Blog de José Ignacio Hernández

Sobre la constitucionalidad de la consulta popular del 16 de julio; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 6 de julio, 2017
Manifestantes opositores en la marcha "Somos millones". 20 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

Manifestantes opositores en la marcha “Somos millones”. 20 de mayo de 2017. Fotografía de Verónica Aponte. Haga clic en la imagen para ver la fotogalería completa

En medio del asedio al Palacio Federal Legislativo por grupos armados, la Asamblea Nacional logró aprobar el Acuerdo sobre la consulta popular que se realizará el próximo 16 de julio y que ya había sido anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática el pasado 3 de julio.

Sobre esta consulta se han planteado algunas dudas que conviene despejar

1. ¿Se convocó un referendo o un plebiscito?

La primera confusión surge en torno a la naturaleza de la convocatoria: ¿es una referendo? ¿O es un plebiscito?

Comencemos por las diferencias entre una y otra figura. Manuel García-Pelayo enseña que el referendo es una consulta popular sobre decisiones jurídicas, mientras que el plebiscito es una consulta sobre una decisión política. En el Derecho Constitucional venezolano solo se reconoce de manera expresa al referendo, que abarca a cualquier consulta al electorado incluyendo materias políticas, bajo la conducción del Consejo Nacional Electoral (artículo 71 de la Constitución).

La consulta que aprobó la Asamblea Nacional no es un referendo, pues no se pretende que el Consejo Nacional Electoral conduzca el proceso. Por el contrario, es una consulta dirigida directamente por la Asamblea Nacional. En este sentido, podría entonces decirse que esta consulta tiene naturaleza plebiscitaria, no solo por el carácter político de la materia a consultar, sino además, por hecho que será conducido por la Asamblea.

2. ¿La Asamblea Nacional puede dirigir la consulta
sin intervención del Consejo Nacional Electoral?

Algunos han opinado que ningún artículo de la Constitución permite la realización de consultas electorales sin participación del Consejo Nacional Electoral. Desde el Gobierno, por su parte, se ha señalado que esta consulta no tiene base constitucional pues no pasa por el Poder Electoral, opinión que muy seguramente será repetida por la Sala Constitucional. Algunos llegan al extremo de calificar a la consulta como golpe de Estado.

Creo que todas estas opiniones están equivocadas.

El artículo 5 de la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo, el cual podrá ejercerá no solo a través del sufragio (democracia representativa) sino también a través de mecanismos de participación ciudadana (democracia participativa). Los artículos 62 y 70 de la Constitución reconocen el derecho de los ciudadanos a participar democráticamente por cualquier medio que no esté expresamente prohibido, y enumeran, en este sentido, algunos de esos medios.

Aquí está el detalle. Quienes objetan la constitucionalidad de esta consulta, parten del criterio según el cual los ciudadanos solo pueden ser consultados por medio del referendo. La realidad es otra: los ciudadanos pueden participar a través de cualquier mecanismo, aún cuando no se trate de un referendo.

Bajo esta óptica, podemos volver a leer el artículo 70 de la Constitución para darnos cuenta de que junto al referendo, la norma también reconoce, entre otros medios de participación, la “consulta popular”.

Precisamente lo que está promoviendo la Asamblea Nacional, en sentido estricto, es una “consulta popular” sobre las decisiones políticas que la Asamblea Nacional debe adoptar en el marco del artículo 333 de la Constitución.

Precisamente dentro de las competencias de la AN, encontramos en el numeral 4 del artículo 187 constitucional lo siguiente: “organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”. Esta competencia es ampliada en el artículo 127 del Reglamento Interior y de Debate.

Por lo tanto, la AN, de acuerdo con sus competencias, puede y debe promover la participación ciudadana mediante consultas populares que no deben pasar por el Consejo Nacional Electoral, pues lo contrario implicaría una violación a la autonomía del Parlamento. De hecho, este tipo de consultas populares son muy comunes, por ejemplo, cuando la Asamblea discute Leyes.

3. ¿Esta consulta es vinculante?

Algunos afirman que esta consulta no tiene carácter legal pues no es vinculante. También aquí creo que se parte de un error.

Cuando se cuestiona el carácter vinculante de la consulta, habría que preguntar: ¿vinculante para quién? Con toda seguridad esta consulta no será vinculante para el Gobierno Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, pues para esos órganos, ni siquiera la Constitución es vinculante.

Pero sin duda, la consulta sí será vinculante para la Asamblea Nacional que al final es el punto verdaderamente importante. Según el Acuerdo aprobado, esta consulta pretende preguntar al pueblo sobre tres aspectos de interés nacional, a los fines de que la Asamblea pueda ejercer sus competencias en el marco del artículo 333 de la Constitución.

4. ¿Sobre qué se está consultando?

El Acuerdo consulta al pueblo sobre tres aspectos.

El primero de ellos es sobre el rechazo y el desconocimiento de la “Constituyente”. Con tal consulta, la Asamblea Nacional buscaría el apoyo democrático a las decisiones que adoptará para desconocer ese fraudulento proceso constituyente, a fin de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución conforme a su artículo 333.

La segunda pregunta consulta al pueblo sobre la exigencia a los funcionarios e integrantes de Fuerza Armada Nacional Bolivariana de obedecer y defender la Constitución de 1999, lo que equivale a desobedecer todo acto u orden violatorio de los derechos humanos, tal y como lo dispone el artículo 25 de la Constitución.

Finalmente, la Asamblea consultará sobre el conjunto de acciones que ella debe promover en el marco del artículo 333 constitucional, esto es, la renovación de los Poderes Públicos, la realización de elecciones libres y transparentes y la conformación de un Gobierno de Unión Nacional.

5. ¿Quiénes pueden participar en la consulta?

Según el artículo tercero del Acuerdo, podrá participar todo venezolano mayor de dieciocho años.

6. ¿Cuántas personas deben participar para que la consulta sea válida?

No hay un número mínimo de personas para que esta consulta tenga validez. La intención, repito, es que la Asamblea conozca el parecer del pueblo sobre las acciones jurídicas por medio de las cuales cumplirá con el artículo 333 de la Constitución.

7. ¿Cómo se hará la consulta?

La organización de la consulta se encomendó a una Comisión Especial que será designada y que tendrá a su cargo la definición de sus reglas técnicas.

8. ¿Y después del 16 de julio qué?

Luego de la consulta, de acuerdo con el Informe que preparará la Comisión, la Asamblea tendrá el parecer del pueblo venezolano sobre las tres preguntas indicadas, lo que le permitirá orientar el proceso orientado a restablecer la vigencia de la Constitución de 1999, de acuerdo con su artículo 333.

En este sentido, el artículo 5 del Acuerdo define el marco dentro del cual este proceso debe ser conducido. Según esa normas, la Asamblea adoptará “las decisiones jurídicas encaminadas a la aplicación del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución, conduciendo el proceso para la reconstrucción democrática de la Nación en el marco de la supremacía de la Constitución, el imperio de la Ley, el pluralismo político, las garantías para la convivencia pacífica, la preeminencia de los derechos humanos y la justicia social”.

9. ¿Y qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia anula la consulta?

Con toda probabilidad la Sala Constitucional se pronunciará en los próximos días, replicando los alegatos del Gobierno, a fin de señalar que esta consulta es inconstitucional pues no se sometió al Poder Electoral.

Esa sentencia sería irrelevante. La consulta promovida por la Asamblea, como vimos, se enmarca dentro del artículo 333 constitucional, como resultado –entre otras– de las muchas sentencias de la Sala Constitucional que han terminado derogando, por los hechos, la Constitución de 1999. Que la Sala pretenda obstruir la consulta, en realidad, solo evidenciaría la relevancia de la consulta.

Pues por más que la Sala Constitucional quiera decir lo contrario, la soberanía reside en el pueblo, quien en el marco de la Constitución puede –y debe– colaborar con el restablecimiento de la Constitución de 1999.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (23)

maricela seguí peña
6 de julio, 2017

Tremendamente aclaratorio

Oscar Hernández
6 de julio, 2017

Todo muy claro don Juan Ignacio. Ahora lo importante es que puedan organizar debidamente la consulta en tan corto tiempo y que cuenten con los recursos (urnas, votos, actas, procesamiento de datos), la definición de los sitios de miles de centros de votación, la difusión y motivación a la población para que acuda a los centros, todo para que el proceso tenga credibilidad ante el pueblo venezolano y ante la comunidad internacional.

Ricardo Castro
6 de julio, 2017

Mas que comentario hago una pregunta: cuando el 19 de abril de 1810 el cabildo de Caracas pidió al Capitán General Emparan que consultara al pueblo si deseaba que continuase como gobernante ?le estaba solicitando un plebiscito¿ y de ser así, ?ésta consulta estaba contemplada en las leyes de esa jurisdicción¿. Por último: ¿la consulta era vinculante? Gracias

carlos sanabria
6 de julio, 2017

cuidado con otra lista tascon

CEFÁS ROCAFIRME
6 de julio, 2017

los GOBIERNOS DE FUERZA, mejor conocidos popularmente como TIRANÍAS, o DICTADURAS, ya sabemos- por REITERADA EXPERIENCIA- que NO OBEDECEN a CONSTITUCIÓN alguna, y a LEY NINGUNA…Entonces sería VANA la ESPERA, o una lamentable PÉRDIDA de TIEMPO, el SUPONER que cualquier “DESGOBIERNO” autócrata y tirano pueda ESCUCHAR o ACATAR sugerencias, y muchos menos si son MANDAMIENTOS democráticos o MANDATOS del PUEBLO SOBERANO !…El REFRANERO del común, lo tiene dicho: “EL que TIENE las ARMAS-, MANDA y NO RUEGA”…Y un antiguo Proverbio celtíbero – quizás equivocándose – recuerda que : “TIENE RAZÓN, quien TIENE FUERZA ” !!! Parece PESIMISTA el comentari…, pero es CIERTO el PROVERBIO, si el PUEBLO CONSTREÑIDO y TIRANIZADO, no cuenta con otra cosa¨MÄS CONTUNDENTE “A MANO ” !!! * SHALOM !!!*

gilberto velasquez
6 de julio, 2017

Por qué nadie menciona el delito cometido por el tsj sl juramentar a una vice fiscal que según el art 81 de la L. O. del MP lo debe realizar ante la Fiscal?La segunda pregunta es que el Dip. Hector Rodriguez viola el art 191 de la CN al ejercer el cargo público como “protector de Miranda” donde maneja más recursos públicos que el propio Gobernador Capriles y por qué razón la AN no solicita el respectivo antejuicio de mérito?Agradezco su respuesta.Gracias

Oswaldo Campos
6 de julio, 2017

A mi no me termina de convencer este plebiscito, claro se entiende es una maniobra política para demostrar al mundo que la gran mayoría del pueblo venezolano no esta de acuerdo con la convocatoria a la constituyente, pero no tiene carácter vinculante, no es un mecanismo establecido en la constitución vigente, así que estaríamos mas o menos aceptando que el llamado del gobierno a elecciones para una nueva constituyente tendria mas apoyo legal puesto que tanto el TSJ, el CNE y todos los poderes del estado lo apoyan excepto la AN, y que este referéndum si esta dentro del marco constitucional. Por eso creo que el gobierno finalmente lograra establecer la nueva asamblea constituyente porque nosotros mordimos el anzuelo, lo repito el problema no es la constituyente, el problema aquí es que el gobierno dio un golpe de estado y violo la constitución de1999 al desconocer la Asamblea Nacional y asumir sus funciones por el TSJ, y suspender el proceso de elecciones, eso es lo que hay que pelear.

Hugo J. Pérez
7 de julio, 2017

A quien no le parezca contitucional, simplemente que lo vea como una protesta más. Sólo que en lugar de meter 1 o 2 millones de personas en una autopista, pondrá 10 o 12 millones de venezolanos en las calles, expresando su repudio a la dictadura y sus ansias de libertad y democracia.

Y para los tantas veces preguntaron que como se come el Artículo 350, esta “receta, es una deliciosa manera. Mejor ejemplo de desobediencia al poder ilegítimo e incontitucional NO EXISTE.

DaviloC
7 de julio, 2017

Excelente aclaratoria. Se debería hacer una campaña informativa para que todas las personas tengan ésta información a la mano, porque existe mucha incertidumbre. Ahora, personalmente creo que el mayor problema que tendrá esta consulta será el proceso de planificación, organización y establecimiento de las mesas de votación. Visto el asalto en la AN ¿Quién protegerá a los centros de votación? Olvídense de los militares. Peor aún, ¿Quién combate el miedo que está imponiendo el gobierno con sus acciones violentas? La MUD sigue sin convencer de forma total, es su gran debilidad.

Guido De Stefano
7 de julio, 2017

Más claro imposible, espero que haya millones de ciudadanos dispuestos a hacer valer sus derechos.

Estelio Mario Pedreáñez
7 de julio, 2017

Magnífico artículo del lúcido jurista José Ignacio Hernández. En mi condición de ciudadano venezolano considero que dicha Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional, legítimo Parlamento de Venezuela, aunque no tenga carácter jurídico vinculante (sí en lo político y moral) por la exclusión del CNE, es un mecanismo totalmente válido de participación política, conforme al ejercicio de los Derechos Políticos (Libertad de Expresión, de Asociación con fines políticos, etc.) que consagra la Constitución de la República, aprobada por el pueblo venezolano mediante Referendo en 1999 y su Artículo 62 es claro: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo…”.

justo triana
7 de julio, 2017

Ojala Venezuela termine esa pesadilla y ojala pueda castigar a los culpables de too el mal

chui5000
7 de julio, 2017

salu2. con todo respeto, usando el art 333 desconoceremos la misma CRBV?? acaso es competencia de la AN organizar procesos electorales?? ninguna interpretacion constitucional puede ser para violentar la ley y el orden, o si?? La ley y el orden legal venezolano esta siendo destruido por el gobierno y por la oposicion. Con lo facil que es hacer un proyecto de ley y realizar esta misma consulta en forma legal y vinculante usando el art 211 de la CRBV cuando aprenderan

Edmundo Pérez Arteaga
7 de julio, 2017

La consulta anunciada por la Mesa de la Unidad Democrática y aprobada por la Asamblea Nacional puede no ser reconocida por el Poder Ejecutivo, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral pero, si el resultado de esa consulta es contrario a la opinión de esos tres organismos, resultará irrelevante su opinión porque NO PODRÁN DESCONOCER LA VOLUNTAD DEL PUEBLO. El pueblo se habrá manifestado en contra de la Asamblea Constituyente promovida por el gobierno y no tendrá fuerza alguna la opinión de éste y de sus seguidores. Será una opinión que no podrá saltar el gobierno.. Será una manera de decirle que se vive mejor en democracia porque es en democracia donde se está en libertad. El gobierno no querrá reconocer la consulta pero en su conciencia permanecerá por siempre la respuesta ineludible de los venezolanos. Una respuesta que contendrá una expresión similar a la del 19 de abril de 1810: …NO LO QUEREMOS…

Elsy Rojas
7 de julio, 2017

Excelente artículo ,todo muy claro , lo compartiré

Domingo Gomes Reis
8 de julio, 2017

Quisiera hacerle esta pregunta al al experto constitucionalista Dr. José Ignacio Hernández, sobre el supuesto desacato de la AN, o e posible desacato del CNE al respecto de la sentencia del tsj que elimina la designación de los diputados por Amazonas previamente reconocidos por el ente electoral. La pregunta es la siguiente: Tengo entendido que el CNE no se pronunció publicamente sobre la referida sentencia del tsj y por ende no convocó a nuevas elecciones como lo pautan las normas constitucionales.Debido a lo cual, después de casi dos años de la sentencia,el Estado Amazonas aún carece de representación parlamentaria. ¿No significa ello un desacato de hecho y de Derecho por parte del ente electoral que lo inhabilita para ejercer y/o dirigir elecciones? En cuanto al supuesto desacato de la AN, ¿Acaso no estaba esta en su derecho de no desincorporar a los diputados de marras sin que antes se pronunciara el CNE que los había declarado jurídicamente electos? ¿Quién, pues, de acuerdo con el principio de analogía jurídica, está en desacato…?

CN Eddy Barrios Orozco
8 de julio, 2017

Muchas gracias por su escrito tan ilustrativo, el cual me confirma los que yo, como lego, he venido escribiendo y publicando en mi blog. eddybarrios.blogspot.com

su escrito no sòlo aclara sino que le da la verdadera signficacion de CONSULTA POPULAR y nos ofrece los fundamentos constitucionales.

Le quedo muy agradecido

ISABEL PORTILLO Z
8 de julio, 2017

Gracias por esa aclaratoria tan necesaria en estos momentos

Arturo G. bello
8 de julio, 2017

“Pues por más que la Sala Constitucional quiera decir lo contrario, la soberanía reside en el pueblo, quien en el marco de la Constitución puede –y debe– colaborar con el restablecimiento de la Constitución de 1999.” Hecho.

jose cobarrubia
8 de julio, 2017

Esta valiosa presentación sobre la consulta promovida por la AN deben publicarse en todos los medios de comunicación por su contenido pedagógico Constitucional

EMIL ANDARA
8 de julio, 2017

Usted no hace comentario sobre la defensa quehace el defensor publico nombrad. A mi parecer el debe jugar un papel mas importante ya que se supone que el no conocia el expediente. creo que debió solicitar tiempo para estudiarlo y hacer una debida defensa.

jose bermejo
8 de julio, 2017

Gracias por hacer muy objetivamente la explicación de esta consulta,que se va ha realizar este 16 Julio,es obvio que las personas;lean detalladamente la constitución y la interpretación de Articulo 333..

Rafael Lopez
12 de julio, 2017

Tengo una duda al respecto… En las 24 atribuciones del Poder Legislativo a través de la Asamblea Nacional no veo pueda dirigir una consulta popular, no lo veo claro ya que la AN no tiene funciones de “organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección” no tiene facultades de “Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral”. Entonces pregunto: a ciencia cierta ¿Cuál es el soporte constitucional porque veo que “se extrajo por los cabellos” la base en la Constitución para ese mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para decida acerca de algún aspecto de vital importancia?.

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