Blog de José Ignacio Hernández

La inconstitucional designación de los rectores del CNE; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 27 de diciembre, 2014
“Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana”
Juan Pablo II

La inscostitucional designación de los rectores del CNE; por José Ignacio Hernández 640

0. Algo de contexto. La Sala Constitucional, en sentencia de 26 de diciembre de 2014, procedió a designar a tres Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus suplentes. La sentencia fue dictada al declararse la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional en designar a tales Rectores. La sentencia, tanto en el procedimiento seguido como en su contenido, viola a la Constitución, por las razones que resumo a continuación.

1. El intento de designación de los Rectores del CNE por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional inició el trámite para designar a los rectores del CNE, pero en la sesión del 22 de diciembre de 2014 no se obtuvo la votación mínima necesaria para ello: las dos terceras partes de sus integrantes. Por ello, el Presidente de la Asamblea anunció que la designación sería efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia.

2. La solicitud de “omisión legislativa”. Según explica la sentencia, el mismo 22 de diciembre el Presidente de la Asamblea Nacional solicitó a la Sala Constitucional que declarara la omisión legislativa de la Asamblea Nacional y procediera a designar a los Rectores del CNE.

La “omisión legislativa” es una demanda que puede ser presentada ante la Sala Constitucional para que ésta declare que el Poder Legislativo –en este caso, la Asamblea Nacional– no ha dictado una Ley u otra decisión necesaria de acuerdo con la Constitución.

De conformidad con la Constitución, en tales casos, la Sala puede (i) declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de la Asamblea y (ii) “establecer el plazo y de ser necesario, los lineamientos de su corrección”.

Como puede observarse, la Sala Constitucional, luego de declarar que la Asamblea no ha dictado la decisión prevista en la Constitución, puede ordenar a la Asamblea a que proceda a dictar esa decisión, y como mucho, podrá dictar los lineamientos para que esa decisión sea dictada. Pero la Constitución no permite que la Sala dicte la decisión –o la Ley– que no fue acordada por la Asamblea Nacional.

En el pasado, la Sala Constitucional se había ajustado a la Constitución, por ejemplo, declarando la omisión de la Asamblea en dictar la Ley del Poder Público Municipal y fijando un lapso para dictar esa Ley. Pero a la Sala no se le ocurrió sustituirse en la Asamblea y dictar, ella misma, la Ley omitida.

3. El antecedente del 2003. Eso fue así, al menos, hasta el 2003. Entonces, sucedió algo parecido al caso que comento: la Asamblea Nacional conoció de la omisión legislativa en la designación de los Rectores del CNE. Así, en sentencia de 25 de agosto de 2003, la Sala Constitucional de entonces designó, de manera provisional, a los Rectores del CNE, visto que la Asamblea no había podido cumplir con esa designación.

Sin embargo, el procedimiento entonces seguido fue distinto, pues la Sala siguió un previo juicio.

En efecto, en sentencia de 12 de junio de 2003, la Sala Constitucional decidió iniciar el proceso para determinar si existía o no la omisión de la Asamblea Nacional en designar a los Rectores del CNE.

Posteriormente, en sentencia de 4 de agosto de 2003, la Sala Constitucional declaró la omisión de la Asamblea y le ordenó designar a los Rectores en un lapso de diez días.

Como esa designación no se cumplió, entonces, la Sala procedió a designar provisionalmente a los Rectores –junto a otros funcionarios más- en la citada sentencia de 25 de agosto de 2003.

Es curioso que siendo éste el único antecedente en la materia, no haya sido citado por la sentencia de la Sala Constitucional de 26 de diciembre. Probablemente fue así, pues la Sala ignoró ese antecedente al designar a los Rectores sin previo juicio.

4. La inconstitucional designación del CNE. Como ya señalamos, la Sala Constitucional, en sentencia del 26 de diciembre de 2014, procedió a designar a tres Rectores del CNE, declarando la omisión legislativa de la Asamblea.

Esa decisión es inconstitucional por varias razones. Para no cansar al lector, me limitaré solo a enunciar las principales violaciones que pueden constarse.

En primer lugar, y a diferencia del antecedente del 2003, la Sala Constitucional nunca tramitó un juicio para declarar la omisión. Es decir, nunca permitió a los interesados exponer sus alegatos y pruebas. Ello fue así pues la Sala consideró que el juicio era de “mero derecho”, o sea, un juicio en el que no es necesario llevar pruebas.

Sin embargo, como ya se había decidido en el 2003, la omisión legislativa no puede ser un asunto de mero derecho, pues precisamente, se requiere probar un hecho y sus características: la existencia de la omisión.

En segundo lugar, al obviar el previo juicio, la Sala Constitucional incluso impidió a la Asamblea y a sus integrantes exponer su punto de vista. Ciertamente, la solicitud de omisión fue presentada por el Presidente de la Asamblea, pero como es obvio, el Presidente de la Asamblea no es la Asamblea como órgano parlamentario.

En especial, nunca se escuchó a las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea a quienes correspondía designar a los Rectores.

En tercer lugar, como la Sala no siguió un previo juicio, nunca ordenó a la Asamblea poner fin a la omisión ni fijó un lapso para ello, tal y como dispone la Constitución. Esta es otra diferencia con el antecedente del 2003.

En cuarto lugar, se ha desnaturalizado la figura de la omisión legislativa. Esa omisión es un medio de control sobre el Poder Legislativo. Pero en este caso, quien ejerció la omisión fue, precisamente, el Presidente de la Asamblea Nacional, que es el órgano controlado por la acción de omisión.

Al hacer ello, se llegó a una situación paradójica: la Asamblea Nacional se demandó a sí misma. En efecto, quien demandó la omisión legislativa fue el Presidente de la Asamblea, órgano que según la demanda habría incurrido en esa omisión. Una especie de “auto-demanda”, tan incoherente, que devela la inconstitucionalidad de la sentencia comentada.

En quinto lugar, se declaró una omisión que en realidad no existía. El sentido de la omisión legislativa es condenar a la Asamblea cuando no ha ejercido sus competencias. En este caso, sin embargo, la Asamblea no había sido negligente. Todo lo contrario, luego de seguir el procedimiento de selección de los Rectores, se llegó a una situación que en un genuino sistema democrático es normal: en la primera discusión no hubo acuerdo entre los distintos partidos políticos para alcanzar la mayoría de las dos terceras partes.

En esos casos, lo que se exige es el diálogo, o sea, el acuerdo entre esos partidos políticos. Pues tal debe ser la función constitucional de la Asamblea: promover el diálogo entre distintos partidos para alcanzar una decisión plural.

Sin embargo, ese diálogo de saltó, y con ello, se saltó a la democracia: por solicitud del Presidente de la Asamblea, la Sala Constitucional se sustituyó en las dos terceras partes y designó a los Rectores.

En sexto lugar, la Sala designó directamente a los Rectores del CNE, lo que es un claro exceso violatorio de la separación de poderes, pues de acuerdo con la Constitución, al declararse la omisión, la Sala solo podía ordenar a la Asamblea cumplir con la designación fijando un lapso para ello así como los lineamientos para ello. La Constitución impedía a la Sala Constitucional sustituirse en la Asamblea Nacional.

Por último, y en séptimo lugar, la Sala designó a los tres Rectores sin acotar el carácter provisional de esa designación.

Aquí hay también otra diferencia con el antecedente del 2003. Entonces, los Rectores designados lo fueron a título provisional, mientras la Asamblea procedía a su designación definitiva. La intención de entonces era evitar el “vacío de poder”.

Pero en la sentencia del 26 de diciembre de 2014, la Sala no efectuó la designación de los Rectores a título provisional. Esto es otro exceso: la Sala Constitucional pretendió designar, de manera definitiva, a los Rectores del CNE.

En pocas palabras, la Sala Constitucional se extralimitó por varias razones: por no haber iniciado el previo juicio; por no haber otorgado un plazo para que la Asamblea voluntariamente cumpliera con la designación, y por sustituirse en la Asamblea en la designación “definitiva” de los Rectores.

5. La elección de los Rectores del CNE y el Poder Electoral. La designación de los tres Rectores del CNE no solo es contraria a la Constitución, sino que además, es un mal antecedente desde el punto de vista del rol que el Poder Electoral debe cumplir.

La existencia de mayorías calificadas para designar a ciertos funcionarios, como es el caso de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea necesarias para designar a los Rectores del CNE, tiene un claro propósito: forzar al acuerdo de voluntades entre los distintos partidos políticos, evitando que el partido de la mayoría simple (o absoluta) dicte todas las decisiones.

Esto es así, pues si un solo partido político en la Asamblea puede dictar todas las decisiones, sin tener que pactar con otros partidos, estaríamos ante lo que Alexis de Tocqueville llamó la “tiranía de la mayoría”. Esto es, la perversión del sistema democrático en la cual un solo partido –o un solo órgano– dicta todas las decisiones.

Este concepto de tiranía forma parte de nuestra tradición republicana. Juan Germán Roscio lo explicó muy bien: depender de un solo hombre es esclavitud. Es decir, cuando todas las decisiones recaen en un solo órgano –o en solo partido- entonces, hay tiranía. Yanes también advirtió que la voluntad de la mayoría debía ser justa, pues lo contrario implica un caso de tiranía.

Por eso es que la Constitución de 1999 no permite a la Sala Constitucional asumir la designación de los Rectores del CNE, pues esa designación solo podía ser efectuada por la voluntad de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea. Es decir, no basta –no debe bastar– la voluntad de uno solo para efectuar esa designación.

La Sala Constitucional asumió, así, de manera unilateral, una designación que por Constitución debía ser plural. Lo hizo, además, ignorando a esas dos terceras partes de la Asamblea –que es una entidad distinta a quien preside la Asamblea– pues ni siquiera siguió previo juicio.

Lo más grave es que esta designación se ha realizado respecto de quienes deben, por la Constitución, garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral. Esta es otra razón por la cual la designación de los Rectores solo puede hacerse por las dos terceras partes de los diputados: al exigirse una designación plural, se garantiza la autonomía e independencia del CNE, condición necesaria –que no suficiente– para el correcto funcionamiento del sistema electoral.

¿Garantiza esta designación la autonomía e independencia de los Rectores del CNE? La respuesta desde la Constitución es negativa: no lo garantiza pues la designación no cumplió las condiciones exigidas en la Constitución, en especial, pues no fue una designación efectuada en el marco del Estado de Derecho.

Y sin Estado de Derecho no hay democracia.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (6)

Cipriano
27 de diciembre, 2014

Mas claro no canta un gallo

Nelvin
28 de diciembre, 2014

Buenas tardes al final el autor coloca en una frase la explicación a lo que ha ocurrido: sin estado de derecho no hay democracia. O como decían algunos gobernantes que en el siglo XIX violaban la constitución: ” La constitución sirve para todo” ( para hacer lo que nos venga en gana )

María Isabel Alvarez Mederos
28 de diciembre, 2014

la peor diligencia es la que no se lleva a cabo…si por mì fuera, le envio copias de este excelso artìculo o redacciòn informativa, a la directiva de los diferentes grupos polìticos opositores y a la misma en la mud…. lo preocupante no es la desfachatez y abuso de los que siguen con la sartèn por el mango pues lo peor es el silencio o frases medio expresadas con temor en aptitud de timoratos por diferentes representantes ¿¿???? del mundo opositor a este acontecimiento que barre o intenta barrer la dignidad que nos queda… y por supuesto que se ha efectuado un golpe de estado a nuestra constituciòn

Fedón de Caripe
29 de diciembre, 2014

Ha debido decir la Sala que si la AN no llega a un acuerdo, entonces que se acuda a elecciones universales, directas y secretas. Si los representantes del pueblo no llegan a un acuerdo, entonces que lo haga el pueblo.

cejotave
29 de diciembre, 2014

Si no hay estado de derecho, y por ende democracia ¿entonces que hay? La respuesta es innecesaria, las dictaduras no solamente acceden al poder mediante golpes de estado

nelson rodríguez
30 de diciembre, 2014

Estimado Nacho, lo peor es que -y no hablaré en lenguaje jurídico- que la ineptitud es tanta (“Dios no le da cacho a burro” dice la sabiduría popular)que tienen a la maltrecha Constitución tan madura que se va a caer de podrida…

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