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¿Qué dice el decreto de emergencia económica?; por José Ignacio Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de enero, 2016

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En la tarde del 15 de enero de 2016 fue difundida la Gaceta Oficial del día anterior, que contiene el Decreto N° 2.184, por el cual se decretó la “emergencia económica”.

A continuación explico los aspectos prácticos más resaltantes del Decreto.

¿En qué consiste el Decreto de emergencia económica? El Decreto de emergencia económica es un “estado de excepción”, en los términos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción.

Esto quiere decir que en virtud del Decreto, el Gobierno queda habilitado para dictar medidas en materia económica, sin necesidad de contar con una Ley emitida por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el Decreto es bastante confuso, pues (i) no enuncia cuáles son las garantías constitucionales que han quedado restringidas, y tampoco (ii) enumera las regulaciones adoptadas en materia económica.

Por el contrario, como se desprende de su artículo 1, el Decreto pretende habilitar al Gobierno para que, mediante Decretos y otros actos futuros, dicte las medidas necesarias para “atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales“.

Para ello, el artículo 5 señala que estas medidas se dictarán, en especial, mediante la participación de los Consejos Presidenciales de Gobierno del Poder Popular.

¿Qué medidas económicas se adoptan a través del Decreto? El Decreto no contiene ninguna medida. Es decir, a través del Decreto no se establece ninguna regulación en materia económica que sea aplicable inmediatamente.

Por el contrario, el artículo 2 del Decreto enumera las medidas que “podrá” dictar el Gobierno, con lo cual, hasta tanto esas medidas no sean dictadas, no aplicará restricción alguna.

Para dictar esas medidas, el Ejecutivo dispone de un lapso de sesenta días continuos, prorrogables por igual plazo (artículo 9).

Por ello, el efecto práctico del Decreto es habilitar al Gobierno para regular la economía por un lapso inicial de sesenta días, sin tener que subordinarse a las Leyes vigentes, y en especial, a las Leyes que dicte la Asamblea.

¿Cuáles son las medidas que podrá adoptar el Ejecutivo? El artículo 2 enumera las medidas que podrá adoptar el Ejecutivo. No se trata de un listado cerrado, pues el artículo 3 permite, además, que el Ejecutivo dicte “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias“.

Por ello, estanos ante una habilitación abierta e ilimitada. En virtud del Decreto, el Gobierno podrá adoptar cualquier medida económica que estime necesaria, al margen de la lista contenida en el artículo 2.

En todo caso, estas son las medidas enumeradas en el artículo 2:

  • Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida“. Con esta medida, el Gobierno podría manejar el presupuesto al margen de lo establecido en las Leyes aplicables.
  • Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de Presupuesto a los órganos y entes de la Administración Pública, para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones“. Esto permite al Gobierno disponer del presupuesto al margen de lo establecido en la Ley de Presupuesto.
  • Diseñar é implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión y la elusión fiscal“.
  • Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia, dentro del plazo de vigencia de este Decreto“. Es decir, que el Gobierno podrá alterar la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.
  • Dispensar de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías, cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes“. Esto permite al Gobierno alterar el régimen de importación, incluyendo su aspecto sanitario.
  • Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en lo concerniente a salud y seguridad y defensa de la Nación“. Como se observa, el Gobierno queda habilitado para desaplicar las Leyes que rigen la materia de aduanas, en los ámbitos allí indicados.
  • Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del país o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional“. Esto permite al Gobierno adoptar cualquier medida en materia cambiaria, al margen de lo establecido en las Leyes aplicables.
  • Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos“. Bajo este supuesto, el Gobierno podrá dictar cual tipo de órdenes que estime conveniente, especialmente, a empresas privadas.
  • Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias de poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como de otros bienes de primera necesidad“. Este numeral permite al Gobierno dictar cualquier medida en materia de abastecimiento, como la ocupación de bienes, instalaciones y empresas. Una medida, por cierto, que ya está ampliamente regulada en diversas Leyes, como la Ley Orgánica de Precios Justos.
  • Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales, como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos“.
  • Desarrollar, fortalecer y proteger el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, en aras de propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos“.
  • De acuerdo al artículo 4, los “Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de economía y de finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país, para la protección de la moneda nacional“. Esta habilitación indeterminada permitiría el Gobierno regular operaciones financieras y en especial, operaciones bancarias.

Insisto: esta enumeración sirve solo de ejemplo, pues lo cierto es que bajo el Decreto, el Gobierno podrá dictar cualquier medida que estime necesaria en materia económica. Medidas que, además, contarán para su cumplimiento con el apoyo de las fuerzas públicas (artículo 6).

¿Cuáles son los próximos pasos? El Decreto debe ser remito a la Sala Constitucional, para el control de su constitucionalidad, y a la Asamblea Nacional, para que ésta ejerza las funciones de control sobre el Gobierno.

Así, de conformidad con el 7, el Decreto deberá ser remitido a tales efectos a la Asamblea Nacional para su aprobación, dentro de los ocho días siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. Cabe destacar que el Decreto aparece en la Gaceta del 14 de enero, día a partir del cual deberá contarse ese lapso de ocho días.

Para debatir sobre el Decreto, la Asamblea nacional deberá realizar una sesión especial “dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto“, según el artículo 27 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Como ese Decreto se hizo público el 15 de enero, las cuarenta y ocho horas deberán contarse a partir de ese día.

¿Qué puede pasar en esa sesión de la Asamblea Nacional? Tres son los escenarios:

El primer escenario es que en esa sesión la Asamblea, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, apruebe el Decreto. Esto, simplemente, confirmará su validez y vigencia.

El segundo escenario es que en esa sesión, la Asamblea niegue la aprobación. En ese caso, el Decreto perderá vigencia.

Pero la Asamblea puede decidir realizar nuevas sesiones. Recuerden que el lapso del cual dispone la Asamblea es de ocho días a fin de pronunciarse sobre el Decreto. Por ello, como dispone el citado artículo 27 , si “por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, éste se entenderá aprobado“.

Aquí hay una contradicción, pues la Ley fija el lapso de ocho días desde que la Asamblea recibe el Decreto, mientras que el propio Decreto fija ese lapso desde el día de su publicación en Gaceta Oficial, o sea, desde el 14 de enero.

En cualquier caso, lo cierto es que la Asamblea cuenta con ocho días, dentro de los cuales podrá realizar cuantas sesiones estime permitente para debatir sobre el Decreto. Incluso, podrá requerir información al Gobierno sobre las motivaciones del Decreto. Esto se extiende a la posibilidad de realizar interpelaciones a los funcionarios que estime pertinente.

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José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (14)

Jorge Nebreda
15 de enero, 2016

Buenas Tardes Tenga la seguridad q por lo q he visto le van a aprobar el decreto, no por convencimiento sino por miedo y falta de coraje. Saludos, Jorge A Nebreda C

albert
16 de enero, 2016

opino que NO deberían aprobar este decreto..es mas de lo mismo..no veo la emergencia si todo lo que allí expresa ha de ser la función diaria del presidente y todos los ministerios..esto sería poner a todo el empresariado en bandeja de plata para expropiaciones y uso de sus instalaciones o bienes..creo este decreto no es la solución a todo los problemas del país..es necesario mas que cambio de gobierno un cambio de idea política.. este gobierno dejó claro en la memoria y cuenta que es mas de lo mismo, no mostró ningún avance..al contrario solo una retrospectiva de los mismos temas, 4ta república, las misiones, pensiones..sin abarcar temas reales de vital importancia de hoy en día tales como el desabastecimiento,inseguridad,falta de medicinas,entre muchos problemas mas que ni se mencionaron…desapruebo ese decreto..cancelado y anulado.

Carlos Molinatti
16 de enero, 2016

En otras palabras:1.- Como vaya viniendo vamos viendo! y 2.- Demasiado amplio con lo cual puede ocurrir cualquier cosa e intervenir en cualquier cosa; mucho poder para estos energúmenos! Pregunta: si en esos 8 días para dar respuestas se iniciaron las discusiones y trámites pero no se ha tomado una decisión, el decreto pasa a ser válido?

Ion
16 de enero, 2016

Ante todo un agradecimiento por lo eficiente y claro en sus comentarios, en este caso por la premura creo que se le pasaron dos detalles de redacción, en el párrafo donde se refiere al artículo 5 debió haber sido el 6 y en donde se refiere al artículo 6 entre paréntesis debió haber sido el 5.

Rafael Quiñones
16 de enero, 2016

No hay que explicar mucho porque debe rechazarse el decreto. La cuestión es que el rechazo por parte de la Asamblea Nacional será usado por Maduro para decir que la oposición no colabora para solucionar la crisis. Por la A.N tiene el deber de antes de rechazar el decreto debe interpelar al ministro Salas para que exponga las razones por las que se debe aprobar el decreto, y reventar sus argumentos sobre inflación inducida y guerra económica en el parlamento. Preferiblemente con presencia de medios de comunicación en la sesión. Luis Salas es el Quijote de Maduro para estrellarse con el molino de viento que es Polar.

leonardo
16 de enero, 2016

¡El decreto parece un sosías de la “ley habilitante”! Dejar que el gobierno siga haciendo lo mismo, o “profundizando la revolución” como diría el oficialismo y eso sin control alguno. Otros dirían que es para seguir cavando su tumba, pero el problema es que cava la tumba de todo un país que va hacia la bancarrota! La ambigüedad entre los ocho días o dos días ha de ser deliberada. El chavismo siempre tiene una carta oculta en la manga. No hay que dudar de que la rendición de cuentas de Maduro (vitrina de diálogo) esconde alguna trapacería que no se tardará en descubrir, quizás demasiado tarde. Pero que la AN siga investigando, poniendo el dedo en la llaga como empezó a hacerlo ayer el diputado Ramos Allup.

Irma Sànchez de Dìaz
16 de enero, 2016

Que buen escrito Josè Ignacio, para que las personas lo lean y empiezen a analizar las cosas de este Gobierno, yo pienso que esto es una Ley Habilitante disfrazada, creo que la Asamblea Nacional, debe tener mucho tino, y estudiar muy bien el DECRETO, para su respuesta en 8 dias, con todo lo que lei en tu artìculo, llego a la CONCLUSION,que esto es màs de los mismo o peor, escrito en un Decreto, para que tenga màs fuerza, igual yugo a las Empresas, a las divisas etc, y para completar se ponen plazos prorrogables. ! Que tal! Hay que tener los ojos bien abiertos, y los oidos destapados, para entender esa marrramucia de Decreto. Es todo.

elvia torrealba
16 de enero, 2016

considero que NO deben aprobar este decreto,porque veo que practicamente es la misma ley habilitante dada al presidente y durante la cual no hizo nada,es en verdad como darle mas poder a un regimen que no se lo merecen, porque para ellos el pueblo no les importa como lo han demostrado durante estos 17 años les interesa tener el poder pero para beneficio de ellos y para salvarse del gran desastre en el que han hundido a venezuela.Para completar( es mi opinion muy particular) no tienen a Dios en su corazon y por lo tanto nunca van a hacer nada bueno por el pais.

Esperanza Flores
16 de enero, 2016

Considero que ese decreto no se debe aprobar porque: terminaría con los pobres y la clase media, el gobierno quiere y busca expropiar las empresas que aun están trabajando para que el pueblo pueda medio comer lo que deben hacer el gobierno es liberar el dólar, dejar de importar comida, darle prestamo0s con bajo interés a productor, empezar a cobrar los prestamos dados que despilfarraron sin que el gobierno allá recogido nada y quitarle a los corrupto sus bienes y empezar todo lo que se han robado que es plata nuestra por nuestros impuesto que cancelamos mensualmente para poder tener el derecho de exigir comodidad , seguridad, buenas vías terrestres buenos servicios público y nadan han hecho

Fanny Gómez
16 de enero, 2016

Venezuela en estado de emergencia económica desde hace más de 2 años, crearon organismos para someter a las empresas a bajar costos y vender sus productos a precios justos, control de productos importados a través de

cua

Lourdes
17 de enero, 2016

Los poderes que piden los han tenido por 17 años sin haber sido capaces de resolver nada. Que pasen caso por caso por la Asamblea si de verdad tienes ideas favorables ahora. Se les destapó el intelecto….

tania
18 de enero, 2016

Por favor si la Asamblea aprueba el decreto l esta dando un CHEQUE EN BLANCO a MADURO de ninguna manera se puede aprobar:

berky rengifo
18 de enero, 2016

¿Porqué han de ser los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de este desastre económico, acaso fuimos nosotros los autores de tal despilfarro? Que asuman y paguen las consecuencias los que saquearon el pais. Con tantos años despilfarrando las riquezas nacionales y destruyendo el aparato productivo ¿Será que con un estado de excepción en dos o cuatro meses se restablece el mal hecho? y volveremos a ser productivos cómo una vez fuimos TAN SOLO EN 60 o 120 días? ¡Que maravilla! HAY QUE VER QUE UN DECRETO ES MILAGROSO.

Valentin Martinez
19 de enero, 2016

En lo personal, considero si debiera ser aprobado el Decreto de Emergencia Económica, pero no en los términos planteados por el Ejecutivo, sino que con modificaciones que la AN deberá de realizar al mismo. Eso está dentro de sus facultades, por lo que entonces, podrá agregarse controles posteriores, inmediatos al termino de vigencia de instrumento. Así mismo, que toda medida aplicada, en ejercicio del decreto, deberá de ser por provisional, por el tiempo que dure aquel. Restringir que, el Decreto, no se entenderá en modo alguno, renuncia de las facultades inherentes a la AN; debiendo eliminarse el artículo 3, en exceso ambiguo, lo cual además, es violatorio de todo estado de excepción. Todo lo arriba expuesto, se puede hacer, pues es potestativo de la AN.

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