Blog de José Ignacio Hernández

Sala Constitucional del TSJ: el nuevo superpoder vs. la Ley de Amnistía; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 12 de abril, 2016
La Sala Constitucional es el nuevo superpoder (a propósito de la Ley de Amnistía); por José Ignacio Hernández G

Fotografía de Jorge Silva para Reuters

En sentencia de 11 de abril de 2016 la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional poco antes.

Se trata de una sentencia bastante larga —más de cien páginas— con diversas citas (muchas impertinentes, por cierto) empleadas para exponer las razones por las cuales, para la Sala, toda la Ley de Amnistía es contraria a la Constitución de 1999.

En el fondo, sin embargo, nos encontramos ante una sentencia que invade, ilegítimamente, la atribución privativa de la Asamblea Nacional para decretar amnistías.

Asimismo, con esta sentencia la Sala Constitucional continúa la línea que inició luego del 6 de diciembre, orientada a reducir las atribuciones de la Asamblea Nacional, en un drástico cambio de su tendencia, hasta entonces claramente favorable al Poder Legislativo.

Voy a explicar, en términos sencillos, qué fue lo que decidió la Sala Constitucional, y qué podemos esperar a partir de ahora con la Ley de Amnistía.

La amnistía: una facultad limitada de la Asamblea Nacional

Lo primero que analiza la Sala es que la amnistía es una competencia de la Asamblea que queda limitada por la Constitución, con lo cual, toda Ley aprobatoria puede ser controlada por el Tribunal Supremo de Justicia, en especial, para evitar su arbitrariedad.

No hacía falta que la Sala, como hizo, dedicara tantas páginas para explicar esta conclusión, que nada tiene de novedosa: la Ley de Amnistía, como toda Ley, puede ser controlada por el Tribunal.

Lo que sí silenció la Sala, o al menos trató de hacerlo, es que ese control que se ejerce sobre la Ley que decreta la amnistía es un control limitado a aspectos formales y a verificar el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución, que como ya he explicado, excluye de la amnistía a ciertos delitos, como los delitos de lesa humanidad.

Ese silencio de la Sala tiene una relevancia especial. La propia Sala Constitucional había dicho (por ejemplo, en sentencia 1368/2008) que la amnistía es un “derecho de gracia” privativo de la Asamblea Nacional, lo que limita el control judicial que sobre la amnistía puede ejercer la Sala. Un límite que fue ignorado en el presente caso.

No existen condiciones para acordar la amnistía

Ya entrando en el análisis de la Ley, la Sala Constitucional consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgar una amnistía.

Según la sentencia, la amnistía se refiere “a verdaderos momentos de ruptura y la necesidad de instaurar una comunidad política”, condiciones que “no se aprecian como presupuesto y contexto de la situación de autos, lo que invalida de conformidad con la Constitución la ley bajo examen, tal como se evidencia del objeto de la misma (artículo 1) y el resto de sus normas”.

Con este razonamiento, en realidad, la Sala Constitucional está controlando la oportunidad y conveniencia de la amnistía, lo que según la doctrina anterior de la propia Sala, no puede ser controlado.

Es la Asamblea Nacional —y no la Sala— a quien le corresponde valorar si políticamente están dadas las condiciones para acordar la amnistía. Y además, la Constitución no condiciona a la amnistía a ninguno de los requisitos establecidos por la Sala en su sentencia.

No hay amnistía para delitos comunes
ni por sanciones administrativas

La Sala consideró que la amnistía sólo puede aplicar para delitos políticos, y no para delitos comunes, como los establecidos en la Ley aprobada por la Asamblea. Tampoco cabría la amnistía para sanciones administrativas. Por esa razón, para la Sala, esa Ley es inconstitucional.

Me limitaré a realizar tres comentarios.

El primero es que en ninguna parte de la Constitución —que es la norma cuya vigencia debe garantizar la Sala— se limita la amnistía a delitos políticos.

El segundo comentario es que según el artículo 2 de la Ley aprobada por la Asamblea, esa “Ley decreta la amnistía de hechos realizados en ejercicio de libertades ciudadanas y con fines políticos”.

Es decir, que en todo caso la Ley aprobada por la Asamblea se circunscribió a investigaciones y delitos impuestos por fines políticos, al margen de la calificación formal de los delitos investigados o declarados.

Tengo que reiterar que el alcance de la amnistía sólo puede ser definido por la Asamblea, con la única limitación del citado artículo 29 de la Constitución. Cualquier restricción a ese ámbito de la amnistía que exceda ese límite es, por ello, ilegítimo. Y la Sala pretende imponer limitaciones a la amnistía no establecidas en la Constitución.

El tercer y último comentario, es que la amnistía también puede aplicar en materia administrativa, o sea, para sanciones o procedimientos de la Administración Pública. No sólo no hay límite alguno en este sentido en la Constitución, sino que además, así ha sido reconocido en nuestro país.

Los criterios internacionales de derechos humanos

Para la Sala Constitucional, la Ley de Amnistía es inconstitucional pues otorga relevancia a decisiones de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Para ser exactos, en realidad, la Sala no valoró la Ley únicamente tomando en cuenta la Constitución, sino que también la valoró tomando en cuenta sus propias decisiones “vinculantes”, que han declarado inejecutables, por no ser vinculantes, decisiones de esos organismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto demuestra, nuevamente, que la Sala Constitucional controló la conveniencia de la Ley de Amnistía, y no su apego a la Constitución. Pues lo cierto es que, según la Constitución, el Derecho Internacional de los derechos humanos tiene valor superior y, por ende, debe ser tomado en cuenta por la Asamblea Nacional, a pesar de que la Sala haya tratado de desconocer ese valor.

El olvido de las víctimas

Incidentalmente la Sala cuestiona que la Ley no toma en cuenta el derecho de las víctimas. En realidad, sin embargo, como ya expliqué en Prodavinci, la Ley reconoce el derecho de las víctimas a reclamar indemnizaciones civiles y ordena la creación de una Comisión que permitiría atender cualquier reclamo en este sentido.

La defensa de la sociedad

La propia sentencia reconoce que al controlar la Ley de Amnistía, no parte solo de análisis “en términos estrictamente literales de lo establecido en la norma”.  Para la Sala, la Asamblea no actúa en representación del interés general, pues intenta imponer la visión de una “hegemonía” que degeneraría en al anomia social, o sea, en el desorden y caos, en desmedro de la sociedad.

De toda la extensa sentencia, esta es la parte que me parece más grave. Pues con este argumento la Sala podría limitarse a considerar que toda Ley, Acuerdo o decisión de la Asamblea Nacional no representa al interés general, al ser resultado de una hegemonía. Con ello se anularía, de hecho, a la Asamblea Nacional, sin que ese control sea resultado de un estricto análisis jurídico.

Una sentencia que no ejerce
el control de la constitucionalidad

He tratado de resumir una sentencia ciertamente extensa. Hay varios aspectos que han debido quedar por fuera, pues —para no cansar al lector— he preferido limitarme a los aspectos más relevantes de la decisión.

De ese análisis, puedo concluir que la sentencia comentada no es consecuencia del control de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. No se trató, así, de un control objetivo y razonado entre la Constitución —particularmente su artículo 29— y la Ley, sino más bien, de una valoración sobre la inconveniencia de la Ley de Amnistía, lo que claramente excede de la función de control asignada a la Sala Constitucional.

Además, esa valoración, como ataca la conveniencia de toda la Ley, conduce necesariamente a concluir que toda la Ley es inconstitucional –sin perjuicio de la declarada inconstitucionalidad de algunos de sus artículos.

Como la sentencia parte de valoraciones absolutas que niegan, de plano, la amnistía, la Sala Constitucional pretende cerrar, para siempre, el capítulo de la amnistía en Venezuela.

¿Y ahora?

Como pude explicar en Prodavinci, la Sala Constitucional tiene —según su doctrina— la “última palabra”. Al haber declarado de manera absoluta la inconstitucionalidad de toda la Ley, negando de hecho la viabilidad de la amnistía, la sentencia comentada impediría a la Asamblea retomar la discusión de este tema, o insistir en la promulgación de la Ley.

Sin embargo, según la Constitución, es la Asamblea Nacional quien tiene la competencia exclusiva para decretar amnistías, competencia que no puede ser negada de manera absoluta por Sala, y mucho menos, por valoraciones de conveniencia. De allí que la Asamblea puede insistir en la amnistía.

Pero esta sentencia no puede ser valorada fuera de su contexto, que no es otro que el conflicto creciente entre la Sala Constitucional y la Asamblea Nacional.

Un conflicto en el cual la Sala Constitucional, invocando su carácter de “máximo y último intérprete de la Constitucional”, ha cuestionado leyes y decisiones de la Asamblea, en una tendencia que, con toda probabilidad, será reiterada e incrementada, en un intento por reducir a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre.

Sobre la Sala como superpoder, sobre el alcance del conflicto —el cual anticipé en noviembre pasado, como puede verse aquí—  y sus posibles formas de solución, estaré escribiendo próximamente en Prodavinci.

♦♦♦

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José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (15)

oscar bravío
12 de abril, 2016

Antes de que la A. aprobara la “Ley de Amnistía”, algunos analistas discutíamos la posibilidad de postergar la discusión sobre los presos P. hasta después de concretar el Ref. Rev. Sobre todo, después de que la pasada A. nombrará nuevos miembros al TSJ., cuya lógica indica que bloquerán cualquier intento de cambio que proponga la A. actual. La ansiedad de la oposición por el cambio es tal que puede cometerse errores garrafales. Esta Ley enfrenta más oposición del Venezolano de a pie que el R.R. Y aún si se hubiese aprobado habría ocupado gran parte del tiempo que se necesita para materializar el Referendo. Por lo visto, Maduro permanecerá en el poder hasta 2019.

Luigi
12 de abril, 2016

Excelente articulo, me gustaría que cuando se haga referencia a una ley tipo la 29 de la constitución la colocases o por lo menos un resumen para tener noción clara de lo que se habla! Del resto me parece excelente tu argumento.

Rafael Díaz
12 de abril, 2016

Hace más de una década la Sala Constitucional actúa como un superpoder, la “supersala” se le llego allamar, Tambien es de vieja data la invasión de competencias del poder leguslativo.

Olmar Centeno
12 de abril, 2016

Me disculpa, Dr. Hernandez. Pero simplemente no tengo ya ánimo de leer nada que se refiera a las burradas de aquellos colegas nuestros que se sientan a juzgar en los Tribunales de la República, desde el mas alto hasta los que se encuentran en la base de la pirámide, que no es la jurídica de Kelsen. Se que hace usted excelentes análisis, pero he decidido vivir en Nardia y prefiero enterarme de las barbaridades que se cometen lo mas tarde posible. Y, de ser posible, olvidarme de que alguna vez estudié derecho

Roberto Q uijada
12 de abril, 2016

Magistral exposición del Prof. y Dr. Jose Ignacio Hernández Excelente interpretación, del todo en caso Simonovis esperemos ver mas pronto que tarde la culminación y sobre seimiento del caso

LUIS CATARI
12 de abril, 2016

La sala constitucional del tsj, declara inconstitucional la CNRBV, SOLO La sala constitucional del tsj es constitucional, declara inconstitucional a todo el pueblo que votó el 6 de diciembre que eligio 112 diputados de la oposicion apatridagolpistaderechista. Asi todo lo aprobado por la AN no será aprobado, no incluye todos aumentos y regalias por los buenos oficios que a bien decrete el ejecutivo a los magistrados en sus sueldos, salarios, coimas, mordidas, bajes de mula, u otra denominacion que aumente los precarios salarios por la defensa de la patria socialista…

RAMON DANIEL CONTRERAS BARRAGAN
12 de abril, 2016

COMENTARIO CON RESPECTO A LOS “MAGISTRADOS” DEL TSJ

Cualquier parecido con lo que sucede actualmente año 2016 no es pura coincidencia, es el ADN propio de los que para desgracia de Venezuela, han ocupado los altos cargos en la Vindicta Publica “Yo aquí no llegue por mis merecimientos, sino por la política”; aquí no soy juez, sino político, aquí no tengo que hacer “con la Ley, sino con mi jefe”, decía un miembro de la Alta corte, en las deliberaciones de un asunto en que tenía interés el déspota de entonces: el Restaurador. Tomado de ADULADORES Y ADULADOS Marcados por la Historia. De Pedro María Morantes (Pio Gil) en el Panfleto Rojo, escrito en 1913

Diógenes Decambrí.-
12 de abril, 2016

“sentencia bastante larga más de 100 páginas con diversas citas (muchas impertinentes)”: Esa será la tónica en todas las arbitrarias decisiones del TSJ, que grosera e irrespetuosamente (RESPECTO DE LAS LEYES QUE ADULTERA EN SU ESENCIA, RESPECTO DEL PUEBLO CUYA VOLUNTAD Y SU CAPACIDAD DE ENTENDIMIENTO PRETENDE DESCONOCER) avala la estrategia del oficialismo para anular al Poder Legislativo, al que perdió por la vía electoral ante el mundo entero, testigo hasta ahora mudo de los atropellos al marco de la Democracia que derivan de ese agavillamiento del ejecutivo y los poderes restantes, todavía bajo control del castrochavismo. PAJA en exceso para maquillar exabruptos jurídicos y posponer el inevitable colapso total del régimen. La AN ha debido primero FUMIGAR, eliminar todos los infiltrados fuera de lapso y sin cumplir requisitos, luego LEGISLAR. Con este TSJ estamos en un círculo vicioso (en esas condiciones ellos se nutren y fortalecen). Aún hay tiempo para “desproclamar” coleados.

Carlos M. Garrido
12 de abril, 2016

Estimado José I. Hernandez, el contenido de la Ley de Amnistía ya aprobado por la Asamblea Nacional señala en su articulo 5 que se concede la amnistía a los delitos o faltas cometidos entre el 03/12/2007 y el 31/12/2015, inmediatamente el articulo 6 concede la amnistía a una serie de hechos considerados como delitos, unos mas graves que otros, por lo que le pregunto ¿Considera usted de verdad justo perdonar a un grupo de “manifestantes” que se haya reunido para amenazar, saquear, incendiar y destruir el local de un comerciante para robar productos de su negocio y con ellos fabricar artefactos explosivos para ser “usados” en una manifestación política? (Porque eso es lo que ampara dicha norma: la intimidación, agavillamiento, incendio, daños a la propiedad, fabricación y porte de explosivos, etc.) ¿Usted de verdad cree, desde el fondo de su corazón, que podemos tener una reconciliación en esos términos? Sr. Hernandez, ¡Ni siquiera la guerrilla colombiana ha solicitada tanta impunidad!!

Angel Zambrano
12 de abril, 2016

Gracias una vez más José Ignacio. Tu resumen es claro y contundente. Sin embargo no presenta ninguna novedad. Ya se sabe que el proceder de la Asamblea Nacional será permanentemente bloqueado por el TSJ y este es sencillamente un episodio más.

Es triste que la conclusión de todo esto sea que la voluntad de un pueblo se vea anulada por un grupúsculo auto erigido como supremo de supremos.

Mucho me temo que Oscar Bravío tiene razón: Nicolas Maduro seguirá siendo presidente (que no gobernando) hasta el 2019. Así de sencillo.

Oswaldo Parada
13 de abril, 2016

Siempre hay que recordar que este TSJ (Sala Constitucional)claramete es un Tribunal Politico con franca tendencias Comunistas y no Constitucionalista; no podiamos esperar menos de este tipo de personas que presiden dicha SC, que un rechazo generalizado de la Ley aludiendo argumentos carentes de base juridicas y arrogandose poder que no les son afines a su Investidura y que al final producen y es lo que buscan la decepción de la oposición al menoscabar las funciones de la AN . Si mas no recuerdo en unos de los primeros discursos del Difunto el le hablo claro al pueblo y cito ” CAMBIO TODAS LAS GOBERNACIONES DEL PAIS POR TENR MAYORIA DEN LA ASAMBLEA NACIONAL”, el muy bien tenia conocimiento que la AN es un poder con el que se puede modificar el sistema de vida del venezolano. Yo rechazo TOTALMENTE a ese poder derivado TSJ y lo declaro impio para poder ejercer atribuciones que no les son competentes. La AN debe continuar ejerciendo sus atribuciones y Poder que el pueblo le encomendo.

Jose
13 de abril, 2016

Excelente exposición ,.lamentablemente el tribunal supremo de jalabolas continuará en contra de cualquier ley propuesta por la asamblea..Se debería publicar un listado de los miembros de esa sala,mencionando su formación académica y su carrera, para conocer si son ligeramente merecedores de su puesto

Eddy León Barreto
13 de abril, 2016

La constitución es como la biblia, cada quien la interpreta a su real conveniencia. Hay que ir a una Asamblea Constituyente para darnos una constitución clara,precisa, como se dice, al pan pan y al vino vino. Una constitución transparente, que la entienda el sin estudios y el letrado. Que no sea blanco de manejos sucios como los que hacen los magistrados express de la Sal Constitucional. Que se cree otro tribunal para castigar a los que mailterpretan la Constitución.. No es problema de semántica. Si la Constitución dice que las Fuerzas Armadas es apolítica, eso tiene que cumplirse , y listo. O que para ser residente se tiene que ser venezolano por nacimiento y listo. No mas marramucias de leguleyos y de magistrados servidores de un partido. A una Constituyente apuesto. Pero antes, todas las fuerzas para revoca a un presidente ignorante y extranjero.

gerardo
13 de abril, 2016

La Asamblea Nacional deberia legislar sobre las consecuencias penales que van a tener estos magistrados cuando el régimen caiga, para que no vayan a alegar la irretroactividad de la Ley. Un juez constitucional que no reconozca la voluntad popular y la mayoría democrática es solo una piltrafa tarifada para destruir la vida institucional del pais. Me parece la peor perdida de tiempo, leer 100 paginas de aberraciones e imbecilidades pseudo juridicas escritas por puros miembros del PSUV, es de verdad patetico y triste que esto este pasando en un pais donde no hay como curarse de ninguna enfermedad. Menos mal que la jurisprudencia de Nuremberg todavia se le aplica a los jueces del horror.

Pedro Hernandez
14 de abril, 2016

Estimado profesor, y estimados foristas opositores, lo q se palpa en la calle y esto lo digo como chavista pero haciendo un ejercicio d autocritica, uds sres opositores tienen q entender q si nosotros no tenemos confianza en la oposicion es xq tenemos hechos historicos q nos avalan, los sucesos d abril del 2002 puso en evidencia un mal manejo x parte d la oposicion del poder q obtuvo, d manera ilegal x cierto, muchos chavistas y m incluyo fuimos victimas d presecusion, fuimos heridos y todo x el solo hecho d ser chavistas, despues se dieron otros aconytecimientos q lamentablemente pusieron d manifiesto las intenciones violentas d un sector d la oposicion, xq hay q reconocer q no son todos, pero no hay un deslinde claro d parte d la oposicion racional, si la oposicion no tiene en cuenta lo q he expuesto e insiste en no reconocer sus errores aqui no habra reconciliacion, el opositor d a pie deberia hacer ver estas cosas a sus dirigentes, estoy seguro muchas cosas cambiarian para bien!

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