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Política económica 2016: ¿haciendo lo mismo y esperando resultados distintos?; por Anabella Abadi M.

Por Anabella Abadi M. | 30 de abril, 2016

Política económica 2016 haciendo lo mismo y esperando resultados distintos; por Anabella Abadi M. 640

Luego de que el presidente Nicolás Maduro decretara la Emergencia Económica el 15 de enero de 2016 y juramentara al Consejo Nacional de Economía Productiva apenas 4 días después, el Gobierno Central iniciaba el año con una actitud más proactiva hacia la recuperación económica que la mostrada en 2015. Y si bien para mediados de abril 2016 se habían hecho muchos anuncios, no se habían ejecutado las tan necesarias reformas de ajuste macroeconómico.

En 2015, las políticas económicas se enfocaron en aumentar el control y discrecionalidad política y fiscal, además de profundizar el intervencionismo económico, en gran medida mediante la Ley Habilitante de 2015 –la sexta aprobada por la Asamblea Nacional desde 1999. En lo que va de 2016 se intentan cumplir los mismos objetivos, pero, ahora, mediante la dudosa aprobación del Decreto de Emergencia Económica por parte de la Sala Constitucional del TSJ y el bloqueo de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional.

En febrero de 2016 –luego de 20 años con el precio congelado– el presidente Maduro aprobó el aumento de la gasolina: la de 91 octanos pasó a costar 1 Bs/litro (aumento de 1.329%) y la de 95 octanos se ubicó en 6 Bs/litro (un aumento de 6.086%). Aunque el aumento fue muy conservador, esta parece ser la medida más esperada y distintiva de las que se han tomado hasta ahora. Las restantes, han sido repetitivas e insuficientes.

Aumentos discrecionales del gasto público

En noviembre de 2014, el presidente Maduro afirmó que ante la baja en los precios del crudo había ordenado “hacer un conjunto de recortes en el presupuesto de la nación y para eso estoy nombrando un equipo especial, comisión presidencial para la racionalización y reducción del gasto público”; pero precisó que se garantizarían los gastos en misiones, grandes misiones y otros proyectos sociales. Sin embargo, según registros de ODH Grupo Consultor, en 2015 se aprobaron 513 créditos adicionales que sumaron BsF 1.421 millardos al presupuesto: gasto efectivo fue 191,5% superior al presupuesto. Del total de esos créditos adicionales, 24% fue destinado al pago de salarios, pensiones y otros beneficios laborales.

Si bien en lo que va del año 2016 en Gaceta Oficial se ha publicado un único crédito adicional decretado por la Asamblea Nacional por poco más de BsF 21 millardos para gobernaciones y alcaldías (Gaceta Oficial N° 40.870, 16/03/16), el presidente Maduro ha aprobado, por ejemplo, BsF 126 millardos para el Plan de Obras Públicas de 2016 y una línea de financiamiento de BsF 3 millardos para exportadores. En marzo entró en vigencia el primer aumento de salario mínimo de 2016, y se espera otro en mayo y dos más en el segundo semestre del año.

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz ha reiterado que el financiamiento en bolívares para productores está garantizado vía tributos ya que “si algo se logró con el presidente Chávez es que se adquiriera una cultura tributaria en Venezuela”. En cuanto al gasto social, Maduro precisó que el Fondo Nacional para financiar Grandes Misiones Sociales pasaría a recibir todos los recursos extraordinarios que se recibieran tras el aumento de la gasolina. Incluso, con la devaluación anunciada en febrero de 2016 las finanzas públicas logra un alivio temporal al disminuir el nivel del déficit fiscal en bolívares.

Sin embargo, con la última reforma de la Ley del BCV vía Ley Habilitante de 2015 se permite al BCV obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y a entidades públicas, lo que –en medio de un tercer año consecutivo de recesión económica- probablemente se convertirá en la principal fuente de bolívares del Gobierno Central.

Se mantiene el control cambiario

El tema cambiario ha sido –posiblemente– uno de los ámbitos que el gobierno ha tratado más intensamente de reformar sin lograr realmente un cambio significativo en el mecanismo de asignación de divisas. Aunque entre 2010 y 2016 se han hecho múltiples cambios regulatorios, se han creado –al menos– 6 mecanismos alternativos oficiales. Estos mecanismos han fallado en su promesa de ser flexibles y con mecanismos de mercado para la fijación y de precios.

Durante 2015 y 2016 se han hecho múltiples cambios en busca de crear un mecanismo más flexible en la asignación y establecimiento del precio de las divisas. En 2015 se unificaron los sistemas Sicad 1 y II y se creó el Simadi (10 de febrero). Durante el primer año de este esquema cambiario, el Sicad unificado se mantuvo prácticamente paralizado, Simadi representó –en promedio– a 4,5% de las divisas transadas de manera oficial, mientras que Cencoex representó al restante 95,5% de las transacciones. Dado que la tasa Simadi promedió 196,8 BsF/US$ en su primer año de existencia, el tipo de cambio oficial promedio fue 14,9 BsF/US$.

El 17 de febrero de 2016, el presidente Maduro –en un nuevo intento– anunció un nuevo esquema cambiario, en el que se eliminó el Sicad Unificado y renombraron a los dos sistemas a mantenerse: Cencoex pasó a ser Dipro y Simadi pasó a ser Dicom. Maduro anunció la tan esperada devaluación del tipo de cambio preferencial: pasó de 6,3 a 10 BsF/US$ (aumento de 58,7%). Maduro también anunció que el tipo de cambio Dicom sería un “sistema complementario flotante” que –cabe destacar– al viernes 28 de abril llegó a 372,1649 BsF/US$, reflejando un aumento de 83,4% desde el 17 de febrero (aumento de 169,2242 BsF/US$).

Sin embargo, sabiendo que al 28 de abril la tasa Dicom aplicó a apenas 7,73% de las divisas transadas, el tipo de cambio oficial promedió 37,99 BsF/US$. Esto refleja que la devaluaciones de las tasas Dipro y Dicom han sido insuficientes para eliminar las distorsiones cambiarias cuando notamos que el 22 de abril el tipo de cambio implícito (M2/RRII) se ubicó en 359,22 BsF/US$.

Escasez de divisas y monetización de activos

La caída de los precios del petróleo –tanto en 2015 como en 2016– ha comprometido las finanzas públicas, lo que ha ido en detrimento de los activos externos de la nación. El 2015 –así como el 2016– estuvo caracterizado por una caída de las reservas internacionales: en 2015 cayeron US$ 5.710 millones (25,9%) y entre el 30 de diciembre de 2015 y el 27 de abril de 2016 cayeron US$ 3.759 millones (22,96%). Incluso, el 27 de abril de 2016 las reservas internacionales llegaron a US$ 12.611 millones, el nivel más bajo registrado en los últimos 18 años de revolución.

A principios de 2015, el presidente Maduro hizo una gira por varios países aliados para discutir posibles estrategias para impulsar la recuperación del precio del crudo y para buscar financiamiento. Sin embargo, no logró el acometido. Recientemente, en la última reunión de la OPEP llevada a cabo en Catar no se llegó a un acuerdo entre los países miembros para congelar la producción ante la caída de los precios del petróleo.

La respuesta del gobierno ante la creciente escasez de divisas ha sido diversa, destaca: negociación con República Dominicana y Jamaica para la compra a descuento de su deuda con Petrocaribe, empeñar oro monetario, liquidar parte de los derechos especiales de giro que Venezuela tenía en el FMI, y declarar la venta obligatoria al BCV todo el oro encontrado mediante actividades de exploración o explotación en el territorio venezolano y promover la explotación del llamado Arco Minero. El presidente Maduro activó el Arco Minero del Orinoco para activarlo como “como fuente de riqueza, para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”.

Para mejorar la disponibilidad de divisas, la inversión extranjera resulta indispensable; sin embargo, no se están creando las condiciones necesarias para atraerla y retenerla. Y aunque el Gobierno Central ha estado promoviendo el impulso de las exportaciones, queda por ver la eficacia de las medidas.

Impulsado las exportaciones no petroleras en un contexto adverso

Frente a la actual escasez de divisas, el Gobierno Central ha precisado que quieren impulsar el sector exportador y fijó una meta de US$ 7.000 millones en exportaciones no petroleros para el 2016, igualando el récord nacional de las exportaciones no petroleras de 2006. Sin embargo, las exportaciones no petroleras estuvieron por debajo de US$ 1,9 millardos en 2015, el más bajo desde 1999. Incluso si se alcanza el objetivo, no será suficiente para cubrir la caída de las exportaciones de petróleo: los datos oficiales muestran una caída del 50% en las exportaciones de petróleo en 2015 por más de US$ 37 millardos.

En enero de 2016, el gobierno anunció la simplificación de algunos procedimientos para exportar, una línea de crédito en dólares para garantizar el acceso a la materia prima para el sector exportador y el cambio de la tasa de cambio para los exportadores de Sicad a Simadi (ahora Dicom). A principios de abril 2016, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Jesús Faría afirmó “hemos logrado simplificar el 60% de todos los trámites administrativos y burocráticos, fuente de retrasos y corrupción” y se han dictado políticas “de estímulo”.

Comentario de cierre: Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia y la gestión del presidente Maduro muestra bajos niveles de aprobación. Sin embargo, el Gobierno Central no ha hecho las reformas macroeconómicas y regulatorias necesarias para encaminar al país por una senda de recuperación. En medio de la crisis económica que posiblemente sea la más larga y profunda de la historia de Venezuela, así como la recesión más profunda del mundo en 2016, los venezolanos sufren niveles históricos de inflación y escasez. Todo esto en un contexto de bajos precios del crudo augura un empeoramiento de la situación venezolana.

En estas condiciones cabe preguntarse: ¿qué debería ocurrir para que el Gobierno Central decida llevar a cabo una reforma? Los intentos fallidos de reforma por parte del gobierno muestran su falta de compromiso por cambiar la naturaleza de la política económica, enfrascándose en un ciclo de políticas basadas en el control de los medios de producción. Todo parece indicar que el Gobierno actual no estaría dispuesto a asumir los costos de llevar a cabo grandes reformas económicas y regulatorias que permitan que Venezuela retome la senda del crecimiento y la estabilidad.

Anabella Abadi M. Economista egresada de la UCAB y Especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales (PUJ, 2011). Profesora en la UCAB, y Analista de la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor.

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