Perspectivas

“Un mísero detalle técnico”: La disolución de la Constituyente; por Ramón Escovar León

Por Ramón Escovar León | 19 de septiembre, 2017
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Fotografía de @ANC_ve

Para que una Asamblea Constituyente sea reconocida como tal debe ser producto de una consulta popular. Sobre este aspecto hay una opinión dominante en la doctrina venezolana y extranjera, de hoy y de siempre. Siguiendo las recomendaciones de Vladimir Ilich Lenin, la Constituyente “elegida” el pasado 30 de julio no “es expresión exacta de la voluntad del pueblo”, como expliqué en Prodavinci en mi artículo del 1 de agosto pasado.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el talón de Aquiles de la revolución populista. No fue producto de la consulta al pueblo y se pretende imponer bajo la amenaza de las bayonetas. Nace, así, herida y su origen está afectado de nulidad absoluta y, por tanto, no puede ser convalidada por nadie. Padece de legitimidad de origen. Por esta razón las democracias occidentales de mayor peso no la reconocen.

La prensa nacional e internacional señala que los voceros del gobierno en la mesa de diálogo exigen que la oposición reconozca la constituyente. Esto no debe sorprender porque a través de ella se ha pretendido consolidar la dictadura del PSUV y fulminar el único poder asambleísta que existe: la Asamblea Nacional. Pero esto no es posible ya que nadie puede convalidar un acto que nació nulo. Así, por vía de consecuencia, no se pueden ratificar los actos dictados por la ANC. Atrapado como está, el gobierno pretende que la oposición reconozca lo que no puede reconocer jurídicamente. Se trata de una exigencia mediante la cual se manipularían las posibilidades de negociar una salida política a la enorme crisis causada por el fracasado “socialismo del siglo XXI”.

En el supuesto de que la ANC hubiese sido aprobada por el pueblo, la misma estaría limitada solo a“transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, tal como lo señala el artículo 347 del Texto Fundamental. No puede ir más allá de estos tres objetivos. Por esta razón, es nula tanto la destitución de la Fiscal General como el nombramiento de uno nuevo. De hecho, lo que está sucediendo en el escenario internacional es que cada país ha venido desconociendo la ANC mientras reconocen como Fiscal a Luisa Ortega Díaz y la reciben en esa condición. Al Fiscal designado por la ANC no lo reconocen, lo que crea un serio problema con la validez internacional de sus actos, dada su ilegitimidad de origen.

Tampoco puede tener la Constituyente una duración de dos años, y mucho menos cuando durante ese período están previstas unas elecciones porque se corre el riesgo de que usurpe las facultades del CNE. Los actos de la ANC no tienen, entonces, ningún valor jurídico ni político. Y esto pone al gobierno en una situación difícil, la cual busca solventar con el diálogo que se anuncia. El respaldo del gobierno a esta nueva versión del guion del diálogo tiene la intención de lograr que la comunidad internacional reconozca su ANC, y con ello legitimar sus actos autoritarios.

Tal vez el cuadro anterior es lo que ha llevado al expresidente español Felipe González a decir que el diálogo: “Desgraciadamente no irá a ninguna parte, porque no tiene ni agenda ni objetivos”. Pese a la opinión del destacado político sevillano, sabemos que el diálogo es un instrumento que bien utilizado puede permitir a la oposición lograr claros objetivos: la liberación de los presos políticos; la revocación de las inhabilitaciones; fijación de un calendario electoral con elecciones presidenciales para el año 2018; el reconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional y la aceptación de la ayuda humanitaria internacional. Lo que sí queda claro es que debe establecerse un plazo para evitar el eterno juego de la dictadura: ganar tiempo.

Asimismo, el hecho de que el gobierno participe en esta jornada exploratoria es una señal que indica cuán presionado está. El madurismo puede seguir siendo una opción política en el futuro, pero para ello debe ajustarse a las reglas de la democracia y respetar tanto los plazos constitucionales para efectuar elecciones como sus resultados. La experiencia enseña que todas las partes de un conflicto tarde o temprano negocian. En el caso venezolano esa negociación debe realizarse de inmediato.

En el proceso de diálogo que se anuncia deben incluirse, además de los objetivos señalados, las reformas del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros temas. Todo esto debe cumplirse en un lapso perentorio.

En relación con el Poder Electoral, José Ortega y Gasset afirmó en La rebelión de las masas: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”. Roma sigue Ortega- era una potencia al inicio del siglo I antes de Cristo, pero “está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”.La reflexión del pensador español tiene vigencia en el caso venezolano, porque el CNEno ofrece confianza a nadie, pues en lugar de facilitar la libre manifestación popular, burló la posibilidad de realizar el constitucional referendo revocatorio en 2016 y permitió la “elección” de una constituyente sin consulta previa al pueblo, lo que muestra abiertamente el talante autoritario del gobierno. Y ello porque el revocatorio auguraba una estocada al modelodel “socialismo del siglo XXI”, fracasado sin equívocos.

También la modificación del TSJ debe formar parte de la agenda del diálogo, pues este se ha convertido en un obstáculo para los valores de la democracia. No es una institución independiente para administrar justicia y controlar el poder sino para apuntalarlo. Esto se evidencia a través del elenco de decisiones dictadas a partir de las sentencias números 155 y 156 de marzo de este año. A través de las cuales, y ante el asombro de la comunidad internacional, se le arrebató las facultades a la AN.

No puede entonces un tribunal con este origen atribuirse todo tipo de potestades, hasta las dictatoriales, bajo una pretendida tutela constitucional, e invalidar los actos dictados por un cuerpo que ha sido elegido por el pueblo en un proceso electoral. El trabajo iniciado por el TSJ con estas decisiones, pretende ser completado por la ANC y despojar definitivamente a la AN de todas sus atribuciones y dejarla como una cascaron vacío.

Un Tribunal Supremo puede convertirse en un instrumento para el cambio social o en un obstáculo para la paz y la democracia. En el primer caso, puede impulsar el cambio interpretando rectamente la Constitución. Ejemplo de ello son los Tribunales Constitucionales de Colombia y España que se han convertido en referencias confiables para resolver disputas de interpretación constitucional. En otros casos, un Tribunal Supremo puede comportarse como instrumento para convalidar situaciones autoritarias y antidemocráticas, como ocurreen Venezuela.

La Sala Constitucional se inmiscuye constantemente en asuntos políticos de naturaleza no justiciable (political questions). Por ejemplo, la elección de magistrados ocurrida en julio de este año, lo cual por ser una cuestión política, no es justiciable y, por tanto, no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo de Justicia. Mucho menos puede abrir juicios penales a los magistrados designados por la instancia facultada constitucionalmente para ello, que no es otra que la Asamblea Nacional.

Lo vivido por los venezolanos demuestra que Lenin tenía razón cuando afirmó que una constituyente no podía ser “expresión exacta de la voluntad del pueblo”. Por eso, los demócratas deben incluir en la agenda del diálogo la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Así se dará el primer paso en el proceso de recuperar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Ramón Escovar León 

Comentarios (3)

@manuhel
20 de septiembre, 2017

Muy reflexivo y claro este artículo.

gerardo
21 de septiembre, 2017

El problema es tan complejo, que si algun organo declara la nulidad absoluta del proceso constituyente, tambien debe declarar la responsabilidad de todos los que intervinieron en esos actos viciados. Por ello, es conveniente que la oposicion proponga la realizacion de un referendo para disolver o no la ANC y en caso de aprobarse su disolucion, declarar nulos todos los actos que haya dictado, pero no comprometiendo la responsabilidad de los involucrados, para no enredar mas el caos politico que vivimos.

Miguel
21 de septiembre, 2017

Se dice que sectores de la MUD dicen que hay que reconocer la ANC, con contrapartidas, es increíble que alguien pueda plantear esto, salvo que su único interés sea sumarse a los boliburgueses, significaría el fin de la democracia en Venezuela, nadie en el mundo la reconoce y ahora se habla de reconocerla por un sector de la oposición VERGÜENZA les debería dar, estáis hundiendo la democracia por vuestros intereses bolyburguses

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