Blog de José Ignacio Hernández

La inhabilitación a Henrique Capriles: otro golpe a la Constitución; por José Ignacio Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 7 de abril, 2017
capriles-reuters-640

Fotografía de Reuters

Cerca del mediodía del viernes 7 de abril de 2017, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, informó que había sido notificado de la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de inhabilitarlo por quince (15) años.

La inhabilitación acordada por la CGR no solo viola la Constitución sino diversos tratados de derechos humanos, incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Además, tal decisión debe interpretarse dentro del cúmulo de eventos que, en las últimas semanas, han evidenciado la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

1. ¿Qué es la inhabilitación?

Tal y como lo ha informado el gobernador Capriles, se trata de una inhabilitación por quince (15) años.

Como se ha explicado otras veces aquí en Prodavinci, la inhabilitación es una sanción administrativa que adopta la CGR interpretando principalmente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En virtud de la misma, la CGR impide que el sujeto afectado opte a un cargo de elección popular por el lapso de la sanción.

2. La violación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

Esta sanción se ha basado en la interpretación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Según esa norma, el Contralor puede, “sin procedimiento”, establecer diversas sanciones accesorias a la responsabilidad administrativa del funcionario. Entre dichas sanciones administrativas está la “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años”.

Esa norma ha sido erradamente interpretada por la CGR, pues ha considerado que la inhabilitación para el ejercicio de “funciones públicas” abarca a funciones derivadas de cargos de elección popular. Sin embargo, en realidad, la norma solo puede aludir a la inhabilitación para el ejercicio de la función pública en cargos de designación, o sea, cargos de carrera o de libre nombramiento, pero nunca cargos de elección popular.

Es por ello que la norma señala que, luego de la inhabilitación, la CGR “deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes”. Por lo tanto, la inhabilitación solo podría versar sobre cargos de designación de carrera o de libre nombramiento, que son los cargos sometidos a los trámites propios de recursos humanos.

3. La violación de la Constitución

 La inhabilitación de la CGR para cargos de elección popular es contraria a la Constitución, tal y como expliqué en un artículo académico publicado en 2008.

En efecto, el ejercicio de cargos de elección popular es un derecho político, pues permite a cualquier ciudadano presentarse como candidato en elecciones. De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, el ejercicio de los derechos políticos “solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la Ley”.

La claridad de la norma no deja lugar a dudas: la CGR no puede dictar inhabilitación para cargos de elección popular, pues al tratarse de un derecho político, la inhabilitación solo puede ser acordada por el Juez. La misma conclusión deriva del artículo 65 de la Constitución, según el cual, quedan excluidos del derecho de optar a cargos de elección popular, solamente, quienes hayan sido condenados por ciertos delitos por el Juez. Nuevamente, esa norma impide a la Contraloría decidir inhabilitaciones para cargos de elección popular.

Con su decisión, por ello, el Contralor usurpa funciones exclusivas del Poder Judicial.

4. La violación de derechos humanos y de la Carta Democrática Interamericana

 La inhabilitación de cargos de elección popular acordada por la CGR viola además los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió en el caso Leopoldo López.

Adicionalmente, esta decisión de la Contraloría, al limitar arbitrariamente el derecho de acceso a cargos de elección popular, viola los elementos esenciales de la democracia representativa reconocidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

De esa manera, con decisiones arbitrarias, la Contraloría limita el derecho al sufragio, componente esencial de la democracia. El derecho al sufragio tiene dos facetas: una activa, que es el derecho a elegir, y una pasiva, que es el derecho a ser elegido. Al violar el derecho al sufragio en su faceta pasiva, la Contraloría viola el orden democrático.

5. La inhabilitación y la ruptura del orden constitucional

 En Derecho Constitucional el contexto en el cual se adopta una decisión es relevante, pues ello permite determinar cuándo una decisión responde, en realidad, a un fraude a la Constitución.

Por ello, no puede perderse de vista el momento en el cual esta decisión fue adoptada. Así, el Contralor adoptó esta inconstitucional e ilegal decisión de inhabilitación justo después de que el Defensor del Pueblo anunciara que el Consejo Moral Republicano había decido no iniciar el procedimiento de falta grave de los magistrados. Consejo Moral Republicano, recuerdo, del cual forma parte el Contralor.

Con lo cual, esta decisión de inhabilitación, adoptada precisamente en el actual contexto, no es causal. Por el contrario, forma parte del conjunto de decisiones que han configurado lo que la Fiscal General de la República ha considerado como una ruptura del orden constitucional.

Es decir, esta inhabilitación es un eslabón más en el golpe de Estado permanente, a consecuencia del cual se ha desconocido a la Asamblea Nacional, se han diferido las elecciones regionales y se ha ilegalizado a los partidos políticos.

***

LEA TAMBIÉN:

La inhabilitación de Capriles y la estrategia de la división; por Luis Vicente León

¿Qué pasó en la marcha del #6Abr convocada por la oposición? // #MonitorProDaVinci

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (7)

carlos vasquez
7 de abril, 2017

Que les pasa a estos señores, es que no leen la constitución, o son chinos o ruso, que la interpretan de otra manera.O será que no fueron buenos estudiantes en la Universidad.

ramon
7 de abril, 2017

Es lamentable que las leyes se interpreten de acuerdo como lo dice u ordena el poder ejecutivo y mas lamentable es que encontremos enchufados que realicen u obedezcan esas ordenes en contra de todo el orden jurídico nacional y de las personas, no tendrán perdón alguno.

Juan Carlos Emmanuelli
7 de abril, 2017

Coincido plenamente con el Doctor Hernández.Esa interpretación acomodaticia de la Ley (LOCGR), se ha aplicado en oportunidades anteriores, durante el gobierno del presidente Chávez, y se ha utilizado, como bien lo señala el profesor Fernando Fernández, como una mutación del llamado “Derecho Penal del Enemigo”. No puede haber sanción sin proceso, ni proceso sin contradictorio; siendo sancionatorio el Derecho Administrativo, se requiere ley expresa que contemple la falta y la sanción aplicable, así como el procedimiento y los recursos, previamente establecidos para la defensa, y la Constitución lo establece claramente, que haya sido condenado, función propia del poder judicial. En la tarde de hoy me publiqué un Tuit al respecto; cuyo enlace es el siguiente: https://twitter.com/jcemma/status/850448857980850176

Carlos Figueredo
8 de abril, 2017

Actuará la Fiscal?

Mercedes Núñez
8 de abril, 2017

Excelente su artículo no deben utilizarse estas normas para retaliaciones políticas, nunca estuve de acuerdo con que el Contralor tenga esa potestad.

francisco Scovino Ariza
8 de abril, 2017

Por más que les muestren leyes y constitución no van a aceptarlo ya que para ellos no existe. Cuando hay un gobierno que no se rige por ninguna norma legal o de legitimidad su posición es igual a todos esos regimenes que han dejado miseria y muerte, hasta cuando lo permitan por muchas razones, y esa es otra gravedad, los pueblos afectados y gobiernos vecinos que en su mayoría son cómplices pasivos. Los organismos internacionales se rigen por sus socios tal como si fuera un club. Simulan una preocupación hipócrita con sus amigos en las esferas del poder.

Claudia
10 de abril, 2017

Podría explicar las razones por las que la contraloría toma la decisión de inhabilitar a Capriles? Es decir, el “supuesto”delito que cometió? Gracias por hacer un excelente trabajo.

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.