Blog de José Ignacio Hernández

Cuando el Gobierno multó a una empresa por bajar los precios, por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 15 de noviembre, 2013

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En los últimos días hemos visto cómo el Gobierno ha iniciado procedimientos en contra de diversas empresas por considerar que han incrementado indebidamente los precios.

Pero, ¿sabía usted que el Gobierno multó a una empresa por bajar los precios?

Los hechos fueron los siguientes: una tienda en Margarita decidió bajar sus precios considerablemente, lo que ocasionó un incremento considerable de compradores que llegaron a hacer largas filas hasta dejar los anaqueles vacíos, como reflejó la prensa.

Tal situación generó diversos rumores, que obligaron al INDEPABIS a aclarar que el Gobierno no tenía intención de nacionalizar a la empresa en cuestión. Además, el INDEPABIS decidió sancionar a la empresapor haber aplicado una oferta pública sin la debida autorización del organismo regulador”.

Es decir, que el INDEPABIS consideró que para poder bajar los precios, la empresa debió haberle pedido autorización al Gobierno.

La conclusión es, cuando menos, insólita, si se le compara con lo que está sucediendo actualmente: el Gobierno cuestiona que las empresas han incrementado sus precios. Pero al parecer, si decidieran bajar sus precios, igualmente serían sancionadas.

Lo que evidencia lo anterior es que el Gobierno ha asumido como cometido el control del precio, tanto para evitar alzas consideradas injustas, como para cuestionar rebajas no autorizadas. Ambas decisiones pueden ser criticadas.

En cuanto a lo primero, el mecanismo por el cual el Gobierno puede intentar impedir el alza de los precios, en los términos de la Ley, es a través de la fijación del Precio Máximo de Venta Público (PMVP), también denominado “precio justo” en la Ley de Costos y Precios Justos. Por ello, en ausencia de ese PMVP, el Gobierno no puede cuestionar que el precio de venta al público fijado por el comerciante no es “justo”.

En cuanto a lo segundo, la Ley del INDEPABIS sólo somete a autorización la promoción, o sea, cuando la venta del bien se realiza mediante el ofrecimiento de una ventaja. Por ejemplo, cuando un comerciante regala una gorra al comprar determinado bien. Pero rebajar el precio no es necesariamente una promoción. Simplemente, es una decisión que puede tomar libremente el empresario.

La anterior afirmación nos permite recordar que, como principio, el precio de venta al público es fijado libremente por el comerciante. El derecho a fijar libremente el precio incluye el derecho a modificar el precio fijado, para aumentarlo o para disminuirlo. Sin embargo, como todo precio de venta al público debe estar marcado, el comerciante no puede remarcar el bien para aumentar su precio. Pero sería ciertamente absurdo prohibirle al comerciante rebajar sus precios, incluso, cambiando el marcaje ya efectuado.

En el caso comentado, sin embargo, el Gobierno consideró que la empresa no podía rebajar el precio de venta sin autorización, mucho menos si con ello generaba grandes colas de consumidores y los anaqueles quedaban vacíos.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (8)

Mirco Ferri
15 de noviembre, 2013

“Insólito” es un adjetivo demasiado anodino para describir el estado de cosas actual en el país. Las colas de gente que no saben a ciencia cierta qué es lo que van a comprar, la guardia nacional repartiendo números, los gerentes de las tiendas detenidos, son muestras de la locura colectiva que anda asolando el país en estas fechas. Esta nota es de un surrealismo sublime, por ejemplo.

José R Pirela
15 de noviembre, 2013

Todos los absurdos que está cometiendo la revolución son para congraciarse con la aceptación del pueblo, pero la gracia se les va a convertir en monería muy pronto. El gobierno está apostando a ganar o justificar el conteo programado de las elecciones del 8D aunque después venga el caos. Pues cuando estemos en el caos los primeros que deben correr son los gobernantes.

edgar villasana r
15 de noviembre, 2013

Eso sucede porque tenemos un régimen que quiere ser policía, fiscal y juez a la vez, que pisotea los derechos ciudadanos porque es como Juan Charrasqueado. Con todosd los poderes secuestrados lo que queda es decir: sálvese quien pueda.

Robert Rodriguez
15 de noviembre, 2013

Lo explicado por el Profesor J.I. Hernández es verdaderamente INSÓLITO, pero cierto. En cuanto al llamado “precio justo”, que debe ser con una ganancia no superior al 30% del costo de un producto, debería ser aplicado también en otro escenario. De acuerdo con el gobierno, el precio del crudo venezolano (petróleo) debería ser vendido a $26 (dólares americanos),ya que el costo de producción por barril no sobrepasa los $20 dólares. Entonces ? ¿es justo vender el barril a $98 o más dólares ? ¿ Cuál es el precio justo? El régimen no quiere entender las leyes de la economía OFERTA – DEMANDA. Ignorancia combinada con “viveza criolla” y pensar que los ciudadanos somos ignorantes y pendejos.

César Yegres
15 de noviembre, 2013

Si aumentan los precios, los sancionan por “acaparadores” o “especuladores”. Si bajan los precios, los sancionan por “dumping”. Si mantienen los precios iguales que en otros locales, los sancionan por “cartelización”.

Pedro Velasco Astudillo
15 de noviembre, 2013

Si la crónica fuese idéntica a la más DESCARNADA realidad, nos llevaría a pensar, ( con dispensa del malpensamiento ), que la tal no era más que : la DOLIENTE BIOGRAFÍA de una MEDIDA “administrativa” y punitiva, impulsada por la RABIA o los CELOS al éxito obtenido, por la venta a granel- hasta dejar los estantes “cuan tabula rasa”- de una empresa cual ésta; de quien tiene una o varias de la competencia, vinculadas – de alguna manera – con alguien quien tiene el PODER de aplicar la pena, que condena la “manera ladina” de la exitosa VENTA !…Se supone que : al contrario de la PENA impuesta, habría de merecer un PREMIO POPULAR la tal empresa, que utilizó – para beneficio del común- esta “solidaria” y económica manera de VENDER !!! No lo cree USTED ?

Dharana
18 de noviembre, 2013

Excelente artículo. Las leyes dictadas durante la Revolución tienen defectos desde su origen, la técnica legislativa es cada vez peor,circunstancia que sumada a los criterios de aplicación del Director de Turno del Ente Público y a los mandatos destemplados del Presidente llevan a barbaridades como las descritas en el artículo. Los hombre y mujeres que nos formamos en leyes vemos cada día con frustración como se menoscaba el Estado de Derecho y se hace inexistente la Seguridad Jurídica como regla básica de convivencia en el Estado Social que se establece en la CRBV.

Jose Marcano
20 de noviembre, 2013

Lamentablemente en este país donde todo es al revés, la oferta de productos a precio rebajado debe ser notificada al INDEPABIS y solo pueden hacerse efectivas previa aprobación del organismo, anteriormente usted era libre de rebajar un producto y hacerselo saber a sus clientes por medios publicitarios, a continuación el texto de la ley del INDEPABIS:

Artículo 61. En caso de ventas o servicios promociónales, liquidaciones u ofertas especiales, se deberá indicar en la publicidad respectiva, el plazo de duración de las mismas y la cantidad de las mercaderías que se ofrezcan, así como las condiciones generales de la oferta. Cuando no se haya fijado término de duración o la cantidad de las mercaderías, se entenderá que la liquidación, promoción u oferta se extienden por un plazo mínimo de treinta (30) días, contados a partir del último anuncio. Cuando se anuncien descuentos sobre el Precio de Venta al Público (PVP) de un bien o servicio que excedan de los tres (3) meses continuos, se entenderá que el precio descontado constituye un nuevo Precio de Venta al Público (PVP) y cesará toda campaña promocional que se fundamente en la existencia de dicho descuento. De proseguir promocionándose el bien o servicio con el mismo descuento sobre el Precio de Venta al Público (PVP) inicial, la campaña publicitaria, por el medio que fuere, será entendida como publicidad engañosa con las consecuencias que ello acarrea. La proveedora o el proveedor de bienes y servicios está obligado a notificar sobre las condiciones, términos, plazos y demás modalidades de las promociones a la Autoridad, en un plazo no menor de diez (10) días antes de la publicación, para su estudio y autorización, la autoridad competente decidirá en un plazo que no excederá de cinco (5) días hábiles.

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