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Blog de José Ignacio Hernández

¿Puede el Presidente otorgar amnistía a Iván Simonovis?, por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 31 de Diciembre, 2013
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En alocución del 30 de diciembre de 2013, el Presidente Maduro, atendiendo a las distintas peticiones públicas a favor de la libertad del Comisario Iván Simonovis, aclaró que sólo la justicia podía dar amnistía. El Presidente Maduro señaló que estaba “impedido por la Ley”de dar esa amnistía, pues Simonovis “está en manos de la ley por crímenes de lesa humanidad”.

Para aclarar este asunto, conviene efectuar algunas aclaratorias conceptuales, pero adelanto la respuesta a la pregunta que le da título a este artículo: el Presidente Maduro sí puede darle la amnistía a Iván Simonovis bajo las actuales circunstancias legales.

El indulto y la amnistía. Los delitos penales pueden ser objeto de dos medidas especiales, con alcance distinto: el indulto y la amnistía. El indulto es una facultad propia del Presidente de la República y consiste, en términos generales, en el perdón de la pena impuesta por la comisión de un delito. La amnistía, por el contrario, es una facultad de la Asamblea Nacional que “desaparece” el delito. Es decir, mediante una Ley se derogan u “olvidan” los delitos tipificados legalmente.

Esta distinción permite entonces sostener que, como regla, el Presidente de la República no puede acordar amnistías sino, en todo caso, otorgar indultos.

Ahora bien, ¿podría el Presidente dictar una amnistía a través de un Decreto Ley, ya que cuenta con una Ley Habilitante? Pudiera considerarse que la amnistía es una facultad privativa de la Asamblea Nacional, pero ya en el pasado se ha considerado que el Presidente, en el marco de una Ley Habilitante, puede dictar un Decreto Ley de Amnistía. Tal es el caso del Decreto Nº 5.790, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía, firmado por el entonces Presidente Hugo Chávez Frías el 31 de diciembre de 2007 y relacionado con los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

En resumen: el Presidente no puede, en condiciones ordinarias, acordar amnistías. Para ello requeriría dictar un Decreto-Ley.

Indulto, amnistía y delitos de lesa humanidad. El Presidente puede otorgar indultos e incluso, conforme a la práctica, dictar Decretos Leyes de Amnistía. Ninguna de esas medidas cabe, sin embargo, para delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Por ello se considera que los delitos de lesa humanidad, así como delitos graves contra los derechos humanos, no pueden ser objetos de medidas como la amnistía (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 14 de marzo de 2001, caso Barrios Altos vs. Perú).

¿Y qué es un delito de lesa humanidad? El concepto ha sido interpretado en Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con esto, los crímenes de lesa humanidad se caracterizan no tanto por el delito (que puede ser un delito común, como el asesinato) sino por la forma en la cual ese delito es cometido. Para que el delito sea un crimen de lesa humanidad, se requiere que sea parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, como parte de una política de Estado o de una organización política.

Como ha interpretado la Sala Constitucional, “se trata de delitos comunes de máxima gravedad que se caracterizan por ser cometidos en forma tendenciosa y premeditada, con el propósito de destruir, total o parcialmente un grupo humano determinado, por razones de cultura, raza, religión, nacionalidad o convicción política” (sentencia Nº 3167/2002).

En todo caso, la calificación de un delito como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a los parámetros señalados, corresponde al legislador, como la Sala Constitucional concluyó en su sentencia Nº 537/2005. Esto quiere decir que sólo la Ley puede determinar los delitos que serán considerados de lesa humanidad, sin que simplemente pueda entenderse que un delito de homicidio, por ser “grave”, es delito de lesa humanidad.

¿Iván Simonovis fue condenado por delitos de lesa humanidad? Lo que se desprende de las declaraciones comentadas al inicio de este artículo, es que de acuerdo con la versión de el Gobierno, Iván Simonovis habría sido condenado por delitos de lesa humanidad, con lo cual no podría ser beneficiado con medidas de indulto o amnistía.

De hecho, el Decreto Ley de Amnistía de 2007, ya comentado, se extendió a los “hechos acaecidos el 11 de abril de 2.002 en Puente Llaguno, en aquellos delitos en los cuales no se haya incurrido en ofensa de lesa humanidad”.

Lo cierto es que en las normas penales aplicables al 11 de abril no se tipificaban a los delitos de lesa humanidad. Recordemos que esa categoría sólo puede ser precisada por el legislador, con lo cual, si la Ley no contempla las condiciones para calificar a un delito como de lesa humanidad, al menos en el orden interno ese delito no podría ser declarado.

Además, la sentencia que condenó a Iván Simonovis lo consideró cómplice necesario del delito de homicidio calificado y del delito de lesiones personales graves. Es decir: no aludió a la existencia de delitos de lesa humanidad. Tampoco la sentencia de la Sala de Casación Penal que resolvió el caso, en ponencia del hoy célebre Eladio Aponte Aponte, aludió a ese delito.

Insisto en que para que un delito sea de lesa humanidad no sólo hace falta la expresa tipificación en la Ley: además, el proceso penal debe ser iniciado y decidido imputándose, precisamente, un delito de lesa humanidad. Con lo cual, en este caso, no hay elementos para considerar que estamos ante un delito de lesa humanidad.

Las medidas que puede acordar el juez. La amnistía y el indulto son medidas excepcionales, pero lo cierto es que el Poder Judicial puede acordar medidas sustitutivas o alternativas. Incluso si se considera que la condena fue por delitos de lesa humanidad, como la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esas medidas proceden, especialmente, en protección a la vida y la salud, pero únicamente pueden ser acordadas por el Poder Judicial, nunca por el Presidente.

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El indulto, la amnistía e incluso las medidas alternativas que puede ordenar el Juez, son decisiones que no deben impedirnos reflexionar sobre las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proceso penal contra Iván Simonovis. Hay elementos que permiten cuestionar el respeto a las garantías mínimas de justicia que deben regir a todo proceso penal e, incluso, la propia reclusión penal. Recordando a Juan Pablo II: cuando se ofende a la justicia también se pone en peligro la paz, pues la paz para todos nace de la justicia de cada uno.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (4)

V De Sola
1 de Enero, 2014

Pero igualmente puede ya que desgraciadamente tiene poderes ilimitados conla bendita Ley Habilitante………..si el quisiera y creo su deber quererlo debería darle un indulto o una amnistia a Simonovis, se la merece , se esta muriendo………….y de verdad no querrá cargar con este tiip de nmuertes en su concienica, no creo que a este gom¡bierono ni a ninguno le convenga tenert esto entre sus espaldas………. a ver si alguna vez se acaba con la maldita impuniad y se hace verdadera justicia…Simonovis la merece ya que el no es culpable de nada solo de estar en el lugar inadecuaod enel momento inadecuado cumpiendo su deber…………

Jean-Jacques
1 de Enero, 2014

Tengo entendido que Simonovis no se encontraba en las inmediaciones del puente de Llaguno cuando los acontecimientos que vimos todos los venezolanos transmitidos en vivo. Es también de recordar que esos acontecimientos fueron generados por los llamados “Pistoleros de Llaguno”, que fueron declarados “héroes de la patria” por el difunto presidente y librados de cualquier culpa. También es bueno no olvidar que muchos de las victimas que se generaron en ese lugar o en sus inmediaciones (Carmelitas, Piñango, etc)sufrieron heridas descendiente y no ascendentes, o sea fueron ultimados por proyectiles disparados de puntos más altos de donde se encontraban las victimas y, además hasta a sus espaldas. Otra duda son las declaraciones dadas por el juez del TSJ Eladio Aponte Aponte donde acusa al presidente de la república, para ese entonces, de haberle ordenado dictar tal sentencia. He aquí la sentencia dictada el 26 de marzo de 2010, declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos. “Condenó a los ciudadanos Iván Antonio Simonovis Aranguren (cédula de identidad V-5.968.260), Henry Vivas Hernández (cédula de identidad V-3.727.784) y a Lázaro José Forero López (cédula de Identidad V- 4.119.008), a cumplir la pena de treinta (30) años de prisión, al pago de las costas procesales (artículo 34 del Código Penal), más las accesorias de ley correspondientes, como Complices Necesarios en la comisión de los delitos de Homicidio Calificado (complicidad correspectiva), Homicidio Calificado Frustrado (complicidad correspectiva), y Lesiones Personales Graves y Leves (complicidad correspectiva); tipificados en el artículo 408 (numeral 1) en concordancia con los artículos 84 (numeral 2) y 426 (último aparte), en el artículo 408 (numeral 1) en conexión con el artículo 80 (segundo aparte), artículo 84 (numeral 3) y el artículo 426 (último aparte), los artículos 417 y 418 en relación con el artículo 84 (numeral 2), todos del Código Penal”. Señor presidente usted tiene la palabra no cometa usted otro error como el que se cometió con el ing. Brito.

Robert Rodriguez
1 de Enero, 2014

Aparte de felicitar y reconocer la capacidad pedagógica del Profesor José I. Hernández, comparto sus fundamentados puntos de vista. Al igual que los comentarios de otros foristas, es bueno ratificar que en el país no tenemos un Estado de Derecho, no hay independencia de los Poderes Públicos y que estos han sido juicios sesgados y marcados por venganzas políticas.

marìa alvarez
3 de Enero, 2014

desde pequeña escuchè en mi hogar materno y paterno: cuando se pide, se pierde el derecho a exigir…no estoy en el calzado simbòlico de familiares de simonovis y ninguno de sus abogados pero me parece, ya es hora de ignorar a los que creen tienen la sartèn por el mango..se le deja de prestar atenciòn a cierto patètico personaje y la fastidiosa ley habilitante, de seguidas nos unimos a la misma hora solicitando la justa libertad para aquèl y debe ser entretenido observar còmo los que se creen “dioses del olimpo” escuchan a toda una poblaciòn solicitando lo que ya sabemos…pero seguimos des-unidos y amodorrados a nuestros intereses..y el que sigue abusando es porque se lo seguimos permitiendo..serìa interesante leer algùn comentario del autor de este artìculo, sobre quien en vida fue el señor franklin brito..(no sè si ha escrito algo sobre ello..me pregunto si se busca el mismo desenlace para el sr. simonovis..??

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