Blog de José Ignacio Hernández

Allanar la inmunidad parlamentaria: ¿qué puede pasar con María Corina Machado?; por José I. Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 19 de marzo, 2014

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El pasado 18 de marzo la Asamblea Nacional acordó solicitar a la Fiscalía General de la República el inicio del antejuicio de mérito contra la diputada María Corina Machado “en atención a la demanda que el pueblo venezolano ha venido realizando los últimos días, por su participación y promoción de los hechos de violencia generados por sectores fascistas”. Ese mismo día, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo a su Presidente, solicitaron a la Fiscalía el inicio de la investigación correspondiente por delitos como la instigación a delinquir, terrorismo y traición a la patria.

¿Qué le puede pasar a la diputada María Corina Machado? En un artículo anterior comentamos los aspectos del antejuicio promovido en contra del diputado Richard Mardo. Conviene volver sobre alguna de esas reflexiones para tratar las singularidades de este nuevo caso.

1. De nuevo sobre la inmunidad parlamentaria. Para comprender qué le puede pasar a la diputada Machado, conviene recordar la figura de la inmunidad parlamentaria. El régimen de la inmunidad parlamentaria se encuentra desarrollado en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Implica, básicamente, que los diputados sólo pueden ser enjuiciados por delitos previa decisión favorable del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea. Así, la inmunidad parlamentaria, entonces, garantiza el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional y, por ende, el ejercicio del derecho de voto en la Asamblea, reconocido en el artículo 201 de la Constitución.

No se trata de un beneficio personal de los diputados, sino de una figura que protege a la Asamblea Nacional como institución democrática.

De acuerdo con esa figura de la inmunidad, los diputados sólo podrán ser enjuiciados a través de un procedimiento especial ante el Tribunal Supremo de Justicia conocido como “antejuicio de mérito”.  Precisamente, lo que se ha solicitado es que la Fiscalía, de considerarlo pertinente, solicite al TSJ que inicie el referido procedimiento, para poder así enjuiciar a la diputada María Corina Machado.

2. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Si la Fiscalía decide que existen méritos suficientes para el enjuiciamiento de la diputada Machado, entonces deberá presentar la correspondiente solicitud de antejuicio ante el Tribunal. A su vez, el Tribunal tiene que decidir si existen méritos suficientes para ese juicio, o sea, tiene que decidir si la acusación contra la diputada es jurídicamente fundada, todo de acuerdo con el artículo 266.3 de la Constitución.

3. La autorización de la Asamblea. Si el Tribunal Supremo considera que sí hay méritos suficientes, la Asamblea Nacional debe decidir si autoriza el enjuiciamiento de la diputada María Corina Machado.

Para dictar esa autorización, la Asamblea Nacional debe seguir un procedimiento legal, de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución y el 24 del Reglamento Interior y de Debates: el TSJ debe informar a la Asamblea Nacional de la decisión adoptada para que se nombre una Comisión Especial que, garantizando el derecho a la defensa, decida si otorga o no esa autorización. Para ello, esta Comisión dispondrá de 30 días para presentar un informe en el cual se recomiende o no otorgar la autorización. Ese informe será sometido a votación de la plenaria de la Asamblea Nacional, para lo que se dispone de 30 días. De no haber decisión en plenaria dentro de ese tiempo, la autorización se entenderá rechazada.

Sin embargo, el Reglamento permite que en la misma sesión en la cual la Asamblea conozca de la decisión del Tribunal Supremo se decida si se otorga o no la autorización, de acuerdo con “la gravedad del caso”. Una especie de procedimiento de urgencia, que en modo alguno puede convertir a este procedimiento en un juicio político. Se trata, insisto, de un procedimiento legal que debe garantizar el derecho a la defensa.

4. ¿Qué se requiere para que la Asamblea Nacional apruebe el enjuiciamiento? Ni la Constitución ni el Reglamento establecen cuál es la mayoría que se requiere para que la Asamblea Nacional apruebe el informe que autorice el enjuiciamiento de la diputada, el último requisito para allanar su inmunidad parlamentaria.

Una interpretación superficial podría conducir a sostener que, al no preverse nada en la materia, aplica la regla general según la cual toda decisión de la Asamblea es adoptada por la mayoría del voto de los diputados presentes.

Sin embargo, no comparto esa interpretación. Como ya expliqué, la inmunidad es una figura que protege a la Asamblea Nacional como centro principal de debate político dentro del sistema democrático. Por lo tanto, la inmunidad parlamentaria protege el pluralismo político, que es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico señalados en el artículo 2 de la Constitución.

Las palabras “pluralismo político” han perdido vigencia en el lenguaje político actual, propenso a reducir la democracia a un asunto de mayorías. Se entiende, de esa manera, que las mayorías tienen una especie de poder absoluto que no debe tomar en cuenta la posición de las minorías. Y esa visión desnaturaliza el recto sentido de la democracia, que debe ser plural.

Lo opuesto a la democracia es la tiranía. Y, como Alexis de Tocqueville observó, la tiranía puede estar en manos de quienes, coyunturalmente, ocupan la mayoría o creen ocupar tal posición.

Si se entiende que basta la mayoría simple para autorizar el enjuiciamiento de los diputados, entonces los diputados de la minoría quedarán sometidos al capricho de la mayoría, algo que contradice los fundamentos constitucionales democráticos de la Asamblea Nacional. Es por eso que, en mi opinión, la autorización para el enjuiciamiento de los Diputados de la Asamblea Nacional requiere de la mayoría calificadas de las dos terceras partes de los diputados. Sólo eso protege a la inmunidad en un régimen democrático plural.

En los anteriores casos, sin embargo, la autorización de la Asamblea para “allanar” la inmunidad, ha sido acordada por la mayoría simple de la Asamblea Nacional, lo que constituye una violación a la Constitución.

5. La desincorporación  de la diputada María Corina Machado. Hay una consecuencia adicional, que se ha aplicado a casos parecidos, aun cuando ello no está previsto en la Constitución.

En efecto, en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza el allanamiento suele establecerse que, de acuerdo con el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, el diputado cuyo enjuiciamiento ha sido autorizado queda suspendido del ejercicio del cargo. Es decir, la autorización de la Asamblea implica la suspensión del ejercicio del cargo de diputado, lo que supondría una separación temporal. Algo que, en mi opinión, es una solución contraria a la Constitución: el solo enjuiciamiento de un diputado no puede afectar el mandato popular de quienes eligieron a ese diputado.

Paradójicamente, esa separación sería un argumento adicional para sostener que la autorización de la Asamblea Nacional requiere de la mayoría calificada. Es importante leer con cuidado el numeral 20 del artículo 187 de la Constitución porque, según esa norma, la Asamblea Nacional tiene competencia para decidir sobre la separación temporal de un diputado, decisión que “sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes” de los diputados presentes.

Por ello, de ser el caso, la separación de la diputada María Corina Machado solamente podría ser acordada por esa mayoría calificada, y nunca por la mayoría simple de la Asamblea.

6. El antejuicio: un juicio jurídico, no político. Cabe hacer un último comentario. La figura del antejuicio sólo puede fundamentarse en el marco de una investigación jurídica por la comisión de delitos. En modo alguno puede tratarse de un juicio político ni de un juicio jurídico basado en motivos políticos.

El antejuicio no puede emplearse para censurar a diputados de la Asamblea Nacional por actividades políticas. Recuerdo que, de conformidad con el artículo 199 de la Constitución, los diputados no son responsables por los votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Es decir: que la diputada María Corina Machado no puede ser enjuiciada en función a su actividad política como parlamentaria, pues en tal condición, su responsabilidad será política, ante los electores.

Y vuelvo sobre la tesis del mandato popular: la diputada María Corina Machado fue electa por el voto popular. O, si se prefiere, por el voto del pueblo. En concreto, 235.259 venezolanos votaron por la diputada Machado en el estado Miranda en la elección nominal. Y aunque la democracia no es cuestión de mayorías, no puede dejar de observarse que se trató del cargo nominal más votado en esa elección.

Claro está que el hecho de que un funcionario sea electo por el pueblo no le da licencia para violar la Constitución. Pero el anunciado antejuicio contra la diputada María Corina Machado debe tener muy en cuenta que tal figura es exclusivamente jurídica y en modo alguno podría ser empleado para violentar el mandato de quienes la eligieron, con su voto, como diputada en función a la actividad política de esa diputada.

Y no puede enjuiciarse a un diputado por cumplir, políticamente, con el mandato del pueblo.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (3)

javier monzon
21 de marzo, 2014

Hay que acabar de darse cuenta, de que en Venezuela puede pasarle a cualquiera, lo que al regimen le venga en ganas de que le pase. No hay ley ni derecho. La Constitucion es un papel mojado que solo sirve para que Maduro se pase la vida mostrandola en publico,en clara imitacion al difunto y que desde mucho antes venia siendo violada a capricho; ni siquiera es un chiclet que se estira; no, se viola y aqui no ha pasado nada. Desde el inicio pense que era un error de Leopoldo Lopez entregarse a la (in)”justicia” de ese pais, cuando todos sabemos que esta atada al regimen. Se han olvidado acaso de Simonovis?

angel alberto bellorin
23 de marzo, 2014

Independientemente de lo anterior, También es conveniente afirmar en estricto derecho y sin ninguna duda, que cuando la iniciativa de allanar la inmunidad parlamentaria a un legislador surge del propio seno del Poder legislativo al cual pertenece, estamos en presencia de una aberrante y abominable desnaturalización de la prerrogativa institucional que significa dicho fuero Constitucional. Recordemos que el mismo tiene su origen precisamente en la separación de poderes para la protección de la independencia de los legisladores como cuerpo colegiado frente a los otros poderes. http://blogdelcnelbellorin.blogspot.com/2010/12/judiciabilidad-parlamentaria.html

natali lopez olivo
24 de marzo, 2014

Hola Profesor…. En este pais tan bizarro, como podemos seguir siendo abogados…, me pregunto? Quien supiera derecho??? còmo sigo adelante…, cuando los principios de la formación se han perdido…cuando los valores que son el credo de lo que profesamos como abogados son violados y vulnerados todos los dias…, es acaso que no aprendi nada durante tantos años de estudio…, GRACIAS a Dios fui tu alumna. Gracias a Dios que existe una mente senzata (tu) que escribe, por que es la única forma de no perder el rumbo…

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