Blog de Eugenio G. Martínez

Sobre los dos casos de fraude electoral denunciados ante el CNE; por Eugenio Martínez

La ruptura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) después de la juramentación de los gobernadores de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) provoca que queden en segundo plano dos denuncias fundamentales para garantizar la competitividad de una eventual elección presidencial en 2018: el fraude conformado en el

Por Eugenio G. Martínez | 25 de octubre, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

La ruptura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) después de la juramentación de los gobernadores de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) provoca que queden en segundo plano dos denuncias fundamentales para garantizar la competitividad de una eventual elección presidencial en 2018: el fraude conformado en el estado Bolívar y la denuncia de 1.6 millones de ciudadanos votando sin ser reconocidos por el Sistema de Autenticación Biométrico (captahuellas) del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Hay fraude en Bolívar? ¿Se puede demostrar?

El caso del estado Bolívar es el más complejo y emblemático de la última década en Venezuela. El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Andrés Velázquez, logró demostrar que el CNE puede manipular (manualmente) los resultados de una elección.

En el caso concreto de Bolívar, los testigos de la oposición lograron ubicar copias de las actas de escrutinio de 13 mesas de votación. En dichas mesas las máquinas no transmitieron los resultados escrutados y con la supuesta complicidad de los miembros de mesa, integrantes del Plan República y personal de la dirección regional del CNE en Bolívar, se dejó de seguir el protocolo previsto para estos casos.

Básicamente, si una máquina no puede transmitir los resultados, después de imprimirse el acta de escrutinio debe tomarse la memoria removible del equipo y utilizar la máquina más cercana a fin de transmitir los resultados a las Salas de Totalización del CNE.

No obstante, en la sede regional del CNE en el estado Bolívar se decidió transcribir estos resultados e ingresarlos manualmente al sistema. Como resultado de esta práctica de las autoridades regionales, le sumaron adicionalmente al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Justo Noguera, 2.568 votos y le restaron a Velázquez 166 votos.

Según el acta de escrutinio, totalización y adjudicación del CNE, Justo Noguera fue electo por el voto de 276.655 electores, mientras Velázquez capitalizó 275.184 sufragios válidos.

Para demostrar el fraude, Andrés Velázquez presentó ante el CNE un recurso jerárquico contra la los actos de escrutinio, totalización y adjudicación realizados por el CNE. No obstante, los lapsos que tomará el organismo comicial pudiesen hacer que la opinión pública pierda el interés en la prueba más evidente y contundente de manipulación electoral que se haya presentado.

Formalmente el CNE tiene hasta 5 días para dar como recibido el recurso (se presentó el lunes 23 de octubre en la tarde). Una vez admitido, tiene hasta 20 días para sustanciar el expediente y después hasta 15 días para tomar una decisión.

Si el CNE actúa en este caso como en el trámite de referendo revocatorio presidencial, la decisión pudiese anunciarse en 2018.

¿En que consiste la denuncia de Julio Borges de electores sin huellas verificadas?

Fotografía de FEDERICO PARRA / AFP

Fotografía de Federico Parra / AFP

Investigar la denuncia presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pudiese despejar la duda sobre la extraordinaria participación registrada en los 247 municipios (de 335 que tiene Venezuela), en los que en las primeras de cambio el chavismo obtuvo la mayoría de los votos en los comicios del 15 de octubre.

Para explicar la magnitud de la denuncia de Borges sobre el reporte que sugiere que 1.6 millones de personas votaron sin que se identificaran sus huellas en el sistema (no match), se debe recordar cómo funciona el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) del organismo comicial:

El día de la elección el SAI (las captahuellas que funcionan en cada mesa de votación) puede reportar hasta cuatro incidencias distintas:

1. Coincidencia o matchOcurre cuando el SAI determina que la huella del elector coincide con una de la huellas previamente almacenadas para este elector en la base de datos que se encuentra en la máquina asignada a su mesa de votación.

2. No coincidencia o no matchEl SAI determina que ninguna de las huellas del elector coincide con las huellas previamente almacenadas para ese elector en la mesa en donde está habilitado para votar.

3. Sin miembros superiores.El elector carecía de miembros o extremidades superiores, por lo tanto la máquina de votación debió ser desbloqueada con una clave especial que se le suministra desde el CNE al presidente de la mesa para que la persona pueda ejercer su derecho.

4. Sin huellas registradas.El elector no tenía sus huellas registradas en la memoria de la máquina.

Como se ha explicado en otros textos, la configuración de las máquinas de votación que se utilizaron para los comicios de 2015 y 2017 provoca que los equipos deban bloquearse si durante siete veces consecutivas registran un “no match”.

Adicionalmente, la máquina también debe bloquearse si la cantidad de electores sin huellas registradas alcanza el 20% de los votantes de la mesa o si se reporta la presencia de cinco electores sin miembros superiores.

En los comicios de 2012, 2013 y 2015 la oposición exigió la entrega detallada de todos estos reportes de incidencia por mesa, pero el CNE se ha negado a facilitarlos.

La denuncia de Borges implica que se le exigirá al CNE una compleja revisión biométrica (similar a la que se solicitó en el año 2013) para despejar las dudas sobre la identidad de las personas que votaron sin que su huella fuese reconocida por el sistema (no match).

En el reporte preliminar de incidencias de autenticación de la votación de gobernadores del 15 de octubre, el estado Miranda encabeza la lista de irregularidades. Según el reporte preliminar de ese domingo (solo en el estado Miranda) votaron 75 mil electores con no-match (sin que se identificara su huella) y 25 mil votaron registrándose en el sistema que carecían de miembros superiores).

¿Una persona puede votar en mas de una ocasión?

Si. Aunque el CNE constantemente asegura que una huella equivale a un elector y éste a un solo voto, en realidad el sistema no puede evitar la usurpación de identidad (especialmente si existe complicidad de los miembros de mesa y del Plan República).

No obstante, el sistema sí puede identificar a quien comete el ilícito de votar en múltiples ocasiones usurpando la identidad de otros ciudadanos. Lamentablemente el CNE se ha negado reiteradamente a presentar ante la Fiscalía General los casos comprobados de usurpación de identidad.

Por ejemplo, después de la elección presidencial del año 2013, en la auditoría biométrica que el CNE realizó a puerta cerrada sin técnicos de la oposición, se descubrió que 247 personas votaron en más de una ocasión. Según el reporte del CNE, que solo se entregó a los integrantes de la misión de acompañamiento de UNASUR que se desplegó en el país para los comicios de 2013, el total de registros con posible problema de identidad en la base de datos del SAI les permitió concluir que en esa elección 10.726 sufragios fueron afectados por identidad negativa o voto múltiple.

En el caso de las elecciones parlamentarias del año 2015, el CNE solo realizó (durante dos días) una revisión de una muestra de los equipos. En dicha revisión se seleccionaron aleatoriamente 238 centros de votación, incluyendo 738 máquinas de votación e igual cantidad de equipos SAI. Entre el 14 y 18 de diciembre de 2015, los técnicos de los partidos políticos auditaron la información biométrica de todos los electores que votaron en las mesas auditadas, concluyendo que 86,9% de los casos de No Match correspondían a electores que las máquinas no reconocieron. A esta conclusión se llegó al comparar sus huellas contra los archivos digitales almacenados en los equipos.

Realizada toda la verificación y depuración de casos en la llamada zona gris de identificación, se detectaron siete casos de electores que votaron dos veces: una vez con su propia cédula y otra con cédula distinta, indicando que no tenía extremidades superiores o usurpando otra identidad. Dos de esos casos votaron ambas veces en la misma mesa o en el mismo Centro de Votación. Ninguno de estos casos pasó a la Fiscalía ante la negativa del CNE de presentar denuncias formales. Una revisión similar a la efectuada en diciembre de 2015, pero sobre los datos de la elección de gobernadores está prevista para el 1 de noviembre.

¿Qué pide auditar la oposición?

Para poder aclarar las dudas que la oposición tiene sobre la votación del chavismo, se solicitará al CNE una revisión amplia que incluye ocho auditorías. En el pasado, el CNE se ha negado reiteradamente a autorizar estas revisiones, especialmente en el caso de la impugnación de los resultados de la elección presidencial del año 2013.

1. Auditoría a los archivos con información de las Marcas de cada sesión de votación, enviadas por la máquina junto con el acta.

2. Esta revisión servirá para saber la cantidad de incidencias de coincidencias (match), no coincidencias (no match), huellas omitidas o personas sin dedos votaron en cada máquina de votación.

3. Todas las Bitácoras (logs) del Sistema.

4. Esta auditoría puede detectar manipulaciones a las actas electorales o a los resultados.

5. Listado de todas las actas que fueron marcadas “en observación” por el sistema.

6. Esta auditoría pudiese cotejar las actas que no fueron incluidas en el boletín de totalización.

7. Registro de acceso de usuarios al sistema, desde 24 horas antes del proceso electoral hasta 48 horas después de la divulgación del boletín de resultados.

8. Con esta revisión la oposición persigue conocer quiénes tuvieron acceso al sistema y cuáles son los privilegios de usuarios que tienen asignados.

9. Registro (log) completo del Sistema de Detección de Intrusos (IDS).

10. Revisión de las actas en papel de una muestra representativa de las 30 mil máquinas de votación.

11. Prueba de verificación 1-1 del 100% de las huellas digitales de todas las máquinas de votación, con resultado de huellas “con coincidencia” (match) y “sin coincidencia” (no-match)

12. Verificar si las huellas utilizadas para desbloquear las máquinas corresponden a los electores habilitados para sufragar y determinar con exactitud la cantidad de no-match por mesas de votación

13. Prueba de verificación 1-N de las huellas “sin coincidencia” de la prueba anterior con resultado de “sin coincidencia” (no-match) y cada persona con los que hubo coincidencias

14. Esta auditoría sirve para determinar la identidad de las personas que votaron con estatus de no-match y precisar si sus huellas se encuentran en varias mesas de votación o varias veces en la misma mesa.

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Las claves de la interpretación política de los resultados de las regionales; por Eugenio Martínez

Los resultados de la votación para escoger gobernadores servirán como punto de partida para el complejo proceso de acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La lectura política de los resultados que tendrá el país a partir del domingo 15

Por Eugenio G. Martínez | 14 de octubre, 2017

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Los resultados de la votación para escoger gobernadores servirán como punto de partida para el complejo proceso de acercamiento entre el régimen de Nicolás Maduro y los representantes de la oposición agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La lectura política de los resultados que tendrá el país a partir del domingo 15 de octubre tendrán un efecto en las negociaciones dirigidas a concretar una transición negociada que puede mostrar su punto culminante en la celebración de una elección presidencial competitiva en los próximos 12 meses.

Electoralmente los resultados de este domingo podrán analizarse desde dos perspectivas: cantidad de gobernaciones alcanzadas por cada bloque y el número de votos totales. Esta segunda interpretación será clave para el proceso electoral y político de 2018.

Adicionalmente los resultados del domingo podrían reabrir el debate sobre los anuncios de participación electoral en la votación para escoger de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente que la presidenta del Consejo Nacional Electoral  (CNE) Tibisay Lucena realizó el pasado 30 de julio.

Las interpretaciones de los resultados de este domingo estarán condicionadas por la decisión del CNE de modificar las reglas electorales (una vez convocada la elección) en torno a la sustitución de candidaturas y la reubicación a 72 horas de la elección de 715 mil electores. Ambas medidas pudiesen impactar la tasa de pérdida de votos y será una tercera forma de analizar este proceso, especialmente cuando se comienzan a discutir las garantías para que los comicios de 2018 sean competitivos.

La última medición electoral de rechazo a Maduro se celebró en 2015. Las elecciones parlamentarias de ese año, en mejores condiciones políticas y electorales que las actuales, redujeron al chavismo a 5.599.025 votos, lo que representa el 40,8% del total de sufragios válidos, mientras la oposición continuó con sus crecimiento lento, pero sostenido llegando a aglutinar 7.707.422 votos, que equivalen a 56,2% del total de sufragios válidos.

A pesar de la diferencia en votos válidos (y porcentualmente) de 2015 el chavismo logró ganar la votación en seis entidades. Si el proceso de este 15 de octubre se analiza desde esa perspectiva entonces se puede comprender el cálculo de algunos factores del gobierno venezolano: el chavismo aspira ganar al menos 10 gobernaciones en este proceso. Las seis estados en los que triunfó en 2015, unidos a las entidades en donde la tasa de pérdida de voto opositor le permita al chavismo mantener el control (por abstención de la oposición, renuncias de candidaturas no procesadas y migración forzosa de electores a 72 horas de la elección).

En 2016 debió realizarse, al menos, una nueva medición. Las elecciones de gobernadores y de asambleas legislativas. No obstante, el CNE no lo permitió, al tiempo que los tribunales del país impidieron que se realizara la consulta popular por excelencia: el referendo revocatorio en contra de Maduro.

En los comicios regionales del año 2012 (se eligieron gobernadores y asambleas legislativas) se registró una abstención de 48%. Esta abstención estuvo marcada por la desesperanza que causó en el elector opositor la reelección presidencial de Hugo Chávez dos meses antes. El 52% de los ciudadanos que decidieron acudir a las urnas le dieron al chavismo el control de 20 de las 23 gobernaciones en disputa. Si este 15 de octubre se cumplen las aspiraciones del chavismo (ganar en 10 gobernaciones) entonces los candidatos de Maduro habrán perdido el control de la mitad de gobernaciones que conquistaron hace cinco años, mientras la oposición habrá triplicado los territorios bajo su teórico control político (después se podrá analizar el impacto de la no elección de las asambleas legislativas en estos territorios).

No se debe olvidar que en el año 2012 el chavismo logró triunfar en los comicios regionales desde dos lecturas básicas: Sus candidatos ganaron la mayoría de las gobernaciones (incluyendo las asambleas legislativas de 22 estados) y capitalizó la mayoría del voto nacional: 4.855.340 sufragios válidos en contra de los 3.834.292 votos válidos que obtuvo la oposición.

En el análisis de gobernaciones y voto nacional tampoco se debe olvidar que 53% de los electores habilitados para sufragar y elegir gobernadores se encuentran concentrados en apenas ocho de las 23 entidades del país. Aunque el número de gobernaciones que gane cada lado se muestre equilibrado entre las fuerzas, la diferencia en el voto nacional puede marcar la lectura política. Recordemos que en Zulia, Miranda, Carabobo, Lara, Aragua y Anzoátegui se concentra la mayoría de la población y allí la oposición tiene la primera probabilidad de triunfo. Y para las posteriores elecciones nacionales, el voto total será lo que contará.

En definitiva, los resultados de las regionales en referencia a la cantidad de gobernaciones que obtenga el chavismo y la oposición serán la referencia puntual, pero la cantidad de votos nacionales de cada bloque y el impacto de las decisiones del CNE, marcarán la ruta para intentar que en Venezuela se celebre una elección presidencial competitiva en 2018.

Las claves de los resultados de las Elecciones regionales 2017; por Eugenio Martínez

Los resultados de los comicios para escoger gobernadores previstos para este domingo están asociados directamente a la disposición a participar de sectores muy específicos de la población. La mayoría de las proyecciones realizadas hasta la fecha sugieren que una participación en torno al 50% de los votantes (un número de participación que se aproxima a

Por Eugenio G. Martínez | 12 de octubre, 2017
Fotografía de AVN

Fotografía de AVN

Los resultados de los comicios para escoger gobernadores previstos para este domingo están asociados directamente a la disposición a participar de sectores muy específicos de la población. La mayoría de las proyecciones realizadas hasta la fecha sugieren que una participación en torno al 50% de los votantes (un número de participación que se aproxima a los registrados  en los comicios regionales de 2004 y 2012). Tanto las encuestas como los modelos de simulación apuntan a que un incremento en la participación favorecerá a los candidatos opositores. Pero la participación no es el único factor que debemos prestar atención este domingo. A continuación enuncio algunos factores clave que ayudarán a determinar los resultados:

Menos centros y más votantes por mesa

La reducción de la infraestructura electoral puede impactar en la dinámica electoral  de la votación. Aunque solo se retiraron 75 centros de votación, el CNE eliminó siete mil mesas que formaban parte de los 13.559 centros de votación. Esto aumentará en algunas zonas el promedio de electores por mesa a 800 personas. El promedio nacional es de 597 electores por mesa, por lo que el incremento hasta 800 ciudadanos en algunos centros de votación pudiese ocasionar (en una escenario de alta participación) retrasos significativos en el flujo de electores.

Los centros más pequeños serán decisivos

Los triunfos electorales del chavismo se han cimentado en los resultado registrados en los centros de votación con menos mesas habilitadas. Para el proceso de este domingo el CNE habilitará 4.224 centros de votación con una sola mesa. Los resultados de las elecciones presidenciales de 2012 y 2013 sirven para explicar el efecto de estos centros en el cómputo final de resultados: Durante la elección presidencial celebrada el 7 de octubre de 2012 el candidato Henrique Capriles Radonski obtuvo 47,7% de los votos válidos, mientras Hugo Chávez fue reelecto con 52% de los sufragios. Si el resultado solo se analiza (porcentualmente) en los centros con una o dos mesas Capriles Radonski obtuvo 32% de los votos mientras Chávez capitalizaba 67,6%.

La elección de 2013 es otro buen ejemplo del impacto de los centros pequeños en donde es más factible el control político de los votantes: En los comicios sobrevenidos celebrados el 14 de abril de 2013 Capriles Radonski obtuvo en los centros de votación más pequeños (1 y 2 mesas) 419.795  sufragios, mientras Nicolás Maduro acumuló 897.624 votos. Sin embargo, en los centros de votación de más de dos mesas el candidato opositor obtuvo 6.879.557 votos, mientras Maduro llegó a 6.666.354 sufragios.

Menos control para el voto asistido

El “acompañamiento profesional de votantes” será otra de las claves del domingo, especialmente después que fuese eliminado el Sistema de Información al Elector (en los centros con más de tres mesas), módulo de consulta que se utilizaba para registrar a las personas que asistían a otro elector para ayudarlo a votar. En los centros mas pequeño (1 y 2 mesas) el control del voto asistido siempre ha sido menos riguroso.

Según el artículo 290 del Reglamento Electoral “los electores ejercerán su derecho al sufragio en forma individual y a fin de garantizar ese derecho, los integrantes de la Mesa Electoral no permitirán que esté acompañado de otra persona” mientras vota. 
Sin embargo, la Ley Electoral permite que los electores con alguna discapacidad y los de edad avanzada puedan solicitar que otra persona los acompañe.

Según el artículo 291 del referido reglamento “el elector que requiera ser acompañado deberá registrar en la Estación de Información al Elector sus datos de identidad y los de su acompañante”. Este registro ahora será manual en todos los centros de votación.

Aunque el artículo 292 del Reglamento Electoral prohíbe taxativamente que una misma persona acompañe a más de un elector, los informes de observación nacional en los últimos cinco años dan cuenta de cómo el derecho a solicitar ayuda, se convirtió en un proceso de monitoreo del voto en los centros en que se cuenta con la complicidad de los miembros de mesa, el Plan República y no existen testigos debidamente formados.

Adicionalmente la negativa del CNE a permitir la participación del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) como una de las organizaciones de monitoreo nacional limitará el control independiente de la votación.  Para este proceso el CNE solo permitió que una organización con credenciales comprobadas en el monitoreo electoral (Asamblea de Educación) participara como observador nacional

Confusión con los miembros de mesa

Para la elección de este domingo el CNE no realizó el sorteo de ciudadanos que deben prestar el servicio electoral. Después de varias informaciones y decisiones contradictorias el organismo decidió utilizar para estas funciones a los ciudadanos que fueron seleccionados para la elección parlamentaria del año 2015. Aunque prestaran el servicio electoral en ese año, todos estos electores deberán volver a  tomar el curso de capacitación electoral y recibir la credencial que les permitirá trabajar en las mesas este domingo. Es posible que una persona sorteada en 2015 no aparezca para este proceso por dos razones: 1) La eliminación de siete mil mesas de votación 2) La eliminación de la estación ara usar la tinta indeleble como mecanismo de seguridad. En total para este proceso se necesitan 90.822 miembros de mesa. Si no se hubiese eliminado la tinta indeleble entonces se requeriría el trabajo de 121.096 electores que asumieran su rol en las mesas de votación.

Votos válidos y nulos

La negativa del CNE (con el aval de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia) a respetar el contenido de los artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales provoca que 45 aspirantes de oposición que se inscribieron preventivamente antes de que se realizarán las primarias de la alternativa democrática y que posteriormente presentaron su renuncia permanezcan en los instrumentos de votación.

Al momento de escribirse este texto no existe certeza si el CNE procesó las renuncias de estos candidatos, lo que implica que estos aspirantes pudiesen (a pesar de haber perdido en las primarias del 10 de septiembre y haber formalizado su renuncia ante el CNE) obtener votos válidos este domingo.

Si un elector vota por algún candidato que perdió en las primarias de la oposición, en el comprobante de votación que emita la máquina aparecerá un voto válido, aunque después al totalizarse todos los resultados este sufragio pudiese contarse como nulo si el CNE admitió la renuncia del candidato.

En caso que el CNE no procesara la renuncia (el organismo no ha divulgado información oficial sobre este tema) entonces el voto se contabilizará como válido al candidato perdedor de las primarias opositoras.

Para que el voto de quienes pretenden apoyar a la oposición sea válido y se contabilice correctamente  los técnicos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han insistido que en cada estado los ciudadanos deben conocer al aspirante que ganó las primarias y solo deben votar en la pantalla de la máquina por la tarjeta del partido político que tenga la foto y el nombre del candidato triunfador en las primarias.

Al no utilizarse tarjetón electrónico de votación la selección del candidato se realizará en la pantalla de la máquina. En todos los estados los aspirantes del Psuv se encuentran en la parte superior de la pantalla, mientras el candidato opositor estará en la parte inferior de la pantalla (el botón votar no aparecerá en pantalla hasta que no se realice una selección válida)

El cuadro de candidatos de oposición y las tarjetas que lo apoyan es el siguiente.

La denuncia de Smartmatic

Después de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la empresa Smartmatic acusó a la presidenta del CNE de informar al país resultados distintos a los que fueron contabilizados por el sistema. Para poder comprobar si la cifra de participación anunciada por Tibisay Lucena fue cierta es necesario conocer (entre otros elementos) las actas de cada mesa de votación y compararlas con los resultados por centro y mesa de votación. Hasta la fecha el CNE no ha informado del resultado de la ANC por centro, ni por mesa de votación.

Para anunciar resultados distintos a los contabilizados por el sistema este domingo 15 de octubre deberían ocurrir principalmente tres omisiones graves: 1) Evitar que los testigos de la oposición estén presenten en las Salas de Totalización del CNE 2) Evitar que los testigos de la oposición tengan copia del acta de resultados en cada mesa de votación. 3) Publicar en el site del CNE resultados generales sin detallar la distribución de los sufragios por centro o por mesa de votación.

El software de escrutinio, totalización y transmisión de resultados utilizado para esta elección fueron auditados por los equipos técnicos de la oposición sin que se detectaran anomalías. En teoría se están utilizando los programas desarrollados por Smartmatic, pero sin la presencia de esta empresa que fue reemplazada para la ejecución del proyecto electoral por la filial venezolana de la empresa argentina especializada en biometría ExClé.

Centros de votación eliminados a última hora

La última decisión del CNE puede aumentar considerablemente la tasa de voto  opositor perdido. Argumentando básicamente razones de seguridad el organismo comicial eliminó 251 centros de votación en 16 estados. Aunque sobre el total de centros habilitados (13 mil centros) la cifra parece poco significativa el análisis del tipo de centro que fue cerrado puede impactar en los resultados de los estados Lara, Miranda, Táchira y Zulia.

Al momento de redactar este texto el CNE sigue analizando un número indeterminado de centros que pudiese cerrar para la votación del domingo. No obstante, del grupo confirmado (por las direcciones regionales del organismo comicial) se conoce que en los primeros 205 centros de votación que fueron cerrados y nucleados con otros colegios electorales están inscritas para votar 400 mil ciudadanos. De este universo, en las elecciones parlamentarias del año 2015 votaron 311.521 electores. 78% de estos votos (245.647) se emitieron para apoyar a los candidatos de oposición en esos 16 estados.

La medida del CNE oficializada informalmente a través de la cuenta en Twitter de la rectora Tania D Amelio pudiese complicar el ejercicio del voto de los ciudadanos inscritos en estos centros si se toma en consideración que los nuevos centros asignados (en su mayoría) no tienen capacidad operativa para recibir un número tan alto de votantes, eso sin contar que se encuentran en zonas de difícil acceso o en donde las condiciones de seguridad ciudadana son mucho más complejas que en las zonas en donde se ubican los centros cerrados. Al momento de anunciarse los resultados deberá verificarse si en los centros cerrados la participación se comportó de forma distinta al de resto de los centros para poder evaluar en detalle el impacto electoral de esta decisión.

Un análisis de la declaración de Smartmatic sobre los resultados de la Constituyente; por Eugenio Martínez

El comunicado de Smartmatic sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente revela que existen dos niveles de manipulación de los resultados: 1. Al momento de leer el boletín, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, agregó al menos un millón de votos al total de

Por Eugenio G. Martínez | 2 de agosto, 2017
Fotografía de Ricardo Herdenez para AVN

Fotografía de Ricardo Herdenez para AVN

El comunicado de Smartmatic sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente revela que existen dos niveles de manipulación de los resultados:

1. Al momento de leer el boletín, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, agregó al menos un millón de votos al total de participación registrado por el sistema la noche del domingo 30 de julio. Lucena dijo que sufragaron 8.089.320 de venezolanos. El anuncio fue avalado por las rectoras Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández. El rector Luis Emilio Rondón indicó por Twitter que no acudió a la divulgación de resultados por la “inconstitucionalidad del proceso”. Según datos preliminares manejados por técnicos de la Junta Nacional Electoral, el primer boletín oscilaba entre 6.750.000 electores y 6.900.000.

2. Tradicionalmente se habilitaban 42 mil mesas de votación. Al concentrar a los electores en 24 mil mesas en esta elección, el Sistema de Autenticación Integral facilitó la posibilidad de voto doble o de usurpación de identidad. En este momento es imposible cuantificar la magnitud de estas irregularidades, pero esos votos están en el boletín de totalización. La decisión de disminuir la cantidad de mesas de votación se tomó antes de las denuncias de violencia en algunos centros electorales. Al momento de publicarse este texto, el CNE no había divulgado los resultados por centro electoral, ni por mesa de votación.

Otro tema pendiente se refiere al voto nulo. Es muy complicado determinar la cantidad de personas que votaron obligadas o con presiones para no perder el empleo o algún beneficio social. No obstante, aunque el total de votos en blanco (nulos) puede servir para estimar la magnitud del efecto de la coerción sobre beneficiarios del carnet de la patria y empleados públicos, hasta la fecha de divulgación de este análisis el CNE no había divulgado los detalles del voto en blanco.

A partir del comunicado de Smartmatic surgen preguntas clave sobre la elección de los miembros a la Asamblea Constituyente: 

¿Se puede determinar la magnitud del voto doble y de la usurpación de identidad?

Para precisar el número de personas que participaron en la consulta del 30 de julio hay que realizar, al menos, dos auditorías al sistema: primero, una auditoría al boletín de totalización comparándolo con las actas de escrutinio de las 24 mil mesas de votación. En segundo lugar, una auditoría de no duplicidad de huellas. Pero los precedentes de este tipo de auditorías son poco satisfactorios. En 2013, el CNE tardó más de seis meses en auditar las huellas de los votantes que participaron en la elección presidencial. El resultado de esta auditoría nunca se divulgó. En abril de 2014 se conocieron los preliminares de esta revisión por una filtración que hizo la Unasur que fue reseñada por el Centro Carter.

Si la oposición hubiese participado, ¿se evitaba la manipulación?

La participación de la oposición hubiese garantizado que se realizaran las 14 auditorías al sistema que el CNE no aplicó esta vez, así como la presencia de testigos en la mayoría de las mesas. En este momento no hay información disponible al respecto. Si Lucena hubiese anunciado datos distintos a los que contenía el primer boletín, la oposición lo hubiera detectado de inmediato y no habrían transcurrido 48 horas para tener evidencia de la manipulación.

Simpatizantes del gobierno alegan que Smartmatic no tiene acceso al boletín de resultados.

¿Cómo pueden saber que el CNE aumentó los datos de participación?

En condiciones normales, Smartmatic tiene acceso a la información que transmiten las máquinas de votación al centro nacional de totalización. Luego se verifica que las actas de cada mesa sean legítimas y se genera una base de datos de “actas verificadas” que pasa a totalización. Smartmatic no tiene acceso a este paso, que depende de los técnicos del CNE y el rector Carlos Quintero.

Sin embargo, el acceso que tiene Smartmatic le permite cotejar la información suministrada por Lucena. La empresa solicitó realizar varias auditorías sobre los resultados anunciados pero la petición no fue aceptada. Técnicos de la Junta Nacional Electoral sostienen que el lunes en la mañana se restringió el acceso de Smartmatic a la información de la elección.

Smartmatic trabaja en Venezuela desde 2003, cuando ganó la licitación para automatizar la votación del referendo revocatorio contra Hugo Chávez. En ese momento compitió contra las empresas Cantv, Bizta, Indra, Diebold y Tecosa.

A partir de 2004 se ha utilizado la plataforma de Smartmatic en todos los procesos electorales. Entre 2006 y 2015 la oposición venezolana avaló y certificó todos los resultados que se generaron a través de esta plataforma.

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Sobre los resultados anunciados por el CNE; por Eugenio Martínez

La flexibilización de los controles de identidad en el proceso de votación del 30 de julio, la ausencia de testigos con acceso a las actas de escrutinio en cada mesa de votación y la evidente presión a los ciudadanos para que acudieran a sufragar son los principales hándicaps de los resultados ofrecidos por el Consejo

Por Eugenio G. Martínez | 31 de julio, 2017
Fotografía de Cristian Hernández para EFE

Fotografía de Cristian Hernández para EFE

La flexibilización de los controles de identidad en el proceso de votación del 30 de julio, la ausencia de testigos con acceso a las actas de escrutinio en cada mesa de votación y la evidente presión a los ciudadanos para que acudieran a sufragar son los principales hándicaps de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuando la presidenta del organismo comicial anunció que se podía votar en cualquier centro del municipio en donde está inscrito el elector, eliminó una de las restricciones más básicas que existen para garantizar la integridad de una elección. Con la excusa de facilitar el voto a los ciudadanos afectados por la violencia, Lucena permitió que la posibilidad de votar en múltiples centros fuese real y sin ningún tipo de control.

Previo a las elecciones parlamentarias del año 2015, la presidenta del CNE Tbisay Lucena explicó: “La confianza en el CNE no es algo que hemos construido en un solo día. Es algo que hemos construido desde hace muchos años con las electoras y los electores (…) Es una confianza basada en hechos, no en un acto de fe (…) hemos dado las garantías para creer en el CNE. Es una confianza avalada por las mismas organizaciones políticas en varios sentidos: una es que sistemáticamente han participado en todas las auditorías que hemos hecho, y además, han contribuido con la seguridad del sistema electoral venezolano”.

La mayoría de estos argumentos no se mantuvieron en la precaria organización de la elección a la ANC, lo que aumenta las dudas sobre los anuncios de participación realizados por la presidenta del CNE en la noche del domingo 30 de julio.

¿Las captahuellas no evitaban que se votara más de una vez?

En el año 2015 Lucena explicó el uso de las captahuellas de esta manera: “Cada año nosotros vamos aumentando las garantías. No sólo mantenemos las que ya se han dado, que están todas publicadas en los centros de votación; las auditorías, los avances en los procedimientos, los protocolos técnicos, jurídicos y logísticos, sino también, por ejemplo, este año nos solicitaron que hiciéramos una auditoría de huellas después del proceso electoral. Efectivamente, el Consejo la aprobó”.

Sin embargo, el contraste entre las últimas elecciones y la votación de la ANC es evidente. En las elecciones parlamentarias del año 2015 se habilitaron 42 mil mesas de votación. No obstante, para el proceso del 30 de julio las rectoras del CNE (antes de hablar de violencia en 71 municipios y anunciar la creación de centros de contingencia) decidieron habilitar solo 24 mil mesas. ¿Por qué? Nunca se ofreció una explicación para este decisión. No obstante, la medida aumentó el promedio de electores por mesas a más de 800 ciudadanos, lo que provocó que el Sistema de Autenticación Integrado (SAI) no funcionara como lo hizo en el pasado.

Hasta 2015 el SAI, al momento que un elector se identificaba con sus huellas, podía generar cuatro incidencias distintas:

1. Coincidencia o match. Ocurría cuando el SAI determinaba que la huella del elector coincidía con una de la huellas previamente almacenadas para este elector.

2. No coincidencia o no match. El SAI determinaba que ninguna de las huellas del elector coincidía con las huellas previamente almacenadas para ese elector.

3. Sin miembros superiores. El elector carecía de miembros o extremidades superiores.

4. Sin huellas registradas. El elector no tenía sus huellas registradas en la memoria de la máquina.

Solo en el primer caso el elector podía votar directamente. En los siguientes tres supuestos (o incidencias) el ciudadano podía votar después de que se almacenaran y registraran sus huellas. En el caso de las personas sin miembros superiores la votación se ejercía cuando la máquina era desbloqueada por el presidente de mesa. No obstante, al momento de reducirse la cantidad de mesas que se usarían en la elección de la Constituyente el SAI quedó anulado para poder ejecutar estas funciones (solo puede almacenar los datos y huellas de 600 electores). Al anularse la principal función del SAI se abrió la posibilidad al voto múltiple, especialmente cuando se anunció que se podía votar en cualquier centro del municipio en donde el ciudadano está inscrito.

Este retroceso en el uso de la tecnología contrasta con lo que declaraba Lucena en 2015: “A partir del 2003 con la nueva plataforma tecnológica hemos ido perfeccionando el sistema electoral. Fuimos buscando, en cada una de sus fases, donde podíamos hacerle una mejora. La última mejora fue el tema biométrico. Estuvimos seis años investigando para finalmente en el 2012 proponer la identificación biométrica como parte integral del sistema electoral”.

¿Qué ocurre si el SAI no funciona correctamente?

En este caso debe evaluarse un conjunto de factores: al no existir competitividad entre partidos no había testigos en las mesas además el CNE no precisó si las personas en mesas de votación fueron los ciudadanos sorteados para este fin en el año 2016. Con este escenario, y sin el correcto funcionamiento del SAI una persona podía votar teóricamente múltiples veces en una sola máquina/mesa.

¿No se auditó el sistema?

Antes de las elecciones parlamentarias de 2015 Lucena indicaba: “Cada año nosotros vamos aumentando las garantías. No sólo mantenemos las que ya se han dado, que están todas publicadas en los centros de votación; las auditorías, los avances en los procedimientos, los protocolos técnicos, jurídicos y logísticos, sino también, por ejemplo, este año nos solicitaron que hiciéramos una auditoría de huellas después del proceso electoral. Efectivamente, el Consejo la aprobó”.

Sin embargo, estas ideas de aumentar las garantías no se mantuvieron en 2017. De las 110 fases (entre técnicas y lapsos legales) que ejecutó el CNE en las elecciones parlamentarias, para la organización de los comicios a la Constituyente se dejaron de ejecutar 70 fases o procesos. En la última década estas fases se han realizado con la participación de los testigos de la oposición y los técnicos de los observadores nacionales e incluso algunos acompañantes internacionales y 14 auditorías o revisiones técnicas esenciales al sistema de votación.

1. Producción de los cuadernos de votación

2. Software de máquinas de votación

3. Software de totalización

4. Huellas de electores

5. Producción de máquinas de votación

6. Producción de equipos del Sistema de Autenticación Integrado (SAI)

7. Infraestructura electoral

8. Auditoría al Sistema de Información al Elector (SIE)

9. Predespacho

10. Verificación Ciudadana Fase I

11. Verificación Ciudadana Fase II

12. Estadística de Participación

13. Archivos de Configuración de Máquinas de Votación

14. Auditoría de Telecomunicaciones pre evento electoral

La mayoría de estas revisiones no se realizaron. Y las escasas auditorías ejecutadas no contaron con la presencia de testigos de los candidatos, ni de observadores nacionales. En este sentido es importante destacar que el CNE asignó a la empresa en la empresa Arawana (Rif-j-40237947 1) la revisión del sistema. Esta empresa (que cobró Bs. 67.463.000 + Iva para avalar auditoría de la ANC) fue registrada en el mes de abril de 2017.

¿Hubo voto nulo?

El CNE dificultó al máximo la posibilidad que los electores pudiesen votar nulo. El dato de sufragios nulos pudiese servir para analizar mejor la participación anunciada por Lucena. No obstante, al momento de escribir este texto el organismo comicial sigue sin mostrar el detalle de los resultados de la votación para la ANC.

¿Puede el CNE demostrar que el dato de participación es real?

En un proceso con menos auditorías, sin tinta indeleble, que utilizó subregistros electorales, que no respetó la proporcionalidad ni la universalidad del voto ni la personalización del sufragio, con escasos controles contra el voto múltiple, con presión directa e indirecta a los 14 millones de inscritos en el Carnet de la Patria, resulta complejo avalar los resultados presentados. No obstante, una auditoría amplia a las bases de datos de huellas recabadas ayer en la plataforma biométrica pudiese servir para despejar algunas dudas (especialmente con el voto múltiple). No obstante, esta vía ya se intentó en el año 2013 y la revisión que planteó el CNE al archivo biométrico resultó inaceptable para la oposición.

¿Cuántas personas participaron realmente?

El anuncio que Lucena ofreció el domingo en la noche sugiere que votaron 41,5% de los electores inscritos, cifra que contrasta abiertamente con las proyecciones de votación que ofreció días antes Datanálisis. Según la encuesta del mes de julio

solo 12,6% de los votantes estaban muy dispuestos a votar, mientras 12,5% estaban algo dispuestos a sufragar, lo que implica que el mejor escenario de participación que proyectaba la encuestadora era de 25% del RE, lo que equivale a 4.8 millones de personas..

Por otra parte, los exit count realizados el domingo por firmas independientes ofrecen datos muy distantes del anuncio realizado por Lucena. La encuestadora Delphos proyectó una participación de 3,1 millones de electores, mientras Ratio-Ucab aseguró que habían participado 2,2 millones. Por otra parte, la empresa de mercado de capitales, Torino Capital, que contrató a la firma Innovarium para un exit count privado, proyectó un escenario de participación entre 3.111.807 electores (piso) y 4.086.309 (techo). Su estimado de personas que acudieron a sufragar es de 3.600.058 electores.

Sin embargo, el conteo que se difundía desde el Psuv y el CNE (supuestamente con datos proporcionados por un contador manual de los operadores del SAI) difieren de las proyecciones independientes. Según estos datos para la 1:00 pm del domingo ya habían participado 4 millones de personas. En esta proyección de votación se sugería que terminarían votando seis millones de electores.

¿El voto múltiple puede explicar una participación de 8 millones de personas?

Resulta difícil imaginar una estrategia de voto múltiple que pudiese generar, por ejemplo, 100 votos adicionales en cada una de las 24 mil mesas de votación. Si este fuese el caso se estaría hablando de apenas 2,4 millones de votos ficticios. En este sentido debe suponerse que la cifra de ocho millones de electores participando obedece a una mezcla de factores en donde la presión y control social jugaron un rol determinante.

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Sobre los votos en la consulta popular; por Eugenio Martínez

La consulta popular celebrada el 16 de julio fue un evento histórico: no solo por su forma de organización, sino por la simbología política que tendrá en el corto y mediano plazo. Al tratarse de un evento inédito en el país, no existen parámetros de comparación específicos, aunque sí se pueden utilizar algunos hitos de

Por Eugenio G. Martínez | 17 de julio, 2017
Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

La consulta popular celebrada el 16 de julio fue un evento histórico: no solo por su forma de organización, sino por la simbología política que tendrá en el corto y mediano plazo. Al tratarse de un evento inédito en el país, no existen parámetros de comparación específicos, aunque sí se pueden utilizar algunos hitos de participación y votación pasados para tratar de explicar la abrumadora presencia de venezolanos que acudieron a expresar su opinión.

Sin embargo, el evento de ayer debe verse desde una perspectiva política más amplia que solamente la frialdad de los números. El domingo 16 de julio no se celebró una elección, sino que ocurrió una gigantesca protesta ciudadana dentro y fuera del país.

Como ha ocurrido en otros eventos, la opinión pública puso en las cifras de participación unas expectativas imposibles de cumplir y eso probablemente explique que algunos ciudadanos piensen que la cifra de 7. 186.170 votos con 95% de las actas escrutadas es baja.

En poco más de 15 días se lograron desplegar y habilitar en el país 2.029 puntos soberanos, que albergaban 14.303 mesas de votación. En cada mesa de votación se calculó una votación promedio de 640 personas. Esto significa que dentro de Venezuela la participación máxima que esperaban los organizadores era de 9.153.920 ciudadanos. A pesar de las restricciones que impuso la capacidad instalada, no pocos políticos de oposición afirmaron que se lograría la cifra de 14 millones y, algunos, más conservadores dijeron que acudirían entre 10 y 11 millones.

El segundo dato a tomar en cuenta para la valoración debe ser el aval que los ciudadanos le otorgaban a la consulta. Según un estudio difundido por la firma Datincorp el viernes 14 de julio, 55% de los venezolanos en edad de votar (aproximadamente 11 millones de ciudadanos) avalaban la iniciativa convocada por la Asamblea Nacional: 84% de los opositores estaban de acuerdo con la consulta. La cifra disminuye a 47% cuando se trata de los independientes, mientras que sólo el 10% de los chavistas avalaba la consulta.

Resulta evidente que el aval no implica disposición a votar. Según Datincorp, 44% de los venezolanos (8 millones de personas), estaban dispuestos a participar mientras que Datanálisis aseguraba que podían acudir máximo 7.5 millones de venezolanos. Con este panorama, un proceso inédito con escasa infraestructura, se generó la protesta del 16 de julio.

¿Se podrá comparar la consulta del 16 de julio
con la elección de la Constituyente?

Al día de hoy es casi seguro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrecerá datos de participación y abstención en la elección de la Constituyente. Al no participar la oposición en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la posibilidad de acceder a la información y a la cantidad de electores que acudan a sufragar en el ámbito territorial es reducida. No obstante, lo relevante de la consulta popular no será el número definitivo de quienes participaron sino la conducción política que la oposición le otorgue a la protesta en las próximas dos semanas.

¿Más votos que Maduro?

La consulta popular fue un evento inédito: no existen precedentes para compararlo. Sin embargo existen hitos de participación que se han usado para tratar de colocar en contexto la cifra anunciada en la madrugada del lunes 17 de julio. Nicolás Maduro fue electo presidente en 2013 con el voto de 7.587.780 venezolanos (50,61% de los votos validos), mientras en 2015 la oposición aglutinó el respaldo de 7.707.442 de electores en las elecciones parlamentarias (56% de los votos válidos).

En las redes sociales ya se ha explicado abiertamente la diferencia organizativa entre esos eventos y la consulta popular. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias se habilitaron 14.515 centros de votación y 40.601 mesas, siete veces más infraestructura que la empleada para la consulta popular.

No obstante, la principal diferencia entre los procesos no radica en la infraestructura electoral, sino en el secreto del voto. El triunfo de la oposición en el año 2015 contó con el voto de electores quienes, amparados por el secreto del acto electoral, decidieron sufragar nulo o votar en contra del chavismo: 98% de quienes sufragaron lo hicieron en contra de Maduro. El riesgo de ser identificado probablemente desanimó a muchos electores a participar en la consulta.

El referendo de 1999, llevado a cabo con el fin de aprobar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es el evento más parecido (en infraestructura) a la consulta popular celebrada, especialmente porque en ese momento se disponía de 8.403 centros de votación y 20.281 mesas de votación.

En ese referendo 3.516.558 personas votaron avalando la convocatoria de la ANC (92,37% de los votos válidos), y 290.534 (7,63%) votaron en contra, 191.520 votaron nulo y 7.023.429 se abstuvieron. En esa oportunidad el padrón de votantes era de 11.022.031 personas. En otras palabras se puede decir que solo 31% de los venezolanos avalaron la ANC de Chávez.

En este momento el último corte del Registro Electoral (auditado) indica que existen 19.180.465 electores habilitados para sufragar, si se parte de la premisa de que todos los que participaron en la consulta popular están inscritos (lo que es incierto, especialmente por el voto en el exterior). En consecuencia, 37,4% de los venezolanos están en contra de la consulta popular. A partir de este punto se puede hacer interminables cálculos para demostrar que la participación fue mayor o menor que la registrada en anteriores elecciones. No obstante, esta comparación puede ser inadecuada porque el evento del domingo, como se ha indicado anteriormente, no era una elección o un referendo. Fue un evento político de otra naturaleza, que dibuja la hoja de ruta de la oposición en el mediano plazo. La clave no será el número total de participantes (con el 5% que falta por contarse se puede llegar a 7.5 millones de participantes) sino la conducción política que reciba ese grupo de ciudadanos, y quienes no participaron pero rechazan la ANC de Maduro.

El decisivo voto en el exterior

Formalmente el CNE solo reconoce en el exterior a 110 mil electores inscritos. La participación de ayer (693.789 venezolanos) refleja perfectamente la magnitud de la emigración y el impacto que podrían tener esos votos en una próxima elección en Venezuela y, además, demuestra lo estratégica que es la Ley Electoral aprobada en el año 2009, que niega o limita el derecho de estos ciudadanos a participar en las elecciones.

En la elección presidencial del año 2013 la diferencia oficial entre Maduro y Henrique Capriles Radonski fue de 223.599 votos. En ese proceso estaban habilitados para sufragar en el exterior apenas 100.495 venezolanos. 60.832 de estos logró votar, de los cuales sólo el 7% (4.509) lo hizo a favor de Maduro.

Al analizar la participación en el exterior, no se debe olvidar que solo en el sur de La Florida, de Estado Unidos, acudieron a votar 115.519 venezolanos. En 2013 en esta jurisdicción nadie puede ejercer el derecho al voto por la orden del Ejecutivo Nacional de cerrar el consulado ubicado en la ciudad de Miami; tampoco se puede desestimar en España que el CNE solo reconoce a 23 mil electores (cuando ayer participaron 91.985 ciudadanos) o que se acabaron las boletas de participación en Argentina y Chile.

Si todos los venezolanos que se encuentran en el exterior hubiesen podido votar, en la presidencial de 2013 la diferencia y el resultado experimentaría una variación significativa. No obstante, mientras prevalezca la Ley Electoral del PSUV, en su mayoría estos ciudadanos solo podrán participar en algún evento electoral organizado por el CNE si ejercen su derecho al voto en Venezuela.

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5 preguntas y respuestas claves sobre las bases comiciales de la constituyente; por Eugenio Martínez

¿Qué planteó Maduro en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente? Obviando el debate constitucional sobre el irrespeto al artículo 347, 348 y 349 de la Constitución al confundirse “iniciativa” con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o al imponerle la “agenda” a esta instancia, en las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional

Por Eugenio G. Martínez | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

¿Qué planteó Maduro en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente?

Obviando el debate constitucional sobre el irrespeto al artículo 347, 348 y 349 de la Constitución al confundirse “iniciativa” con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o al imponerle la “agenda” a esta instancia, en las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) el chavismo plantea un competitividad ficticia, aspirando a que la oposición se divida al debatir si participa o no en esta elección.

Inicialmente solo se puede analizar lo que será la elección de los 364 constituyentes regionales, porque la elección de ocho constituyentes indígenas y 168 constituyentes por sectores es imposible de evaluar porque será el Ejecutivo Nacional el que se encargue de construir el padrón de votación.

¿La oposición no puede arrasar en la elección municipal de los Constituyentes?

El diseño de las bases comiciales intenta sobrerrepresentar al chavismo, dándole más valor a sus votantes y quitándole opciones a la oposición en las zonas en donde podría obtener la mayoría de los votos.

De entrada, Maduro propone elegir un (1) constituyente por cada municipio del país (salvo en los municipios capitales de estado en donde se escogerán dos constituyentes por lista y por distribución proporcional). Eso significa elegir 312 constituyentes por nombre y apellido.

El siguiente ejemplo puede ilustrar lo que persigue el chavismo al sobrerrepresentar a las zonas rurales: los 253.004 electores inscritos en el municipio Baruta del estado Miranda elegirán a un constituyente, al igual que los 8.755 electores inscritos en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro.

Por otra parte, Maduro propone dos constituyentes para los municipios que son capitales de estado. Sin embargo, en este caso no plantea una elección uninominal (por nombre y apellido), sino una elección por lista, por representación proporcional. Esto significa, por citar un ejemplo, que los 945.153 electores inscritos en el municipio Maracaibo del estado Zulia escogerán a dos constituyentes, al igual que los 113.915 electores de San Fernando de Apure, en el estado Apure. Sin embargo, como la oposición es amplia mayoría en las zonas urbanas, en este caso Maduro exige aplicar distribución proporcional de los cargos, asegurándose en la mayoría de los casos uno (1) de los 2 constituyentes de cada capital, salvo en los casos en que la oposición duplique en votos a la lista chavista.

En concreto, la municipalización de esta parte de la elección genera una falsa creencia de competitividad. Si se utilizan como referencia los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 la oposición debería ganar en 166 municipios (incluyendo las capitales de estados) mientras el chavismo podría obtener el triunfo en 194 jurisdicciones. En otras palabras, la oposición se quedaría con el 45% de los constituyentes territoriales y el chavismo con 54%., aunque la cantidad de votos de la oposición sea muy superior al número de sufragios que obtengan los aspirantes del chavismo.

Aunque el deterioro de la situación política hace suponer que al chavismo le costará mantener el control electoral de los 194 municipios en los que ganó en 2015, por mucho que mejore la oposición, la clave del control de la Asamblea Nacional Constituyente no se encontrará en este ámbito sino en la elección que aún no se puede analizar: el ámbito sectorial. Elección en donde (hasta que el CNE publique las bases comiciales definitivas) debe suponerse que el chavismo parte con una ventaja de 168 a 0.

¿Si la oposición es mayoría, por qué no puede ganar la elección
de los constituyentes indígenas y de los constituyentes por sectores?

De los sectores es poco lo que se sabe, salvo la exigencia de Maduro al CNE: 1 Constituyente por cada 83 mil electores. El problema es que a la fecha se desconoce quiénes serán los electores de los sectores y como serán agrupados.

No obstante, resulta obvio que el diseño sesgado de las bases comiciales del chavismo le podría garantizar el control de la mayoría de los 168 constituyentes sectoriales. Por ejemplo: la oposición es amplia mayoría en las universidades nacionales, tal y como demuestran los resultados de los comicios de autoridades y dirigentes universitarios. Para este sector Maduro ordena al CNE que elabore un padrón de votación en donde deben estar universidades nacionales, universidades privadas y misiones educativas. Este padrón de votación será inauditable.

En las bases comiciales Maduro proponer distribuir a los 168 constituyentes sectoriales entre ocho sectores:

1. los campesinos y pescadores

2. las personas con alguna discapacidad,

3. los empresarios

4. los pensionados

5. los estudiantes

6. los trabajadoras

7. Comunas

8. Consejos comunales

Estos 168 constituyentes serán electos en listas nacionales, de acuerdo al principio de representación mayoritaria: quien más votos saque, va a ser electo en listas nacionales. No obstante, el problema es quiénes son los que integrarán los listados de votación de estos sectores.

Para diseñar esta elección Maduro ordenó al CNE que solicite “los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo al tipo de actividad laboral, clasificado de la siguiente manera:

1. Petróleo

2. Minería

3. Industrias básicas

4. Comercio

5. Educación

6. Salud

7. Deporte

8. Transporte

9. Construcción

10. Cultores

11. Intelectuales

12. Prensa

13. Ciencia y Tecnología

14. Administración Pública

Al día de hoy la información pública auditable de estos sectores es inexistente o escasa. Solo se sabe, por ejemplo, que en Venezuela existen 45.388 consejos comunales y 1.418 comunas. No obstante, también se conoce que el ministerio de Comunas suele negar o dificultar el reconocimiento a las estructuras sociales que no son afines a la revolución bolivariana.

Una aproximación realizada por la firma Torino Capital antes de la presentación de las bases comiciales (en un escenario de sobre representación municipal) sugería que el chavismo podría ganar 90% de los constituyentes electos en estructuras de base como las misiones sociales, 76% de los constituyentes electos a través de consejos comunales y comunas o 42% de los constituyentes del sistema educativo (sin incluir en este cálculo a las misiones educativas).

Adicionalmente Maduro prohíbe que un elector esté en más de un sector, y le exige al CNE que elabore los padrones de votación sectorizados con el siguiente orden de prelación:

1. Empresarios

2. Campesinos y pescadores

3. Personas con alguna discapacidad

4. Estudiantes

5. Trabajadores

6. Comunas y consejos comunales

7. Pensionados

En este sentido resulta muy complejo en este momento poder inferir el sector en el que un ciudadano podrá participar como candidato o elector, o la forma en que serán agrupados por el CNE

Las encuestas hablan de un rechazo de 80% a Maduro.
¿Los electores van a votar por sus candidatos?

La postulación de los candidatos es otro de los retos a superar. Al negarse la participación de los partidos políticos, Maduro exige al CNE que existan solo tres vías de postulación

1. Por iniciativa propia

2. Por iniciativa de grupos de electoras y electoras

3. Por iniciativa de los sectores antes mencionados

En todos los casos se necesita el respaldo de 3% de los electores inscritos en cada municipio (para la elección territorial) o de 3% de los integrantes del sector social al que se pretende representar. Para este proceso es necesario recoger firmas. El CNE aún no ha explicado cómo se realizará este proceso de recolección y la forma en que serán verificadas las firmas, pudiendo optarse por una revisión muy sencilla (comparar contra el RE) como la que se usó para certificar los 10 millones de firmas en contra de la Orden Ejecutiva de Barak Obama o utilizar criterios mas restrictivos, similares a los empleados para la recolección de manifestaciones de voluntad para respaldar que la oposición solicitara un referendo revocatorio en contra de Maduro.

Para este proceso es necesario aún esperar que el CNE redacte una normativa específica.

¿Es similar a la constituyente de 1999?

No. En primera instancia no se celebrará un referendo consultivo para que los ciudadanos digan si avalan o no la ANC y sus bases comiciales. Por otra parte, en 1999 Hugo Chávez propuso una asamblea compuesta por 103 miembros principales (sin suplentes), con elección directa por nombre y apellido. En este caso 76 constituyentes estaban distribuidos entre los 24 estados, otros 24 debían ser electos en circunscripción nacional, además de tres representantes indígenas, provocando que existiera un máximo de 10 votos por elector.

En la propuesta de Chávez la postulación era a)Por iniciativa propia b) Por iniciativa de los partidos c) Por iniciativa de sectores de la sociedad civil.

Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requerirían como mínimo 20 mil firmas de electores; para ser postulado candidato en una circunscripción regional, la cantidad de firmas era variable, dependiendo de la población del estado: Máximo 10 mil y mínimo mil firmas.

Sin embargo, el entonces Consejo Supremo Electoral reformó esta propuesta dejando las siguientes bases comiciales:

ANC integrada por 131 miembros principales (sin suplentes).

Elección por nombre y apellido. 104 constituyentes distribuidos entre los 24 estados (1 constituyente por cada 234.102 habitantes) 24 electos en circunscripción nacional y tres representantes indígenas para un máximo 10 votos por elector.

Este sistema estuvo lejos de ser perfecto. La escasa revisión de los requisitos de postulación provocó que se presentarán más de mil candidatos. Sin embargo, la técnica electoral conocida como el Kino Chávez sobrerrepresentó a los candidatos oficialistas, al extremo que los aspirantes del Gran Polo Patriótico aglutinando 65% de los votos, lograron ganar 95% de las curules de la Constituyente.

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¿Por qué luce inviable que los 59 partidos políticos se legalicen?; por Eugenio Martínez

Nota aclaratoria: Coincidiendo con el inicio del proceso de renovación de los partidos políticos el CNE decidió posponer hasta el 4 de marzo la presentación de los listados de militantes del primer grupo de organizaciones que deben renovarse ante el organismo comicial. A través de una nota de prensa los rectores del CNE argumentaron que

Por Eugenio G. Martínez | 16 de febrero, 2017
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

Nota aclaratoria: Coincidiendo con el inicio del proceso de renovación de los partidos políticos el CNE decidió posponer hasta el 4 de marzo la presentación de los listados de militantes del primer grupo de organizaciones que deben renovarse ante el organismo comicial.

A través de una nota de prensa los rectores del CNE argumentaron que la decisión se tomó para “facilitar esfuerzos logísticos de las organizaciones políticas”; no obstante la prórroga aumentan las dudas sobre este proceso. El CNE no ha explicado que pasará con las 12 organizaciones políticas que debían renovar su nomina de militantes entre el 18 de febrero y el 1 de marzo.

El organismo comicial tampoco precisó si admitirá desplegar más equipos captahuellas, o si la fecha anunciada como fin de este proceso (21 de junio) se mantiene o también será modificada.

La nueva fecha de inicio del proceso plantea la duda si los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisarán sus sentencias previas a raíz del recurso presentado por el Partido Comunista de Venezuela. Esta posibilidad también plantea la interrogante sobre una nueva interrupción en el proceso de organizar las elecciones regionales (pospuestas desde  el mes de diciembre de 2016).

La posposición tampoco aclara si las rectoras del CNE (solo Luis Emilio Rondón se ha manifestado en contra de las limitantes del proceso) permitirán que las organizaciones políticas objeto del proceso de renovación puedan realizar elecciones internas de directivos y candidatos.

El proceso de renovación de la nómina de inscritos de los partidos políticos pondrá a prueba no solo la capacidad organizativa de las organizaciones, sino el concepto unitario de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) obligará a las organizaciones que forman parte de la MUD a “disputarse” entre ellas, no solo a los militantes en cada estado, sino el uso de los puntos de validación dispuestos por el organismo comicial.

La infraestructura técnica que desplegará a partir de este sábado 18 de febrero el CNE para adecuarse a la exigencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hace inviable que la mayoría de las 59 organizaciones políticas que deben renovar su nómina de inscritos para evitar la ilegalización, logren registrar a sus militantes en la plataforma biométrica del CNE. Para evitar la ilegalización, cada partido político debe contar con el respaldo de 0,5% de los electores inscritos en 12 estados.

 ¿Por qué el rector Luis Emilio Rondón dice que los partidos solo tienen 14 horas
para renovarse y la rectora Tania D’ Amelio indica que son cuatro días?

La diferencia entre ambas declaraciones radica en la forma en la que se está interpretando la normativa redactada por el CNE.

Según las Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos, cada organización política dispondrá de dos días para entregar al organismo comicial el listado de sus militantes en 12 estados. Al concluir este proceso la organización dispondrá de dos días para lograr que las personas que se encuentran en los listados acudan a las puntos de validación habilitados por el CNE para registrar la huella de los militantes de cada partido. Esta etapa de registro de huellas (que solo se realizará los días sábado y domingo durante siete horas diarias) representa el verdadero proceso de renovación.

Si un militante que se encuentra en las listas entregadas por los partidos al CNE no logra registrar su huella en el lapso de 14 horas, no se considerará como parte del 0,5% que respalda a cada partido.

 ¿Por qué se considera que el proceso es inviable para la mayoría de los partidos?

De los partidos que integran a la MUD, la organización Avanzada Progresista (Lara) será una de las primeras que deba intentar validarse. Según el cronograma diseñado por el CNE, entre los días jueves 16 y viernes 17 de febrero, el partido del gobernador Henry Falcón, junto a cinco organizaciones adicionales, deberá entregar al CNE el listado de sus militantes en 12 estados.

El sábado 18 de febrero y el domingo 19 de febrero, el partido deberá llevar a sus militantes a que se registren biométricamente en alguna de las captahuellas dispuestas en los estados donde el partido argumentó contar con 0,5% de los militantes. En este proceso, el partido del gobernador Henry Falcón deberá competir con la Organización Kilométrica de Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Movimiento por una Venezuela Responsable y Sostenible, La Fuerza del Cambio y Vamos Adelante.

Este proceso de “competencia” por los escasos puntos de validación tendrá su clímax el 11 y 12 de marzo. Según el cronograma del CNE, los partidos Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Acción Democrática y Primero Justicia deben registrar a sus militantes ese fin de semana.

 ¿Seis partidos políticos no pueden conseguir el apoyo de 0,5% de los electores
en 12 estados durante un fin de semana?

Por la escasa infraestructura desplegada por el CNE la tarea parece imposible de cumplir, especialmente si los partidos políticos no colaboran entre sí distribuyéndose estratégicamente los estados en los que deben validar, y repartiéndose además el uso de los equipos biométricos del organismo comicial.

Si se compara el proceso de captura de huellas por el que deberán pasar los militantes de los partidos políticos con el proceso de captura de huellas de las personas que firmaron avalando que se solicitara un referendo revocatorio presidencial en 2016, se puede argumentar que seis fuerzas políticas necesitan al menos cinco días continuos para lograr registrar el número mínimo de militantes que requieren en cada estado.

Por ejemplo: si los partidos Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Acción Democrática y Primero Justicia deciden validar a sus militantes en el estado Miranda, entre las seis organizaciones deberán registrar durante 14 horas a 60.951 militantes (a razón de 10.159 militantes por partido).

Para que esto sea posible deben poder registrar sus huellas en las 24 captahuellas desplegadas en la entidad (2.540 diariamente en cada captahuella).

Durante el proceso de la recolección de firmas para avalar la convocatoria del referendo revocatorio presidencial en el estado Miranda, la oposición logró que 73.662 personas registraran sus huellas. Es decir, es posible hacerlo. No obstante, existen dos diferencias básicas entre estos procesos. La recolección del firmas para el revocatorio duró 5 días y el CNE habilitó para este proceso 32 captahuellas.

En la tabla anexa se puede analizar el escenario en caso de que los seis partidos que les toca registrarse cada semana decidan hacerlo en el mismo estado.

¿Y los partidos no pueden ponerse de acuerdo y distribuirse los estados?

Aunque cada fin de semana las organizaciones políticas lograran una acuerdo de cooperación y se dividieran en dos grupos para maximizar los esfuerzos, la cantidad de registros diarios que deben generarse en las captahuellas desplegadas por el CNE puede hacer suponer que solo 1 fuerza política (de un grupo de tres) logrará que todos sus militantes registren sus huellas. No obstante, la cantidad de validaciones diarias que deben generarse para que tres partidos políticos logren registrar a sus militantes en cada estado luce inviable.

Por ejemplo, en el estado Miranda deberían lograrse 1.270 registros de huellas en cada equipo biométrico del CNE por cada día del proceso, algo que luce inviable si se compara contra el precedente del registro de huellas para avalar el revocatorio.

Por otra parte, no debe olvidarse que el análisis de la ubicación de las 421 captahuellas desplegadas por el organismo comicial demuestra que en los casos de los estados Carabobo, Miranda, Lara o Zulia, el CNE desplegó menos captahuellas en las capitales de los estados, llevando el mayor número de equipos biométricos a los municipios más alejados en cada estado. Este sesgo en la distribución (menos población municpal, pero más captahuellas) dificulta aún más cualquier tipo de estrategia de movilización que los partidos políticos puedan diseñar para intentar mantener la legalidad según las exigencias de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Y si una persona firma por varios partidos?

El TSJ prohibió la doble militancia en Venezuela (aunque ya no existe financiamiento público a los partidos políticos). En el caso que una persona firme y registre su huella por varios partidos, el CNE solo tomará como válido el último registro.

Por ejemplo: Si en carnavales un ciudadano firmó como militante de Voluntad Popular y después lo hizo como militante de UNT, ese registro se contabilizará para el partido liderado por Manuel Rosales. No obstante, si ese mismo ciudadano después firma por el Partido Comunista de Venezuela, entonces el registro será válido solo para esta última organización.

 ¿Cómo asignó el CNE los grupos de validación de cada fin de semana?
¿Por qué a Voluntad Popular le toca en carnavales,
mientras UNT es el último partido de oposición en intentar renovarse?

Según informó el CNE el pasado 7 de febrero “el orden en que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Así, el primer grupo está conformado por aquellos partidos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones (…) El segundo grupo lo integran los que sí participaron en los comicios del 2015, a los que se le contabilizarán los votos obtenidos en ese proceso y se les dará el mismo orden de atención de acuerdo con su votación”.

Por esta razón, Avanzada Progresista fue asignada para intentar renovar su nómina de inscritos entre el 18 y 19 de febrero, mientras Voluntad Popular tendrá que hacerlo el fin de semana de Carnaval y al partido Un Nuevo Tiempo le corresponderá hacerlo entre el 18 y 19 de marzo.

Según el cronograma del CNE las últimas organizaciones en intentar validarse serán el Partido Comunista de Venezuela, Tupamaros y Bandera Roja, durante el fin de semana del 18 y 19 de abril.

¿Y no existe posibilidad de buscar militantes después del fin de semana asignado?

La posibilidad existe, pero el proceso es poco claro. El CNE ha explicado que culminada la etapa de registro de huellas realizará tres verificaciones distintas a los listados de los militantes:

1. Verificará los datos de los listados entregados por los partidos contra la información del Registro Electoral que se utilizó para las elecciones parlamentarias. Si un ciudadana para el 6 de diciembre estaba inscrito para votar en el estado Miranda y después se cambió para el estado Lara, deberá firmar y registrar su huella en el estado Miranda. Si lo hace en otra entidad (aunque esté registrado para votar en ese nuevo estado en 2017) pudiese considerarse como un intento de fraude.

2. Comparará el registro biométrico logrado durante cada fin de semana contra la base de datos de impresiones dactilares del organismo comicial.

3. Se descartará la doble militancia.

Si después de este proceso alguna fuerza política no ha alcanzado el 0,5% de los militantes, el CNE abrirá un proceso de reparo que durará dos días. En estos dos días todos los partidos políticos que no lograron la meta del 0,5% deberán llevar a sus militantes a registrarse ante el CNE. No obstante, aún no existe precisión sobre si este proceso de reparo será en paralelo con una etapa de arrepentimiento (electores que deseen retirar su firma de respaldo a una organización política) o de impugnación a los listados por supuesto uso ilegal de los datos de electores vivos o ciudadanos fallecidos.

Si no existen interferencias o se agregan nuevas etapas de revisión, todo este proceso debe culminar el 21 de junio de 2017.

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¿Están ilegalizados los partidos políticos en Venezuela?; por Eugenio Martínez

Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizó el inicio del proceso de renovación de nómina de militantes de los partidos políticos, paso administrativo indispensable para evitar la ilegalización y la pérdida de los símbolos y colores característicos. Para que los partidos políticos eviten la ilegalización las rectoras Tania D Amelio, Socorro Hernández, Tibisay Lucena y

Por Eugenio G. Martínez | 8 de febrero, 2017
Fotografía de Andrés Kerese

Fotografía de Andrés Kerese

Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizó el inicio del proceso de renovación de nómina de militantes de los partidos políticos, paso administrativo indispensable para evitar la ilegalización y la pérdida de los símbolos y colores característicos.

Para que los partidos políticos eviten la ilegalización las rectoras Tania D Amelio, Socorro Hernández, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, decidieron otorgar a cada uno de las 59 organizaciones que deben renovar su nómina de inscritos 14 horas, distribuidas en un fin de semana, para que cumplan con la tarea de recabar firmar y huellas de sus militantes.

¿Por qué tan poco tiempo? ¿Es culpa de los partidos no haberse legitimado?

No. El 5 de enero de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió dar respuesta a la solicitud de interpretación presentada en julio de 2015 sobre el contenido del artículo 67 de la Constitución Nacional y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010).

En ese sentencia el TSJ pre-ilegalizó (este estatus no existe en la Ley de Partidos Políticos) a todas las organizaciones políticas que dejaron de participar en la elección presidencial de 2013 y en las elecciones parlamentarias de 2015, o a las organizaciones que participaron en estos procesos y no lograron obtener más de 1% del total de votos tipo lista emitidos en ambos procesos.

El TSJ ordenó al CNE en esta sentencia a redactar en un máximo de 60 días las normas que se usarían para la renovación de la nómina de militantes, haciendo especial hincapié en la necesidad de implementar en este proceso la autenticación biométrica de los militantes de cada organización, además de prohibir expresamente la doble militancia. El 4 de marzo de 2016 (mediante resolución Nº 160304-0010 publicada en la Gaceta Electoral número 801) aprobó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales.

No obstante, el 24 de mayo de 2016 un nuevo fallo del TSJ ordenaba no solo la renovación exigida en enero, sino que imponía la renovación obligatoria de todas las fuerzas políticas al inicio de cada periodo constitucional, colocando en duda la capacidad de las organizaciones políticas de realizar elecciones internas de directiva o escoger candidatos.

El TSJ esperó hasta el21 de octubre de 2016 para responder estas dudas. En la sentencia 871 ordenó reprogramar el proceso de renovación de los partidos políticos, dando al organismo comicial seis meses, a partir de la publicación de la sentencia, para concretar la renovación de los partidos, incorporando en su sentencia que el partido político que no cumpla con “el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional”.

Esta sentencia la emitieron en el punto crítico (técnicamente hablando) para convocar las elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre de 2016. De hecho, la advertencia del TSJ se emitió tres días después que la presidenta del CNE Tibisay Lucena, asegurara que las elecciones regionales se realizarían en el primer semestre de 2017.

Entre el 21 de octubre de 2016 y el 6 de febrero de 2017 el CNE no se pronunció sobre el proceso de renovación. Lo hizo el 7 de febrero, momento en el que anunció que el proceso de renovación comenzará el 18 de febrero y culminará el 23 de abril, realizándose exclusivamente los fines de semana.

 ¿Cuáles partidos deben renovarse?

En total son 59 organizaciones políticas que deben renovarse durante 10 fines de semana. Como se ha indicado en otros textos, deben renovar su nómina de inscritos, so pena de perder su inscripción y reconocimiento legal como partido políticos, todas las organizaciones integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD):

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular entre otros.

También corren el riesgo de ser ilegalizados todos los partidos que integran al Gran Polo Patriótico: Independientes por la Comunidad Nacional, Alianza para el Cambio, Corrientes Revolucionarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Comunista de Venezuela, Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Socialista Organizado de Venezuela, Podemos, Redes, Unidad Popular Venezolana y Vanguardia Bicentenario Republicana, entre otros.

La medida del TSJ también afecta a partidos disidentes de la oposición y del chavismo como Bandera Roja, Copei, Min-unidad, Fuerza Laboral, entre otros.

 ¿Es posible recoger las firmas? ¿Cuántas firmas son necesarias?

El procedimiento para que se realice la renovación de la nómina de inscritos de los partidos políticos está establecido en las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos”. Este reglamento que consta de 16 artículos no define taxativamente los lugares en que los partidos políticos deberán realizar la recolección de manifestaciones de voluntad, este punto aún debe aclararse en la reunión técnica prevista para mañana.

El Registro Electoral que será tomado en cuenta para esta renovación es el utilizado para la elección de la Asamblea Nacional de 2015. No obstante, el total de firmas necesarias variará en función de los estados en los que los partidos decidan validar a sus militantes.

Según la norma del CNE deben acreditarse, al menos, como militantes de cada fuerza política 0,5% de los electores inscritos en 12 estados (0,5% por estado).

La cantidad de militantes que los partidos políticos deben demostrar que poseen al CNE es la siguiente:


Por otra parte, según la decisión tomada por el CNE el 7 de febrero, el orden en que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Esto significa básicamente que las organizaciones que integran a la MUD son las que deberán recoger firmas y autenticar biométricamente a sus militantes en primera instancia (a partir del 18 de febrero), mientras las organizaciones pro-gobierno deberán realizar este proceso durante el mes de abril.

 ¿Es muy complicado renovar la nómina de inscritos?
¿Habrá impugnación como en el caso de las firmas para el revocatorio?

Según decidió el CNE, una vez culminado el proceso de manifestaciones de voluntad (23 de abril) “será aprobado un primer informe preliminar de la jornada, luego de lo cual se abrirá el período de reparos para quienes participen en este proceso. También se prevé un lapso de impugnaciones, antes de que sea emitido el informe final que será elevado a la consideración del CNE”.

Como se ha indicado en otras publicaciones, para que partido político que no participó en las elecciones parlamentarias de 2015 o dejó de obtener 1% de los votos pueda relegitimarse ante el CNE, es necesario que entregue, entre otros recaudos, la nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral en por lo menos 12 estados y la manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

Una vez que los partidos entreguen el listado de sus militantes al CNE comenzará el proceso de autenticación y validación de estos listados.

Según el artículo 7 de las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos”, el CNE, a través de avisos de prensa, llamará a las personas que se encuentran en los listados entregados previamente por los partidos para que acudan personalmente a las oficinas regionales del organismo comicial para identificarse biométricamente.

Por otra parte, el artículo 10 de las normas indica que “a los fines de procurar el desarrollo de la participación política en el marco del respeto a las reglas que pautan su ejercicio en democracia, los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación no podrán pertenecer a dos o más organizaciones políticas”.

En los casos de “múltiple militancia” de un elector, los rectores del CNE dispusieron que será considerada como válida “la última manifestación de voluntad expresada ante una organización con fines políticos”.

Además en el artículo 11 se especifica que “el aviso oficial de la solicitud de renovación expresará el derecho de cualquier ciudadano a revisar la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, a través del módulo que disponga el CNE, de manera temporal, en su portal oficial www.cne.gob.ve a objeto de garantizar a los interesados el ejercicio de los recursos previstos en la ley por el uso indebido de su identidad”.

Incluso el artículo 13 de la normativa establece que los ciudadanos podrán impugnar “la nómina de manifestación de voluntad” en los lapsos establecidos en un cronograma especial para este proceso.

Si las organizaciones que no alcanzaron a obtener 1% de los votos válidos el pasado 6 de diciembre o que no presentaron candidaturas no pueden cumplir con estos requisitos, el CNE cancelará definitivamente su inscripción como partido político, perdiendo el uso de sus siglas y símbolos distintivos.

 ¿Son suficientes los puntos de recolección?

El 7 de febrero el CNE anunció que para el proceso de renovación se dispondrán de 390 puntos que trabajarán siete horas diarias y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de los militantes. La contingencia tecnológica para esta jornada será de 100%.

Esto significa que cada partido político dispondrá de 14 horas para lograr la meta de 0,5% de electores en al menos 12 estados.

La cantidad de captahuellas, en comparación con otros procesos de inscripción de militantes (sin efectos jurídicos) es muy baja. En 2016 el CNE desplegó 4.800 puntos de inscripción para la renovación de los militantes del Psuv (proceso interno, no ordenado por el TSJ). En este caso, apenas está desplegando 390 puntos cuya ubicación es aún incierta.

 ¿Se puede firmar por varios partidos?

Desde su primera sentencia el TSJ ha sido enfático en indicar que la doble militancia está prohibida. En este sentido, si una persona firma y se autentica biométricamente para respaldar varias organizaciones, solo tendrá valor la última firma que valide el CNE. Por ejemplo: Según la división realizada por el CNE si una persona firmó en el estado Miranda avalando a Acción Democrática y después lo hizo por Redes, solo será válida la firma por Redes.

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¿Pueden convocar elecciones sin la oposición en Venezuela como en Nicaragua?; por Eugenio Martínez

El 7 de noviembre de 2016 se realizaron votaciones en Nicaragua para elegir presidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional, no obstante el proceso difícilmente puede calificarse como una elección. El resultado de la votación representó la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega como Presidente y significó además que el partido sandinista obtuviera

Por Eugenio G. Martínez | 27 de enero, 2017

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El 7 de noviembre de 2016 se realizaron votaciones en Nicaragua para elegir presidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional, no obstante el proceso difícilmente puede calificarse como una elección. El resultado de la votación representó la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega como Presidente y significó además que el partido sandinista obtuviera el control absoluto del Parlamento.

En estos resultados tuvo una alta incidencia el control de Ortega sobre la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. Utilizando mecanismo legales meses antes de la elección, Ortega logró desmantelar al sistema de partidos nicaragüense garantizando una votación sin contrincantes, y sentando las bases para un sistema de partido único, con una clara tendencia a la sucesión familiar.

El desmantelamiento del sistema de partidos nicaragüense para garantizar votaciones sin oposición real puede resumirse en seis grandes acciones:

1. En el mes de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia, controlada por el oficialismo, decidió que la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), la principal fuerza opositora en el país, debía pasar de Eduardo Montealegre a manos de Pedro Reyes. Mientras Montealegre fue candidato opositor a Ortega en el 2006 Reyes es considerado un aliado político de Ortega. Aglutinando 31% de los votos en la última elección el PLI era el principal partido de la Coalición Nacional por la Democracia, agrupación de partidos y organizaciones sociales que adversan a Ortega. Aunque la Coalición Nacional por la Democracia estaba integrada por ocho partidos y un amplio número de organizaciones civiles, solo dos fuerzas políticas tenían reconocimiento legal pleno: el PLI y el partido de Acción Ciudadana.

2. Antes de la decisión de la Corte que modifica a la directiva del PLI, esta fuerza política y los demás integrantes de la Coalición Nacional por la Democracia habían elegido al diputado Luis Callejas como su abanderado presidencial para enfrentar a Ortega. No obstante al modificarse la dirección del PLI se anuló esta decisión de los partidos y Callejas perdió la posibilidad de inscribirse. Ante las críticas de manipulación electoral, la Corte Suprema de Justicia alegó que la decisión no impedía la candidatura de Callejas que podía ser postulado por otro partido con reconocimiento legal.

3. El 6 de junio de 2016 al momento de formalizar su candidatura a la reelección, Ortega exclamó: “Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”. Aunque la Ley Electoral de Nicaragua avala la observación nacional e internacional, su participación fue prohibida por Ortega con el aval de la autoridad. En su lugar estuvieron como “acompañantes internacionales” de la votación los ex presidentes Manuel Zelaya, de Honduras; Fernando Lugo, de Paraguay; Álvaro Colom, de Guatemala y Mauricio Funes, de El Salvador.

4. A finales del mes de julio el Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó la destitución de 28 diputados opositores a Ortega (16 principales y 12 suplentes) argumentando que se encontraban en desacato por desconocer la sentencia de la Corte sobre la representación legal del PLI. Con esta decisión Ortega obtuvo el control absoluto de la Asamblea Nacional.

5. Con el cambio de dirección del PLI la única posibilidad de la oposición de presentar candidatos en los comicios de noviembre se limitaba a hacerlo a través del partido Acción Ciudadana. Sin embargo, este partido no tenia casilla electoral (posición en la boleta) y su directiva debía solicitarla a la autoridad electoral. No obstante, esta solicitud no se pudo presentar porque a finales del mes de junio de 2016 la Corte Suprema también cambió a la directiva de Acción Ciudadana, pasando el partido a manos de teóricos aliados políticos de Ortega y dejando a la oposición sin posibilidad de presentar candidatos en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ante la ausencia de representación política reconocida, la Coalición Nacional por la Democracia anunció (cuatro meses antes de las elecciones) que se retiraba de las elecciones por el fraude continuado y la manipulación del proceso.

6. A la votación presidencial y legislativas de noviembre acudieron en total 16 partidos, ocho de estos en alianza con el FSLN (partido de Ortega). Los otros siete partidos que el oficialismo cataloga de opositores nunca han obtenido más de 10% de los votos en los procesos en los que han participado y no tienen relación directa con la Coalición Nacional por la Democracia.

¿El Ortegazo puede ocurrir en Venezuela?

Casos como los del PLI o Acción Ciudadana ya han ocurrido en el país cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado modificar la directiva de organizaciones políticas como Copei o Bandera Roja provocando serias dificultades en la alianza de partidos de oposición para determinar el compromiso democrático de las nuevas directivas y de los candidatos que postulan.

Por otra parte debe recordarse que de las 62 organizaciones nacionales que existen en Venezuela, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) están exentos de renovar su nómina de inscritos para mantener la legalidad.  Adicionalmente solo el Psuv y la MUD están al día con el organismo comicial y en pleno ejercicio de sus facultades políticas. Adicionalmente existen dos partidos minoritarios (uno coordinado por el ex diputado opositor Hiram Gaviria) que tampoco deben legitimarse.

Como se ha indicado en otros textos el proceso de renovación de la nómina de inscritos y la duda sobre la legalidad de los partidos políticos en Venezuela es consecuencia de la sentencia número 1 de la Sala Constitucional del TSJ del pasado 5 de enero de 2016, en la cual se ordenó al CNE que regulara la verificación de la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, “implementando mecanismo de seguridad electrónica e informática sobre la verificación de manifestaciones de voluntad” de los inscritos en los partidos políticos.

Según esta sentencia el CNE debe acatar el contenido del artículo 67 de la Constitución Nacional, y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones lo que implica que todas las organizaciones políticas que dejaron de participar con sus logos y colores en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 (como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, La Causa R, etc.) o que habiendo participado no obtuvieron, al menos, el uno por ciento (1%) de los votos lista válidos emitidos en 12 estados deberán reinscribirse ante el organismo comicial.

Según la interpretación de los magistrados solo existe renovación automática de la inscripción de un partido político si la organización logró obtener 1% de los votos válidos emitidos el 6 de diciembre en por los menos 12 de los estados.

Los únicos partidos políticos nacionales que cumplieron con este supuesto fueron la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para cumplir con la exigencia de relegitimación de los partidos políticos los magistrados de la Sala Electoral del TSJ otorgaron a los rectores del CNE un plazo de 60 días para que regular la verificación de la nómina de inscritos de cada organización. No obstante, este proceso se paralizó en 2016 por la solicitud de información presentada por el CNE.

A la fecha (previa sentencia del mes de octubre de 2016 del TSJ reiterando la exigencia de la renovación de las nóminas de inscritos) los partidos políticos solo esperan que los rectores le pongan fecha al proceso de renovación de su nómina de inscritos para mantener la legalidad.

¿Mientras no renueven sus nóminas los partidos
están impedidos de participar en procesos electorales?

Según la sentencia del TSJ los partidos políticos objetos de la renovación están pre-anulados e imposibilitados de postular candidatos, entre otras acciones. Este concepto de pre-anulados es contrario a las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos que el TSJ dice hacer cumplir.

Una vez iniciado formalmente el proceso de relegitimación las organizaciones que no cumplan con los requisitos exigido quedarán ilegalizadas. Según el diputado Diosdado Cabello ninguno de los partidos de oposición está legalizado para participar en elecciones.

El 25 de enero Cabello explicó:

“La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año, pero ojo escuálidos, ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.

¿Cuáles son los partidos que deben renovar su nómina de inscritos?

Deben renovar su nómina de inscritos, so pena de perder su inscripción y reconocimiento legal como partido políticos todas las organizaciones integrantes de la MUD:

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular entre otros.

También corren el riesgo de ser ilegalizados todos los partidos que integran al Gran Polo Patriótico: Independientes por la Comunidad Nacional, Alianza para el Cambio, Corrientes Revolucionarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Comunista de Venezuela, Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Socialista Organizado de Venezuela, Podemos, Redes, Unidad Popular Venezolana y Vanguardia Bicentenario Republicana entre otros.

La medida del TSJ también afecta a partidos disidente de la oposición y del chavismo como Bandera Roja, Copei, Min-unidad, Fuerza Laboral, entre otros.

¿Es muy complicado renovar la nómina de inscritos?

Como se ha indicado en otros post para que partido político que no participó en las elecciones parlamentarias de 2015 o dejó de obtener el 1% de los votos pueda relegitimarse ante el CNE es necesario que entregue, entre otros recaudos, la nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral en por lo menos 12 estados y la manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

La cantidad de militantes que los partidos políticos deben demostrar que poseen al CNE es la siguiente:

Una vez que los partidos entreguen el listado de sus militantes al CNE comenzará el proceso de autenticación y validación de estos listados.

Según el artículo 7 de las  “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos” el CNE, a través de avisos de prensa, llamará a las personas que se encuentran en los listados entregados previamente por los partidos para que acudan personalmente a las oficinas regionales del organismo comicial para  identificarse biométricamente.

Por otra parte el artículo 10 de las normas indica que “a los fines de procurar el desarrollo de la participación política en el marco del respeto a las reglas que pautan su ejercicio en democracia, los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación no podrán pertenecer a dos o más organizaciones políticas”.

En los casos de “múltiple militancia” de un elector los rectores del CNE dispusieron que será considerada como válida “la última manifestación de voluntad expresada ante una organización con fines políticos”.

Además en el artículo 11 se especifica que “el aviso oficial de la solicitud de renovación expresará el derecho de cualquier ciudadano a revisar la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, a través del módulo que disponga el CNE, de manera temporal, en su portal oficial www.cne.gob.ve a objeto de garantizar a los interesados el ejercicio de los recursos previstos en la ley por el uso indebido de su identidad”.

Incluso el artículo 13 de la normativa establece que los ciudadanos podrán impugnar “la nómina de manifestación de voluntad” en los lapsos establecidos en un cronograma especial para este proceso.

Si las organizaciones que no alcanzaron a obtener 1% de los votos válidos el pasado 6 de diciembre o que no presentaron candidaturas no pueden cumplir con estos requisitos, el CNE cancelará definitivamente su inscripción como partido políticos, perdiendo el uso de sus siglas y símbolos distintivos.

¿Y si una organización logra verificar
el número mínimo de militantes en solo 11 estados?

Quedará ilegalizado, perdiendo el control sobre sus siglas y colores característicos.

¿Y la oposición no puede recurrir a la MUD
para postular candidatos en una elección?

Aunque la MUD está exenta del proceso de renovación de su nómina de inscritos (por ser el partido más votado en la ultima elección parlamentaria) sobre esta organización recaen otras amenazas. El Tribunal Supremo de Justicia aún no resuelve la demanda presentada en contra de esta organización por el alcalde del municipio Libertador y ex presidente del CNE Jorge Rodríguez. Adicionalmente se unen las solicitudes públicas de Diosdado Cabello, Francisco Ameliach y Tareck El Aissami para que el TSJ y el CNE anulen e inhabiliten como partido político a la MUD.

Según la interpretación del chavismo el CNE debe anular la inscripción como partido político de la  MUD de acuerdo con el artículo 32, apartado d, de la Ley de Partidos Políticos (ley que data de 1964) que establece la cancelación del registro y disolución de partidos cuando “se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales”.

El chavismo insiste en que la MUD orquestó un fraude electoral durante la recolección de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Este argumento fue el utilizado para que cinco jueces de corte penal suspendieran el proceso de revocatorio. Decisión que fue inmediatamente acatada por el CNE.

¿Sin partidos no se pueden presentar candidatos por iniciativa propia?

Al día de hoy la posibilidad de presentar candidaturas por iniciativa propia en este escenario no luce viable por las trabas burocráticas (recolección de firmas y verificación posterior) que impone el CNE para este tipo de postulación. Además provocaría que la oposición no puede competir por los cargos tipo lista que deben elegirse en las asambleas legislativas de los estados.

Según las informaciones suministradas por los partidos del Polo Patriótico la tesis del rector suplente, pero incorporado a la Junta Nacional Electoral, Carlos Quintero, es que la revisión de firmas de los partidos políticos al igual que la revisión de firmas avalando candidaturas por iniciativa propia se realice con los mismos criterios empleados para la autenticación de las rúbricas avalando el referendo revocatorio contra Maduro.

¿La renovación afecta la convocatoria de elecciones regionales?

Según los representantes técnicos de la oposición ante el CNE en este momento dar inicio al proceso de renovación de los partidos políticos podría significar un retraso importante en la convocatoria de las elecciones regionales.

Si el CNE convoca el proceso de renovación de los partidos (que puede durar más de seis meses según la normativa del CNE) durante el primer trimestre del año 2017 la celebración de las elecciones regionales podría posponerse en el mejor de los casos hasta el último trimestre de este año.

Por otra parte, si se convoca el proceso de renovación y en paralelo se convocan las elecciones regionales para el año 2017 los principales partidos nacionales de oposición, así como los minoritarios del chavismo no podrían participar inscribiendo candidatos, ni presentando alianzas. Tampoco podrían participar legítimamente en la campaña electoral de un eventual evento electoral de corte regional o local (salvo sentencia del TSJ que paralice los efectos de la regularización de las nóminas de inscritos).

Según Vicente Bello, representante técnico del CNE las dudas sobre las elecciones regionales y la renovación de los partidos depende del proceso de diálogo que en este momento está paralizado: “Hasta que no se defina qué pasará con el diálogo, el CNE no tomará ninguna decisión (…). El CNE está esperando que eso se aclare y reciba instrucciones de cómo proceder”.

¿A quién responsabilizan los venezolanos por el incumplimiento en el diálogo?; por Eugenio Martínez

Datanálisis realizó un estudio flash entre el 9 y 12 de diciembre para analizar la percepción de los venezolanos sobre las responsabilidades y evolución de la Mesa de Diálogo en la que participan representantes de la oposición, del gobierno y mediadores.  El universo de la encuesta consistió en personas naturales, mayores de 18 años de

Por Eugenio G. Martínez | 15 de diciembre, 2016
De izquierda a derecha: Fotografìa de Reuters

De izquierda a derecha: Jorge Rodríguez, Leonel Fernández, Carlos Ocariz, Monseñor Celli, Ernesto Samper y Martín Torrijos. Fotografía de Reuters

Datanálisis realizó un estudio flash entre el 9 y 12 de diciembre para analizar la percepción de los venezolanos sobre las responsabilidades y evolución de la Mesa de Diálogo en la que participan representantes de la oposición, del gobierno y mediadores.  El universo de la encuesta consistió en personas naturales, mayores de 18 años de los estratos A, B, C, D y E. El tamaño de la muestra fue de 500 entrevistas telefónicas en hogares, para un error muestral máximo de +/- 4,29%.

 1. ¿A quién responsabilizan los venezolanos
por el incumplimiento del diálogo?

Según el último estudio flash de Datanálisis sobre el proceso de diálogo, la mayoría de los ciudadanos responsabilizan el Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de noviembre; sin embargo, el resto de los actores (oposición y mediadores) también reciben señalamientos importantes.

Para 37% de los ciudadanos la responsabilidad por el incumplimiento de los acuerdos recae en el Gobierno Nacional, mientras 18,8% señala a mediadores y 16,5% sostiene que el incumplimiento fue generado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); ante esta pregunta 11% declina responder y 16% dice no saber a quién atribuir la responsabilidad por los incumplimientos.

Si del análisis se excluye a los que no saben y declinan responder entonces 51% considera que el responsable de los incumplimientos es el Gobierno, mientras 25,9% señala a los mediadores y 16,5% a la alianza de partidos de oposición.

 2. ¿La MUD debe retirarse de la de la Mesa de la Diálogo?

Los venezolanos se dividen, casi a partes iguales, al valorar la permanencia de la MUD en el proceso de diálogo. Mientras 44,4% se declara completamente en desacuerdo con la posibilidad de retirarse, 40,8% estaría de acuerdo si la oposición se retira de este proceso.

No obstante, si se analiza la opinión de los ciudadanos en función de su definición política, queda claro que para la mayoría de quienes se identifican con la oposición la opción más clara es la de retirarse del proceso de diálogo hasta que el Gobierno cumpla lo acordado, con esta posibilidad concuerda 64,4% de los entrevistados; mientras que la mayoría de quienes se dicen oficialistas se inclinan por la permanencia de la oposición en el proceso, con esta posibilidad coincide 63% de los entrevistados que se identifican con la revolución.

Entre los independientes, 48,6% rechaza que la oposición deje de participar en la Mesa de Diálogo, mientras 31,2% avala la postura de abandonar este proceso hasta que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos pactados.

 3. ¿Los venezolanos leyeron la carta de El Vaticano al Gobierno?

A pesar de la discusión pública entre chavismo y oposición sobre el origen de la misiva enviada por Pietro Parolín, Secretario de Estado del Vaticano, al Gobierno Nacional exhortándolo a cumplir con los compromisos acordados el 12 de noviembre, poco más de la mitad de los venezolanos se enteraron de la existencia de esta comunicación; de hecho 42% de los consultados reconoce que desconoce que el Vaticano envió una misiva al gobierno de Nicolás Maduro, mientras 54% asegura estar enterado sobre el contenido de esta comunicación. El desconocimiento a la misiva de Parolín llega al extremo de que 45% de las personas del segmento E y 41,5% de la clase D aseguran ignorar la existencia de este comunicado. Incluso, si se analiza por autodefinición política 32% de los opositores, 44,7% de los independientes y 53% de los chavistas no saben de la existencia de la carta.

 4¿Apoyan el contenido de la carta de Parolín?

Después de explicar a los entrevistados el contenido de la carta del Secretario de Estado del Vaticano,  36% de los ciudadanos consideran que “no importa la postura del Vaticano, porque con el diálogo el Gobierno logró ganar tiempo para enfriar la calle”, mientras 23% considera que la “la postura del Vaticano es un fracaso para Maduro y una victoria para la oposición”, otro 21,5% sostiene –una vez conocido el contenido de la carta– que “la postura del Vaticano es una injerencia inaceptable en los asuntos de Venezuela”.

 5. ¿A quién beneficia el diálogo?

66% de los chavistas y 61% de los independientes creen que el diálogo beneficia “a todos los venezolanos”; sin embargo en el caso de quienes se dicen opositores la percepción está mucho más divida: 28% señala que el diálogo favorece al Gobierno, apenas 1,8% cree que beneficia a la MUD, mientras 5,7% dice que beneficia por igual al Gobierno y a la MUD. Para 12,3% de los consultados no existe ningún beneficiado por el proceso de diálogo, mientras 50% de los opositores consideran que tiene efectos positivos en todos los venezolanos.

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10 resultados clave de la más reciente encuesta de Venebarómetro; por Eugenio Martínez

El último estudio de opinión Venebarómetro se realizó entre el 12 y 24 de noviembre. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/- 2,37%. El desarrollo del trabajo de campo estuvo a cargo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad). A continuación presentamos los principales resultados de la encuesta: 1. ¿Cómo

Por Eugenio G. Martínez | 11 de diciembre, 2016

15 respuestas electorales y políticas que revela la última encuesta de Datanálisis; por Eugenio Martínez

El último estudio de opinión Venebarómetro se realizó entre el 12 y 24 de noviembre. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/- 2,37%. El desarrollo del trabajo de campo estuvo a cargo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad). A continuación presentamos los principales resultados de la encuesta:

1. ¿Cómo perciben los ciudadanos al gobierno de Venezuela?

El último estudio del Venebarómetro indica que para 61% de los ciudadanos el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, mientras 34% sostiene que se mantiene apegado a la democracia.

Cuando se analiza esta percepción por autodefinición política, se descubre que solo quienes se autodefinen como oficialistas consideran que el gobierno de Maduro se mantiene apegado a los principios democráticos; opinión que no comparten ni los independientes ni quienes se consideran opositores.

Según el estudio, 9 de cada 10 electores identificados con la Revolución Bolivariana consideran que el gobierno de Maduro está apegado a la democracia; mientras 9 de cada 10 opositores, y siete de cada 10 independientes consideran que el Gobierno se ha convertido en dictatorial.

2. ¿Debe permanecer Maduro en la Presidencia?

Mayoritariamente los venezolanos aspiran a que Nicolás Maduro abandone la Presidencia “lo más pronto posible”. Con esta idea coinciden 7 de cada 10 venezolanos. Como ocurre con la valoración de la orientación democrática del gobierno de Maduro, mayoritariamente solo quienes se definen como chavistas aspiran a la continuidad del Presidente. Mientras 8 de cada 10 ciudadanos que se definen como chavistas quieren que Maduro permanezca en Miraflores, 8 de cada 10 independientes y 96% de quienes se dicen opositores consideran que debe abandonar la presidencia lo más pronto posible.

3. ¿Se continúa deteriorando la percepción sobre Maduro?

No. La evaluación negativa que exhibe Maduro parece haberse estancado; aunque para el mes de diciembre 72% de los ciudadanos tienen una percepción negativa sobre la gestión del Presidente.

Al momento de ser elegido presidente en el mes de abril de 2013 el 51,6% de los ciudadanos valoraba negativamente el desempeño de Maduro. A partir de ese momento se puede describir un deterioro progresivo en la forma en que valoran los ciudadanos la gestión del Jefe del Estado. El peor momento de Maduro se remonta al mes de septiembre de 2015 cuando 77,9% de los ciudadanos valoraban mal su gestión. A partir de ese momento la percepción que tienen los ciudadanos sobre su gestión ha oscilado en torno al 70%, sin una tendencia de recuperación o deterioro clara.

4. ¿El chavismo valora positivamente la gestión de Maduro?

Si. 78% de las personas que pueden definirse como chavistas tienen una percepción positiva sobre la gestión de Maduro, apenas 21% de los ciudadanos identificados con la revolución bolivariana valoran negativamente la gestión del Presidente.

5. ¿Los venezolanos están dispuestos a protestar?

Protestar por la inseguridad o el desabastecimiento es una opción clara para 31% de los ciudadanos que declaran estar “muy dispuestos” a salir a las calles; mientras 22,9% dice que “quizás saldría”, 8% se decanta por decir que “quizás no saldría”, mientras 36% sostiene que no está “nada dispuesto” a protestar en las calles.

Si la disposición a estar en las calles reclamando se analiza por autodefinición política,  9 de cada 10 personas que se definen como chavistas dicen no estar dispuestos a salir a protestar, a diferencia de 8 de cada 10 opositores y la mitad de los independientes.

6. ¿Los venezolanos consideran que la oposición debía sentarse a dialogar?

Sí. 58% de los ciudadanos está de acuerdo con que la oposición participe en el proceso de diálogo; sin embargo 38,8% se muestra en desacuerdo con esta posibilidad. No obstante, aunque un poco más de la mitad de los ciudadanos avalan la presencia de la oposición en el proceso de diálogo, los resultados parciales no son satisfactorios para la opinión pública.

Según el estudio del Venebarómetro, 49,9% de los ciudadanos están “frustrados” con los resultados del proceso de diálogo, mientras 38% dicen estar dispuestos. Al analizarlo por autodefinición política queda claro que quienes se dicen opositores son los más críticos con el diálogo entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En este sentido 7 de cada 10 ciudadanos identificados con la oposición se sientes “frustrados” con el proceso de diálogo, al igual que 6 de cada 10 independientes. En el caso de quienes se dicen chavistas, 7 de cada 10 están “satisfechos” con los resultados del proceso de diálogo.

7. ¿Los venezolanos consideran que la oposición debe tener una agenda de calle?

Para el 44,5% de los ciudadanos la oposición debe “estar luchando” por un cambio, mientras 36% sostiene que su principal acción debe ser dialogar con el Gobierno,  en el caso de quienes se dicen opositores 68% pide que se luche por un cambio, 10,6% sostiene que se debe dialogar y 20% considera que es necesario compaginar ambas acciones.

8. ¿Han cambiado los liderazgos políticos?

Sí.  Aunque Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski continúan siendo los líderes políticos mejor valorados, en el último Venebarómetro se posiciona como el tercer político con mejor valoración al gobernador del estado Lara, Henry Falcón.

En la escala de valoración presentada por la encuestadora, Leopoldo López tiene 55% de valoración positiva, mientras Capriles Radonski alcanza 50% de valoración positiva y Falcón llega a 49,9%. Entre López, Capriles Radonski y Falcón, el que menos valoración negativa exhibe en este momento es el gobernador del estado Lara que genera una imagen desfavorable en 32% de los ciudadanos, mientras López lo hace en 37% y Capriles Radonski lo hace en 41%.

9. ¿La oposición sigue siendo mayoría en la opinión pública?

Sí. 52,8% de los ciudadanos pueden catalogarse como opositores. Este grupo se divide entre 36% que apoya mucho a la oposición y 16,8% que dice apoyar “algo a la oposición”. En el caso del oficialismo 31,4% de los ciudadanos pueden englobarse como simpatizantes del chavismo. Este grupo se divide en 20% que apoya “mucho al Gobierno” y 11% que apoya “algo al Gobierno”.

Con relación a la identificación partidista, el estudio del Venebarómetro muestra al Psuv como el principal partido del país. 27% de los ciudadanos dicen que se identifican o militan en él.

Sorprende en el estudio que Voluntad Popular aparezca como el segundo partido con más militantes o simpatizantes superando a la marca unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según el estudio, 12% de los ciudadanos se identifican con Voluntad Popular, mientras 8,6% lo hacen con la MUD, 7% con Primero Justicia y 6% con Acción Democrática.

10. ¿Aumentan los chavistas que desaprueban a Maduro?

No. Según el Venebarómetro, en septiembre de 2016 el 67% de quienes se definía como chavista decía apoyar a Maduro, mientras en este momento lo hace un 75%.

¿Qué se sabe sobre los avances del proceso de diálogo?; por Eugenio Martínez

El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de

Por Eugenio G. Martínez | 3 de noviembre, 2016

Que se sabe sobre los avances del proceso de dialogo por Eugenio Martinez

El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de Miraflores.  El problema central (al menos para la oposición) es el momento en que se produce la primera reunión y la forma en que el chavismo la aprovechó, dejando mal parada a la MUD que todavía no logra exhibir un mínimo de coordinación discursiva y comunicacional. Mucho menos acciones concretas que se puedan asociar aquella reunión con la decisión de suspender las acciones que su electorado, agobiado por la crisis, reclama.

En este momento, el principal desafío para la oposición es poder reconfigurar el proceso de diálogo y presentar algún logro concreto lo antes posible. Y es en la búsqueda de ese logro concreto donde invierten en este momento los esfuerzos.

¿La oposición se olvidó del Referendo Revocatorio?

El Referendo Revocatorio no está anulado, sino suspendido.  No obstante, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia pasó a un segundo plano entre las prioridades de la oposición y el Revocatorio fue desplazado por la solicitud de una compleja ruta electoral que debe comenzar este mes para concretarse finalmente en 2017.

Parte de esta ruta electoral ya fue anunciada hace tres semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, cuando explicó que las elecciones de gobernadores serán pospuestas para el final del primer semestre del próximo año, mientras que las elecciones municipales podrían celebrarse a finales del segundo semestre.

Todo esto implica que, antes del inicio del diálogo, el CNE se preparaba para organizar comicios para escoger 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales,a demás de 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.

Sin embargo, la propuesta principal de la oposición en este momento se orienta a solicitar que se adelante la elección presidencial que debe realizarse en diciembre de 2018. No obstante, para que esto sea posible (bien sea por renuncia de Nicolás Maduro o porque él decida adelantar el proceso eleccionario) se necesita una reforma constitucional del Artículo 233 de la Constitución.

En este punto, comienza a complicarse la evolución de las propuestas de la oposición.

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¿Qué es lo que está exigiendo la oposición?

Son cinco los temas básicos que la oposición exige en este proceso de diálogo. O al menos son los que se han colado a la opinión pública:

  1. Elecciones generales en 2017 para relegitimar todos los cargos.
  2. Liberación de los presos políticos (se calcula que existen 113 presos políticos en este momento).
  3. Resolución del conflicto asociado a los diputados de Amazonas. Se especula que con una nueva elección a principios de 2017 para la circunscripción indígena Apure-Amazonas y el estado Amazonas.
  4. Renovación del CNE.
  5. Restitución de los facultades de control político de la Asamblea Nacional.

Según los negociadores de la oposición, existe un pre-acuerdo que permitiría lograr todo esto. No obstante, para que el acuerdo pudiera avanzar era necesario desistir del juicio de responsabilidad política contra Maduro y de la marcha a Miraflores, además de oficializar la desincorporación a la Asamblea Nacional de los tres diputados del estado Amazonas. Y, según fuentes vinculadas con los negociadores, la desincorporación de los tres diputados provocaría que la Sala Constitucional acelere el juicio sobre esta materia, que está pendiente de asignación de fecha.

Después de la desincorporación, el Tribunal Supremo de Justicia le ordenaría al CNE (presumiblemente en diciembre de 2016) repetir los comicios en el estado Amazonas y en el circuito indígena integrado por los estados Amazonas y Apure. Esta elección podría realizarse en el primer trimestre de 2017 y, si la oposición mantiene tres de los cuatro diputados en disputa, entonces tendría suficientes votos (112) para designar, al menos, a quienes deben sustituir a Socorro Hernández y Tania D Amelio. Quedaría aún definir qué sucederá con la designación temporal (que realizó el TSJ en diciembre del año 2014) de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.

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¿Qué fue lo que aceptó el gobierno?

Según fuentes del G4 (el grupo de coordinación de la MUD que está integrado por los secretarios generales de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular), el Gobierno aceptó discutir estos cinco puntos siempre y cuando la oposición desestimara la posibilidad de un juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro y desconvocara la marcha a Miraflores prevista para el 3 de noviembre.

No obstante, fuentes cercanas al grupo de negociadores aseguran que es falso que los puntos propuestos por la oposición se hubiese acordado para ser discutidos o que fueran parte de la agenda.

Desde la perspectiva del Gobierno, según explican fuentes cercanas a sus negociadores, lo más importante en este proceso es lograr la “reinstitucionalización y la siembra de confianza”. Estos dos elementos pasan porque el Poder Legislativo respete a los otros poderes públicos, corrija el desacato (la incorporación de los tres diputados de Amazonas, entre otras acciones) y, en consecuencia, que los otros poderes públicos puedan respetar al Legislativo.

¿Todo el chavismo está dispuesto a sentarse a dialogar?

Las diferencias con respecto al proceso de diálogo y cómo encararlo no son exclusivas de la oposición. En el chavismo existen grupos contrarios a la posibilidad de un entendimiento con la oposición y actúan en consecuencia. Y fuentes del grupo de intermediación internacional sostienen que en este caso (especialmente después del ataque de Nicolás Maduro contra el partido Voluntad Popular) es que el Vaticano tiene que hacer valer su papel de mediador.

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¿Se está discutiendo la liberación de Leopoldo López?

Ninguno de los negociadores admite que se esté discutiendo una Ley de Amnistía que permita la salida de Leopoldo López de la cárcel e incluya a figuras prominentes del chavismo.

¿En qué está trabajando El Vaticano?

Se ha difundido una tesis que afirma que El Vaticano está trabajando para lograr estabilidad política hasta el 10 de enero de 2017 y, a partir de entonces, lograr un gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición que comprometa a ambos sectores a garantizar la gobernabilidad del país hasta la elección presidencial de 2018. Es una tesis que fue esgrimida en 2013 por el ex-presidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva. No obstante, ninguna de las partes admite que esta posibilidad se esté considerando ni que pueda formar parte de la negociación en el futuro.

En este momento, la probabilidad de congeniar en un solo gobiernos dos modelos de país tan distintos no luce posible.

¿El chavismo que intenta negociar ha recibido (o pedido)
algún incentivo que disminuya el costo de abandonar el poder?

No existen señales que indiquen que se le haya ofrecido al chavismo garantías personales, familiares ni de capital que disminuyan el costo de abandonar el poder y permitan una salida concertada a la crisis. Tampoco existe evidencia de que el chavismo lo solicitara.

No obstante, asesores de la alternativa democrática sostienen que en privado estos temas si han sido discutidos.

¿Hasta cuándo esperará la oposición señales de buena voluntad del chavismo?

Aunque la mayoría de los elementos exigidos por la oposición no pueden definirse en dos semanas, los integrantes de la MUD necesitan ofrecer resultados tangibles ante la opinión pública.

A pesar de las diferencias de criterio entre Voluntad Popular y el resto de los integrantes del G4, cada grupo por separado siguiendo la recomendación de El Vaticano de posponer el juicio político y la marcha a Miraflores, dio plazo hasta el 11 de noviembre (fecha de la próxima reunión de la mesa de negociación) para que el Gobierno realice acciones concretas en función de las exigencias realizadas.

¿Existe ningún punto de acuerdo entre chavismo y oposición?

Sí: el respeto de los demás poderes al Poder Legislativo y del Poder Legislativo a los demás poderes. No obstante, aún no existe una vía clara para lograrlo, aunque todo pasa por resolver la incorporación de los tres diputados de Amazonas al Parlamento Nacional.

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¿Cuáles son las implicaciones de lo que dijo Tibisay Lucena?; por Eugenio Martínez

El 18 de octubre, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hizo un anuncio preliminar del calendario electoral para 2017.  En medio de la crisis política y económica que vive el país, y ante la expectativa de una resolución electoral, fueron más las interrogantes no resueltas por la rectora. El anuncio, esperado desde hace varias semanas

Por Eugenio G. Martínez | 19 de octubre, 2016

Tibisay Lucena

El 18 de octubre, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hizo un anuncio preliminar del calendario electoral para 2017.  En medio de la crisis política y económica que vive el país, y ante la expectativa de una resolución electoral, fueron más las interrogantes no resueltas por la rectora.

El anuncio, esperado desde hace varias semanas por algunos sectores políticos, ha sido interpretado por algunos analistas como la antesala a una eventual suspensión del Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro mediante una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Otros afirman que el anuncio es una manera de preparar el ambiente político ante una eventual imposibilidad técnica de la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad necesarias para convocar la elección. Las palabras de Lucena también generan confusiones sobre la definición de los procesos que tendrán que seguirse para definir candidaturas por consenso o primarias, de cara a unas teóricas elecciones para gobernadores del año 2017.

¿Las elecciones están convocadas?

No. El CNE no ha convocado las elecciones regionales, ni tampoco convocó las elecciones municipales. La presidenta del CNE anunció que la Junta Nacional Electoral se avocará a definir el cronograma de tres procesos electorales: las elecciones de base en la oposición y el chavismo durante el primer trimestre del año 2017; las elecciones regionales al finalizar el primer semestre de 2017 y las elecciones locales al finalizar el año 2017. Para considerarse convocadas las elecciones, es necesario un acto formal en el cual se precise la fecha definitiva de la elección y todas las etapas previas.

Como se ha explicado en otros textos de Prodavinci, las elecciones regionales deben celebrarse en diciembre de 2016 por mandato constitucional. Por eso, es inusual el silencio guardado por el CNE, y contrasta con su comportamiento en procesos previos. Por ejemplo, para las elecciones locales y regionales celebradas el 23 de noviembre de 2008, la presidenta del CNE formalizó la fecha en que se realizaría el evento comicial con nueve meses de anticipación, el 19 de febrero de 2008. Para los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012, los rectores del CNE realizaron la convocatoria formal a elecciones el 29 de marzo de ese mismo año, aunque ya Tibisay Lucena había anunciado la fecha desde el 20 de septiembre de 2011.

Antes de la declaración de la presidenta del CNE, los cronogramas desarrollados por la Junta Nacional Electoral (JNE) indicaban que las elecciones regionales se realizarían el domingo 4 o el domingo 11 de diciembre de 2016.

¿Es la primera vez que el CNE
pospone unas elecciones?

No. Como se ha indicado en otro texto, el caso más representativo de diferimiento de elecciones por razones políticas —contra lo establecido en la Constitución— es la de los integrantes de los Consejos Municipales, que fueron pospuestas durante cuatro años. Aunque debían celebrarse en agosto de 2009, finalmente fueron realizadas en el mes de diciembre del año 2013.

Incluso las elecciones de alcaldes de 2013 fueron pospuestas tres veces en un mismo año otorgándole a los burgomaestres electos en 2008 un año adicional en los cargos.

¿Los partidos están ilegalizados?

El proceso de renovación de la nóminas de inscritos de todas las organizaciones políticas del país (con la excepción del PSUV y MUD) está paralizado a la espera de la decisiones que tomen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

No está claro si el CNE permitirá que organizaciones distintas a la MUD y el PSUV presenten candidaturas a las elecciones regionales.

¿Cuántos candidatos deben definirse en las primarias?

Ésta es una decisión de cada fuerza política. El CNE aún no precisa, por ejemplo, si exigirá paridad de género en las postulaciones. En todo caso, es necesario que las fuerzas políticas presenten candidatos a 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales. En el caso de las elecciones locales —que Lucena ratificó se realizarán a finalizar el año 2017— se estarán elegiendo 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales. El CNE, según los anuncios de Lucena, esperará hasta febrero para que se comunique cuántas elecciones primarias deberán realizarse.

Además de la fecha de las elecciones, ¿qué falta?

El CNE aún debe aclarar todos los lapsos y procesos para las elecciones regionales y locales. Por ahora deben responder las siguientes preguntas:

1. ¿Se solicitará a la Asamblea Nacional  la aprobación de un crédito adicional para organizar los comicios?
2. ¿Quién aprobará los recursos para dos elecciones, elecciones primarias y relegitimación de los partidos políticos?
3. ¿Se realizará algún operativo especial para actualizar el Registro Electoral? ¿Los miembros de mesa sorteados en 2016 permanecerán para los procesos de 2017?
4. ¿Se mantendrán las circunscripciones de votación de 2012 o serán modificadas? Y si son modificadas, ¿se hará bajo cuáles criterios?
5. ¿Cuándo se realizará la inscripción de candidatos a gobernadores, candidatos a legisladores regionales nominales y candidatos por lista? ¿Cuándo se realizará la inscripción de los candidatos indígenas? ¿Cuándo se inscribirán los candidatos a alcaldes y los aspirantes a concejos municipales?
6. ¿El CNE mantendrá la exigencia de postulaciones igualitarias de hombres y mujeres en caso de que los candidatos no sean elegidos por primarias?
7. ¿Cuándo se relegitimarán los partidos políticos? ¿Podrán hacerlo antes de la fechas previstas para inscribir candidatos?

Análisis del sesgo político en la distribución de centros de validación del 20% que anunció el CNE

  El principal escollo que deberán superar los ciudadanos que quieren avalar la realización de un Referendo Revocatorio presidencial mediante la recolección de las manifestaciones de voluntad previstas para el 26, 27 y 28 de octubre será la ubicación de los centros de votación. Roberto Picón, integrante del grupo de técnicos electorales de la Mesa de

Por Eugenio G. Martínez | 22 de septiembre, 2016
CNE por Eugenio Martinez

Validación de firmas para el Referendo Revocatorio. Higuerote, Edo. Miranda [23/06/2016] Fotografía de Andrés Kerese. Haga click en la imagen para ver la galería completa

El principal escollo que deberán superar los ciudadanos que quieren avalar la realización de un Referendo Revocatorio presidencial mediante la recolección de las manifestaciones de voluntad previstas para el 26, 27 y 28 de octubre será la ubicación de los centros de votación.

Roberto Picón, integrante del grupo de técnicos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indica que la distribución nacional de los centros y captahuellas sugiere que existirá un promedio municipal de 3.600 electores por cada máquina durante los tres días de recolección. Este promedio se obtiene tras dividir la cantidad de electores potenciales que pueden firmar (19.465.638 personas) entre el número efectivo de captahuellas que serán desplegadas en el país: 5.392.

No obstante, al revisar en detalle la ubicación de estos centros, Picón advierte que la infraestructura electoral propuesta por el CNE “es insuficiente para satisfacer la demanda de participar políticamente, además de existir un sesgo contrario a las parroquias que votan en forma favorable a la oposición, disponiéndose menos máquinas de votación donde hay resultados favorable a la Unidad”.

¿Existe algún sesgo evidente en la ubicación
de los centros que dificulte recoger las firmas?

Sí. El análisis preliminar de la ubicación geográfica de los 1.355 centros de votación que serán habilitados por el CNE demuestra que la mayoría están ubicados en zonas de difícil acceso. Y aquellos que se encuentran en centros urbanos poseen un número dramáticamente alto de electores asignados a cada dispositivo de identificación biométrica (captahuellas).

Picón sostiene que en las parroquias urbanas los centros seleccionados son en general “aquellos con el resultado menos favorable a la Unidad. Abundan los centros en zonas periféricas, marginales y en zonas de alta criminalidad”.

¿Cómo es la distribución de los centros?

El análisis de Picón se centra en la propuesta original presentada por la Junta Nacional Electoral el pasado 13 de septiembre, pero no incluye los cambios realizados en la sesión del 21 de septiembre, cuando fue modificada la ubicación original de 300 centros de votación. La oposición había exigido que se modificara la ubicación de 900 centros de votación.

Picón considera que los cambios efectuados podrían mejorar levemente el panorama técnico previsto para la movilización de votantes. No obstante, sobre la ubicación original de los 1.355 centros habilitados obtiene las siguientes conclusiones:

“En los centros donde gana el PSUV, la infraestructura dispuesta para el 20% está por encima del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De hecho, entre los 1.355 centros habilitados, 729 centros que agrupan a 2.909 máquinas captahuellas son centros en donde ganó el chavismo el 6 de diciembre. En estos centros podrán firmar 6.930.902 electores a un promedio de 2.382 electores por máquina. En el caso  de los centros donde ganó la oposición el pasado 6 de diciembre, la infraestructura electoral dispuesta para el 20% está por debajo del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. En este caso, el CNE está habilitando 625 centros que albergarán 2.483 máquinas. En estos centros deberán acudir a firmar 12.542.016 electores, a un promedio de 5.051 electores por máquina”

¿CNE colocó menos centros y máquinas
en las zonas tradicionalmente opositoras?

Sí. El análisis de Picón indica que la infraestructura propuesta para el 20%, aunque promedia 3.600 electores por mesa, cuenta con una dispersión mucho mayor en las zonas urbanas. “Hay un sesgo evidente, observándose que mientras más adversa es la parroquia al PSUV hay menos densidad de máquinas”.

La diferencia con un proceso electoral es evidente: “La infraestructura para una elección nacional es homogénea, promediando 480 electores por mesa. Mesas más pequeñas generalmente corresponden a zonas rurales o periféricas urbanas donde el PSUV todavía contaba con una mayoría el pasado 6 de diciembre”.

¿Cómo afecta la distribución sesgada de los centros
para cumplir con la cuota regional del 20%?

Nacionalmente, se puede concluir (a falta de conocer la ubicación definitiva de los ya referidos 300 centros) que 6.930.902 personas deberán acudir a firmar en centros que favorecen al PSUV. Estos electores tienen 2.909 mesas para ejercer su derecho, mientras que hay 12.542.016 electores en centros que favorecen a la Unidad que tienen 2.483 mesas para ejercer su derecho.

Un ejemplo puede ilustrarlo mejor: el CNE decidió habilitar 450 centros donde la oposición obtuvo menos del 10% de los votos el pasado 6 de diciembre y apenas 125 centros donde la oposición obtuvo más del 90% de los votos en los comicios parlamentarios.

El detalle del análisis de Picón se puede observar en la tabla anexa:

¿Existen zonas urbanas sin centros de recolección?

La mayoría de los centros de votación habilitados están en la periferia de las grandes ciudades o en zonas de muy difícil acceso.

En el análisis de Picón destacan varios ejemplos que ilustran la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral. Como la distribución preliminar de los centros en el estado Carabobo, concretamente en el municipio Valencia, que también incluye todos los centros los votación utilizados el 6 de diciembre.

Para comprender la lectura, es necesario saber que el color de los círculos representa la fuerza política dominante en cada centro de votación, mientras el tamaño del círculo ilustra la cantidad de electores en cada centro. De la misma manera, los centros de votación marcados con un rombo constituyen los centros de votación habilitados por el CNE para el proceso del 20%, mientras que el tamaño del rombo ilustra la cantidad de captahuellas que tendrá cada centro (un número que puede oscilar entre un mínimo de dos equipos biométricos de identificación hasta cinco equipos de identificación).

Como ya se explicó, existe un sesgo que implica habilitar en mayor proporción los centros de votación en donde la oposición perdió el 6 de diciembre y que se encuentran en zonas de difícil acceso.

Otro ejemplo que ilustra a la perfección el sesgo electoral de la decisión del CNE es el municipio Girardot, en el estado Aragua. En este caso, aunque se podría suponer que existe un balance en la tendencia de los centros de votación habilitados, al revisar el promedio de electores por mesa se puede observar que en un centro deberán intentar validar su voluntad 40.481 personas que tendrán sólo 5 captahuellas operativas, mientras en otro centro las mismas 5 captahuellas operativas sólo deben atender a 2.002 personas.

Uno de los casos mas complejos que se encuentran en el análisis de Picón es la ubicación de los centros en el estado Portuguesa, donde los electores en las zonas urbanas prácticamente no tendrán de centros de votación para ir a firmar por el revocatorio. Como puede observarse, el CNE no habilitó ninguno de los centros en los que la oposición logró ganar el 6 de diciembre, mientras habilitó centros de votación en donde la Unidad capitalizó, como máximo, 40% de los votos válidos.




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es posible un revocatorio en 2016, luego del anuncio del CNE
JOSE IGNACIO HERNANDEZ

Que decidio el CNE sobre la recolección del 20 para el Referendo Revocatorio y cuando se hara-1

Esta es la nota de prensa donde el CNE dice como sera la recolección del 20 para activar el Referendo Revocatorio-1