Perspectivas

Militarismo judicial y democracias desarrolladas; por Ramón Escovar León

Por Ramón Escovar León | 16 de mayo, 2017
Guardia Nacional Bolivariana se lleva a una manifestante opositora. 19 de abril de 2017. Fotografía de Leo Álvarez

Guardia Nacional Bolivariana se lleva a una manifestante opositora luego de que ésta permaneciera parada frente a una tanqueta. 19 de abril de 2017. Fotografía de Leo Álvarez.

El uso de la justicia militar para procesar a civiles está relacionado con esa enfermedad del poder que es el autoritarismo militarista. En realidad, es un mecanismo empleado sin cortapisas por las dictaduras totalitarias: es por ello que las democracias avanzadas lo repudian. En la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y la España de Franco, la justicia militar era común para militares y civiles. Tal mecanismo fascista fue desterrado en estos países después de la Segunda Guerra Mundial, salvo en España, donde perduró hasta la muerte del dictador. Con este método se reprimía y perseguía al opositor; y, en contraste, se protegía al violador de derechos humanos. Lo que pervive, todavía, como un hecho característico de cualquier régimen atávico que tiene una Constitución sin república.

El informe Goldman, en Perú, demostró que el gobierno de Fujimori usó la justicia militar para proteger a militares violadores de derechos humanos y perseguir a civiles opositores. Tales casos fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El núcleo de las razones esgrimidas, en el caso peruano, descansa en la idea de que los jueces militares no garantizan los necesarios requisitos de independencia e imparcialidad, al estar sometidos al régimen de obediencia propio del juramento militar.

Los mismos criterios del ordenamiento peruano rigen en Colombia. De acuerdo con el artículo 221 de la Constitución, el fuero penal militar queda restringido al sector castrense. Por consiguiente, no es posible enjuiciar a civiles bajo el manto de la legislación penal militar, porque, entre otras cosas, se viola el derecho a ser juzgado por el juez natural (artículo 49, ordinal 4 de la Constitución de Venezuela). Esto fue explicado con claridad por José Ignacio Hernández en un artículo de Prodavinci, en el que demuestra que el artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar, que autoriza el juicio militar a civiles, no es aplicable en estos momentos por ser una norma preconstitucional e ir en sentido contrario a lo que dispone el artículo 261 de la Constitución que limita esta jurisdicción únicamente a “delitos de naturaleza militar”. Esto es, aquellos cometidos por un militar en servicio activo, por ejemplo, la venta de un secreto militar o la deserción. Estos no se extienden a los civiles en ningún caso, como ha sido regulado por el Derecho comparado. Recientemente la Sala de Casación Penal (sentencia Nro. 518 del 6 de diciembre de 2016) llegó a la misma conclusión. Este criterio debe extenderse a los jóvenes que protestan, que por ser civiles quedan fuera de la jurisdicción militar. La actividad política desplegada por los civiles no encaja en el tipo penal militar. Hacerlo es violar los derechos al juez independiente e imparcial. Estamos a la espera de que el Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades, inicie el proceso judicial para aclarar esta situación que ha alimentado —con abuso de poder— las detenciones arbitrarias de jóvenes civiles que manifiestan pacíficamente.

Desde que se iniciaron los juicios militares a civiles —en esta nueva etapa represiva— con el enjuiciamiento del profesor Santiago Guevara, y ahora con la detención arbitraria de cientos de jóvenes que piden libertad, se ha potenciado este tipo de militarismo judicial. Esto ha violado directamente el derecho a ser juzgado por el juez natural, que no es otro que el juez civil. Ahora bien, como es ya un hecho notorio, el gobierno dejó de controlar al Ministerio Público que es, por mandato constitucional, el titular de la acción penal (artículo 285, ordinal 4to. de la Constitución). Para salirse de la suerte, han implementado el mecanismo del juicio militar y la imputación por parte de un fiscal militar.

Otro aspecto del problema es dejar claro el concepto de tipo penal militar y dejar de manejarlo con ambigüedad. Estas referencias vagas, ambiguas e indefinidas a los delitos militares quedaron evidenciada en las “sentencias” 155 (del 28 de marzo de 2017) y 156 (del 29 de marzo de 2017). En la primera de estas “sentencias” se declaró sin pruebas que la Asamblea Nacional había cometido actos que constituyen “Traición a la Patria (sic), como lo había referido el recurrente”; es decir, hicieron suyos los alegatos del solicitante (diputado del PSUV Héctor Rodríguez). De esta manera se habría podido activar la justicia militar en forma inmediata, a no ser por la reacción de la Fiscal General de la República quien declaró que dichas decisiones “representan una ruptura del hilo constitucional”. Entonces, aquí caemos en un asunto complejo: se trata de definir en qué consiste el delito de traición a la patria. Así, hay traición a la patria si un militar le vende secretos de seguridad al enemigo, pero nunca si una civil protesta pacíficamente, porque resulta violatorio de su derecho constitucional a la manifestación pacífica y sin armas, como lo autoriza el artículo 68 de la Constitución. En el mismo nivel de ambigüedad caen las acusaciones de rebelión y terrorismo que son usadas sin reparo cada vez que pretenden justificar sus violaciones a los derechos humanos. La rebelión y la traición a la patria sirven para amoldar cualquier conducta opositora, como ocurrió con la defensora de derechos humanos, Lisbeth Salas, según lo reporta El Nacional.

Sobre la base de lo anterior, es posible afirmar que haya una relación simétrica entre el fascismo totalitario y el juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar así como una relación asimétrica entre la justicia militar y la democracia. Es evidente que solo se trata de convertir la lucha política en un escenario de guerra, como acertadamente lo calificó Nicholas Casey en una publicación del New York Times, quien acusó al gobierno venezolano de utilizar la jurisdicción militar como si estuviésemos en guerra. Y si vamos a la raíz del asunto, esto se debe a que desde hace 18 años el discurso político está basado en el lenguaje militar. Recordemos que el general prusiano Carl von Clausewitz, en su libro De la guerra, acuñó la frase: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. La frase fue invertida por Michel Foucault para decir: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”. Es la frase de Foucault la que aplica al caso de Venezuela. El sistema populista de la distribución de la riqueza no producida —como la petrolera—, hace política con herramientas militares, lo que es incompatible con el régimen de libertades que postula la Constitución venezolana.

Decía Georges Clemenceau que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. Esta frase se puede reescribir así: “El enjuiciamiento a civiles es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares”. La justicia militar a civiles es una contradictio in terminis que atenta contra la libertad y los derechos humanos. Por eso, la Fiscal General de la República, apertrechada de sus facultades constitucionales, debe exigir el cese de los juicios militares a civiles, porque son violatorios de las garantías constitucionales.

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Ramón Escovar León 

Comentarios (5)

CARLOS TAYLHARDAT
16 de mayo, 2017

Estimado Dr. Ramón Escovar León

Es oportuno referir que en la violacion a los Derechos Humanos de los ciudadanos, la responsabilidad penal se aplica desde el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas

El 4 de marzo de 2009, la Corte dictó orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados contra la población civil de la región de Darfur entre abril de 2003 y julio de 2008. Fue la primera orden dictada contra un presidente en ejercicio. Con posterioridad, el líder libio Muamar al Gadafi, se convirtió en el segundo jefe de Estado con una orden de detención, que se archivó tras su fallecimiento durante la revuelta de Libia en el 2011.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional.aspx

LuisMelo
16 de mayo, 2017

El Dr. Escovar reflexiona sobre un tema muy preocupante como es la utilización de la justicia militar para castigar presuntos delitos cometidos por civiles, que no solo es una manifestación totalitaria sino también materialización del deseo de impedir a los ciudadanos el derecho a disentir de las políticas publicas, previsto en los artículos 62 y 68 de la Constitución. Se trata de una escalada en el propósito del gobierno de mantenerse en el poder a toda costa, sin el menor respeto al clamor de la mayoría de los venezolanos que urge por un cambio de gobierno y de políticas públicas. En esta misma línea se inscribe la convocatoria a una asamblea constituyente, en la cual se ignora el derecho que tiene el pueblo a ser consultado sobre la iniciativa, manipulando el sentido de la Constitución. Por tanto, el uso de la justicia militar y la convocatoria a la constituyente tienen un rasgo en común: el desprecio por el poder popular y a su derecho a manifestar su desacuerdo con el gobierno.

Elisa Hermida
17 de mayo, 2017

Muy oportuno, bien escrito este articulo del Dr. Ramon Escovar Leon

PatriciaFeniello
17 de mayo, 2017

Excelencia en el artículo!!!

Guillermo Gorrín Falcón
17 de mayo, 2017

Aberración: acto o conducta depravados, perversos o que se apartan de lo aceptado como lícito (DRAE). El uso de la justicia militar para procesar civiles es una aberración, evidencia sustentación del poder al margen de las reglas por las que se debería regir: La Constitución. La relación abstracción-descripción está muy clara aquí. Lo abstracto, el concepto, es la ausencia de Estado de derecho, la Constitución perdió vigencia, nuestra miopía no permitió verlo hasta que nos alcanzó a todos. Lo descriptivo, una aplicación de ese concepto, es esa otra forma de violación al debido proceso (art. 49 CN). Ahora no se trata de expropiar bienes, hoy expropian derechos fundamentales. Si el concepto es la inexistencia del Estado de derecho no debería sorprender sus concreciones materiales: supresión total de derechos y garantías fundamentales. El país debe reflexionar sobre la realidad, las formas de aplicación son infinitas. ¡No hay límite! ¡No hay Constitución!

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