Blog de José Ignacio Hernández

La AN juramentó a tres diputados de Amazonas: ¿Y ahora?; por José Ignacio Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 7 de enero, 2016

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En la sesión ordinaria del 6 de enero de 2016, la Asamblea Nacional acordó juramentar a los cuatro diputados del estado Amazonas que no pudieron incorporarse en la instalación de la Asamblea realizada el día anterior, como expliqué en Prodavinci.

Como consecuencia de esa decisión, la Asamblea tomó juramento a tres de esos diputados, a saber, Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (los dos primeros de la MUD, y el tercero electo por representación indígena). Aun cuando la decisión de la Asamblea versó sobre los cuatro diputados, el diputado del PSUV (Miguel Tadeo) no estuvo presente en la juramentación.

Ante esta situación, muchos se han formulado varias preguntas, que trataré de responder a continuación.

  1. ¿En qué se basó la Asamblea Nacional para acordar la juramentación de los diputados de Amazonas?

La Asamblea Nacional se fundamentó en el numeral 20 del artículo 185 de la Constitución, de acuerdo con el cual corresponde a la Asamblea Nacional “calificar a sus integrantes”.

 ¿Y qué significa eso?

La competencia de la Asamblea de calificar a sus integrantes le permite decidir quiénes tienen la condición de diputados, lo que depende del acto de proclamación emitido por el Poder Electoral. Por ello, con base en ese acto, la Asamblea Nacional es el único órgano competente para decidir quiénes pueden ejercer la función parlamentaria al ser diputados proclamados.

Precisamente ello fue lo que hizo la Asamblea: decidió que los diputados del estado Amazonas, como diputados proclamados, debían ser calificados en tal condición a los fines de prestar juramento y poder, de esa manera, ejercer funciones.

  1. ¿La Asamblea Nacional desacató la sentencia de la Sala Electoral?

El diputado Diosdado Cabello denunció que la Asamblea había entrado en desacato, con lo cual procederían a acudir Tribunal Supremo de Justicia para “introducir una denuncia de desacato contra la directiva de la AN para que quede claro que todos los actos que está realizando carecen de validez”.

El desacato implica el incumplimiento voluntario de una sentencia. No obstante, como ya he explicado, la Asamblea Nacional no incumplió la sentencia de la Sala Electoral, por cuanto esa sentencia no podía ser cumplida.

En efecto, la Sala Electoral ordenó la “suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación”. Sin embargo, todos esos actos fueron ya cumplidos plenamente, sin que sea posible a la Asamblea Nacional “desproclamar” a diputados.

Quizás el error de la Sala Electoral se basó en considerar que los diputados de Amazonas no habían sido proclamados. Pero en realidad, esos diputados ya habían sido proclamados, lo cual bastó para adquirir la condición de diputado y con ella, la correspondiente inmunidad, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución.

Además, esa sentencia –según se indicó– no fue notificada a los diputados electos de Amazonas, quienes mal podían entonces dar cumplimiento a la decisión.

  1. ¿Y qué puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia?

Según lo informado, diputados del PSUV procederán a solicitar a la Sala Electoral que declare el desacato de la sentencia cautelar de amparo dictado. Ante tal petición, la Sala Electoral debería abrir un debate para conocer qué pasó y decidir si hubo o no incumplimiento de la sentencia.

Eventualmente, como hizo la Sala Constitucional en el pasado, la Sala Electoral podría pretender imponer el delito de desataco en contra de los diputados de Amazonas o en contra de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ello, advierto, constituiría una clara usurpación, pues la Sala no puede imputar y declarar el delito de desacato.

Pero además, todos los diputados, al estar ya proclamados, gozan de inmunidad. Esto implica que previo a todo proceso penal, es necesario que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determine si debe o no iniciarse dicho proceso. En caso afirmativo, la Asamblea Nacional deberá autorizar el juzgamiento de los diputados, lo que se conoce como “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, tal y como ya he explicado en Prodavinci.

En pocas palabras: no puede iniciarse juicio alguno en contra de los diputados si la propia Asamblea no autoriza el enjuiciamiento.

  1. ¿Las Leyes y demás actos dictados por la Asamblea serán inválidos?

El diputado Cabello señaló, igualmente, que ninguna Ley de la Asamblea será válida, al haberse incorporado los diputados de Amazonas.

La incorporación de los diputados de Amazonas no puede afectar la validez de las decisiones que adopte la Asamblea Nacional, pues como expliqué, esa decisión respondió al ejercicio de una competencia exclusiva de la Asamblea.

Pero en todo caso, de ser cierto lo alegado, la única consecuencia que se derivaría es la ilegalidad de la incorporación de esos tres diputados, lo que no puede afectar la validez de la decisión adoptada por el resto de diputados cuya legitimidad no ha sido cuestionada.

Así, en los órganos compuestos por varios miembros, como la Asamblea, cualquier posible irregularidad en la incorporación de sus miembros es irrelevante, siempre y cuando la decisión sea adoptada por el número mínimo de diputados exigidos, o sea, el llamado quórum.  En este caso, la supuesta irregularidad solo afectaría a un número muy pequeño de integrantes, que no puede afectar el quórum mínimo exigido.

  1. ¿Y si el Poder Ejecutivo no publica en Gaceta Oficial las Leyes aprobadas por la Asamblea?

También se ha señalado que las Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional no serán publicadas en Gaceta Oficial.

Al respecto, debe recordarse que el Presidente de la República está obligado a promulgar las Leyes, y si no lo hiciere, la Asamblea procederá a su promulgación, según dispone el artículo 216 de la Constitución.

De hecho, esa norma señala que todo funcionario que hubiere omitido la publicación de la Ley será responsable por esa omisión. La propia Asamblea Nacional podría, así, iniciar una investigación para controlar las omisiones en la publicación de sus Leyes.

  1. ¿Y si no le dan recursos a la Asamblea?

Finalmente, se indicó que el Gobierno no debería enviarle recursos a la Asamblea Nacional.

Esto tampoco es procedente de conformidad con la Constitución.

El Gobierno no es el que aprueba los recursos de la Asamblea. De acuerdo con el artículo 313 de la Constitución, la realidad es exactamente la contraria: es la Asamblea Nacional la que aprueba recursos al Gobierno.

  1. ¿Hay un conflicto de poderes?

La actual situación puede ser considerada como un conflicto de poderes, entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Ese conflicto existe, sin duda, pero no es un conflicto constitucional. Es decir, lo que se discute aquí no es un eventual exceso de la Sala Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que se discute aquí, en realidad, es el desconocimiento de la soberanía expresada por medio del sufragio.

Así, la pretensión de hacer cumplir la inejecutable sentencia de la Sala Electoral, implicaría privar de representación política al estado Amazonas, todo ello, en supuesto resguardo de quienes participaron como candidatos en las elecciones correspondientes.

Un principio rector del Derecho electoral es el principio de conservación de los actos electorales. Ello significa que como regla los resultados electorales expresados en la proclamación deben mantenerse, en tanto ello es fundamental para garantizar el derecho al sufragio, la paz y el funcionamiento de las instituciones democráticas, como ha sostenido en otros casos el Tribunal Supremo de Justicia.

Todos estos principios, que son consustanciales a la democracia constitucional, pretenden ser desconocidos.

Lo que está en conflicto, es, por ello, el respeto a la representación política del estado Amazonas. Un conflicto sobre el cual, me temo, volveré a escribir muy pronto en Prodavinci.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (34)

José Figueroa
7 de enero, 2016

Buenos días, importante las aclaratorias en relación a lo que la norma indica, sin embargo se debe tener cuidado con con los articulos, pues la califiación que hace la Asamblea de sus diputados, no es señalada en el articulo 185°, sino en el 187 que habla de las competencias de la Asamblea, me imagino que se trató de un error de transcripción.

Maria Teresa Capasso
7 de enero, 2016

Muy buen articulo, sin embrago si bien es cierto que es la AN quien tiene la facultad de aprobar los recursos, es el Ministerio de Finanzas a través de la Tesoreria quien lo desembolsa, y acá es donde estará la traba, enviaran los recursos en cuenta gotas

jesus guerrero
7 de enero, 2016

estas especialisimas clases de derecho constitucional que atraves de este medio esta dando el Dr. JOSE IGNACIO HERNANDEZ, deberian ser tomadas en el seno de la MUD y por consiguiente tener a este excelente profesional, como a uno de sus consultores juridicos y defensor a su vez, ante acciones de defensa que tendra o a que tendran que ocurrir la JUnta Directiva de la nueva AN, en vista de la arremetida malandra de los diputados igual malandros del PSUV, que ahora son resentidos y escualidos, y que ahora asi mismo quieren exgrimir pobres argumentos leguleyos de legalidad, cuando fueron y han sido los que durante 17 años de hegemonia legislativa, violentaron en complicidad con el TSJ y el poder moral ciudadano, todas la leyes organicas y no organicas, incluida nuestra carta magna.

omar osal
7 de enero, 2016

quien dirime este conflicto,

René Aragort
7 de enero, 2016

Buenisimo el comentario. Si puede envíemelo, por favor, a mi correo. Gracias.

Diógenes Decambrí.-
7 de enero, 2016

Muy pedagógicos y útiles los artículos de José Ignacio Hernández, que nos aclaran la situación jurídica, y los alcances de las arbitrarias medidas tomadas por la Sala Electoral del TSJ, que interrumpió el lapso vacacional, incumplió las formalidades y lapsos establecidos en la normativa vigente y se extralimitó en sus funciones y dictámenes (aparte del grave hecho de que un miembro de esa Sala Electoral es candidato que no resultó electo a la AN, y desde su curul participó en la improvisada e ilegal patraña que nombró 13 nuevos magistrados, sin cumplir los requisitos mínimos, 13 nuevos magistrados entre los cuales está el folklórico que se autocandidateó y autorespaldó, para seguir enchufado en alguna Nómina pública, al exclusivo servicio del PSUV. Gracias a JIH por sus valiosos aportes, en esta hora difícil para la República de Venezuela.

Inés Silva
7 de enero, 2016

Me queda claro que la sala electoral del TSJ pretende pasar por encima del Poder Electoral y del Poder Judicial. Sin embargo, pregunto: ¿Por qué suponer un juicio en contra de los diputados suspendidos, si ellos no han cometido ningún delito?

Irving Baldirio
7 de enero, 2016

Un detalle a destacar: en el artículo, el abogado José Ignacio Hernández G. comienza sus alegatos diciendo que “La Asamblea Nacional se fundamentó en el numeral 20 del artículo 185 de la Constitución”, pero el artículo correcto al que se supone se está refiriendo es el Art. 187.

Eduardo Schmitz
7 de enero, 2016

Agradezco altamente a Prodavinci por estos artículos. Nos ayudan a entender la base legal de la situación política actual. Felicitaciones……

Are
7 de enero, 2016

Excelente análisis, sin desperdicio.

willy alvarado
7 de enero, 2016

deberian hacer un articulo indagando o hablando de el trasfondo politico detras de la imputacion de los diputados de amazonas .. que se pretendia con ello ?

Margeris Marin
7 de enero, 2016

También quisiéramos conocer del tema acerca de la moción presentada ayer para revisar el nombramiento de los magistrados del TSJ y que podría surgir de eso.

Carlos Díaz
7 de enero, 2016

Referente al artículo http://prodavinci.com/blogs/la-an-juramento-a-tres-diputados-de-amazonas-y-que-viene-ahora-por-jose-ignacio-hernandez-g/ el cual indica que la asamblea se baso en el artículo 185, están errados, el artículo es el 187 de la constitución. Saludos.

Hector Barboza
7 de enero, 2016

Dr. J.I.Hernández, las opiniones por Ud emitidas me parecen muy lógicas, obviamente basadas en la Carta Magna, pero son tan evidentes que hasta un muchacho de primaria lo entenderia. Quien escribe, amante del Derecho, pero Médico de profesión, mucho me gustaria hablarle personalmente. Saludos y buenos dias.

Andrea S.
7 de enero, 2016

La Constitución es clarisíma hoy… y estos 17 años. Yo preguntaría, ¿cuántas veces se ha violado? En muchisímas ocasiones, se han publicado en los medios (los pocos “libres” que aún queda) por qué esta u otra decisión no puede tomarse porque violaría la CRBV, y sin embargo, ¿el gobierno bolivariano, ha escuchado, ha respetado lo allí establecido? Yo preguntaría, ¿cuál es le diferencia ahora con las otras tantas veces en las que la Constitución ha sido interpretada por una ideología y manipulada de una manera populista, demagoga por quienes hoy -lamentablemente-presiden el país?

Fernando. González Bustillos
7 de enero, 2016

Excelente explicación,clara y precisa basada en una argumentación jurídica constitucional indudable, Gracias,me quita una preocupación de encima.

Feijoo colomine
7 de enero, 2016

Buen artículo, pero basa sus respuestas en un supuesto muy mal interpretado. Cuando se habla de “suspensión de efectos ” supone por tanto que la decisión del TSJ versa sobre las actuaciones y los derechos adquiridos posteriores a esos actos. Esto sin duda da pie al argumento de deslegitimacion de las decisiones de la asamblea.

jean
7 de enero, 2016

El amigo que expone sobre que los recursos los desembolsa el Ministerio de Finanzas, ello es cierto. Ahora bien si el ministro de fianzas asumiera una actitud inconstitucional con la negación de los recursos la asamblea puede interpelarlo y posteriormente destituirlo con un voto de censura.

Estara el ministro dispuesto a confrontar a la Asamblea Nacional??

Seran complejas las relaciones institucionales peron mas temprano que tarde tendra que haber negociación lo contrario haria aun mas ingobernable el pais.

Por otro lado la asamblea debe abocarse con urgencia a las reformas de la Ley Organica del TSJ, faculta constitucional que en este momento nadie les puede frenar, sin embargo dilatar tal accion se tornaria peligroso para la actual asamblea.

cheolacruz
7 de enero, 2016

entendible todo perfectamente, pero agregaria; La sentencia de la sala electoral se basa en un audio, fue ese audio autorizado por un juez de control, tenia conocimiento la fiscalía del mismo, que funcionarios lo practicaron, que dias y donde consta que el mismo fue autorizado, porq de lo contrario la prueba de sala es nula,ilegitima y mas bien causal para amonestacion por basar su fallo en prueba delito,

Rubén Guía
7 de enero, 2016

Como de costumbre excelente artículo! Pero me surge una duda,¿ facticamente los recursos no son depositados en el BCV? Con lo cual en la misma línea autoritaria, arbitraria y tiránica, el gobierno puede obstruir el uso de recurso por parte de la nueva AN.

JOSE MORILLO
7 de enero, 2016

Aunque es excelente el análisis leído y no deja resquicio alguno para una interpretación alterna del significado de la ley (caraj…. ya hablo como abogado), también es cierto que no debemos desconocer el hecho causal de esta diatriba: La facción de gobierno(hoy en dia oposición) NUNCA HA SEGUIDO LA LEY.

Siendo ese el caso, poco importa lo que la ley diga si una de las partes no la reconoce como tal. Mas tarde que temprano habrá que IMPONER la ley para mantener la calma y el gran temor de muchos es que el poder encargado de aplicarla juega para el lado de los forajidos. Apostemos por la paz pero preparémonos para defender la libertad de Venezuela

Maura Merlanti de Hernández
7 de enero, 2016

Dr Hernández gracias por sus análisis precisos y bien explicados,he aprendido mucho al leer sus artículos gracias y ojalá usted sea consultado por nuestros diputados de la Mud

Miguel Viamonte
7 de enero, 2016

Impresiona la sencillez y claridad de los explicado; gracias

martha contini
7 de enero, 2016

Excelente articulo,muy buena y clara explicación , ahora me siento más tranquila, felicitaciones por su ayuda prestada y poder entender sobre el tema de los tres diputados indegenas Exito!!!

Angel Salcedo
7 de enero, 2016

Dr. el alegato del Articulo 185 no es posible, ya que no tiene nada que ver con la AN, en todo caso seria el 187. Saludos.

Beatriz Moreno
7 de enero, 2016

que lo consulten la MUD sea asesor para estar claros

Andres
7 de enero, 2016

Mas claro no se puede,tremenda clase magistral.A mi me preocupaba un poco que esta gente denuncia y hablan barbaridades y la mayor parte de la asamblea (MUD) calladita. Y me doy cuenta ahora,que no deben estar informando sobre los pasos que estan dando,que ya aprendieron de tantos errores del pasado. Con el favor de dios esto mejorara.

@ADGuaribe unidos
7 de enero, 2016

Excelente, ahora si me quedo claro todo lo concerniente al caso de los tres diputados de amazona. Esta es una cátedra de derecho constitucional,pero quiero hacer una obsevacion en el punto donde se pregunta , en que se baso la asamblea para juramentar a los tres diputados para su juramentacion .Aqui el doctor Jose Ignacio dice que fue en el numeral 20 del articulo 185 de la CRBV ,PERO ESE ARTICULO SE REFIERE al concejo federal de gobierno,y donde se baso la asamblea fue en el ART 187 numeral 20 que habla de la calificación de sus de sus integrantes y dice el numeral 20 del ART 187 textualmente ,calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncia .La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes ….Lo demás esta muy bien explicado y claro…

Gabriel
7 de enero, 2016

Andrea S., la diferencia sería que ahora la oposición no sólo está representada por un constitucionalista en los pocos medios que se atreven a entrevistarlos, sino que ahora representan un poder público nacional, con la más grande mayoría que puede tenerse en sus instituciones.

El único detalle disonante que me atrevería a decir que tiene el artículo es el no haber vuelto a insistir en el tema de la presunta ilegitimidad de los ‘magistrados express’ -nombrados en sesiones extraordinarias por la anterior legislatura parlamentaria en su último mes de funciones-, dado que también allí podría analizarse la intención de la legislatura actual en desconcerlos, y por lo tanto no acatar. Podía haberse anexado también que ya se conformó la comisión para investigar el asunto: https://www.lapatilla.com/site/2016/01/06/esta-es-la-comision-que-investigara-la-designacion-de-magistrados-rojos-del-tsj/

Miguel.A.Gonzalez.C
7 de enero, 2016

Muy pedagogico el articulo y esclarecedor para personas que no tienen conocimientos juridicos.

Adolfo P. Salgueiro
7 de enero, 2016

Me complace y enorgullece el hecho de que el Dr. José Ignacio Hernandez fue mi muy apreciado alumno en la Facultad de Derecho de la UCAB. Sus análisis son para mi fuente de argumentos que utilizo para explicar las cosas a quienes nos quieran escuchar. Estimo indispensable que José Ignacio continúe sin interrupción esta tarea didáctica de alto valor cívico y republicano.

Rodrigo J. Mendoza T.
7 de enero, 2016

Lo dicho, se pone en evidencia que una de las primeras tareas de la Asamblea es determinar de forma rigurosa el orden secuencial de las decisiones legales y administrativas a tomar, estudiando a cada paso las reacciones de los poderes públicos que reciben órdenes del régimen y las que a su vez debe proveer la Asamblea para no ir quedando inmovilizada. A tal efecto, cada iniciativa de la Asamblea debe ser explicada minuciosamente a la sociedad venezolana, en sus motivaciones y razón de ser, así como las obstrucciones que el régimen levantará sistemáticamente. Esta es la tarea fundamental: explicar continuamente al país porqué se toman decisiones, con qué fines, cómo se integra cada iniciativa en un plan de recuperación del país. Si no se da esta batalla político comunicacional, el régimen pronto exhibirá como trofeo la parálisis de una Asamblea de mayoría opositora.

jorge luis meza
8 de enero, 2016

Estimado Dr. he leído con detenimiento su apreciación sobre que el acto administrativo de efectos particulares denominado proclamación emanado por la Junta Electoral del estado Amazonas ya se cumplió o ejecutó, lo cual es cierto pero al igual que otros actos declarativos de derecho o sancionatorios, a pesar de haberse cumplido o ejecutados son susceptibles de ser suspendidos por medidas cautelares típicas del derecho administrativo o por medio de amparo cautelar. Ello conllevaría a reputar la proclamación como un acto fuera del control de la legalidad o de la constitucionalidad lo cual no es cierto. De ser así ni las multas ni las destituciones, entre otros actos administrativos particulares, que son de ejecución inmediata no podrían ser objeto de tutela cautelar tanto mas cuanto si en su constitución se denuncian y prueban vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad. por tanto si es ejecutable el amparo acordado en sede cautelar. Obviamente, el resto del contexto es debatible.

Luciano TENNI
9 de enero, 2016

Quiero agradecer DAVINCI su labor educativa en la mayoría de sus sintervenciones. Las del Dr. José Ignacio Henández son verdaderas cátedra de derecho constitucional por quienes somos unos pobres legos en el campo. GRACIAS, Dr. JIH! Me adhiero a la propuesta de Rodrigo MENDOZA T., che me ha precedido y que transcribo” A tal efecto, cada iniciativa de la Asamblea debe ser explicada minuciosamente a la sociedad venezolana, en sus motivaciones y razón de ser, así como las obstrucciones que el régimen levantará sistemáticamente. Esta es la tarea fundamental: explicar continuamente al país porqué se toman decisiones, con qué fines, cómo se integra cada iniciativa en un plan de recuperación del país. Si no se da esta batalla político comunicacional, el régimen pronto exhibirá como trofeo la parálisis de una Asamblea de mayoría opositora”. En el desastre que hemos vivido durante 17 “eternos” años de “vacatio legis” por incumplimiento de la CRBV,la Honorable ASAMBLEA NACIONAL,debe ser educadora

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