Blog de Raúl Stolk

La solvencia y el miedo, por Raúl Stolk

Por Raúl Stolk Nevett | 27 de abril, 2013

Aquel lunes, a eso de las ocho de la mañana, cruzaba la plaza Altamira para tomar el Metro. Estaba trasnochado, el día anterior había trabajado una jornada de 16 horas. Hace rato que las elecciones dejaron de ser ocasiones en las que la familia se reúne para comer parrilla y caerse a gritos; ahora se trabaja, no importa el bando. El sueño había llegado tarde, y con un dejo verdaderamente agridulce. Pero no había lugar para modorra, ni resaca electoral. Tenía que patear calle, correr a sacar una solvencia de servicios para poder registrar la venta de un inmueble. Esas cosas en las que los abogados se han venido hundiendo últimamente, embarrados entre la gestoría y la jurisprudencia de taquilla. Ahora todo requiere una solvencia, ese pedazo de papel que certifique que no le debes nada a nadie.

El asunto de la solvencia —la que sea— se ha convertido en una cuestión morbosa. Una traba que se reproduce en cientos de alcabalas y miles de copias, sellos y timbres fiscales. Requisitos por doquier, un manjar para la gran bestia burócrata. En algún momento de mi carrera, me tocó espetarle la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos a más de un registrador obtuso. En efecto, tal ley existe. Sorprendentemente fue promulgada en la era Chávez y es el Santo Grial de la lucha contra la burocracia venezolana. Pero hoy, como muchos de nuestros instrumentos legales que tuvieron algún sentido distinto al control y la regulación, se encuentra en desuso y sumida en la más triste orfandad. Las trabas burocráticas se riegan como virus. Ni siquiera cuando estos asuntos malditos llegan a manos de jueces que, en principio, deberían ser los paladines del sentido común, consiguen reparo alguno. Ejemplo de esto último: el asesinato de la Compañía Anónima perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ese tema merece su propio artículo, novela, o culebrón.

Llego entonces a la oficina de servicios públicos, pregunto a una joven en un escritorio dónde pido una solvencia de agua, y me da un número. La oficina está vacía y, asombrosamente, en silencio. Inmediatamente me llaman. Paso a la taquilla donde me atiende una señora de unos cincuenta y altos. La estampa de la administración pública en todo su ser.

—Ajá ¿tiene los recaudos?

—Sí —respondo rápido y sin verla a los ojos, abro un abanico de papeles como si fuera una triunfante mano de póker— creo que están todos.

—A ver…

La llaman por teléfono e interrumpe la labor. Atiende con flojera, y contesta con sorna. “Aquí, en esto…” suelta. Yo, por mi parte, seguía timbrado de la noche anterior. Aproveché la llamada para absorber lo que había pasado la noche antes. La mirada se me fue perdiendo mientras desenfocaba un cuadro de Bolívar que se encontraba a espaldas de la señora. Cuando enfoqué nuevamente, me di cuenta que la estaba viendo fijamente a los ojos. Pudieron ser 2 o 10 segundos, no sé. Sus ojos se humedecieron. Quizás necesitaba la intimidad de una persona que, esa mañana, no le desviara la mirada. Luego, en trágico tono de madre de telenovela venezolana —Gledys Ibarra—, dice:

—¿Hasta cuándo?— como quien busca confidencia, se apoya hacia el frente y me confirma —¿Cuánto más puede durar esto?

Regurgité un par de palabras de aliento. Traté de reforzar su confianza en que esto también pasará. Pero ella llevaba el tempo de la conversación.

—Yo nunca voté por esta gente —mintió la señora— de hecho, aquí donde nos ves, trabajamos 35 funcionarios. Sólo dos son oficialistas. Y no los podemos ni ver.

Mi interlocutora hizo una breve pausa mientras pasaba una persona, y me hizo una seña cómplice, como si se tratase de un soplón. Luego continuó.

—Claro, aquí hay mucha gente que lo que quiere es que la dejen trabajar en paz, tranquila. Y los otros siempre vigilando. En estos días se les veía asustados. Y esta mañana, ni una sonrisita, aquí nadie ha celebrado. Esta no es la única oficina en la que estamos así. Ya vas a ver cuando revisen las elecciones, nosotros ganamos. Somos más.

Esa mañana, a pesar de no haber recibido el resultado que esperaba, esta señora se sentía empoderada. El empoderamiento que da el hecho de saberse acompañada. Confiaba en que existen algunas líneas que no se pueden cruzar. Eso, junto a las garantías que ofrece un sistema imperfecto —como la democracia— diseñado para la diversidad. Salí de aquella oficina pública con una sonrisa de bótox, imborrable por el resto del día. Encontré aliento en el sitio menos esperado, en lo que yo hasta hacía unos minutos consideraba el otro lado. Me sentí acompañado. Poco importó el tiempo perdido en el trámite innecesario.

La base de las soluciones de los problemas que intenta resolver la Ley de Simplificación de Trámites está estrechamente ligada a la buena fe: “De acuerdo con la presunción de buena fe, en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, se tomará como cierta la declaración de las personas interesadas, salvo prueba en contrario…” y, más abajo, el artículo 27 establece que los “…órganos y entes de la Administración Pública se abstendrán de exigir algún tipo de prueba para hechos que no hayan sido controvertidos, pues mientras no se demuestre lo contrario, se presume cierta la información declarada o proporcionada por la persona interesada en su solicitud o reclamación.” Buena fe, gran concepto. Implica un reconocimiento entre las partes que requiere confianza. Así pues, yo no necesitaría una solvencia si afirmo que he pagado.

Ese concepto de buena fe, que no es más que el correcto actuar que una parte esperaría de la otra, se encuentra íntimamente ligado a la probidad que se le exige a empleados públicos. La honradez, la condición de ser transparente en en el ejercicio de sus funciones. Entonces, una actuación que no fuese transparente implicaría una traición a la buena fe, una razón para dudar que lo que se está diciendo no es.

He recordado a mi amiga en estos últimos días. Especialmente tras leer (Odalis Monzón), ver (Ricardo Molina) y oír (Leonet Cabezas), amenazas de distintas figuras de la administración pública a funcionarios que no se identifiquen con la opción política que representó Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 14 de abril. Claro, existen instancias a las que estos empleados podrían recurrir para salvaguardar sus derechos, y otras, más socarronas, que deberían activarse de oficio, como la defensoría del pueblo.

Independiente a las defensas y garantías que se desprenden de la regulación laboral que aplica a los empleados públicos (Estatuto de la Función Pública), la simple amenaza a funcionarios que no apoyen una tendencia política, en sí, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. De esos que no prescriben. Por otra parte, es probable que como causal de destitución de estas personas, utilicen la “falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses…” de la revolución y la Patria. Sin fijarse en que el comportamiento de los superiores enmarca perfectamente en el siguiente ordinal de las causales para destituir a un funcionario público: “La arbitrariedad en el uso de la autoridad que cause perjuicio a los subordinados o al servicio.”

De mi señora, me quedo con la imagen de mujer fuerte y segura con que la deje. Justo antes de salir de su despacho, le pregunté si le preocupaba la presión política en el trabajo, ella rió y dijo: “Yo no le debo nada a nadie”. Y me enseñó su meñique pintado de morado.

[Como una nota humorística no relacionada con el fondo de este escrito, al llegar al registro inmobiliario y entregar las cédulas de casados de los compradores del inmueble, me informa la funcionario que en el sistema los jóvenes aparece como solteros, y que será necesario obtener un oficio del SAIME que certifique, en efecto, que esas dos personas no son solteras. Las cédulas lo dicen, pero no importa. En Venezuela la automatización genera más burocracia porque, al parecer, las máquinas no son del todo confiables.]

Raúl Stolk Nevett 

Comentarios (2)

Marìa G de Nevett
27 de abril, 2013

Verdadero y muy bien escrito lo cual es siempre importante .Sigue trabajando en esto

María Carolina Romero
27 de abril, 2013

Disculpe mi ignorancia, pero de que se trata esto de “el asesinato de la Compañía Anónima perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia”?

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