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La Asamblea Nacional negó el decreto de emergencia. ¿Y ahora?; por José Ignacio Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 22 de enero, 2016

La Asamblea Nacional negó el decreto de emergencia. ¿Y ahora; por José Ignacio Hernández G.

Durante toda una semana se habló de economía en Venezuela. A ello contribuyó la decisión de la Asamblea Nacional de mantenerse en sesión permanente a fin de discutir sobre el Decreto de Emergencia Económica aprobado por el Gobierno el pasado 14 de enero. Para ello fue designada una Comisión Especial.

Dentro de las actuaciones que adelantó la Asamblea, se había previsto la comparecencia de altos funcionarios del Gobierno del área económica para la tarde del 21 de enero. A pesar de que la Constitución y las Leyes en la materia establecen que los funcionarios están obligados a asistir a la Asamblea en caso de comparecencias o interpelaciones, lo cierto es que nadie asistió a la sesión pautada para el 21 de enero.

Finalmente, el viernes 22 de enero, dentro del lapso fijado a tales efectos por la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la Asamblea Nacional decidió improbar el Decreto de Emergencia.

Eso hace que muchos se pregunten, en este momento, qué puede pasar luego de esa decisión.

Los controles sobre el Decreto de Emergencia Económica

Creo importante aclarar, primero, cuáles fueron los dos controles a los que se sometió el decreto.

Así, el Decreto de Emergencia Económica, al declarar un estado de excepción, fue sometido a dos controles concurrentes, o sea, paralelos: ante la Sala Constitucional y ante la Asamblea Nacional.

El primer control correspondió a la Sala Constitucional, quien debía determinar si el decreto cumplía o no con las exigencias constitucionales aplicables. La Sala Constitucional, en sentencia de 20 de enero de 2016, concluyó que el decreto era constitucional.

El segundo control correspondió a la Asamblea Nacional. Se trató de un control político, orientado a evaluar el mérito del decreto. La exposición de motivos de la Constitución de 1999 es muy clara en este sentido: la Asamblea Nacional, como “instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular”, puede rechazar el decreto si estima que no existe justificación para decretar el estado de excepción, o si las medidas dictadas son desproporcionadas o inadecuadas.

Es por ello que la sentencia de la Sala Constitucional no incidió en el control de la Asamblea Nacional, al tratarse de dos controles distintos: uno jurídico y el otro político.

¿Por qué la Asamblea Nacional rechazó el Decreto de Emergencia Económica?

La Asamblea Nacional rechazó el decreto, básicamente, al considerar que sus fundamentos (referidos a la guerra económica y a la baja de los precios del petróleo) no justifican el estado de excepción. También se consideró que las medidas anunciadas en el decreto eran, en todo caso, inadecuadas para atender la actual crisis económica.

En pocas palabras: la Asamblea Nacional ejerció el control político que le corresponde efectuar bajo la Constitución. Se trató además de un control político ejercido de manera racional, al ser resultado de las actuaciones y deliberaciones de la Comisión Especial y de la propia Asamblea.

¿Y qué le pasó al Decreto de Emergencia Económica luego de la decisión de la Asamblea?

Al haber decidido no aprobar el Decreto de Emergencia Económica, este acto perdió vigencia. Es decir, que la Asamblea Nacional, con su decisión, extinguió el Decreto de Emergencia Económica a partir del 22 de enero de 2016.

¿Y qué puede hacer el Gobierno ahora?

Probablemente alguien considere que la decisión de la Asamblea Nacional, al impedir al Gobierno adoptar las medidas enunciadas en el Decreto, agravará la crisis económica.

Sin embargo, no hay que preocuparse por ello.

En efecto, buena parte de las medidas enunciadas en el decreto, como expliqué en Prodavinci, ya están contenidas en diversos decretos-leyes dictados por el gobierno. Incluso, muchas de esas medidas ya han sido implementadas.

Así, por ejemplo, la simplificación de trámites de importación, aduanales y cambiarios, entre otros, puede ser realizada por el gobierno de conformidad con el Decreto-Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Desde el 2013, incluso, se han dictado varios Decretos para simplificar ese tipo de trámites.

Igualmente, para poder acudir a procedimientos de contrataciones más expeditos, el gobierno cuenta con amplias facultades dentro del Decreto-Ley de Contrataciones Públicas.

Por supuesto, el Decreto de Emergencia Económica establecía algunas medidas que van más allá de este marco, en especial, aquellas que le permitían regular cualquier tipo de operaciones bancarias, lo que hizo pensar en un posible “corralito”, como explican Anabella Abadi y Carlos García en Prodavinci.

En resumen: la mayoría de medidas enunciadas en el decreto sólo repiten medidas que ya pueden ser adoptadas por el Gobierno.

¿Y qué pasó con los actos dictados por el Gobierno en ejecución del Decreto de Emergencia?

Hasta donde conozco, sólo una medida fue dictada en ejecución del Decreto de Emergencia Económica: el Decreto N° 2.185, por el cual se ordenó que los “saldos líquidos y no líquidos no causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015”, sea transferidos al FONDEN.

El principio es que todo el dinero que queda del presupuesto del año 2015 debe reintegrarse al Tesoro. El Decreto N° 2.185 creó una excepción a ese principio, al ordenar que los saldos del ejercicio 2015 fuesen transferidos al FONDEN.

Luego de la extinción del Decreto de Emergencia Económica, cabe preguntar cuál es la suerte de este Decreto N° 2.185. En tal sentido, existen argumentos para considerar que ese decreto perdió igualmente vigencia, y que por ello, el Ejecutivo debe reversar los fondos transferidos al FONDEN.

En efecto, el principio general es que las medidas dictadas en el marco del estado de excepción son temporales, y ellas deben por lo tanto perder vigencia cuando se levanta el estado de excepción. Por lo tanto, como la Asamblea Nacional levantó el estado de excepción al improbar el decreto, deberían perder vigencia todas las medidas citadas en ejecución de la emergencia económica.

Aun cuando la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción no regula los efectos de la negativa de la Asamblea, sí regula los efectos de la negativa de la Sala Constitucional. En tal caso, el artículo 38 de la Ley dispone que la decisión de la Sala tendrá “efectos retroactivos”, esto es, que será necesario “”.

Como dice el dicho: lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. La extinción del decreto en virtud de la sentencia de la Sala Constitucional debe tener el mismo efecto de la extinción derivada de la decisión de la Asamblea.

Por ello, levantado el estado de excepción por la decisión de la Asamblea Nacional del 22 de enero, decaen todos los actos dictados en ejecución de la emergencia económica.

¿Puede la Sala Constitucional revisar la decisión de la Asamblea Nacional?

 El rechazo del Decreto de Emergencia Económica por el gobierno genera una pregunta básica: ¿puede la Sala Constitucional revisar la decisión de la Asamblea Nacional? La respuesta: no puede.

Ya expliqué que el control de la Asamblea es político, y en tal sentido, la decisión de la Asamblea de improbar el Decreto se basó, palabras más, palabras menos, en la inconveniencia de las medidas económicas propuestas en el decreto. La propia Sala Constitucional ha señalado que esa valoración es política y como tal, sólo puede ser realizada por la Asamblea.

Eso fue lo que quiso el constituyente. Vista las graves consecuencias del estado de excepción, la Constitución estableció un control que requiere la concurrencia de los tres poderes. Es igual que esas cerraduras de seguridad en ciertas bóvedas: se requieren tres llaves para abrir la compuerta del estado de excepción.

Uno de esos órganos, en ejercicio de sus competencias, decidió no usar su llave, desaprobando el estado de excepción. Nada pueden hacer los otros órganos del Poder Público, distintos a acatar la decisión de la Asamblea Nacional.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (4)

Benigno Colmenarez
22 de enero, 2016

Este Decreto N° 2.185 emanado del Presidente Maduro Moros perdió vigencia, una vez que la Asamblea Nacional lo imprueba. El Decreto N° 2.185, tenia un trasfondo mas allá de simple enunciados: Atacaba la propiedad Privada, lesionaba la libertad de producir al sector privado,a pesar de que el TSJ lo consideraba Constitucional. El Ejecutivo no necesita esta emergencia pues en emergencia hemos estado desde hace bastante tiempo.

Milena Gutierrez
24 de enero, 2016

De nuevo me permito felicitarlo por la claridad con que hace sus planteamientos¡¡¡¡Excelente

Maria Angelica Rodriguez
24 de enero, 2016

Excelente. Sin desperdicio, pero el gobierno sabia, que este Decreto no iba a ser aprobado, ya El Presidente tenia suficientes herramientas en la mano con las que podía actuar, pero necesitaban la no aprobación de la AN, para acusar con este discurso de todos los males a la oposición y victimizarse y así tratar de recuperar a los chavistas desertores. El verdadero calculo político lo hizo el Gobierno al enviar ese Decreto con esas características.

Diógenes Decambrí.-
24 de enero, 2016

Así como es inapropiado llamar bebé a un niño de 9 años (bebé es válido hasta los dos o tres años, en general), es inapropiado llamar emergencia a una situación que ya lleva más de tres años perjudicando a la mayoría de los venezolanos. Cuando los apagones, la escasez de alimentos, medicinas, repuestos, materias primas, apenas llevaban unas pocas semanas, era lícito denominar Emergencia a esa situación, pero luego de años durante los cuales se agudizó, gracias a la indolencia con la que el régimen actuó (culpando a la iguana, al imperio, a la MUD, a Capriles, a Leopoldo, al eje Bogotá-Miami-Madrid, a la CIA y al MOSSAD), aquello se salió de cauce, produjo colas, humillaciones, atropellos, y se hizo algo CRÓNICO. No propusieron esa nueva Ley Habilitante ANTES de la incorporación de la mayoría calificada opositora, obvio que el objetivo era culparla por presunta inacción. De haber aprobado esa barbaridad ya tendríamos a la POLAR expropiada y nuestros ahorros en Corralito. Bien por la AN que cumple sus funciones.

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