Blog de José Ignacio Hernández

La Sala Constitucional declaró vigente el Decreto de Emergencia ¿Y ahora?; José I. Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 11 de febrero, 2016

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Luego de unos días de calma, el conflicto entre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional presenta un nuevo capítulo: mediante sentencia N° 7, del 11 de febrero de 2016, la Sala Constitucional interpretó que el Decreto de Emergencia Económica está vigente.

Ahora bien, como se recordará, luego del correspondiente debate la Asamblea Nacional decidió no aprobar el Decreto de Emergencia Económica, con lo cual, ese Decretó perdió vigencia.

Pero ahora la Sala Constitucional interpretó que ese Decreto sí está vigente.

¿Y entonces?

La interpretación solicitada a la Sala Constitucional

El tres de febrero de 2016 se solicitó a la Sala Constitucional que interpretara si el Decreto de Emergencia Económica debía entenderse vigente. La solicitud, bastante larga por lo demás, requirió a la Sala analizar la consecuencia de la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el Decreto de Emergencia.

Lo que dijo la Sala Constitucional

Como en muchas de sus decisiones, esta sentencia de la Sala Constitucional es bastante larga y está repleta de cita de autores que, muy probablemente, estarían en contra de lo que la Sala Constitucional dijo.

La larga sentencia puede en todo caso ser resumida así: para la Sala Constitucional, el control que ejerce la Asamblea Nacional es un control político, que como tal, no puede afectar “la legitimidad, validez, vigencia y eficacia” del Decreto.

Para decirlo en lenguaje común: para la Sala Constitucional, la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el Decreto es jurídicamente irrelevante.

Ahora bien, muy al contrario de lo sostenido por la Sala Constitucional, el sentido claro de la Constitución de 1999 y de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, es que el control de la Asamblea, que es un control político, produce efectos jurídicos directos sobre el Decreto. Por ello, la decisión política de no aprobar el Decreto produce el efecto jurídico de extinguir ese Decreto.

Esa solución es muy clara en el artículo 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Esa norma dispone que cuando la Asamblea niega la aprobación del Decreto, cesa incluso el control que sobre el propio Decreto debe ejercer la Sala Constitucional.

¿Y cómo interpretó la Sala Constitucional ese artículo 33? Como la norma no permitía torcer su sentido, la Sala optó por “desaplicar” esa norma, estimando –sin fundamento- que ella era contraria a la Constitución.

Lo que no dice la Sala Constitucional es que la solución del artículo 33 está contenida en la exposición de motivos de la Constitución. Ello tampoco hubiese sido relevante, pues en suma, para la Sala Constitucional, la propia exposición de motivos de la Constitución puede ser, incluso, inconstitucional.

La sesión que nunca se dio

Además, la Sala Constitucional consideró que la Asamblea Nacional violó una “forma esencial”, al no haber realizado una sesión dentro de las 48 horas siguientes a la publicación del Decreto.

Ciertamente, el artículo 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción dispone que el Decreto “será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto”.

Pero también es cierto que ese mismo artículo dispone que “si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, éste se entenderá aprobado”. Con lo cual –como fue incluso señalado en la sesión en la cual el Presidente de la República entregó el Decreto- el lapso con el cual contaba la Asamblea para pronunciarse sobre el Decreto era de ocho días y no de 48 horas.

Pero esta discusión es en todo caso irrelevante. Incluso si la Asamblea se hubiese pronunciado dentro del lapso de 48 horas, la Sala Constitucional hubiese dicho que ese pronunciamiento es jurídicamente irrelevante. Esa conclusión es el verdadero punto que debe llamar la atención en la sentencia.

 ¿El Decreto de Emergencia está entonces vigente?

Para la Sala Constitucional, y a pesar de la decisión de la Asamblea Nacional, el Decreto de Emergencia Económica se mantiene vigente, pues la decisión de la Asamblea Nacional carece de contenido jurídico preciso.

Por ello, el Presidente de la República podrá dictar cualquiera de las amplísimas medidas que el Decreto de Emergencia Económica contiene.

 ¿Y qué puede hacer ahora la Asamblea Nacional?

Dentro de las muchas alternativas constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, ésta podría decidir revocar el Decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución. De esa manera, esa norma permite a la Asamblea revocar el Decreto antes de que venza su lapso de vigencia “al cesar las causas que lo motivaron”.

Pero la sentencia de la Sala Constitucional se encargó de anticipar esa decisión de la Asamblea.

Así, en la sentencia se concluye que la revocatoria de la Asamblea Nacional solo procede respecto de la prórroga del Decreto, pero no respecto del Decreto original, lo cual, por supuesto, cambia el sentido del artículo 339 de la Constitución.

Pero además, la sentencia advirtió que esa eventual revocatoria de la Asamblea sería controlada por la Sala Constitucional. Y con toda seguridad, la Sala procederá a señalar que la revocatoria acordada por la Asamblea no tiene efectos jurídicos.

En resumen, la sentencia de la Sala Constitucional pretende incluso impedir a la Asamblea Nacional el control posterior sobre el Decreto.

La Sala Constitucional vs. la Asamblea Nacional: desconociendo la representación popular

Esta sentencia de la Sala Constitucional no debe sorprendernos. Ya había advertido, aquí en Prodavinci, cómo la Sala Constitucional, abusando de sus funciones, podía “anular” a la Asamblea Nacional.

Ese riesgo hoy se ha materializado. Pues en resumen, la Sala Constitucional, en contra del texto expreso de la Constitución, ha señalado que la función de control político de la Asamblea Nacional es jurídicamente irrelevante.

Es decir, que para la Sala Constitucional, la representación política y popular que ejerce la Asamblea Nacional es no genera efecto jurídico alguno. Esto equivale, ni más ni menos, que a desconocer a la Asamblea Nacional, y con ello, a la propia democracia.

Con su sentencia, además, la Sala Constitucional reivindica la tesis según la cual ella está por encima de la Asamblea Nacional, en su condición de “intérprete único” de la Constitución.

Los votos en la Sala Constitucional, por ello, quieren valer más que los votos de la mayoría democrática representada en la Asamblea.

♦♦♦

Ésta fue la recomendación de Felipe Pérez Martí a la AN sobre el decreto de emergenciaÉsta fue la recomendación de Ronald Balza Guanipa a la AN sobre el decreto de emergencia 640x60Decodificando el Decreto de Emergencia Económica; por Anabella Abadi y Carlos García Soto

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (35)

Maikol
11 de febrero, 2016

Es increíble la incoherencia con la que el TSJ dicta las sentencias, y lo peor es que se basan en artículos de una Constitución que ellos mismos pisotean o desaplican cuando no conviene. Es tanto así, que solo desaplicaron el articulo por control difuso, porque están completamente seguros que en algún momento necesitaran de ese articulo, sin embargo, cualquier falacia siempre dictaran siguiendo la tesis de “interprete máximo de la Constitución Nacional”. Este estrada y opinión concreta del Abg. Hernandez es suficiente para abrir espacios de debate donde sean los verdaderos abogados de manera objetiva quienes muestren la realidad de las leyes, su aplicación, alcance, vigencia y constitucionalidad; por supuesto sin dejar de lado las criticas que deben hacerse a sentencias como estas.

Ivan Olaizola D’Alessandro
11 de febrero, 2016

Si eso fuese así entonces para que c….se envió el decreto a la AN? Yo lo que creo es que ahora la AN debería buscar un procedimiento jurídico, constitucional, para neutralizar o destituir a los magistrados del TSJ. O llamar a una desobediencia civil al pueblo y desconocer al TJ, creo que la constitución lo prevé.

Miguel E. García
11 de febrero, 2016

Es lamentable que la actitud del gobierno sea la negación absoluta de su realidad incuestionable. La sala constitucional pasaría a ser más bien anticonstitucional, los poderes y el conflicto entre ellos no tendrían ninguna capacidad de resolver ningún problema y eso nos aterra a todos, no creó ser alarmista, pero la verdad es que el gobierno parece patalear como un niño en pleno berrinche porque no le dejan ver televisión, mientras que la ciudadanía, la gente, el venezolano de a pie debe intentar aguantar la crisis… Esto ya no será tema de sobrevivientes, sino de supervivencia…

John M.
11 de febrero, 2016

Yo creo que cuando se refiere al articulo 33 de la Ley de Estados de Excepcion esta mal. El articulo que habla del tema es el 34. Artículo 34. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado de excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia.

rodolfo l p
11 de febrero, 2016

dado la interpretacion esgrimida y en conformidad a la decision judicial de desconocer es sentido originario de la exposicion de motivos de la propia constitucion, éta esta declarando juridicamente inconstitucional a la propia constitucion lo que resulta en un exabrupto y su declaratoria derivada es que decretara un golpe de estado factico y haciendo invalida la propia carta magna quedando pues la discrecionalidad de todos los hechos subsecuentes al criterio del propio presidente lo que en la declarada facticamente derogada carta constitucional la activacion del articulo 350 como unico razonamiento valido en la presente carta derogada como en la anterior que se activaria consecuentemente como marco juridico legal provisional

gerardo
12 de febrero, 2016

Instaurada la dictadura en este miserable pais y sin vias de escape de estos satrapas que se niegan a reconocer la mayoria electoral, no queda otra via que convocar una constituyente para tratar de evitar la guerra civil, que es inminente.

yovanis
12 de febrero, 2016

Ley de Estados de excepcion articulo 34, agota la instancia para el pronunciamiento.

Luis Carrera
12 de febrero, 2016

Entonces para que se va a unas elecciones democraticas si un poder que no fue elegido por el pueblo (TSJ) es quien tiene mas poder sobre los demas?. Que hacemos los ciudadanos que creemos o nos hacen crfeer sobre una democracia?. Verdaderamente estamos en una OCLOCRACIA.

EL VIEJO
12 de febrero, 2016

con lo que ud explica aqui es que nosotros el pueblo no tenemos representacion y la unica forma es igualar mas uno la cantidad de jueses en el tsj para pode subsanar esta falla de origen o sea que si es bien analizado esto es un golpe de estado a la constitucion

luis piñango
12 de febrero, 2016

Bueno,como queda entonces la situación? Un eterno toma y dame y nunca abrá soluciones?

Maurizio Grandi
12 de febrero, 2016

Respetado Dr. Su análisis es muy acertado , como siempre. Sin embargo no contesta su propia pregunta de “y ahora que?”. Creo que la respuesta inmediata, para hoy mismo o con la máxima urgencia , es la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de reunión de emergencia de la Asamblea Nacional. Me gustaría oír sus comentarios al respecto.

ciro aldana prias
12 de febrero, 2016

Primero, debe existir la buena fe y la buena intención entren los poderes del Estado, para que con sus colaboraciones coadyuven a solucionar los problemas que presentan la sociedad y que afectan por ende al pueblo como un todo. Todo indica que la actual Asamblea Nacional desde su instalación solo se ha dedicado a sabotear y cuando menos a abstruir el normal funcionamientos de los otros poderes, sobre todo del ejecutivo, y que su único fin y propósito es salir por cualquier medio del presidente de la república. No a esa Asamblea apátrida, no a esa Asamblea declarada enemiga del pueblo.

Pablogerson
12 de febrero, 2016

Queda plenamente establecida la intención del gobierno de utilizar al TSJ como actor político. Semejante “torcedura” del Estado de Derecho y de Justicia no tiene otra solución sino la de cambiar radicalmente el actual de la administración de la nación. Debemos trasladar el estado de cosa a un verdadero Estado Repúblicano equilibrado que garantize a los ciudadanos y a las instituciones el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Si el gobierno-TSJ para el cumplimiento de sus fines deja sin efectos (lo cual ni es la primera ni será la última) algunas normas inconvenientes a sus fines politicos, no merece seguir en ese camino. Es como darle una patada a la mesa y hacer coleo.Ganar con cara y sello es una aberración dentro del Derecho.La decisión del TSJ asumida, tras derogar una de las normas “fastidiosa” de la Ley Orgánica de Estado de Excepción es inaceptable de acuerdo a la Constitución de la “república” Bolivariana de Venezuela.La Constitución tiene que defenderse de estos aberrados.

maria garcia
12 de febrero, 2016

Aja y entonces????? que va a hacer la Asamblea Nacional al respecto?????

JESUS CARAO
12 de febrero, 2016

las dos partes son contradictorio inclusive su opinión ya que si no es necesario para la asamblea el decreto de emergencia económica entonce por que si ellos quieren aprobar una emergencia alimentaria y una emergencia a las medicinas he insumos médicos o es que eso solo esta de emergencia. es mi pregunta acaso no somos nosotros los venezolanos y los que vivimos aquí que en realidad estamos de emergencia pero una emergencia que las dos corrientes políticas dejen de jalar la cuerda que están ahorcando es ha nosotros

leopoldo torres
12 de febrero, 2016

Vemos como tratan de impedir a como de lugar el funcionamiento de las instituciones elegidas por el pueblo, que desea un cambio radical un un gobierno ineficaz, deben de tomarse todos los argumentos Legales para hacer valer los derechos de la asamblea dados por un pueblo esperanzado en recuperar la autonomía de los poderes.

Reeko
12 de febrero, 2016

¿Entonces no hay forma de que la Asamblea ejerza su poder sobre un poder que tecnicamente es “subordinado” de ella misma?

Angel Zambrano
12 de febrero, 2016

De toda esta diatriba solo agradezco una cosa: tus siempre bien apreciada exposición José Ignacio. De veras la estaba esperando.

Lamentablemente también estuve esperando este nuevo episodio donde el TSJ se enfrenta y anula totalmente cualquier actuación de la Asamblea Nacional. Es tan así que se empeña en hacerlo que, como bien señalas, “la sentencia de la Sala Constitucional pretende incluso impedir a la Asamblea Nacional el control posterior sobre el Decreto”. Algo similar ocurrió con aquel “desacato” de la Asamblea Nacional por la juramentación de los diputados electos por el estado Amazonas: se declaraba nulo cualquier acto futuro e incierto. ¿Esa es la muestra del estado de derecho ejemplar que tanto pregonan?

¡Cuánto estupor! Estamos a merced del hampa en las calles… y en el TSJ.

pancho pepe
12 de febrero, 2016

Pareciera que al Dr. Hernández se le secó la fuente de la inspiración jurídica con la cual ha saciado la sed de conocimientos de tantos que seguimos sus artículos. Da la impresión que ahora si es verdad que llegamos al llegadero y el derecho ha sido la primera víctima del fulano TSJ.

Irma Sànchez de Dìaz
12 de febrero, 2016

Buèn artìculo como siempre Josè Ignacio, eso se veia venir, nunca este Gobierno ni en manos de Chavez y ahora de Mauduro, ha sido democràtico.Lean el Art.339 y vean como se viola Constituciòn.Este Gobierno no puede desconocer a la Asamblea Nacional, ya que fue electa democràticamente por el pueblo Venezolano, hacer eso lo consideraremos un Golpe de Estado al Poder que dicta y discute y aprueba las leyes de este Paìs VENEZUELA. Es todo.

alirio
12 de febrero, 2016

******** INDAGAR,REVISAR,CONCLUIR Y PUBLICAR ******** Ética,moral,transparencia,solidaridad,lealtad,fidelidad etc de cada uno de los miembros de la asamblea nacional,así como los de la sala constitucional********Eso nos permitirá ir mas halla del control político o del jurídico******** **El hombre cuerdo encubre su saber;Mas el corazón de los necios publica la necedad** Proverbios 12:23

Rodrigo J. Mendoza T.
12 de febrero, 2016

Sin necesidad de escarbar mucho o de hacer gimnasia hermenéutica, la Sala – una vez más – ha dicho: “el derecho es lo que yo quiero”. Los argumentos jurídicos han ido desdibujándose – desde hace tiempo – para concluir en: “tengo el poder, interpreto la Constitución desde el poder político, impongo mi voluntad”. La dictadura pura y dura es más honesta que esta fiesta de disfraces, que de puro grotesco se ha convertido en circo. Si no hay una reacción muy fuerte ante esta burla sangrienta, la oposición de la Asamblea le estará dando la razón a quienes la han acusado de colaboracionista y cómplice.

Julio Bolívar
12 de febrero, 2016

Un gobierno que quiera resolver los problemas que nos aquejan no necesita vigencia o no de un decreto de emergencia, ni decreto ni nada, la emergencia la causó el mismo gobierno, lo que necesita es trabajar honestamente. Eso todo. Lo grave es un tribunal desconociendo a la Asamblea Nacional que elegimos. Mientras están en eso, la situación empeora.Están jugando a una explosión para repartir las culpas. Pero ya sabemos como es la cosa. Paciencia hasta el revocatorio.

hector escalona
12 de febrero, 2016

la constitucion es clara y no es necesario ser abogado para entender los articulos sobre la declaracion de estados de emergencia, alli establece que: 1. El ejecutivo promueve y establece la declaracion de emergencia 2. El poder legislativo aprueba o no dicha declaracion 3. El poder judicial establece solo si es legal o no Supongamos que el ejecutivo por desordenes establece la declaracion de emergencia y propone la pena de muerte, el ligeslativo la aprueba pero esta en poder de la corte suprema indicar que esta ley choca con con la constitucion y la puede suprimir, la corte suprema no puede legislar sobre lo no escrito su guia es la constitucion, ahora si el legislativo la rechaza la corte no tiene nada sobre que indicar si es legal o no, ya que no hay materia sobre que discutir al ser rechazada la ley, se busca que no se aprueben leyes anticonstitucionales pero no tiene poder para autorizar aun siendo ajustadas esta a la constitucion

EL VIEJO
12 de febrero, 2016

segun lo que ud explica arriba en su ponencia no hay forma ni articulo de cbv que pueda voltear la tortilla ahora comodice es de caracter jurico pero la decicion de a n es de caracter politico en ese caso se puede invocar el 25 que si es vinculante junto con el 339

Carlos Russi
12 de febrero, 2016

Zapatero a su zapato ….. Es un decreto de emergencia “económica”, la Asamblea Nacional elegida recientemente en soberanía popular, designa una comisión especial para el tema “Económico”, en dicha comisión hay miembros competentes al respecto del tema “Económico” (no hay odontólogos, veterinarios, etcétera …., con el debido respeto a esos profesionales y profesiones); además se consultaron personas “competentes” al tema referido: “Económico” (caso: Diputado Guerra a Felipe Pérez Martí, entre otros ….), se produce una respuesta concertada, técnica, objetiva y razonada, Resumen: “No” al decreto de emergencia “económica”. El TSJ, No da una razón “Económica”, rebusca alegatos “Jurídicos”, para complacer a una alternativa rechazada técnica y objetivamente, de un postulante que es el responsable de la emergencia, que ha tomado malas decisiones y demostrado mala y desacertada gestión “económica”. A mi parecer, se evidencia la gran influencia del Ejecutivo sobre el TSJ, así como la subordinación del TSJ al Ejecutivo, más claro imposible ….

Fernando Baez
13 de febrero, 2016

Ayer el Pdte de la AN hizo referencia a lo establecido en la exposicion de motivos de la constitucion. Esta claro que la sala constitucional en su mala fe cometio un error inexcusable

La AN deberia procesar a los 7 ponentes y solicitar su destitucion y despues llamar al pueblo a presionar en la calle hasta lograr imponerse

La AN es nuestro representante, pero cuando se le tranque el serrucho debe escalar el problema hacia el pueblo

Aqui la exposicion de motivos

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/181175-1173-28815-2015-2015-0979.HTML

Diógenes Decambrí.-
13 de febrero, 2016

“No a esa Asamblea apátrida, no a esa Asamblea declarada enemiga del pueblo”, evidencia la condición enfermiza del chavista duro, que rechaza la realidad (que la mayoría del pueblo VOTÓ a favor del CAMBIO y ELIGIÓ a esa mayoría calificada de la nueva AN), y se aferra a la ficción goebbeliana que difunden los medios de la hegemonía comunicacional del régimen castrochavista. Menos de 40 activistas del PSUV, electos por el dedo inmarcesible del difunto, o el dedo indocumentado del sucesor, que han gritado a coro ¡Uh Ah, Chávez no se va ! y ¡ Chávez Vive !, pretenden desconocer al Poder Legislativo ELECTO por la MAYORÍA del Pueblo, en quien reside la Soberanía Nacional. Tienen la palabra los Colegios de Abogados del país, todos los Gremios genuinamente representativos, y los organismos internacionales a los que competa fijar posición ante este obvio exabrupto dictatorial e ilegal.

Fernando Baez
13 de febrero, 2016

La oposicion debe combinar una Enmienda que elimine la re-eleccion indefinida y destituya al TSJ para su total re-estructuracion, mas un Revocatorio tardio, que obligue a la salida de Maduro, pero que deje al chavismo en el poder hasta terminar este periodo.

– A los votos de la oposicion, se sumarian los votos de los chavistos descontentos con la situacion actual – El chavismo, al perder revocatorio, quedaria en extrema debilidad y el socialismo muy desacreditado – El chavismo aun en el poder, se veria obligado tomar las medidas economicas drasticas que la situacion obliga – La Oposicion tendria mucha fuerza. Sin el TSJ en contra, podria controlar al Ejecutivo y investigaria la corrupcion con los chavistas en el banquillo, respondiendo interpelaciones – La gente terminaria el periodo constitucional obstinada del chavismo _ El proximo presidente podria gobernar 6 años en paz, con chance de solo una re-eleccion – Los Venezolanos habran quedado vacunados del socialismo oclocratico

Edgard Eugenio Chaparro González
13 de febrero, 2016

Considero que haga lo que haga la Sala Constitucional en su condición abrogada de “intérprete único de la Constitución”, le corresponde a la Asamblea Nacional preservar el Estado de Derecho, previsto en el artículo 2 de la norma suprema, y este concepto está muy por encima de los criterios que en sentencias emitan los Magistrados de las Salas en el Tribunal Supremo de Justicia, en los ámbitos establecidos en el artículo 2 de la Constitución Nacional, en sujeción, acato y cumplimiento de la norma suprema y del ordenamiento jurídico venezolano, según lo establecido en el artículo 7 y 131 de la Constitución Nacional, así la Asamblea Nacional, podrá y deberá emanar toda Ley que decidan discutir y aprobar, gústele o no le guste al Tribunal Supremo de Justicia, siempre y cuando no viole la Constitución y el ordenamiento jurídico venezolano.

María Guerrero
13 de febrero, 2016

La Asamblea nacional ya se lavó las manos. Leí el decreto desde el punto de vista de la Economía y así no se reactiva la economía de un país, quien hizo el decreto no tiene idea de como entrarle a la crisis económica… De la mano con este decreto seguiremos igual y empeorando. Un gobierno no puede combatir la inflación estableciendo controles, la inflación se combate logrando un gran consenso con la población y haciendo que ésta se decida a producir cualquier cosa, todo lo que se pueda producir… los gobiernos solo toman las medidas y se hacen garantes de que la población las cumpla y pueda colocar en mercado la producción como observadores.

Matos Leonel
13 de febrero, 2016

En el preámbulo de la C.R.B.V se establece que ” El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, EL EJEMPLO HISTÓRICO DE NUESTRO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR (….)” ¿Por que entonces el TSJ viola ese principio constitucional relacionado al ejemplo histórico del libertador? Entonces habrá que recordar les que el dijo en algunos de sus pensamientos lo siguiente: ” Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral” ” Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos” “Infeliz del Magistrado que, autor de las calamidades o de los crímenes de su patria, se ve forzado a defenderse ante un tribunal del pueblo de las acusaciones que sus ciudadanos dirigen en su contra”

nelson ponce
14 de febrero, 2016

Lo que los venezolanos intuimos a continuacion con respecto al proceder del TSJ. Es que todo lo que dictamine la Asamblea nacional va a ser inpugnado por ellos. El TSJ. va a ser el peto, o cuerpo de choque contra todas las leyes que emita la Asamblea Nacional maniatando asi la vida institucional del pais. El gobierno ya se ve, que pretende divorciar la vida del pais de las decisiones de la asamblea Nacional. La cual parece ser que quedará para vestir santos. Y el ilustre Ramos Allup el obispo de semejante orfandad acefala de las grandes decisiones del pais.

Alex
14 de febrero, 2016

No hay nada que analizar, se trata de una dictadura, analizar estos casos es inutil, tan solo se debe buscar salir del regimen y lo mas dificil, sin sangre

Dario P.L.
14 de febrero, 2016

Sin Ley habilitante, el Presidente estaba obligado a solicitar la aprobación y obtenerla por parte de la Asamblea Nacional, del Decreto de Emergencia Económica, requisito jurídico que por su importancia no constituye un saludo a la bandera, sino todo lo contrario, significa la aplicación del artículo 34 de la Ley de Estado de Excepción, normativa que concretiza y desarrolla la genuina y legítima expresión constitucional del principio de Control de los Poderes Público en democracia. Por tanto, cualquier medida o acto de expropiación de un bien privado fundamentado por el Presidente con base en ese Decreto improbado, no pasa de ser un simple y vulgar robo, producto de la barbarie a la cual nos está llevando esta mafia comunista que irresponsablemente está destruyendo nuestra institucionalidad, y con ello el país entero. Adelante Asamblea Nacional. Hay tiempo y prisa para salvar al país y crecer luego como nación.

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