Blog de José Ignacio Hernández

Luego de las declaraciones de la Defensora del Pueblo: ¿qué es la tortura?; por José I. Hernández

Por José Ignacio Hernández G. | 9 de marzo, 2014

defensora-404x280

En declaraciones de la Defensora del Pueblo –que tuvieron que ser aclaradas, luego de una confusión en cuanto a su contenido- se distinguió entre la tortura y los tratos crueles. Así, según recoge la nota de prensa luego de la aclaratoria efectuada, la Defensora del Pueblo habría señalado que “la tortura tiene un sentido, por eso tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. Con la tortura se emplea sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de trato excesivo o uso excesivo de la fuerza. En base si es tortura, trato cruel o degradante se establece la entidad de la pena y proporcionalidad del castigo”.

A diferencia de las declaraciones que recoge esta noticia, no es posible reducir el concepto de tortura al sufrimiento físico causado para obtener una confesión.

La prohibición de la tortura: derecho humano

La prohibición de la tortura es un derecho humano cuyo reconocimiento se remonta a las primeras “Declaraciones de Derechos”. Desde la Declaración de Virginia, de 1776, se prohibieron los “castigos crueles o anormales” (artículo 9). En Venezuela, la Declaración de Derechos de los Pueblos, de 1811, igualmente, estableció que toda pena debe ser necesaria y proporcionada (artículo 17).

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, recogió estos antecedentes, al disponer en su artículo 5 que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante”. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, se prohíbe la tortura y las “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 7).

Es decir, la prohibición de la tortura es un derecho humano que, en sentido amplio, forma parte del derecho a no sufrir penas o tratos crueles, inhumanos o desproporcionados. Ya esto nos da una primera pista para precisar el concepto de tortura.

En concepto de tortura en la “Convención contra la Tortura”

La Organización de Naciones Unidas, mediante la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, se encargó de regular específicamente a la tortura, cuyo concepto quedó precisado en el artículo 1.

El concepto de tortura consta de una acción realizada por diversos motivos. De acuerdo con ese artículo 1, la acción que califica a la tortura es infligir “intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales” La acción debe ser cometida por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento.

Además, la norma identifica varias finalidades con las cuales esa acción puede ser cometida: (i) obtener información o una confesión; (ii) imponer un castigo por acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; (iii) intimidar o coaccionar, o (iv) por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Como se observa, la tortura no puede reducirse al maltrato “para obtener una confesión”. Esa es una de las cuatro finalidades que, según la Convención, definen a la tortura. Así, cuando un funcionario causa dolores o sufrimientos graves, no para obtener una confesión sino en el ejercicio del poder de coacción, estaremos igualmente ante un caso de tortura.

El concepto de tortura en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dictada en el  marco de la Organización de Estados Americanos,  define a la tortura en su artículo 2. Según esa norma, la tortura es la aplicación de “penas o sufrimientos físicos o mentales  con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”. Incluso, el concepto se extiende a “la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

Como se observa, el concepto de tortura es, aquí, incluso más amplio. Todo sufrimiento físico o mental, realizado con cualquier fin, es tortura. Nuevamente, no es posible reducir la tortura al maltrato físico causado para obtener confesiones.

El concepto de tortura en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

El Estatuto que rige a la Corte Penal Internacional incluye a la tortura dentro de los crímenes de lesa humanidad (artículo 7). Aquí la definición de tortura es más estricta, en comparación con los otros conceptos que hemos visto. Por tortura se entiende “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”.

Es decir, la tortura es el dolor o sufrimiento grave que el funcionario causa a quien está bajo su control. Sin embargo, tampoco aquí la tortura se limita a obtener una confesión.

El estigma de la tortura en Europa

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el célebre caso Griego de 1967, ha señalado que la tortura es un caso agravado de trato inhumano. La tortura se caracteriza por buscar un propósito, que puede ser una confesión pero en general, cualquier maltrato grave intencionalmente ocasionado y que genere, por ello, un estigma. Aquí tampoco se limita la tortura a la obtención de una confesión.

La tortura en Venezuela

El artículo 46, numeral 1 de la Constitución tiene una prohibición general: ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como se observa, en la Constitución, no hay diferencia entre cualquiera de estos tipos de violaciones de derechos humanos.

No obstante, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 2013, sí diferencia la tortura del trato cruel, únicamente a los fines de establecer la pena aplicable.

Quizás esa distinción fue el origen de la declaración que recogió la prensa, y a la cual me referí al comienzo de este artículo.  A pesar que ambos delitos se diferencian en la Ley, el concepto de tortura no se reduce al maltrato causado para obtener una confesión.

El artículo 5 de la Ley distingue tres conductas: tortura, trato cruel y trato inhumano. ¿Cuál es la diferencia entre esos delitos? La definición de tortura en ese artículo es similar al concepto ya explicado de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Es decir, la tortura exige la intencionalidad de causar dolores o sufrimientos por parte de funcionarios, para obtener una confesión o por cualquier otra razón.

Luego, cuando los artículos 17 y 18 de la Ley tipifican, por separado, al delito de tortura y al delito de trato cruel, nuevamente, se emplea ese concepto de tortura. La diferencia entre ambos delitos no reside, por ello, en la obtención de la confesión como fin del trato inhumano. En esos artículos, la principal diferencia entre la tortura y el trato cruel –conforme al Estatuto de Roma- es que la tortura requiere que el daño sea causado a la persona que el funcionario tiene bajo su “custodia”. En el trato cruel no se exige tal condición.

Por ello, bajo esta Ley venezolana, el concepto de tortura no se reduce a la obtención de una confesión. Por el contrario, todo maltrato causado a personas que funcionarios públicos tienen bajo su custodia podrá ser tortura, incluso, si el maltrato no tuvo por objeto obtener una confesión.

Los peligros de distinciones sutiles

Diferenciar la tortura del trato cruel es un ejercicio académico válido, e incluso, un punto necesario para distinguir, en el ámbito de la justicia penal, el delito aplicable. Esa distinción debe interesar básicamente al Ministerio Público, pues será ése órgano el que determine la pena aplicable al funcionario.

Pero en el marco de investigaciones por violación a derechos humanos, esta distinción sutil es peligrosa. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos advirtió que este tipo de distinciones no puede ser utilizado para reducir la gravedad de la violación de derechos humanos ocasionada.

En efecto, más allá de la distinción de ambas conductas, la tortura y el trato cruel son graves violaciones a los derechos humanos que, como tal, deben ser investigados por autoridades imparciales y objetivas. Muy en especial, esas investigaciones deben ser emprendidas por las instituciones garantes de los derechos humanos, función que en Venezuela corresponde especialmente a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con los artículos 280 y 281 de la Constitución.

La guía para la prevención de la tortura, preparada entre otros por la Organización de Naciones Unidas, resalta el rol que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INH), como la Defensoría del Pueblo, cumplen en la investigación contra casos de tortura. Investigaciones que deben considerar, como parte del Derecho Internacional, que en ningún caso debe tolerarse la tortura o el trato cruel.

Asimismo, la guía identifica cuáles desviaciones en estas investigaciones pueden afectar el resultado final. Dentro de las posibles vías que la guía identifica para desviar investigaciones de casos de tortura, encontramos precisamente los intentos de reducir ese delito a los maltratos causados para obtener confesiones. En palabras textuales de la guía: “el supuesto de que la tortura tiene puramente como objetivo recoger  información es demasiado simplista”.

Continua la guía con una advertencia que debemos tener en cuenta: “los gobiernos y los funcionarios a menudo suponen que, dado que esos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no están comprendidos en la definición de tortura, existe cierto margen de libertad en lo permisible en circunstancias extremas. Tales supuestos son completamente erróneos”.

Desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos –que es el rol específico de la Defensoría del Pueblo- tratar de diferenciar la tortura del trato cruel es por ello peligroso. Primero, pues la diferenciación olvida que, desde el artículo 46.1 de la Constitución, tanto la tortura como el trato cruel son violaciones a los derechos humanos. Además, por cuanto en el contexto de esas investigaciones por la violación de derechos humanos, la distinción de tortura y trato cruel se presta a malinterpretaciones y opaca la efectividad de esa investigación, cuyo fin debe ser la defensa objetiva de los derechos humanos y la prevención de la tortura y tratos crueles.

Por ello, ante denuncias de maltratos a personas detenidas, distinguir si esos maltratos tenían o no como propósito obtener una confesión, desvirtúa completamente el rol de la Defensoría del Pueblo. Todo maltrato está prohibición absolutamente en la Constitución. Y en todo caso, como vimos, obtener una confesión no es un elemento determinante para calificar la tortura.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (7)

José Antonio Gámez
9 de marzo, 2014

Luego de leer el excelente artículo del Dr. Hernández me queda muy claro que, con independencia de las intenciones de la Dra. Ramírez, no tiene la preparación adecuada para ocupar el cargo que ostenta. Parece que la Defensora habla más bien como una fiscal de Ministerio Público,y por supuesto la Fiscal como la Procuradora. Es decir en el mejor de los casos hay una confusión en los roles que corresponde a cada uno de estos poderes. Parece obvio que ser miembro del PSUV no otorga de manera infusa el conocimiento de la constitución y las leyes de la Repüblica.

jason criollo
9 de marzo, 2014

Todos los verdugos y/o torturadores “explican” las diferencias entre lo que hacen y lo que NO quieren hacer, aunque el deber se lo pide. Lo hicieron los verdugos estalinistas, los de Pol Pot, de Mao, de Himmler, de “mis compañeros, camaradOs”, los hermanos Castro y su pana, el Che, para no mencionar a Torquemada, Calvino, Savonarola, y tanto otros antes, durante y después. ¿Está justificado que nos quedemos de brazos cruzados cuando TOR-TU-RAN a “los otros”? B. Brecht escribió que “cuando vengan por nosotros, ya no habrá quien nos oiga”. Buen día.

Robert Rodriguez Ibarra
9 de marzo, 2014

Reconocimiento y agradecimiento al Prof. José Ignacio Hernández por su clara y amplia explicación sobre el tema de TORTURAS, TRATOS CRUELES y MALTRATOS a las personas por parte de entidades públicas. Recomendaré en las redes sociales a la inefable “Defensora del Pueblo” que primero debe estudiar y prepararse antes de ocupar cargos públicos de relevancia. Su audacia y supina ignorancia han mostrado su talante de acólita política e inepta funcionaria.

Aquiles Marino
11 de marzo, 2014

Agradezco y recomiendo este artículo del Prof José Ignacio Hernández, para los que no tenemos luces en materia legal y constitucional brinda la información para visualizar desde otra mirada el alcance de los recientes hechos a los que nos exponemos en nuestra patria. Al mismo tiempo, permite hacer mejores juicios sobre las competencias de los responsables por hacer cumplir nuestra constitución y leyes. responsabilidad

Om@r Tortolero
11 de marzo, 2014

Mil gracias Dr. Hernandez por ayudarnos en la educación sobre nuestros derechos fundamentales. ¿ como se califica este acto cuando no es atribuido a un funcionario público, sino un civil a otro.

Isabel Malavé
11 de marzo, 2014

Muchas gracias!!Excelente artículo.

Erik Alezones
12 de marzo, 2014

Impactante artículo. Así como los comentarios son excelentes. No queda mas que ratificar que esta funcionaria en particular debería, por mínima ética, renunciar a du cargo y postularse a una posición donde pueda defender sin eufemismos su clara parcialidad hacia su partido

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.