Blog de Asdrúbal Oliveros

Un balance del Socialismo del siglo XXI en Venezuela (II); por Asdrúbal Oliveros y Carlos M. Álvarez

Por Asdrúbal Oliveros y Carlos Miguel Álvarez | 29 de abril, 2016

Un balance del Socialismo del siglo XXI en Venezuela (II); por Asdrúbal Oliveros y Carlos Miguel Álvarez

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Fin de la bonanza y desafíos para el modelo

Durante la bonanza petrolera el chavismo logró construir un modelo que, sostenido por la expansión constante del gasto público, logró apoyos importantes en amplios sectores de la sociedad. Esta política le permitió estimular el crecimiento de la demanda agregada y del PIB, y generar artificialmente una situación de “bienestar”, que le ha servido como plataforma para mantener elevados sus niveles de popularidad dentro de la población.

Desde finales de 2012, el gasto público ya no tiene el fuelle para lograr sostener amplio apoyo y el chavismo parece haberse convertido en minoría, en medio de una crisis económica que ha minimizado los supuestos avances sociales obtenidos. El incremento del gasto ha terminado por generar un círculo vicioso para el Gobierno, pues la liquidez y la inflación hacen que el gasto vaya perdiendo efectividad a la hora de generar consumo y crecimiento económico, así como bienestar dentro de la población. A su vez, el gasto termina generando más inflación. La materialización de este planteamiento se observa cuando vemos cómo el pasado 6 de diciembre la oposición logró ganar de manera contundente las elecciones legislativas. La oposición obtuvo un total de 112 diputados de los 167 puestos.

El petróleo en un ciclo de precios bajos

El precio del petróleo está en parte determinado por la oferta y la demanda real, y en parte por la expectativa. La demanda de energía está estrechamente relacionada con la actividad económica. También se incrementa en el invierno en el hemisferio norte, y durante el verano en los países que utilizan aire acondicionado. La oferta puede verse afectada por el clima (que evita que los buques carguen) y por las turbulencias geopolíticas. Si los productores piensan que el precio permanecerá alto, invierten, lo que después de un rezago genera un aumento en la oferta. Del mismo modo, los precios bajos conducen a una sequía de inversión. Las decisiones de la OPEP dan forma a las expectativas: si se frena bruscamente la oferta, puede generar un aumento rápido de precios.

A finales de 2014, cuatro factores afectaron durante más de cinco años los precios del petróleo manteniéndolos altos. Primero, la demanda se desacelero debido a la debilidad de la actividad económica, el aumento de la eficiencia, y una migración cada vez mayor a energías renovables. En segundo lugar, la agitación en Irak y Libia —dos grandes productores de petróleo que, combinados, producen casi cuatro millones de barriles al día (mb/d)— no ha afectó a su producción. El mercado era más optimista sobre el riesgo geopolítico. En tercer lugar, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo. A pesar de que no exporta petróleo, ahora importa mucho menos, creando una sobreoferta importante. Por último, los sauditas y sus aliados del Golfo decidieron no sacrificar su propia cuota de mercado para restaurar el precio. Ellos podrían reducir la producción bruscamente, pero los principales beneficios de la reducción irían a parar a los países que adversan como Irán o Rusia. En consecuencia, comenzó la fuerte caída en el precio del petróleo.

Durante el mes de agosto de 2015 el precio de la Cesta Petrolera Venezolana se ubicó en 40,2 dólares por barril, una caída de 25,5% durante los primeros ocho meses del año. Pese a un leve repunte entre marzo y julio, los precios se vieron arrastrados a partir de agosto por las noticias sobre la desaceleración del sector industrial chino, la sostenida sobreoferta en el mercado mundial y un nivel de inventarios aun alto.

Los factores fundamentales del mercado apuntan a un ajuste gradual de los precios del crudo en 2016. En cuanto a la demanda mundial de crudo, los menores precios han impulsado el consumo de derivados y la acumulación de inventarios. Sin embargo, las perspectivas de menor crecimiento en China y en otros países emergentes cuyo principal mercado es el chino, han limitado y contendrán el despegue de la demanda en los próximos años. Sobre la oferta mundial de crudo, no vemos el recorte en producción que se vaticinaba tras una caída de casi 50,0% en los precios. Si bien la producción se ha reducido en los países no OPEP, dicha caída ha sido compensada por una producción OPEP que se mantiene en máximos históricos.

El escenario de continuidad en la sobreoferta (de alrededor de 1,6 mb/d de acuerdo con las principales agencias) y altos inventarios nos hace apostar por la estabilidad de los precios petroleros en el corto plazo. En el mediano plazo, vemos un escenario de bajo crecimiento en la demanda y expansión en la oferta, liderada por la reincorporación de Irán al mercado mundial en 2016, así como de una OPEP que quiere aprovechar el ciclo de precios bajos para recuperar espacios perdidos.

El mercado de divisas no oficial y su importancia

Un mercado que se ha visto afectado por la caída de los precios del petróleo ha sido el de divisas, uno fundamental y de vital importancia para el modelo económico del “Socialismo del Siglo XXI”. La consecuencia es que un país que dependía de las importaciones, no tiene dinero para cubrir sus necesidades.

Antes de que fuera decretada la ilegalidad del mercado paralelo, en 2010, éste mostraba un crecimiento vertiginoso, así como una fuerte volatilidad en su cotización, que sólo era reducida cuando el Ejecutivo le inyectaba liquidez. Con la caída de los precios petroleros en 2009, el Ejecutivo no pudo disponer de tantas divisas como en el pasado, y la tendencia del tipo de cambio no oficial fue al alza. Esto, junto con razones de reacomodo político dentro del gabinete económico, llevó al Ejecutivo a declarar ilegal estas operaciones y establecer un nuevo mercado oficial  —restringido por demás— que llamó Sitme.

El mercado paralelo proveía de divisas al segmento de grandes empresas y corporativos para hacer frente a las demoras de Cadivi y además para la cobertura cambiaria, por estar en un país con elevada inflación y tendencia crónica a devaluar para corregir los desequilibrios fiscales. La menor participación de las grandes empresas y corporativos en el mercado paralelo se debió al mayor riesgo reputacional y legal que desde 2010 asumen todos aquellos que recurren a él. Sin embargo, los mayores riesgos por el incumplimiento de la Ley de Ilícitos Cambiarios y por la incursión en operaciones en un mercado que no es del todo transparente han sido compensados paulatinamente por los mayores riesgos de devaluación, dada la persistencia de la inflación y en un entorno donde el crecimiento del gasto ha conducido a una mayor liquidez. Por eso, las grandes empresas han recuperado su participación en el mercado paralelo durante los últimos tres años.

Desde los últimos meses de 2012 se empezó a observar una alta volatilidad en el mercado paralelo. En ese periodo el tipo de cambio no oficial se depreció en 73,9%. La oferta del sector público, que fue estable y constante durante los primeros nueve meses del año, a partir de septiembre se redujo prácticamente a cero a raíz de la orden emitida por el Ministerio de Finanzas de detener la oferta desde el Ejecutivo al mercado no oficial. Adicionalmente, la oferta oficial entre Cadivi y Sitme se redujo 14,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos dos factores impulsaron al alza el tipo de cambio no oficial.

Desde entonces, el mercado es muy volátil con tendencia al alza, y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha venido ampliando vertiginosamente. Más allá de los números, queda claro que:

1. Si desde el Ejecutivo no se restablece la oferta de divisas hacia este mercado, no se logrará estabilizar el precio y más bien se presionará al alza, y
2. que con mayor opacidad y escasa oferta, no se puede combatir esta cotización. Sin duda alguna, este mercado también ha impactado fuertemente en los precios. Esto genera un riesgo latente de que la economía venezolana caiga en una dinámica hiperinflacionaria, que no es otra cosa que una destrucción del poder adquisitivo de los ingresos.

La política económica ante un escenario de estrechez

En el último trimestre del 2015 Venezuela se encontró en medio de una profunda crisis que se manifestaba en múltiples desequilibrios. Adicionalmente, el precio del crudo venezolano cayó 54,2% en base interanual. El Ejecutivo decidió realizar un ajuste exclusivamente externo: reducción de las importaciones, liquidación de activos y endeudamiento. Esto le ha permitido cubrir el 61,3% del déficit externo, pero los desequilibrios más apremiantes en materia fiscal, monetaria y de precios relativos seguieron intactos y se agravaron día a día. Además, con la aceleración de la inflación, la caída del poder adquisitivo es grave: 33,9%.

En el mercado cambiario la situación se ha complicado desde mediados de 2014, en vista de la disminución de la Cesta Petrolera Venezolana, lo que ha generado que las liquidaciones a través de Cencoex y los mecanismos oficiales cayeran. Asimismo, se ha dado una migración de los sectores importadores hacia mecanismos con mayores tasas de cambio, como el Sicad y el Simadi, e incluso hacia el mercado no oficial.

Durante 2015 la situación se agravó. El desplome de los precios del petróleo, que significó una caída cercana al 50% de los ingresos en divisas de la nación, y la falta de opciones de financiamiento, provocaron que se debiese ajustar el gasto en divisas. La primera opción al momento de hacer recortes fueron las importaciones privadas. Paradójicamente, mientras el sector privado vio mermada de manera importante la asignación de divisas por parte del Gobierno, las importaciones totales se contrajeron apenas 9,2% durante los primeros siete meses del año, lo que implica que las importaciones del sector publico deben haber crecido en una proporción cercana a 21,3%.

Por otro lado, la baja liquidación de divisas hacia el sector privado, junto con la baja efectividad de las importaciones públicas ha llevado a una importante contracción en la oferta de bienes finales, y a que se incrementen las presiones inflacionarias de origen real. Además, la rápida depreciación del tipo de cambio paralelo y su peso en la estructura de costos de las empresas, hace que la presión inflacionaria de origen cambiario sea importante.

Durante años el crecimiento de la economía venezolana, las políticas fiscales estuvieron basadas en una gran expansión del gasto público corriente que impulsó el consumo de los trabajadores y la sensación de bienestar dentro de la población. Sin embargo, esta fórmula parece haberse agotado, ya que a pesar de la continua expansión del gasto en términos nominales, la escalada inflacionaria ha fracturado el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad del gasto de generar consumo y crecimiento.

Desafíos para la sostenibilidad de los logros sociales

Para revertir los efectos que han producido las políticas de la actual administración, se debe suspender la transición al socialismo y reorientar la economía venezolana. Venezuela debe enfocarse en la producción de bienes y servicios transables, en la descentralización en la toma de decisiones, en la transparencia fiscal, en la diversificación de las oportunidades de inversión y en la disminución de la dependencia del petróleo. Al final, el país debe alcanzar altos niveles de modernización organizacional e innovación, en un ambiente donde se respeten los derechos de propiedad prudentemente regulados.

Las políticas deben ser más responsables. Se debe respetar la autonomía del Banco Central de Venezuela y frenar el financiamiento que éste otorga a Pdvsa y al Gobierno. La gestión fiscal debe ser más eficiente, de manera que los fondos parafiscales logren ser eliminados o integrados dentro de un presupuesto único que refleje todos los ingresos y gastos públicos. Sin embargo, aunque es necesario reorientar la gestión fiscal, este proceso se debe llevar a cabo de manera gradual y con mucha cautela, ya que el Gobierno ha atado al gasto público los ingresos de muchas familias venezolanas a través de las misiones y los programas sociales.

Por otra parte, tomando en cuenta que no corresponde al Estado ser el único proveedor de bienes y servicios, se debe promover el crecimiento de la actividad productiva privada, en un ambiente de seguridad jurídica y estabilidad económica propicio a la inversión, lo que eventualmente se traduciría en un aumento en la creación de empleo y en una mejora sustancial en la productividad de los venezolanos. Asimismo, tampoco corresponde al Estado fijar los precios a los que cada bien o servicio debe venderse,  por lo que se debe flexibilizar la actual política de control de precios de manera gradual, consensuada y contingente, reconociendo la existencia de presiones inflacionarias de origen fiscal y cambiario.

El control de cambios debe estar orientado a una futura unificación del mismo, ya que, en materia cambiaria, lo ideal es lograr un tipo de cambio simple y competitivo, que facilite a Venezuela vender sus productos a otros países y producir para consumo e inversión internos. A largo plazo, se debe eliminar este control, pero de manera paulatina, puesto que el buen resultado de esta medida requiere de la credibilidad y el éxito relativo de las políticas económicas y de la percepción de estabilidad de la economía.

De igual importancia es la solidez de las instituciones que protegerán al sistema económico de la volatilidad de los precios del petróleo, del uso prudente de las rentas que genere y del posible desarrollo de nuevas fuentes de energía.

Si consideramos que en los últimos 15 años Venezuela ha vivido el mayor boom petrolero de su historia, podemos afirmar que esto no se tradujo en bienestar ni en mejor calidad vida de la población. Por el contrario, hemos registrado aumentos considerables de variables como la inflación, que se ubicó durante 2014 en 68,5% y por encima de los tres dígitos en 2015, lo que ha minado el poder adquisitivo del venezolano.

Tras dos años de recesión económica (2014-2015) hemos visto retroceder lo que se había mejorado gracias al boom petrolero. Según el estudio “Pobreza y misiones”, la situación social actual, medida por los niveles de pobreza de ingresos, nos coloca en un nivel muy parecido al de nuestros peores años (1989, 1992 y 2003), teniendo en cuenta que en esos periodos no existía la combinación de estanflación, inseguridad, descontento social y alta polarización política.

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