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¿Cómo ha crecido el Poder Ejecutivo en Venezuela entre 1998-2015?; por Anabella Abadi y Carlos García

Por Anabella Abadi y Carlos García Soto | 12 de junio, 2015

Cómo ha crecido el Poder Ejecutivo en Venezuela entre 1998-2015 por Anabella Abadi y Carlos García 640

János Kornai[1], prestigioso economista de origen húngaro, considerado la máxima autoridad en el estudio de las economías socialistas del siglo XX, precisó  que las características básicas de esos sistemas eran: rechazo a la propiedad privada y control gubernamental del aparato productivo nacional; uso de la planificación central y controles administrativos con el fin de facilitar el control directo de la economía por parte del Gobierno; y la hegemonía política del partido de Gobierno.

Esa “hegemonía política del partido de Gobierno” se traducía en el control total de las instituciones y poderes públicos y en una clara intención de mantener el control político de la Nación por parte de la coalición en el mando del Gobierno.

Las políticas del “Socialismo del Siglo XXI” guardan una importante similitud con los socialismos “clásicos”. Y en el caso de la “hegemonía política”, se hace evidente al analizar la magnitud del Poder Ejecutivo venezolano y la falta de autonomía de los demás poderes públicos.

El parecido entre estos sistemas políticos parece ser augurio de que el Estado venezolano se mantendrá en su intento de aumentar su tamaño, así como su influencia y control no sólo sobre lo político, sino también lo económico y social.

1. ¿Cómo está conformado el Poder Ejecutivo venezolano? Conforme a la Constitución, el Estado venezolano se divide en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. A su vez, el Poder Ejecutivo se divide en Nacional, Estadal y Municipal (artículo 136).

Ese Poder Ejecutivo Nacional se ejerce a través del Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros y demás funcionarios señalados en la Constitución y la Ley (artículo 225 de la Constitución), mientras que el Poder Ejecutivo Estadal se ejerce por el Gobernador del Estado y demás funcionarios que determine la Ley (artículo 160 de la Constitución) y el Poder Ejecutivo Municipal lo ejerce el Alcalde junto con los demás funcionarios descritos en la Ley (artículo 174 de la Constitución).

Ese esquema sigue una tradición que comienza en 1811 y que configura al Estado venezolano como un “Estado Federal”.

2. ¿Cuál es el tamaño político del Poder Ejecutivo? El tamaño político y composición del Poder Ejecutivo ha mutado y los cambios han sido notables. Mientras en 1999 había 14 ministerios, en 2015 hay 27. Al mismo tiempo, existen 6 vicepresidencias sectoriales, mientras que en 1999 esta figura no existía.

Por otro lado, si se revisan los Decretos N° 1.612 y 6.372, para 2009 se pueden contabilizar, por ejemplo, 124 Fundaciones del Estado; 59 Institutos Autónomos, y 158 Empresas del Estado. Esta cuenta ha sido luego aumentada a través de diversos actos que crean nuevas Fundaciones, Institutos Autónomos o Empresas del Estado. Ténganse en cuenta las distintas Empresas del Estado constituidas a partir de expropiaciones.

Por último, en la actualidad existen 106 viceministerios y 42 misiones. A esto se le debe agregar las comunas y otras figuras propias del Poder Popular, que aunque no son una figura estrictamente del Ejecutivo Nacional, dependen financieramente del mismo. Según cifras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, a 10 de junio de 2015 se habían registrado un total 1.146 comunas, 216 en lo que va 2015.

El Poder Ejecutivo interviene desde nuestro nacimiento, cuando nos otorga una partida de nacimiento, hasta nuestra muerte, al certificarla a través de una partida de defunción. Además, el Poder Ejecutivo controla el precio de algunos de los productos de su desayuno, administra el semáforo que controla el tráfico mientras va al trabajo, controla el precio del estacionamiento en el cual estaciona el vehículo, regula el servicio de internet que le permite leer sus correos, suministra la energía eléctrica con la cual trabaja, le exige la realización de ese trámite que va a realizar al mediodía, administra ese parque al cual va a recrearse luego de trabajar, y regula el régimen de telecomunicaciones del cual depende su programa de TV favorito antes de dormir.

En todo caso, el Poder Ejecutivo ejerce lo que cotidianamente calificamos como “Gobierno”. También, en otro sentido, el Poder Ejecutivo coincide sustancialmente con lo que llamamos como “Administración Pública”, como se verá de inmediato.

3. ¿Cuál es el tamaño económico de la Administración Pública? Para enero de 2015 (última cifra oficial disponible), el sector público contaba con 2.527.771 trabajadores, lo cual implica que había 49 personas al servicio formal del Estado por cada 100 que trabajaban en el sector privado formal.

Es innegable que el sector público ha presentado un importante crecimiento en los últimos 15 años, incluso más que en la década previa (ver Tabla 1). La nómina pública creció 14,5% entre el 1er. semestre de 1989 y el 1er. semestre de 1999, mientras que entre el 1er. semestre de 1999 y el 1er. semestre de 2009 creció 69,16%, mostrando un crecimiento superior al de la década anterior. Asimismo, entre el 1er. semestre de 1999 y el 1er. semestre de 2014 el crecimiento de la nómina pública fue de 99,5%. En otras palabras, la nómina pública se duplicó en 15 años.

Vale decir, mientras que entre 1989 y 1999 el sector público creció por debajo de los sectores privado formal e informal, entre 1999 y 2014 registró las mayores tasas de crecimiento de la fuerza laboral venezolana.

Tabla1(1)

Este aumento de la nómina pública se tradujo en la escala del aparato estatal y, por tanto, en un aumento sustancial del Presupuesto Público. En particular, el gasto público real (ajustado por inflación), estimamos, aumentó en –al menos- 119,1% entre 1999 y 2014.

En contraste, el PIB público real aumentó en 53,6% en el mismo período. Además, la participación relativa del sector público en la oferta nacional de bienes y servicios se mantuvo prácticamente invariante: se estima que el PIB público representó 36,3% del PIB –excluyendo impuestos netos– en 2014, un aumento bastante leve con respecto al 35,2% de 1999. Es decir, el aumento de la magnitud operativa del sector público, en términos de nómina y gastos, se ha traducido en un aumento bastante menor de su aporte a la economía.

4. El tamaño del Poder Ejecutivo en Venezuela y la libertad. En Venezuela ocurre una particularidad con respecto a lo que es usual en el mundo moderno. En Venezuela el poder político y el poder económico están en las mismas manos, en el Estado, en gran medida por la titularidad estatal de la renta petrolera.

Y la tendencia del mundo moderno es precisamente la contraria: que el Estado, ciertamente, controle el poder político según lo previsto en la Constitución y las leyes, pero que en la sociedad civil, en los ciudadanos, recaiga el poder económico. Bajo ese esquema se da una natural dependencia mutua, en la que la libertad de los ciudadanos se garantiza dada la dependencia del Estado de esa sociedad civil y de los ingresos económicos que ella produce.

Desde la aparición en nuestro subsuelo del petróleo, y de su consecuente renta en forma de dólares, el Estado venezolano ha sido, de alguna manera, autosuficiente desde el punto de vista económico con respecto a la sociedad venezolana. Si se quiere, el Estado venezolano, personificado en cada época histórica en los distintos “Gobiernos”, no necesita de los ingresos que le reporten los venezolanos para funcionar.

En épocas de especiales ingresos, como los del boom petrólero registrado entre 2002 y 2014, esa autosuficiencia del Estado con respecto a los ciudadanos ha sido particularmente evidente. Y también ha sido evidente la consecuencia de esa autonomía no sólo política sino económica del Estado: la reducción del ámbito de libertades de los venezolanos.

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[1] Para una discusión en profundidad de estos temas ver Kornai, János (1992), The Socialist System: the political economy of socialism, Princeton University Press.

Anabella Abadi y Carlos García Soto Anabella Abadi M. Economista egresada de la UCAB y Especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales (PUJ, 2011). Profesora en la UCAB, y Analista de la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor. /// Carlos García Soto es abogado de la Universidad Monteávila, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la Universidad Monteávila. Puede seguir en twitter a través de @cgarciasoto.

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