Blog de José Ignacio Hernández

Todo lo que debe saber sobre la decisión de la CIDH en el caso de RCTV; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 8 de septiembre, 2015

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La decisión del Gobierno de no renovar la concesión de RCTV

El 7 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó su sentencia relacionada con el caso RCTV. En la sentencia, la Corte declaró que el Estado venezolano había violado diversos derechos humanos al no renovar, en 2007, la concesión de la empresa RCTV.

En 2007 el Gobierno venezolano decidió no renovar la concesión del espectro radioeléctrico de la empresa RCTV. Consecuentemente, el 27 de mayo de ese año la empresa RCTV salió del aire. La señal de televisión abierta del canal 2 fue utilizada, a partir de entonces, por un canal creado por el Estado, denominado TVES.

El Gobierno intentó justificar esa decisión basado en razones técnicas. Entre otros motivos, el Gobierno ha señalado que la señal del canal 2, al ser de mayor difusión, debía ser dedicada para la difusión de señales de servicio público, antes que ser usadas con fines comerciales.

En su sentencia de 7 de septiembre la CIDH llegó a una conclusión distinta.

Una desviación de poder

Luego de examinar las pruebas del caso, la CIDH concluyó que la decisión del Gobierno venezolano había sido una desviación de poder. Esto es, que fue consecuencia de motivaciones políticas y no técnicas.

En efecto, como recuerda la CIDH, desde el 2006 el Gobierno anunció que no renovaría la concesión de RCTV como respuesta a la línea editorial de ese canal. Esto es, que la decisión del Ejecutivo, lejos de basarse en razones técnicas, pretendió “acallar voces críticas al Gobierno”.

La salida del aire de RCTV, al ser una decisión política, violó el derecho de libertad de expresión. Esa violación no sólo fue declarada en relación con los demandantes –directivos y trabajadores de RCTV–  sino que además, fue declara en relación con la población venezolana en general. Al no renovar la concesión por razones políticas, y de acuerdo con la sentencia, el Gobierno venezolano afectó el pluralismo de opinión, que es consustancial al debate democrático.

Esto permitió a la CIDH vincular esa violación con la Carta Democrática Interamericana, al considerar que ésta resalta “la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática”. Con lo cual, toda violación a la libertad de expresión es una violación a la referida Carta.

Sin duda, esta conclusión de la CIDH es de las más importantes de la sentencia, pues deja clara la estrecha conexión entre libertad de expresión, la democracia y la Carta Democrática.

La discriminadora hegemonía de los medios en manos del Estado

Otro hecho considerado por la CIDH es que la señal del canal 2 comenzó a ser explotada por el Estado a través de TVES, lo cual implicó una indebida concentración de medios en manos del Estado. Ello, para la Corte, violó la libertad de expresión, por cuanto el Estado promovió la existencia de medios de comunicación “encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

La sentencia igualmente consideró que el Gobierno había discriminado a RCTV, pues sólo respecto de esa empresa decidió no renovar la concesión. La CIDH observó que el Gobierno, al otorgar un trato diferenciado según el agrado o disgusto que genere la línea editorial de un canal de televisión, generó un efecto disuasivo contrario a la libertad de expresión.

En palabras de la Corte: “no permitir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad que es esencial para la protección de la democracia y el pluralismo de medios”.

Violación al debido proceso y al derecho de propiedad

También la CIDH decidió que el Estado venezolano había violado el derecho a la defensa y al debido proceso, considerando que la no-renovación de la concesión había causado indefensión.

Sin embargo, la CIDH estimó que no había sido probada la falta de parcialidad de los Tribunales venezolanos (incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia) que han conocido del caso RCTV.

La CIDH, en su decisión, rechazó la violación del derecho de propiedad privada. En este punto la Corte consideró que la decisión del Gobierno, pese a implicar la salida del aire de RCTV, no había violado la propiedad privada de los demandantes, en concreto,  accionistas de RCTV.

Para fundamentar ello, la CIDH consideró que RCTV no tenía un derecho adquirido a la renovación de la concesión, es decir, que el Estado –por razones técnicas y no políticas- podía decidir renovar o no la concesión. Por ello, la CIDH negó que la no-renovación de la concesión pudiese haber afectado algún derecho adquirido.

Esta interpretación debe criticarse. Entre otras razones, parece difícil alegar que una decisión que la Corte catalogó de arbitraria, no vulnera la propiedad cuando implicó la salida del aire de RCTV. Bajo otra visión, la no-renovación de la concesión ha debido ser considerada una medida de efecto equivalente a la expropiación.

Las opiniones disidentes y la reparación del daño

La sentencia contó con opiniones disidentes de algunos de los Magistrados de la Corte. Las diferencias se presentaron, principalmente, en cuanto a la violación del derecho de libertad de expresión, lo cual demuestra que ese tema es, todavía, polémico.

Por cierto, que en una de esas opiniones que disintió de algunos puntos de la sentencia, firmada por el Magistrado Manuel Ventura, se afirma que esa sentencia es la decisión “más importante que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión”.

Como consecuencia de la violación declarada de derechos humanos, la Corte ordenó distintas medidas de reparación. Entre otras, quisiera destacar dos.

La primera, la Corte ordenó “restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión” y “deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares”.  Esto es, los bienes de RCTV –como antenas y transmisores– que fueron transferidos al Estado a través de “medidas cautelares” dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, la Corte ordenó también que luego de ese restablecimiento, el Estado deberá “en un plazo razonable ordenar la apertura de un proceso abierto, independiente y transparente para el otorgamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión”.

Esto quiere decir que la CIDH no ordenó devolver la concesión a RCTV de manera definitiva, sino hasta tanto sea iniciado y decidido el procedimiento licitatorio para asignar esa concesión, bajo las concretas condiciones exigidas por la sentencia.

¿Y qué puede pasar luego de la sentencia? 

La sentencia de la CIDH es jurídicamente vinculante para el Estado venezolano, quien tiene el deber de cumplirla, esté o no de acuerdo con su contenido.

Probablemente, sin embargo, no será ello lo que suceda.

Ya en anteriores casos, como en el asunto Leopoldo López, la Sala Constitucional declaró –a petición del Gobierno– que las sentencias de la CIDH que violen la Constitución son “inejecutables”, o sea, no generan efecto en Venezuela.  No es de extrañar, por ello, que el Gobierno solicite a la Sala que declare inejecutable la sentencia, como forma para eludir su cumplimiento.

Desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos,  incluso en ese supuesto, existirá un claro incumplimiento del Estado venezolano a la sentencia de la CIDH, lo que implicará la reiteración de las violaciones de derechos humanos que fueron declaradas.

Aquí debo recordar que la CIDH vinculó la violación del derecho de libertad de expresión con la violación de la Carta Democrática Interamericana. Esto permitiría considerar que el incumplimiento de la sentencia de la CIDH es, también, un incumplimiento de la citada Carta por parte del Estado venezolano.

Consecuentemente, el incumplimiento de la sentencia de la CIDH implicará una violación de la Carta Democrática, lo que permitiría a cualquier Estado miembro o al Secretario General de la OEA, “solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (6)

Freddy Siso
8 de septiembre, 2015

El gobierno de Maduro, podrá decir lo que le de la gana respecto a esta decisión, pero el no cumplimiento, significa la violación de la Carta Democrática. Asunto muy delicado.

Rafael Pérez
8 de septiembre, 2015

la CIDH consideró que RCTV no tenía un derecho adquirido a la renovación de la concesión, es decir, que el Estado –por razones técnicas y no políticas- podía decidir renovar o no la concesión. Por ello, la CIDH negó que la no-renovación de la concesión pudiese haber afectado algún derecho adquirido. Esta interpretación debe criticarse. Entre otras razones, parece difícil alegar que una decisión que la Corte catalogó de arbitraria, no vulnera la propiedad cuando implicó la salida del aire de RCTV. Bajo otra visión, la no-renovación de la concesión ha debido ser considerada una medida de efecto equivalente a la expropiación. — ¿Como el panel de juristas pueden erdenar la devolución de propiedad de RCTV, si las mismas el Estado no las tomó ilegalmente, en efecto violando el derecho de propiedad? Es adicionalmente público y notorio que el Estado también destruyó propiedad de RCTV. Sería interesante saber si es viable que que RCTV vaya a otros foros internacionales, como la Corte Internacional de Comercio, a litigar la violación del Estado por la expropiación elegal de sus bienes y demandar justa compensación por el daño causado. —

VM RO
8 de septiembre, 2015

Apreciado Dr. José Gregorio Hernández!

Su análisis relacionado con la sentencia de la CIDH, sobre la demanda interpuesta por Marcel Granier y demás dueños de RCTV, se fundamenta en que el origen de la demanda es legítima, y que los afectados no hicieron nada para merecer la decisión soberana del Estado Venezolano. No renovar la concesión de la señal de televisión a la empresa, de un poderoso grupo económico venezolano.

Usted resalta la teoría de que se trata de una decisión política y no técnica, y oculta que fue la conspiración política contra la Revolución Bolivariana, orquestada desde RCTV, la causa para la decisión soberana del Estado Venezolano.

Estamos muy claros, que es una decisión política, en respuesta a la apuesta que hicieron los dueños del canal, por controlar ilegalmente el poder político del Estado Venezolano.

Hasta acá, cada quien recibe lo que da, y RCTV recibió justo lo que apostó recibir, si hubiesen tenido éxito en el golpe de Estado, propiciado en forma abierta y sin el menor recato y respeto por la legalidad institucional.

Ahora, Dr. Hernandez, lo que siguió con la demanda, es la muestra de lo amoral y ambicioso que es Granier.

La demanda al Estado Venezolano, no es en defensa de la libertad de expresión, que el mismo canal violo al desconocer el derecho que tenían los partidarios de la Revolución Bolivariana, en ver reflejada, reconocida y respetada en esa empresa de comunicación, su derecho a expresar su preferencia política y también el derecho a la información que le negaron, inclusive a sus partidarios.

La soberbia de los dueños, dejo a sus trabajadores sin empleo, a la audiencia venezolana huérfana de información veraz, a los anunciantes divorciados de los consumidores de sus productos y a la opinión pública internacional en la mas burda manipulación y brutal estafa a la verdad.

Granier solo buscaba resarcirse económicamente y humillar al pueblo venezolano, que lo derrotó políticamente.

La CIDH, que sus dueños son otros, terminó por usar a Granier para seguir la campaña difamatoria contra Venezuela y la Revolución Bolivariana; y para evitar el rechazo de los opositores en Venezuela, no reconocen a RCTV indemnización económica, pero le exige al Estado Venezolano, la derogatoria de su decisión soberana.

Lamento no reconocerle en este escrito, su talento y exquisitez en el análisis jurídico, pero con franqueza, lo leí, comprometido mas con los intereses de RCTV y menos con la libertad de expresión.

Un abrazo Bolivariano!

Angel Zambrano
9 de septiembre, 2015

Creo que esta sentencia obvió algo: Se le prohibió a las cableoperadoras transmitir la señal de RCTV aún cuando la misma sería emitida no bajo la radiofrecuencia del canal 2 sino directamente en dorma digital. Así, si este canal no tiene señal abierta para transmitir bien podría haber usado este medio alternativo, pero también se le negó esta posibilidad. En resumen: Señores del gobierno venezolano “Sus argumentos para la no renovación de la concesión a RCTV son a todas luces políticos y no técnicos como ustedes argumentan”. Señores de RCTV “No hubo violación a su propiedad privada más sí a la libertad de expresión, aun cuando TVES emplea para su difusión equipos de planta RCTV”. A ambos: “Un proceso licitatorio abierto y transparente para la asignación de ese espacio radioeléctrico zanjaría este pleito”. Ofrezco disculpas al foro si luzco pesimista pero en realidad me invade el escepticismo. ¿Creen ustedes que este gobierno fugitivo de la justicia internacional hará caso de esta sentencia a pesar de lo vinculante de la misma? ¿Acaso si se diera a lugar un proceso licitatorio “en un tiempo prudencial” (defina usted cuanto tiempo es eso) no estaría RCTV tan indefensa como en el 2007? La verdad dudo mucho el regreso de RCTV a la señal abierta en el corto plazo. Al menos bajo este marco…

cejotave
11 de septiembre, 2015

La no renovacion de la concesion a RCTV, fue una decision politica que se aprovecho de una norma tecnica para ejecutarla. El estado no tiene la obligacion de renovar concesiones y eso da pie para tomar ese tipo de medidas y que poco despues arrastro a las emisoras de radio. En cuanto a que la sentencia es inejecutable, tengo entendido que las normas internacionales que acogemos, son “supra constitucionales”, y si colide con la constitucion esta debe ser modificada para hacerla viable,es decir deben ser de obligatorio acatamiento. No es creible una norma juridica internacional sea flagrantemente ilegal

Javier Cugat
11 de septiembre, 2015

Esta muy bien y personalmente aplaudo la decisión de la CIDH, pero verdaderamente era necesario que transcurrieran 8 años investigando algo que todos los venezolanos sabemos desde el principio lo arbitraria, injusta, inconstitucional y pare usted de contar, de esta medida… basada exclusivamente en mezquinos intereses políticos y en mi criterio, lo mas grave de todo afectando a una cantidad importante de ciudadanos, privándolos de la noche a la mañana de su sustento y el de sus familias.. Realmente considero que se tardaron demasiado..

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