Blog de José Ignacio Hernández

¿Pueden ir presos los alcaldes por las guarimbas?; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de marzo, 2014

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La prensa informó de la demanda interpuesta ante el TSJ contra los municipios Baruta y El Hatillo, por “incumplir con sus funciones y colaborar contra la tranca de las calles”. La demanda fue interpuesta por un vecino el 5 de marzo, alegando que no ha podido transitar por los Municipios por las “trancas” realizadas. Para el demandante, esos Municipios violaban la Constitución, al no garantizar el libre tránsito de las personas.

Apenas unos días tardó la Sala Constitucional en evaluar la demanda. En sentencia de 12 de marzo, la Sala Constitucional ordenó iniciar el juicio para conocer la demanda interpuesta, y dictó una medida de amparo cautelar en contra de los Alcaldes de los Municipios El Hatillo y Baruta.

Ese mismo día fue dictada otra sentencia similar, pero referida al Municipio San Diego del Estado Carabobo.

¿Y qué ordenó el TSJ? Veamos:

1.- Lo primero que observa la Sala Constitucional es que las protestas que trancan vías de comunicación violan diversos derechos fundamentales, como la educación, la salud y la conservación del ambiente. Para la Sala, estas protestas son “conductas dirigidas a la obstaculización ilegal de vías públicas en algunos casos con elementos que pueden poner en peligro la vida de las personas que transitan por las mismas y dañar el medio ambiente”.

2.-  Tomando en cuenta ello, la sentencia ordenó a los Alcaldes de El Hatillo y Baruta a que “realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos”.

3.- De igual manera, se ordenó a tales Alcaldes a que se “proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana”.

4.- En relación con lo anterior, la Sala Constitucional les ordenó cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios”, así como velar por “por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario”.

5.- Finalmente, y en un punto que merece especial atención, la Sala ordenó a estos Alcaldes a que “giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal”, a fin de desplegar “las actividades preventivas y de control del delito”.

Estas órdenes se cumplirán mediante la promoción de “estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades”, con el propósito de “garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley”.

Como se observa, y quizás salvo la última orden, las órdenes contenidas en la sentencia de la Sala Constitucional son generales. En muchos casos, no hacen más que repetir competencias generales del Municipio. Por ejemplo, la Sala ordenó a los Alcaldes “velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario” ¿Qué acciones concretas y específicas deben ser realizadas para cumplir esa “orden”?

Este detalle es importante, pues la Sala Constitucional se encargó de recordar que el incumplimiento de esas órdenes, por parte de los Alcaldes de los Municipios Baruta y El Hatillo, podría implicar la “desobediencia a la autoridad”. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo, esa desobediencia a la autoridad, conocida como desacato, puede implicar prisión de seis (6) a quince (15) meses.

Es decir: si los alcaldes desacatan las imprecisas órdenes contenidas en la sentencia, según la sentencia, podrían ir presos.

Es por ello importante interpretar, adecuadamente, la sentencia de la Sala Constitucional. Un punto importante –y obvio- es que la Sala Constitucional recordó que estas órdenes implicaban el ejercicio de las competencias municipales en el marco de la Constitución y la Ley. Esto quiere decir que los Alcaldes, para cumplir esas órdenes, no pueden violar la Constitución y las Leyes nacionales.

Partiendo de este punto, entonces, podemos intentar precisar el sentido de las órdenes dadas por la Sala Constitucional:

1.- Las acciones ordenadas a los Alcaldes no pueden ser interpretadas en el sentido que cualquier “guarimba” implicará un desacato a las órdenes de amparo. La Sala, en realidad, lo que ordenó fue “evitar” las guarimbas. Por ello, aun cuando las Alcaldías realicen su mejor esfuerzo, en el  marco de sus competencias constitucionales y legales, podrían generarse guarimbas o situaciones similares. Ello en modo alguno implicaría un desacato.

2.- En tal sentido, muchas de las órdenes giradas, aun cuando son imprecisas, responden a actuaciones normales que han desplegado las Alcaldías. Me refiero a cuatro acciones en concretas: (i) evitar que se coloquen obstáculos en vías públicas; (ii) remover los obstáculos colocados; (iii) realizar la buena gestión de ordenación del tránsito y (iv) tomar las medidas necesarias para proteger al ambiente frente a posibles daños derivados de las “guarimbas”. Esas acciones, además, deben realizarse -como recuerda la Sala- promoviendo la participación de los vecinos.

3.- Incluso realizando todas estas acciones, sin embargo, podrían generarse “guarimbas” u otras situaciones similares. Ello, recalco, no podrá ser interpretado como desacato, sencillamente, pues el desacato es el incumplimiento voluntario de una sentencia. Y quienes hacen las guarimbas, recuerdo, no son los Alcaldes: son los vecinos.

4.- Por lo tanto, llegamos a lo que, creo, es el punto medular de toda la cuestión. Supongamos que pese a todos los buenos esfuerzos, vecinos de esos Municipios hacen una guarimba. ¿Pueden los Alcaldes ordenar a la policía municipal que, mediante el uso de la fuerza, “disperse” la “guarimba”?. La respuesta es negativa.

De acuerdo con la sentencia, lo que corresponde efectuar a los Alcaldes, en materia de policía, son dos acciones: (i) actividades preventivas y (ii) de control del delito”. Precisamente, la Sala Constitucional recordó que ésas son las competencias municipales en materia de policía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

Si leemos esa Ley con cuidado, en efecto, veremos que la policía municipal tiene dos competencias claras: prevenir y controlar delitos. Por ello, la policía municipal está entrenada y equipada con armas de fuego para atacar delitos.

Apartando que las guarimbas sean consideradas ilegales, ellas son resultado de una manifestación ciudadana. Criticable, sin duda, pero manifestación ciudadana en fin. No se trata de criminales que se roban las alcantarillas: se trata de ciudadanos que levantan alcantarillas y hacen otras acciones similares, pues consideran que esa es una forma legítima de protestar.

La policía municipal no puede, ni está preparada, para “desmontar” por el uso de la fuerza las guarimbas, actuando contra los vecinos. Si a pesar de todos los esfuerzos de la Alcaldía, los vecinos deciden protestar haciendo guarimbas, la policía municipal no puede actuar por la fuerza contra esos vecinos. Primero, pues no es ello competencia de la policía municipal, como vimos. Segundo, pues esa policía no está –por lo anterior- ni equipada ni preparada para ello. Tercero, y lo más importante: una acción directa de policías municipales para “desmontar” guarimbas con vecinos presentes, sería una clara violación a los derechos humanos, como incluso se reconoce en la reglamentación vigente en Venezuela.

En un anterior artículo de Prodavinci comenté los Principios de la Organización de Naciones Unidas, sobre el carácter restrictivo del uso de armas de fuego. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, igualmente, ha recordado que el uso de esas armas es excepcional. Por ello, incluso respecto a manifestaciones ilegales, el uso de armas de fuego queda prohibido.

Así se reconoce en el Derecho venezolano. En efecto, dentro de las actuaciones que en general corresponden a los cuerpos de seguridad del Estado, encontramos el llamado “control de orden público”. El control de orden público implica actuaciones de cuerpo de seguridad en casos distintos a delitos, y en concreto, en alteraciones de orden público derivadas de protestas (legales o no).

De conformidad con las Normas para la Adquisición, Registro y Control de Armamento, Municiones, Equipos y Accesorios para los Cuerpos de Policía y Órganos de Seguridad Ciudadana que Prestan el Servicio de Policía, de 2011, el control de orden público supone el uso de armas y equipos no letales, como las bombas lacrimógenas. De acuerdo esas Normas, se prohíbe “el uso de equipos y vehículos para control de orden público, por parte de las Policías Municipales”.

Este principio y la mencionada prohibición se reiteran en las Normas sobre la actuación de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, de 2011. En esas Normas, por cierto, se enfatiza que la actuación de los cuerpos de seguridad debe orientarse por el respeto de los derechos humanos. Por ello, esos cuerpos “no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas”.

En resumen: la policía municipal no puede intervenir para dispersar “guarimbas” en el marco de manifestaciones ciudadanas, repito, sean legales o no. Este punto, lamentablemente, no lo aclaró la sentencia de la Sala Constitucional.

Por lo tanto, la sentencia de la Sala Constitucional no puede ser entendida como una exhortación al uso de la fuerza por parte de la policía municipal para “dispersar” las guarimbas. Además de ilegal, ello sería una clara violación a los derechos humanos.

¿Qué deben hacer las Alcaldías entonces? Por un lado, lo ya dicho: mantener las acciones concretas a las cuales hemos hecho referencia, en materia de tránsito, vialidad y medio ambiente. Pero además, las Alcaldías deberán hacer lo que se espera de una Administración democrática: a través del diálogo en respeto de los derechos humanos –pues en violación a tales derechos no hay diálogo posible- convencer a los ciudadanos para desistir de tales protestas.

La propia Sala Constitucional recordó que sus órdenes debían cumplirse por medio de la participación ciudadana, promoviendo la paz y la convivencia. Más que vencer por la fuerza a quienes creen en las guarimbas, lo que corresponde hacer es convencer de que hay otros medios de protesta pacíficos. En definitiva, eso es lo que se espera de la democracia: convencer, no vencer por el uso de la fuerza.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (8)

JOSE MALDONADO
12 de marzo, 2014

EXCELENTE ANÁLISIS.

@tariksoler
12 de marzo, 2014

Como siempre un talento admirable Dr. Todo quedó claro

Valentín Martínez
13 de marzo, 2014

Excelente artículo, la verdad que esperaba su opinión al respecto en cuanto a la sentencia hace poco proferida.

Coincido en gran parte con su punto de vista, pues la SC, volvió a ser vaga en su motiva, ya que, por la trascendencia nacional que merece el caso, debió ser un poco mas exhaustiva. Pareciera que en casos álgidos, la Sala opta por ser breve en sus decisiones.

No obstante lo anterior, considero que el fallo estuvo apegado a derecho y, a pesar de ser genérico y un tanto vago, de su contenido se puede colegir el sentido de la misma; no es el deber ser de una sentencia pero así sucedió, eso no es de extrañar… (No me enorgullezco al decirlo pero así suele suceder)

Como se aprecia, en este caso entran en conflicto dos derechos constitucionales, por un lado, el derecho de protestar de unos, en contraposición del derecho al libre tránsito de otros. Cual debe prevalecer? En mi opinión ninguno de ellos debe de solapar al otro.

Tal y como lo enuncia la sentencia, así como también, lo indica usted en su artículo, es deber de los cuerpos policiales de los municipios, el prevenir y controlar delitos. Particularmente, en la zona en la que vivo, y también por la cual me desplazo con regularidad, en días pasados vi como en horas de la tarde, ante la presencia de funcionarios de Policia municipal, se conformaba una barricada con basura y escombros en la vía pública, mientras estos no hacían absolutamente nada, solo devolver los carros de esa vía para que aquellos entraran en otra que se encontraba igualmente cerrada por iguales motivos.

Del modo en que lo veo, despojándome claro esta, de cualquier inclinación política – pues cuando se habla de derecho, deben prevalecer siempre la lógica y la justicia – estas actitudes comprenden delitos a los ojos de la ley, así como también lo son la quema de cauchos, destrucción de propiedad pública, la colocación en la vía pública de aceite, alambres o cualquier artilugio del cual se valen para impedir ataques o el acceso de autoridades para restablecer el orden público.

Entonces, partiendo de lo expuesto, si es competencia de la policía municipal el prevenir delitos, el hacerlo no dependerá exclusivamente del uso de la fuerza o de sus armamentos, por el contrario, la persuasión es necesaria para tratar de lograr el consenso, pero si esto no fuera suficiente, deberán actuar para remover o erradicar tales acciones, pues al permitirse y mantener barricadas de este tipo en la vía pública, no se estaría previniendo delitos, sino que por el contrario, serían complices de aquellos y corresponsables de las consecuencias que tal particular pudieran acarrear. Pongo un ejemplo inocente, si al quemar basura (delito ambiental), accidentalmente el fuego se extiende y este causa daños a la propiedad o a la integridad de cualquier ciudadano, a mi modo de ver, la excusa de no poder intervenir ante una protesta pacífica de las autoridades municipales, no seria suficiente para eximir o limitar su responsabilidad. Si hay fuego, el deber es apagarlo, si hay trancas por escombros o basura, las autoridades municipales deberán removerla y restablecer el tránsito, así es como funciona y, en ese sentido, a pesar de lo breve, considero eso fue a donde quiso llegar la Sala.

Las autoridades municipales deben velar por el correcto tránsito de la vías urbanas, es su competencia y no pueden en modo alguno omitirla. Es cierto, la gente tiene todo el derecho a protestar, sin embargo, no considero esa sea la vía idónea. La única forma por la que justificaría el cierre de una vía de transito público, es porque la magnitud de la concentración para protestar es tal, que excede la propia capacidad del sitio y, por vía de consecuencia, esta se congestione Si ello fuera así, la protesta trascendería al libre tránsito; pero si por el contrario, un grupo de personas, arbitrariamente impiden el acceso y salida a una vía publica, colocando además barricadas o quemando cauchos o basura, las autoridades municipales deberán actuar de inmediato para proceder a apagarlas y/o removerlas, claro está, nunca por la fuerza ni a través de medios represivos.

Creo que la gran omisión que tuvo la Sala, fue el no precisar el modo de actuar de las alcaldías ante tales eventos, ya que si bien como ud dice, no pudiera hacerse uso de la fuerza cuando esto ocurra, cuestión de la cual estoy seguro se apegarán, sin caer en desacato, los alcaldes de la MUD, el contenido de la sentencia pudiera interpretarse también como una patente de corso para otras alcaldías, a los fines de intervenir, así no se posean los medios, en aras de erradicar tales manifestaciones.

Saludos

Rosselyn vivas
13 de marzo, 2014

Entonces, habrá que empezar a ejecutar acciones “PREVENTIVAS” más eficacez y como está de moda: CONTUNDENTES. Por otro lado, no está claro, que impedir acciones que dañen bienes publicos como levantar alcantarillas, durante una protesta, atente contra DDHH.

Imelda Azpurua
14 de marzo, 2014

Excelente explicación, gracias.

rolando apablaza
15 de marzo, 2014

Simplemente un manejo rebuscado de la interpretación de la Sentencia y de la Ley. No soy abogado, pero le dire, que si TODOS RECONOCEN QUE LAS POLICIAS MUNICIPALES DEBEN TENER UNA ACCION PREVENTIVA, resulta lógico que los Alcaldes son responsables, ya que, cuando fueron electos estas ” barricadas pacificas ” no existían, y todos sabemos que ellas han provocado mucho daño material y humano, por lo tanto los Alcaldes en acción PREVENTIVA , deben impedir que ellas se levanten, una vez que la Guardia Nacional o los vecinos mismos lo han hecho. Ellos no tienen ganas ni voluntad para PREVENIR estas situaciones. Por lo tanto para mi, como un común ciudadano ellos deben responder por eso OMISION en el desempeño de su cargo, para lo que, fueron elegidos por una Comunidad que no tiene mas terror a cruzar una barricada a ser asaltada, ya que, en la barricada puede ser degollado, quemado tu vehiculo o simplemente recibir una golpiza o un tiro a distancia. Gracias.

Jose Rondon P
15 de marzo, 2014

Excelente analisis Dr. Sumamente claro.

jose padron
16 de marzo, 2014

muy bonito y apegado a los intereses de quien interpreta.

En España, las guarimbas son delito y sus ejecutores son perseguidos y violentamente reprimidos e infiltradas por la policía secreta que actúa dentro de manifestaciones legitimas y actúan luego contra aquellos que se desvían e inician la guarimba.

la protesta de los indignados en la puerta del sol fue la primera y sera la ultima ya que el pp se blindó contra una posible en el futuro creando una ley que multara a los participantes sean vecinos o no.

de cualquier manera reto al abogado y que promueva una guarimba de protesta en weston miami y luego nos comente que policía actuó para disolverla y la forma en que la misma sera reprimida.

se los dejo hasta ahí, para que no nos diga que les pasaría a los vecinos luego.

de lo comentado se desprende que se le permite a los vecinos delinquir haciendo guarimbas porque ellos quieren. luego cuando esos mismos vecinos decidan disparar contra lo que a ellos les parezca también quedaría dentro de lo indefinido y los alcaldes no están obligados ni a prevenir, ni detener tales acciones.

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