Perspectivas

Justicia constitucional versus democracia; por Ramón Escovar León

Por Ramón Escovar León | 6 de junio, 2017
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Fotografía de Carlos Garcia Rawlins para Reuters

“Va a ser difícil en el futuro explicar que la jurisdicción constitucional sea necesaria para el Estado constitucional de Derecho”. Esta afirmación, que hoy nos desafía, fue hecha por el constitucionalista Humberto Njaim en las redes sociales. La experiencia vivida por los venezolanos en estos últimos dieciocho años evidencia que la justicia constitucional, tal como fue concebida, y como ha sido entendida en los últimos años, se ha convertido en un instrumento que restringe los derechos ciudadanos y que afecta con golpes lacerantes la idea misma de libertad. Este tema ha sido abordado por el pensador y filósofo del derecho Jeremy Waldron (Democracia y desacuerdo), quien combina la teoría general del derecho con la teoría política para concluir que este tipo de justicia, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus decisiones, atenta contra la democracia. Esta tesis luce acertada en el caso venezolano; pero es discutible en jurisdicciones constitucionales reconocidas, como la colombiana y la española.

La justicia constitucional, según la han entendido los magistrados chavistas, es una mezcla de la tesis de Kelsen sobre el control concentrado de la constitucionalidad en manos de un Tribunal Constitucional, y el judicial review creado por el legendario juez John Marshall en su célebre decisión Marbury-Madison (1803), que es el tipo de control difuso que se ejerce para acoplar las leyes con el sentido del Texto Fundamental. Surge así el control de la constitucionalidad de las leyes. El mecanismo ideado por Kelsen supone que el Tribunal Constitucional tiene como misión proteger la Constitución; en especial, en aquellos casos en los que la sociedad transita del autoritarismo a la democracia. Bajo este manto conceptual, dicho órgano debe salvaguardar los derechos fundamentales y fortalecer el sistema democrático y la libertad de posibles abusos por parte del poder. Es decir, la justicia constitucional debe garantizar los derechos de los ciudadanos, y no perseguir a estos últimos como ocurre hoy en Venezuela. En nuestro país, contrario a lo expuesto por Kelsen, el Tribunal apuntala el autoritarismo, restringe los derechos humanos y los vulnera directamente convirtiéndose en un mecanismo de apoyo a la dictadura. Un Tribunal o Sala Constitucional que no atiende a su esencia se convierte, sin duda, en un factor perturbador e inconveniente para la democracia.

El modelo difuso o del judicial review presenta el dilema de si es posible que un órgano no electo (el Tribunal Constitucional o Sala Constitucional) pueda anular leyes dictadas por el Parlamento que ha sido electo por el pueblo. Este esquema presenta como riesgo la invasión de las competencias del Poder Legislativo al disponer de la facultad para anular leyes; y es contra dicha facultad que Jeremy Waldron enfoca sus reparos. El núcleo de su posición se centra en la distinción de los derechos que forman parte de la noción de democracia. En este sentido, Roberto Gargarella y José Luis Martí, quienes presentan la edición española de Democracia y desacuerdo, resumen tales derechos en los siguientes: derecho de participación, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y derechos hereditarios. El primero es constitutivo del proceso democrático; el segundo y tercero son condiciones de legitimidad democrática y el último no está vinculado con la idea de democracia. Sobre estos hay desacuerdos en las sociedades divididas por creencias religiosas, ideologías y posturas políticas, como ocurre en Venezuela. El contenido de los derechos mencionados —según Waldron— no puede ser definido por un tribunal, porque los jueces no pueden ser el elemento determinante de la democracia. Es el legislador el llamado a darle sentido a estos derechos que generan desacuerdo, porque este cuerpo es producto de la voluntad del elector.

La tesis de Waldron tiene seguidores y detractores, pero no debe soslayarse por el constitucionalismo venezolano en momentos aciagos en los que la Sala Constitucional se ha convertido en la mayor amenaza para los derechos fundamentales, pues se ha encargado de derrumbar, sentencia tras sentencia, las vigas maestras que sostenían la democracia venezolana.

La tesis del pensador Jeremy Waldronno debería pasar inadvertida para los abogados venezolanos, pues invita a una seria discusión sobre el porvenir de la sala que se ha encargado de “interpretar” la Constitución. Son muchas las reflexiones que abre Waldron para los venezolanos: ¿cómo comenzó la degradación de la justicia constitucional?, ¿cómo se consolidó?, ¿cómo salir de esta crisis? La respuesta a la primera pregunta es sencilla: con el uso y abuso de la justicia constitucional. Más allá de la discusión sobre este tema, que enfrenta al legislador con el juez constitucional, hay que reconocer que el mecanismo constitucional marchaba muy bien cuando su impulso se lo daba la jurisprudencia de la época, que mantenía un nivel de respeto hacia el legislador. En este sentido, vale la pena recordar al juez de familia Alirio Abreu Burelli —reconocido por su probidad, quien luego fue magistrado de la Sala de Casación Civil— quien le dio vitalidad, reciedumbre y credibilidad a la institución del amparo. Fueron notables sus decisiones. Luego de que el amparo había sido definido por el juez, el legislador le daba forma de ley.

Después de esto, comenzaron los abusos, pues el amparo dejó de usarse para proteger un derecho constitucional y comenzó a emplearse para asuntos privados de naturaleza civil, mercantil, laboral, administrativa y penal. Se distorsionó el amparo y con ello se alimentó la inseguridad jurídica. Por eso hay que buscar el diálogo democrático entre el juez constitucional y el legislador, para lograr espacios de entendimiento en los temas constitucionales, como ha funcionado en Colombia con el denominado “estado de cosas inconstitucional”. Este instrumento está destinado a proteger los derechos fundamentales de la población. Pero lo que es fundamental es la elección de jueces confiables e idóneos para que la aplicación de normas —que las más de las veces son ambiguas y vagas— puedan ser desarrolladas. Los jueces sumisos y elegidos sin respeto de sus méritos generan inseguridad y constituyen una amenaza permanente para la justicia y la libertad. Solo puede haber justicia constitucional con jueces probos, independientes y preparados.

Con la nueva Constitución apareció la figura de la revisión constitucional, que le permitió a la Sala Constitucional dictar sentencias en todos los asuntos como Deus ex machina. Con ello se resintió el concepto de cosa juzgada y se privilegió un elenco de decisiones contradictorias y abusivas. Por si fuera poco, dicha Sala se atribuyó a sí misma la potestad de designar altos funcionarios, amparada en la denominada y antidemocrática “omisión legislativa”. Esta “jurisprudencia”es la que ha permitido “designar” los rectores del Consejo Nacional Electoral, pese a que es el Parlamento el facultado para hacerlo.

A todo lo anterior, se añade la nefasta línea jurisprudencial de la Sala Constitucional dictada desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional, lo que es sobradamente conocido por la opinión pública. Por ahora, basta decir que la tesis del prestigioso filósofo del constitucionalismo, Jeremy Waldron —independientemente de que se discrepe de ella— debe ser objeto de reflexión en nuestras Escuelas de Derecho para ponderar la conveniencia de que la Sala Constitucional sea revisada —y hasta eliminada— porque ha sido un factor que atenta contra la democracia.Una propuesta para el futuro puede ser la creación de un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial, integrado por jueces probos y capaces intelectualmente, que respondan al sentido de justicia y no a los mandatos del gobernante de turno. Creo que los venezolanos hemos aprendido la lección a un precio muy elevado. El asunto del futuro de la justicia constitucional merece una serena y profunda discusión, para convertirla en un instrumento que garantice la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos.

Ramón Escovar León 

Comentarios (8)

Guillermo Gorrín Falcón
6 de junio, 2017

Cierto, los problemas de la justicia constitucional preceden al 98, pensamos no socavaría la democracia: sí lo hizo, le restó credibilidad al Poder judicial, lujo que ningún país se puede dar. La manipulación de la justicia conduce a analizar un tema: El Juez. Hoy se utiliza al Juez contra la democracia, ahora el problema del Poder Judicial sí nos afecta a todos. Antes, quienes no veían perjudicados sus intereses por el uso indebido y excesivo del amparo decían, de forma sarcástica, ese es un problema de abogados. Sorprendido llegué a pensar: cuando me hablen del problema de la medicina pública podré decir ¡ese es problema de los médicos! Claro que no, !qué barbaridad! El abogado es a la sociedad civil lo que el médico al cuerpo humano: una sociedad con abogados mal preparados, sin valores y complacientes andará mal, como el cuerpo del paciente mal atendido por el médico incompetente. El juez debe ser abogado, la reflexión debe ir más allá de la justicia constitucional.

CARLOS TAYLHARDAT
6 de junio, 2017

Estimado Dr. Ramón Escovar León

Su análisis permite comprender que el estudio de las leyes requiere en el Juez virtudes adicionales. Sabiamnente Bolivar lo afirmó, lo que es mas grave en el acto de juzgar: “El talento sin probidad es un azote“. Este pensamiento del Libertador, hace referencia a que poseer talento y no tener ética, es una verdadera desgracia, una calamidad. Un hombre puede poseer mucho talento, mucha capacidad para el estudio o evocar conocimientos, pero si no tiene ética, no es capaz de vencer su sentido de la desproporción al actuar, al hablar, al aplicar los conocimientos, puede incurrir en actos realmente detestables e innobles. La angustia se acentúa cuando ademas cuestionamos si en los magistrados constitucionales ¿hay talento?

Luis Melo
6 de junio, 2017

Nuestro drama es la politización de la justicia constitucional. Rotos sus vínculos con el papel de baluarte de los ciudadanos, frente al poder de la admiración nistracion, no es posible ubicarla dentro del papel que le corresponde desempeñar en una sociedad democrática. En esta circunstancia, la propuesta de Waldron es demoledora porque, entre nosotros, la Sala Constitucional ha ignorado su obligación de proteger los principios democráticos. En el futuro el debate no debe centrarse en la necesidad de su presencia pues, en beneficio de la democracia y su defensa, se debe discutir que entendemos por Constitución y como debe interpretarse. Nuestros males comenzaron cuando en la interpretación de la Constitución se abandonaron la protección a los principios democráticos y a nuestros derechos como ciudadanos. La escogencia del papel de la Sala Constitucional como actor político es el problema, no su existencia dentro de las sociedades democráticas.

Eugenio Marcano Guerra
6 de junio, 2017

“El talento sin probidad es un azote” Ese talento hace en oportunidades justificar posiciones adoptadas en el ámbito jurídico, con supuesto apego a la doctrina o a las normas pero que en realidad solo obedecen a sus intereses o a los intereses del grupo al cual representan y esto hace lo que vemos con mucha frecuencia. En Venezuela la batuta lo lleva el connotado Abogado Constitucionalista Germán Escarrá, de quien se puede decir que sus conocimientos juridicos tienen dos fuentes, segun sea contrario al régimen, como fue antes o asesor principalísimo y abanderado del chavismo-madurismo, como lo es ahora.

Ildefonso Ifill
6 de junio, 2017

Honestamente no creo que el problema haya sido culpa de la existencia o no de una Sala Constitucional o si lo que debió crearse es un Tribunal Constitucional, porque si así hubiese sido, integrado por esos mismas personas, los resultados hubiesen sido iguales. El problema estuvo en la inadecuada interpretación que los primeros magistrados dieron respecto de sus facultades, quienes se consideraron omnipotentes sin alteración, perturbación o emoción del resto de los poderes públicos, porque en su momento mucha gente aplaudía todo aquello que de alguna u otra forma se consideraba emanación del presidente. Añádase que después se le dejaron todas las instituciones al partido de gobierno. Es deseable es que se exijan más requisitos a las personas que vayan a asumir tamaña responsabilidad y no solo su afiliación a una corriente política.

Manolo Dominguez
8 de junio, 2017

Buen escrito, es académico, claro, conciso, oportuno y trascendente.

Ramón Escovar León
10 de junio, 2017

Agradezco los comentarios anteriores que me enriquecen

Adriana Maestracci
22 de junio, 2017

Análisis didácticamente expresado; sutilmente obliga la reflexión del lector, revaloriza discusiones que inexorablemente deben producirse sobre los tópicos planteados y hace ostensible el abismo existente entre juristas de sólida formación académica, valores éticos y convicción democrática y quienes deplorablemente han ejercido la magistratura judicial los últimos 18 años. Imposible desconocer o desmentir los tantos y graves abusos-violaciones cometidos por la SC, mas la facultad para anular leyes por razones de inconstitucionalidad otorgada a Cortes y Tribunales Supremos no constituye per sé y rigurosamente invasión de las competencias del Poder Legislativo. Muchas Constituciones americanas y europeas atribuyen el Control de Constitucionalidad al órgano judicial, otras al político o Parlamento (Francia). La génesis y “evolución” del sistema de control constitucional venezolano evidencia que cualquiera sea el sistema adoptado, la clave está la idoneidad de los juristas que a cargo.

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