La hiperinflación y el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad

Fotografía de la serie Caracas Postcards, de Vasco Szinetar

En noviembre de 2017, la tasa de inflación registrada por la Asamblea Nacional cruzó por primera vez el umbral del 50% mensual. La tasa correspondiente a julio de 2018 fue del 125%, acumulando desde enero un 10.664,7% y alcanzando a ser, anualizada desde julio 2017, del 82.766%. Corriendo el décimo mes con hiperinflación, el gobierno anuncia a cuentagotas sus medidas. Al instalar el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el 28 de julio, el presidente de la República anunció “nuevas reglas que entrarán en vigencia plena el 20 de agosto” y con las cuales, según él, “se va a mover la estructura económica del país”. Entre estas medidas se contarían la reconversión monetaria de 1:100.000 entre el bolívar soberano y el bolívar fuerte, la eliminación de aranceles para agroinsumos y bienes de capital, la flexibilización del régimen de ilícitos cambiarios, el anuncio del anclaje de la moneda al petro, la inclusión de las reservas petroleras del bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) dentro de los activos contables del BCV y el uso del Carnet de la Patria como instrumento para un censo del parque automotor venezolano y un subsidio directo a la gasolina. Asdrúbal Oliveros y Guillermo Arcay ya comentaron sus implicaciones en Prodavinci. Hasta ahora, la nueva política cambiaria se ha limitado a derogar la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, sin efectos retroactivos ni un nuevo convenio cambiario y a anunciar una vinculación indirecta entre el bolívar y las “monedas internacionales” a través del petro. Por tanto, el control de cambios se ha mantenido, aunque despenalizando arbitrariamente su incumplimiento, sin informarse la creación de un mercado cambiario funcional, operativo y transparente.  Posteriormente, fue anunciada la exoneración “del pago del Impuesto Sobre la Renta, los enriquecimientos de fuente territorial o extraterritorial obtenidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresas filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, provenientes de las actividades de producción de hidrocarburos” por el año 2018, como parte de un “plan integrado” para “reestablecer” y “aumentar” la capacidad productiva del sector petrolero. La última serie, expuesta en cadena nacional el 13 de agosto de 2018 bajo el nombre de Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, añadió la fijación de precios máximos, el anclaje del sistema salarial y de precios al petro y su uso como unidad contable, obligatoria para PDVSA. Tal como han sido presentadas, estas medidas son inútiles, costosas, insuficientes, inoportunas o contraproducentes, o todas las anteriores, y, por lo tanto, significan una pérdida de tiempo y de recursos que agravan la desconfianza y la incertidumbre. De todas, sin embargo, la exoneración del pago de impuesto sobre la renta a PDVSA es la que mejor permite explicar por qué el plan profundizará la hiperinflación.

El presupuesto de 2019 debería ser el centro de toda la política económica tras cerca de un año de hiperinflación. La difusión de información pública que permita evaluarlo es esencial para refinanciar deudas, lograr préstamos internacionales y ganar confianza. El aumento en el precio de la gasolina y el diésel y la creación de un mercado cambiario funcional deberían contribuir a reducir las pérdidas que sufre PDVSA, de modo que pueda pagar impuestos sin depender del masivo financiamiento monetario que recibe. Precisamente, el incremento en el precio de los combustibles fue clave para contener la hiperinflación boliviana de los 80 del siglo XX, porque de un modo verificable contribuyó a sustituir el financiamiento monetario y a fortalecer el presupuesto público. En el presupuesto se deben calcular los recursos necesarios para asistir temporalmente a una población muy vulnerada. Un sistema contingente, transparente, secuencial y prudente de ajustes en los precios del combustible debe ser una, pero no la única, de las vías que permitan financiar transferencias transitorias a los más necesitados. Esa asistencia no debe asociarse al pago de la gasolina o el diésel: discriminar a los compradores utilizando un carnet haría proliferar mercados negros, multiplicando en todo el país las escenas registradas en la frontera sin que pueda culparse al contrabando.   

Para identificar parcialmente algunos antecedentes de la hiperinflación en curso, exploraremos las series de usos y fuentes de la base monetaria del Banco Central de Venezuela y los Estados Financieros de PDVSA. No puede enmendarse el camino sin atender explícitamente los siguientes problemas.

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PDVSA y el dinero del BCV

El BCV todavía publica sus activos, pasivos y patrimonio. Sus pasivos pueden clasificarse como monetarios y no monetarios. Los pasivos monetarios son denominados base monetaria. Esta base es el dinero emitido por el BCV, que luego es prestado varias veces por los bancos en la forma de depósitos. El comportamiento de la liquidez monetaria tiene entre sus principales determinantes el de la base monetaria.

La base crece si se incrementan los activos o si se reducen el patrimonio o los pasivos no monetarios del emisor. Si los activos netos son positivos, entonces la base aumenta. En caso contrario, disminuye. Durante el gobierno de Nicolás Maduro, estas fuentes de la base monetaria han variado en magnitudes tales que no es posible usar un gráfico para apreciar detalles relevantes de todo el periodo.  Por ello, primero examinaremos las fuentes desde enero de 2013 hasta donde puedan observarse entre 0 y 4 mil millardos de bolívares (4 billones, un 4 y 12 ceros). Para observar lo ocurrido entre noviembre de 2017 y junio de 2018, la escala del gráfico debe alcanzar los 3 millones de millardos (3 mil billones, un 3 y 15 ceros).

Los activos netos se clasifican como internos y externos. Estos últimos se dividen en reservas internacionales y otros activos externos netos. En términos nominales, el monto de las reservas internacionales expresadas en bolívares no varió significativamente entre enero de 2013 y mediados de 2017, declinantes en dólares y atadas a tipos de cambio controlados. Sin embargo, los otros activos externos sí se incrementaron en más de 8.000%, entre agosto de 2015 y diciembre de 2017, y los activos internos netos en 186.895%, entre octubre de 2016 y diciembre de 2017. A final de año, las reservas internacionales expresadas en bolívares sólo significaban el 0,26% del total de activos netos del emisor.

Con respecto a los activos internos netos, destacan los incrementos de los correspondientes al sector público, así como de los activos no clasificados. Comenzando en junio de 2016 y marzo de 2017,  hasta diciembre de 2017, éstos fueron de 16.327% y 1.772%%, respectivamente. La partida más relevante de los activos no clasificados fue hasta abril de 2017, la transferencia por excedentes de reservas, resultado de la incorrecta definición de reservas excedentarias. Desde entonces, otros activos no definidos son los de mayor peso.  

De los activos netos del sector público, los que predominan como fuentes de base monetaria son los que el Banco mantiene contra las empresas públicas no financieras, principalmente contra PDVSA. Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2017, su incremento fue del 13.628%.

A mediados de 2017, el Gobierno central colocó títulos en el emisor. Sin embargo, el financiamiento masivo del Banco Central al gasto público ocurrió a través de las empresas públicas no financieras y de la partida de activos no clasificados. Entre principios de enero y finales de junio de 2018,  ambas cuentas se incrementaron en un 2.308% y 11.036%, respectivamente. Al mismo tiempo, sin aumentar en dólares, las reservas internacionales expresadas en bolívares se incrementaron en un 242.052%, abandonando el estancamiento registrado durante los cinco años precedentes. De estas tres fuentes expansivas, los activos contra empresas públicas no financieras llegaron en junio de 2018 a representar el 316% de la base monetaria.

El incremento del patrimonio durante estos casi seis meses, del 5.110%, fue la principal partida que contrarrestó el efecto del financiamiento monetario y redujo el aumento de la base monetaria a “sólo” un 863%. Es de notar la insignificancia relativa de los pasivos no monetarios del Banco, especialmente los registrados en la cuenta que la Oficina Nacional del Tesoro mantiene en el emisor y los correspondientes a sus instrumentos de política monetaria, como redescuentos, anticipos y operaciones de reporto.

Sin entrar en detalles contables, algunos muy discutibles, puede observarse que el Banco aceptó emitir dinero (para usos no identificados) a cambio de activos contra PDVSA y otros entes del sector público, siendo incapaz de contener con sus propios instrumentos de política los efectos monetarios generados.

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Emitiendo dinero, pero sin la maquinita de imprimir billetes

Suele repetirse que el Banco Central emite dinero inorgánico, sin respaldo, utilizando la maquinita de imprimir billetes. Conviene dejar de hacerlo. En primer lugar, porque la base monetaria está respaldada por los activos netos del emisor, de cuya calidad debe rendir cuentas su directorio. Y, en segundo lugar, porque, desde comienzos de 2016, se ha hecho evidente la acelerada disminución en la disponibilidad de efectivo en el país. Esto se debió primero al retraso en la actualización del cono monetario y luego a la hiperinflación en curso. Vale decir que antes de 2016 la maquinita trabajó en exceso, pero imprimiendo billetes cuya pérdida de poder de compra obligaba a sus usuarios a utilizar grandes cantidades para transacciones cotidianas. Hasta agosto de 2016, el dinero en monedas y billetes aún rondaba el 30% de la base monetaria. Después de anunciar la retirada del billete de mayor denominación y posponerla repetidas veces, mientras se encargaban tardíamente nuevas denominaciones, el presidente ordenó detener la actualización y preparar una súbita reconversión monetaria. En medio de una hiperinflación, la maquinita recibió órdenes y contraórdenes que agravaron la escasez de efectivo, llegando a caer hasta un 3,5% de la base al final de junio de 2018. Eliminar cinco ceros al bolívar sin hacer nada para frenar la hiperinflación puede aliviar por un breve tiempo las dificultades que ya afectan a los pagos electrónicos, pero complicaría aún más las transacciones en efectivo si no se dispusiera de inmediato y en lo sucesivo de suficientes piezas en circulación.

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Convenios cambiarios, precio de la gasolina y tributación de PDVSA

Entre “las cuentas por pagar a partes relacionadas”, los Estados Financieros Consolidados de PDVSA, al 31 de diciembre de 2016, incluyen “las cuentas por pagar al Banco Central de Venezuela” (BCV). Otros compromisos en bolívares “comprenden el impuesto sobre la renta por pagar, las acumulaciones por pagar a los contratistas nacionales que se presentan en el rubro de acumulaciones y otros pasivos, las cuentas por pagar a proveedores nacionales, la deuda financiera en bolívares y el pasivo por beneficios a los empleados y otros beneficios post-empleo del sector nacional”. Entre los activos monetarios en bolívares destacaban “impuesto diferido; créditos fiscales por recuperar y cuentas por cobrar al Accionista, a las empresas propiedad del Accionista y otras instituciones gubernamentales”. El Informe de los Contadores Públicos Independientes apunta que la política de PDVSA consiste en gestionar la posición neta de activos y pasivos monetarios en bolívares “con el propósito de reducir los posibles impactos sobre el Grupo, que puedan originarse por modificaciones en su tipo de cambio, en relación con la moneda funcional”, que es el dólar.

Los convenios cambiarios establecieron, entre otras cosas, la creación de SICAD I y II en 2014, las modificaciones de SICAD II en 2015 y la creación de DIPRO y DICOM en 2016. Cada versión permitió obtener más bolívares por cada dólar en un régimen de cambios múltiples. Al menos durante esos años, PDVSA tuvo una posición monetaria neta pasiva en bolívares: los pasivos superaron los activos. Por ello, las reformas en los convenios cambiarios habrían generado “una ganancia en cambio de moneda extranjera”, contabilizada como ingresos financieros, por US$ 17.656 millones, 15.039 millones y 5.534 millones cada año, registradas en bolívares por 367,6 millardos, 1.034,1 millardos y 1.609,9 millardos, respectivamente.

Por supuesto, y el informe lo reconoce, “PDVSA está expuesta al riesgo cambiario por las ventas, compras, activos y pasivos denominados en monedas distintas a  las respectivas monedas funcionales de las entidades de PDVSA”. El efecto de nuevos convenios cambiarios sobre las cuentas de patrimonio en bolívares, por ejemplo, puede ilustrarse con la reserva por conversión a bolívares de los US$ 39 millardos de capital social de PDVSA en 2015: al ajustarse el registro de Bs. 2.688,1 millardos en 2015 a Bs. 26.381 millardos en 2016 (un incremento del 880%), la reserva por este concepto fue de Bs. 23.692,9 millardos, que se sumaron como ganancias retenidas al patrimonio atribuible al accionista de la compañía.

De las múltiples consecuencias de las modificaciones del régimen cambiario interesa resaltar una más, la cual se relaciona con el precio de la gasolina. De 2015 a 2016, los gastos de operación, ventas, administración y generales cayeron de US$ 16,8 millardos a 9,1 millardos, un 46%. Según el informe, “esto debido principalmente a la disminución originada por la variación en el tipo de cambio durante el año y reconocimiento por parte del Accionista, de la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción de la gasolina 91-95 octanos y diésel distribuidos en Venezuela durante el 2016”. PDVSA solicitó una subvención a través del Ministerio del Poder Popular del Petróleo y fue, según los auditores, aprobada mediante punto de cuenta firmado por el vicepresidente de la República. En una “transacción inusual”, PDVSA recibió una subvención del Estado por $5.726 millones (Bs. 3.863.962 millones), “los cuales reconoció como cuentas por cobrar al Accionista”, que PDVSA recuperaría “principalmente a través de las compensaciones entre cuentas con el Accionista”. Este monto incluye “un reconocimiento de $3.692 millones (Bs. 2.491.399 millones) por concepto de venta de gasolina de motor de 91 y 95 octanos y $2.034 millones (Bs. 1.372.563 millones) por venta de combustible diésel. La subvención se reconoció disminuyendo los gastos de operación del periodo y otros resultados integrales en el estado consolidado de resultados integrales del año 2016 y se presenta formando parte de la porción corriente de las cuentas por cobrar a partes relacionadas”.

Contablemente, en 2016, se registraron ganancias y reducción de costos en bolívares (y en dólares) como consecuencia de nuevos convenios cambiarios y una subvención por vender combustibles por debajo de su costo de producción. Sin embargo, tales registros evidencian las pérdidas económicas que la política cambiaria y los precios de la gasolina, entre otras, impusieron a la empresa petrolera. Retrasar los ajustes cambiarios retrasó las ganancias registradas en 2016, mientras PDVSA acumulaba cuentas por pagar al BCV. Y retrasar el ajuste en el precio de la gasolina condujo a una subvención del Estado, también en la forma de cuenta por cobrar.

La tributación de la empresa ha sido severamente comprometida por mantener precios controlados cada vez más destructivos para la empresa y la economía del país. Del examen superficial del Estado de Resultados de 2016 se observa que PDVSA, en lugar de ser una empresa pública que genera recursos para el Estado, los ha recibido.  

En 2015, antes del cálculo del impuesto sobre la renta, fueron retirados US$ 9,2 millardos de las ganancias para destinarlos a aportes y contribuciones para el desarrollo social, que no forman parte del presupuesto desde que comenzaron a registrarse en 2003. El impuesto sobre la renta, en parte por ese retiro, fue negativo ese año, de -3.7 millardos de dólares. Las regalías, impuesto de extracción y otros impuestos ese año alcanzaron US$ 6,3 millardos. Aunque la contribución fiscal neta de PDVSA fue positiva, pudo ser significativamente mayor si no se hubieran mantenido durante 2015 tan bajos los precios del dólar, la gasolina y el diésel.

En 2016, PDVSA recibió el derecho a una subvención por US$ 5,7 millardos para compensar las pérdidas por venta de combustibles. El monto superó la suma del impuesto sobre la renta más regalías, impuesto de extracción y otros impuestos, que fueron de US$ 817 millones y 4,6 millardos, respectivamente. Los US$ 977 millones que fueron retirados como aportes y contribuciones para el desarrollo social redujeron el monto calculado para impuesto sobre la renta. Pero incluso si se le hubiera sumado a la tributación de PDVSA al presupuesto nacional, el 89,2% de este monto hubiera sido necesario para cubrir la subvención por venta de gasolina y diésel.

En bolívares, lo registrado en 2016 ilustra un punto clave: la subvención por venta a pérdida de combustible que el Estado aportaría a PDVSA alcanzaría los Bs. 3.864 millardos. Ya hemos visto que esto superó el aporte de PDVSA al presupuesto de ese año. El gobierno tendría que devolverle todo lo recaudado y añadir algo más si pagara sus cuentas el mismo año. A esto, el Banco Central añadió Bs. 5.551,3 millardos a las cuentas por pagar de PDVSA, expandiendo directamente la base monetaria e impulsando la inflación que, un año después, se habría convertido en hiperinflación. No disponemos de informes con cifras de PDVSA en 2017 y lo que va de 2018, pero haber mantenido fijos los precios de los combustibles sin hacer los necesarios ajustes cambiarios tuvo que agravar severamente la situación financiera de la empresa y su contribución fiscal. Sólo sabemos que el presidente de la República afirmó en cadena nacional (minuto 11), el 13 de agosto de 2018, que las pérdidas anuales por venta de gasolina, que atribuyó exclusivamente al contrabando, habían alcanzado US$ 18 millardos.

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Esta tormenta no comenzó en noviembre… ni se detendrá en agosto

Para no abundar en detalles, sirvan las líneas anteriores como evidencia de que el impuesto sobre la renta no es un problema para PDVSA. Sin contar deudas, demandas, inversión insuficiente y pérdida de capital humano, hay tres problemas que sus cuentas sí dejan a la vista: el precio al cual la empresa debe vender los dólares que recibe por exportaciones, el precio al que debe vender combustibles de uso interno y los llamados aportes al desarrollo social que debe hacer. Las debilidades de la empresa se amplifican sobre toda la economía venezolana cuando el Banco Central crea dinero para adquirir activos de la petrolera, que se apuntan como cuentas por pagar en PDVSA y, seguramente, en un futuro inmediato como cuentas incobrables para el emisor. Dada la enorme magnitud de los desajustes actuales, es imposible la súbita solución de los problemas. La presentación de un presupuesto público que pueda someterse a contraloría, que tenga en cuenta la secuencia de medidas que mejor proteja a los grupos vulnerables de la población, debería estar en el centro de cualquier plan económico.

A diferencia de buena parte de consumidores, trabajadores y empresas, que la sufren como una tormenta de la cual sólo pueden intentar guarecerse, el gobierno tuvo los medios para evitarla y los tiene para frenarla. La tormenta que se desató sobre la población desde noviembre de 2017 fue provocada meses antes por el gobierno y empeorará, de aplicarse sin más las medidas anunciadas.