Blog de José Ignacio Hernández

¿Qué viene luego de la audiencia a la Fiscal General?; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 4 de julio, 2017
Créditos del collage: Carlos Garcia Rawlins y Vicepresidencia de Venezuela

Créditos de izquierda a derecha: Carlos Garcia Rawlins  y Vicepresidencia de Venezuela

Varios acontecimientos sucedieron el 4 de julio en el marco del conjunto de acciones orquestadas desde el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de remover a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República.

Ordenaremos dichos acontecimientos para poder explicar, con la mayor claridad posible, los diversos actos de un muy complejo fraude constitucional, y los desenlaces posibles.

1. La Sala Constitucional, en usurpación de funciones, designa al Vicefiscal

Sobre las 10 de la mañana, la Sala Constitucional realizó una “audiencia” para pronunciarse sobre la situación jurídica de la Vicefiscalía del Ministerio Público.

En tal audiencia, la Sala Constitucional señaló que la ratificación de Rafael González como Vicefiscal y su aprobación por la Asamblea Nacional eran decisiones nulas por el “desacato” de la Asamblea.

Como resultado de ello, Katherine Harrington fue juramentada como Vicefiscal.

¿Qué validez tiene esta designación?

La designación de Harrington es consecuencia de la usurpación de funciones privativas del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional, por lo tanto es nula e ineficaz, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. Esto quiere decir que tal designación no surte efectos jurídicos, pues el legítimo Vicefiscal es, y sigue siendo, Rafael González.

La Sala Constitucional no puede designar funcionarios del Ministerio Público, pues ello es competencia exclusiva del Fiscal General. Tampoco puede la Sala Constitucional cuestionar el control parlamentario ejercido por la Asamblea invocando la falsa tesis del llamado desacato: ni la Asamblea Nacional está en desacato, ni en todo caso puede la Sala asumir decisiones propias de la Asamblea.

2. La declaración de la Fiscal

Poco después la Fiscal General de la República dio una rueda de prensa en la cual señaló que no asistiría a la audiencia fijada por la Sala Plena, al considerar que el juicio seguido en su contra es arbitrario y que el Tribunal Supremo de Justicia está ilegítimamente constituido. Esta denuncia se relacionó, en especial, con la recusación que abogados de la Fiscal habían presentado el día anterior en contra diecisiete magistrados, pese a lo cual, la Sala Plena mantuvo la audiencia.

De igual manera, cuestionó la ilegítima designación del Vicefiscal por parte de la Sala Constitucional, señalando que de acuerdo con sus atribuciones, ya el Ministerio Público lo había designado en la persona de Rafael González, acto ratificado por la Asamblea.

3. La audiencia en la Sala Plena

Simultáneamente a la rueda de prensa de la Fiscal, la Sala Plena condujo la audiencia pública. Como indicamos, el día antes la Fiscal, por medio de sus abogados, había recusado a diecisiete magistrados, quienes debieron separarse mientras sus suplentes eran convocados. Nada de esto se hizo. Según informó la Fiscal, el Tribunal optó por desechar tales recusaciones, lo que constituye otra grave irregularidad procesal.

Al inicio de la audiencia, quien actúa como Presidente del Tribunal explicó que el objeto del juicio era determinar la responsabilidad “ética o moral” de la Fiscal, pero que el procedimiento que se estaba siguiendo era el del antejuicio de mérito previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Esto demuestra el grave desorden procesal al cual ya me he referido aquí en Prodavinci: a pesar de que el Tribunal reconoce que el objeto del juicio no es determinar si la Fiscal incurrió en responsabilidad penal, el proceso que se está siguiendo es el antejuicio de mérito de naturaleza penal.

Es por ello que, ante la inasistencia de la Fiscal, se procedió a designar a un abogado de la defensa pública para que ejerciera la defensa de la Fiscal. En el desorden de ese proceso, sin embargo, el Tribunal pasó por alto que de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal defensor no podía ser designado el mismo día de la audiencia, pues era necesario habilitar “el tiempo necesario para que se imponga de las actas del expediente con suficiente antelación a su celebración”.

Durante el debate, el diputado Carreño explicó –muy vagamente– sus alegatos, mientras que el Defensor del Pueblo se enfocó en supuestas pruebas relacionadas con la designación –inconstitucional– de magistrados del Tribunal en diciembre de 2015. Más que un debate procesal propio de un verdadero litigio, los argumentos expuestos lucieron excesivamente retóricos y, en ciertos puntos, osados. Ejemplo de ello fue la sugerencia del Defensor de someter a la Fiscal a la prueba del polígrafo, o sea, del detector de mentiras. El Contralor, por su parte, propuso un careo.

Al término de la audiencia, la Sala Plena indicó que decidiría tal “juicio” en un lapso de cinco días. Es decir, que para la Sala el juicio ya está cerrado, sin que sea posible practicar “pruebas” como el propio polígrafo sugerido por el Defensor.

4. ¿Qué puede pasar?

 Recordemos que de acuerdo con el artículo 279 de la Constitución, solo la Asamblea Nacional puede remover a la Fiscal, previa calificación de falta grave realizada por el Tribunal.

En tal sentido, la Sala Plena puede tomar una de dos decisiones: que la Fiscal sí incurrió en falta grave, o que la Fiscal no incurrió en falta grave. La opción más probable es, sin duda, la primera.

Una vez que la Sala Plena declare que la Fiscal incurrió en faltas graves, podrían presentarse varios escenarios. Uno, el más probable, que sea la Sala Constitucional quien ejerza la competencia de la Asamblea Nacional de remover a la Fiscal. Para justificar esa usurpación, la Sala Constitucional acudiría a la tesis del desacato.

Cabe otra posibilidad, que es más bien una modalidad del escenario anterior. Dentro del desorden procesal con el cual la Sala Plena condujo este “juicio”, podría estimar aplicables las normas procesales del antejuicio previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Aplicando el artículo 380, la Sala Plena podría acordar la suspensión del cargo de la Fiscal, hasta tanto se resuelva sobre la remoción. Esta modalidad, como puede apreciarse, permitiría separar fraudulentamente a la Fiscal de su cargo, incluso antes de que la Sala Constitucional decida sobre su remoción.

En cualquiera de esos escenarios se produciría una falta de la Fiscal que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sería suplida por el Vicefiscal. Esto es, por el funcionario ilegítimamente designado por la Sala Constitucional en una clara usurpación de funciones.

Esto último es lo que permite concluir que todos estos procesos no son más que un fraude que forma parte del golpe de Estado permanente en ejecución desde diciembre de 2015. Pues al final, los juicios ante la Sala Constitucional y la Sala Plena son meros instrumentos para lograr la separación de la Fiscal y la designación de quien ocupará la máxima jerarquía del Ministerio Público.

En cinco días –o menos– sabremos si estas hipótesis se cumplen.

***

LEA TAMBIÉN:

Fiscal: “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona” // #MonitorProDaVinci

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (8)

Migda Elizabeth Soto
4 de julio, 2017

Me pregunto y que hará el gremio de abogados? Los abogados que conforman el actual TSJ han violado la constitución y el gremio como mudo? Debería haber una rebelión legal en todo el país para parar a estos bárbaros que resucitaron de las cavernas.

Edmundo Pérez Arteaga
5 de julio, 2017

Evidentemente que el TSJ y particularmente la Sala Constitucional, está conformado por abogados con escasa formación procesal (Bueno, sabemos que son políticos colocados -a dedo- en esos cargos para favorecer al partido de gobierno y al Poder Ejecutivo). Aparte de ello la sugerencia de Saab resuena al estar establecido en nuestro ordenamiento jurídico la no aplicabilidad de medios probatorios no admitidos en las leyes venezolanas y, el careo propuesto por el Contralor ¿Careo para qué? si los documentos valen por sí mismos. El desconocimiento es genérico en ese Tribunal. Además, ese mismo desconocimiento da lugar a violaciones constitucionales razón por la cual necesario es revisar la idoneidad de todos los funcionarios indicados y, de resultar procedente su falta de idoneidad, gestionar la remoción de los mismos por ser poco beneficiosos a los intereses de la República. En cuanto al gremio de Abogados, se espera su “urgente” comunicado, su opinión, en relación a todo lo sucedido.

carlos vasquez
5 de julio, 2017

Hasta cuando estará en desacato la asamblea nacional,ya esto está viciado como la representación indígena en dicha asamblea nacional.

Sol González
5 de julio, 2017

Entiendo que en este momento todo gira en torno a la situación de la Fiscal, pero ¿no es posible usar toda la atención mediática para finalmente dilucidar si los hoy “jueces” de la Sala Constitucional poseen o no las credenciales necesarias para serlo? Creo que sería muy beneficioso enfocar parte de la atención en lo IMPORTANTE en lugar de lo URGENTE. ¿O es que acaso si estos “jueces” no alcanzan el baremo mínimo, haya o no firmado la Fiscal, no deben ser destituidos? ¿Serían tan caraduras el resto de los integrantes del CMR de mantenerlos en cargos para los que no están preparados?

francia sigue
5 de julio, 2017

Todo tiene su tiempo:Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso tambièn segarà. Gàlatas 6:7

jhony valero
6 de julio, 2017

buenos dias, que alguien me explique por favor lo siguiente: todos sabemos, que todos esos acontecimientos donde la AN no puede intervenir es por el mal llamado desacato, pero si este desacato se debio segun el tsj, a que ellos no retiraron a los tres diputados, porque entonces la asamblea no lo ha hecho en tanto tiempo?, si se supone que con esa accion, saldria del desacato y podria actuar sin que sean anuladas sus decisiones? es que hay algo mas que no nos cuentan?

Oscar Hernández
6 de julio, 2017

Sol González: De acuerdo. Haya o no firmado la Fiscal esos jueces son ilegítimos por no reunir los requisitos y por estar viciado el procedimiento de nombramiento. J. Valero: Entiendo que la AN desincorporó a los diputados de Amazonas, pero aún así el TSJ la mantiene “en desacato”.

Jose
7 de julio, 2017

Amigo Jhony los diputados fueron retirados de la asamblea por 1 año y medio y el tribunal jamas dio respuesta sobre el supuesto fraude en amazonas, que no lo hubo. Al pasar tanto tiempo en vista de que el Tribunal nunca se pronuncio ni de ratificar a los diputados ni ordenar realizar de nuevo elecciones en amazonas, la asamblea decidio incoporarlos

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.