Perspectivas

No es la Ciudad Universitaria, es la autonomía

Fotografía de Federico Parra | AFP.

04/08/2021

El derrumbe de una sección de un pasillo techado de la Ciudad Universitaria de Caracas ocurrido el 17 de junio de 2020 generó una reacción inmediata sobre todo de quienes se formaron o trabajaron en la sede principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un conjunto de edificios y obras de arte integrados de forma magistral por Carlos Raúl Villanueva, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el año 2000. En realidad desde hace más de una década se conocía acerca del daño en esa sección, y ya se había realizado una reparación parcial que nunca se completó por deficiencia presupuestaria. Algunas de las reacciones más relevantes fueron el excelente video Ciudad Universitaria, la construcción de lo imposible, de Cinesa (30/4/2020), y el artículo “Las ruinas de la Universidad Central de Venezuela son el espejo de un país que agoniza”, de Federico Vegas en el New York Times (6/6/2021). El régimen también reaccionó inmediatamente, dando declaraciones sobre la urgente reparación del pasillo. Sin embargo todo permaneció igual, aparte de la instalación de unos andamios metálicos. Hasta que recientemente, y solo por la necesidad de mejorar su imagen ante la comunidad internacional, reactivaron los planes de reparación.

Durante este último año fui en varias oportunidades a tomar fotos en diversas facultades abandonadas. En los jardines no había las habituales latas de refrescos, botellas de cerveza, bolsas de plástico, ni papel o envoltorios de plástico para chucherías. Había hojarasca, monte que crece y agua de cloaca o limpia frente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por ejemplo. En todo caso, lo que me preocupa es que la reacción pública parece más relacionada con el deterioro físico de la UCV que con otros aspectos mucho más importantes. El punto que pretendo destacar es que el deterioro de la UCV y de otras universidades autónomas no es algo nuevo, coyuntural, casual ni accidental. El estrangulamiento presupuestario lleva más de una década generando una disminución significativa de profesores y estudiantes, reducción o desaparición de cualquier tipo de investigación, robos insólitos como el de sueros congelados con agentes de enfermedades infecciosas en el Instituto de Medicina Tropical o el de los bustos de bronce de ilustres venezolanos, el deterioro progresivo de rejas, puertas y ventanas y vehículos de la universidad abandonados con las ruedas sobre ladrillos. Destaca el abandono del Hospital Universitario de Caracas, reducido a un lugar silencioso y solitario donde no hay agua y no funcionan los ascensores. Sobre eso nadie reclama o no se oyen esas voces, o los medios no las toman en cuenta. En las universidades del interior, que en general tienen poca resonancia en los escasos medios de comunicación libres y sometidos a una discreta autocensura, sobresalen los saqueos o la destrucción. El caso de la Universidad de Oriente es uno de los más terribles. Del vandalismo y de los robos en otras universidades poco se recoge en los medios.

La destrucción de las universidades autónomas se agravó cuando se conoció el contenido de la sentencia No 83, del 17 de mayo de 2012, emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que decidió por unanimidad suspender el proceso para la elección de las autoridades universitarias para el período 2012-2016. De esta manera  se impidió sustituir las autoridades que permanecieron en los cargos varios años con el período vencido, al mismo tiempo que la hiperinflación reducía el salario a unos diez dólares estadounidenses y ahora, cuando se discute una nueva ley que pretende convertir a las universidades en centros de populismo, manifiesta claramente la intención de acabar con la autonomía y permite colocar en puestos de mando a personas sin preparación, como de hecho ocurre en otras instituciones estatales dirigidas por militares, activos o jubilados.

Un desafortunado evento adicional para las universidades ocurrió el 27 de julio de 2021, cuando falleció el Dr. Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar, persona única, visionaria y lúcida que dedicó la vida a la educación superior. Su muerte no guarda relación con la política pero tiene valor simbólico. La situación en que ha quedado la Universidad Simón Bolívar, con todas las autoridades encargadas, es un peligro para ella y, poco a poco, puede ocurrir lo mismo en las demás universidades con autoridades nombradas por el ministerio.

El principal enemigo a destruir parece ser la autonomía universitaria, ese es el verdadero problema. Simón Bolívar, con el apoyo entusiasta de José María Vargas, en 1827 proclamó la Universidad Central de Venezuela. Sosteniendo el principio de la autonomía le otorgó haciendas en Cata y La Concepción y las obras pías de Chuao para sustento económico de la UCV. Guzmán Blanco, años después, se apropió de esas haciendas pero resultaron un fracaso.

Edgar Sanabria, respetado profesor de derecho romano, al sustituir como presidente de la Junta de Gobierno a Wolfang Larrazábal quien se postuló a las elecciones, duró ochenta y cinco días en el cargo entre noviembre 1958 y febrero 1959. En ese breve período como presidente, en medio de un clima político turbulento, entre tiroteos ocasionales y continuas y agrias discusiones de tendencias políticas opuestas, entre otros decretos, el cinco de diciembre de 1958 sancionó la Ley de Universidades elaborada por una comisión designada por el rector Julio de Armas y presidida por Francisco De Venanzi, ley que fortalece el concepto de la autonomía universitaria, indispensable para crear nuevos conocimientos, administrar educación de pre y postgrado, defender ideas distintas y, además, refuerza la inviolabilidad de los recintos universitarios por algún organismo de seguridad del estado.

Años después hubo pequeñas modificaciones a la Ley pero el principio de la autonomía siempre se mantuvo intacto, actualmente amenazado por el propósito evidente de acabar con la inteligencia, creatividad y divergencia democrática en Venezuela.

A trece meses de la caída del techo y de inacción, el régimen convoca de nuevo a una “mesa de trabajo”. No es para dialogar, negociar o conversar. Es, una vez más, una mesa de un trabajo sin agenda pero que produce recomendaciones para “rescate, remozamiento y recuperación” que no se realizan por falta de recursos o auténtica voluntad política.

La caída de una sección del pasillo techado es apenas un episodio de un problema más grande y más importante: la caída de la autonomía. Con ella cae la Universidad toda.


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