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Liliana Ortega: “Hay una destrucción del estado democrático”; por Hugo Prieto

Por Hugo Prieto | 15 de enero, 2017
Liliana Ortega retratada por Roberto Mata

Liliana Ortega retratada por Roberto Mata

Se acabó la tregua navideña. La decisión de la Asamblea Nacional, a comienzos de esta semana, que declara “el abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, agrega un nuevo eslabón a la crisis institucional, cuyo punto de partida es el 6-D de 2015, cuando la oposición obtuvo la mayoría contundente de diputados en el parlamento venezolano y rompió con la hegemonía del chavismo al frente de los poderes públicos.

La respuesta del gobierno ocurrió el mismo día, al crearse el Comando Antigolpe, cuya coordinación ejerce el vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, un duro del ala radical del chavismo. La actuación fue inmediata, al producirse una nueva detención arbitraria, en esta oportunidad del diputado Gilber Caro, de Voluntad Popular, a quien no le sirvió de nada su inmunidad parlamentaria.

Pero esto es sólo un elemento dentro de un cuadro mucho más complejo, que caracteriza la destrucción del estado democrático en Venezuela. El trasfondo son otros mecanismos, distintos a los contemplados en la Ley de Vagos y Maleantes, pero igualmente “terribles y letales”. ¿La crisis institucional agrava la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?, esta pregunta —de apenas 92 caracteres— que cabría holgadamente en un tuit, la responde Liliana Ortega, vocera de Cofavic (Comité de familiares de las Víctimas del Caracazo). La síntesis que sigue a estas líneas, además de inquietante, es sumamente grave.

En medio de la ruina institucional, del conflicto de poderes y de la crisis constitucional, ¿cuál es su visión de los Derechos Humanos en Venezuela?
Hay una conjunción de factores, no este año, sino en los años más recientes, que se vienen acumulando y que se traducen en una crisis de Derechos Humanos. Hay tres elementos que pueden probar lo que digo. El primero de ellos, que no es nuevo, que es estructural, crónico, pero que sin duda se ha acentuado, es el tema de la impunidad. En casos de Derechos Humanos, el 98 por ciento de las víctimas no se sientan en un tribunal, no son escuchadas por un juez. Ese elemento estructural ha socavado toda la agenda de Derechos Humanos y ha creado una situación muy grave. En 2015, por ejemplo, se cometieron 125 feminicidios. Eso revela que, además de los casos que están en la agenda pública (presos políticos, detenciones arbitrarias, negación de derechos constitucionales), hay otros casos, que si bien no tienen el mismo impacto, también están permeados por la impunidad. El segundo elemento es el déficit de institucionalidad democrática. Por supuesto, el nicho de los Derechos Humanos son los tratados internacionales y la Constitución. Pero eso tendría que aterrizar en la realidad y para que eso ocurra, los países necesitan tener instituciones democráticas que protejan y garanticen los Derechos Humanos. En Venezuela hay una situación muy clara de falta de independencia de los poderes públicos y de debilitamiento de la institucionalidad democrática. Y el tercer elemento, sin duda, es la violencia generalizada, que lo permea todo.

Acaba de mencionar el déficit institucional. Pero a raíz de la Constitución del año 99, se creó la Defensoría del Pueblo. Y en las ruedas de prensa del organismo, Tarek William Saab, quien dirige esa institución, enumera las miles de gestiones que ha realizado ese organismo, justamente, para garantizar y hacer cumplir los Derechos Humanos.
Es importante que en la ley podamos tener espacios normativos, que permitan la creación de nuevas instituciones en materia de Derechos Humanos y mayores recursos a los operadores de justicia. Esos elementos son necesarios, pero no son suficientes. La institucionalidad democrática también tiene que revisarse en relación a los hechos que produce. Si en Venezuela la impunidad es de 98 por ciento, tenemos que preguntarnos si esa institucionalidad está funcionando o no. Cuando en un país se usa la justicia como una herramienta de venganza política tenemos que hacernos esa misma pregunta. Todos los regímenes políticos tienen una institucionalidad. Pero cuando yo hablo de una ausencia, de un déficit, tengo que hacer énfasis en una institucionalidad democrática. Y eso tiene que ver con una característica fundamental: una institucionalidad democrática es aquella que le sirva a los ciudadanos y no a un partido político determinado. Esa característica es muy importante para que los ciudadanos sientan amparo y que además sea efectivo. En Venezuela tenemos una sociedad desamparada, porque la institucionalidad nominal no les sirve a todos los ciudadanos. Un país puede tener buenos o malos gobiernos, pero lo que no puede dejar de tener es una institucionalidad democrática, porque en definitiva ¿cuál es el origen de los Derechos Humanos? Es la protección de las personas frente al abuso del poder.

¿Cómo califica usted la actuación del Tribunal Supremo de Justicia?
Nosotros, desde Cofavic, hemos señalado, con mucha preocupación, cómo en Venezuela se ha venido usando la justicia como una herramienta de venganza política. Creemos que hay una serie de sentencias del TSJ que agravan la crisis de ruptura constitucional y democrática en el país, cuyo inicio lo marca la declaratoria del estado de excepción, porque ahí se violaron las competencias que tiene la Asamblea Nacional para determinar, constitucionalmente, si el estado de excepción tenía vigencia o no. Cofavic tiene una partida de nacimiento que es imposible dejarla de lado, que es el Caracazo. Posteriormente, trabajamos arduamente, tanto en los hechos del retén de Catia (1992) como en los del deslave de Vargas (1999), todos esos casos históricos en Venezuela revelan un tema fundamental: el uso desproporcionado de la fuerza pública, además, muchos de ellos ocurrieron de facto, o por declaratoria, en Gaceta Oficial, de estados de excepción, mal diseñados, mal ejecutados, que crearon una situación muy grave para la sociedad venezolana. Para nosotros, el TSJ que debería cumplir un papel fundamental en la serenidad del país, en el respeto de la Constitución y en el servicio de los ciudadanos, ha hecho todo lo contrario, ha creado una situación muy difícil desde el punto de vista del cumplimiento, de la vigencia, de la Constitución.

¿Cómo es que se llega al punto en que un tribunal emite una boleta de excarcelación y aquí los organismos policiales, entre otros el Sebin, la desconocen, la incumplen? ¿Cómo es que la denegación de justicia llega hasta esa circunstancia?
Hay una contradicción, pero sólo aparente. Para algunos el Estado es omnipresente. ¿Pero cuál Estado? No es precisamente, el Estado democrático, que ha ido desapareciendo, se ha ido desestructurando. Ese estado democrático es el que permite que, aunque haya malas decisiones en el Ejecutivo o incluso en el Legislativo, ellas puedan ser corregidas. Eso en definitiva, en Derechos Humanos, es lo que se llama el debido proceso, garantías judiciales, el ejercicio de la justicia, la igualdad ante la ley, el bienestar, etc. Esos temas se diluyen cuando las instituciones que deben garantizar y proteger esos derechos, no cumplen su función fundamental. Entonces, tenemos casos muy importantes, donde han ocurrido detenciones arbitrarias, calificadas así por el propio sistema de Naciones Unidas, donde no ha habido el control del Ministerio Público que, de acuerdo a la Constitución, tiene el monopolio de la acción penal y de los tribunales. Sin embargo, esas personas continúan privadas de libertad. Puede ser que el Estado tenga presencia, pero es el Estado arbitrario, el Estado que puede practicar detenciones sin control del Ministerio Público, y ese Estado no está al servicio de los ciudadanos sino de una facción política.

A partir del estado de excepción y de la crisis institucional, aquí cada quien está por su cuenta y riesgo, digamos, sin ninguna garantía legal para el ejercicio de derechos tan elementales como el libre tránsito, el derecho a reunión y la libertad de expresión. En Venezuela, trabajar puede tipificarse como un delito. ¿En qué régimen político estamos?
Si bien es cierto que hay una lamentable destrucción de la institucionalidad democrática, también es cierto que eso no exime de responsabilidad a quienes han ido socavando las bases de la democracia. Es decir, cuando un juez, un policía o un funcionario militar comete violaciones de Derechos Humanos, no puede alegar que lo hizo obedeciendo determinadas órdenes o porque no había control del Estado sobre lo que estaba ocurriendo, que tuvo que tomar decisiones propias. El Estado tiene una responsabilidad única e indivisible que está contemplada en la Constitución y en los tratados internacionales, que no es otra que el respeto y garantía de los Derechos Humanos. Quienes ejercen funciones dentro del Estado están sujetos a esa responsabilidad. Ahora, ¿en qué régimen político estamos? Nosotros creemos que hay una ruptura del hilo constitucional democrático que tiene su punto más importante, su punto de inflexión, en la declaratoria del estado de excepción, cuya declaratoria no contó con la revisión constitucional de la AN. Pero esa ruptura se profundiza con decisiones posteriores, una de ellas es la suspensión del referéndum revocatorio. Otra, el diferimiento de las elecciones de gobernadores.

¿Ustedes no comparten el criterio de Provea que, justamente, a partir de la suspensión del Referéndum Revocatorio (20, oct. 2016) advierte que el gobierno de Nicolás Maduro “debe calificarse como una dictadura”?
¿Por qué nosotros decimos, al igual que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que se trata de una ruptura del hilo constitucional y democrático? Porque el origen del presidente Maduro fue a través de unas elecciones, a pesar de las dudas que rodearon el resultado. Por lo tanto, el presidente Maduro estaba en el ejercicio de su período constitucional. Pero la ruptura del hilo constitucional se produce a raíz del decreto del estado de excepción, entre otras cosas, porque hay una separación de las obligaciones constitucionales, justamente a través de esa declaratoria. El estado de excepción es una especie de terapia intensiva para el Estado, pero no es la eutanasia del Estado. No se declara (el estado de excepción) para acabar con las libertades públicas y los Derechos Humanos. Es todo lo contrario. Por eso tiene dos visos de control institucional, uno lo ejerce el poder judicial y el otro la AN. En ese sentido, la postura que ha mantenido Cofavic, es que estamos ante una ruptura del hilo constitucional y democrático.

Usted habla de eutanasia, pero hay politólogos y abogados constitucionalistas, por ejemplo, que hablan de una institucionalidad en ruinas. Hay una serie de conceptos, de caracterizaciones, de percepciones alrededor de la crisis de la democracia venezolana. También hay una secuencia de hechos, una línea de tiempo como diría un criminólogo, la pregunta que uno se hace es si vale la pena seguir en un cauce democrático, si tomamos en cuenta los elementos que acabo de enumerar.
Por supuesto que vale la pena. A lo largo de 28 años, he visto y veo cómo las personas con más carencias de todo tipo —medicinas, alimentos, seguridad, instituciones— denuncian y no renuncian. Intentan, con todos los medios a su alcance, seguir conservando la esperanza de que sea posible revalorizar la vida, luchar por la justicia y mejorar. Por supuesto que vale la pena seguir luchando por el fortalecimiento de la democracia, por la vigencia de los Derechos Humanos y por la esperanza. Ese es un acumulado, un acervo que debemos fortalecer. Seguramente, la reconstrucción de la memoria histórica que, necesariamente se hará en el futuro, dará cuenta de que estos tiempos difíciles han servido para que los venezolanos podamos tener mayor abnegación, mayor solidaridad entre la gente, mayores acumulados, que actualmente no se visualizan porque hay una situación de violencia, de crispación, de desesperanza, de sufrimiento en general y de abandono. Pero que están allí y son los que hacen posible que la vida continúe, que sigamos trabajando y haciendo cosas. Eso está allí. Esta es una situación muy difícil, muy compleja, en donde la esperanza, sin que sea algo holístico, un sueño, sea un valor compartido.

Varios sociólogos, especializados en el tema de la violencia, advirtieron con suficiente antelación, y diría que hasta la saciedad, de que la militarización de la seguridad ciudadana iba a desembocar en violaciones masivas a los Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno eligió esa ruta, además, piso con fuerza el acelerador. Para prueba un botón, las masacres de Cariaco, Barlovento y Tumeremo. ¿Guerra avisada no mata a soldado, no? Y, sin embargo, llegamos al despeñadero.
Hay una sentencia histórica —en la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, referida a los hechos del Caracazo. Allí se señala muy claramente que el Estado venezolano debe adecuar sus políticas y programas de control, de orden público y seguridad ciudadana, a los estándares de los Derechos Humanos. Posterior a esa sentencia vino la Constitución del 99, que también recoge esa ruta y establece muy claramente que todas las fuerzas de seguridad ciudadana tienen que ser de carácter civil. Eso no es un capricho. Sin embargo, en los últimos tres años vemos que en Venezuela se está utilizando con acento la presencia de fuerzas militares en temas relacionados con la seguridad ciudadana, particularmente en la coordinación de operativos. Eso es un error muy grave y tiene un costo altísimo para el gobierno, pero también para la Fuerza Armada, porque en definitiva le endilga unas responsabilidades para las cuales no están preparados. Adicionalmente, tenemos una creciente criminalización de la pobreza, especialmente de jóvenes que viven en sectores urbanos pobres, para quienes no hay ningún tipo de presunción de inocencia, ningún tipo de posibilidades de defensa y eso ha sido desarrollado a través de distintos mecanismos, uno de ellos es el Operativo de Liberación del Pueblo. Pero hay otros que también tienen ese denominador común.

¿No sería mejor regresar a la Ley de Vagos y Maleantes? Al menos, había la probabilidad de salvar la vida.
Es que no estamos fuera de la Ley de Vagos y Maleantes. Los mecanismos para la criminalización de los pobres son otros, pero son tan terribles y tan letales como los contemplados en esa ley, bajo la cual se podía detener a una persona, sin ningún control jurisdiccional y por un tiempo indeterminado, ya sea porque no tenía trabajo o tenía determinado aspecto. El asunto es que no hemos superado la Ley de Vagos y Maleantes. Recientemente, se han empleado unos mecanismos de discriminación y de represión muy importantes, no sólo en materia de seguridad ciudadana, sino también en la distribución de alimentos. Cofavic es una organización de base, que trabaja en los sectores populares, y eso es lo que hemos visto con los Clap, por ejemplo. Este tema, digamos, ha pasado inadvertido. Si bien (a partir de 2014), hemos tenido muchas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en los sectores medios de la sociedad, de estudiantes, de dirigentes políticos, de líderes sociales, no es menos cierto que las carencias y el sufrimiento de los sectores populares, se hicieron invisibles o se opacaron en la agenda de los Derechos Humanos, porque la copaban todas estas detenciones muy graves a las que hice referencia, pero hay que decir, con toda la fuerza que los sectores populares están pagando un altísimo precio en el tema de la represión. Y ese precio está dado en el aumento de las ejecuciones extrajudiciales, en el aumento de las desapariciones forzadas de personas, en las detenciones arbitrarias. Y en la ausencia de mecanismos básicos para el acceso a medicinas y alimentos.

Se puso en marcha el Comando Anti Golpe y al día siguiente fue aprehendido el diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro. El vicepresidente Tareck El Aissami contextualizó la noticia, al relatar, con lujo de detalles, el expediente judicial de Caro, quien purgó condena en las cárceles venezolanas por varios delitos. Se saca a relucir un expediente, pero a violadores y homicidas les cubren el rostro al momento de presentarlos en ruedas de prensa. Se actúa bajo el concepto de una supra moral “revolucionaria” que envenenó la convivencia social en Venezuela. Caro es diputado y lo ampara la inmunidad parlamentaria, ¿Qué significación tiene este hecho en materia de Derechos Humanos?
Hay varias cosas allí. Una, la deshumanización del otro, sólo porque piensa distinto. Esto tiene como caldo de cultivo la intolerancia política que viene en aumento desde el año 2002. Es decir, concebir al otro como no persona. Este es un tema crucial en Venezuela. Dos, la destrucción del estado democrático. No es el poder Ejecutivo, no es un alto funcionario, quien puede sentenciar, quien puede ofrecer pruebas, juzgar o utilizar las informaciones personales de un individuo públicamente. Acá en Venezuela hubo una detención, un caso muy conocido: el caso de la jueza Afiuni. Ese caso, muy grave, todavía está pendiente. No se trata de un caso individual. Ese caso ha creado lo que hemos denominado ‘El efecto Afiuni’. Según cifras extraoficiales, no desmentidas por el gobierno, el 70 por ciento de los jueces ocupan sus cargos de forma provisional y pueden ser destituidos, mediante un correo electrónico o una llamada telefónica. ¿Qué juez puede tomar una medida en contra del poder Ejecutivo, que anuncia una sentencia desde una televisora pública? Un diputado, sea cual sea el crimen que haya cometido, tiene, primero, que resguardarse la inmunidad parlamentaria y llevarse el procedimiento debido y luego, los civiles no puede ser juzgados por tribunales militares, eso es anticonstitucional. Y, por otro lado, para que la justicia sea creíble, modere y dé amparo a la gente, tiene que ser independiente. En ese sentido, el caso del diputado Caro, como otros casos, lo que genera en la población es más incertidumbre, más temor en la sociedad, ¿Es ese el efecto que se quiere? Si es el caso, obviamente, se logra. Pero el asunto es que eso le hace mucho daño al gobierno. Actualmente, no se puede gobernar en medio de ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, entre otras cosas, porque la comunidad internacional es vigilante y sensible a estos temas. Se abriría la puerta a la aplicación de probables sanciones.

¿Cuál va a ser el efecto que tendrá la crisis institucional y constitucional en materia de Derechos Humanos? Previsiblemente, el malestar social, las protestas, van a aumentar en medio de este contexto. ¿Qué garantía pueden tener los Derechos Humanos en medio de la destrucción del estado democrático?
Predecir es muy difícil y en Venezuela imposible, ciertamente. Ahora, en Venezuela hay un descontento, una frustración, una rabia y una sensación de abandono de la sociedad, perceptible para todos. Lamentablemente, pareciera que eso está siendo desoído sistemáticamente por el Estado y también por algunos factores políticos de la oposición, lo cual es muy grave. Creo que es muy importante advertir que el país vive en unas condiciones nunca vistas en la historia reciente de Venezuela, no comparables con las que nosotros hemos monitoreado en Cofavic. Y esa situación, con los componentes de violencia, de colectivos armados, de mega bandas delictivas organizadas, de anomia creciente, de desaparición de la institucionalidad democrática, se convierte en un caldo de cultivo muy peligroso. Por lo tanto, desoír esas alarmas —para quienes ejercen el poder—, encierra un enorme peligro.

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Hugo Prieto 

Comentarios (2)

eama
15 de enero, 2017

Aún y cuando el «origen» del mandato del señor Presidente, fue por decisión popular emanada de unas elecciones, que proyectaron sombras de duda; no podemos negar que ese sutil aro de legitimación democrática lo perdió con el transitar de su periodo de gobierno. Para mi parecer muy particular, el punto definitivo de esa perdida de legitimidad originaria, lo perdió el día que estando a la mitad de su ejercicio presidencia, le fue solicitado la activación del referéndum revocatorio y desde ese momento él y su partido (PSUV) han obstaculizado total y definitivamente ese instrumento CONSTITUCIONAL, poniéndolo al margen y en total desacato de la Carta Magna.

Edmundo Pérez Arteaga
16 de enero, 2017

Todo lo expuesto por la Dra. Ortega es sinónimo de la violación de un derecho fundamental, el “derecho a la seguridad”. Evidentemente que los venezolanos no disfrutamos de seguridad. Sólo eso, únicamente eso refleja el incumplimiento del Poder Ejecutivo de sus funciones y, esto trae como consecuencia el incumplimiento de las obligaciones del Presidente de la República, razón suficiente para tener por abandonada la función presidencial. Abandono que no aceptó la Sala Constitucional del TSJ, asunto que los hace cómplices del deterioro del sistema democrático en Venezuela; El TSJ se ha apartado de su función rectora; se ha olvidado de su obligación de preservar y defender la Constitución, habiéndose plegado hacia una parcialidad política. Los jueces deben ser autónomos e imparciales, resultando que la SC del TSJ está conformada por profesionales del derecho que han sido o son activistas del partido de gobierno. Esa independencia y autonomía, dejó de existir, son cómplices…

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