Blog de José Ignacio Hernández

¿Carta blanca para los militares en la política? Sobre la decisión del TSJ; por José I. Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 25 de junio, 2014

desfile_640

El carrusel de las discordias. En 2002, Simón Alberto Consalvi escribió que uno de los signos más conspicuos de inicios del siglo XXI venezolano es el retorno de los militares a la política. Durante el siglo XIX y XX, explica Consalvi, se entendió (no sin tensiones) que el Poder Militar quedaba subordinado al Poder Civil. Además, se definió al Poder Militar como un poder no deliberante, pasivo y obediente (El carrusel de las discordias, 2002).

La Constitución 1999, con todo y sus fallas, reconoció el principio básico sobre el cual se asienta el Poder Militar desde la Constitución de 1811: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución “esencialmente profesional” y “sin militancia política”. En el “cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (artículo 328). Además, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad “tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político” (artículo 330).

La letra de la Constitución es clara: la Fuerza Armada debe ser una institución apolítica, al servicio del Estado y no de una figura, un partido ni una idea política determinada. No pueden actuar, por ello, en actos de propaganda ni proselitismo político.

Sin embargo, la sentencia de la Sala Constitucional N° 651, 11 de junio de 2014 parte de otra lectura de la Constitución.

La lectura de la Sala Constitucional. Como tantas otras veces, la Sala Constitucional dio una lectura a la Constitución que se separa abiertamente del texto de 1999. En esta ocasión, la reinterpretación de la Constitución se hizo sobre el régimen del Poder Militar. Ante una acción de amparo intentada con ocasión a lo que se entendían, eran actos de propaganda política de la Fuerza Armada Nacional, la Sala Constitucional dio una lectura que, en definitiva, reconoce la beligerancia política de la Fuerza Armada.  Veamos cuáles fueron los puntos examinados por la sentencia.

1. El saludo militar. La Sala Constitucional entendió que muchas de las consignas políticas usadas por la Fuerza Armada Nacional eran en realidad “saludos militares”, lo que indica “una muestra simbólica, profesional e institucional, de respeto, disciplina, obediencia  y subordinación ante la superioridad jerárquica y a la comandancia en jefe a la cual responde, y, al mismo tiempo, representa una expresión, gestual u oral, del sentimiento patriótico que involucra”.

La interpretación ignora el sentido de la Constitución. Olvida la Sala Constitucional que la Fuerza Armada, en tanto institución republicana, debe ser objetiva y no puede realizar saludos militares que tengan un claro contenido político o que se presten a dudas.

El artículo 328 de la Constitución es muy claro: la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y no puede estar al servicio de ninguna persona o al servicio de partidos políticos. Ni siquiera, agrego, al servicio personal de quienes ocupan, ocuparon u ocuparán el cargo de Presidente.

2. La jerarquía. La Sala Constitucional, además, explica que la Fuerza Armada se rige por el principio de jerarquía, algo que incluye al Presidente en su condición de Comandante en Jefe.

Aquí la Sala Constitucional confunde al órgano con la persona: la Fuerza Armada Nacional no debe obediencia a la persona que puede desempeñarse temporalmente como Presidente, sino que debe obediencia a la Presidencia, como órgano o institución.

La diferencia no es banal. En un sistema republicano, como el que reconoce la Constitución, se admite y fomenta la alternancia en el ejercicio del Poder Público. Por ello, si la Fuerza Armada se muestra obediente a la persona que ocupa temporalmente la Presidencia, ¿no dificultaría ello la alternancia en el Poder Público?

Por ello, el deber de obediencia, en el artículo 328 de Constitución, es orgánico y objetivo. No es una obediencia personal y subjetiva.

3. El Plan de la Patria. En su sentencia, la Sala Constitucional recuerda además que la Fuerza Armada debe cumplir con el Plan de la Nación, o sea: con el Plan de la Patria, el cual reconoce la unión cívico-militar y, por ende, la participación activa de la Fuerza Armada en la construcción del modelo incluido en ese Plan.

Hay que recordar que la Sala Constitucional es el guardián de la Constitución y no el guardián del Plan de la Patria. Lo que quiero decir con eso es que la Sala ha debido interpretar el Plan de la Patria a la luz de la Constitución. Por ello, en el fondo lo importante no es lo que pueda decir el Plan de la Patria, sino lo que dicen los artículos 328 y 330 de la Constitución, los cuales conciben a la Fuerza Armada como una institución objetiva, neutra, apolítica, y al servicio de la Nación. O sea: al servicio de todos los venezolanos.

4. Los militares y la participación política. La sentencia recuerda, además, que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional pueden ejercer el derecho de participación política conforme al artículo 62 de la Constitución. De acuerdo con la Sala Constitucional:

“La participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica que, para los efectos de la República Bolivariana de Venezuela, sin discriminación alguna, representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad no está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública –siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República de Venezuela-, así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su participación se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica de la institución que de ellos se apresta”.

Este párrafo resume la doctrina de la Sala Constitucional en este punto. Así que aquí se amerita un análisis más detenido.

El primer punto que debo aclarar es que los integrantes activos de la Fuerza Armada Nacional, a diferencia de lo sostenido por la Sala, no  pueden participar libremente en asuntos políticos. En efecto, lo que dice el artículo 330 de la Constitución es que los integrantes de la Fuerza Armada en situación de actividad “tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley”, pero no pueden “optar a cargo de elección popular”. Y, en especial, no pueden “participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.

Los integrantes activos de la Fuerza Armada, al contrario de lo que afirma la Sala Constitucional, no tienen derecho a la libre participación ciudadana en igualdad de condiciones: sólo tienen derecho al sufragio, que es apenas una parte del derecho de participación política.

Así, la Constitución niega enfáticamente el derecho de los integrantes activos de la Fuerza Armada a participar políticamente en actos de militancia a favor de una de las opciones políticas que pueden hacer vida en la democracia. Por ello, no puede afirmarse, como hace la Sala, que los integrantes de la Fuerza Armada tienen derecho de participación política en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Aquí está el detalle: quienes ejercen el Poder Militar no son iguales a los ciudadanos pues tienen el monopolio de la fuerza militar. Por ello quiso la Constitución apartarlos del debate político.

Tampoco es cierto, como lo afirma la Sala Constitucional, que la participación política de los integrantes de la Fuerza Armada sea esencial para consolidar la “unión cívico-militar”.

La “unión cívico-militar” puede ser entendida la participación política de la Fuerza Armada al servicio del modelo reconocido en el Plan de la Patria. Visto así, ¿es constitucional esa unión, de cara a los artículos 328 y 330 de la Constitución?

El carácter apolítico de la Fuerza Armada reconocido en los artículos 328 y 330 se opone a una unión cívico-militar en el cual la Fuerza Armada esté al servicio del modelo político que delinea el llamado Plan de la Patria. Insisto: la Fuerza Armada no puede estar al servicio de una parcialidad política. Ni siquiera la reconocida formalmente en el Plan de la Patria.

Incluso, si hablamos de democracia, debemos recordar que la democracia, para ser tal, debe ser plural, como reconoce el artículo 2 de la Constitución. Lo que postula la Constitución es que la Fuerza Armada debe estar al servicio de la Nación, que para ser tal debe ser una Nación plural en la que quepan todos los venezolanos, y no sólo aquellos que se sientan identificados con el Plan de la Patria.

En resumen: la Fuerza Armada debe obrar incluso al servicio de quienes adversan democráticamente el modelo delineado en el referido Plan de la Patria, pues esos venezolanos forman parte también de la Nación, a cuyo servicio objetivo debe consagrarse la Fuerza Armada como institución técnica, objetiva, profesional y apolítica.

De vuelta a la Constitución de 1811. La Constitución de 1999 mantiene algunos de los elementos de nuestra estructura republicana. El régimen de la Fuerza Armada Nacional es un buen ejemplo: a pesar de una indebida concentración de poder en la Presidencia de la República, la Constitución reconoció que la Fuerza Armada debe ser una institución técnica, objetiva y apolítica.

La idea viene del artículo 179 de la Constitución de 1811: el Poder Militar en todos casos se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella.

La subordinación del Poder Miliar al Poder Civil es pieza clave de la Constitución de 1999, como quedó reflejado en sus artículos 328 y 330. Y eso implica defender la autonomía política de la Fuerza Armada Nacional como institución objetiva al servicio de la Nación.

Y la Nación, conviene recordarlo, se compone de la suma de todos los venezolanos.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (9)

Tulio
25 de junio, 2014

La cuestión comenzó con la modificación de la ley de la fuerza armada que convirtió al Presidente en un militar activo (con el rango de Comandante en Jefe). Aunque según los expertos no establece como deja de serlo cuando cesa de ejercer la magistratura. La sentencia plantea asuntos como este: Si los militares pueden participar en actividades de proselitismo político,¿pueden hacerlo en aquellas relacionadas con partidos de oposición? ¿Tendrán, democráticamente, la libertad de escoger? Si no es así, ¿su jefe natural (el Presidente) y la cadena de mando pueden imponerles su conveniencia o interés y ordenarles compartir su compromiso con el partido oficial? Piense en el enredo y sus consecuencias. Uno hasta podría llegar a imaginar que la sala constitucional modificó la constitución (con minúscula) transitando un camino que no se sabe a dónde irá a conducir.

dharana
25 de junio, 2014

Excelente análisis. Pone en evidencia la degradación de la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Luis M. Talavera R.
26 de junio, 2014

Excelente análisis, donde queda plasmado, sin ningún género de dudas, que la beligerancia política de los hombres en armas es contemplada, ab initio, en la tradición constitucional republicana de la patria como un factor intolerable, peligroso, inaceptable e inconveniente para las libertades públicas, democráticas y ciudadanas. Ello es y debe continuar siendo así, por cuanto es deducible sin esfuerzo intelectual alguno que la posesión de la fuerza de las armas, inevitablemente, conlleva el peligro del poder imponer a voluntad determinado criterio, doctrina, sistema o filosofía política, sin otro mérito que el poder y la fuerza sustentado por las armas, en virtud de ser los únicos instrumentos conocidos como eficaces y capaces de generar y sustentar la tiranía. Si alguien conoce otros, por favor, hágamelo saber. De allí lo forzoso en concluir, que es aberrada y hasta necia la decisión in comento, por lo tanto me permito concluir con la frase siguiente: Mientras, doméstica o extranjera, tenga usted tiranía, ¿Cómo puede tener patria? La patria es la casa del hombre, no la del esclavo. Giuseppe Mazzini

leonardo
26 de junio, 2014

No se puede ser más claro! El problema viene del hecho de que para Chávez y los chavistas Venezuela es socialista, de que nada puede existir fuera del socialismo. El socialismo está por encima de todo, es la nueva pauta para leerlo todo, un nuevo marco, las nuevas fronteras de Venezuela : la república bolivariana (no la república de Venezuela) : si democracia hay es dentro del socialismo, otro proyecto diferente no tiene posibilidad de existir. Las FAN, en ese sentido, sólo pueden ser obedientes al proyecto bolivariano que se confunde con el país. Y velar por el pueblo socialista, porque todos deben ser socialistas. En el sistema capitalista existe la alternancia política, pero los partidos por diferentes que sean no cuestionan el sistema, ni la economía de mercado. Y todo el mundo la acepta (aunque pueda combatirla en el juego democrático), empezando por las fuerzas armadas. Cuando el ejército chileno cometió el golpe de estado contra Allende estaba defendiendo el sistema, nada más. La lectura de la sala constitucional no es muy diferente, aunque deforme la constitución (me parece que es una constante del gobierno venezolano actual): si el partido que llegue al poder se separa del plan de la patria, etc., es decir del socialismo bolivariano, las FAN deberán defender el sistema. La unión cívico-militar cobra allí todo su sentido.

Carlos Vivi
26 de junio, 2014

El asunto, es que refunden Estado con Partido de Gobierno (Fascismo) Órgano con Funcionario(Caudillismo y de nuevo Fascismo) Nación con Estado, y obviamente usan el eufemismo de actos públicos para disfrazar beligerancia y proselitismo (Fascismo) lo que evoca a los juristas del horror.

javier monzon
26 de junio, 2014

No hay que gastar tantas neuronas en el asunto: el TSJ (mejor TSJB) solo ve y entiende, lo que el regimen le ordena ver y entender. No tiene independencia como no la tiene en CNE, ni ninguna institucion dentro de Venezuela:eso tiene un nombre, totalitarismo.

Luis-Aníabl Gómez
26 de junio, 2014

Excelente análisis que parece pasar por alto la ruptura entre la ley y los hechos. Puedes estar seguro de que la práctica contradirá siempre la Ley. Lo que está pasando es una aberración y todos los profesionales que la promuevan o ejecuten deberán un buen día ser suspendidos.

anamaría
26 de junio, 2014

Muy claro y conciso el artículo, Creo que esta decisión tiene dos puntos centrales a los cuales aluden Tulio Y Leonardo. Si los militares pueden pronunciarse políticamente podrían , en teoría, ser activistas de oposición, pero eso estaría en contradicción con el mandato de seguir el plan de la patria. Por ello , lo que apunta Leonardo es la consecuencia más seria: No hay nada por fuera del sistema socialista, tal como está concebido,la disidencia es traición. Entonces, no es improbable, y ,muy por el contrario, previsible, que el próximo paso sea una reinterpretación de la constitución y se establezca que Venezuela es un estado socialista, cosa que en la actual no está establecido, pero como ya sabemos que el “máximo” tribunal existe para sostener este oprobioso régimen y conceder los fundamentos “legales” para la disoluciónde la República y de la democracia.

Francisco Alcala
1 de julio, 2014

Al paso que van las cosas, el apoderamiento, secuestro y corrupción de los poderes que deberían ser independientes, va acabando de a trancazos la racionalidad política, sentido común y el civilismo. Esto el peligroso para una sociedad porque abre el camino a la insurrección y la lucha clandestina. Espero estar equivocado.

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.