Perspectivas

Sobre la desobediencia civil; por Pedro E. Cadenas

Por Pedro E. Cadenas | 11 de mayo, 2017
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Fotografía de Andrés Kerese

La protesta civil no-violenta es lo que se conoce como una acción directa de la sociedad y forma parte de lo que Henry David Thoreau, el conocido ensayista y filósofo norteamericano, llamó en su ensayo de 1848 “desobediencia civil”. La desobediencia civil, según John Rawls, es un acto público de incumplimiento de la ley que busca despertar conciencia en la población sobre la necesidad de cambiar políticas públicas, o ciertas leyes consideradas injustas. En Venezuela, particularmente durante las últimas semanas, hemos observado y participado en actos de desobediencia civil que han sido convocados públicamente como manifestaciones de protesta no-violenta.

Al menos en el siglo pasado, las prácticas de protestas no violentas suelen estar estrechamente asociadas a dos grandes figuras de la historia universal: Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Gandhi como es bien sabido liberó, a través de la resistencia no-violenta, a una nación de la dominación británica, y de la violencia ejercida sobre los indios develada en el colonialismo, la pobreza y en su sistemas de castas. Martin Luther King Jr. es, por su parte, el líder simbólico de los derechos civiles en los Estados Unidos quien también utilizó las técnicas de lucha no violenta como una forma de protesta y movilización social para alcanzar ciertas reformas legales. La enorme influencia de estos dos gigantes de la historia de la humanidad se evidencia en las numerosas acciones de protesta que han tenido lugar alrededor del mundo durante el siglo pasado, y durante este siglo. Por ejemplo, se podría mencionar, los movimientos en los países bálticos durante la década de los 80, las luchas de movimientos anticomunistas en Polonia, las demostraciones en Alemania del este, las luchas en Birmania, en Sudáfrica o, más recientemente y sólo para mencionar algunas instancias, lo que hemos podido observar en Egipto, Ucrania, Libia o Siria.

No es descabellado considerar las protestas no-violentas que se vienen observando en Venezuela como actos de desobediencia civil. Según algunos de los voceros del gobierno, las recientes protestas no cuentan con los respectivos ‘permisos’ y, dado que son consideradas alteraciones del orden público, terminan siendo calificadas como “marchas ilegales”. Más importante aún, ante la respuesta del gobierno de convocar a una asamblea nacional constituyente ilegal e injusta como solución al conflicto, la desobediencia civil nos susurra muy fuertemente al oído.

¿Cuándo y cómo se pueden justificar moralmente las acciones de desobediencia civil? Si todos pueden desobedecer las leyes cuando así lo crean necesario, ¿Qué garantiza entonces el orden público? ¿No existe también una obligación moral en acatar las leyes? Discusiones sobre la desobediencia civil han abordado éstas y otras preguntas. Sin embargo, ante las obvias limitaciones de espacio, me gustaría brevemente esbozar algunas ideas fundamentales en relación a estas preguntas, a efectos de las acciones de protesta que se llevan a cabo en nuestro país.

Una sociedad de hombres que siguen las leyes ciegamente sin ningún tipo de reflexión sobre su justeza, se me antoja, es una sociedad de borregos. Las leyes no deben obedecerse porque han sido implementadas por una mayoría en elección popular o porque han sido instauradas por alguna autoridad. Henry David Thoreau, en su famoso ensayo, nos dice que la única obligación que tenemos es seguir lo que nuestra conciencia nos indica como moralmente correcto, y esto no emana de ninguna autoridad externa. Sospecho que esto es lo que llevó a San Agustín a afirmar que “una ley injusta, no es ley”. No obstante, no es menos cierto que las leyes deben respetarse para lograr mantener el necesario orden público y la muy deseada convivencia social. ¿Cómo enfrentar este dilema?

Martin Luther King Jr. nos ofrece una clara respuesta cuando dice que él no cree en el acto de desafiar las leyes, como parece demostrar el gobierno en sus prácticas cotidianas al no asomar ninguna voluntad y coraje de aceptar las consecuencias de los actos e ideas en las que tan fervientemente parecen creer. King piensa que la guía o norma de orientación principal en este caso, es estar dispuesto a aceptar la pena legal que se genera como consecuencia de los actos de desobediencia civil. Desobedecer una ley injusta, según nos dice King en su carta desde la prisión de Birmingham escrita en 1963, debe hacerse de manera abierta, amorosa y con la voluntad de aceptar el castigo. Me gusta pensar que la mayoría de nosotros, cada vez que marchamos, estamos dispuestos en alguna medida -bien sea implícita o explícitamente- a aceptar las consecuencias de nuestras acciones; muy a pesar de las medidas draconianas y del injusto proceso que suele caracterizar al actual sistema judicial venezolano. El caso de Leopoldo López, entre otros venezolanos que pueden mencionarse, me parece que refleja de algún modo este principio. Después de todo, él aceptó voluntariamente las consecuencias legales de sus acciones de protesta. Lo mismo puede decirse, salvando las distancias, de Martin Luther King Jr. quien estuvo en prisión en innumerables ocasiones, así como Angela Davis, Fannie Lou Hamer, Nelsón Mandela y tantas otras personas que han sufrido voluntariamente circunstancias similares a lo largo de la historia. Incluyendo, no olvidemos, al filósofo griego Sócrates quien se ha convertido en un símbolo de la protesta no violenta en aras de la libertad académica, aceptando voluntariamente la pena de muerte que le fue impuesta por los atenienses.

Esta abierta complacencia de aceptar la pena, creo, es un punto central de la desobediencia civil que merece la sopesada reflexión de todos quienes decidimos participar en algunas (o todas) de las actuales manifestaciones de resistencia. En particular es importante notar que la aceptación del castigo, al exponer la naturaleza injusta de aquello que se pretende cambiar, es un vehículo estratégico para generar reflexión en los ciudadanos. Por ello, ante el cuasi-monopolio de los medios de comunicación, las redes sociales y algunos medios de comunicación son fundamentales en recordarnos la existencia de presos políticos en Venezuela y en exponer las injusticias que se generan en las calles durante los actos de protesta. Cada ciudadano que posea un teléfono celular (o una cámara) se convierte en un medio ideal para exponer los actos de desobediencia civil, las reacciones del gobierno, posibles excesos y, en consecuencia, la posibilidad de generar conciencia en la población.

En cuanto a la justificación moral de la protesta -dice King- debe haber una recolección de los hechos para determinar si existe o no injusticia en las leyes, o si las políticas públicas son en este caso generadoras de injusticia. En este punto dejemos que los hechos hablen por sí solos. No creo necesario tener que repetir lo que ya es harto conocido por todos los venezolanos que no disfrutamos de los privilegios inmorales del poder ‘revolucionario’. El presidente y sus acólitos, con sus actos y con sus palabras, demuestran ignorar que la confianza y el bienestar de un país no se alcanza con discursos repetidos hasta el cansancio, ni con refranes, ni con improperios, ni con llamativas excusas, ni bailando salsa o hip-hop, ni con decretos, ni con constituyentes comunales y obreras, ni tampoco con planes que tienen nombres rimbombantes o de próceres de la patria. Las injusticias son tan abrumadoras y dolorosas que es imposible esconderlas con propaganda, dinero, amenazas o con bolsas de comida.

Noam Chomsky, un intelectual y académico norteamericano, quien solía ser citado frecuentemente por muchos de los seguidores de la llamada “revolución bolivariana”, afirma que la carga de la prueba recae sobre la personas que sustentan el poder. Para Chomsky, y para la filosofía política que él abiertamente suscribe, esto quiere decir que la función de autoridad política que ejerce cualquier persona en un momento determinado no puede ser justificada por sí misma. Ni tampoco, en el caso de un presidente o un cuerpo legislativo electo democráticamente, por el simple hecho de haber obtenido una mayoría de votos durante elecciones. Las personas que sustentan el poder, argumenta Chomsky, deben dar una razón que expliquen sus privilegios, y si no pueden justificar el uso de poder y control que ejercen; entonces deben ser despojados de sus prerrogativas para dar espacio a ‘algo’ que sea más libre y justo. En la actualidad el poder y el control en Venezuela lo ejerce el gobierno ejecutivo, el CNE, la Fuerza Armada y el TSJ; pues la Asamblea Nacional ha sido abiertamente despojada de sus funciones. Por tanto, son las personas que ejercen funciones de poder dentro de éstas instituciones, a la luz del evidente y lamentable desempeño, quienes deben demostrarse ante la sociedad y no al revés.

Es mucho lo que se puede y debe decir sobre desobediencia civil. Pero en esta ocasión me ceñiré a mencionar sólo dos aspectos que me parecen relevantes asomar. Ambos tienen que ver con dos de las posibles reacciones que generan las acciones de la protesta no-violenta sobre la población en general. Una son las reacciones de los voceros oficiales sobre quienes recaen las demandas de la protesta. En la mayoría de los casos, las reacciones de estos voceros suelen consistir en el uso de la fuerza pública para reprimir, así como también desvirtuar el propósito de las manifestaciones o simplemente desprestigiarlas, incluso criminalizarlas. Un argumento típico, aducido por el gobierno nacional, consiste en afirmar que todos los manifestantes son extremistas, violentos y vandálicos. Al mismo tiempo, les resulta estratégicamente conveniente otorgar buena parte de la responsabilidad de estos actos vandálicos a los líderes de oposición. Criminalizar es una manera de apartar al otro, y es también una forma de no escuchar las razones detrás de la protesta. Esto no es nada nuevo en las instancias históricas de desobediencia civil.

Convenientemente el gobierno ignora que, ante la represión desmedida de las fuerzas del estado, es comprensible que la población busque formas de defensa que puedan llegar a degenerar en actos de violencia. Actos de violencia que, para el caso venezolano, parecen representar un número sustancialmente menor a los casos de violencia generados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En este mismo sentido podemos leer las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dadas al Wall Street Journal en fecha 3 de Mayo, cuando dijo que “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos, si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la Ley”. Por tanto, es importante llegar a apreciar que estas reacciones aisladas de la violencia no califican necesariamente de violento” el espíritu de todos los que participan en la protesta, ni tampoco anula de facto su fuerza y argumento moral.

Yo estoy seguro que nadie quiere -ni debe- contentarse, como escribía Martin Luther King Jr. sobre las demostraciones en Birmingham, con la clase superficial de análisis social que solamente lidia con los efectos de la protesta y no con las causas subyacentes de los hechos. En efecto, es muy lamentable que puedan existir posibles actos vandálicos por parte de los manifestantes o por parte de grupos externos que aprovechan el caos con fines distintos a la protesta no-violenta; pero es aún más lamentable que los actuales gobernantes no hayan permitido ninguna otra alternativa a tanto descontento social. Es también muy lamentable que el discurso oficial pretenda reducir a los manifestantes, falazmente, a una masa homogénea de mentes y motivaciones. Ante estas acusaciones o intentos de criminalizar uniformemente a todas las protestas, la mejor arma que tiene la sociedad civil es mantenerse organizada y fiel a las prácticas noviolentas de resistencia.

Participar en las protestas implica, entre otras cosas, correr el riesgo de enfrentar la represión de la GNB y los efectos de los gases lacrimógenos. Para nadie es sorpresa que se tratan de actos de gran tensión social. De modo que alguien podría preguntarse, ¿Para qué generar más tensiones? ¿No es preferible buscar primero la paz? Ante tales preguntas debemos recordar que las acciones de protesta buscan precisamente generar un estado de tensión, de crisis, para que negociaciones no superficiales tengan alguna posibilidad real de materializarse. Negociaciones que han sido solicitadas desde hace mucho tiempo, pero que han sido continuamente rechazadas por parte de las autoridades oficiales bajo distintos disfraces. “No podemos preferir una paz negativa que consiste en la ausencia de tensión, a una paz positiva que busca la presencia de justicia (…) De hecho, los que nos involucramos en acciones directas no violentas no somos los creadores de la tensión. Nosotros simplemente traemos a la superficie la tensión escondida que ya existía anteriormente” (MLK, 1963). Se trata entonces de una tensión positiva que busca el crecimiento constructivo de una sociedad, a la que se le ha diferido por mucho tiempo la justicia. Y tal como afirmara un distinguido jurista del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, “la justicia que es diferida por mucho tiempo, es justicia negada”.

La otra reacción que me gustaría comentar brevemente, proviene de la sociedad civil y de los mismos militares que, aún cuando conciben como injusto lo que sucede en el país, reaccionan con cierta indiferencia. He podido escuchar decir a pocas personas frases como “estoy de acuerdo con los objetivos de la protesta, pero no comparto la metodología de las manifestaciones”. Martin Luther King Jr. escribía en su carta desde la prisión en Birmingham, documento que me parece fundamental leer en estos tiempos de resistencia en Venezuela como ya habrá podido inferir el lector, que una comprensión superficial de las personas de buena voluntad es más frustrante que la absoluta falta de comprensión por parte de las personas de voluntades enfermas. En efecto, tal como él mismo solía decir, la no cooperación con el mal es una obligación moral tan importante como lo es la cooperación con el bien. Si usted decide quedarse en casa, por cualquier razón manifiesta de salud o de muy elevado riesgo personal o quizás por asuntos inmediatos más urgentes que atender o porque simplemente está fuera del país, busque alguna manera de no cooperar con el régimen. Hay muchos otros actos de desobediencia civil y de no-cooperación además de marchar. No olvidemos que no hacer nada es cooperar con ellos, y si creemos que lo que sucede en nuestro país es injusto, entonces cooperar con ellos al no hacer nada se convierte en un acto profundamente inmoral.

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Pedro E. Cadenas es investigador y profesor del IESA.Obtuvo su doctorado en eco-nomía en la NSSR, en Nueva York, Estados Unidos. Cursó una maestría en filosofía y ciencias humanas (UCV) y, además de sus estudios de postgrado en finanzas, ha sido profesor adjunto de la UCV y de algunas universidades en Estados Unidos.

Comentarios (2)

Luis Gomez
11 de mayo, 2017

Excelente y esclarecedor articulo por su alto tenor pedagogical

Yajaira Freites
12 de mayo, 2017

Estupendo texto sobre un tema dificil pero relevante en este momento

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