenda: La Sala Constitucional designó fraudulentamente a un nuevo Vicefiscal

Sobre las 10 de la mañana del 4 de julio de 2017, la Sala Constitucional realizó una audiencia para pronunciarse sobre la situación jurídica de la Vice Fiscalía del Ministerio Público.

En tal audiencia, la Sala Constitucional señaló que la ratificación de Rafael González como Vicefiscal y su aprobación por la Asamblea Nacional, eran decisiones nulas por el “desacato” de la Asamblea.

Como resultado de ello, Katherine Harrington fue juramentada como Vicefiscal.

¿Qué validez tiene esta designación?

La designación de Harrington es consecuencia de la usurpación de funciones privativas del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, y por lo tanto es nula e ineficaz, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. Esto quiere decir que tal designación no surte efectos jurídicos, pues el legítimo Vicefiscal es González.

De esa manera, la Sala Constitucional no puede designar a funcionarios del Ministerio Público, pues ello es competencia exclusiva de la Fiscal. Además, tampoco puede la Sala Constitucional cuestionar el control parlamentario ejercido por la Asamblea invocando la falsa tesis del desacato: la Asamblea Nacional no está en desacato, pues ello no es más que una excusa para impedir el ejercicio de sus funciones.

En conclusión, esta designación es parte del golpe de Estado permanente que el Tribunal Supremo de Justicia ha venido ejecutando desde diciembre de 2015. Primero en contra de la Asamblea, ahora en contra de la Fiscal.

Todo esto se llevó a cabo poco antes de la audiencia convocada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para remover fraudulentamente a la Fiscal.

Si ese fraude continúa –como es lo más probable– Harrington podría ser “juramentada” muy pronto como Fiscal.

El TSJ avanza en su intento de anular y remover a la Fiscal; por José Ignacio Hernández

En dos nuevas sentencias publicadas el 27 de junio de 2017 (con los números 469 y 470), la Sala Constitucional avanzó en su intento por restar competencias a la Fiscal General de la República, abriendo el camino para su posible remoción. Lo primero que debe tenerse en cuenta es cuáles son las implicaciones prácticas de

Por José Ignacio Hernández G. | 27 de junio, 2017

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En dos nuevas sentencias publicadas el 27 de junio de 2017 (con los números 469 y 470), la Sala Constitucional avanzó en su intento por restar competencias a la Fiscal General de la República, abriendo el camino para su posible remoción.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es cuáles son las implicaciones prácticas de estas sentencias. Luego de ello, podré precisar cuáles son los escenarios más probables luego de estos fallos.

1.- La ampliación de las facultades de la Defensoría del Pueblo

 La sentencia 469, “interpretando” la Constitución como lo solicitó el Defensor del Pueblo, concluyó que la Defensoría puede participar en investigaciones penales.

En total, la Sala Constitucional reconoció siete competencias a la Defensoría en esta materia. Así, la Defensoría (i) tiene funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos; (ii) tiene competencias para adoptar medidas preventivas a la violación de derechos humanos, ejerciendo además acciones para reparar las consecuencias de tales violaciones; (iii) puede investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público; (iv) puede asumir la representación procesal de la víctima en procesos penales; (v) puede iniciar investigaciones por violación a derechos humanos, y tiene además derecho de acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con tales violaciones; (vi) puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, así como los demás órganos auxiliares de justicia, y (vii) puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, y puede estar presente en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar.

Quien lea desprevenidamente este listado podrá concluir que en realidad, la Sala Constitucional no está diciendo nada nuevo.

Sin embargo, tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo, una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener “versiones alternativas” a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía en investigaciones de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, como ha sucedido con los homicidios cometidos por funcionarios en el contexto de la represión en contra de manifestaciones.

De esa manera, frente a las pruebas y conclusiones de la Fiscalía, ahora tendremos las pruebas y conclusiones de la Defensoría. Además del fraude, con esta decisión se está transformando la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, pues lejos de proteger derechos humanos lesionados por actuaciones y omisiones del Estado (violaciones evidentes, por lo demás, en el marco de la actual crisis humanitaria), ahora la Defensoría será un órgano paralelo al Ministerio Público.

2.- La anulación de la designación del Vice Fiscal

 La noticia tras la sentencia 470 debería haber sido que la Sala Constitucional, sin juicio, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscal en contra de las bases comiciales de la fraudulenta constituyente.

Pero la noticia es otra. En esa sentencia, y sin que nadie se lo pidiera, la Sala Constitucional anuló el acto por el cual la Fiscal nombró al Vice Fiscal, al considerar que ese nombramiento debía ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y de paso, anunció que será la Sala Constitucional la que designará al Vice Fiscal.

Nada de esto podía hacerlo la Sala, quien con esta decisión, profundiza el golpe de Estado.

Así, la Sala no puede anular la designación del Vice Fiscal, pues carece de competencia para ello: la Sala solo conoce de asuntos constitucionales, y esa designación es un asunto administrativo. Además, mal puede anular un acto cuya nulidad no ha sido demandada.

Además, la designación del Vice Fiscal efectuada por la Fiscal fue solo a título de encargado, no a título definitivo. Eso es lo sucede, por ejemplo, con quien ejerce el cargo de Procurador, que en realidad es encargado. Pero la Sala solo anula la primera designación, aceptando la designación similar de quien ejerce el cargo de Procurador. La discriminación es evidente.

Y en todo caso, de ser nula esa designación, es a la Fiscal a quien correspondería designar al Vice Fiscal, previo control de la Asamblea. La Sala no tiene competencias para designar a los funcionarios del Ministerio Público.

3.- El Plan de la Sala Constitucional

 Sherlock Holmes decía que todo lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir.

En este caso, resulta fácil descubrir cuál es el plan de la Sala.

Así, en una clara usurpación de funciones, la Sala Constitucional va a designar al Vice Fiscal. Luego, mientras avanza el procedimiento de destitución de la Fiscal que inició –fraudulentamente- el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría actuará como Ministerio Público paralelo, de la misma manera que en ciertas gobernaciones se han creado estructuras paralelas, a especie de “protectorado”. Luego de que el Tribunal Supremo decida que la Fiscal incurrió en “falta grave”, la Sala Constitucional procederá a su remoción, bajo el falso argumento del desacato de la Asamblea. Con el cual, el Vice Fiscal impuesto en clara usurpación por la Sala, asumirá el cargo de Fiscal.

Todo esto no es solo un fraude constitucional. Es, además, otro capítulo más del golpe de Estado impulsado por “interpretaciones” desviadas y falaces de la Sala Constitucional.

¿Cómo se interpretan los artículos 333 Y 350 de la Constitución?; por José Ignacio Hernández

El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la

Por José Ignacio Hernández G. | 21 de junio, 2017

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El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la Constitución, y que luego avanzó a través de la fraudulenta e ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas de este anuncio. O en otras palabras: ¿cómo se aplican estos artículos de la Constitución?

1.- Entendiendo el artículo 333 de la Constitución

 El artículo 333 indica que la Constitución, como es la “norma jurídica suprema”, no puede ser desconocida o derogada de manera indebida. Si ello sucediere, ese artículo ordena a ciudadanos y funcionarios a“colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo que sucede en casos de golpe de Estado, o lo que es igual, ruptura del orden constitucional o del hilo constitucional.

Precisamente, desde el 2016 la Asamblea Nacional ha declarado que en Venezuela hay un golpe de Estado, con ocasión a las decisiones de la Sala Constitucional que invalidaron sus competencias, y luego, con ocasión a la suspensión del referendo revocatorio. En 2017 esa conclusión se reiteró frente a las sentencias 155 y 156, y posteriormente ante la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente. La Fiscal General de la República también ha afirmado conclusiones similares.

2.- Entendiendo el artículo 350 de la Constitución

El artículo 350 de la Constitución reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado por Juan Germán Roscio: el derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución.

Mientras que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega, la República iniciada en 1810 se basó en la obediencia racional: el ciudadano debe obediencia al Gobierno solo si éste actúa dentro de la Constitución. Pero si el Gobierno actúa fuera de sus facultades, invadiendo la libertad, entonces, el deber de obediencia cesa.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que el artículo 350 permitía invocar la desobediencia cumpliendo con tres esas condiciones: (i) debe existir un Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho, lo que es una tarea inútil: el derecho a la desobediencia existe, incluso, frente a sentencias que arbitrariamente pretendan limitarlo.

3.- ¿Cómo se aplican en la práctica los artículos 333 y 350?

 Los artículos 333 y 350 son dos caras de una misma moneda. Tal y como Roscio lo explicó hace doscientos años, frente a Gobiernos despóticos, el ciudadano tiene dos derechos: (i) un derecho pasivo que consiste en no obedecer o colaborar con ese Gobierno (artículo 350) y (ii) un derecho activo que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución (artículo 333). Ambas facetas parten del desconocimiento jurídico del Gobierno que actúa al margen de la Constitución, y que por ende, no debe ser obedecido.

El derecho a la desobediencia, como derecho pasivo, tiene un contenido específico: no obedecer órdenes o mandatos derivados de Gobiernos que actúan al margen de la Constitución. Ese derecho debe ser ejercido por los ciudadanos por medio de mecanismos de no-cooperación, mucho de los cuales ya se han venido cumpliendo en el marco de las recientes protestas. Por ejemplo, cuando la UCAB y otras universidades decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente, estaban actuando al amparo de este artículo, aun cuando no haya sido formalmente invocado.

Para los funcionarios, este derecho es ampliado en el artículo 29 constitucional, el cual reconoce el derecho a no obedecer órdenes violatorias de derechos humanos. Aquí, la desobediencia tiene un grado de eficacia mayor, pues en definitiva, las ordenes contrarias a la Constitución (desde la represión a manifestantes hasta las elecciones de la “constituyente”) requieren de actuaciones de funcionarios, quienes legítimamente pueden negarse a colaborar con esos procesos, impidiendo de esa manera la vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, el contenido del artículo 333 es más amplio. En realidad, esa norma solamente establece una obligación de resultado: si la Constitución es desconocida, su eficacia debe ser restablecida. Pero la Constitución no explica cómo puede lograrse ese restablecimiento, lo que es lógico, pues esa norma rige frente a situaciones de hecho excepcionales en las cuales las normas constitucionales han perdido eficacia.

Por ello, para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, bajo dos límites: (i) la acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer, en la práctica, la vigencia de la Constitución, y (ii)  no pueden vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia, así como los derechos humanos. Por ello, el artículo 333 no es un cheque en blanco.

4.- ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional?

 La Asamblea Nacional cumple un rol importante en la aplicación del artículo 333 constitucional, pues en su condición de representante del pueblo, tiene legitimidad democrática suficiente para emprender cualquier acción necesaria para restablecer la vigencia de la Constitución, dentro de los límites ya señalados.

Ese rol debe ser cumplido tomando en cuenta dos particularidades.

Lo primero que debe considerarse es que el artículo 333 se aplica para incidir en las condiciones materiales que impiden que la Constitución tenga vigencia plena. No basta, por ello, con decisiones jurídicas dictadas por la Asamblea: es necesario que en la práctica esas decisiones sean cumplidas.

Lo segundo que debe tomarse en cuenta es que la derogatoria de hecho de la Constitución de 1999 no responde a una única causa, sino a causas complejas. Por lo tanto, para restablecer la vigencia de la Constitución deben adoptarse decisiones complejas, planificadas y articuladas para lograr el objetivo querido por el artículo 333.

Como se  observa, la aplicación del artículo 333 por la Asamblea no requiere simplemente de un acto que se cumpla de manera instantánea, sino más bien de un proceso a través del cual la actual situación de hecho actual pase a ser una situación de Derecho regida efectivamente por la Constitución.

Ese proceso, en suma, es un proceso de transición hacia la democracia, o lo que es igual, un proceso de transición democrática, al cual recientemente se refirió Luis Ugalde. Fue en este sentido que la Asamblea, en mayo pasado, decidió crear la Comisión de Garantías para la Transición.

De esa manera, la Asamblea Nacional, como legítimo representante del pueblo, es a quien le corresponde planificar y coordinar el proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución. Para ello, ciertamente, es necesario continuar con los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal y de los rectores del CNE, entre otras accionesorientadasa la transición hacia una democracia constitucional estable.

Pero nuevamente debo advertir que esas decisiones de la Asamblea, en sí mismas, serían insuficientes, pues se requiere que ademássean cumplidas en la práctica. Para garantizar esa aplicación práctica no solo se precisa del apoyo de la sociedad civil (a través de métodos de protesta y no-cooperación), sino también de los funcionarios, quienes de acuerdo con los artículos 29 y 333 de la Constitución, deben colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución, como ya ha hecho la Fiscal.

Precisamente, como anunció la Asamblea al crear la citada Comisión de Garantías para la Transición, es necesario establecer incentivos para que los funcionarios desconozcan los actos que configuran el golpe de Estado y colaboren en el restablecimiento de la Constitución.

Sobre estas ideas estaré profundizando en nuevos artículos.

Decisión del TSJ: el intento de remover a la Fiscal; por José Ignacio Hernández

En la tarde del 20 de junio de 2017 medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó iniciar el proceso de “antejuicio de mérito” en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Como veremos, en realidad, lo que decidió el

Por José Ignacio Hernández G. | 20 de junio, 2017

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En la tarde del 20 de junio de 2017 medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó iniciar el proceso de “antejuicio de mérito” en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? Como veremos, en realidad, lo que decidió el Tribunal no es iniciar el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal, sino iniciar el procedimiento que podría culminar con su remoción.

1. Entendiendo lo que pasó

La velocidad de los últimos acontecimientos dificulta tener el panorama claro de lo que está sucediendo.

Como expliqué en un anterior artículo en Prodavinci, el 13 de junio de 2017 el señor Pedro Carreño solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designar a una “junta médica” con la intención de iniciar el procedimiento de remoción de la Fiscal General.

Luego, el señor Carreño volvió a acudir al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente el 16 de junio, a fin de solicitar al Tribunal calificar si hay o no mérito para enjuiciar a la Fiscal, por supuestas faltas graves cometidas. Precisamente, el Tribunal Supremo de Justicia informó a través de una nota de prensa que había iniciado el antejuicio de mérito en contra de la Fiscal como consecuencia de esa solicitud.

Este es el origen de la confusión. Los medios y el propio TSJ han anunciado que lo que se ordenó fue el inicio del “antejuicio” en contra de la Fiscal, pero en realidad, lo que se ordenó fue iniciar el procedimiento a través del cual la Fiscal podría ser removidade su cargo. Se trata de dos procedimientos con consecuencias muy distintas.

Así, el “antejuicio de mérito” es, en términos sencillos, la autorización que la Sala Plena del TSJ puede otorgar para enjuiciar penalmente a altos funcionarios, incluida la Fiscal General. Junto a esa figura, encontramos la autorización que la Sala Plena debe otorgar para iniciar el procedimiento para la remoción de la Fiscal. Como se observa, se trata de dos procedimientos distintos: el primero es para enjuiciar penalmente a la Fiscal; el segundo, es para autorizar el inicio del procedimiento por el cual la Fiscal podría ser removida.

El origen de la confusión es un error del Legislador, que en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano alude a la autorización del Tribunal para “enjuiciar” a la Fiscal, a fin de decidir sobre su remoción. Pero en realidad, no se trata de un “antejuicio de mérito” sino del control previo que el TSJ debe ejercer, según el citado artículo 22, para iniciar el procedimiento de remoción de la Fiscal.

Eso fue, precisamente, lo que decidió el TSJ. Es por esto que lo que está en juego no es un posible juicio penal en contra de la Fiscal General, sino su posible remoción del cargo.

2. ¿Y qué puede pasar?

De acuerdo con el artículo 279 de la Constitución, para remover a la Fiscal se requiere seguir dos procedimientos: uno ante el Tribunal Supremo de Justicia y otro ante la Asamblea Nacional.

Según las noticias, lo que el Tribunal Supremo de Justicia acordó fue iniciar el primer procedimiento a fin de decidir si la Fiscal incurrió en alguna de las faltas graves tipificadas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Para esto, el TSJ deberá otorgar oportunidad a la Fiscal para defenderse.

Luego de que la Fiscal se defienda, el TSJ podrá adoptar una de dos decisiones:

1. Negar que la Fiscal haya incurrido en alguna falta grave, caso en el cual el procedimiento llegaría a su fin o

2. Aceptar que la Fiscal incurrió en una falta grave, caso en el cual deberá remitir el expediente a la Asamblea Nacional, para que ésta decida si remueve o no la Fiscal.

Esto quiere decir que sólo la Asamblea Nacional puede remover a la Fiscal. Con lo cual el TSJ lo único que puede hacer es autorizar a la Asamblea a que remueva a la Fiscal, si considera que ella ha incurrido en una falta grave.

Sin embargo, un escenario muy probable es que la Sala Constitucional, considerando que la Asamblea Nacional está en “desacato”, asuma el ejercicio de esa competencia y pase a decidir, ella misma, la remoción de la Fiscal.

¿Es posible esto? De acuerdo con la Constitución no. Pero la Constitución ha sido sistemáticamente desconocida por la Sala Constitucional y no hay muchas probabilidades de que, en este caso, esa Sala decida seguir una línea contraria.

Por lo tanto, es probable que, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, sea la Sala Constitucional la que decida remover a la Fiscal.

El golpe de Estado, como se dice en criollo, pica y se extiende.

Sobre la solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional

En la mañana del mates 13 de junio de 2017, tres noticias se generaron desde las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): 1. La primera noticia es que la Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, solicitud formulada ante la Sala Plena del

Por José Ignacio Hernández G. | 13 de junio, 2017

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En la mañana del mates 13 de junio de 2017, tres noticias se generaron desde las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):

1. La primera noticia es que la Fiscal Luisa Ortega Díaz presentó solicitud de antejuicio de mérito en contra de los magistrados de la Sala Constitucional, solicitud formulada ante la Sala Plena del Tribunal. Cabe aclarar que la Sala Plena está integrada por todos los magistrados del Tribunal Supremo.

2. La segunda noticia es que el Defensor del Pueblo solicitó a la Sala Constitucional aclarar sus competencias relacionadas con investigaciones por violaciones a derechos humanos.

3. La tercera y última noticia es que Pedro Carreño solicitó al Tribunal Supremo la conformación de una junta médica para evaluar mentalmente a la Fiscal General.

Tres noticias que forman parte de una completa estrategia de la cual los espectadores tan solo conocemos una parte.

1. La solicitud de antejuicio presentada por la Fiscal

La solicitud presentada por la Fiscal ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se conoce como “antejuicio de mérito”. Así, antes de iniciar un proceso penal en contra de ciertos funcionarios, la Fiscal debe solicitarle a la Sala Plena que determine si hay méritos o razones válidas para ese proceso.

Precisamente, la Ortega Díaz considera que los magistrados de la Sala Constitucional que suscribieron las sentencias que han sido calificadas como una ruptura del orden constitucional, cometieron el delito de ruptura del orden republicano (artículo 132 del Código Penal). Los magistrados contra quienes tal solicitud fue formulada son José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

¿Qué puede pasar ahora? Lo primero que tiene que decidir la Sala Plena es si inicia o no el antejuicio. Para esto, los magistrados de la Sala Constitucional que han sido denunciados deberán inhibirse, o sea, separarse del conocimiento del caso.

Si la Sala Plena inadmite la solicitud, ésta será archivada y el antejuicio no se iniciará. Pero si la Sala Plena admite la solicitud, entonces, deberá iniciar el antejuicio en el cual los magistrados de la Sala Constitucional deberán defenderse. Y allí hay dos posibles decisiones:

1. Que la Sala Plena estime que no hay méritos para el procedimiento penal, caso en el cual archivará el expediente;

2. Que la Sala Plena estime que sí hay méritos, caso en el cual remitirá las actuaciones a la Fiscal para que el inicio del correspondiente procedimiento penal en contra de los magistrados.  En ese supuesto, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, los magistrados quedarán suspendidos e inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante el proceso penal.

Como se ve, esta solicitud de la Fiscal no conduciría a la remoción de los magistrados, remoción que –conviene recordarlo– fue solicitada por la Asamblea Nacional pero obstruida por la mayoría del Consejo Moral Republicano. Lo que está en juego es determinar si esos magistrados incurrieron en delitos que podrían aparejar penas de hasta 16 años.

Estas son las opciones. ¿Cuál es la más probable? Si las estadísticas del TSJ se cumplen, entonces, la solicitud de la Fiscal sería desestimada, muy probablemente inadmitiéndola.

Por esto, en el fondo, la solicitud de la Fiscal plantea un conflicto que hasta ahora no se había formulado. Me refiero al conflicto entre la Sala Plena del Tribunal, compuesta por todos los magistrados, y la Sala Constitucional.

2. ¿Y la solicitud de interpretación constitucional
interpuesta por el Defensor del Pueblo?

Poco después de las declaraciones de la Fiscal, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, acudió a la Sala Constitucional para solicitar que interprete las facultades de la Defensoría en materia de derechos humanos.

¿Cuál es el verdadero propósito de esta solicitud? No creo que el interés del Defensor del Pueblo sea tener una visión más clara de sus competencias. El objetivo probable, en este juego de ajedrez, parece ser procurar una “interpretación” de la Sala Constitucional conforme al cual solo la Defensoría del Pueblo podría adelantar investigaciones en materia de derechos humanos, materia en la cual el Ministerio Público perdería sus competencias.

Ya me dirán que esa sentencia desconocería la Constitución. Ante lo cual responderé: no sería la primera vez que tal cosa suceda. De hecho, cuando la Sala Constitucional negó la competencia de la Fiscal para aclarar la sentencia que avaló la fraudulenta constituyente, comenzó el proceso para inhabilitar a la Fiscal (como se hizo con la Asamblea).

3. ¿Pueden destituir a la Fiscal?

La solicitud de Pedro Carreño apunta a la destitución de la Luisa Ortega Díaz. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Fiscal puede ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, por “manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, con la aprobación de la Asamblea Nacional”.

De esa manera, lo que Carreño solicitó es que la Sala Plena nombre la junta médica que deberá evaluar la salud mental de la Fiscal, en una clara maniobra fraudulenta por separarla de su cargo.

Esa solicitud tendría un obstáculo: que la remoción de la Fiscal solo puede ser acordada por la Asamblea. Sin embargo, no sería de extrañar que la Sala Constitucional, alegando el “desacato” de la Asamblea, asuma la función de permitir la destitución de la Fiscal, lo que sería, claramente, otro fraude constitucional.

4. Un complejo juego de ajedrez

Presenciamos, como dije, una compleja estrategia que parece un juego de ajedrez. Hemos visto, hasta ahora, un conjunto de acciones de la Fiscal orientadas a evidenciar una conclusión: que en Venezuela no existen garantías del Estado de Derecho que permitan frenar la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Un objetivo en el que también ha avanzado la Asamblea Nacional.

Una trama compleja, sin duda, que me hace recordar el poema de Borges:

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonía?

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