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Alcaldes en la mira: ¿qué decidió la Sala Constitucional del TSJ?; por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 24 de mayo, 2017
Fotografía de EFE

Fotografía de EFE

A través de ocho sentencias dictadas el miércoles 24 de mayo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de amparo constitucional en contra de los alcaldes de los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, así como los alcaldes de los municipios Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías del estado Mérida.

Estas medidas de amparo fueron dictadas en el marco de diversas demandas presentadas en contra de estos alcaldes, en las cuales se alegó el incumplimiento de sus deberes al no cuidar el orden público en el marco de protestas desarrolladas en los municipios.

¿Qué puede pasar?

1. Un antecedente peligroso

Existe un importante antecedente que conviene recordar, de acuerdo a lo que expliqué en su momento aquí en Prodavinci. En 2014, en el marco de protestas ciudadanas, la Sala Constitucional dictó medidas de amparo similares a las que este miércoles fueron acordadas. Como resultado de esas medidas, la Sala consideró que ciertos alcaldes –Ceballos y Scarano– habían incumplido las medidas de amparo y como consecuencia ordenó su privación de libertad y destitución.

Este es el riesgo al que se enfrentan estos ocho alcaldes: ser apresados y destituidos por la Sala Constitucional.

2. ¿Qué ordenó la Sala Constitucional?

Las ocho demandas presentadas, según las sentencias, tienen un contenido similar: se alega que en los municipios se han desarrollados protestas y trancas contrarias al orden público, sin que los alcaldes hayan adoptado medidas efectivas para controlar tales desórdenes.

Al admitir esas demandas, la Sala Constitucional consideró que era necesario proteger los derechos humanos afectados por estos desórdenes. En total, dictó siete medidas de amparo:

1. Realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2. Proceder a la inmediata remoción de obstáculos para mantener las vías y zonas adyacentes libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4. Ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5. Ejercer la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías.

6. Velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario

7. Girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo de sus deberes. En especial, se ordenó desplegar las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promover estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

3. ¿Qué riesgos tienen estas medidas?

Estas medidas coinciden en un punto: su imprecisión. Cualquier lector podrá ver que se trata de medidas amplias e indeterminadas. Por lo tanto, esas medidas otorgan a la Sala Constitucional un poder discrecional para decidir cuándo éstas han sido cumplidas o no (tal y como sucedió en 2014).

Es importante recordar que las obligaciones municipales a las cuales alude la sentencia, son obligaciones de “medio”, no de “resultado”. Esto lo que significa es que el deber de los alcaldes es actuar con diligencia, pero ellos no pueden asegurar que no se perturbe el orden público en el municipio pues tal perturbación –de ocurrir– es causada por terceros.

En resumen: con estas sentencias, los alcaldes quedan sometidos a un control amplio por parte de la Sala Constitucional del cual depende no sólo su libertad sino su permanencia en el cargo. Si la Sala considera que se han incumplido sus medidas, en claro abuso de poder, podrá ordenar la privación de libertad de los alcaldes y su destitución (tal y como sucedió en 2014).

4. ¿Y qué puede hacer la policía municipal?

Como en 2014, la Sala Constitucional ordenó a las alcaldías intervenir con cuerpos de policías. Sin embargo, las policías municipales no pueden intervenir para controlar el orden público, pues su actuación se limita a prevenir y controlar delitos.

La policía municipal no puede, ni está preparada, para “desmontar” por el uso de la fuerza protestas y barricadas, actuando contra los vecinos. Si a pesar de todos los esfuerzos de la alcaldía, los vecinos deciden protestar y hacen barricadas, la policía municipal no puede actuar por la fuerza contra esos vecinos. Primero: esto no es competencia de la policía municipal (como vimos). Segundo: esa policía no está ni equipada ni preparada para esto. Tercero y lo más importante: una acción directa de policías municipales para “desmontar” barricadas con vecinos presentes, sería una clara violación a los derechos humanos.

5. La Sala Constitucional en contra de la democracia

Como sucedió en 2014, estas ocho nuevas sentencias de la Sala Constitucional suponen un grave riesgo para la democracia, pues someten a alcaldes electos popularmente a controles discrecionales de los cuales dependen no solo su libertad sino su permanencia en el cargo.

Estas sentencias son consecuencia de un claro abuso de poder de la Sala Constitucional y lejos de efectuar un control jurídico en los temas de su competencia nacional, ha ejercido un control impreciso y ambiguo en asuntos municipales. Como resultado de esto, solo la Sala Constitucional puede decidir si sus imprecisas órdenes fueron o no cumplidas. De ese juicio, insisto, dependerá la libertad de los alcaldes y su permanencia en el cargo.

Es por esto que las sentencias comentadas también restringen arbitrariamente el derecho a la protesta y lo condicionan a órdenes imprecisas y ambiguas.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

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