Perspectivas

La Constitución como acuerdo político y la crisis institucional; por Carlos García Soto

Por Material cedido a Prodavinci | 29 de marzo, 2016

La Constitución como acuerdo político y la crisis institucional; por Carlos García Soto 640

Parte importante del debate político en los últimos meses ha girado en torno a asuntos constitucionales: la elección de la AN el pasado 6D ha implicado diversas situaciones de conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo, la propia AN y el TSJ.

Uno de los principales temas que se discute hoy en Venezuela es cuáles vías constitucionales pueden permitir un cambio en el rumbo político. La propia MUD ha señalado una Hoja de Ruta para impulsar diversas iniciativas constitucionales que permitan ese cambio, entre ellas, el referendo revocatorio y la enmienda constitucional, que han sido explicadas por José Ignacio Hernández.

De tal manera, como en otras ocasiones en la historia venezolana, se ha puesto la mira en los mecanismos constitucionales como un medio para alcanzar la paz política. Tales mecanismos constituyen manifestación del legítimo ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Sin embargo, y como una nota al margen, hay que advertir que apelar a esos mecanismos constitucionales, en ocasiones, puede empeorar más aun la situación, cuando quien tiene el Poder los tergiversa para legitimarse políticamente. En nuestra historia reciente sobresale, por ejemplo, el proceso de referendo revocatorio celebrado en 2004, en el cual “venció” el entonces Presidente Chávez. No hay que olvidar cómo el referendo revocatorio de 2004 fue una de las claves de la política de “apaciguamiento”, como ha señalado Miguel Ángel Martínez Meucci.

Entre las distintas funciones que convencionalmente se asignan a la Constitución, destaca su función de ser un marco para la actuación política: corresponde a la Constitución fijar los principios y reglas fundamentales que deben respetar los actores políticos, tanto en el ejercicio del poder como en su oposición.

En ese sentido, reconociendo el pluralismo como base para la actuación de los distintos actores políticos, para la paz social es absolutamente necesario que tales actores respeten los límites que a esa actuación política basada en el pluralismo impone la Constitución.

Sobre todo, la Constitución establece los límites a la actuación política del Gobierno, que se encuentra en una posición de supremacía, que puede generar en abusos sobre los otros actores políticos.

Por ello, el texto constitucional es el acuerdo alrededor del cual se establecen los principios y normas fundamentales que una sociedad debe respetar para vivir en paz. Sin el respeto a esos principios y normas, la sociedad va adquiriendo rasgos de primitivismo. La Constitución debe recoger aquellos valores a los que se quiere anclar la sociedad para subsistir y funcionar, y sin los cuales se pierde a sí misma.

Dentro de esos principios y normas que constituyen el marco para la actuación política, corresponde a la Constitución también establecer las vías para la solución de los conflictos políticos que impiden la paz social. Es el sentido con el cual, por ejemplo, en la Constitución de 1999 se reconoce la figura de los distintos referendos, el revocatorio entre ellos. O cuando reconoce mecanismos de modificación de la Constitución, como la enmienda o la reforma. Mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución, para que la sociedad pueda liberar sus tensiones, que deben ser respetados por los Poderes Públicos, porque implican el ejercicio de legítimos derechos políticos. Como lo planteó en Prodavinci Jesús María Casal a pocos días de la instalación de la AN:

“Yo creo que una consecuencia que se puede derivar del 6-D es ese mandato popular a que se resuelvan los conflictos de manera institucional. Es decir, allí hubo una manifestación de voluntad mayoritaria a que los conflictos se resuelvan por una vía pacífica, por una vía electoral y yo pienso que esto debe ser algo sagrado para los actores políticos, más allá de la diatriba y de la confrontación que lleven adelante”.

La MUD ha planteado diversos mecanismos constitucionales para solucionar la grave crisis política, social y económica que carcome a Venezuela. Ante tales planteamientos, con razón, se teme que los Poderes Públicos puedan bloquear tales vías constitucionales a la crisis.

De hecho, desde la instalación de la AN, se ha visto cómo el TSJ ha incidido como actor en la dinámica institucional. Particularmente, son relevantes las decisiones sobre los Diputados electos en el Estado Amazonas, así como las sentencias sobre el Decreto de Emergencia Económica. Muy preocupante fue la sentencia sobre la función de control que corresponde a la AN, que constituye un pésimo precedente para la actuación de la Sala Constitucional por venir.

La MUD ha planteado varios escenarios de carácter constitucional, puesto que interpreta la exigencia de la población por un cambio en el rumbo del país, luego de la elección del 6D. El eventual bloqueo institucional a tales iniciativas no sólo sería grave al implicar en sí mismo violaciones a la Constitución: impediría un aliviadero a la crisis política, económica y social que existe, y que no desaparece por intentar bloquearla.

Una manifestación de la Constitución como acuerdo político es precisamente esa: que los ciudadanos puedan apelar a los mecanismos constitucionales para promover un cambio de rumbo en la conducción del país, sin que los Poderes Públicos violen el legítimo ejercicio de esos derechos políticos.

Material cedido a Prodavinci 

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