Blog de José Ignacio Hernández

El TSJ avanza en su intento de anular y remover a la Fiscal; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 27 de junio, 2017

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En dos nuevas sentencias publicadas el 27 de junio de 2017 (con los números 469 y 470), la Sala Constitucional avanzó en su intento por restar competencias a la Fiscal General de la República, abriendo el camino para su posible remoción.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es cuáles son las implicaciones prácticas de estas sentencias. Luego de ello, podré precisar cuáles son los escenarios más probables luego de estos fallos.

1.- La ampliación de las facultades de la Defensoría del Pueblo

 La sentencia 469, “interpretando” la Constitución como lo solicitó el Defensor del Pueblo, concluyó que la Defensoría puede participar en investigaciones penales.

En total, la Sala Constitucional reconoció siete competencias a la Defensoría en esta materia. Así, la Defensoría (i) tiene funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos; (ii) tiene competencias para adoptar medidas preventivas a la violación de derechos humanos, ejerciendo además acciones para reparar las consecuencias de tales violaciones; (iii) puede investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público; (iv) puede asumir la representación procesal de la víctima en procesos penales; (v) puede iniciar investigaciones por violación a derechos humanos, y tiene además derecho de acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con tales violaciones; (vi) puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, así como los demás órganos auxiliares de justicia, y (vii) puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, y puede estar presente en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar.

Quien lea desprevenidamente este listado podrá concluir que en realidad, la Sala Constitucional no está diciendo nada nuevo.

Sin embargo, tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo, una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener “versiones alternativas” a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía en investigaciones de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, como ha sucedido con los homicidios cometidos por funcionarios en el contexto de la represión en contra de manifestaciones.

De esa manera, frente a las pruebas y conclusiones de la Fiscalía, ahora tendremos las pruebas y conclusiones de la Defensoría. Además del fraude, con esta decisión se está transformando la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, pues lejos de proteger derechos humanos lesionados por actuaciones y omisiones del Estado (violaciones evidentes, por lo demás, en el marco de la actual crisis humanitaria), ahora la Defensoría será un órgano paralelo al Ministerio Público.

2.- La anulación de la designación del Vice Fiscal

 La noticia tras la sentencia 470 debería haber sido que la Sala Constitucional, sin juicio, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscal en contra de las bases comiciales de la fraudulenta constituyente.

Pero la noticia es otra. En esa sentencia, y sin que nadie se lo pidiera, la Sala Constitucional anuló el acto por el cual la Fiscal nombró al Vice Fiscal, al considerar que ese nombramiento debía ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y de paso, anunció que será la Sala Constitucional la que designará al Vice Fiscal.

Nada de esto podía hacerlo la Sala, quien con esta decisión, profundiza el golpe de Estado.

Así, la Sala no puede anular la designación del Vice Fiscal, pues carece de competencia para ello: la Sala solo conoce de asuntos constitucionales, y esa designación es un asunto administrativo. Además, mal puede anular un acto cuya nulidad no ha sido demandada.

Además, la designación del Vice Fiscal efectuada por la Fiscal fue solo a título de encargado, no a título definitivo. Eso es lo sucede, por ejemplo, con quien ejerce el cargo de Procurador, que en realidad es encargado. Pero la Sala solo anula la primera designación, aceptando la designación similar de quien ejerce el cargo de Procurador. La discriminación es evidente.

Y en todo caso, de ser nula esa designación, es a la Fiscal a quien correspondería designar al Vice Fiscal, previo control de la Asamblea. La Sala no tiene competencias para designar a los funcionarios del Ministerio Público.

3.- El Plan de la Sala Constitucional

 Sherlock Holmes decía que todo lo que un hombre puede inventar, otro lo puede descubrir.

En este caso, resulta fácil descubrir cuál es el plan de la Sala.

Así, en una clara usurpación de funciones, la Sala Constitucional va a designar al Vice Fiscal. Luego, mientras avanza el procedimiento de destitución de la Fiscal que inició –fraudulentamente- el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría actuará como Ministerio Público paralelo, de la misma manera que en ciertas gobernaciones se han creado estructuras paralelas, a especie de “protectorado”. Luego de que el Tribunal Supremo decida que la Fiscal incurrió en “falta grave”, la Sala Constitucional procederá a su remoción, bajo el falso argumento del desacato de la Asamblea. Con el cual, el Vice Fiscal impuesto en clara usurpación por la Sala, asumirá el cargo de Fiscal.

Todo esto no es solo un fraude constitucional. Es, además, otro capítulo más del golpe de Estado impulsado por “interpretaciones” desviadas y falaces de la Sala Constitucional.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (12)

Eduardo
28 de junio, 2017

Me gustaría saber si en verdad van a ser capaces, desde luego que han sido capaces de no pocas cosas sin embargo ¿el argumento de Carreño se lo va a tragar la comunidad internacional? en verdad que lo dudo,Luisa los tiene locos muy locos y capaces de todo.

Alejandro Lares
28 de junio, 2017

La pregunta serìa: ¿ Y si no lo logran con la justicia lo haràn con las armas?

Edmundo Pérez Arteaga
28 de junio, 2017

Dentro de la competencia del Defensor del Pueblo, como la de cualquier defensor, está el participar en los procesos judiciales. Siendo así no veo la inconveniencia de que el Defensor del Pueblo se haga parte en procesos penales; esa es su labor defender al pueblo, a los procesados. precisamente la labor del defensor es contraria a la labor del Fiscal. El Fiscal acusa y el defensor defiende. De manera que no hay incompetencia por parte del defensor. Sin embargo, la defensa es para los ciudadanos, para que el defensor los defienda en proceso, no para defender al Estado y al gobierno. Ahora, en cuanto al nombramiento del Vice-Fiscal, observo que a la Sala no le asiste competencia para realizar tal designación; la competencia corresponde a la Fiscal General. La Sala en apoyo del Ejecutivo ha producido sentencias favorables a éste. Pero, esa no es la labor de un juez, la labor de un juez está en impartir justicia, para lo cual debe ser independiente, objetivo e imparcial en sus decisiones.

carlos vasquez
28 de junio, 2017

Buen argumento, lean para que conozcan a los super magistrados.

María Ramírez
28 de junio, 2017

Hoy 28 junio 2017.- Julio Borges en Union Radio dio un halo de esperanzas al afirmar que las FANB en su gran mayoría respaldan la Constitución, debido a que en la reunión con la alta jerarquía castrense para que diesen su respaldo a Maduro, les respondieron que su compromiso y obligación es con la Constitución es por ello que Padrino Lopez sustituye de inmediato los cargos estratégicos en las FANB, luego deciden reunirlos en la academia militar para dar la charla constituyente y no asistieron tuvieron que llenarla como se observó con cadetes y cuando pedían su opinión ningún cadete respondía.

nombrereq
28 de junio, 2017

si es legal,ilegal, legitimo, ilegitimo, moral,inmoral, solo Dios sabe con certeza al fin y al cabo absoluto.

pero yo quisiera que la fiscal me responda a una preguntica,

cómo se llama cuando a un viejito de casi 100 años, persona de la tercera edad, se le encierra en un carro , y se le destroza el carro con él adentro ??

que es eso segun ud.? como se llama? como se puede explicar eso, segun ud?

expliqueme por favor.

nombrereq
28 de junio, 2017

el 350 , eso significa incumplir la misma constitucion con el libre paso de las vias?? el 350 dice que hay que incumplir la misma constitucion, violándola?

ahora, yo se los decia a unos panas del gobierno, si uds dejan trancar las autopistas del pais a sus ”afectos”, a los de los ”barrios”, entonces algun dia la oposicion va a decir como niños envidiosos, yo también, yo también quiero.,

la impunidad cuando se salta una coma, se salta todo.

igual con los buhoneros ilegales , los protejían como si fuesen dioses intocables. se lo dije aun pana del gobierno, eso pudiera ser una espada dedamocles. no me hizo caso, se rió mas bien. bueno ahora yo le pregunto quienes empezaron a revender muy carisimo sin rif y nit??? y pamas colmo sin pagar impuesto de alcaldia??

señores de la oposicion, estos mismos que veo en la calle, son los mismos que dijeron FUERA CAP!, y estos mismos serian los que en el futuro les dirian a uds FUERA MUD!. no alimenten cuervos salvajes, es mi consejo.

Angel Zambrano
28 de junio, 2017

Coincidimos en cada punto de esta exposición José Ignacio. Sin desperdicios. Acá la usurpación de poderes por parte del TSJ es más que patente, ya sin pudor alguno, y creo que el proceder lógico de la Fiscalía sería el desconocimiento de las citadas sentencias. Insisto, como siempre lo he comentado en tus excelentes artículos, no puede toda una nación supeditarse a las decisiones de un grupo de magistrados que actúan en franco favoritismo al gobierno de turno haciendo de la constitución letra muerta. La propia constitución así lo ordena. Así que si partimos del principio de legitimidad, es el TSJ quien aquí sale peor parado.

Hernan Cortez Regalado
1 de julio, 2017

Magistrados ? Realmente se merecen ese nombre ? Según la A.N. y el Ministerio Publico, muchos de esos señores no llenan los requisitos de ley y a pesar de eso se ubicaron en las instalaciones del TSJ, siendo acogidos por los ya presente. Como se le denomina a estas acciones ?

María
2 de julio, 2017

Hay una frase muy famosa “en la guerra y el amor todo se vale”, hago referencia a esta frase porque es común aún oír a esfecto del chavismo justificar todas las ilegalidades y abusos en pro de la revolución y sin aceptar que está posición es la más manipulada por el gobierno para creer inmune ante tantas atrocidades que han hecho…

Simón Guzmán
2 de julio, 2017

Amigo Edmundo Peréz el ” El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación de imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlos. En este último caso, esta obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan” Art. 263 C.O.P.P. Cabe acotar que la Sala Constitucional en Sentencia 3167, del 09 dic 2002, caso Isaías Rodriguez, interpreto el Art. 29 Constitucional de la siguiente manera: ” La investigación, instrucción y comprobación de los delitos (Lesa Humanidad) corresponde al M.P. O a los Órganos que actúen bajo su supervisón..” ” …es que en las causas por la presunta comisión de los delitos de Lesa Humanidad, la investigación corresponde exclusivamente al Ministerio Público…” Ref. Maximario Penal.

Edmundo Pérez Arteaga
14 de julio, 2017

Efectivamente, señor Guzmán. El Ministerio Público debe actuar bajo la figura de la buena fe. De manera que, no es sólo acusar sino también señalar todo aquello que permita alcanzar la justicia, con lo que debe alegar lo que le sea beneficioso a los imputados. Por ello el Ministerio Público debe obrar de buena fe. Por otra parte, en Venezuela, la acción penal la tiene el Ministerio Público. Es a los fiscales del Ministerio Público, como órganos que actúan bajo la supervisión de la Fiscalía General, a quienes corresponde el ejercicio de la acción penal. Otros órganos pueden realizar investigaciones e inclusive instruir y colaborar con la comprobación de acciones delictivas pero, en todo caso, la acción penal la debe ejercer el Ministerio Público. Saludos…

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