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Sobre la inconstitucionalidad de los CLAP; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 3 de junio, 2016

Sobre la inconstitucionalidad de los CLAP; por José Ignacio Hernández 640

Desde hace algunas semanas, el Gobierno ha venido hablando de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En el marco del reciente Decreto de estado de excepción, se les asignaron diversas funciones de control e inspección. Ayer  se denunció que la comercialización de cierto productos esenciales solo podrá hacerse a través de los CLAP, lo que desencadenó diversas protestas.

¿Es constitucional asignar a los CLAP estas funciones?

Los CLAP: una vieja novedad

Fue el 3 de abril cuando se anunció una “nueva” medida: la creación de los CLAP, a fin de crear un “nuevo sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”. Los CLAP fueron creados como organizaciones populares para controlar, junto al Gobierno, la distribución de productos regulados.

Sin embargo, lo único nuevo de los CLAP es el nombre. Fuera de eso, en realidad, estamos ante una figura creada hace nueve años, y que tampoco entonces era original.

En 2007, la política de control de precios tenía ya cuatro años. Todo control de precio que alcanza esa duración, inevitablemente, comienza a generar escasez y desabastecimiento, como en efecto sucedió. Sin embargo, el Gobierno entendió que esos problemas eran consecuencia de ciertas deficiencias en el sistema de control, razón por la cual decidió radicalizar ese control dictando, mediante Decreto, la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios.

Ese Decretó creó a los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, como organizaciones populares para controlar, junto al Gobierno, la distribución de productos regulados. Es decir, exactamente lo mismo para lo cual se “crearon” a los CLAP.

Los Comités de Contraloría Social —como los CLAP— actuaron conjuntamente con los Consejos Comunales y el resto de instancias del Poder Popular para controlar ilícitos económicos, como se anunció en ese entonces.

Desde entonces, intermitentemente, los Comités volvieron a surgir cada vez que los efectos del desabastecimiento y escasez se hacían más palpables. En 2011, por ejemplo, el Gobierno informó la creación de Comités para combatir la especulación.  Dos años después, en 2013, el Gobierno anunció la creación de “Comités de Contraloría Social y Brigadas contra la Especulación” para garantizar la seguridad alimentaria. Incluso, en 2010 se dictó la Ley Orgánica de Contraloría Social, que pretendió establecer el marco para la contraloría social de esos Comités.

El Decreto-Ley de 2007 fue derogado por otros Decretos-Leyes dictados con el mismo propósito que justificó su promulgación: combatir los ilícitos económicos y asegurar la seguridad alimentaria. En una de esas reformas el Gobierno decidió eliminar a los Comités de Contraloría Social. Hasta que en 2016 resurgieron con el nombre de CLAP.

Por cierto, tampoco la creación de los Comités de Contraloría Social por el Decreto-Ley de 2007 era una novedad: ya la Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación, de 1947, permitía a la comunidad organizada fiscalizar el control de precio.

La creación de organizaciones populares para fiscalizar el control de precios es, así, una novedad que tiene casi setenta años.

Los CLAP: superpoderes para organizaciones que no existen

Como vimos, los CLAP son organizaciones que fiscalizan la distribución de productos sometidos a control de precio, y que incluso asumen directamente esa distribución. Todo ello —como se anunció en el 2007, en el 2011 y en el 2013— con la intención de proteger la seguridad alimentaria.

Sin embargo, hay un  pequeño detalle: los CLAP no existen. Es decir, no son figuras creadas en alguna regulación, como al menos sucedió con los Comités del 2007. Tampoco parece claro que los CLAP hayan cumplido con las formalidades necesarias para actuar como instancias del Poder Popular, según la Ley que regula esa materia.

Esto quiere decir que el Gobierno ha atribuido superpoderes a organizaciones que no existen, salvo en los hechos. Son, así, organizaciones de facto.

La inconstitucional asignación de funciones de control a los CLAP:
¿hay ciudadanos más iguales que otros?

En todo caso, como sucedió en el 2007, la intención del Gobierno de asignar funciones de control a los CLAP es inconstitucional, pues sólo el Estado, en el marco de las garantías constitucionales, puede ejercer funciones de control y vigilancia sobre la distribución de productos.

Pretender asignar esas funciones de policía a organizaciones privadas —como los CLAP— implica una delegación inconstitucional de funciones públicas.

Hay una clara razón que impide tal delegación. Un principio constitucional básico es aquel según el cual todos los ciudadanos son iguales frente a la Ley. Pero ese principio se rompe cuando, mediante los CLAP, se permite a unos ciudadanos fiscalizar lo que hacen otros ciudadanos.

Esto es incluso más grave, tomando en cuenta que la integración de los CLAP parte de organizaciones satélites del PSUV, lo que implica un claro supuesto de discriminación política. No solo se crea una desigualdad de ciudadanos, sino que además, esa desigualdad se basa en criterios políticos .

Todo lo cual me recuerda, por cierto, a Orwell: en los CLAP, hay unos ciudadanos “más iguales que otros”.

Los CLAP violan el principio de soberanía del consumidor

La Constitución recoge el principio de soberanía del consumidor: son los consumidores quienes deciden qué bienes y servicios adquirir.

Tal principio constitucional es violado por los CLAP, pues son esas organizaciones las que decidirán qué bienes podrán adquirirse y quién podrá adquirirlos, lo que harán además basado en una discriminación política.  De hecho, se ha denunciado incluso que algunos establecimientos han sido impedidos de comercializar estos productos, los cuales solo podrán adquirirse a través de los CLAP.

En lo que es sin duda una paradoja, la intención de crear un monopolio en los CLAP para la distribución de productos regulados viola la Ley Orgánica de Precios Justos, que prohíbe negar la venta de productos en establecimientos comerciales.

Los CLAP: una regulación ineficiente

Finalmente, los CLAP responden a una regulación ineficiente que, como tal, es inconstitucional, por crear restricciones artificiales a la comercialización de productos esenciales.

Como sucedió en 2007, la creación de los CLAP en 2016 se justificó en la necesidad de atacar la “raíz del problema”, a saber, la existencia de ilícitos económicos que afectan la distribución de alimentos.

Tal diagnóstico, como la evidencia lo demuestra, es falso. La raíz del problema no es cómo se distribuyen esos productos, sino qué productos se distribuyen.

Así, el desabastecimiento y escasez son consecuencia de erradas políticas públicas que han restringido la producción de bienes y la importación de materias primas y productos terminados. Todo ello ha restringido notablemente la oferta de tales productos, lo que lógicamente genera desabastecimiento, escasez e inflación.

Por ello, es ineficiente intentar solucionar ese problema regulando la distribución a través de los CLAP, pues el verdadero problema es que no hay suficientes productos que distribuir. Y ese problema no se solucionará creando inconstitucionales controles para limitar, todavía más, la distribución de productos cada vez más escasos.

Recordando a Einstein

La creación de los CLAP responde a la misma retórica desarrollada desde el 2007, pero en un contexto económico y social mucho más delicado. Si en el 2007 la inconstitucional creación de organizaciones populares para control la distribución de productos afectaba el bienestar de los consumidores, en 2016 tal política puede resultar catastrófica, vista las dimensiones de la crisis.

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, decía Einstein. Al retomar la figura de “comités populares”, el Gobierno está haciendo lo mismo que ha hecho desde el 2007, con lo cual el resultado será exactamente el mismo: más desabastecimiento, mas escasez y más inflación.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (12)

Alvaro
3 de junio, 2016

Y mas corrupcion

Gabriel
3 de junio, 2016

Al parecer el régimen reculará, no le dará superpoderes a los Clap pero los mantendrá funcionando en paralelo con los establecimientos tradicionales. Sin embargo eso, y todos los datos comentados en el artículo, sólo ratifican denuncias presentadas sobre el ensayo y error practicado por el régimen en sus mecanismos de control social: https://www.youtube.com/watch?v=gSRi3V5FHO4

Agentes cubanos desertores de misiones para infiltrar a Venezuela han denunciado, por ejemplo, que el primer intento por imponer una libreta de racionamiento en 2001, que luego se intentó solamente en los locales de Mercal con tarjetones, pruebas que también les sirvieron para definir aristas de control en los planes sociales, y así. Lo que quiere decir que no podemos bajar la guardia.

Cosme De Santiago
4 de junio, 2016

Los CLAP son una creación donde el Poder Popular que se organiza en contra de los Bachaqueros, Acaparadores, usureros, estafadores y especuladores y si tiene toda la legalidad ya que es producto de una Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, según nuestro marco constitucional las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas tienen un caracter legal una vez constituidas…

Irma
4 de junio, 2016

Al parecer si hay ciudadanos más iguales que otros, se ha hecho viral unas imágenes publicadas por las redes sociales y medios digitales de un comerciante Vasco, que muestran las oportunidades de adquirir todos los productos alimenticios y delicateses que tienen los habitantes de zonas privilegiadas del este de Caracas. Le recomiendo que las vea. No son los CLAP lo que esta en discusión, ya que es público notorio y comunicacional que las plagas o “bachaqueros”, han constituido organizaciones para delinquir con los alimento subsidiados por el Estado…

Italo Violo
4 de junio, 2016

¿Hay hambre en Venezuela? No sé qué comen mis vecinos ni mis amigos. No entro a sus casas a hurgar sus ollas. Un hecho es inocultable, sus rostros se han alargado y sus figuras se estilizan de manera acelerada. Si se prolonga la dieta podré apreciar el contorno de sus huesos. Entonces pregunto: ¿Hay hambre en Venezuela? – Ítalo Violo

Jose Daniel
4 de junio, 2016

Para mi entender esto no es mas que una vulgar legalización del “bachaqueo”, ahora aplicado desde el punto de vista político, discriminando a grandes urbanizaciones y barriadas populares a las cuales no nos llega ninguno de los productos regulados, teniendo además el agravante que nuestras cedulas terminan en números altos que al llegar a los sitios de distribución normal no nos queda nada que comprar y mucho menos con la pensión de IVSS que me la gané con 22 años de trabajo

america ramirez
4 de junio, 2016

buenos dias me gustaria saber cuando llegara el clap para barrio america ya que segun no tienen orden de hacerlo eso esta en carabobo

lincoln martinez
5 de junio, 2016

Como es la comercialización de los posibles productos a ser vendidos por los CLAP, el dinero de las ventas quien lo administra, como le pagan a los proveedores, agricultores, fabricantes, como es el transporte y distribucion? . Los llamados CLAP es más bachaqueo, corrupción, más privilegios a los del PSUV, estamos frente a otro plan Bolívar 2000. Estamos en la frontera a los almacenes en la Parada y Cúcuta mas contrabando, cuales fiscales controlarán las actividades de los encargados de los CLAP.

susana
5 de junio, 2016

y en donde dejan a los principales acaparadores y hambreadores los bachakeros y los guardias del pueblo y los policias q son los q estan acabando con los pocos alimentos q quedan ,he aqui la gran pregunta… ¿ QUIEN LE PONE EL CASCABEL AL GATO ?

luisaarvelo
5 de junio, 2016

buenos dias yo vivo en las recidencias del paraiso puente 9 de diciembre y soy trabajadora recidenciar aqui no nos llegan ningunos de los servicios del gobierno no hay una junta comunal que funcione aqui estamos orvidadas no somos propietarias somos trabajadoras residencial vivimo de un sueldo que no nos alcansa para comer ni vestir ni para medicinas no nos alcasa y nos falta todo estamos pasando anbre por que no podemos hacer colas ni alcansa el dinero como hacemos para esas bolsas de comida que nos llegue a las trabajadoras residencial digame por favor

Ángel Zambrano
5 de junio, 2016

Gracias por esta exposición José Ignacio. Creo que así como no ha sido exitoso el mecanismo de control de cambio en nuestra economía, este modelo de co-gestión será igual de ineficaz pues requiere una madurez social que nuestros gobernantes y el pueblo en general no tienen en estos momentos. Ya veremos como se traslada la causa de la escasez y el “bachaqueo” a nuevos actores, mientras el problema de fondo persiste y el gobierno se niega a reconocerlo y por ende a resolverlo. Así de simple.

jazdibar
5 de junio, 2016

Debo entender, señores del gobierno que está derogada de hecho la ley de costos y precios justos, no?

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