Blog de Eugenio G. Martínez

5 preguntas y respuestas claves sobre las bases comiciales de la constituyente; por Eugenio Martínez

¿Qué planteó Maduro en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente? Obviando el debate constitucional sobre el irrespeto al artículo 347, 348 y 349 de la Constitución al confundirse “iniciativa” con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o al imponerle la “agenda” a esta instancia, en las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional

Por Eugenio G. Martínez | 23 de mayo, 2017
Fotografía de Prensa Presidencial

Fotografía de Prensa Presidencial

¿Qué planteó Maduro en las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente?

Obviando el debate constitucional sobre el irrespeto al artículo 347, 348 y 349 de la Constitución al confundirse “iniciativa” con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o al imponerle la “agenda” a esta instancia, en las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) el chavismo plantea un competitividad ficticia, aspirando a que la oposición se divida al debatir si participa o no en esta elección.

Inicialmente solo se puede analizar lo que será la elección de los 364 constituyentes regionales, porque la elección de ocho constituyentes indígenas y 168 constituyentes por sectores es imposible de evaluar porque será el Ejecutivo Nacional el que se encargue de construir el padrón de votación.

¿La oposición no puede arrasar en la elección municipal de los Constituyentes?

El diseño de las bases comiciales intenta sobrerrepresentar al chavismo, dándole más valor a sus votantes y quitándole opciones a la oposición en las zonas en donde podría obtener la mayoría de los votos.

De entrada, Maduro propone elegir un (1) constituyente por cada municipio del país (salvo en los municipios capitales de estado en donde se escogerán dos constituyentes por lista y por distribución proporcional). Eso significa elegir 312 constituyentes por nombre y apellido.

El siguiente ejemplo puede ilustrar lo que persigue el chavismo al sobrerrepresentar a las zonas rurales: los 253.004 electores inscritos en el municipio Baruta del estado Miranda elegirán a un constituyente, al igual que los 8.755 electores inscritos en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro.

Por otra parte, Maduro propone dos constituyentes para los municipios que son capitales de estado. Sin embargo, en este caso no plantea una elección uninominal (por nombre y apellido), sino una elección por lista, por representación proporcional. Esto significa, por citar un ejemplo, que los 945.153 electores inscritos en el municipio Maracaibo del estado Zulia escogerán a dos constituyentes, al igual que los 113.915 electores de San Fernando de Apure, en el estado Apure. Sin embargo, como la oposición es amplia mayoría en las zonas urbanas, en este caso Maduro exige aplicar distribución proporcional de los cargos, asegurándose en la mayoría de los casos uno (1) de los 2 constituyentes de cada capital, salvo en los casos en que la oposición duplique en votos a la lista chavista.

En concreto, la municipalización de esta parte de la elección genera una falsa creencia de competitividad. Si se utilizan como referencia los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 la oposición debería ganar en 166 municipios (incluyendo las capitales de estados) mientras el chavismo podría obtener el triunfo en 194 jurisdicciones. En otras palabras, la oposición se quedaría con el 45% de los constituyentes territoriales y el chavismo con 54%., aunque la cantidad de votos de la oposición sea muy superior al número de sufragios que obtengan los aspirantes del chavismo.

Aunque el deterioro de la situación política hace suponer que al chavismo le costará mantener el control electoral de los 194 municipios en los que ganó en 2015, por mucho que mejore la oposición, la clave del control de la Asamblea Nacional Constituyente no se encontrará en este ámbito sino en la elección que aún no se puede analizar: el ámbito sectorial. Elección en donde (hasta que el CNE publique las bases comiciales definitivas) debe suponerse que el chavismo parte con una ventaja de 168 a 0.

¿Si la oposición es mayoría, por qué no puede ganar la elección
de los constituyentes indígenas y de los constituyentes por sectores?

De los sectores es poco lo que se sabe, salvo la exigencia de Maduro al CNE: 1 Constituyente por cada 83 mil electores. El problema es que a la fecha se desconoce quiénes serán los electores de los sectores y como serán agrupados.

No obstante, resulta obvio que el diseño sesgado de las bases comiciales del chavismo le podría garantizar el control de la mayoría de los 168 constituyentes sectoriales. Por ejemplo: la oposición es amplia mayoría en las universidades nacionales, tal y como demuestran los resultados de los comicios de autoridades y dirigentes universitarios. Para este sector Maduro ordena al CNE que elabore un padrón de votación en donde deben estar universidades nacionales, universidades privadas y misiones educativas. Este padrón de votación será inauditable.

En las bases comiciales Maduro proponer distribuir a los 168 constituyentes sectoriales entre ocho sectores:

1. los campesinos y pescadores

2. las personas con alguna discapacidad,

3. los empresarios

4. los pensionados

5. los estudiantes

6. los trabajadoras

7. Comunas

8. Consejos comunales

Estos 168 constituyentes serán electos en listas nacionales, de acuerdo al principio de representación mayoritaria: quien más votos saque, va a ser electo en listas nacionales. No obstante, el problema es quiénes son los que integrarán los listados de votación de estos sectores.

Para diseñar esta elección Maduro ordenó al CNE que solicite “los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y asociaciones debidamente establecidos. La información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo al tipo de actividad laboral, clasificado de la siguiente manera:

1. Petróleo

2. Minería

3. Industrias básicas

4. Comercio

5. Educación

6. Salud

7. Deporte

8. Transporte

9. Construcción

10. Cultores

11. Intelectuales

12. Prensa

13. Ciencia y Tecnología

14. Administración Pública

Al día de hoy la información pública auditable de estos sectores es inexistente o escasa. Solo se sabe, por ejemplo, que en Venezuela existen 45.388 consejos comunales y 1.418 comunas. No obstante, también se conoce que el ministerio de Comunas suele negar o dificultar el reconocimiento a las estructuras sociales que no son afines a la revolución bolivariana.

Una aproximación realizada por la firma Torino Capital antes de la presentación de las bases comiciales (en un escenario de sobre representación municipal) sugería que el chavismo podría ganar 90% de los constituyentes electos en estructuras de base como las misiones sociales, 76% de los constituyentes electos a través de consejos comunales y comunas o 42% de los constituyentes del sistema educativo (sin incluir en este cálculo a las misiones educativas).

Adicionalmente Maduro prohíbe que un elector esté en más de un sector, y le exige al CNE que elabore los padrones de votación sectorizados con el siguiente orden de prelación:

1. Empresarios

2. Campesinos y pescadores

3. Personas con alguna discapacidad

4. Estudiantes

5. Trabajadores

6. Comunas y consejos comunales

7. Pensionados

En este sentido resulta muy complejo en este momento poder inferir el sector en el que un ciudadano podrá participar como candidato o elector, o la forma en que serán agrupados por el CNE

Las encuestas hablan de un rechazo de 80% a Maduro.
¿Los electores van a votar por sus candidatos?

La postulación de los candidatos es otro de los retos a superar. Al negarse la participación de los partidos políticos, Maduro exige al CNE que existan solo tres vías de postulación

1. Por iniciativa propia

2. Por iniciativa de grupos de electoras y electoras

3. Por iniciativa de los sectores antes mencionados

En todos los casos se necesita el respaldo de 3% de los electores inscritos en cada municipio (para la elección territorial) o de 3% de los integrantes del sector social al que se pretende representar. Para este proceso es necesario recoger firmas. El CNE aún no ha explicado cómo se realizará este proceso de recolección y la forma en que serán verificadas las firmas, pudiendo optarse por una revisión muy sencilla (comparar contra el RE) como la que se usó para certificar los 10 millones de firmas en contra de la Orden Ejecutiva de Barak Obama o utilizar criterios mas restrictivos, similares a los empleados para la recolección de manifestaciones de voluntad para respaldar que la oposición solicitara un referendo revocatorio en contra de Maduro.

Para este proceso es necesario aún esperar que el CNE redacte una normativa específica.

¿Es similar a la constituyente de 1999?

No. En primera instancia no se celebrará un referendo consultivo para que los ciudadanos digan si avalan o no la ANC y sus bases comiciales. Por otra parte, en 1999 Hugo Chávez propuso una asamblea compuesta por 103 miembros principales (sin suplentes), con elección directa por nombre y apellido. En este caso 76 constituyentes estaban distribuidos entre los 24 estados, otros 24 debían ser electos en circunscripción nacional, además de tres representantes indígenas, provocando que existiera un máximo de 10 votos por elector.

En la propuesta de Chávez la postulación era a)Por iniciativa propia b) Por iniciativa de los partidos c) Por iniciativa de sectores de la sociedad civil.

Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requerirían como mínimo 20 mil firmas de electores; para ser postulado candidato en una circunscripción regional, la cantidad de firmas era variable, dependiendo de la población del estado: Máximo 10 mil y mínimo mil firmas.

Sin embargo, el entonces Consejo Supremo Electoral reformó esta propuesta dejando las siguientes bases comiciales:

ANC integrada por 131 miembros principales (sin suplentes).

Elección por nombre y apellido. 104 constituyentes distribuidos entre los 24 estados (1 constituyente por cada 234.102 habitantes) 24 electos en circunscripción nacional y tres representantes indígenas para un máximo 10 votos por elector.

Este sistema estuvo lejos de ser perfecto. La escasa revisión de los requisitos de postulación provocó que se presentarán más de mil candidatos. Sin embargo, la técnica electoral conocida como el Kino Chávez sobrerrepresentó a los candidatos oficialistas, al extremo que los aspirantes del Gran Polo Patriótico aglutinando 65% de los votos, lograron ganar 95% de las curules de la Constituyente.

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¿Por qué luce inviable que los 59 partidos políticos se legalicen?; por Eugenio Martínez

Nota aclaratoria: Coincidiendo con el inicio del proceso de renovación de los partidos políticos el CNE decidió posponer hasta el 4 de marzo la presentación de los listados de militantes del primer grupo de organizaciones que deben renovarse ante el organismo comicial. A través de una nota de prensa los rectores del CNE argumentaron que

Por Eugenio G. Martínez | 16 de febrero, 2017
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

Nota aclaratoria: Coincidiendo con el inicio del proceso de renovación de los partidos políticos el CNE decidió posponer hasta el 4 de marzo la presentación de los listados de militantes del primer grupo de organizaciones que deben renovarse ante el organismo comicial.

A través de una nota de prensa los rectores del CNE argumentaron que la decisión se tomó para “facilitar esfuerzos logísticos de las organizaciones políticas”; no obstante la prórroga aumentan las dudas sobre este proceso. El CNE no ha explicado que pasará con las 12 organizaciones políticas que debían renovar su nomina de militantes entre el 18 de febrero y el 1 de marzo.

El organismo comicial tampoco precisó si admitirá desplegar más equipos captahuellas, o si la fecha anunciada como fin de este proceso (21 de junio) se mantiene o también será modificada.

La nueva fecha de inicio del proceso plantea la duda si los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisarán sus sentencias previas a raíz del recurso presentado por el Partido Comunista de Venezuela. Esta posibilidad también plantea la interrogante sobre una nueva interrupción en el proceso de organizar las elecciones regionales (pospuestas desde  el mes de diciembre de 2016).

La posposición tampoco aclara si las rectoras del CNE (solo Luis Emilio Rondón se ha manifestado en contra de las limitantes del proceso) permitirán que las organizaciones políticas objeto del proceso de renovación puedan realizar elecciones internas de directivos y candidatos.

El proceso de renovación de la nómina de inscritos de los partidos políticos pondrá a prueba no solo la capacidad organizativa de las organizaciones, sino el concepto unitario de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) obligará a las organizaciones que forman parte de la MUD a “disputarse” entre ellas, no solo a los militantes en cada estado, sino el uso de los puntos de validación dispuestos por el organismo comicial.

La infraestructura técnica que desplegará a partir de este sábado 18 de febrero el CNE para adecuarse a la exigencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hace inviable que la mayoría de las 59 organizaciones políticas que deben renovar su nómina de inscritos para evitar la ilegalización, logren registrar a sus militantes en la plataforma biométrica del CNE. Para evitar la ilegalización, cada partido político debe contar con el respaldo de 0,5% de los electores inscritos en 12 estados.

 ¿Por qué el rector Luis Emilio Rondón dice que los partidos solo tienen 14 horas
para renovarse y la rectora Tania D’ Amelio indica que son cuatro días?

La diferencia entre ambas declaraciones radica en la forma en la que se está interpretando la normativa redactada por el CNE.

Según las Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos, cada organización política dispondrá de dos días para entregar al organismo comicial el listado de sus militantes en 12 estados. Al concluir este proceso la organización dispondrá de dos días para lograr que las personas que se encuentran en los listados acudan a las puntos de validación habilitados por el CNE para registrar la huella de los militantes de cada partido. Esta etapa de registro de huellas (que solo se realizará los días sábado y domingo durante siete horas diarias) representa el verdadero proceso de renovación.

Si un militante que se encuentra en las listas entregadas por los partidos al CNE no logra registrar su huella en el lapso de 14 horas, no se considerará como parte del 0,5% que respalda a cada partido.

 ¿Por qué se considera que el proceso es inviable para la mayoría de los partidos?

De los partidos que integran a la MUD, la organización Avanzada Progresista (Lara) será una de las primeras que deba intentar validarse. Según el cronograma diseñado por el CNE, entre los días jueves 16 y viernes 17 de febrero, el partido del gobernador Henry Falcón, junto a cinco organizaciones adicionales, deberá entregar al CNE el listado de sus militantes en 12 estados.

El sábado 18 de febrero y el domingo 19 de febrero, el partido deberá llevar a sus militantes a que se registren biométricamente en alguna de las captahuellas dispuestas en los estados donde el partido argumentó contar con 0,5% de los militantes. En este proceso, el partido del gobernador Henry Falcón deberá competir con la Organización Kilométrica de Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Movimiento por una Venezuela Responsable y Sostenible, La Fuerza del Cambio y Vamos Adelante.

Este proceso de “competencia” por los escasos puntos de validación tendrá su clímax el 11 y 12 de marzo. Según el cronograma del CNE, los partidos Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Acción Democrática y Primero Justicia deben registrar a sus militantes ese fin de semana.

 ¿Seis partidos políticos no pueden conseguir el apoyo de 0,5% de los electores
en 12 estados durante un fin de semana?

Por la escasa infraestructura desplegada por el CNE la tarea parece imposible de cumplir, especialmente si los partidos políticos no colaboran entre sí distribuyéndose estratégicamente los estados en los que deben validar, y repartiéndose además el uso de los equipos biométricos del organismo comicial.

Si se compara el proceso de captura de huellas por el que deberán pasar los militantes de los partidos políticos con el proceso de captura de huellas de las personas que firmaron avalando que se solicitara un referendo revocatorio presidencial en 2016, se puede argumentar que seis fuerzas políticas necesitan al menos cinco días continuos para lograr registrar el número mínimo de militantes que requieren en cada estado.

Por ejemplo: si los partidos Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Proyecto Venezuela, Copei, Acción Democrática y Primero Justicia deciden validar a sus militantes en el estado Miranda, entre las seis organizaciones deberán registrar durante 14 horas a 60.951 militantes (a razón de 10.159 militantes por partido).

Para que esto sea posible deben poder registrar sus huellas en las 24 captahuellas desplegadas en la entidad (2.540 diariamente en cada captahuella).

Durante el proceso de la recolección de firmas para avalar la convocatoria del referendo revocatorio presidencial en el estado Miranda, la oposición logró que 73.662 personas registraran sus huellas. Es decir, es posible hacerlo. No obstante, existen dos diferencias básicas entre estos procesos. La recolección del firmas para el revocatorio duró 5 días y el CNE habilitó para este proceso 32 captahuellas.

En la tabla anexa se puede analizar el escenario en caso de que los seis partidos que les toca registrarse cada semana decidan hacerlo en el mismo estado.

¿Y los partidos no pueden ponerse de acuerdo y distribuirse los estados?

Aunque cada fin de semana las organizaciones políticas lograran una acuerdo de cooperación y se dividieran en dos grupos para maximizar los esfuerzos, la cantidad de registros diarios que deben generarse en las captahuellas desplegadas por el CNE puede hacer suponer que solo 1 fuerza política (de un grupo de tres) logrará que todos sus militantes registren sus huellas. No obstante, la cantidad de validaciones diarias que deben generarse para que tres partidos políticos logren registrar a sus militantes en cada estado luce inviable.

Por ejemplo, en el estado Miranda deberían lograrse 1.270 registros de huellas en cada equipo biométrico del CNE por cada día del proceso, algo que luce inviable si se compara contra el precedente del registro de huellas para avalar el revocatorio.

Por otra parte, no debe olvidarse que el análisis de la ubicación de las 421 captahuellas desplegadas por el organismo comicial demuestra que en los casos de los estados Carabobo, Miranda, Lara o Zulia, el CNE desplegó menos captahuellas en las capitales de los estados, llevando el mayor número de equipos biométricos a los municipios más alejados en cada estado. Este sesgo en la distribución (menos población municpal, pero más captahuellas) dificulta aún más cualquier tipo de estrategia de movilización que los partidos políticos puedan diseñar para intentar mantener la legalidad según las exigencias de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Y si una persona firma por varios partidos?

El TSJ prohibió la doble militancia en Venezuela (aunque ya no existe financiamiento público a los partidos políticos). En el caso que una persona firme y registre su huella por varios partidos, el CNE solo tomará como válido el último registro.

Por ejemplo: Si en carnavales un ciudadano firmó como militante de Voluntad Popular y después lo hizo como militante de UNT, ese registro se contabilizará para el partido liderado por Manuel Rosales. No obstante, si ese mismo ciudadano después firma por el Partido Comunista de Venezuela, entonces el registro será válido solo para esta última organización.

 ¿Cómo asignó el CNE los grupos de validación de cada fin de semana?
¿Por qué a Voluntad Popular le toca en carnavales,
mientras UNT es el último partido de oposición en intentar renovarse?

Según informó el CNE el pasado 7 de febrero “el orden en que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Así, el primer grupo está conformado por aquellos partidos que no presentaron candidaturas en las dos últimas elecciones (…) El segundo grupo lo integran los que sí participaron en los comicios del 2015, a los que se le contabilizarán los votos obtenidos en ese proceso y se les dará el mismo orden de atención de acuerdo con su votación”.

Por esta razón, Avanzada Progresista fue asignada para intentar renovar su nómina de inscritos entre el 18 y 19 de febrero, mientras Voluntad Popular tendrá que hacerlo el fin de semana de Carnaval y al partido Un Nuevo Tiempo le corresponderá hacerlo entre el 18 y 19 de marzo.

Según el cronograma del CNE las últimas organizaciones en intentar validarse serán el Partido Comunista de Venezuela, Tupamaros y Bandera Roja, durante el fin de semana del 18 y 19 de abril.

¿Y no existe posibilidad de buscar militantes después del fin de semana asignado?

La posibilidad existe, pero el proceso es poco claro. El CNE ha explicado que culminada la etapa de registro de huellas realizará tres verificaciones distintas a los listados de los militantes:

1. Verificará los datos de los listados entregados por los partidos contra la información del Registro Electoral que se utilizó para las elecciones parlamentarias. Si un ciudadana para el 6 de diciembre estaba inscrito para votar en el estado Miranda y después se cambió para el estado Lara, deberá firmar y registrar su huella en el estado Miranda. Si lo hace en otra entidad (aunque esté registrado para votar en ese nuevo estado en 2017) pudiese considerarse como un intento de fraude.

2. Comparará el registro biométrico logrado durante cada fin de semana contra la base de datos de impresiones dactilares del organismo comicial.

3. Se descartará la doble militancia.

Si después de este proceso alguna fuerza política no ha alcanzado el 0,5% de los militantes, el CNE abrirá un proceso de reparo que durará dos días. En estos dos días todos los partidos políticos que no lograron la meta del 0,5% deberán llevar a sus militantes a registrarse ante el CNE. No obstante, aún no existe precisión sobre si este proceso de reparo será en paralelo con una etapa de arrepentimiento (electores que deseen retirar su firma de respaldo a una organización política) o de impugnación a los listados por supuesto uso ilegal de los datos de electores vivos o ciudadanos fallecidos.

Si no existen interferencias o se agregan nuevas etapas de revisión, todo este proceso debe culminar el 21 de junio de 2017.

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¿Están ilegalizados los partidos políticos en Venezuela?; por Eugenio Martínez

Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizó el inicio del proceso de renovación de nómina de militantes de los partidos políticos, paso administrativo indispensable para evitar la ilegalización y la pérdida de los símbolos y colores característicos. Para que los partidos políticos eviten la ilegalización las rectoras Tania D Amelio, Socorro Hernández, Tibisay Lucena y

Por Eugenio G. Martínez | 8 de febrero, 2017
Fotografía de Andrés Kerese

Fotografía de Andrés Kerese

Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) formalizó el inicio del proceso de renovación de nómina de militantes de los partidos políticos, paso administrativo indispensable para evitar la ilegalización y la pérdida de los símbolos y colores característicos.

Para que los partidos políticos eviten la ilegalización las rectoras Tania D Amelio, Socorro Hernández, Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, decidieron otorgar a cada uno de las 59 organizaciones que deben renovar su nómina de inscritos 14 horas, distribuidas en un fin de semana, para que cumplan con la tarea de recabar firmar y huellas de sus militantes.

¿Por qué tan poco tiempo? ¿Es culpa de los partidos no haberse legitimado?

No. El 5 de enero de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió dar respuesta a la solicitud de interpretación presentada en julio de 2015 sobre el contenido del artículo 67 de la Constitución Nacional y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (2010).

En ese sentencia el TSJ pre-ilegalizó (este estatus no existe en la Ley de Partidos Políticos) a todas las organizaciones políticas que dejaron de participar en la elección presidencial de 2013 y en las elecciones parlamentarias de 2015, o a las organizaciones que participaron en estos procesos y no lograron obtener más de 1% del total de votos tipo lista emitidos en ambos procesos.

El TSJ ordenó al CNE en esta sentencia a redactar en un máximo de 60 días las normas que se usarían para la renovación de la nómina de militantes, haciendo especial hincapié en la necesidad de implementar en este proceso la autenticación biométrica de los militantes de cada organización, además de prohibir expresamente la doble militancia. El 4 de marzo de 2016 (mediante resolución Nº 160304-0010 publicada en la Gaceta Electoral número 801) aprobó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales.

No obstante, el 24 de mayo de 2016 un nuevo fallo del TSJ ordenaba no solo la renovación exigida en enero, sino que imponía la renovación obligatoria de todas las fuerzas políticas al inicio de cada periodo constitucional, colocando en duda la capacidad de las organizaciones políticas de realizar elecciones internas de directiva o escoger candidatos.

El TSJ esperó hasta el21 de octubre de 2016 para responder estas dudas. En la sentencia 871 ordenó reprogramar el proceso de renovación de los partidos políticos, dando al organismo comicial seis meses, a partir de la publicación de la sentencia, para concretar la renovación de los partidos, incorporando en su sentencia que el partido político que no cumpla con “el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional”.

Esta sentencia la emitieron en el punto crítico (técnicamente hablando) para convocar las elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre de 2016. De hecho, la advertencia del TSJ se emitió tres días después que la presidenta del CNE Tibisay Lucena, asegurara que las elecciones regionales se realizarían en el primer semestre de 2017.

Entre el 21 de octubre de 2016 y el 6 de febrero de 2017 el CNE no se pronunció sobre el proceso de renovación. Lo hizo el 7 de febrero, momento en el que anunció que el proceso de renovación comenzará el 18 de febrero y culminará el 23 de abril, realizándose exclusivamente los fines de semana.

 ¿Cuáles partidos deben renovarse?

En total son 59 organizaciones políticas que deben renovarse durante 10 fines de semana. Como se ha indicado en otros textos, deben renovar su nómina de inscritos, so pena de perder su inscripción y reconocimiento legal como partido políticos, todas las organizaciones integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD):

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular entre otros.

También corren el riesgo de ser ilegalizados todos los partidos que integran al Gran Polo Patriótico: Independientes por la Comunidad Nacional, Alianza para el Cambio, Corrientes Revolucionarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Comunista de Venezuela, Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Socialista Organizado de Venezuela, Podemos, Redes, Unidad Popular Venezolana y Vanguardia Bicentenario Republicana, entre otros.

La medida del TSJ también afecta a partidos disidentes de la oposición y del chavismo como Bandera Roja, Copei, Min-unidad, Fuerza Laboral, entre otros.

 ¿Es posible recoger las firmas? ¿Cuántas firmas son necesarias?

El procedimiento para que se realice la renovación de la nómina de inscritos de los partidos políticos está establecido en las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos”. Este reglamento que consta de 16 artículos no define taxativamente los lugares en que los partidos políticos deberán realizar la recolección de manifestaciones de voluntad, este punto aún debe aclararse en la reunión técnica prevista para mañana.

El Registro Electoral que será tomado en cuenta para esta renovación es el utilizado para la elección de la Asamblea Nacional de 2015. No obstante, el total de firmas necesarias variará en función de los estados en los que los partidos decidan validar a sus militantes.

Según la norma del CNE deben acreditarse, al menos, como militantes de cada fuerza política 0,5% de los electores inscritos en 12 estados (0,5% por estado).

La cantidad de militantes que los partidos políticos deben demostrar que poseen al CNE es la siguiente:


Por otra parte, según la decisión tomada por el CNE el 7 de febrero, el orden en que las organizaciones con fines políticos deberán validar sus nóminas dependerá del último proceso electoral en el que hayan participado y de los votos obtenidos en el mismo. Esto significa básicamente que las organizaciones que integran a la MUD son las que deberán recoger firmas y autenticar biométricamente a sus militantes en primera instancia (a partir del 18 de febrero), mientras las organizaciones pro-gobierno deberán realizar este proceso durante el mes de abril.

 ¿Es muy complicado renovar la nómina de inscritos?
¿Habrá impugnación como en el caso de las firmas para el revocatorio?

Según decidió el CNE, una vez culminado el proceso de manifestaciones de voluntad (23 de abril) “será aprobado un primer informe preliminar de la jornada, luego de lo cual se abrirá el período de reparos para quienes participen en este proceso. También se prevé un lapso de impugnaciones, antes de que sea emitido el informe final que será elevado a la consideración del CNE”.

Como se ha indicado en otras publicaciones, para que partido político que no participó en las elecciones parlamentarias de 2015 o dejó de obtener 1% de los votos pueda relegitimarse ante el CNE, es necesario que entregue, entre otros recaudos, la nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral en por lo menos 12 estados y la manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

Una vez que los partidos entreguen el listado de sus militantes al CNE comenzará el proceso de autenticación y validación de estos listados.

Según el artículo 7 de las “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos”, el CNE, a través de avisos de prensa, llamará a las personas que se encuentran en los listados entregados previamente por los partidos para que acudan personalmente a las oficinas regionales del organismo comicial para identificarse biométricamente.

Por otra parte, el artículo 10 de las normas indica que “a los fines de procurar el desarrollo de la participación política en el marco del respeto a las reglas que pautan su ejercicio en democracia, los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación no podrán pertenecer a dos o más organizaciones políticas”.

En los casos de “múltiple militancia” de un elector, los rectores del CNE dispusieron que será considerada como válida “la última manifestación de voluntad expresada ante una organización con fines políticos”.

Además en el artículo 11 se especifica que “el aviso oficial de la solicitud de renovación expresará el derecho de cualquier ciudadano a revisar la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, a través del módulo que disponga el CNE, de manera temporal, en su portal oficial www.cne.gob.ve a objeto de garantizar a los interesados el ejercicio de los recursos previstos en la ley por el uso indebido de su identidad”.

Incluso el artículo 13 de la normativa establece que los ciudadanos podrán impugnar “la nómina de manifestación de voluntad” en los lapsos establecidos en un cronograma especial para este proceso.

Si las organizaciones que no alcanzaron a obtener 1% de los votos válidos el pasado 6 de diciembre o que no presentaron candidaturas no pueden cumplir con estos requisitos, el CNE cancelará definitivamente su inscripción como partido político, perdiendo el uso de sus siglas y símbolos distintivos.

 ¿Son suficientes los puntos de recolección?

El 7 de febrero el CNE anunció que para el proceso de renovación se dispondrán de 390 puntos que trabajarán siete horas diarias y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de los militantes. La contingencia tecnológica para esta jornada será de 100%.

Esto significa que cada partido político dispondrá de 14 horas para lograr la meta de 0,5% de electores en al menos 12 estados.

La cantidad de captahuellas, en comparación con otros procesos de inscripción de militantes (sin efectos jurídicos) es muy baja. En 2016 el CNE desplegó 4.800 puntos de inscripción para la renovación de los militantes del Psuv (proceso interno, no ordenado por el TSJ). En este caso, apenas está desplegando 390 puntos cuya ubicación es aún incierta.

 ¿Se puede firmar por varios partidos?

Desde su primera sentencia el TSJ ha sido enfático en indicar que la doble militancia está prohibida. En este sentido, si una persona firma y se autentica biométricamente para respaldar varias organizaciones, solo tendrá valor la última firma que valide el CNE. Por ejemplo: Según la división realizada por el CNE si una persona firmó en el estado Miranda avalando a Acción Democrática y después lo hizo por Redes, solo será válida la firma por Redes.

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Por Eugenio G. Martínez | 27 de enero, 2017

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El 7 de noviembre de 2016 se realizaron votaciones en Nicaragua para elegir presidente y a los integrantes de la Asamblea Nacional, no obstante el proceso difícilmente puede calificarse como una elección. El resultado de la votación representó la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega como Presidente y significó además que el partido sandinista obtuviera el control absoluto del Parlamento.

En estos resultados tuvo una alta incidencia el control de Ortega sobre la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral. Utilizando mecanismo legales meses antes de la elección, Ortega logró desmantelar al sistema de partidos nicaragüense garantizando una votación sin contrincantes, y sentando las bases para un sistema de partido único, con una clara tendencia a la sucesión familiar.

El desmantelamiento del sistema de partidos nicaragüense para garantizar votaciones sin oposición real puede resumirse en seis grandes acciones:

1. En el mes de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia, controlada por el oficialismo, decidió que la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), la principal fuerza opositora en el país, debía pasar de Eduardo Montealegre a manos de Pedro Reyes. Mientras Montealegre fue candidato opositor a Ortega en el 2006 Reyes es considerado un aliado político de Ortega. Aglutinando 31% de los votos en la última elección el PLI era el principal partido de la Coalición Nacional por la Democracia, agrupación de partidos y organizaciones sociales que adversan a Ortega. Aunque la Coalición Nacional por la Democracia estaba integrada por ocho partidos y un amplio número de organizaciones civiles, solo dos fuerzas políticas tenían reconocimiento legal pleno: el PLI y el partido de Acción Ciudadana.

2. Antes de la decisión de la Corte que modifica a la directiva del PLI, esta fuerza política y los demás integrantes de la Coalición Nacional por la Democracia habían elegido al diputado Luis Callejas como su abanderado presidencial para enfrentar a Ortega. No obstante al modificarse la dirección del PLI se anuló esta decisión de los partidos y Callejas perdió la posibilidad de inscribirse. Ante las críticas de manipulación electoral, la Corte Suprema de Justicia alegó que la decisión no impedía la candidatura de Callejas que podía ser postulado por otro partido con reconocimiento legal.

3. El 6 de junio de 2016 al momento de formalizar su candidatura a la reelección, Ortega exclamó: “Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”. Aunque la Ley Electoral de Nicaragua avala la observación nacional e internacional, su participación fue prohibida por Ortega con el aval de la autoridad. En su lugar estuvieron como “acompañantes internacionales” de la votación los ex presidentes Manuel Zelaya, de Honduras; Fernando Lugo, de Paraguay; Álvaro Colom, de Guatemala y Mauricio Funes, de El Salvador.

4. A finales del mes de julio el Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó la destitución de 28 diputados opositores a Ortega (16 principales y 12 suplentes) argumentando que se encontraban en desacato por desconocer la sentencia de la Corte sobre la representación legal del PLI. Con esta decisión Ortega obtuvo el control absoluto de la Asamblea Nacional.

5. Con el cambio de dirección del PLI la única posibilidad de la oposición de presentar candidatos en los comicios de noviembre se limitaba a hacerlo a través del partido Acción Ciudadana. Sin embargo, este partido no tenia casilla electoral (posición en la boleta) y su directiva debía solicitarla a la autoridad electoral. No obstante, esta solicitud no se pudo presentar porque a finales del mes de junio de 2016 la Corte Suprema también cambió a la directiva de Acción Ciudadana, pasando el partido a manos de teóricos aliados políticos de Ortega y dejando a la oposición sin posibilidad de presentar candidatos en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ante la ausencia de representación política reconocida, la Coalición Nacional por la Democracia anunció (cuatro meses antes de las elecciones) que se retiraba de las elecciones por el fraude continuado y la manipulación del proceso.

6. A la votación presidencial y legislativas de noviembre acudieron en total 16 partidos, ocho de estos en alianza con el FSLN (partido de Ortega). Los otros siete partidos que el oficialismo cataloga de opositores nunca han obtenido más de 10% de los votos en los procesos en los que han participado y no tienen relación directa con la Coalición Nacional por la Democracia.

¿El Ortegazo puede ocurrir en Venezuela?

Casos como los del PLI o Acción Ciudadana ya han ocurrido en el país cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado modificar la directiva de organizaciones políticas como Copei o Bandera Roja provocando serias dificultades en la alianza de partidos de oposición para determinar el compromiso democrático de las nuevas directivas y de los candidatos que postulan.

Por otra parte debe recordarse que de las 62 organizaciones nacionales que existen en Venezuela, solo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) están exentos de renovar su nómina de inscritos para mantener la legalidad.  Adicionalmente solo el Psuv y la MUD están al día con el organismo comicial y en pleno ejercicio de sus facultades políticas. Adicionalmente existen dos partidos minoritarios (uno coordinado por el ex diputado opositor Hiram Gaviria) que tampoco deben legitimarse.

Como se ha indicado en otros textos el proceso de renovación de la nómina de inscritos y la duda sobre la legalidad de los partidos políticos en Venezuela es consecuencia de la sentencia número 1 de la Sala Constitucional del TSJ del pasado 5 de enero de 2016, en la cual se ordenó al CNE que regulara la verificación de la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, “implementando mecanismo de seguridad electrónica e informática sobre la verificación de manifestaciones de voluntad” de los inscritos en los partidos políticos.

Según esta sentencia el CNE debe acatar el contenido del artículo 67 de la Constitución Nacional, y de los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones lo que implica que todas las organizaciones políticas que dejaron de participar con sus logos y colores en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 (como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, La Causa R, etc.) o que habiendo participado no obtuvieron, al menos, el uno por ciento (1%) de los votos lista válidos emitidos en 12 estados deberán reinscribirse ante el organismo comicial.

Según la interpretación de los magistrados solo existe renovación automática de la inscripción de un partido político si la organización logró obtener 1% de los votos válidos emitidos el 6 de diciembre en por los menos 12 de los estados.

Los únicos partidos políticos nacionales que cumplieron con este supuesto fueron la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Para cumplir con la exigencia de relegitimación de los partidos políticos los magistrados de la Sala Electoral del TSJ otorgaron a los rectores del CNE un plazo de 60 días para que regular la verificación de la nómina de inscritos de cada organización. No obstante, este proceso se paralizó en 2016 por la solicitud de información presentada por el CNE.

A la fecha (previa sentencia del mes de octubre de 2016 del TSJ reiterando la exigencia de la renovación de las nóminas de inscritos) los partidos políticos solo esperan que los rectores le pongan fecha al proceso de renovación de su nómina de inscritos para mantener la legalidad.

¿Mientras no renueven sus nóminas los partidos
están impedidos de participar en procesos electorales?

Según la sentencia del TSJ los partidos políticos objetos de la renovación están pre-anulados e imposibilitados de postular candidatos, entre otras acciones. Este concepto de pre-anulados es contrario a las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos que el TSJ dice hacer cumplir.

Una vez iniciado formalmente el proceso de relegitimación las organizaciones que no cumplan con los requisitos exigido quedarán ilegalizadas. Según el diputado Diosdado Cabello ninguno de los partidos de oposición está legalizado para participar en elecciones.

El 25 de enero Cabello explicó:

“La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año, pero ojo escuálidos, ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.

¿Cuáles son los partidos que deben renovar su nómina de inscritos?

Deben renovar su nómina de inscritos, so pena de perder su inscripción y reconocimiento legal como partido políticos todas las organizaciones integrantes de la MUD:

Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza Liberal, Gente Emergente, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular entre otros.

También corren el riesgo de ser ilegalizados todos los partidos que integran al Gran Polo Patriótico: Independientes por la Comunidad Nacional, Alianza para el Cambio, Corrientes Revolucionarios, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaros, Nuevo Camino Revolucionario, Partido Comunista de Venezuela, Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Socialista Organizado de Venezuela, Podemos, Redes, Unidad Popular Venezolana y Vanguardia Bicentenario Republicana entre otros.

La medida del TSJ también afecta a partidos disidente de la oposición y del chavismo como Bandera Roja, Copei, Min-unidad, Fuerza Laboral, entre otros.

¿Es muy complicado renovar la nómina de inscritos?

Como se ha indicado en otros post para que partido político que no participó en las elecciones parlamentarias de 2015 o dejó de obtener el 1% de los votos pueda relegitimarse ante el CNE es necesario que entregue, entre otros recaudos, la nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el Registro Electoral en por lo menos 12 estados y la manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.

La cantidad de militantes que los partidos políticos deben demostrar que poseen al CNE es la siguiente:

Una vez que los partidos entreguen el listado de sus militantes al CNE comenzará el proceso de autenticación y validación de estos listados.

Según el artículo 7 de las  “Normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos” el CNE, a través de avisos de prensa, llamará a las personas que se encuentran en los listados entregados previamente por los partidos para que acudan personalmente a las oficinas regionales del organismo comicial para  identificarse biométricamente.

Por otra parte el artículo 10 de las normas indica que “a los fines de procurar el desarrollo de la participación política en el marco del respeto a las reglas que pautan su ejercicio en democracia, los ciudadanos inscritos en las nóminas a los efectos de la renovación no podrán pertenecer a dos o más organizaciones políticas”.

En los casos de “múltiple militancia” de un elector los rectores del CNE dispusieron que será considerada como válida “la última manifestación de voluntad expresada ante una organización con fines políticos”.

Además en el artículo 11 se especifica que “el aviso oficial de la solicitud de renovación expresará el derecho de cualquier ciudadano a revisar la nómina de inscritos de las organizaciones con fines políticos, a través del módulo que disponga el CNE, de manera temporal, en su portal oficial www.cne.gob.ve a objeto de garantizar a los interesados el ejercicio de los recursos previstos en la ley por el uso indebido de su identidad”.

Incluso el artículo 13 de la normativa establece que los ciudadanos podrán impugnar “la nómina de manifestación de voluntad” en los lapsos establecidos en un cronograma especial para este proceso.

Si las organizaciones que no alcanzaron a obtener 1% de los votos válidos el pasado 6 de diciembre o que no presentaron candidaturas no pueden cumplir con estos requisitos, el CNE cancelará definitivamente su inscripción como partido políticos, perdiendo el uso de sus siglas y símbolos distintivos.

¿Y si una organización logra verificar
el número mínimo de militantes en solo 11 estados?

Quedará ilegalizado, perdiendo el control sobre sus siglas y colores característicos.

¿Y la oposición no puede recurrir a la MUD
para postular candidatos en una elección?

Aunque la MUD está exenta del proceso de renovación de su nómina de inscritos (por ser el partido más votado en la ultima elección parlamentaria) sobre esta organización recaen otras amenazas. El Tribunal Supremo de Justicia aún no resuelve la demanda presentada en contra de esta organización por el alcalde del municipio Libertador y ex presidente del CNE Jorge Rodríguez. Adicionalmente se unen las solicitudes públicas de Diosdado Cabello, Francisco Ameliach y Tareck El Aissami para que el TSJ y el CNE anulen e inhabiliten como partido político a la MUD.

Según la interpretación del chavismo el CNE debe anular la inscripción como partido político de la  MUD de acuerdo con el artículo 32, apartado d, de la Ley de Partidos Políticos (ley que data de 1964) que establece la cancelación del registro y disolución de partidos cuando “se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales”.

El chavismo insiste en que la MUD orquestó un fraude electoral durante la recolección de firmas para solicitar la convocatoria de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Este argumento fue el utilizado para que cinco jueces de corte penal suspendieran el proceso de revocatorio. Decisión que fue inmediatamente acatada por el CNE.

¿Sin partidos no se pueden presentar candidatos por iniciativa propia?

Al día de hoy la posibilidad de presentar candidaturas por iniciativa propia en este escenario no luce viable por las trabas burocráticas (recolección de firmas y verificación posterior) que impone el CNE para este tipo de postulación. Además provocaría que la oposición no puede competir por los cargos tipo lista que deben elegirse en las asambleas legislativas de los estados.

Según las informaciones suministradas por los partidos del Polo Patriótico la tesis del rector suplente, pero incorporado a la Junta Nacional Electoral, Carlos Quintero, es que la revisión de firmas de los partidos políticos al igual que la revisión de firmas avalando candidaturas por iniciativa propia se realice con los mismos criterios empleados para la autenticación de las rúbricas avalando el referendo revocatorio contra Maduro.

¿La renovación afecta la convocatoria de elecciones regionales?

Según los representantes técnicos de la oposición ante el CNE en este momento dar inicio al proceso de renovación de los partidos políticos podría significar un retraso importante en la convocatoria de las elecciones regionales.

Si el CNE convoca el proceso de renovación de los partidos (que puede durar más de seis meses según la normativa del CNE) durante el primer trimestre del año 2017 la celebración de las elecciones regionales podría posponerse en el mejor de los casos hasta el último trimestre de este año.

Por otra parte, si se convoca el proceso de renovación y en paralelo se convocan las elecciones regionales para el año 2017 los principales partidos nacionales de oposición, así como los minoritarios del chavismo no podrían participar inscribiendo candidatos, ni presentando alianzas. Tampoco podrían participar legítimamente en la campaña electoral de un eventual evento electoral de corte regional o local (salvo sentencia del TSJ que paralice los efectos de la regularización de las nóminas de inscritos).

Según Vicente Bello, representante técnico del CNE las dudas sobre las elecciones regionales y la renovación de los partidos depende del proceso de diálogo que en este momento está paralizado: “Hasta que no se defina qué pasará con el diálogo, el CNE no tomará ninguna decisión (…). El CNE está esperando que eso se aclare y reciba instrucciones de cómo proceder”.

¿A quién responsabilizan los venezolanos por el incumplimiento en el diálogo?; por Eugenio Martínez

Datanálisis realizó un estudio flash entre el 9 y 12 de diciembre para analizar la percepción de los venezolanos sobre las responsabilidades y evolución de la Mesa de Diálogo en la que participan representantes de la oposición, del gobierno y mediadores.  El universo de la encuesta consistió en personas naturales, mayores de 18 años de

Por Eugenio G. Martínez | 15 de diciembre, 2016
De izquierda a derecha: Fotografìa de Reuters

De izquierda a derecha: Jorge Rodríguez, Leonel Fernández, Carlos Ocariz, Monseñor Celli, Ernesto Samper y Martín Torrijos. Fotografía de Reuters

Datanálisis realizó un estudio flash entre el 9 y 12 de diciembre para analizar la percepción de los venezolanos sobre las responsabilidades y evolución de la Mesa de Diálogo en la que participan representantes de la oposición, del gobierno y mediadores.  El universo de la encuesta consistió en personas naturales, mayores de 18 años de los estratos A, B, C, D y E. El tamaño de la muestra fue de 500 entrevistas telefónicas en hogares, para un error muestral máximo de +/- 4,29%.

 1. ¿A quién responsabilizan los venezolanos
por el incumplimiento del diálogo?

Según el último estudio flash de Datanálisis sobre el proceso de diálogo, la mayoría de los ciudadanos responsabilizan el Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 12 de noviembre; sin embargo, el resto de los actores (oposición y mediadores) también reciben señalamientos importantes.

Para 37% de los ciudadanos la responsabilidad por el incumplimiento de los acuerdos recae en el Gobierno Nacional, mientras 18,8% señala a mediadores y 16,5% sostiene que el incumplimiento fue generado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); ante esta pregunta 11% declina responder y 16% dice no saber a quién atribuir la responsabilidad por los incumplimientos.

Si del análisis se excluye a los que no saben y declinan responder entonces 51% considera que el responsable de los incumplimientos es el Gobierno, mientras 25,9% señala a los mediadores y 16,5% a la alianza de partidos de oposición.

 2. ¿La MUD debe retirarse de la de la Mesa de la Diálogo?

Los venezolanos se dividen, casi a partes iguales, al valorar la permanencia de la MUD en el proceso de diálogo. Mientras 44,4% se declara completamente en desacuerdo con la posibilidad de retirarse, 40,8% estaría de acuerdo si la oposición se retira de este proceso.

No obstante, si se analiza la opinión de los ciudadanos en función de su definición política, queda claro que para la mayoría de quienes se identifican con la oposición la opción más clara es la de retirarse del proceso de diálogo hasta que el Gobierno cumpla lo acordado, con esta posibilidad concuerda 64,4% de los entrevistados; mientras que la mayoría de quienes se dicen oficialistas se inclinan por la permanencia de la oposición en el proceso, con esta posibilidad coincide 63% de los entrevistados que se identifican con la revolución.

Entre los independientes, 48,6% rechaza que la oposición deje de participar en la Mesa de Diálogo, mientras 31,2% avala la postura de abandonar este proceso hasta que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos pactados.

 3. ¿Los venezolanos leyeron la carta de El Vaticano al Gobierno?

A pesar de la discusión pública entre chavismo y oposición sobre el origen de la misiva enviada por Pietro Parolín, Secretario de Estado del Vaticano, al Gobierno Nacional exhortándolo a cumplir con los compromisos acordados el 12 de noviembre, poco más de la mitad de los venezolanos se enteraron de la existencia de esta comunicación; de hecho 42% de los consultados reconoce que desconoce que el Vaticano envió una misiva al gobierno de Nicolás Maduro, mientras 54% asegura estar enterado sobre el contenido de esta comunicación. El desconocimiento a la misiva de Parolín llega al extremo de que 45% de las personas del segmento E y 41,5% de la clase D aseguran ignorar la existencia de este comunicado. Incluso, si se analiza por autodefinición política 32% de los opositores, 44,7% de los independientes y 53% de los chavistas no saben de la existencia de la carta.

 4¿Apoyan el contenido de la carta de Parolín?

Después de explicar a los entrevistados el contenido de la carta del Secretario de Estado del Vaticano,  36% de los ciudadanos consideran que “no importa la postura del Vaticano, porque con el diálogo el Gobierno logró ganar tiempo para enfriar la calle”, mientras 23% considera que la “la postura del Vaticano es un fracaso para Maduro y una victoria para la oposición”, otro 21,5% sostiene –una vez conocido el contenido de la carta– que “la postura del Vaticano es una injerencia inaceptable en los asuntos de Venezuela”.

 5. ¿A quién beneficia el diálogo?

66% de los chavistas y 61% de los independientes creen que el diálogo beneficia “a todos los venezolanos”; sin embargo en el caso de quienes se dicen opositores la percepción está mucho más divida: 28% señala que el diálogo favorece al Gobierno, apenas 1,8% cree que beneficia a la MUD, mientras 5,7% dice que beneficia por igual al Gobierno y a la MUD. Para 12,3% de los consultados no existe ningún beneficiado por el proceso de diálogo, mientras 50% de los opositores consideran que tiene efectos positivos en todos los venezolanos.

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10 resultados clave de la más reciente encuesta de Venebarómetro; por Eugenio Martínez

El último estudio de opinión Venebarómetro se realizó entre el 12 y 24 de noviembre. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/- 2,37%. El desarrollo del trabajo de campo estuvo a cargo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad). A continuación presentamos los principales resultados de la encuesta: 1. ¿Cómo

Por Eugenio G. Martínez | 11 de diciembre, 2016

15 respuestas electorales y políticas que revela la última encuesta de Datanálisis; por Eugenio Martínez

El último estudio de opinión Venebarómetro se realizó entre el 12 y 24 de noviembre. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/- 2,37%. El desarrollo del trabajo de campo estuvo a cargo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad). A continuación presentamos los principales resultados de la encuesta:

1. ¿Cómo perciben los ciudadanos al gobierno de Venezuela?

El último estudio del Venebarómetro indica que para 61% de los ciudadanos el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, mientras 34% sostiene que se mantiene apegado a la democracia.

Cuando se analiza esta percepción por autodefinición política, se descubre que solo quienes se autodefinen como oficialistas consideran que el gobierno de Maduro se mantiene apegado a los principios democráticos; opinión que no comparten ni los independientes ni quienes se consideran opositores.

Según el estudio, 9 de cada 10 electores identificados con la Revolución Bolivariana consideran que el gobierno de Maduro está apegado a la democracia; mientras 9 de cada 10 opositores, y siete de cada 10 independientes consideran que el Gobierno se ha convertido en dictatorial.

2. ¿Debe permanecer Maduro en la Presidencia?

Mayoritariamente los venezolanos aspiran a que Nicolás Maduro abandone la Presidencia “lo más pronto posible”. Con esta idea coinciden 7 de cada 10 venezolanos. Como ocurre con la valoración de la orientación democrática del gobierno de Maduro, mayoritariamente solo quienes se definen como chavistas aspiran a la continuidad del Presidente. Mientras 8 de cada 10 ciudadanos que se definen como chavistas quieren que Maduro permanezca en Miraflores, 8 de cada 10 independientes y 96% de quienes se dicen opositores consideran que debe abandonar la presidencia lo más pronto posible.

3. ¿Se continúa deteriorando la percepción sobre Maduro?

No. La evaluación negativa que exhibe Maduro parece haberse estancado; aunque para el mes de diciembre 72% de los ciudadanos tienen una percepción negativa sobre la gestión del Presidente.

Al momento de ser elegido presidente en el mes de abril de 2013 el 51,6% de los ciudadanos valoraba negativamente el desempeño de Maduro. A partir de ese momento se puede describir un deterioro progresivo en la forma en que valoran los ciudadanos la gestión del Jefe del Estado. El peor momento de Maduro se remonta al mes de septiembre de 2015 cuando 77,9% de los ciudadanos valoraban mal su gestión. A partir de ese momento la percepción que tienen los ciudadanos sobre su gestión ha oscilado en torno al 70%, sin una tendencia de recuperación o deterioro clara.

4. ¿El chavismo valora positivamente la gestión de Maduro?

Si. 78% de las personas que pueden definirse como chavistas tienen una percepción positiva sobre la gestión de Maduro, apenas 21% de los ciudadanos identificados con la revolución bolivariana valoran negativamente la gestión del Presidente.

5. ¿Los venezolanos están dispuestos a protestar?

Protestar por la inseguridad o el desabastecimiento es una opción clara para 31% de los ciudadanos que declaran estar “muy dispuestos” a salir a las calles; mientras 22,9% dice que “quizás saldría”, 8% se decanta por decir que “quizás no saldría”, mientras 36% sostiene que no está “nada dispuesto” a protestar en las calles.

Si la disposición a estar en las calles reclamando se analiza por autodefinición política,  9 de cada 10 personas que se definen como chavistas dicen no estar dispuestos a salir a protestar, a diferencia de 8 de cada 10 opositores y la mitad de los independientes.

6. ¿Los venezolanos consideran que la oposición debía sentarse a dialogar?

Sí. 58% de los ciudadanos está de acuerdo con que la oposición participe en el proceso de diálogo; sin embargo 38,8% se muestra en desacuerdo con esta posibilidad. No obstante, aunque un poco más de la mitad de los ciudadanos avalan la presencia de la oposición en el proceso de diálogo, los resultados parciales no son satisfactorios para la opinión pública.

Según el estudio del Venebarómetro, 49,9% de los ciudadanos están “frustrados” con los resultados del proceso de diálogo, mientras 38% dicen estar dispuestos. Al analizarlo por autodefinición política queda claro que quienes se dicen opositores son los más críticos con el diálogo entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En este sentido 7 de cada 10 ciudadanos identificados con la oposición se sientes “frustrados” con el proceso de diálogo, al igual que 6 de cada 10 independientes. En el caso de quienes se dicen chavistas, 7 de cada 10 están “satisfechos” con los resultados del proceso de diálogo.

7. ¿Los venezolanos consideran que la oposición debe tener una agenda de calle?

Para el 44,5% de los ciudadanos la oposición debe “estar luchando” por un cambio, mientras 36% sostiene que su principal acción debe ser dialogar con el Gobierno,  en el caso de quienes se dicen opositores 68% pide que se luche por un cambio, 10,6% sostiene que se debe dialogar y 20% considera que es necesario compaginar ambas acciones.

8. ¿Han cambiado los liderazgos políticos?

Sí.  Aunque Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski continúan siendo los líderes políticos mejor valorados, en el último Venebarómetro se posiciona como el tercer político con mejor valoración al gobernador del estado Lara, Henry Falcón.

En la escala de valoración presentada por la encuestadora, Leopoldo López tiene 55% de valoración positiva, mientras Capriles Radonski alcanza 50% de valoración positiva y Falcón llega a 49,9%. Entre López, Capriles Radonski y Falcón, el que menos valoración negativa exhibe en este momento es el gobernador del estado Lara que genera una imagen desfavorable en 32% de los ciudadanos, mientras López lo hace en 37% y Capriles Radonski lo hace en 41%.

9. ¿La oposición sigue siendo mayoría en la opinión pública?

Sí. 52,8% de los ciudadanos pueden catalogarse como opositores. Este grupo se divide entre 36% que apoya mucho a la oposición y 16,8% que dice apoyar “algo a la oposición”. En el caso del oficialismo 31,4% de los ciudadanos pueden englobarse como simpatizantes del chavismo. Este grupo se divide en 20% que apoya “mucho al Gobierno” y 11% que apoya “algo al Gobierno”.

Con relación a la identificación partidista, el estudio del Venebarómetro muestra al Psuv como el principal partido del país. 27% de los ciudadanos dicen que se identifican o militan en él.

Sorprende en el estudio que Voluntad Popular aparezca como el segundo partido con más militantes o simpatizantes superando a la marca unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según el estudio, 12% de los ciudadanos se identifican con Voluntad Popular, mientras 8,6% lo hacen con la MUD, 7% con Primero Justicia y 6% con Acción Democrática.

10. ¿Aumentan los chavistas que desaprueban a Maduro?

No. Según el Venebarómetro, en septiembre de 2016 el 67% de quienes se definía como chavista decía apoyar a Maduro, mientras en este momento lo hace un 75%.

¿Qué se sabe sobre los avances del proceso de diálogo?; por Eugenio Martínez

El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de

Por Eugenio G. Martínez | 3 de noviembre, 2016

Que se sabe sobre los avances del proceso de dialogo por Eugenio Martinez

El problema básico ante la opinión pública no es que la oposición y el gobierno se reunieran el pasado 30 de octubre. Ni siquiera que, por sugerencia de El Vaticano, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pospusiera el juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro o la marcha convocada para llegar al Palacio de Miraflores.  El problema central (al menos para la oposición) es el momento en que se produce la primera reunión y la forma en que el chavismo la aprovechó, dejando mal parada a la MUD que todavía no logra exhibir un mínimo de coordinación discursiva y comunicacional. Mucho menos acciones concretas que se puedan asociar aquella reunión con la decisión de suspender las acciones que su electorado, agobiado por la crisis, reclama.

En este momento, el principal desafío para la oposición es poder reconfigurar el proceso de diálogo y presentar algún logro concreto lo antes posible. Y es en la búsqueda de ese logro concreto donde invierten en este momento los esfuerzos.

¿La oposición se olvidó del Referendo Revocatorio?

El Referendo Revocatorio no está anulado, sino suspendido.  No obstante, la consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia pasó a un segundo plano entre las prioridades de la oposición y el Revocatorio fue desplazado por la solicitud de una compleja ruta electoral que debe comenzar este mes para concretarse finalmente en 2017.

Parte de esta ruta electoral ya fue anunciada hace tres semanas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, cuando explicó que las elecciones de gobernadores serán pospuestas para el final del primer semestre del próximo año, mientras que las elecciones municipales podrían celebrarse a finales del segundo semestre.

Todo esto implica que, antes del inicio del diálogo, el CNE se preparaba para organizar comicios para escoger 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales,a demás de 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.

Sin embargo, la propuesta principal de la oposición en este momento se orienta a solicitar que se adelante la elección presidencial que debe realizarse en diciembre de 2018. No obstante, para que esto sea posible (bien sea por renuncia de Nicolás Maduro o porque él decida adelantar el proceso eleccionario) se necesita una reforma constitucional del Artículo 233 de la Constitución.

En este punto, comienza a complicarse la evolución de las propuestas de la oposición.

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¿Qué es lo que está exigiendo la oposición?

Son cinco los temas básicos que la oposición exige en este proceso de diálogo. O al menos son los que se han colado a la opinión pública:

  1. Elecciones generales en 2017 para relegitimar todos los cargos.
  2. Liberación de los presos políticos (se calcula que existen 113 presos políticos en este momento).
  3. Resolución del conflicto asociado a los diputados de Amazonas. Se especula que con una nueva elección a principios de 2017 para la circunscripción indígena Apure-Amazonas y el estado Amazonas.
  4. Renovación del CNE.
  5. Restitución de los facultades de control político de la Asamblea Nacional.

Según los negociadores de la oposición, existe un pre-acuerdo que permitiría lograr todo esto. No obstante, para que el acuerdo pudiera avanzar era necesario desistir del juicio de responsabilidad política contra Maduro y de la marcha a Miraflores, además de oficializar la desincorporación a la Asamblea Nacional de los tres diputados del estado Amazonas. Y, según fuentes vinculadas con los negociadores, la desincorporación de los tres diputados provocaría que la Sala Constitucional acelere el juicio sobre esta materia, que está pendiente de asignación de fecha.

Después de la desincorporación, el Tribunal Supremo de Justicia le ordenaría al CNE (presumiblemente en diciembre de 2016) repetir los comicios en el estado Amazonas y en el circuito indígena integrado por los estados Amazonas y Apure. Esta elección podría realizarse en el primer trimestre de 2017 y, si la oposición mantiene tres de los cuatro diputados en disputa, entonces tendría suficientes votos (112) para designar, al menos, a quienes deben sustituir a Socorro Hernández y Tania D Amelio. Quedaría aún definir qué sucederá con la designación temporal (que realizó el TSJ en diciembre del año 2014) de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón.

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¿Qué fue lo que aceptó el gobierno?

Según fuentes del G4 (el grupo de coordinación de la MUD que está integrado por los secretarios generales de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular), el Gobierno aceptó discutir estos cinco puntos siempre y cuando la oposición desestimara la posibilidad de un juicio de responsabilidad política contra Nicolás Maduro y desconvocara la marcha a Miraflores prevista para el 3 de noviembre.

No obstante, fuentes cercanas al grupo de negociadores aseguran que es falso que los puntos propuestos por la oposición se hubiese acordado para ser discutidos o que fueran parte de la agenda.

Desde la perspectiva del Gobierno, según explican fuentes cercanas a sus negociadores, lo más importante en este proceso es lograr la “reinstitucionalización y la siembra de confianza”. Estos dos elementos pasan porque el Poder Legislativo respete a los otros poderes públicos, corrija el desacato (la incorporación de los tres diputados de Amazonas, entre otras acciones) y, en consecuencia, que los otros poderes públicos puedan respetar al Legislativo.

¿Todo el chavismo está dispuesto a sentarse a dialogar?

Las diferencias con respecto al proceso de diálogo y cómo encararlo no son exclusivas de la oposición. En el chavismo existen grupos contrarios a la posibilidad de un entendimiento con la oposición y actúan en consecuencia. Y fuentes del grupo de intermediación internacional sostienen que en este caso (especialmente después del ataque de Nicolás Maduro contra el partido Voluntad Popular) es que el Vaticano tiene que hacer valer su papel de mediador.

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¿Se está discutiendo la liberación de Leopoldo López?

Ninguno de los negociadores admite que se esté discutiendo una Ley de Amnistía que permita la salida de Leopoldo López de la cárcel e incluya a figuras prominentes del chavismo.

¿En qué está trabajando El Vaticano?

Se ha difundido una tesis que afirma que El Vaticano está trabajando para lograr estabilidad política hasta el 10 de enero de 2017 y, a partir de entonces, lograr un gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición que comprometa a ambos sectores a garantizar la gobernabilidad del país hasta la elección presidencial de 2018. Es una tesis que fue esgrimida en 2013 por el ex-presidente de Brasil Luis Ignacio “Lula” Da Silva. No obstante, ninguna de las partes admite que esta posibilidad se esté considerando ni que pueda formar parte de la negociación en el futuro.

En este momento, la probabilidad de congeniar en un solo gobiernos dos modelos de país tan distintos no luce posible.

¿El chavismo que intenta negociar ha recibido (o pedido)
algún incentivo que disminuya el costo de abandonar el poder?

No existen señales que indiquen que se le haya ofrecido al chavismo garantías personales, familiares ni de capital que disminuyan el costo de abandonar el poder y permitan una salida concertada a la crisis. Tampoco existe evidencia de que el chavismo lo solicitara.

No obstante, asesores de la alternativa democrática sostienen que en privado estos temas si han sido discutidos.

¿Hasta cuándo esperará la oposición señales de buena voluntad del chavismo?

Aunque la mayoría de los elementos exigidos por la oposición no pueden definirse en dos semanas, los integrantes de la MUD necesitan ofrecer resultados tangibles ante la opinión pública.

A pesar de las diferencias de criterio entre Voluntad Popular y el resto de los integrantes del G4, cada grupo por separado siguiendo la recomendación de El Vaticano de posponer el juicio político y la marcha a Miraflores, dio plazo hasta el 11 de noviembre (fecha de la próxima reunión de la mesa de negociación) para que el Gobierno realice acciones concretas en función de las exigencias realizadas.

¿Existe ningún punto de acuerdo entre chavismo y oposición?

Sí: el respeto de los demás poderes al Poder Legislativo y del Poder Legislativo a los demás poderes. No obstante, aún no existe una vía clara para lograrlo, aunque todo pasa por resolver la incorporación de los tres diputados de Amazonas al Parlamento Nacional.

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¿Cuáles son las implicaciones de lo que dijo Tibisay Lucena?; por Eugenio Martínez

El 18 de octubre, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hizo un anuncio preliminar del calendario electoral para 2017.  En medio de la crisis política y económica que vive el país, y ante la expectativa de una resolución electoral, fueron más las interrogantes no resueltas por la rectora. El anuncio, esperado desde hace varias semanas

Por Eugenio G. Martínez | 19 de octubre, 2016

Tibisay Lucena

El 18 de octubre, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hizo un anuncio preliminar del calendario electoral para 2017.  En medio de la crisis política y económica que vive el país, y ante la expectativa de una resolución electoral, fueron más las interrogantes no resueltas por la rectora.

El anuncio, esperado desde hace varias semanas por algunos sectores políticos, ha sido interpretado por algunos analistas como la antesala a una eventual suspensión del Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro mediante una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Otros afirman que el anuncio es una manera de preparar el ambiente político ante una eventual imposibilidad técnica de la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad necesarias para convocar la elección. Las palabras de Lucena también generan confusiones sobre la definición de los procesos que tendrán que seguirse para definir candidaturas por consenso o primarias, de cara a unas teóricas elecciones para gobernadores del año 2017.

¿Las elecciones están convocadas?

No. El CNE no ha convocado las elecciones regionales, ni tampoco convocó las elecciones municipales. La presidenta del CNE anunció que la Junta Nacional Electoral se avocará a definir el cronograma de tres procesos electorales: las elecciones de base en la oposición y el chavismo durante el primer trimestre del año 2017; las elecciones regionales al finalizar el primer semestre de 2017 y las elecciones locales al finalizar el año 2017. Para considerarse convocadas las elecciones, es necesario un acto formal en el cual se precise la fecha definitiva de la elección y todas las etapas previas.

Como se ha explicado en otros textos de Prodavinci, las elecciones regionales deben celebrarse en diciembre de 2016 por mandato constitucional. Por eso, es inusual el silencio guardado por el CNE, y contrasta con su comportamiento en procesos previos. Por ejemplo, para las elecciones locales y regionales celebradas el 23 de noviembre de 2008, la presidenta del CNE formalizó la fecha en que se realizaría el evento comicial con nueve meses de anticipación, el 19 de febrero de 2008. Para los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012, los rectores del CNE realizaron la convocatoria formal a elecciones el 29 de marzo de ese mismo año, aunque ya Tibisay Lucena había anunciado la fecha desde el 20 de septiembre de 2011.

Antes de la declaración de la presidenta del CNE, los cronogramas desarrollados por la Junta Nacional Electoral (JNE) indicaban que las elecciones regionales se realizarían el domingo 4 o el domingo 11 de diciembre de 2016.

¿Es la primera vez que el CNE
pospone unas elecciones?

No. Como se ha indicado en otro texto, el caso más representativo de diferimiento de elecciones por razones políticas —contra lo establecido en la Constitución— es la de los integrantes de los Consejos Municipales, que fueron pospuestas durante cuatro años. Aunque debían celebrarse en agosto de 2009, finalmente fueron realizadas en el mes de diciembre del año 2013.

Incluso las elecciones de alcaldes de 2013 fueron pospuestas tres veces en un mismo año otorgándole a los burgomaestres electos en 2008 un año adicional en los cargos.

¿Los partidos están ilegalizados?

El proceso de renovación de la nóminas de inscritos de todas las organizaciones políticas del país (con la excepción del PSUV y MUD) está paralizado a la espera de la decisiones que tomen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

No está claro si el CNE permitirá que organizaciones distintas a la MUD y el PSUV presenten candidaturas a las elecciones regionales.

¿Cuántos candidatos deben definirse en las primarias?

Ésta es una decisión de cada fuerza política. El CNE aún no precisa, por ejemplo, si exigirá paridad de género en las postulaciones. En todo caso, es necesario que las fuerzas políticas presenten candidatos a 23 gobernaciones y 237 legisladores regionales. En el caso de las elecciones locales —que Lucena ratificó se realizarán a finalizar el año 2017— se estarán elegiendo 335 alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales. El CNE, según los anuncios de Lucena, esperará hasta febrero para que se comunique cuántas elecciones primarias deberán realizarse.

Además de la fecha de las elecciones, ¿qué falta?

El CNE aún debe aclarar todos los lapsos y procesos para las elecciones regionales y locales. Por ahora deben responder las siguientes preguntas:

1. ¿Se solicitará a la Asamblea Nacional  la aprobación de un crédito adicional para organizar los comicios?
2. ¿Quién aprobará los recursos para dos elecciones, elecciones primarias y relegitimación de los partidos políticos?
3. ¿Se realizará algún operativo especial para actualizar el Registro Electoral? ¿Los miembros de mesa sorteados en 2016 permanecerán para los procesos de 2017?
4. ¿Se mantendrán las circunscripciones de votación de 2012 o serán modificadas? Y si son modificadas, ¿se hará bajo cuáles criterios?
5. ¿Cuándo se realizará la inscripción de candidatos a gobernadores, candidatos a legisladores regionales nominales y candidatos por lista? ¿Cuándo se realizará la inscripción de los candidatos indígenas? ¿Cuándo se inscribirán los candidatos a alcaldes y los aspirantes a concejos municipales?
6. ¿El CNE mantendrá la exigencia de postulaciones igualitarias de hombres y mujeres en caso de que los candidatos no sean elegidos por primarias?
7. ¿Cuándo se relegitimarán los partidos políticos? ¿Podrán hacerlo antes de la fechas previstas para inscribir candidatos?

Análisis del sesgo político en la distribución de centros de validación del 20% que anunció el CNE

  El principal escollo que deberán superar los ciudadanos que quieren avalar la realización de un Referendo Revocatorio presidencial mediante la recolección de las manifestaciones de voluntad previstas para el 26, 27 y 28 de octubre será la ubicación de los centros de votación. Roberto Picón, integrante del grupo de técnicos electorales de la Mesa de

Por Eugenio G. Martínez | 22 de septiembre, 2016
CNE por Eugenio Martinez

Validación de firmas para el Referendo Revocatorio. Higuerote, Edo. Miranda [23/06/2016] Fotografía de Andrés Kerese. Haga click en la imagen para ver la galería completa

El principal escollo que deberán superar los ciudadanos que quieren avalar la realización de un Referendo Revocatorio presidencial mediante la recolección de las manifestaciones de voluntad previstas para el 26, 27 y 28 de octubre será la ubicación de los centros de votación.

Roberto Picón, integrante del grupo de técnicos electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indica que la distribución nacional de los centros y captahuellas sugiere que existirá un promedio municipal de 3.600 electores por cada máquina durante los tres días de recolección. Este promedio se obtiene tras dividir la cantidad de electores potenciales que pueden firmar (19.465.638 personas) entre el número efectivo de captahuellas que serán desplegadas en el país: 5.392.

No obstante, al revisar en detalle la ubicación de estos centros, Picón advierte que la infraestructura electoral propuesta por el CNE “es insuficiente para satisfacer la demanda de participar políticamente, además de existir un sesgo contrario a las parroquias que votan en forma favorable a la oposición, disponiéndose menos máquinas de votación donde hay resultados favorable a la Unidad”.

¿Existe algún sesgo evidente en la ubicación
de los centros que dificulte recoger las firmas?

Sí. El análisis preliminar de la ubicación geográfica de los 1.355 centros de votación que serán habilitados por el CNE demuestra que la mayoría están ubicados en zonas de difícil acceso. Y aquellos que se encuentran en centros urbanos poseen un número dramáticamente alto de electores asignados a cada dispositivo de identificación biométrica (captahuellas).

Picón sostiene que en las parroquias urbanas los centros seleccionados son en general “aquellos con el resultado menos favorable a la Unidad. Abundan los centros en zonas periféricas, marginales y en zonas de alta criminalidad”.

¿Cómo es la distribución de los centros?

El análisis de Picón se centra en la propuesta original presentada por la Junta Nacional Electoral el pasado 13 de septiembre, pero no incluye los cambios realizados en la sesión del 21 de septiembre, cuando fue modificada la ubicación original de 300 centros de votación. La oposición había exigido que se modificara la ubicación de 900 centros de votación.

Picón considera que los cambios efectuados podrían mejorar levemente el panorama técnico previsto para la movilización de votantes. No obstante, sobre la ubicación original de los 1.355 centros habilitados obtiene las siguientes conclusiones:

“En los centros donde gana el PSUV, la infraestructura dispuesta para el 20% está por encima del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De hecho, entre los 1.355 centros habilitados, 729 centros que agrupan a 2.909 máquinas captahuellas son centros en donde ganó el chavismo el 6 de diciembre. En estos centros podrán firmar 6.930.902 electores a un promedio de 2.382 electores por máquina. En el caso  de los centros donde ganó la oposición el pasado 6 de diciembre, la infraestructura electoral dispuesta para el 20% está por debajo del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. En este caso, el CNE está habilitando 625 centros que albergarán 2.483 máquinas. En estos centros deberán acudir a firmar 12.542.016 electores, a un promedio de 5.051 electores por máquina”

¿CNE colocó menos centros y máquinas
en las zonas tradicionalmente opositoras?

Sí. El análisis de Picón indica que la infraestructura propuesta para el 20%, aunque promedia 3.600 electores por mesa, cuenta con una dispersión mucho mayor en las zonas urbanas. “Hay un sesgo evidente, observándose que mientras más adversa es la parroquia al PSUV hay menos densidad de máquinas”.

La diferencia con un proceso electoral es evidente: “La infraestructura para una elección nacional es homogénea, promediando 480 electores por mesa. Mesas más pequeñas generalmente corresponden a zonas rurales o periféricas urbanas donde el PSUV todavía contaba con una mayoría el pasado 6 de diciembre”.

¿Cómo afecta la distribución sesgada de los centros
para cumplir con la cuota regional del 20%?

Nacionalmente, se puede concluir (a falta de conocer la ubicación definitiva de los ya referidos 300 centros) que 6.930.902 personas deberán acudir a firmar en centros que favorecen al PSUV. Estos electores tienen 2.909 mesas para ejercer su derecho, mientras que hay 12.542.016 electores en centros que favorecen a la Unidad que tienen 2.483 mesas para ejercer su derecho.

Un ejemplo puede ilustrarlo mejor: el CNE decidió habilitar 450 centros donde la oposición obtuvo menos del 10% de los votos el pasado 6 de diciembre y apenas 125 centros donde la oposición obtuvo más del 90% de los votos en los comicios parlamentarios.

El detalle del análisis de Picón se puede observar en la tabla anexa:

¿Existen zonas urbanas sin centros de recolección?

La mayoría de los centros de votación habilitados están en la periferia de las grandes ciudades o en zonas de muy difícil acceso.

En el análisis de Picón destacan varios ejemplos que ilustran la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral. Como la distribución preliminar de los centros en el estado Carabobo, concretamente en el municipio Valencia, que también incluye todos los centros los votación utilizados el 6 de diciembre.

Para comprender la lectura, es necesario saber que el color de los círculos representa la fuerza política dominante en cada centro de votación, mientras el tamaño del círculo ilustra la cantidad de electores en cada centro. De la misma manera, los centros de votación marcados con un rombo constituyen los centros de votación habilitados por el CNE para el proceso del 20%, mientras que el tamaño del rombo ilustra la cantidad de captahuellas que tendrá cada centro (un número que puede oscilar entre un mínimo de dos equipos biométricos de identificación hasta cinco equipos de identificación).

Como ya se explicó, existe un sesgo que implica habilitar en mayor proporción los centros de votación en donde la oposición perdió el 6 de diciembre y que se encuentran en zonas de difícil acceso.

Otro ejemplo que ilustra a la perfección el sesgo electoral de la decisión del CNE es el municipio Girardot, en el estado Aragua. En este caso, aunque se podría suponer que existe un balance en la tendencia de los centros de votación habilitados, al revisar el promedio de electores por mesa se puede observar que en un centro deberán intentar validar su voluntad 40.481 personas que tendrán sólo 5 captahuellas operativas, mientras en otro centro las mismas 5 captahuellas operativas sólo deben atender a 2.002 personas.

Uno de los casos mas complejos que se encuentran en el análisis de Picón es la ubicación de los centros en el estado Portuguesa, donde los electores en las zonas urbanas prácticamente no tendrán de centros de votación para ir a firmar por el revocatorio. Como puede observarse, el CNE no habilitó ninguno de los centros en los que la oposición logró ganar el 6 de diciembre, mientras habilitó centros de votación en donde la Unidad capitalizó, como máximo, 40% de los votos válidos.




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es posible un revocatorio en 2016, luego del anuncio del CNE
JOSE IGNACIO HERNANDEZ

Que decidio el CNE sobre la recolección del 20 para el Referendo Revocatorio y cuando se hara-1

Esta es la nota de prensa donde el CNE dice como sera la recolección del 20 para activar el Referendo Revocatorio-1

¿Es posible un revocatorio en 2016, luego del anuncio del CNE?; por Eugenio Martínez

¿Qué decidió el CNE? El CNE aprobó el proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad avalando el Referendo Revocatorio presidencial de Nicolás Maduro. Además de la información ya conocida de la habilitación de apenas 1.355 centros de votación que contendrán de 5.392 equipos de autenticación biométrica (captahuellas), las rectoras Tibisay Lucena, Sandra

Por Eugenio G. Martínez | 21 de septiembre, 2016
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Fotografía de Andrés Kerese

¿Qué decidió el CNE?

El CNE aprobó el proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad avalando el Referendo Revocatorio presidencial de Nicolás Maduro.

Además de la información ya conocida de la habilitación de apenas 1.355 centros de votación que contendrán de 5.392 equipos de autenticación biométrica (captahuellas), las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorrro Hernandez y Tania D Amelio acordaron exigir que la oposición recolecte firmas equivalentes a 20% de los electores en cada estado del país.

¿La fecha para la recolección del 20%
permitiría un Referendo Revocatorio en 2016? 

El CNE aprobó que la recolección de firmas se realice entre el 26, 27 y 28 de octubre.

Si se toma como punto de partida la última semana del mes de octubre, y las rectoras electorales insisten en considerar como términos los lapsos máximos previstos en las normas, aunque la oposición cumpla con el requisito de contar con el apoyo de 20% de los electores, el revocatorio no podría realizarse antes del mes de marzo de 2017.

Esta posibilidad es la que cobra más cuerpo en este momento, al punto que las rectoras indicaron en nota de prensa que el CNE se tomará los 90 días previstos en la normativa para organizar la consulta popular de mandato.

No obstante, si las rectoras electorales agilizaran la ejecución de los procesos técnicos (como ocurrió durante las peticiones de referendos constitucionales de 2007 y 2009), entonces la consulta popular aún podría ser factible antes del 10 de enero de 2017.

Para que esto ocurra el CNE tendría que renunciar a tomarse tres semanas para comprobar si se cumplió con el requisito constitucional del 20% y organizar el referendo en menos de 45 días, algo que ya hicieron en el caso de la elección presidencial del año 2013 y en los referendos de los años 2007 y 2009.

No obstante, el paso previo de cualquier análisis es saber si la oposición podrá (con la infraestructura propuesta) recabar las 3.893.129 manifestaciones de voluntad avalando el referendo revocatorio presidencial.

¿5.342 captahuellas permiten cumplir con el requisito del 20%?

La respuesta a esta pregunta depende de dos variables: la ubicación geográfica de los puntos de recolección y el promedio de personas que diariamente puedan autenticar su huellas y firmar avalando el Referendo Revocatorio presidencial.

En el caso de la ubicación geográfica de los puntos de recolección, se debe recordar que para el proceso del 1% el CNE decidió desplegar 300 captahuellas —aunque la norma hacía suponer que serían 1.400 equipos— distribuidas nacionalmente con algunos criterios distintos al de la densidad poblacional, electoral y de firmantes. Y de esos 300 equipos distribuidos por el CNE, 100 se ubicaron en zonas del país donde sólo firmaron 21.172 electores para el proceso del 1%. Otras 97 captahuellas fueron distribuidas en regiones donde firmaron 106 mil personas y sólo un tercio de las captahuellas fueron ubicadas en zonas de alta densidad electoral y, por ende, de alta densidad de firmantes. En concreto, 103 máquinas se encontraban en municipios donde firmaron 490 mil electores.

Sobre la incostitucional decision del cen en cuanto al 20

Si el CNE utiliza los criterios empleados para los centros en el caso del 1% para la distribución de los centros de recolección del 20%, los electores dispuestos a firmar enfrentarán problemas de movilización y de acceso a los lugares que le dificultaran ejercer su derecho ciudadano de avalar una consulta popular de mandato.

Otro punto clave de las decisiones del CNE es la cantidad de captahuellas. El Artículo 72 de la Constitución establece como requisito para la activación de la consulta popular que ésta sea avalada por el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, lo que implica que al menos 3.913.403 ciudadanos deben firmar e identificarse biométricamente respaldando que se realice esta consulta.

Aunque diversos estudios de opinión pública sugieren que 58% de los ciudadanos (11 millones de electores) están dispuestos a firmar por el Revocatorio, la infraestructura electoral que piensa desplegar el CNE sólo permitirá que uno de cada tres ciudadanos dispuesto a firmar, logre hacerlo.

Durante la etapa de autenticación de huellas para habilitar a la MUD a solicitar un revocatorio, el promedio diario de electores que lograron registrarse en cada captahuellas entre los 23 estados del país fue de 273 personas. De mantenerse el promedio diario por captahuella contabilizado durante la jornada del 1%, se puede suponer que 4.375.098 ciudadanos, un número ligeramente superior al mínimo exigido en el Artículo 72 de la Constitución, lograrán respaldar el referendo revocatorio.

No obstante, si en la proyección no se utiliza el promedio nacional de 273 personas por día en cada captahuellas, sino que se toma el ejemplo concreto del estado Nueva Esparta, donde sólo lograron registrarse 175 personas por cada captahuellas, y se supone que los problemas registrados en esta entidad se pudieran repetir en todos los estados durante la jornada del 20%, entonces sólo podrían avalar el revocatorio 2.804.550 ciudadanos, un millón cien mil ciudadanos menos de los exigidos en la Constitución.

¿La ubicación de los centros de votación
permitirá recoger 20% de las firmas?

La distribución nacional de los centros y captahuellas sugiere que existirá un promedio muncipal de 3.600 electores por cada máquina durante los tres días de recolección. No obstante, el análisis de los resultados electorales previos en los 1.355 centros que serán habilitados demuestra que la mayoría se corresponde con colegios electorales donde el chavismo triunfó el pasado 6 de diciembre.

analisis del sesgoSegún el análisis preliminar, realizado por el integrante del grupo de técnico de la oposición Robeto Picón, la infraestructura electoral propuesta por el CNE es insuficiente para satisfacer la demanda de participar políticamente, además de existir un sesgo contrario a las parroquias que votan en forma favorable a la oposición, disponiéndose menos máquinas de votación donde hay resultados favorable a la Unidad.

Por otra parte, el estudio advierte que en las parroquias urbanas los centros seleccionados son en general aquellos con el resultado menos favorable a la Unidad. Abundan los centros en zonas periféricas, marginales y en zonas de alta criminalidad.

En su análisis preliminar, alerta que en los centros donde gana el PSUV la infraestructura dispuesta para el 20% está por encima del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De hecho, entre los 1.355 centros habilitados 729 centros que agrupan a 2.909 máquinas captahuellas son centros en los que ganó el chavismo el 6D. En estos centros podrán firmar 6.930.902 electores a un promedio de 2.382 electores por máquina.

Por otra parte, en los centros donde ganó la oposición el pasado 6 de diciembre la infraestructura electoral dispuesta para el 20% está por debajo del promedio de una máquina por cada 3.600 electores. De los 1.355 centros habilitados, 625 centros corresponden a colegios en donde ganó la oposición el 6D. En estos centros estarán habilitados 2.483 máquinas captahuellas para que firmen 12.542.016 electores. Esto significa un promedio de 5.051 electores por máquina.

Este análisis es preliminar y no incluye la ubicación definitiva de 300 de los 1.355 centros habilitados. La reubicación de estos centros podría mejorar los pronósticos regionales de la oposición para cumplir con el requisito del 20%.

¿La recolección del 20% será nacional
o proporcional por estados?

Por estados. Sobre esta exigencia se debe recordar el Presidente de Venezuela se elige en circunscripción nacional y el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece que la recolección de firmas deba realizarse de forma proporcional entre las 23 entidades del país.

Además, en el caso del Referendo Revocatorio al presidente Hugo Chávez celebrado en el año 2004, la recolección del 20% fue de ámbito nacional, mientras la recolección de firmas para los referendos regionales del año 2007 fueron realizadas en una única circunscripción, sin exigencia de proporcionalidad entre municipios o parroquias.

Para la recolección del 1%, el CNE exigió que fuese proporcional a todos los estados del país, lo que implicaba que si en alguna entidad entre los 23 estados del país no se cumplía con este requisito el CNE anularía el proceso del revocatorio. El CNE impuso el criterio de la proporcionalidad aunque no existe precedente que avale sus argumentos; el más cercano, la inscripción de partidos políticos nacionales, sólo requiere que las organizaciones, para constituirse, recojan firmas de militantes en, al menos, 11 estados.

En el caso concreto del 20% el ejemplo más llamativo es que en Delta Amacuro la oposición tenga que movilizar a 87% de los ciudadanos que votaron por la MUD el pasado 6 de diciembre. En aquellas elecciones, 27.087 electores votaron por los candidatos de la oposición y en la recolección de firmas y huellas deberían movilizar, al menos, 23.419 ciudadanos.

Se debe recordar que la tesis básica de las rectoras Hernández y D Amelio es que si en una entidad no se cumple con la cuota de 20% el revocatorio sería anulado, sin importar cuántas firmas se recogieran en los otros 22 estados del país.

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Que decidio el CNE sobre la recolección del 20 para el Referendo Revocatorio y cuando se hara-1

Esta es la nota de prensa donde el CNE dice como sera la recolección del 20 para activar el Referendo Revocatorio-1

6 cosas a las cuales debe prestarle atención cuando el CNE hable sobre el 20%; por Eugenio Martínez

La reiterada amenaza del Consejo Nacional Electoral (CNE) de paralizar el proceso administrativo del Referendo Revocatorio presidencial en caso que se generaran (o se presumieran) actos de violencia en contra de la organización se materializó este viernes 16 de septiembre, cuando las rectoras electorales decidieron posponer preliminarmente hasta el lunes 19 de septiembre el anuncio

Por Eugenio G. Martínez | 16 de septiembre, 2016

4 cosas a las cuales debe prestarle atencion cuando el CNE hable sobre el 20 por Eugenio Martinez 640

La reiterada amenaza del Consejo Nacional Electoral (CNE) de paralizar el proceso administrativo del Referendo Revocatorio presidencial en caso que se generaran (o se presumieran) actos de violencia en contra de la organización se materializó este viernes 16 de septiembre, cuando las rectoras electorales decidieron posponer preliminarmente hasta el lunes 19 de septiembre el anuncio de las fechas en que se realizará la recolección de las manifestaciones de voluntad de 20% de los electores, así como el resto de condiciones técnicas que tendrá este proceso.

1.- ¿Cuándo se realizará la recolección del 20%?

El momento en que se realice este proceso determinará la factibilidad técnica para que el CNE pueda organizar antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017 el Referendo Revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

Aunque los lapsos previstos en la norma sugerían que la recolección de firmas y huellas debía realizarse entre el 10 y 12 de septiembre, las rectoras electorales han insistido en que este proceso, preliminarmente, ocurrirá durante la última semana del mes de octubre, concretamente durante los días 25, 26 y 27 de octubre.

No obstante, estas fechas habían sido anunciadas suponiendo que el viernes 16 de septiembre el CNE formalizaría su decisión. En este momento se desconoce si las rectoras considerarán descontar al complejo cronograma del revocatorio los días en que se pospuso el anuncio por las supuestas amenazas en contra de los trabajadores del organismo comicial.

Si se toma como punto de partida la última semana del mes de octubre, y las rectoras electorales insisten en considerar como términos los lapsos máximos previstos en las normas, aunque la oposición cumpla con el requisito de contar con el apoyo de 20% de los electores el revocatorio no podría realizarse antes de la primera semana del mes de marzo de 2017.

Si las rectoras electorales agilizan la ejecución de los procesos técnicos (como ocurrió durante las peticiones de referendos constitucionales de 2007 y 2009) entonces la consulta popular aún podría ser factible antes del 10 de enero de 2017.

2.- ¿Cuál otra decisión del CNE debe seguirse con detenimiento?

La fecha en la que se realizará la recolección de manifestaciones de voluntad es apenas una de las variables técnicas que pueden hacer inviable que 20% de los electores inscritos pueden ratificar ante el organismo comicial su disposición de avalar una consulta popular de mandato.

Tan importante como la fecha es el horario de trabajo de los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad, así que es necesario develar si estos puntos trabajarán en un horario fijo no prorrogable o se mantendrán abiertos en caso que persistan electores en cola a la hora de cierre del proceso. También es importante conocer el tipo de personal que el CNE desplegará en los puntos de recepción de manifestaciones de voluntad.

3.- ¿Cuántos centros se habilitarán
y cuántas captahuellas van a funcionar?

Uno de los principales debates técnicos sobre el proceso del 20% es la cantidad de centros de votación que deberán habilitarse y el número de equipos de identificación biométrica (SAI) que estarán operativos en cada centro de votación. También debe considerarse que, a diferencia del proceso de validación del 1%, si los electores estarán nucleados (asignados) a centros de votación específicos para que acudan a firmar o si podrán hacerlo en cualquier centro que se encuentre abierto y operativo.

Al existir un preacuerdo en el CNE de respetar la normativa electoral del año 2007 y permitir que el proceso del 20% se realice durante tres días, los técnicos electorales de la oposición modificaron sus exigencias iniciales de contar con 14 mil centros de votación habilitados y 14 mil captahuellas operativas. En este sentido el requerimiento mínimo de la oposición es que sean habilitados 6.500 centros de votación y en ellos se encuentren operativas 19 mil captahuellas.

No obstante, los técnicos de la Junta Nacional Electoral consideran suficiente habilitar 4 mil centros de votación que permitan operar a 5.342 equipos de autenticación biométrica.

4.- ¿5.342 captahuellas permiten cumplir con el requisito del 20%?

La respuesta a esta pregunta depende de dos variables: la ubicación geográfica de los puntos de recolección y el promedio de personas que diariamente puedan autenticar su huellas y firmar avalando el referendo revocatorio presidencial.

En el caso de la ubicación geográfica de los puntos de recolección se debe recordar que para el proceso del 1% el CNE decidió desplegar 300 captahuellas —aunque la norma hacía suponer que serían 1.400 equipos— distribuidas nacionalmente con algunos criterios distintos al de la densidad poblacional, electoral y de firmantes.

De los 300 equipos distribuidos por el CNE, 100 se ubicaron en zonas del país donde sólo firmaron 21.172 electores para el proceso del 1%. Otras 97 captahuellas fueron distribuidas en regiones donde firmaron 106 mil personas y sólo un tercio de las captahuellas fueron ubicadas en zonas de alta densidad electoral y, por ende, de alta densidad de firmantes. En concreto, 103 máquinas se encontraban en municipios en donde firmaron 490 mil electores.

Si el CNE utiliza los criterios empleados para los centros en el caso del 1% para la distribución de los centros de recolección del 20%, los electores dispuestos a firmar enfrentarán problemas de movilización y de acceso a los lugares que le permitirán ejercer su derecho ciudadano de avalar una consulta popular de mandato.

Otro punto clave de las decisiones que debe anunciar el CNE es la cantidad de captahuellas. El Artículo 72 de la Constitución establece como requisito para la activación de la consulta popular que ésta sea avalada por el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, lo que implica que al menos 3.913.403 ciudadanos deben firmar e identificarse biométricamente respaldando que se realice esta consulta.

Aunque diversos estudios de opinión pública sugieren que 58% de los ciudadanos (11 millones de electores) están dispuestos a firmar por el revocatorio, la infraestructura electoral que piensa desplegar el CNE sólo permitirá que uno de cada tres ciudadanos dispuesto a firmar, logre hacerlo.

Durante la etapa de autenticación de huellas para habilitar a la MUD a solicitar un revocatorio, el promedio diario de electores que lograron registrarse en cada captahuellas entre los 23 estados del país fue de 273 personas.

De mantenerse el promedio diario por captahuella contabilizado durante la jornada del 1%, se puede suponer que 4.375.098 ciudadanos, un número ligeramente superior al mínimo exigido en el artículo 72 de la Constitución, lograrán respaldar el referendo revocatorio.

No obstante, si en la proyección no se utiliza el promedio nacional de 273 personas por día en cada captahuellas, sino que se toma el ejemplo concreto del estado Nueva Esparta, en donde sólo lograron registrarse 175 personas por captahuellas, y se supone que los problemas registrados en esta entidad se repiten en todos los estados durante la jornada del 20%, entonces sólo podrían avalar el revocatorio 2.804.550 ciudadanos, un millón cien mil ciudadanos menos de los exigidos en la Constitución.

5.- ¿La recolección del 20% será nacional o proporcional por estados?

Esta duda no debería existir, porque es claro y obvio que la recolección debe realizarse en circuncripción nacional. No obstante, las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio insisten en exigir que sea proporcional a cada estado.

Sobre esta exigencia se debe recordar el Presidente de Venezuela se elige en circunscripción nacional y el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece que la recolección de firmas deba realizarse de forma proporcional entre las 23 entidades del país. Además, en el caso del Referendo Revocatorio al presidente Hugo Chávez celebrado en el año 2004, la recolección del 20% fue de ámbito nacional, mientras la recolección de firmas para los referendos regionales del año 2007 fueron realizadas en una única circunscripción, sin exigencia de proporcionalidad entre municipios o parroquias.

6.- ¿Qué importancia tiene que la recolección
sea nacional o proporcional por estados?

Para la recolección del 1%, el CNE exigió que fuese proporcional a todos los estados del país, lo que implicaba que si en alguna entidad entre los 23 estados del país no se cumplía con este requisito el CNE anularía el proceso del revocatorio. El CNE impuso el criterio de la proporcionalidad aunque no existe precedente que avale sus argumentos; el más cercano, la inscripción de partidos políticos nacionales, sólo requiere que las organizaciones, para constituirse, recojan firmas de militantes en, al menos, 11 estados.

En el caso concreto del 20%, si el CNE insiste en regionalizar la recolección provocaría, por citar el ejemplo mas llamativo, que la oposición deba movilizar en el estado Delta Amacuro a 87% de los ciudadanos que votaron por la MUD el pasado 6 de diciembre. En esas elecciones, 27.087 electores votaron por los candidatos de la oposición y en la recolección de firmas y huellas deberían movilizar, al menos, 23.419 ciudadanos. Se debe recordar que la tesis básica de las rectoras Hernández y D Amelio es que si en una entidad no se cumple con la cuota de 20% el revocatorio sería anulado, sin importar cuántas firmas se recogieran en los otros 22 estados del país.

¿Qué fue lo que aprobó el CNE sobre el Referendo Revocatorio y qué sigue?; por Eugenio Martínez

  El 24 de agosto los cinco rectores del CNE acordaron aprobar la solicitud de recolección de las manifestaciones de voluntad de 20% de los electores y así proceder con la activación de un Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro. La respuesta de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Luis Emilio Rondón se

Por Eugenio G. Martínez | 25 de agosto, 2016

Qué aprobó el Consejo Nacional Electoral Qué sigue por Eugenio Martínez

 

El 24 de agosto los cinco rectores del CNE acordaron aprobar la solicitud de recolección de las manifestaciones de voluntad de 20% de los electores y así proceder con la activación de un Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro.

La respuesta de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Luis Emilio Rondón se produjo 22 días después de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la introdujera el 2 de agosto. Como ha ocurrido en otras fases del proceso las rectoras electorales se tomaron todos los días previstos en las normas para analizar la documentación presentada por la oposición.

Al momento de aprobar la solicitud del 20% para la activación del revocatorio, el cuerpo directivo decidió remitir a la Junta Nacional Electoral (JNE) los lineamientos del proceso de recolección de firmas para que se elabore el cronograma de esta actividad.

¿Quiénes integran a la Junta Nacional Electoral?
¿Cuándo entregarán el cronograma de la recolección de firmas?

La Junta Nacional Electoral es presidida por Tibisay Lucena, además la integran Socorro Hernández y el rector suplente incorporado Carlos Quintero. Corresponderá a estos tres rectores definir la fecha de la recolección de firmas. Las rectoras electorales insisten en que debe realizarse durante la última semana del mes de octubre, tentativamente durante los días 25, 26 y 27.

Las fechas tentativas divulgadas por la presidenta del CNE sugieren que la JNE tiene hasta el 13 de septiembre para elaborar este cronograma que deberá ser discutido y aprobado por el resto de los rectores entre el 14 y 16 de septiembre. Si el CNE insiste en tomar los lapsos previstos en la norma como términos, entonces hasta mediados de septiembre no se anunciará la fecha definitiva de la recolección del 20%.

¿La recolección del 20% será por estados?

El Presidente de Venezuela se elige en circunscripción nacional y el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece que la recolección de firmas deba realizarse de forma proporcional entre las 23 entidades del país. En el caso del Referendo Revocatorio al presidente Hugo Chávez celebrado en el año 2004, la recolección del 20% fue de ámbito nacional, mientras la recolección de firmas para los referendos regionales del año 2007 fueron realizadas en una única circunscripción, sin exigencia de proporcionalidad entre municipios o parroquias.

No obstante, las rectoras Tania D’Amelio y Socorro Hernández (principalmente) insisten en que la recolección de firmas debe ser proporcional entre las 23 entidades del país.

¿Socorro Hernández y Tania D’Amelio militaban en el PSUV antes de ser designadas rectoras?

Según el Artículo 296 de la Constitución Nacional y el Artículo 9 numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, entre las condiciones de elegibilidad de los aspirantes a ocupar el cargo de rectores electores destaca el de “no tener vinculación con organizaciones políticas”.

Tania D’Amelio renunció a su militancia en el Psuv el 2 de noviembre de 2009 según consta en la carta dirigida al entonces director de organización del partido Jorge Rodríguez. En el caso de Hernández renunció a su militancia el 4 de noviembre según consta en la carta dirigida al director de organización del partido. Esto significa que, al momento de ser elegidas por el Comité de Postulaciones Electorales de la AN como aspirantes al cargo de rectoras electorales, militaban en una organización política.  El recurso de nulidad contra la designación de Hernández y D’Amelio que fue presentado por algunas organizaciones ciudadanas ante el TSJ el 26 de noviembre de 2009 está en fase de sentencia desde el 9 de febrero de 2011. El periodo de siete años  que le corresponde a D’Amelio y Hernández en el CNE culmina en diciembre de este año.

¿El CNE admitió las peticiones de la MUD sobre el proceso de recolección del 20%?

Hasta la fecha el CNE sólo ha admitido que la recolección del 20% se realice durante tres días continuos como lo establece la norma de activación de revocatorio.

No obstante, aún deben definirse los centros de votación que serán habilitados para esta jornada. En relación con este punto existe consenso entre los rectores en que preferiblemente serán habilitados los centros de votación que tengan factibilidad para transmitir inalámbricamente los resultados de cada día del proceso de recolección de firmas.

Para la jornada de recolección de firmas la oposición exigió la habilitación de 40 mil equipos biométricos, pero hasta este momento la mayoría de los rectores opinan que deben habilitarse sólo 4 mil equipos biométricos. Para la selección de los centros de votación se considerarán las variables geográficas y de población electoral, como ocurrió en el caso del proceso de autenticación de huellas de 1% de los electores.

¿Cuáles otras decisiones deben tomarse antes de la recolección de firmas?

Además de la cantidad de centros de votación y captahuellas que serán desplegadas, aún deben definirse varios aspectos: cómo será el proceso de acreditación de testigos de la MUD y del PSUV en los puntos de recolección, las funciones que tendrá el Plan República en este operativo y si algunos de los miembros de mesa sorteados en abril de este año deberán prestar servicio durante la recolección de firmas.

¿En la recolección del 20% pueden participar
todos los electores inscritos en el Registro Electoral?

No. Para este proceso sólo podrán participar los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral hasta el 30 de abril de 2016. Quienes se hayan inscrito después de esta fecha no podrán firmar. Tampoco serán tomados en cuenta los cambios de centro de votación realizados después del 30 de abril.

¿Cuántas firmas se necesitan para activar el revocatorio?

Tomando como base el corte del Registro Electoral al 30 de abril de 2016 activar el revocatorio necesita de 3.913.403 firmas válidas.

¿Los venezolanos en el exterior pueden firmar?

No. El CNE no prevé infraestructura para que los 111 mil ciudadanos inscritos en el exterior puedan firmar.

 ¿Cuántos días deben transcurrir entre la recolección de firmas y el Referendo Revocatorio al Presidente?

Realizada la recolección del 20% deben ejecutarse los siguientes procesos:

—Recepción de las actas/entrega de actas por parte del Plan República: hasta 5 días continuos
—Verificación y cuantificación de las firmas y huellas: hasta 15 días hábiles.
—Declaración de procedencia o improcedencia del revocatorio: hasta 2 días hábiles.
—Convocatoria del revocatorio: Hasta 3 días hábiles
—Organización del revocatorio: Hasta 90 días.

Algunos de estos procesos fueron elaborados según la tecnología electoral del año 2007. Por ejemplo, en 2007 el CNE necesitaba hasta 15 días hábiles para cuantificar las firmas y huellas. En este momento el CNE podría realizar esta actividad en cuestión de horas después de cada día de recolección y necesitaría hasta 4 días continuos para auditar una muestra representativa de las firmas y huellas.

La posibilidad de que el Referendo Revocatorio se realice antes del 10 de enero de 2017 está sujeta a que las rectoras electorales no tomen como términos legales los lapsos que están establecidos en la normativa del revocatorio.

Luego de la declaración de Lucena: ¿podrá realizarse el Referendo Revocatorio en 2016?; por Eugenio Martínez

La interpretación rápida de los lapsos sugeridos (aunque no definitivos) por la Presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, indican que es imposible realizar la consulta popular de mandato antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017. Según el cronograma tentativo presentado por Lucena, no será sino hasta el 16 de septiembre cuando

Por Eugenio G. Martínez | 9 de agosto, 2016

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Concentración de la oposición venezolana en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe manifestaciones hacia el Consejo Nacional Electoral. Fotografía de Diego Vallenilla. [25/05/2016] Si desea ver la galería completa, haga click acá.

La interpretación rápida de los lapsos sugeridos (aunque no definitivos) por la Presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, indican que es imposible realizar la consulta popular de mandato antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017.

Según el cronograma tentativo presentado por Lucena, no será sino hasta el 16 de septiembre cuando el organismo comicial se pronuncie sobre la pertinencia de la solicitud de activación del referendo revocatorio que presentó la oposición venezolana el pasado 2 de agosto.

Al momento de redactar este texto no existe explicación oficial de por qué la decisión del CNE sobre la solicitud del revocatorio se anunciará entre el 14 y 16 de septiembre, cuando el Artículo 21 de las  Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios establece que el CNE dispone de hasta 15 días continuos para realizar el análisis del documento de solicitud de la consulta popular de mandato.

Si la oposición entregó la solicitud de activación de revocatorio el 2 de agosto y existen 2 días hábiles para subsanar recaudos, el lapso de 15 días continuos debía comenzar el 5 de agosto.

No obstante, tomando como punto de partida el 16 de septiembre (y considerando que el Artículo 24 de las referidas normas le confiere hasta 15 días hábiles, a partir del anuncio de procedencia de la petición para definir los aspectos técnicos de la recolección), la jornada para recolectar las firmas equivalentes al 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral podría celebrarse durante la última semana del mes de octubre.

Antes de la exposición de la presidenta del CNE, se había informado extraoficialmente que los cronogramas técnicos del organismo situaban preliminarmente esta actividad para los días 25, 26 y 27 de octubre.

Según el Artículo 28 de las normas, el CNE tiene hasta 15 días hábiles para para verificar si la oposición cumplió con el requisito de contar con el aval de 20% de los electores, que son aproximadamente 4 millones de personas. Este lapso es innecesario si se considera que para el proceso del 20% se desplegará la plataforma biométrica del organismo comicial, lo que significa que los rectores pueden conocer en cuestión de horas si se cumplió o no con el límite de manifestaciones de voluntad exigidas en el Artículo 72 de la Carta Magna.

Si el CNE certifica que la oposición cuenta con el aval de aproximadamente 4 millones de personas, tendrá tres días para convocar el revocatorio y hasta noventa días para organizarlo. Si se toman estos lapsos máximos, el referendo a Maduro no podría realizarse antes del 18 de febrero de 2017. No obstante, como bien explicó la presidente del organismo comicial, cuando se ha requerido el Poder Electoral ha organizado eventos de ámbito nacional en menos de cuarenta días. El ejemplo más reciente es la elección presidencial sobrevenida de 2013, que se logró organizar en 37 días por el trabajo técnico previo que se ejecutó para los comicios presidencial de octubre de 2012 y las elecciones regionales de diciembre de ese año.

Tomando los precedentes técnicos de 2007, 2009 y 2013 (y considerando que el CNE ya tiene adelantados algunos procesos importantes, como la selección de miembros de mesa y su notificación), si se cuenta con la colaboración técnica del organismo comicial sería factible realizar el revocatorio antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017.

1. ¿Por qué no estuvo presente el rector Luis Emilio Rondón
en la exposición de Tibisay Lucena? 

Según explicó, el Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento se opuso a la decisión de ubicar preliminarmente la recolección de firmas durante la última semana de octubre porque “se pudo fijar una fecha anterior, si las actividades para la preparación técnica y logística de las máquinas se iniciaran en la segunda quincena de agosto” (como lo propuso en la sesión del día lunes 8 de agosto) “y no a partir de la primera quincena de septiembre”, como acordaron Lucena, la vicepresidenta Sandra Oblitas y las rectoras Socorro Hernández y Tania D’ Amelio)

Rondón argumentó que “estos 38 días para el alistamiento de la plataforma tecnológica, que se incorporaron al cronograma, son más que suficientes para el despliegue de la totalidad de la infraestructura de los más de 14 mil centros de votación con los que cuenta el CNE para garantizar a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos”.

Rondón, también presidente de la Copafi, reiteró en su declaración que no existe “ningún impedimento jurídico, tecnológico o logístico para que se cumpla con la ejecución del procedimiento de solicitud de revocatorio una vez cubiertos los extremos de la norma”. Además, dij oque “la voluntad de cumplir con nuestro deber constitucional como ente rector de los procesos electorales es fundamental (…) Aun así vimos cómo 5 días para constatar el 1%, previstos en el artículo 10 numeral 5 de la resolución nombrada, se convirtieron en más de treinta días”.

Según Rondón “el CNE debe actuar en el marco del principio de celeridad que obliga la norma para cumplir con su deber constitucional de garantizar que los venezolanos puedan expresar oportunamente su voluntad”.

2. ¿Por qué Lucena no divulgó antes
un cronograma del proceso?

La mayoría de las rectoras se negaron a esta petición reiterada. Sin embargo, en su declaración, Rondón le recordó a Tibisay Lucena que:

“la inexistencia de un cronograma desde el momento de la solicitud de la activación del revocatorio ha lesionado el principio de imparcialidad que debe garantizar el ente y ha ido en detrimento de la igualdad que debe existir entre las partes. Por eso insistí en la divulgación previa de un calendario integral de las tres fases de la solicitud del revocatorio: promoción, recolección del 20% y realización del referendo”

3. ¿La oposición comenzó el proceso del revocatorio
en abril, tal como indicó Lucena? 

No. El actual proceso merece recordar algunos temas: aunque la Presidente del CNE insiste en el conocimiento público de la normativa, es necesario acotar que durante el año 2007 el CNE aprobó realizar referendos revocatorio regionales en diez estados. Y para regular aquellos procesos se emitió la resolución del 7 de febrero de 2007 Número 070207-036 con las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendo Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular. Y el 27 de marzo se aprobó la resolución número 070327-341, que contiene la normas definitivas para regular los Referendos Revocatorios. Sin embargo, el 6 de septiembre de aquel año los rectores decidieron aprobar la resolución número 070906-2770, la cual contiene las referidas Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios, y con eso derogaron los instructivos anteriores.

Esta resolución apareció en la Gaceta Electoral 405 del 18 de diciembre de ese año. Y esta norma, aunque aprobada hace 9 años en ausencia de la Ley de Referendos, nunca había sido aplicada.

La oposición entregó la primera petición de inicio del proceso el 9 de marzo de 2016. Entre esta fecha y el 12 de abril, la MUD presentó cuatro peticiones distintas. La última incluía firmas de 2.040 electores que en asambleas de ciudadanos facultaban a la directiva de este partido a solicitar la recolección de firmas de 1%. Este requerimiento no está contemplado en las normas publicadas en la Gaceta Electoral 405.

Como se indicó en anteriores post de Prodavinci, aunque la presidenta del CNE asegure que la MUD incurrió en errores que generaron el retraso de este primer trámite administrativo, se debe también recordar que el organismo no fue diligente en ofrecer respuestas. Y se coloca como ejemplo la sesión del 17 de marzo, en la cual los rectores debían decidir sobre el contenido de la primera comunicación de la MUD. Aquella sesión no se celebró por la ausencia de Tibisay Lucena, quien se encontraba en Uruguay participando en las reuniones del Consejo Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. A la semana siguiente, el CNE no sesionó coincidiendo con el asueto de Semana Santa. Y en la semana siguiente a este asueto el tema no fue considerado en la sesión de rectores.

Durante la semana del 26 de marzo al 30 de marzo, el CNE se enfocó en el trabajo relativo al sorteo de electores que deberán prestar el servicio electoral este año.

La siguiente respuesta administrativa del CNE sobre la petición de la MUD se produjo el 7 de abril. En aquel momento, el organismo formalizó la petición de incluir la firma de los electores en la comunicación de la MUD solicitando la conformación de la agrupación de ciudadanos. Esa petición se entregó el 12 de abril y el CNE ofreció respuesta definitiva entregando la planilla de recolección de firmas de 1% el 26 de abril.

4. ¿Y las elecciones regionales? 

La presidenta del CNE volvió a omitir cualquier comentario sobre este evento electoral, el cual constitucionalmente debería realizarse en diciembre de 2016.

¿Qué está pasando con el proceso de referendo revocatorio?; por Eugenio Martínez

Hasta el lunes 1 de agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE) no analizará el contenido del informe sobre la autenticación de huellas que se realizó entre el 20 y 24 de junio, requisito indispensable para que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pueda solicitar el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. 1. ¿El CNE prometió anunciar

Por Eugenio G. Martínez | 27 de julio, 2016

Que esta pasando con el proceso de referendo revocatorio por Eugenio Martinez

Hasta el lunes 1 de agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE) no analizará el contenido del informe sobre la autenticación de huellas que se realizó entre el 20 y 24 de junio, requisito indispensable para que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pueda solicitar el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro.

1. ¿El CNE prometió anunciar la fecha de la recolección del firmas del 20% el miércoles 26 de julio? No. El 10 de junio, en una declaración en la que no se permitieron preguntas a los periodistas, la presidenta del CNE Tibisay Lucena indicó:

“La validación se hará en oficinas regionales del 20 al 24 de junio de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Luego de esto entramos al proceso de revisión de validación que culmina el 26 de julio. Con esto damos fin a la primera etapa tal como lo contemplan las normas”.

No obstante, en declaraciones ofrecidas el domingo 24 de julio la presidenta del CNE matizó esta declaración durante una entrevista  en el programa José Vicente Hoy.

“No puede haber movimiento (de revocatorio) porque los requisitos no se han cumplido, si se llegan a cumplir todos, el CNE llegará a tomar medidas necesarias (…) Estamos en la culminación de la primera etapa, esta fase termina el 25 de julio. El 26 nos deben entregar informe”.

En esa declaración, la presidenta del CNE no ofreció detalles adicionales sobre el proceso de revisión.

De la declaración del 10 de junio se interpretó que el 26 de julio se anunciaría el resultado del proceso de autenticación. En caso que el informe indicara que la MUD había cumplido con el requisito de contar con el aval de 1% de los electores de cada estado quedaría habilitada para solicitar el referendo revocatorio presidencial. No obstante, este anuncio implicaba que se fijara la fecha de la recolección del 20%, ni mucho menos la fecha del referendo revocatorio presidencial.

2. ¿La autenticación de las huellas culminó el 26 de julio? No. Desde el martes 19 de julio se conoce el resultado del proceso de autenticación de huellas. Según el acta de la auditoría realizada por los técnicos del CNE —en presencia de los testigos de la MUD y del Psuv— 399 mil personas lograron autenticar su huellas, superándose en todos los estados la cantidad mínima necesaria de 1% de electores que avalan a la MUD para solicitar una consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro como Presidente.

3. ¿Qué ocurrió entre el 19 y el 26 de julio? Culminada la auditoría del martes 19 de julio, el informe debió remitirse a la Junta Nacional Electoral (JNE) para su aprobación. Esta instancia está conformada por las rectoras principales Tibisay Lucena, Socorro Hernández y el rector suplente incorporado Carlos Quintero.

No obstante, como la Junta Nacional Electoral sólo sesiona los martes, fue el 26 de julio cuando los tres rectores ya mencionados recibieron el informe de la actividad desarrollada el 19 de julio.

Una vez que estos rectores avalaron el informe de la auditoría lo remitieron para su aprobación a la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi) presidida por el rector Luis Emilio Rondón.

4. Si la comisión que preside el rector Rondón recibió la comunicación el 26 de julio, ¿por qué no la aprobó inmediatamente? Aunque la Copafi es presidida por el rector Rondón,  está integrada además por la rectora Tania D’ Amelio  y el rector suplente incorporado Abdón Hernández. Amelio (como ocurre con la rectora Socorro Hernández) militó en el Psuv hasta escasos días antes de ser designada rectora en el año 2008, mientras a Hernández se la vincula políticamente con el gobernador del estado Carabobo Francisco Ameliach.

La Copafi sesionará hoy (27 de julio) para analizar el informe remitido por la JNE.

5. ¿La sede de la JNE está muy alejada de la sede la Copafi? No. Ambas oficinas se encuentran en la sede principal del CNE y entre ellas existe una distancia menor a los 30 metros.

6. Si la Copafi aprueba el informe el 27 de julio ¿por qué se debe esperar hasta el lunes 1 de agosto? No existe respuesta a esta interrogante. La sesión de rectores del CNE se realiza los días jueves (el 28 de julio debería convocarse una sesión).  Por otra parte, en la norma de revocatorios del año 2007 no está previsto este lapso adicional entre el cierre del proceso del 1% y su aprobación definitiva por la mayoría de los rectores del CNE.

7. ¿Si la JNE aprobó el informe el 26 de julio y la Copafi lo hace el 27 de julio, significa que al menos cuatro de los cinco rectores principales conocen y aprobaron en instancias técnicas el informe del 1% y aún así esperarán hasta el 1 de agosto? Sí. En la JNE el informe sobre el 1% fue analizado por las rectores Lucena y Hernández, mientras que en la Copafi lo analizarán el rector Rondón y la rectora D’ Amelio

8. ¿La oposición tiene el informe que demuestra que cumplió con el requisito del 1%? Sí. Tiene el acta de la auditoría celebrada el 19 de julio y el informe aprobado por la Junta Nacional Electoral.

9. ¿Se necesita el voto de los cinco rectores para aprobar una decisión? No. Antes de la sesión especial del lunes 1 de agosto la única rectora que no habrá emitido opinión previa sobre el contenido del informe será la vicepresidenta Sandra Oblitas (quien preside la Comisión de Registro Civil y Electoral). Sin embargo, para tomar decisiones electorales (salvo desconvocar una elección) sólo se requiere el voto favorable de tres de los cinco integrantes del directorio del CNE.

10. ¿Cuántos días adicionales ha agregado el CNE a los lapsos previstos en la norma de revocatorio?

Hasta el 24 de junio,cuando finalizó la autenticación de huellas, el CNE había agregado a los lapsos establecidos en su norma 67 días. Al posponer la decisión hasta el 1 de agosto, agrega a los cronogramas seis días adicionales.

11. ¿Aún es posible realizar el revocatorio en 2016? Sí. Tomando en consideración que la decisión se anunciará para el 1 de agosto, el cronograma tentativo —utilizando los lapsos máximo previstos en la norma vigente sobre revocatorios— sería el siguiente:

3 de agosto. Una vez que el CNE indique que la MUD está habilitada para solicitar el revocatorio, este partido tiene hasta 2 días hábiles para presentar la solicitud para activar la consulta popular (Art. 19)

19 de agosto. Hasta 15 días continuos para que CNE verifique la solicitud y diga si es procedente (Art. 21)

9 de septiembre. Hasta 15 días hábiles para que el CNE apruebe la cantidad y ubicación de los puntos de recolección (Art. 2)

10, 11 y 12 de septiembre. Hasta 3 días continuos de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad (Art.  26)

3 de octubre. Hasta 15 días hábiles para verificar y totalizar las manifestaciones de voluntad (plazo innecesario porque es un proceso automatizado) (Art 28)

6 de octubre. Hasta 3 días continuos para la convocatoria del Referendo Revocatorio (Art. 29)

Hasta  90 días continuos para realizar el Referendo revocatorio (Art 30). Éste es un plazo máximo, técnicamente innecesario. En el pasado el CNE ha organizado eventos similares en menos de 40 días, como el referendo constitucional 2007, el referendo constitucional 2009 o la elección presidencial sobrevenida en 2013. En todo caso, si el CNE insiste en cumplirlo, el revocatorio se podría realizar el 6 de enero. (cuatro días antes del límite constitucional del 10 de enero de 2017)

12. ¿Y las elecciones regionales? El CNE sigue guardando silencio sobre esta convocatoria. Como se explicó en anteriores post el silencio del organismo comicial contrasta con el comportamiento que mantuvo la autoridad electoral al momento de anunciar las elecciones regionales del año 2008 y los comicios de 2012:

— La presidenta del CNE formalizó la fecha en que se realizaría las elecciones locales y regionales celebradas el 23 de noviembre de 2008 con nueve meses de anticipación. Ese año las elecciones se convocaron el 19 de febrero de 2008.
—Los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012 fueron convocados el 29 de marzo de ese mismo año. No obstante, no se debe obviar que la fecha de estos comicios fue anunciada por Tibisay Lucena el 20 de septiembre de 2011.

Más allá del Revocatorio: ¿cómo ven los venezolanos la situación, según Venebarómetro?; por Eugenio Martínez

Aunque no es una sorpresa que la mayoría de los ciudadanos consideren que la situación de Venezuela es negativa, el porcentaje de quienes la describen como “muy mala” sigue aumentando. Según el estudio del Venebarómetro[1], un 50,7% de la población considera que la situación del país es muy mala, mientras 32,9% la describe como “mala”

Por Eugenio G. Martínez | 22 de julio, 2016
¿El chavismo sigue evaluando positivamente la situación del país; por Eugenio Martínez

Fotografía de la galería “9 de febrero”, de Gabriel Méndez. Haga click en la imagen para ver la fotogalería completa.

Aunque no es una sorpresa que la mayoría de los ciudadanos consideren que la situación de Venezuela es negativa, el porcentaje de quienes la describen como “muy mala” sigue aumentando. Según el estudio del Venebarómetro[1], un 50,7% de la población considera que la situación del país es muy mala, mientras 32,9% la describe como “mala” y 9% la describe diciendo que es de “regular hacia mala”.

En enero de este mismo año, el reporte del Venebarómetro indicaba que sólo 40% de los ciudadanos consideraban que la situación del país era “muy mala”.

Por otra parte, la cifra de quienes tienen algún tipo de valoración positiva de la situación continúa cayendo, en especial el segmento que aseguraba que la situación es regular hacia buena. En enero, el 10% de los ciudadanos describía de esta forma la situación del país, pero seis meses después apenas un 4,8% considera que la situación es “de regular hacia buena”. El resultado en el resto de las categorías se encuentra dentro del error muestral del estudio, al punto que sólo 1,9% dice que la situación es “buena” y 0,2% la considera “muy buena”.

Si los resultados se analizan por autodefinición política destaca cómo, en sólo seis meses, ha variado la opinión de quienes se autodenominan chavistas. En enero de 2016 el resultado del Venebarómetro ilustraba que 31% de quienes se autodefinen como oficialistas, consideraban que la situación de país era positivo. Hoy ese segmento se reduce a un 19,5% de quienes admiten públicamente ser adeptos a la revolución.

Si se analiza la percepción que tienen los ciudadanos desde que asumió la presidencia Nicolás Maduro el dato es demoledor: en abril de 2013 el 51% de los ciudadanos decía que la situación del país es negativa. Tres años y dos meses después, la percepción negativa la comparten 92,9% de los ciudadanos.

¿Los bachaqueros son el principal
problema de los ciudadanos?

Si se permite que los encuestados respondan espontáneamente cuáles son los tres principales problemas que confronta el país, 75,5% asegura que el desabastecimiento, mientras 70,7% menciona a la inseguridad y 44,4% considera que es el alto costo de la vida. Sólo 6,4% de los ciudadanos consideran que los bachaqueros sean un problema.

Por autodefinición política los tres principales problemas que identifican quienes se dicen chavistas son:

—La inseguridad (65,5%),
—El desabastecimiento (61,6%)
—El alto costo de la vida (44,4%)

 Entre quienes se dicen opositores,. los tres problemas principales son:

—El desabastecimiento (84,5%)
—La inseguridad (73%)
—El alto costo de la vida (39%)

Mientars que según los independientes:

—El desabastecimiento (76,9%)
—La inseguridad (73,6%)
—El alto costo de la vida (42,6%)

¿Cuántos venezolanos aseguran
que comen tres veces al día?

En febrero de este año el estudio del Venebarómetro indica que 69,5% de los ciudadanos aseguraban que lograban comer tres veces al día. Sin embargo, en la medición realizada en el mes de junio el resultado muestra una disminución dramática: sólo 38,8% de los ciudadanos dice que logra hacer tres comidas diarias.

La cifra de quienes aseguran que comen dos veces al día aumentó del 24% registrado en febrero al 44% de ahora, mientras que el porcentaje de los ciudadanos que aseguran comer una sola vez al día pasó de 4,8% en febrero a 17% en junio.

como ven los venezolanos la situacion politica y economicaAl analizar el resultado por autodefinición política (haciendo la salvedad que las respuestas pueden tener un sesgo personal e ideológico muy importante), destaca que mientras 60% de quienes se dicen chavistas aseguran que comen tres veces al día, esta opinión sólo la comparten 31% de los opositores y 26% de los independientes.

Aunque el porcentaje de personas que se definen como chavistas y aseguran hacer las tres comidas es inusualmente alto, también registra un descenso muy importante en comparación a la medición de febrero de este año: En ese estudio 80% de quienes se definían como adeptos a la revolución aseguraban que comían tres veces al día. Hoy lo aseguran 60%.

Si se analizan las respuestas por clase social se encuentra que 44% de quienes se encuentran en la clase D de la población (la de menos recursos) dicen comer tres veces a día, no obstante en febrero 57% de este estrato aseguraba que lograban desayunar, almorzar y cenar.

No es distinta la situación en la clase C. En febrero 74% decía que comía tres veces al día, hoy lo reconocen 35,7%.

En el segmento A/B, el de mayor poder adquisitivo 47,5% asegura que hace las tres comidas, mientras en febrero 75% de quienes integran esta clase social respondían que estaban en capacidad de hacer las tres comidas.

¿Quién es el responsable?

Para 32,6% de los ciudadanos el culpable de los problemas que confronta el país es el presidente Nicolás Maduro, mientras que 29% señala al “gobierno”; 9,3% considera que es la guerra económica; para 9% es la oposición; 8,8% prefiere culpar “a la gente”; 2,3% a los bachaqueros; 2,3% a los políticos y 2,2% a los empresarios.

Sin embargo, las respuestas más llamativas se encuentran al analizarlas por autodefinición política:

La mayoría de quienes se dicen chavistas (agrupando algunas categorías) señalan como principal responsable a la oposición. Con esta idea coinciden 29% de los ciudadanos que se consideran adeptos a la revolución, mientras 27% cree que los problemas son responsabilidad de la guerra económica y apenas 7% señala “al gobierno” y 3,4% al presidente Maduro.

En el caso de los independientes, 38% dice que el responsable es Maduro y 31% señala al gobierno. Sólo para 3,7% es creíble la tesis de la guerra económica y apenas 1,2% señala a la oposición.

En el caso de quienes se dicen opositores 47% señala directamente a Maduro y 41%  se decanta por responsabilizar a todo el gobierno.

¿Hay venezolanos que valoran positivamente
la gestión del presidente Nicolás Maduro?

Sí. Según Venebarómetro, el 25,7% tiene algún grado de valoración positiva de la gestión del Jefe del Estado. Este grupo se compone de un 11% que describe su gestión de regular hacia buena, otro 12,5% que dice que es buena y 2,2% que la considera “excelente”.

Por autodefinición política existe una diferencia notable en la valoración que realizan quienes se dicen chavistas en comparación con lo que piensan independientes y opositores. Mientras 83% de los adeptos a la revolución consideran que el trabajo de Maduro es positivo, el 93% de los independientes considera que su labor es negativa. Al igual que 99,1% de los opositores (este estudio tiene un margen de error de +/- 2,37%).

Cuando se analiza la evolución histórica de este indicador, el deterioro de la valoración de la gestión de Nicolás Maduro comenzó a crecer sostenidamente a partir de marzo de 2014. Antes de este punto, se alternaban mensualmente valoraciones positivas (de al menos la mitad de los ciudadanos) con valoraciones negativas. Sin embargo, a partir de marzo de 2014 el deterioro es constante. No se puede obviar, por ejemplo que Maduro comenzó el año 2014 siendo valorado positivamente por 52% de los ciudadanos. Este indicador cayó hasta 44% en marzo de 2014 y se ubicó en 20% en septiembre de 2015. A partir de ese mes experimentó un incremento de hasta 7 puntos porcentuales, para luego comenzar a disminuir sostenidamente desde el primer trimestre de este año.

¿La mayoría quiere la aplicación de la Carta Democrática?

Sólo 52% de los ciudadanos aseguran estar de acuerdo con la aplicación de la Carta Democrática, mientras 39% dice abiertamente estar en desacuerdo (la diferencia con el 100% corresponde a quienes no responden la interrogante)

Por autodefinición política la posibilidad de aplicar la Carta Democrática en Venezuela es avalada por 15,5% de los chavistas, 51,2% de los neutrales y 74% de los opositores.

¿Los venezolanos confían en algún político?

Según el Venebarómetro, 58% dice tener confianza en Leopoldo López, 57% asegura confiar en Henrique Capriles Radonski, 55% confía en Henry Ramos Allup y 54% lo hace en Henry Falcón.

Quienes peor valoración tienen (de la lista dada por la encuestadora) destaca Diosdado Cabello quien no le genera confianza a 74% de los ciudadanos; el presidente Maduro, del que desconfían 71,4%; el gobernador del estado Aragua Tareck El Aissami, quien le genera desconfianza a 66% de los electores y  Elías Jaua quien genera la desconfianza de 69% de los electores.

En este resultado (de una lista dada por la encuestadora) destaca además que el diputado Freddy Guevara le genere confianza a 42% de los ciudadanos, mientras la ex diputada María Corina Machado tiene el aval de 47% y el diputado Julio Borges de 55,7% de los ciudadanos.

¿El legado de Chávez está vivo?

Para valorar la opinión que los ciudadanos tienen en este momento del desempeño de Hugo Chávez, se preguntó si el Comandante hizo las cosas bien durante los años que dirigió a Venezuela y si su doctrina debe ser mantenida o lo hizo mal y su doctrina debe ser descartada. 55,4% de los ciudadanos se inclinó por responder que Chávez lo hizo mal y su doctrina debe ser descartada, mientras 37% se considera que deben mantenerse sus ideales.

Por autodefinición política concuerdan con la idea de mantener los ideales de Chávez 91,7% de quienes se autodefinen como oficialistas, 9% de los opositores y 26% de los neutrales.

¿Son mayoría quienes se dicen opositores?

Según el Venebarómetro, 49% de los ciudadanos se autodefinen como opositores, mientras 29% se considera oficialista o chavista y 20% independiente.

El grupo opositor se divide en 14,7% de ciudadanos que dicen apoyar “algo” a la oposición y 34% que sostiene que apoya “mucho” a la oposición. Por su perte, el bloque oficialistas se compone de 13,8% de ciudadanos que dicen apoyar “algo” al Gobierno y 16% que asegura que apoya “mucho” al Gobierno.

¿La mayoría piensa que se debe revocar a Maduro?

Como se ha indicado en otros post el informe del Venebarómetro sobre el referendo revocatorio presidencial indica que 58% de los ciudadanos está dispuesto a firmar para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque una consulta popular sobre la continuidad de Maduro, lo que implica que esta disposición aumentó 18 puntos en apenas cuatro meses.

Cuando en el estudio se valora la intención de voto de los ciudadanos muy dispuestos acudir a un eventual referendo revocatorio se encuentra que 88% lo harían por revocar el mandato del Presidente, mientras 11% respaldaría su continuidad.

En función de estos resultados la proyección de votación que realiza la encuestadora indica que 12.174.600 ciudadanos estarían dispuestos a votar en la consulta popular sobre la continuidad de Maduro y de estos, 10,7 millones lo harían para interrumpir inmediatamente su mandato.

Según el Artículo 72 de la Constitución Nacional para revocar el mandato de Maduro se necesita, al menos, 7.587.579  votos  que avalen esta opción.

Más allá del Revocatorio ¿cómo ven los venezolanos la situación, según Venebarómetro; por Eugenio Martínez

[1] El estudio se realizó entre el 11 y 22 de junio de 2016. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares. Tiene un error de +/- 2,37%. El proveedor del trabajo de campo fue el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad)