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Fiscal: “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona” // #MonitorProDaVinci

Por #MonitorProDaVinci | 4 de julio, 2017
Fotografía de Carlos Garcia Rawlins para Reuters

Fotografía de Carlos Garcia Rawlins para Reuters

El martes 4 de julio de 2017, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) incurrió en un “un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona” al iniciar un antejuicio de mérito en su contra y desconocer las competencias del Ministerio Público y la Asamblea Nacional. Advirtió que no permitirá que la aparten del cargo:

“Este es un fraude procesal con el que se pretende intimidar a la Fiscal General. Pretenden callarme porque advertí nacional e internacionalmente que los integrantes de la Sala Constitucional, así como los magistrados que asignaron de manera rápida, abandonaron el sometimiento a la Constitución usurpando cualquier poder. […] Si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera removerme arbitrariamente, tendré del deber de colaborar en el restablecimiento de su debida vigencia al igual que todo el pueblo venezolano. Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”.

Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, en una rueda de prensa Ortega comparó las acciones de la máxima corte con Pedro Carmona Estanga, el presidente de facto que gobernó Venezuela durante dos días después del derrocamiento de Hugo Chávez en 2002. Acompañada por un grupo de fiscales, cuestionó la legitimidad del procedimiento en su contra que emprendió este martes el TSJ con una primera audiencia en la que participaron Maikel Moreno, presidente de la máxima corte; el diputado Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio de mérito; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab y el contralor Manuel Galindo.

“Esta es la solicitud del diputado, él pide antejuicio por presunta comisión de faltas graves. No están diciendo que cometí delitos, están diciendo que incurrí […] en faltas graves, criminalizando mis actuaciones, mis atribuciones […]. A criterio tanto del solicitante como los que fungen como magistrados las faltas graves que cometí en lo siguiente: que estoy desconociendo el proceso por el cual se designaron como magistrados a un grupo de abogados el 15 de diciembre de 2015, porque a decir de ellos yo avalé esa designación”.

Ortega ofreció una rueda de prensa después de que la Sala Constitucional del TSJ declarara la nulidad del nombramiento del Vicefiscal del Ministerio Público, Rafael González Arias, quien fue ratificado el lunes 3 de julio por la bancada opositora en el Parlamento. En su lugar, el Poder Judicial juramentó a Katherine Harrington, previamente fiscal y viceministra, acusada por el Departamento de Estado, en Estados Unidos, de violentar los derechos humanos de manifestantes en 2014.

Justicia militar como obstáculo

Ortega indicó que Carreño acusó al Ministerio Público de haber sido “negligente en la investigación” de los delitos cometidos durante los tres meses de protestas opositoras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carreño habría alegado que la Fiscalía solo presentó ante los tribunales a los imputados por “15 de las 86 muertes que se han suscitado”. Aclaró hasta el 4 de julio su despacho ha contabilizado 90 muertes y han procesado a 4658 personas “no solamente por la muertes y las lesiones sino también por daños de propiedad”.

Frente al uso de tribunales militares para procesar a civiles detenidos en las revueltas, Ortega apuntó:

“Ha sido un gran obstáculo la justicia militar. Están procesando a civiles por la justicia militar, en las cuales el Ministerio Público no tiene acceso. Eso es un misterio […]. Así mismo es esto. Pretendemos ver las condiciones en las que están detenidas las personas y no es posible. Eso es una obligación también del Ministerio Público: verificar el estado en el que se encuentran las personas privadas de libertad […]. Nuestros fiscales han hecho todo lo necesario para investigar cada uno de los hechos punibles. Y hemos también determinado la responsabilidad de muchos. Aquí tenemos 70 personas acusadas”.

La Fiscal criticó a Carreño por atribuirle la intención de “caotizar el país”:

“El caos en este país no lo ha ocasionado la Fiscal General […]. Los responsables de que nuestra gente no tenga acceso a los alimentos básicos, que otros estén comiendo de la basura, que otros mueran por falta de medicina, que no sean debidamente atendidos en los centros de salud, que los hospitales no tengan insumos, que no se encuentren productos de higiene personal, que la mayoría de los crímenes son producto de la inseguridad que se vive, donde el índice de muertes violentas para el año 2016 es de 70,1 por cada 100 mil habitantes, eso no es responsabilidad de la Fiscal General. Son otros los responsables”.

El 24 de mayo, la Fiscal informó que la causa de la muerte de Pernalete se produjo “por shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax” debido al impacto de una bomba lacrimógena.

Sobre la Constituyente

En relación con la convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro y aprobada por el Consejo Nacional Electoral para el 30 de julio, la Fiscal dijo:

“Esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligada a hacer respetar la Constitución. El presidente no es el poder soberano. El poder soberano es el pueblo. Es solo el pueblo el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Solo el pueblo puede darse una nueva Constitución […]. Pero pareciera que defender la Constitución constituye un delito. Es un crimen defender la Constitución”.

La primera audiencia del antejuicio

En la primera audiencia del antejuicio de mérito contra la Fiscal, el magistrado Maikel Moreno indicó:

“De existir la necesidad de implementar un proceso especial no establecido en la ley, la Sala podrá aplicar el que juzgue más conveniente para la realización de la justicia. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

El presidente del TSJ añadió que publicarán su decisión dentro de cinco días.

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