El Café de Pascal

Golpe ejecutivo, golpe legislativo, golpe judicial

Por El café de Pascal | 2 de julio, 2012

La Prensa de Panamá reproduce el artículo de Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal (aquí versión en inglés), para quien el presidente Ricardo Martinelli se está desplazando hacia el autoritarismo. El también dueño de una cadena de supermercados estaría intentando, -según O’Grady- aumentar el número de asientos en el Tribunal Supremo de Justicia, para de esta forma fabricar una mayoría favorable a la reelección, que no está permitida en Panamá. “Construye obras públicas y destruye la democracia”, según el artículo.

En cuanto a la destitución del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, sostiene Fernando Mires en Prodavinci que la interpretación de una Constitución es un asunto de simple mayoría parlamentaria. Según Mires, lo que se hizo pretende que cualquier presidente pueda ser destituido al no contar con mayoría parlamentaria, lo cual sería admisible en una democracia parlamentaria (el parlamento elige al presidente), mas no en una presidencialista (los ciudadanos electores eligen al presidente). La destitución de Lugo habría sido producto de una conspiración y sin guardar las formas democráticas que son esenciales.

En un segundo artículo, Mires encuentra que la destitución no es un golpe de Estado, pues la Constitución la permite, pero sí es ilegítima, y su argumentación privilegia la idea de que sólo el pueblo puede destituir al presidente: “Eso quiere decir que si bien la destitución de Lugo, aunque realizada de acuerdo a leyes, desde el punto de vista político puede ser –y lo fue- un acto aberrante. Tanto o más si violó usos vigentes en el “occidente político”. Y uno de esos usos dice: los presidentes han de ser elegidos y revocados mediante la voluntad popular”.

En Die Zeit, la relación es algo distinta. La destitución de Lugo está contemplada en la Constitución, pero el proceso que se le siguió está lejos de ser serio. Lo que parece una opereta confusa de república bananera esconde en realidad una despiadada lucha por privilegios y poder. La coalición de Lugo se rompe con el tema de la Reforma Agraria. El pretexto para enjuiciarlo fue la invasión por parte de campesinos de las tierras (obsequiadas por el dictador Stroessner) del ex senador colorado Blas Riquelme, que terminó con 11 campesinos y 6 policías muertos. Los terratenientes culpan a guerrilleros infiltrados, pero no presentan pruebas. En Paraguay, 10 por ciento de la población concentra el 85% de las tierras. Muchos terratenientes son de origen brasileño. Las siembras de soya atienden sobre todo a China, país que no ha dicho nada de la situación.

La revista Time presenta otras estadísticas, lo cual demuestra que las cifras también son contenciosas (o que el rigor periodístico se acomoda al momento). Hoy, apenas 1% de la población poseería 80% de las tierras cultivables, según la Federación Nacional de Campesinos; las propiedades habrían sido concentradas durante la dictadura de Stroessner por sus allegados. La crisis en Paraguay expresaría la vieja deuda de América Latina en cuanto a la propiedad de la tierra y lo más probable es que sea, al mismo tiempo, producto de las maquinaciones del partido Colorado y de los propios errores de Lugo. El presidente depuesto puso fin a 61 años de monopolio colorado en el poder.  Paraguay sería el cuarto mayor exportador de soya del mundo, y la tierra en conflicto se usaba para sembrar soya. La gran mayoría de campesinos estaría excluida de los beneficios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”.

La CIDH pudiera ser la instancia más apropiada para defender a Lugo: si el juicio no se apegó a la ley, hubo golpe de Estado. Pero tal vez eso no sea lo que realmente interesa a sus ruidosos amigos, ni a nadie, porque equivaldría a reconocer a una CIDH que molesta a todos.

En Semana, Antonio Caballero escribe indignado que la Reforma a la Justicia en Colombia es un torpedo bajo la línea de flotación de la Constitución. “Y eso es así por la condición de quienes la promueven y la apoyan: nuestra clase política. Es una iniciativa de hampones para defender su hamponería. Es una consagración de la impunidad para los congresistas, un premio al servilismo para los magistrados de las altas Cortes y, para los representantes del Ejecutivo, la compra de la reelección presidencial”. El Estado estaría así intentando el golpe de Estado. Caballero, lamentablemente no ofrece luces, sino la descalificación total que precede al triunfo de la anti-política. Según él, sólo la resistencia civil puede impedir esta reforma, pero “esto de la resistencia civil es algo que muy poco se ha practicado aquí, en este país de borregos obedientes que para defenderse de los abusos son capaces de convertirse en tigres carniceros, pero no saben erguirse en solo dos de sus cuatro patas, como hombres. Por eso aquí hay guerrillas, pero no hay oposición”. La indignación pública y la mala prensa han hecho, sin embargo, que de pronto todos se distancien de la reforma, la cual parece que será hundida.

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Comentarios (3)

juan rivas
2 de julio, 2012

Qué rigidéz conceptual decir alegremente que una Constitución es presidencialista o parlamentarista. En el dialogo platónico sobre la ciencia salta el valor de la pluralidad. La Constitución del Paraguay concede al Parlamento la facultad de destituir al Presidente con mayoría calificada. Éste hecho, porque es un hecho, puede llamarse “ventilador”, “talco ortopédico” o como se quiera sin que por estos nombres pierda su entidad como “hecho que es”. El equívoco está que a “este hecho” se le puso el difuso nombre “juicio político”. Tendría que haberse llamado “Voto de destitución”, pero los latinos americanos tenemos miedo a las palabras fáciles, sencillas y conocidas. Éste sí que es un verdadero misterio, pues por haberse elegido mal el nombre a un hecho se pierde tiempo y energía para charlatanear buscando imaginarias analogían con un “juicio” procesal civil. En fin.

Pedro Velasco Astudillo
5 de julio, 2012

Indudablemente que la “destitución” del Presidente de República del Paraguay, ha devenido en un problema de Estado, por cuanto, parece ser, que tal acto, no se ” compadece”con la Constitución ni las Leyes de la República “Exctricto sensu”; al no conceder el tiempo suficiente para ejercer la defensa del “juzgado”…Sin embargo, no escapa a la consideración de cualquier sensato o lerdo, que quienes fungieron de “juzgadores”en este controvertido “juicio”; fueron reconocidos “juristas” del Parlamento, que no se “chupan el dedo”,,,por lo cual perfectamente sabrán ellos, POR QUÉ lo hicieron ?…o lo sabrá DIOS, o ALGUIEN más !!!

Pedro Velasco Astudillo
5 de julio, 2012

Fe de ERRATA.- Donde dice: “Exctricto sensu”, léase: “Estricto sensus”.

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