Blog de José Ignacio Hernández

Civiles ante la justicia militar: una violación a los derechos humanos; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 17 de abril, 2017

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13 de abril de 2017. El Foro Penal informó que ocho personas, luego de ser detenidas durante protestas en Barquisimeto, fueron puestas  “a la orden” de Tribunales Militares. Poco antes, el Presidente de la Corporación Jacinto Lara señaló que los personas “responsables de actos vandálicos contra comandos de la Guardia Nacional Bolivariana, serán presentadas ante los tribunales militares”.

El enjuiciamiento de civiles por Tribunales militares ha sido una práctica habitual en los últimos tiempos. En declaraciones del abogado Marino Alvarado, de la ONG Provea,  se señala que “en los últimos 5 años más de 100 civiles han sido procesados por la justicia militar”.

Esta práctica, como explico aquí, viola la Constitución y diversos Tratados de Derechos Humanos, pues los civiles no pueden ser juzgados por Tribunales Militares.

Lo que dice la Constitución

La justicia militar está regulada en el artículo 261 de la Constitución. Según esa norma, “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Esto quiere decir que los Tribunales Militares solo pueden conocer de delitos “de naturaleza militar”. La “naturaleza militar” de estos delitos debe relacionarse con la organización de la Fuerza Armada Nacional, prevista en el artículo 328 constitucional. Esto es, que quienes pueden cometer delitos de naturaleza militar son los integrantes de la Fuerza Armada.

Esta interpretación la reitera el artículo 261 constitucional, al señalar que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios”. La norma se está refiriendo a la comisión de ciertos delitos por integrantes de la Fuerza Armada, que al no tener naturaleza militar, serán conocidos por los Tribunales Penales ordinarios.

En resumen: solo los integrantes de la Fuerza Armada Nacional pueden ser enjuiciados por Tribunales Militares, solo cuando cometan delitos de naturaleza penal.

Lo que dice la Ley

El numeral 3 del artículo 123 del Código Orgánico de Justicia Militar parte de una interpretación distinta. De acuerdo con esa norma, la Justicia Militar conoce de “las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente”.

Es decir, que la Ley sí permite que civiles sean juzgados por Tribunales Militares. Esto tiene una explicación bastante simple: ese Código es anterior a la Constitución de 1999. El enjuiciamiento de civiles por militares fue una práctica común desde la década de los sesenta del pasado siglo, en el marco de los conflictos desatados en los primeros años de nuestra democracia. De esos tiempos surgió la tesis del delito militar aplicable a civiles, incluso, con el propósito de desconocer la inmunidad parlamentaria, tal y como recuerdan Marino Alvarado y el catedrático de Derecho Penal Alberto Arteaga Sánchez.

Pero ese Código debe ser interpretado de acuerdo con la Constitución de 1999, que como vimos, limita la competencia de esa Justicia a los delitos de naturaleza militar. Esa conclusión es respaldada por el reconocimiento del derecho al “juez natural” (numeral 4 del artículo 49), tal y como ese derecho es reconocido en Tratados de Derechos Humanos, de rango incluso superior a la propia Constitución (artículo 23).

Veamos, de inmediato, qué es el derecho al “juez natural”.

Lo que dicen los derechos humanos: el derecho al “juez natural”

El derecho al juez natural es el derecho humano conforme al cual toda persona debe ser juzgada por los jueces competentes de acuerdo con la naturaleza del delito cometido. Desde la Carta Magna, de 1215, lo anterior implica el derecho a ser juzgado “por sus pares”. Esto es, por jueces que actúan en el mismo ámbito jurídico del acusado. De allí que el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales es una derivación del derecho de igualdad ante la Ley.

Este derecho no solo es reconocido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución, sino en diversos Tratados de Derechos Humanos, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Bajo la perspectiva del derecho al juez natural, la Justicia Militar solo puede conocer de delitos conocidos “por sus pares”, o sea, por integrantes del Poder Militar respecto de delitos basados en la violación de deberes miliares.

Por ello, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que “la jurisdicción militar se establece en diversas legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias” (Caso Cantoral Benavides vs. Perú, del año 2000).

Hasta el año 2005, como explica Alberto Arteaga Sánchez, esta fue la interpretación mantenida por el Tribunal Supremo de Justicia. Luego de ese año, se interpretó el Código Orgánico de Justicia Militar por encima de la Constitución, para justificar el enjuiciamiento de civiles por Tribunales Militares, cuando aquéllos cometan delitos de naturaleza militar.

Lo que ha debido hacer el Tribunal Supremo de Justicia, en realidad, era exactamente lo contrario: interpretar la Constitución por encima del Código Orgánico de Justicia Militar. Ello debió haber conducido a declarar inconstitucional la competencia de los Tribunales Militares para juzgar a civiles.

Civiles ante la Justicia Militar: una violación a los derechos humanos

Lo antes expuesto permite comprender por qué es violatorio a los derechos humanos el enjuiciamiento de civiles por Tribunales Militares: estos civiles no son juzgados “por sus pares”, pues los civiles no son pares de los militares. Además, los civiles no pueden violar deberes militares, pues no son militares. Los civiles solo pueden violar Leyes ordinarias propias de su ámbito, como es el caso del Código Penal.

No solo estos juicios militares violan el derecho al juez natural. Además, violan el derecho al debido proceso (numerales 1 y 3 del artículo 49 de la Constitución), pues solo es justo el proceso penal conducido por el juez natural.

Como consecuencia de lo anterior, toda detención de civiles acordada por Tribunales Militares es una detención arbitraria. Asimismo, las pruebas recabadas en el marco de esos procesos militares son nulas, como lo señala claramente el artículo 49.1 constitucional: “serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”.

El carrusel de las discordias

Este análisis estaría incompleto de no tomar en cuenta que el enjuiciamiento de civiles por Tribunales Militares forma parte de un problema de mayor envergadura, como es la conflictiva relación entre civiles y militares inaugurada con la Constitución de 1999.

A esa conflictiva relación se refirió Simón Alberto Consalvi en su libro El carrusel de las discordias (2002). A partir de la Constitución de 1999 el rol del Poder Militar en asuntos civiles se ha intensificado, bajo la llamada “unión cívico-militar”. Desde 2014 he señalado, aquí en Prodavinci, que esta expresión de la unión cívico-militar a lo que conduce es a la militarización de la sociedad civil, sencillamente, pues no puede haber unión entre desiguales.

Esto no quiere decir, por supuesto, que el Poder Civil y el Poder Militar deban estar separados. Tampoco es cuestión de denigrar de todo el Poder Militar. Más bien se trata de volver a la idea plasmada en el artículo 179 de la Constitución de 1811, presente en los artículos 328 y 330 de la Constitución de 1999: el Poder Militar en todos casos se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella.

Pues lo que une a los civiles y a los militares es la Constitución. Solo al amparo de ésta es que puede hablarse de una unión cívico-militar.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (1)

cejotave
17 de abril, 2017

¿Existe el Poder Militar? Veo que en varias oportunidades se refiere al poder militar, y si nos limitamos a la constitución, tenemos 5 poderes, donde no esta incluida como tal la Fuerza Armada. Que existan otros “poderes” como el económico, el 4to poder (la prensa), no quiere decir que reciban oficialmente ese tratamiento. Sobre todo cuando se hace insistencia en el sometimiento de la institución militar al poder civil.

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